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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 81001-23-39-000-2024-00025-01

Fecha
13 de marzo de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 81001-23-39-000-2024-00025-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 12 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 81001-23-39-000-2024-00025-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

13 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación núm.: 81001 23 39 000 2024 00025 01
Accionante: Carlos Alberto Merchán Espíndola
Accionado: Juan Alfredo Quenza Ramos
Tema: Indebida destinación de dineros públicos como causal de
pérdida de investidura para los diputados – reiteración de
jurisprudencia

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte accionante, en contra
de la sentencia de 12 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Arauca.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La demanda1

1. El ciudadano Carlos Alberto Merchán Espíndola, actuando en nombre propio y
obrando en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 de la Ley 1437
de 18 de enero de 20112, solicitó:

“[…] PETICIÓN PRINCIPAL

Se declare la PÉRDIDA DE INVESTIDURA de DIPUTADO período 2020-2023
al señor JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS, cargo que ejerció por el período
comprendido por los años 2020 a 31 de diciembre de 2023, miembro del partido
liberal colombiano, por incurrir en la violación al artículo 183 de la Constitución
Política numeral 4, artículo 299 Constitución Política, NUMERAL 4 del ART 48
DE LA LEY 617 DE 2000, NUMERAL 4 del ARTICULO 60 DE LA LEY 2200
DEL 2022.

(…)

HONORABLES MAGISTRADAS, SOLICITO FORMALMENTE QUE
MEDIANTE SENTENCIA DEBIDAMENTE EJECUTORIADA SE DECLARE:

1 Que se declare la pérdida de investidura del Diputado JUAN ALFREDO
QUENZA RAMOS, electo para el período constitucional 2020-2023, inscrito y
avalado por el PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO, tal como consta en el acto

1
Índice 4, SAMAI. Expediente digital 81001233900020240002500.
2
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.

2

Radicación núm.: 81001 23 39 000 2024 00025 01
Accionante: Carlos Alberto Merchán Espíndola

de elección, formulario E-26 asa, de fecha 8 de noviembre del año 2019, en
concordancia con el artículo 25 la Ley 1909 del año 2018 (sic).

2 Que, como consecuencia de la declaratoria de la pérdida de investidura del
Diputado JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS se ordenen cumplir los efectos
derivadas (sic) de la sentencia y los registros correspondientes.

3 Compulsar copias a la autoridad competente en caso de encontrar conductas
penales y disciplinarias en el transcurso del presente proceso. […]” (negrilla del
texto)

I.1.1.- Los hechos

2. Afirmó que el accionado fue electo, en las elecciones realizadas el 27 de octubre
de 2019, diputado de la Asamblea Departamental de Arauca, para el período 2020
– 2023.

3. Manifestó que el accionado, como diputado del departamento de Arauca, no
asistió i) a las sesiones ordinarias realizadas el 11 y 12 de julio de 2023 (período de
sesiones del 1°. al 15 de julio de 2023); ii) a la sesión ordinaria de 27 de julio de
2023 (período de sesiones del 16 al 31 de julio de 2023); iii) a la sesión
extraordinaria realizada el 24 de agosto de 2023 (período de sesiones del 23 al 30
de agosto de 2023); y, iv) a las sesiones extraordinarias realizadas el 12, 13, 14, 15,
16 y 19 de diciembre de 2023 (período de sesiones del 2 al 21 de diciembre de
2023), lo anterior conforme a los listados de asistencia, las transmisiones realizadas
por “[…] Facebook live […]” y la grabaciones de audio de las sesiones.

4. Frente a las inasistencias señaladas supra, señaló que en ninguna de estas
sesiones se aludió a excusas o resoluciones de permiso o comisión otorgadas al
accionado, añadiendo que, en caso de existir, las ausencias debían contarse como
inasistencias, puesto que para que fueran válidas era necesario que la mesa
directiva de la asamblea departamental las aceptara, conforme el artículo 44 de la
Ley 2200 de 8 de febrero de 20223, mediante actos administrativos, los cuales nunca
se expidieron por parte de esa mesa directiva ni por su presidente.

5. Sostuvo que el accionado desconoció lo previsto en el artículo 44 de la Ley 2200,
al recibir el pago por sesiones a las cuales no asistió, así:

5.1. Adujo que del “[…] 01 al 15 de julio de 2023 […]”, se realizaron 15 sesiones
ordinarias por un valor total de $10.440.000, cada sesión en la suma de $696.000,
razón por la que se debió descontar al accionado el valor de las sesiones de 11 y
12 de julio de 2023, a las cuales no habría asistido, por la suma de $1.392.000.

5.2. Anotó que del “[…] 17 al 22 de agosto de 2023 […]” (sic) se realizaron 6 sesiones
extraordinarias por un valor total de $4.176.000, cada sesión en la suma de
$696.000, por lo que se debió descontar al accionado el valor de la sesión de 27 de
julio de 2023, a la cual no habría asistido.

3
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos. […]”

3

Radicación núm.: 81001 23 39 000 2024 00025 01
Accionante: Carlos Alberto Merchán Espíndola

5.3. Expuso que del “[…] 23 al 30 de agosto de 2023 […]”, se realizaron 8 sesiones
extraordinarias por un valor total de $5.568.000, cada sesión en la suma de
$696.000, por lo que se debió descontar al accionado el valor de la sesión de 24 de
agosto de 2023, a la cual no habría asistido.

5.4. Aseguró que del “[…] 02 al 21 de diciembre 2023 (sic) […]”, se realizaron 20
sesiones extraordinarias por un valor total de $13.920.000, cada sesión en la suma
de $696.000, razón por la que se debió descontar al accionado el valor de las
sesiones de 12, 13, 14, 15, 16 y 19 diciembre de 2023, a las cuales no habría
asistido, por la suma de $4.176.000.

6. Argumentó que las actuaciones del accionado no fueron producto de un error
involuntario, pues era repetitiva la conducta de cobrar sin asistir a las sesiones,
añadiendo que no consta el reintegro de los dineros cobrados indebidamente.

I.1.2. La causal de pérdida de investidura

7. El accionante afirmó que el señor Juan Alfredo Quenza Ramos, diputado del
departamento de Arauca, período 2020-2023, incurrió en la causal de pérdida de
investidura, prevista en i) los artículos 183, numeral 4., y 299 de la Constitución
Política; ii) el artículo 48, numeral 4., de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000 4; y, iii)
el artículo 60, numeral 4., de la Ley 2200, esto es, por indebida destinación de
dineros públicos.

8. Sostuvo que los elementos configurativos de la causal invocada se presentaban
en este caso, puesto que estaba demostrado que se cobraron honorarios por
sesiones a las cuales no asistió el accionado, en particular, las sesiones realizadas
el 11, 12 y 27 de julio y 24 de agosto de 2023, así como las sesiones extraordinarias
realizadas el 12, 13, 14, 15, 16 y 19 de diciembre de 2023, sin que obre reintegro
alguno del dinero recibido, causando un detrimento patrimonial a la administración
por un valor de $6.960.000.oo.

9. Señaló que:

“[…] Los videos de las transmisiones de Facebook live y grabaciones de audio
de la asamblea sirven de medios de prueba para verificar por audio que el
diputado QUENZA RAMOS no asistió a las sesiones relacionadas ya que no
atendió al llamado a lista, y los videos nos permiten ver lo mismo, pero
profundizan la prueba ya que nos permite no solo escuchar el llamado a lista de
asistencia, sino que ver en tiempo real (sic) si el diputado JUAN ALFREDO
QUENZA RAMOS estaba o no de manera presencial en la sesión. […]” (negrilla
del texto)

4
“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley
Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. […]”.

4

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Accionante: Carlos Alberto Merchán Espíndola

I.2. Contestación de la solicitud de pérdida de investidura5

10. El diputado Juan Alfredo Quenza Ramos, a través de apoderado, dio respuesta
a la solicitud oponiéndose a la prosperidad de sus pretensiones.

11. Indicó, al referirse a los hechos fundamento de la solicitud, que i) respecto de las
sesiones de 11 y 12 de julio de 2023, le fue concedida comisión a la ciudad de
Bogotá D.C. mediante la Resolución núm. 039 de 2023; ii) frente a la sesión de 27
de julio de 2023, le fue concedida comisión a la ciudad de Bogotá D.C. a través de
la Resolución núm. 042 de 2023; iii) en relación con las sesiones de 14, 15 y 16 de
diciembre de 2023, le fue concedida comisión a las ciudades de Bogotá D.C. y Cali
en la Resolución 021 de 2023; y, iv) en lo atinente a la sesión de 19 de diciembre
de 2023, le fue expedida la Resolución 019 de 2023.

12. Respecto de las sesiones de 24 de agosto y 12 de diciembre de 2023, señaló
que no asistió a estas y, por ello, no recibió pago alguno en aplicación del artículo
44 de la Ley 2200, allegando para el efecto certificación de pagaduría de la
Asamblea Departamental de Arauca

13. Esgrimió que en las grabaciones de las sesiones de la Asamblea Departamental
de Arauca realizadas los días 11 y 27 de julio; 13 y 24 de agosto; 3, 10, 11 y 24 de
octubre; 28 de noviembre; 4, 6, 7, 14, 15, 16 y 19 de diciembre, todas de 2023, se
realizó el respectivo llamado a lista y verificación del cuórum con lo cual se
estableció si se encontraba presente o ausente y la razón de la inasistencia.

14. Puso de presente que mediante el “[…] Acta de Mesa Directiva No. 01 de 2023
[…]”, se autorizó por unanimidad de los miembros de la mesa directiva del Asamblea
Departamental de Arauca, que la presidente de la corporación suscribiera, en
nombre de la mesa directiva, los actos administrativos sobre asuntos inherentes a
la corporación y que fueran de su competencia.

15. Mencionó que “[…] se le ordenó el pago a pesar de no haber asistido a las
sesiones en la Asamblea Departamental de Arauca, situación sobre la cual no tiene
poder decisorio ni injerencia […]” y argumentó que tales pagos se sustentaron en
comisiones que le fueron concedidas para el desarrollo de actividades propias del
cargo de diputado, de acuerdo con el Decreto núm. 2400 de 18 de octubre de 19686,
el Decreto núm. 1950 de 24 de septiembre de 19737, las leyes 617 y 2200, y la
Ordenanza núm. 103 de 20228.

5
Índice 11, SAMAI. Expediente digital 81001233900020240002500.
6
“[…] Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil y se dictan otras disposiciones. […]”
7
“[…] por el cual se reglamentan los Decretos-leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración del personal
civil. […]”
8
“[…] POR LA CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO INTERNO DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
[…]”

5

Radicación núm.: 81001 23 39 000 2024 00025 01
Accionante: Carlos Alberto Merchán Espíndola

16. Aseguró que los actos administrativos a través de los cuales se le concedieron
comisiones, se le aceptaron excusas o se ordenaron pagos, están debidamente
sustentados, destacando, para el caso de las comisiones concedidas, que estaban
justificadas en debida forma por el cumplimiento de deberes legales o de labores
propias de su cargo de diputado.

17. Refirió que no se allegó prueba alguna que demostrara que los pagos que se le
realizaron contrariaran las disposiciones aplicables a los diputados; no estuvieran
justificados; o, estuvieran encaminados a favorecerlo.

18. Alegó que los actos administrativos mediante los cuales se le concedieron
comisiones y se ordenaron pagos, se presumen legales hasta tanto no sea
desvirtuada su legalidad por parte de los jueces de esta jurisdicción.

19. Argumentó que:

“[…] ni el constituyente ni el legislador han señalado que la causal de pérdida
de investidura se presente de manera indirecta es decir en palabras del
demandante por el hecho de recibir dineros públicos, a los cuales tiene pleno
derecho de conformidad con lo expuesto, pues siempre se presentó la
respectiva excusa o incapacidad y adicionalmente existe la autorización legal
para efectuar y recibir dichos pagos, se debe recalcar que a la fecha los
diputados no reciben un recibo o soporte de los pagos que les efectúa la
Asamblea Departamental de Arauca, no deben firmar una autorización para el
desembolso, ni un recibido de los dineros que les depositan. […]”

20. Finalmente formuló las excepciones de inexistencia de causa para demandar,
ausencia de configuración de las causales de pérdida invocada, desconocimiento
de las normas que rigen los derechos al pago de los diputados, ausencia de
pruebas, buena fe y falta del elemento subjetivo como requisito de procedencia del
proceso de pérdida de investidura, insistiendo en que se le reconocieron y pagaron
emolumentos laborales sustentados en la prestación del servicio en el marco de una
relación legal y reglamentaria y, además, que no se acreditó el dolo ni la culpa.

I.3. Trámite del proceso

21. Mediante auto de 25 de junio de 20249 se decretó la práctica de pruebas en el
proceso y se fijó, para el día 4 de julio de 2024, la realización de la audiencia pública
a la que se refieren los artículos 11 y 12 de la Ley 1881.

22. La audiencia prevista en los artículos 11 y 12 de la Ley 1881 fue realizada el día
4 de julio de 202410, con la asistencia de la parte accionante, el apoderado de la
parte accionada y el Procurador 26 Judicial II Administrativo, como agente del
Ministerio Público.

9
Índice 26, SAMAI. Expediente digital 81001233900020240002500.
10
Índice 44, SAMAI. Expediente digital 81001233900020240002500.

6

Radicación núm.: 81001 23 39 000 2024 00025 01
Accionante: Carlos Alberto Merchán Espíndola

I.4. La sentencia de primera instancia11

23. El Tribunal Administrativo del Arauca, mediante sentencia de 12 de julio de 2024,
resolvió:

“[…] RESUELVE

PRIMERO: Negar las pretensiones de pérdida de investidura.

SEGUNDO: No condenar en costas, por lo expuesto en la parte motiva de este
proveído.

TERCERO: Por secretaría, remitir copias de la demanda y sus anexos, a la
Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría Regional de Arauca y a la
Gerencia Departamental Arauca de la Contraloría General de la República, a
efectos de que se sirvan investigar las posibles conductas sancionables penal,
disciplinaria y fiscalmente, conforme a lo expuesto en la parte motiva […]”
(negrilla del texto)

24. Explicó que el problema jurídico que debía resolver en este medio de control era
el siguiente:

“[…] 1. Problema jurídico a resolver

¿Procede declarar la pérdida de investidura de Juan Alfredo Quenza Ramos
diputado del departamento de Arauca para el período 2020-2023, por la causal
de indebida destinación de recursos públicos, propuesta por el demandante?
[…]”

25. Afirmó que estaba probado que el señor Juan Alfredo Quenza Ramos fue elegido
diputado del departamento de Arauca para el período 2020 – 2023 y “[…] para el
segundo semestre de 2023, aún fungía como tal, lo que se deduce tanto del acto
que declara su elección, como de las demás pruebas documentales arrimadas al
plenario […]”.

26. Indicó que la causal de pérdida de investidura que se le atribuye al accionado se
encontraba prevista en el artículo 183 de la Carta Política para los congresistas y
que fue objeto de reglamentación en las leyes 617 y 2200, en lo que respecta a los
diputados, destacando la existencia de una antinomia entre estos preceptos.

27. Anotó que el artículo 299 de la Constitución Política estableció que el régimen de
inhabilidades de los diputados no podía ser menos estricto que el previsto para los
congresistas y se preguntó si la causal de pérdida de investidura contenida en el
numeral 4. del artículo 60 de la Ley 2200, al establecer un elemento normativo
adicional al establecido en el numeral 4. del artículo 183 Constitucional, contraviene
la Carta Política.

28. Aludió, en particular, a la sentencia SU 424 de 2016, proferida por la Corte
Constitucional, la cual destacó que a la acción de pérdida de investidura le eran
aplicables todas las garantías del debido proceso, resaltando el principio de

11
Índice 47, SAMAI. Expediente digital 81001233900020240002500.

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Radicación núm.: 81001 23 39 000 2024 00025 01
Accionante: Carlos Alberto Merchán Espíndola

favorabilidad, que, tratándose de este tipo de procesos, “[…] corresponde con la
escogencia de la ley aplicable al caso, en aquellos eventos en los que hay sucesión
de leyes en el tiempo. […]”.

29. Consideró que, ante la promulgación de la Ley 2200, se presentó la figura de la
derogación tácita del contenido normativo correspondiente al numeral 4. del artículo
48 de la Ley 617, en razón a que “[…] el artículo 60 de la nueva norma regula de
manera especial las causales de pérdida de investidura aplicables a los diputados,
quedando por fuera del ordenamiento las causales enumeradas en el artículo 48 de
la Ley 617 de 2000, pero únicamente en lo que se refiere a los diputados. […]”.

30. Expuso que si bien el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los
diputados, conforme a lo previsto en los artículos 183 y 299 de la Carta Política, no
puede ser menos estricto del señalado para los congresistas, en el presente asunto
no se estaba discutiendo la causal de pérdida de investidura en la violación de ese
régimen, sino la relativa a la indebida destinación de dineros públicos.

31. Subrayó que, en atención a la variación introducida en la Ley 2200, debía darse
aplicación a los principios de tipicidad, legalidad y favorabilidad, teniendo en cuenta
la naturaleza sancionatoria de la pérdida de investidura y que los hechos tuvieron
ocurrencia en el segundo semestre del año 2023, momento para el cual estaba
vigente la citada norma, por lo que:

“[…] Revisados los fundamentos fácticos probados, tenemos que los mismos,
dan cuenta de la realización de sendas sesiones por parte de la asamblea
departamental, así mismo permiten evidenciar que el señor Juan Alfredo
Quenza Ramos, participó en algunas de ellas, en tanto que en otras estuvo
ausente; de igual manera se verificó la existencia de actos administrativos que
aceptaron excusas presentadas por este y otros que le conceden comisión de
servicios para la realización de las actividades allí mencionadas. Finalmente,
obra elemento de convicción documental que permite verificar los valores a
pagar al demandado durante cada uno de los períodos sesionados por la duma
departamental.

No obstante, es de resaltar que en el caso no existe prueba alguna en el
expediente, que demuestre la existencia de condena en firme producto de
hecho punible relacionado con la indebida destinación de recursos públicos que
afecte al señor Quenza Ramos, el cual resulta imprescindible para efectos de
la estructuración de la causal de pérdida de investidura invocada.

Por lo anterior, siendo claro que para su configuración es preciso que confluyan
todos los requisitos objetivos que estructuran normativamente la causal de
pérdida de investidura bajo examen, y no habiéndose probado uno de dichos
elementos -esto es, el ingrediente normativo de la sentencia condenatoria en
firme por destinación indebida de recursos públicos- resulta inane continuar con
el estudio de los demás, razón por la cual la Sala se relieva del estudio de los
restantes presupuestos que requiere la causal objeto de debate. […]”

32. Concluyó que, al no haberse acreditado el elemento objetivo de existencia de la
condena en firme en contra del accionado, para la configuración objetiva de la
causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 4. del artículo 60 de la Ley

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Accionante: Carlos Alberto Merchán Espíndola

2200, esto es, la indebida destinación de dineros públicos, se negaría las
pretensiones de la demanda.

I.5. El recurso de apelación12

33. La parte accionante presentó recurso de apelación dirigido a que se revoque en
su integridad y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la solicitud, por estar
acreditado que el accionado, de forma indirecta, destinó indebidamente dineros
públicos.

34. Alegó que no debía aplicarse, por ser inconstitucional, la existencia de sentencia
condenatoria previa, en los casos de indebida destinación de dineros públicos.

35. Puso de presente que esta Corporación como la Corte Constitucional han
considerado que la pérdida de investidura es una figura autónoma de otros
regímenes sancionatorios como el penal y el disciplinario, destacando que se habría
configurado:

“[…] la cosa juzgada material en sentido amplio respecto de la Sentencia C-319
de 1994 que declaró la inexequibilidad de la exigencia de sentencia penal
condenatoria para las causales de pérdida de investidura por indebida
destinación de dineros públicos y por tráfico de influencias debidamente
comprobado.

36. Subrayó que del artículo 299 de la Carta Política:

“[…] no se puede concluir que el legislador se encuentre habilitado para
establecer causales más estrictas para los diputados que para los congresistas,
como tampoco habilita que se exija sentencia condenatoria en proceso penal
para el inicio del trámite de pérdida de investidura, con lo cual se socava la
autonomía del proceso sancionatorio (pérdida de investidura), cuya
responsabilidad subjetiva es de carácter ético y político.

Por último, la severidad de que trata el artículo 299 constitucional es relativa,
toda vez que, desde el punto de vista del accionante en la pérdida de
investidura, las causales aplicables son más estrictas, pero desde la perspectiva
del elegido, se trata de un régimen menos estricto, si se tiene en cuenta que el
trámite de pérdida de investidura sólo tendrá lugar si existe sentencia
condenatoria. […]”

37. Se refirió a la vulneración del principio de igualdad, destacando que, si bien
existen diferencias entre los congresistas y los diputados, lo cierto es que, como
miembros de corporaciones públicas de elección popular, el ejercicio de su
investidura se enmarcaba en la defensa de la dignidad del cargo y la salvaguarda
del principio de representación democrática, finalidades del proceso sancionatorio
de pérdida de investidura.

38. Hizohincapié en la diferencia existente entre “[…] los sujetos comparables
(congresistas y diputados) […]” consistente en que “[…] en las normas acusadas

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Accionante: Carlos Alberto Merchán Espíndola

[…]”, se exige para los diputados, la sentencia condenatoria en materia penal,
mientras que, “[…] para los demás servidores […]”, el proceso de pérdida de
investidura puede adelantarse por las causales de indebida destinación de dineros
públicos y tráfico de influencias sin la existencia del pronunciamiento definitivo en
un proceso penal.

39. Resaltó, desde la anterior perspectiva, que:

“[…] La diferencia entre estos grupos consiste en que, mientras para los
diputados se exige la sentencia penal condenatoria para las causales de
pérdida de investidura por destinación indebida de dineros públicos y por
tráfico de influencias debidamente comprobado, dicha exigencia no se
predica de los demás servidores públicos de elección popular, ya que,
desde el punto de vista del diputado, sus causales de inhabilidades resultan
menos severas si se tiene en cuenta que su investidura no se verá sometida a
juicio hasta tanto no se adopte una decisión definitiva en el ámbito penal. De
este modo, considerado que el ARTÍCULO 60 DE LA LEY 2200 DE 2200 DE
2022 (sic), contiene una exigencia que implica un trato discriminatorio sin
fundamento constitucional.

Su señoría la prohibición que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades
de los diputados sea menos estricto que el de los congresistas, no corresponde
a una habilitación para que el legislador disponga causales de pérdida de
investidura más estricta respecto de los miembros de las asambleas
departamentales, en virtud del amplio margen de configuración legislativa. Por
último, reitero, que, desde la perspectiva del diputado, la exigencia de
sentencia condenatoria en proceso penal para la procedencia de las
causales para la pérdida de investidura resulta menos estricta que para
los congresistas. […]” (negrilla y subrayado del texto)

40. Se refirió a la vulneración del principio non bis in idem y a la sentencia C-319 de
1994, proferida por la Corte Constitucional, mencionando que de su texto se colegía
que una sola conducta, como las previstas en los numerales 4. y 5. del artículo 60
de la Ley 2200, podría dar lugar a un proceso penal y a un juicio de pérdida de
investidura; sin embargo, tales disposiciones prevén que el trámite del proceso de
pérdida de investidura no era simultáneo al proceso penal, sino posterior a este, lo
cual vaciaría la competencia del juez contencioso administrativo.

41. Estimó que la exigencia de que exista sentencia condenatoria previa para las
causales de pérdida de investidura previstas en los numerales 4. y 5. del artículo 60
de la Ley 2200, implicaba una injerencia indebida en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, lo cual vulneraría su autonomía judicial e independencia, citando
para el efecto la sentencia C-319 de 1994, proferida por la Corte Constitucional,
insistiendo, además, en la autonomía del proceso penal y del proceso de pérdida
de investidura.

42. Solicitó“[…] aplicar la excepción de inconstitucionalidad en relación al
ARTÍCULO 60. Pérdida de la investidura. Se decretará la pérdida de investidura
en los siguientes casos: numeral 4. Por sentencia condenatoria en firme sobre
indebida destinación de dineros públicos […]” (negrilla y subrayado del texto),
resaltando que esta causal de pérdida de investidura es autónoma, por lo que no es

10

Radicación núm.: 81001 23 39 000 2024 00025 01
Accionante: Carlos Alberto Merchán Espíndola

necesaria la existencia de sentencia condenatoria en materia penal respecto de los
hechos que se juzgan, igualmente, en esta jurisdicción.

43. En lo atinente al caso concreto, manifestó que la parte accionada incurrió en
destinación indebida de dineros públicos, en forma indirecta, conforme a las pruebas
que obraban en el expediente.

44. Así, se refirió a la Resolución núm. 021 de 12 de diciembre de 2023, a través de
la cual se le confirió comisión al diputado acusado para trasladarse a las ciudades
de Cali y Bogotá, los días 13, 14, 15, 16 y 17 de diciembre de 2023.

45. Adujo, con sustento en una certificación expedida por la Escuela Superior de
Administración Pública (en adelante ESAP), que el accionado estuvo ausente de las
sesiones realizadas los días 13, 14 y 15 de diciembre de 2023 por razones
personales (recibir inducción como alcalde electo) y no laborales, por lo que su
inasistencia no se encontraba justificada y no debió recibir la remuneración
correspondiente a tales sesiones, incurriendo en indebida destinación de dineros
públicos al “[…] cobrar unas sesiones a las que no había asistido sin
justificación legal o reglamentaria alguna.[…]”(negrilla y resaltado del texto).

46. Abordó los elementos para la configuración de la causal de pérdida de investidura
por indebida destinación de dineros públicos, mencionando que estaba acreditado
que el accionado, para la época de los hechos juzgados, ostentó la condición de
diputado y “[…] NO REINTEGRÓ el valor de diez (10) sesiones a pesar de no haber
asistido a ellas. […]” y que los dineros para el pago de la remuneración de los
diputados son dineros públicos.

47. Expuso,
frente al elemento consistente en que los dineros públicos fueron
indebidamente destinados, que:

“[…] El diputado JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS, como miembro de la
corporación político-administrativa del departamento de Arauca, COBRÓ Y NO
REINTEGRO unas remuneraciones a favor de el mismo (sic) pese a que no
asistió a las sesiones realizadas los días 11, 12 y 27 de julio, 24 de agosto 2023,
y a las Sesiones extraordinarias del 02 al 21 de diciembre 2023:

No asistió a las sesiones: el 12 de diciembre Juan Quenza, el 13 de
diciembre Juan Quenza, el 14 de diciembre Juan Quenza, el 15 de
diciembre Juan Quenza, el 16 de diciembre Juan Quenza y el 19 de
diciembre Juan Quenza del año 2023.

Causando un detrimento patrimonial a la administración por un valor de seis
millones novecientos sesenta mil pesos m/cte ($6.960.000.oo)

Los videos de las transmisiones de Facebook live y grabaciones de audio de la
asamblea sirven de medios de prueba para verificar por audio que el diputado
QUENZA RAMOS no asistió a las sesiones relacionadas ya que no atendió al
llamado a lista, y los videos nos permiten ver lo mismo, pero profundizan la
prueba ya que nos permite no solo escuchar el llamado a lista de asistencia,
sino que ver en tiempo real si el diputado JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS
estaba o no de manera presencial en la sesión.

11

Radicación núm.: 81001 23 39 000 2024 00025 01
Accionante: Carlos Alberto Merchán Espíndola

El diputado JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS COBRO uno honorarios (sic)
en forma indebida e ilegal, dado que el citado diputado al encontrase (sic)
realizando una comisión oficial por parte de la Asamblea debió no cobrar los
honorarios, ya que no se establece dentro de la funciones (sic) de un diputado
realizar gestiones de carácter personal a cargo de los dineros públicos, tales
como la de asistir a UNA INDUCCIÓN DE ALCALDES que lo beneficia
solamente a él y no es una función propia de su cargo como diputado de la
asamblea del departamento de Arauca […]”(negrilla y subrayado del texto)

I.6. Trámite del recurso de apelación

48. La primera instancia, mediante auto de 13 de agosto de 202413, concedió el
recurso de apelación interpuesto por la parte accionante en contra de la sentencia
de 12 de julio de 2024.

49. Mediante auto de 18 de septiembre de 202414 se admitió el recurso de apelación,
se negó el decreto de las pruebas solicitadas en el recurso y se corrió traslado del
auto admisorio del recurso de apelación a la parte accionada y al agente del
Ministerio Público por el término de tres (3) días.

50. Durante el término del traslado concedido, el accionado15 intervino presentando
sus alegatos de conclusión en los cuales insistió en que no se configuró la causal
de pérdida de investidura que se le atribuyó y el agente del Ministerio Público guardó
silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

51. Esta Sala de Decisión, para resolver la presente controversia, abordará: i) su
competencia; ii) la acreditación de la condición de diputado respecto del acusado;
iii) el problema jurídico; iv) la causal de pérdida de investidura invocada; y, v) el caso
concreto.

II.1. La competencia

52. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para decidir esta
controversia en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 2. del artículo 48 de la Ley
617; en el parágrafo 1. del artículo 60 de la Ley 2200; en el artículo 15016 de la Ley
1437 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 2019, modificado
por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024.

II.2. La acreditación de la condición de diputado

53. Lacondición del señor Juan Alfredo Quenza Ramos, como diputado del
departamento de Arauca, se encuentra acreditada con la copia del formato E-26

13
Índice 52, SAMAI. Expediente digital 81001233900020240002500.
14
Índice 4, SAMAI.
15
Índice 8, SAMAI.
16
Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021, “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de
descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. […]”.

12

Radicación núm.: 81001 23 39 000 2024 00025 01
Accionante: Carlos Alberto Merchán Espíndola

ASA correspondiente al “[…] ACTA PARCIAL DEL ESCRUTINIO GENERAL (…)
ASAMBLEA […]” de la Registraduría Nacional del Estado Civil17, correspondiente a
las elecciones realizadas el 27 de octubre de 2019, en la cual consta la declaratoria
de elección de los diputados del departamento para el período 2020-2023, entre
ellos, el señor Juan Alfredo Quenza Ramos, lo cual, se advierte, no fue objeto de
cuestionamiento.

II.3. El problema jurídico

54. La Sala, una vez agotados los trámites propios de este medio de control sin que
se observe irregularidad o causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, y de
acuerdo con lo regulado en los artículos 320 y 328 de la Ley 1564, aplicables por
virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1881 y el artículo 306 de la Ley
1437, considera que el asunto que debe resolver, siguiendo el recurso de apelación
formulado por la parte accionante, se contrae a determinar si se encuentran
acreditados o no los elementos objetivo y subjetivo para la configuración de la
causal de pérdida de investidura prevista, según el accionante, en los artículos 183,
numeral 4., y 299 Constitucionales; 48, numeral 4., de la Ley 617; y, 60, numeral 4.,
de la Ley 2200, esto es, por indebida destinación de dineros públicos.

55. La Sala deberá precisar la norma que establece la causal de pérdida de
investidura aplicable al presente caso y establecer si resulta procedente declarar la
excepción de inconstitucionalidad para inaplicar, por ser contrario a la Carta Política,
el aparte “[…] sentencia condenatoria en firme […]” del numeral 4. del artículo 60 de
la Ley 2200.

56. En caso de que sea procedente inaplicar por inconstitucional, el aparte “[…]
sentencia condenatoria en firme […]” del numeral 4. del artículo 60 de la Ley 2200,
se deberá establecer si el diputado del departamento de Arauca, señor Juan Alfredo
Quenza Ramos, incurrió en indebida destinación de dineros públicos al recibir el
pago i) de las sesiones ordinarias realizadas los días 11 y 12 de julio de 2023; ii) de
la sesión ordinaria del día 27 de julio de 2023; iii) de la sesión extraordinaria
realizada el 24 de agosto de 2023; y, iv) de las sesiones extraordinarias realizadas
los días 12, 13, 14, 15, 16 y 19 de diciembre de 2023, a las cuales no habría asistido
injustificadamente.

II.4. La causal de pérdida de investidura invocada

57. El accionante indicó que la causal de pérdida de investidura que le atribuyó al
diputado acusado, señor Juan Alfredo Quenza Ramos, estaba prevista en los
artículos 183, numeral 4., y 299 de la Carta Política y en los artículos 48, numeral
4., de la Ley 617 y 60, numeral 4., de la Ley 2200, cuyo contenido es el siguiente:

57.1. Numeral 4. del artículo 183 de la Carta Política:

17
Índice 4, SAMAI. Expediente digital 81001233900020240002500.

13

Radicación núm.: 81001 23 39 000 2024 00025 01
Accionante: Carlos Alberto Merchán Espíndola

“[…] Artículo 183. Los congresistas perderán su investidura:

(…) 4. Por indebida destinación de dineros públicos. […]”

57.2. Artículo 29918 de la Carta Política:

“[…] Artículo 299. (…) El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los
diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos estricto que el señalado
para los congresistas en lo que corresponda. El periodo de los diputados será
de cuatro años y tendrá la calidad de servidores públicos. […]”

57.3. Numeral 4. del artículo 48 de la Ley 617:

“[…] Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y
distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras
locales perderán su investidura:

(…)

4. Por indebida destinación de dineros públicos. […]”

57.4. Numeral 4. del artículo 60 de la Ley 2200:

“[…] Artículo 60. Pérdida de la investidura. Se decretará la pérdida de
investidura en los siguientes casos:

(…)

4. Por sentencia condenatoria en firme sobre indebida destinación de dineros
públicos. […]”

58. La sentencia de 12 de julio de 2024, al determinar la causal de pérdida de
investidura que se le atribuía al acusado, realizó las siguientes consideraciones:

58.1. Explicó que la Ley 2200 derogó tácitamente el numeral 4. del artículo 48 de la
Ley 617 pero solo para los diputados, en razón a que el artículo 60 de la Ley 2200
reguló, de manera especial, las causales de pérdida de investidura aplicables a esos
servidores públicos.

58.2. Estimó que si bien, de acuerdo con los artículos 183 y 299 de la Carta Política,
el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados, no puede ser
menos estricto que el señalado para los congresistas, lo cierto era que la causal de
pérdida de investidura atribuida al accionado no estaba fundada en la violación de
tales regímenes, sino en la indebida destinación de dineros públicos.

58.3. De tal forma que, la causal de pérdida de investidura que regía al momento de
presentarse los hechos que la fundamentan, era la prevista en el numeral 4. del

18
Modificado por el Acto Legislativo núm. 1 de 1°. de enero de 2001, “[…] Por medio del cual se modifican los numerales 8 y
9 del artículo 135, se modifican los artículos 299 y 312, y se adicionan dos numerales a los artículos 300 y 313 de la
Constitución Política de Colombia. […]”.

14

Radicación núm.: 81001 23 39 000 2024 00025 01
Accionante: Carlos Alberto Merchán Espíndola

artículo 60 de la Ley 2200, esto es, “[…] 4. Por sentencia condenatoria en firme
sobre indebida destinación de dineros públicos. […]”.

59. Conforme a lo anterior, la primera instancia encontró que no se configuró la
causal de pérdida de investidura contenida en el numeral 4. del artículo 60 de la Ley
2200, toda vez que, no estaba acreditada la existencia de una sentencia
condenatoria en firme sobre indebida destinación de dineros públicos, con lo cual
resultaba inane continuar con el estudio de los demás elementos objetivos para su
estructuración.

60. El apelante considera procedente, en el presente caso, la excepción de
inconstitucionalidad y solicita, en consecuencia, que se inaplique por
inconstitucional, el aparte “[…] Por sentencia condenatoria en firme […]” del numeral
4. del artículo 60 de la Ley 2200, aludiendo i) a la autonomía de la pérdida de
investidura respecto de otros regímenes de responsabilidad como el penal y
disciplinario; ii) al desconocimiento del artículo 299 de la Carta Política, pues no es
posible establecer causales de pérdida de investidura menos estricta que las
previstas para los congresistas; y, iii) la vulneración del principio de igualdad de los
diputados respecto de los demás miembros de corporaciones públicas de elección
popular.

II.4.1. La derogatoria de la causal de pérdida de investidura prevista en el
numeral 4. de la Ley 617, en relación con los diputados

61. La primera instancia, como se indicó supra, consideró que la Ley 2200 derogó
tácitamente el numeral 4. del artículo 48 de la Ley 617 pero solo para los diputados,
en razón a que el artículo 60 de la Ley 2200 reguló, de manera especial, las causales
de pérdida de investidura aplicables a esos servidores públicos.

62. La Ley 617, en su artículo 48, estableció:

“[…] Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y
distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras
locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de
intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar
asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de
la ciudadanía en general.

2. Por la inasistencia en un mismo período de sesiones a cinco (5) reuniones
plenarias o de comisión en las que se voten proyectos de ordenanza o acuerdo,
según el caso.
3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los tres (3) días siguientes a la
fecha de instalación de las asambleas o concejos, según el caso, o a la fecha
en que fueren llamados a posesionarse.

4. Por indebida destinación de dineros públicos.

5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.

15

Radicación núm.: 81001 23 39 000 2024 00025 01
Accionante: Carlos Alberto Merchán Espíndola

6. Por las demás causales expresamente previstas en la ley.

Parágrafo 1º. Las causales 2 y 3 no tendrán aplicación cuando medie fuerza
mayor.

Parágrafo 2º. La pérdida de la investidura será decretada por el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo con jurisdicción en el respectivo departamento de
acuerdo con la ley, con plena observancia del debido proceso y en un término
no mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir de la fecha de
la solicitud formulada por la mesa directiva de la asamblea departamental o del
concejo municipal o por cualquier ciudadano. La segunda instancia se surtirá
ante la sala o sección del Consejo de Estado que determine la ley en un término
no mayor de quince (15) días. […]”

63. La Ley 2200, en su artículo 60, señaló:

“[…] Artículo 60. Pérdida de la investidura. Se decretará la pérdida de
investidura en los siguientes casos:

1. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de
intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar
asuntos que afecten al diputado en igualdad de condiciones a las de la
ciudadanía en general.

2. Por la inasistencia en un mismo período de sesiones ordinarias o
extraordinarias a seis (6) sesiones de plenarias o de comisión permanente en
las que se voten proyectos de ordenanza y/o mociones de censura, según el
caso, salvo cuando medie fuerza mayor debidamente certificada.

3. Por no tomar posesión de la curul, salvo fuerza mayor debidamente
certificada, dentro de los tres (3) días siguientes a la instalación de la
corporación o a la fecha en que fueron llamados a posesionarse.

4. Por sentencia condenatoria en firme sobre indebida destinación de dineros
públicos.

5. Por sentencia condenatoria en firme por la comisión del delito de tráfico de
influencias debidamente comprobado.

6. Por las demás causales expresamente previstas en la ley.

Parágrafo 1°. La pérdida de investidura será decretada por el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo de la respectiva jurisdicción, siguiendo el
procedimiento establecido para los congresistas, en lo que corresponda.

Parágrafo 2°. Mientras se adelanta el proceso de perdida de investidura, el
diputado podrá continuar en el ejercicio de su cargo, hasta tanto no quede
ejecutoriada la sentencia que pone fin al mismo. […]”

64. El artículo 154 de la Ley 2200, al referirse a su vigencia, mencionó que “[…] La
presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el Decreto 1222 de
1986, la Ley 3 de 1986 y disposiciones contenidas en la Ley 617 de 2000 que les
sean contrarias. […]”, lo cual permite colegir que, en efecto, se presenta la
derogatoria tácita de las normas de la Ley 617 que sean contrarias a la Ley 2200.

16

Radicación núm.: 81001 23 39 000 2024 00025 01
Accionante: Carlos Alberto Merchán Espíndola

65. El Código Civil, establece, en sus artículos 71 y 72, que:

“[…] ARTÍCULO 71. La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita. Es
expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua.

Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse
con las de la ley anterior.

La derogación de una ley puede ser total o parcial.

ARTÍCULO 72. La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores,
aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las
disposiciones de la nueva ley. […]”

66. Respecto de la derogación de las leyes y su clasificación, esta Corporación19, ha
destacado que:

“[…] B. Ejercicio de la competencia derogatoria. Clases de derogación

Sobre la derogación de las leyes el Código Civil dispone:

"Artículo 71. - La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita.
Es expresa cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua.
Es tácita cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse
con las de la ley anterior.
La derogación de una ley puede ser total o parcial.

Artículo 72.- La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque
versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las
disposiciones de la nueva ley". (Resalta la Sala)

En relación con esta materia la Sala ha señalado en múltiples conceptos que,
en tratándose de la derogación expresa, el Legislador señala en forma precisa
y concreta los artículos que deroga. Por consiguiente no es necesaria ninguna
interpretación, pues simplemente uno o varios preceptos legales se excluyen
del ordenamiento desde el momento en que así lo disponga la ley.20

En cambio la derogación tácita se deduce de una incompatibilidad de la ley
anterior en relación con lo regulado en la nueva ley. En este caso se hace
necesaria la interpretación de ambas leyes, para establecer cuál rige y
determinar si la derogación es total o parcial.

La Ley 153 de 1887 establece en su artículo 3° otra forma de derogación, la
derogación orgánica, en los siguientes términos:

“Artículo 3°. Estímase insubsistente una disposición legal por declaración
expresa del legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales
posteriores, o por existir una ley nueva que regule íntegramente la materia a
que la anterior disposición se refería”.

Al respecto la Corte Suprema de Justicia expresó en sentencia de marzo 28 de
1984:

19
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Consejero ponente: Augusto Hernández Becerra. Concepto de 18 de
junio de 2014, Radicación núm.: 11001-03-06-000-2013-000193-00.
20
Pueden verse, entre otros, el 1675 de 2005, 1884 y 1926 de 2008, 1958 de 2009, 1999 de 2010, entre otros.

17

Radicación núm.: 81001 23 39 000 2024 00025 01
Accionante: Carlos Alberto Merchán Espíndola

“La derogación orgánica, que para no pocos autores no pasa de ser una faz de
la derogatoria tácita, sólo se da en verdad cuando la nueva ley “regule
íntegramente la materia” que la anterior normación positiva regulaba. Empero,
determinar si una materia está o no enteramente regulada por la ley posterior,
depende de la intención revelada por el legislador de abarcar con la nueva
disposición o disposiciones toda una materia, aunque en realidad no haya
incompatibilidad alguna entre éstas y las de la ley anterior.”

En síntesis, la derogación tácita se produce cuando el Legislador no ha
manifestado expresamente su voluntad de retirar del ordenamiento jurídico
leyes anteriores, pero se deduce por la incompatibilidad entre la norma anterior
y la nueva (antinomia), de manera que la aplicación de una de ellas conlleva
necesariamente el desconocimiento de la otra. Por esta razón la derogatoria
tácita es ante todo “un fenómeno de naturaleza eminentemente interpretativa o,
si se prefiere, dependiente de la interpretación que se de a las normas
hipotéticamente compatibles”. Se trata entonces de una derogatoria por
comparación o contraste, que de acuerdo con la jurisprudencia se presenta en
dos casos: “(i) cuando una norma jurídica posterior resulta incompatible con una
anterior o (ii) cuando se produce una nueva regulación integral de la materia.”21
[…]” (negrilla del texto)

67. LaCorte Constitucional22, igualmente, ha clasificado la derogatoria en tres
clases:

“[…] Al tenor de lo dispuesto en el artículo 71 del Código Civil, la derogatoria
puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando la nueva ley advierte que deroga
la ley anterior, evento en el cual no es necesaria ninguna interpretación porque
el legislador excluye de forma textual y concreta del ordenamiento uno o varios
preceptos legales, desde el momento en que así lo señale la nueva disposición.

Por el contrario, la derogatoria es tácita cuando la nueva ley contiene
disposiciones incompatibles o que no pueden conciliarse con las de la ley
anterior. Según lo prescrito en el artículo 72 del Código Civil, la derogatoria
tácita deja vigente en las leyes anteriores todo aquello que no pugne con las
disposiciones de la nueva ley. De este modo, a diferencia de lo que ocurre con
la derogatoria expresa, la derogatoria de esta naturaleza sí hace necesaria la
interpretación de ambas leyes, con el objeto de determinar cuál es la que rige
la materia, o si la derogatoria es total o parcial.

Adicionalmente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 153 de
1887, la derogatoria también puede ser orgánica. Esta tipología tiene lugar
cuando la nueva ley regula íntegramente la temática que la anterior regulaba.
En consecuencia, aunque en realidad no haya incompatibilidad entre las dos
leyes, el contenido de la ley anterior queda enteramente subsumido en las
reglas que instaura la nueva ley.

Por último, la Corte ha considerado a la subrogación como una modalidad de la
derogatoria y la ha definido como la sustitución de una norma por otra posterior
de igual jerarquía y similar o idéntico contenido. […]”

68. Se advierte que la Ley 617 reguló aspectos relativos a: i) la categorización de las
entidades territoriales (departamentos, distritos y municipios); ii) el saneamiento
fiscal de las entidades territoriales (departamentos, distritos y municipios); iii) la

21
Sala de Consulta y Servicio Civil. “Estudio sobre los antecedentes y derogatorias y vigencia de la Ley 4 de 1913”, Bogotá,
2013. Imprenta Nacional de Colombia, página 35.
22
Corte Constitucional, Sentencia C-305 de 2019. MP: Cristina Pardo Schlesinger.

18

Radicación núm.: 81001 23 39 000 2024 00025 01
Accionante: Carlos Alberto Merchán Espíndola

creación de municipios y racionalización de los fiscos municipales; iv) la
racionalización de los fiscos departamentales; v) las reglas para la transparencia de
la gestión departamental, municipal y distrital; vi) el régimen para Bogotá Distrito
Capital; vii) alivios a la deuda territorial; y, viii) otras disposiciones relacionadas con
las materias reguladas.

69. La Ley 617, al establecer las reglas para la transparencia de la gestión
departamental, municipal y distrital, fijo: i) las incompatibilidades de los diputados,
sus excepciones y duración; ii) las inhabilidades e incompatibilidades para ser
alcalde y la duración de las incompatibilidades; iii) las inhabilidades e
incompatibilidades de los concejales, así como excepciones y duración de las
incompatibilidades; iv) las incompatibilidades de los miembros de las juntas
administradoras locales, sus excepciones y duración; v) causales de pérdida de
investidura de los diputados, concejales distritales y municipales y miembros de
juntas administradoras locales; vi) prohibiciones dirigidas a parientes, cónyuges y
compañeros permanentes de gobernadores, diputados, alcaldes y concejales; vii)
la prohibición para el manejo de cupos presupuestales para diputados, concejales
y miembros de juntas administradoras locales; y, viii) la extensión de las
incompatibilidades de contralores y personeros distritales y municipales.

70. La Ley 2200 se ocupó de establecer el régimen político y administrativo que
regiría a los departamentos como entidades territoriales.

71. En la exposición de motivos del proyecto de ley núm. 183 de 2021 Senado, 486
de 2020 Cámara23 que dio origen a esta norma, de iniciativa gubernamental, se
argumento como motivos para la presentación del proyecto que:

“[…] es necesario adecuar el funcionamiento y organización de los
departamentos a las nuevas condiciones del país, lo que hace menester integrar
las normas del régimen político y administrativos departamental, y fortalecer las
competencias de estas entidades territoriales, al otorgarles funciones más
claras y de mayor alcance en los diferentes sectores.

(…)

El presente proyecto, moderniza la organización y funcionamiento, al dotar a los
departamentos de un régimen político y administrativo que garantice el
cumplimiento de las competencias y atribuciones que les asigna la Constitución
y la ley; ajustándolo a los principios de subsidiaridad, complementariedad y
coordinación: Gobierno – Territorio.
(…)

Aunado a lo anterior, la iniciativa legislativa establece, entre otros aspectos:

(…)

• Aborda lo relacionado a la elección, posesión, inhabilidades,
incompatibilidades y régimen de faltas de los Diputados. […]”

23
Gaceta del Congreso de la República núm. 1526 de 18 de diciembre de 2020.

19

Radicación núm.: 81001 23 39 000 2024 00025 01
Accionante: Carlos Alberto Merchán Espíndola

72. Esta ley, dentro del régimen político y administrativo que regiría a los
departamentos, dedicó el capítulo II “[…] De los diputados […]” del título II “[…] DE
LAS ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES […]”, a establecer el marco normativo
aplicable a los diputados, esto es, a fijar i) la calidades; ii) posesión; iii) período; iv)
inhabilidades; v) incompatibilidades; vi) inelegibilidad simultánea; vii) prohibiciones
para parientes, cónyuges y compañeros permanentes de los diputados; viii) el
conflicto de intereses; ix) las faltas absolutas y temporales; x) las causales de
pérdida de investidura; xi) los efectos de la declaratoria de nulidad y de la
suspensión provisional de la elección; xii) causales de destitución; xiii) la doble
militancia; xiv) la silla vacía; xv) el régimen de bancadas en las asambleas
departamentales; xvi) el régimen de seguridad social y prestacional de los
diputados; y, xvii) la remuneración y otros emolumentos a los cuales tienen derecho
los diputados.

73. La regulación contenida en el artículo 60 de la Ley 2200 relativa a las causales
de pérdida de investidura se encuentra dentro de un marco normativo integral y
especial, aplicable a los diputados de las asambleas departamentales.

74. Se evidencia, igualmente, que, en particular, el artículo 60 de la Ley 2200 no
estableció unas causales de pérdida de investidura idénticas a las reguladas en el
artículo 48 de la Ley 617, puesto que, de su confrontación, surgen diferencias en la
manera en que se encuentran configuradas tales causales, siendo evidente que la
Ley 2200 introdujo un nuevo régimen en materia de causales de pérdida de
investidura aplicables, exclusivamente, a los diputados de las asambleas
departamentales.

75. En lo que corresponde a la causal de pérdida de investidura invocada, se debe
señalar que el numeral 4. del artículo 48 de la Ley 617, no prevé el elemento
normativo contenido en el numeral 4. del artículo 60 de la Ley 2200 consistente en
“[…] sentencia condenatoria en firme […]”.

76. Se precisa que el proyecto de ley núm. 183 de 2021 Senado, 486 de 2020
Cámara que dio origen a la Ley 2200 establecía, en su artículo 90, como causal“[…]
4. Por indebida destinación de dineros públicos. […]”, no obstante, durante el trámite
legislativo24, se introdujo una modificación, de manera que la causal de pérdida de
investidura, posteriormente contenida en el artículo 60, quedó redactada así “[…] 4.
Por sentencia condenatoria en firme sobre indebida destinación de dineros
públicos […]” (negrilla y subrayado del texto), bajo el argumento consistente en que
“[…] Se considera necesario, que los numerales 4 y 5, dependan de la existencia
de una sentencia condenatoria, en virtud del principio de presunción de inocencia.
[…]”, redacción que se mantuvo como se evidencia en la conciliación de los textos
aprobados en plenaria de Cámara de Representantes y Senado de la República25.

24
Gaceta del Congreso de la República núm. 626 de 10 de junio de 2021.
25
Gaceta del Congreso de la República núm. 413 de 4 de mayo de 2022.

20

Radicación núm.: 81001 23 39 000 2024 00025 01
Accionante: Carlos Alberto Merchán Espíndola

77. Lo anterior implica que el análisis para la configuración objetiva de la causal es
distinto, puesto que debe verificarse, en el numeral 4. del artículo 60 de la Ley 2200,
la existencia de una decisión judicial condenatoria ejecutoriada y en firme en la que
se haya juzgado la conducta que configure la indebida destinación de dineros
públicos, lo cual no ocurre en la disposición prevista en el numeral 4. del artículo 48
de la Ley 617, lo cual hace que estas normas sean incompatibles.

78. De tal forma, el numeral 4. del artículo 60 de la Ley 2200 derogó parcial, tácita y
orgánicamente el numeral 4. del artículo 48 de la Ley 617. Es parcial, por cuanto la
norma continúa siendo aplicable para los concejales y miembros de las juntas
administradoras locales; es tácita, en razón a que surge de la incompatibilidad de
las normas; y, es orgánica, si se tiene en cuenta que la disposición hace parte de
un nuevo régimen integral y especial aplicable a los departamentos y a los diputados
de las asambleas departamentales.

79. Esta tesis, se encuentra en consonancia con la sostenida por esta Sección, en la
sentencia de 21 de noviembre de 202426, en la cual se indicó que:

“[…] 82. En suma, la Sala considera que el numeral 4.° del artículo 60 de la Ley
2200 que prevé la pérdida de la investidura “[…] por sentencia condenatoria en
firme sobre indebida destinación de dineros públicos […]”, derogó parcial, tácita
y orgánicamente, la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 4.°
del artículo 48 de la Ley 617: la derogatoria es parcial, en cuanto esta última
norma sigue vigente y es la aplicable a los concejales y ediles, pero no a los
diputados, a quienes les aplica la causal prevista en el numeral 4.° del artículo
60 de la ley 2200; es tácita, porque surge de la incompatibilidad que conlleva la
literalidad de una y otra de las causales de pérdida de investidura; y es orgánica,
porque el artículo 60 de la Ley 2200 introdujo al ordenamiento un nuevo
régimen, íntegro y completo, para la organización y funcionamiento de los
departamentos, dentro del cual se previó el régimen de pérdida de la investidura
exclusivo de los Diputados. […]”

80. Así las cosas, la causal de pérdida de investidura con base en la cual se debe
analizar la conducta del diputado acusado, señor Juan Alfredo Quenza Ramos, es
la prevista en el numeral 4. del artículo 60 de la Ley 2200 27, siendo esta la
disposición vigente al momento de la ocurrencia de los hechos que fundamentan la
causal de pérdida de investidura28, la cual señala que:

“[…] Artículo 60. Pérdida de la investidura. Se decretará la pérdida de
investidura en los siguientes casos:

(…)

4. Por sentencia condenatoria en firme sobre indebida destinación de dineros
públicos. […]”

26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 21 de noviembre de 2024. Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de diputado.
Radicación núm.: 810012339000202400031-01.
27
La Ley 2200 fue publicada en el Diario Oficial núm. 51.942 del 8 de febrero de 2022.
28
Las sesiones de la Asamblea Departamental de Arauca a las cuales no habría asistido la parte accionada se presentaron
con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 2200, toda vez que se dieron en los meses de julio, agosto y diciembre
de 2023.

21

Radicación núm.: 81001 23 39 000 2024 00025 01
Accionante: Carlos Alberto Merchán Espíndola

II.4.2. La excepción de inconstitucionalidad del numeral 4. del artículo 60 de la
Ley 2200

81. La apelante solicitó la inaplicación del aparte “[…] sentencia condenatoria en
firme […]”, del numeral 4. del artículo 60 de la Ley 2200, acudiendo a la figura de la
excepción de inconstitucionalidad, considerando que:

81.1. Con la expedición de la sentencia C-319 de 1994, por parte de la Corte
Constitucional, se habría configurado la cosa juzgada material, pues tal sentencia
declaró la inexequibilidad de la exigencia de sentencia penal condenatoria para las
causales de indebida destinación de dineros públicos y tráfico de influencias.

81.2. El proceso de pérdida de investidura es autónomo respecto de otros regímenes
sancionatorios como el penal y el disciplinario y la exigencia de una sentencia
condenatoria previa para las causales contenidas en los numerales 4. y 5. del
artículo 60 de la Ley 2200, vaciaría de contenido la competencia de esta jurisdicción.

81.3. Conforme al artículo 299 de la Carta Política, no es posible establecer causales
de pérdida de investidura menos estrictas que las previstas para los congresistas.

81.4. Se desconoció el derecho a la igualdad pues la norma dispensa un trato
discriminatorio frente a los demás miembros de las corporaciones públicas de
elección popular, sin ningún fundamento constitucional.

82. La Corte Constitucional29, en relación con la excepción de inconstitucional, ha
resaltado que:

“[…] tiene fundamento en el principio de supremacía constitucional establecido
en el artículo 4 de la Carta Política. La Corte ha sostenido que “es una facultad
o posibilidad (o si se quiere, una herramienta) de los operadores jurídicos, en
tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como una acción; pero se configura
igualmente como un deber en tanto las autoridades no pueden dejar de hacer
uso de ella en los eventos en que detecten una clara contradicción entre la
disposición aplicable a un caso concreto y las normas constitucionales”30. Esta
herramienta se usa con el fin de proteger, en un caso concreto, y con efecto inter
partes, los derechos fundamentales que estén en riesgo por la aplicación de
una norma de inferior jerarquía y que, de forma clara y evidente, contraría las
normas contenidas dentro de la Constitución Política31.

110. La jurisprudencia constitucional ha establecido “tres escenarios
puntuales”32 en los que procede dar aplicación a la excepción de
inconstitucionalidad, a saber: “(i) La norma es contraria a las [sic] cánones
superiores y no se ha producido un pronunciamiento sobre su constitucionalidad
[…]; (ii) La regla formalmente válida y vigente reproduce en su contenido otra
que haya sido objeto de una declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte
Constitucional o de nulidad por parte del Consejo de Estado, en respuesta a

29
Corte Constitucional, Sentencia SU 429 de 2023. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
30
Sentencia SU-132 de 2013.
31
Ibidem.
32
Sentencia SU-599 de 2019. Reiterada en la Sentencia SU-109 de 2022.

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Radicación núm.: 81001 23 39 000 2024 00025 01
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una acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad
según sea el caso; o, (iii) En virtud, de la especificidad de las condiciones del
caso particular, la aplicación de la norma acarrea consecuencias que no
estarían acordes a la luz del ordenamiento iusfundamental”. En otras
palabras, “puede ocurrir también que se esté en presencia de una norma que,
en abstracto, resulte conforme a la Constitución, pero no pueda ser utilizada en
un caso concreto sin vulnerar disposiciones constitucionales”33. […]”

83. Ahora bien, la sentencia C-319 de 199434, proferida por la Corte Constitucional,
declaró inexequible el parágrafo segundo del artículo 296 de la Ley 5 de 17 de junio
de 199235, disposición que indicaba que “[…] Para proceder en los ordinales 4 y 5
de este artículo se requerirá previa sentencia penal condenatoria. […]”, numerales
que correspondían a las causales de pérdida de investidura de indebida destinación
de dineros públicos (numeral 4.) y tráfico de influencias debidamente comprobadas
(numeral 5.).

84. La Corte Constitucional, para adoptar su decisión, argumentó lo siguiente:

“[…] Esta Corporación estima contraria a la Carta Política la exigencia de previa
sentencia penal condenatoria, en los dos casos a que se ha hecho referencia.
En ello, comparte el criterio del señor Procurador General de la Nación, que
prohíja el del H. Consejo de Estado.

En efecto, en sentir de esta Corte, por razón de su naturaleza y de los fines que
la inspiran, la pérdida de la investidura constituye un verdadero juicio de
responsabilidad política que culmina con la imposición de una sanción de
carácter jurisdiccional, de tipo disciplinario que castiga la transgresión al código
de conducta intachable que los congresistas deben observar por razón del
inapreciable valor social y político de la investidura que ostentan.

Para la Corte, el tipo de responsabilidad política de carácter disciplinario exigible
al Congresista que incurriere en la comisión de una de las conductas que el
Constituyente erigió en causal de pérdida de la investidura, es perfectamente
diferenciable y separable de la penal que la misma pudiere también originar, por
haber incurrido en un delito, independientemente de la acción penal.

La jurisprudencia36 constitucional, en su largo recorrido, ha tenido oportunidad
de examinar esta cuestión, y de decantar las razones que hacen
constitucionalmente válida la coexistencia de los regímenes disciplinario y penal
para los servidores del Estado y para los agentes transitorios de ejercicio de
funciones públicas, por proteger cada uno de ellos intereses diferenciados, que
la sociedad tiene en alta estima.

(…)

Es frecuente observar cómo a diario se registran casos en que, para diferenciar
la acción penal de la disciplinaria, un servidor puede ser procesado penalmente,
sin perjuicio de la acción disciplinaria, frente a una supuesta falta o infracción,
más aún cuando la Carta Política no exige en parte alguna que previamente a
la declaratoria de pérdida de investidura de los Congresistas, de que tratan las

33
Sentencia T-681 de 2016. Reiterada en la Sentencia SU-109 de 2022.
34
Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara.
35
“[…] Por la cual se expide el Reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes. […]”
36
Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala Plena. Sentencias de junio 5 de 1975, noviembre 15 de 1984, y marzo 7 de 1985,
entre otras.

23

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causales 4a. y 5a. del artículo 183, se requiera "previa sentencia penal
condenatoria."

Además, por cuanto quien conoce de la acción disciplinaria, con plena
competencia constitucional, no es el mismo organismo a quien se le ha adscrito
la potestad de la sanción penal.

Ello es obvio, pues, lo contrario, conduciría indefectiblemente a que, por el
hecho de ser sancionado penalmente por un organismo diferente, tenga otra
Corporación judicial (Consejo de Estado) que limitarse a cumplir el proveído que
consolida la existencia de un delito, para deducir, además, sin fórmula de juicio,
una responsabilidad disciplinaria de pérdida de investidura que acarrearía una
doble sanción frente a un mismo hecho, con violación del principio universal
NON BIS IN IDEM.

Tal visión recortaría en forma grave la competencia del Consejo de Estado,
órgano al cual la Constitución le confiere exclusivamente la competencia de
decretar la pérdida de la investidura. Se observa además, que sin la plenitud
de atribuciones inherentes al ejercicio de jurisdicción en materia sancionatoria,
como son las competencias judiciales de instrucción, de acusación y de
juzgamiento, no podría constitucionalmente habérsele asignado al Tribunal
Supremo de lo Contencioso Administrativo la competencia de imponer esta
sanción, sometiéndola a la existencia de un requisito previo, no previsto en la
Carta, como lo es el de la "previa sentencia penal condenatoria" a que alude la
norma acusada.

Agrégase a lo anterior que la existencia de estos dos tipos de responsabilidad
separables y autonómos es, por lo demás, lo congruente con las razones que
inspiraron al Constituyente para consagrar, con los propósitos que ya se
mencionaron, un sistema más severo que estuviese a disposición de los
ciudadanos, para sancionar los comportamientos que atenten contra la dignidad
de la investidura de Congresista, alejada de cualquier proceso previo de
carácter penal.

En razón de lo expuesto, esta Corte declarará la inexequibilidad del parágrafo
segundo del artículo 296, al igual que la del artículo 297, que condicionan la
iniciación del proceso de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado, en
el caso de indebida destinación de dineros públicos o tráfico de influencias
debidamente comprobado, a una previa sentencia penal condenatoria,
exigencia esta que en ninguna parte se encuentra consagrada en la Carta
Política. […]”.

85. La Sala estima que, si bien es cierto, conforme al artículo 299 de la Carta Política,
el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados no puede ser
menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda, esta
disposición no se extiende a las causales de pérdida de investidura.

86. Adicionalmente, la sentencia C-314 de 1994 declaró la inexequibilidad del
requerimiento previo de sentencia penal condenatoria para las causales de pérdida
de investidura de los congresistas contenidas en la Ley 5, bajo el argumento central
consistente en que la Carta Política no previó tal exigencia, en la medida en que el
régimen de pérdida de investidura de los congresistas tiene como fuente directa la
Constitución Política.

24

Radicación núm.: 81001 23 39 000 2024 00025 01
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87. Por ello, el razonamiento anterior no puede ser aplicable al presente asunto
puesto que las causales de pérdida de investidura de los diputados, no están
previstas en la Carta Política, sino que deben ser fijadas en la ley, siguiendo los
artículos 150, numeral 23., 293 y 299 Constitucionales.

88. No puede predicarse, para el presente asunto, la existencia de una cosa juzgada
material derivada de la sentencia C-319 de 1994, ni es posible aplicar la excepción
de inconstitucionalidad con sustento en los artículos 183 y 299 de la Carta Política.

89. No obstante, la Sala estima que, como lo manifestó el apelante, el aparte “[…]
sentencia condenatoria en firme […]” contenido en el numeral 4. del artículo 60 de
la Ley 2200, es incompatible con el artículo 13 de la Carta Política que establece el
derecho a la igualdad, en la siguiente forma:

“[…] Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptara medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se
cometan. […]” (negrilla del texto)

90. La Corte Constitucional37 le ha asignado, al derecho fundamental a la igualdad,
dos dimensiones, una formal y otra material. La dimensión formal:

“[…] se afinca en el principio de razonabilidad y no discriminación, que obliga a
que se otorgue un trato idéntico a las personas que se encuentren en similares
circunstancias, o uno diferente a los individuos que se hallan en una situación
disímil. También, establece que se suministre un trato igual a pesar de la
diferencia (existen similitudes y diferencias, empero las primeras son más
relevantes) o dispar a pesar de la similitud (existes elementos iguales y distintos,
pero los segundos son más importante). Se trata de evaluar la razonabilidad del
tratamiento y censurar las arbitrariedades. […]”

91. En lo que se refiere a la dimensión material, se asienta en el principio de no
subordinación, “[…] el cual intenta impedir que se excluyan a grupos de la sociedad.
Reconoce entonces que, en la realidad, las personas no son iguales y prescribe que
deben establecerse medidas jurídicas que reviertan el estado de cosas inequitativo,
es decir, que reacomoden la diferencia. […]”38.

37
Corte Constitucional, Sentencia C-519 de 2019. M.P. Alberto Rojas Ríos.
38
Corte Constitucional, Sentencia C-519 de 2019. M.P. Alberto Rojas Ríos.

25

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92. La figura de la pérdida de investidura está establecida para los congresistas 39,
los diputados40, los concejales municipales y distritales41 y los miembros de las
juntas administradoras locales, cuya característica común es que son miembros de
corporaciones públicas42.

93. Asimismo, para todos los señalados miembros de corporaciones públicas,
conforme lo ha señalado la Corte Constitucional43, el medio de control de pérdida
de investidura:

“[…] comporta un juicio ético, que exige de los representantes elegidos por el
pueblo un comportamiento recto, pulcro y transparente. En efecto, el juez de
pérdida de investidura juzga a los miembros de los cuerpos colegiados a partir
de un código de conducta previsto en la Constitución que deben observar en
razón del valor social y político de la investidura que ostentan44.

Así pues, el fundamento de este proceso sancionatorio es preservar la dignidad
del cargo público de elección popular, y en esa medida, se trata de un
mecanismo de democracia participativa, mediante el cual los ciudadanos
ejercen control sobre sus representantes, a quienes han otorgado un mandato
a través de la vía electoral. En ese orden de ideas, este juicio constituye un
mecanismo de control político de los ciudadanos y un instrumento de
depuración al alcance de las corporaciones públicas contra sus propios
integrantes, cuando estos incurran en conductas contrarias al buen servicio, el
interés general o la dignidad que ostentan45.

Dado que las conductas que dan origen a la sanción de pérdida de investidura
comportan la defraudación del principio de representación, el Constituyente
previó una grave consecuencia jurídica para el ejercicio de los derechos
políticos del condenado, que es la separación inmediata de las funciones que
venía ejerciendo como integrante del cuerpo colegiado del cual hace parte y la
inhabilidad permanente para serlo de nuevo en el futuro. […]”

94. Las disposiciones constitucionales y legales que establecen la causal de pérdida
de investidura que se le atribuye al accionado en este proceso, son las siguientes:

94.1. Numeral 4. del artículo 183 de la Carta Política:

“[…] Artículo 183. Los congresistas perderán su investidura:

(…) 4. Por indebida destinación de dineros públicos. […]”

94.2. Numeral 4. del artículo 48 de la Ley 617:

“[…] Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y
distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y

39
Artículo 183 de la Carta Política.
40
Artículo 60 de la Ley 2200
41
Artículo 48 de la Ley 617.
42
Corte Constitucional, Sentencia C-293 de 2020. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado y Cristina Pardo Schlesinger. Al respecto,
la Corte Constitucional señaló que “[…] 99.1.1. Los miembros de las corporaciones públicas: son los ediles, concejales,
diputados y congresistas. […]” (negrilla del texto).
43
Corte Constitucional, Sentencia SU 424 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
44
Ver sentencia C-319 de 1994 (M.P. Hernando Herrera Vergara).
45
Ver sentencia T-147 de 2011 (M.P. Mauricio González Cuervo).

26

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concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras
locales perderán su investidura:

(…)

4. Por indebida destinación de dineros públicos. […]”

94.3. Numeral 4. del artículo 60 de la Ley 2200:

“[…] Artículo 60. Pérdida de la investidura. Se decretará la pérdida de
investidura en los siguientes casos:

(…)

4. Por sentencia condenatoria en firme sobre indebida destinación de dineros
públicos. […]”

95. Nótese que los artículos 183, numeral 4., constitucional y 48, numeral 4., de la
Ley 617 establecen como causal de pérdida de investidura la indebida destinación
de dineros públicos para congresistas, concejales y miembros de las juntas
administradoras locales.

96. Para el caso de los diputados, el numeral 4. del artículo 60 de la Ley 2200
estableció la causal de pérdida de investidura, agregando el ingrediente normativo
de “[…] sentencia condenatoria en firme […]”, lo cual implica que, para el caso de
estos servidores públicos, es necesario, para proceder al estudio de la conducta de
un diputado, que exista una previa decisión judicial ejecutoriada y en firme sobre la
indebida destinación de dineros públicos.

97. Es clara la existencia de un trato diferenciado favorable a los diputados con
respecto a los demás miembros de corporaciones públicas, esto es, congresistas,
concejales y miembros de las juntas administradoras locales, que se justificó en la
protección de la presunción de inocencia46.

98. La presunción de inocencia, conforme lo ha señalado la Corte Constitucional 47:

“[…] es un derecho en virtud del cual la persona deberá ser tratada como
inocente mientras no se demuestre lo contrario a través de un proceso judicial
adelantado con todas las garantías, en el cual se le haya declarado
judicialmente culpable mediante sentencia ejecutoriada.48 Asimismo, la
presunción de inocencia es una de las garantías que hacen parte del debido

46
Cfr. Gaceta del Congreso núm. 626 de 10 de junio de 2021.
47
Corte Constitucional, Sentencia C-003 de 2017. M.P. Aquiles Arrieta Gómez.
48
Así es definida la presunción de inocencia en las Sentencias C-205 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández; SV Rodrigo
Escobar Gil; SV Marco Gerardo Monroy Cabra), C-271 de 2003 (MP Rodrigo Escobar Gil; SPV Alfredo Beltrán Sierra; SPV
Clara Inés Vargas Hernández), T-331 de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño) y C-720 de 2007 (MP Catalina Botero Marino con
AV).

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Radicación núm.: 81001 23 39 000 2024 00025 01
Accionante: Carlos Alberto Merchán Espíndola

proceso49 y tiene un carácter fundamental,50 por lo cual debe aplicarse no solo
a sanciones penales, sino también administrativas.51 […]”

99. La diferencia de trato dispensado a los diputados con respecto a los congresistas,
concejales y miembros de las juntas administradoras locales, exigiendo para los
primeros la existencia de una decisión judicial ejecutoriada y en firme para el
juzgamiento de la indebida destinación de dineros públicos resulta ser
desproporcionado con los fines que busca la norma.

100. Como lo señaló la Corte Constitucional52:

“[…] La gravedad de la sanción que se impone, exige que el proceso de pérdida
de investidura se lleve a cabo con observancia del debido proceso,
particularmente, de los principios pro homine, in dubio pro reo, de legalidad (las
causales son taxativas y no hay lugar a aplicar normas por analogía),
objetividad, razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad, y culpabilidad. […]”

101. Dentro de las garantías del debido proceso aplicables al proceso de pérdida de
investidura se encuentra la presunción de inocencia, de tal forma que los miembros
de las corporaciones públicas deben ser tratados como inocentes mientras no se
demuestre lo contrario a través de un proceso judicial adelantado con todas las
garantías, en el cual se le haya declarado judicialmente culpables mediante
sentencia ejecutoriada.

102. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación53 destacó
la aplicación de la presunción de inocencia al proceso de pérdida de investidura,
así:

“[…] La pérdida de investidura es una grave sanción que se puede imponer a
los congresistas y a otros servidores públicos de elección popular por haber
unos y otros incurrido en el régimen especial conocido como de las causales de
pérdida de investidura, esto es, por haber incurrido en conductas tipificadas
especialmente por la Constitución y la ley y merecedoras de esa sanción.

49
Las sentencias T 460 de 1992 (MP José Gregorio Hernández Galindo), SU-1723 de 2000 (MP Alejandro Martínez
Caballero), C-774 de 2001 (MP Rodrigo Escobar Gil con AV), T-827 de 2005 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), C-030 de
2003 (MP Álvaro Tafur Galvis), C-416 de 2002 (MP Clara Inés Vargas Hernández), C-271 de 2003 (MP Rodrigo Escobar Gil;
SPV Alfredo Beltrán Sierra; SPV Clara Inés Vargas Hernández), C-1156 de 2003 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-331 de 2007
(MP Jaime Córdoba Triviño), C-417 de 2009 (MP Juan Carlos Henao Pérez, SV Nilson Pinilla Pinilla, SV Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, SV Luis Ernesto Vargas Silva, SV Manuel Urueta Ayola), T-763 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez), C-289 de
2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), señalan que la presunción de inocencia es una parte integrante del debido proceso.
50
Las Sentencias T-525 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón; AV José Gregorio Hernández Galindo), C-774 de 2001 (MP Rodrigo
Escobar Gil con AV), C-416 de 2002 (MP Clara Inés Vargas) y C-417 de 2009 (MP Juan Carlos Henao Pérez, SV Nilson
Pinilla Pinilla, SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, SV Luis Ernesto Vargas Silva, SV Manuel Urueta Ayola) reconocieron que se
trata de un derecho fundamental.
51
Las Sentencias T-581 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón, SV José Gregorio Hernández Galindo),C-244 de 1996 (MP Carlos
Gaviria Díaz, SV Eduardo Cifuentes Muñoz; SV Julio Cesar Ortiz Gutiérrez), T-470 de 1999 (MP José Gregorio Hernández
Galindo), SU-1723 de 2000 (MP Alejandro Martínez Caballero), C-555 de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), C-1156
de 2003 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-561 de 2005 (MP Marco Gerardo Monroy Gaviria), T-969 de 2009 (MP María Victoria
Calle Correa), C-595 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio) y T-763 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez) señalaron
que la presunción de inocencia no solo se aplica a actuaciones penales sino a otros procesos en los cuales se impongan
sanciones.
52
Corte Constitucional Sentencia SU 424 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
53
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejero ponente: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
Sentencia de 23 de marzo de dos mil diez (2010). Radicación núm.: 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI).

28

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Accionante: Carlos Alberto Merchán Espíndola

Por tratarse, como ya se dijo, de una acción pública de tipo punitivo, la acción
de pérdida de investidura está sujeta a los principios generales que gobiernan
el derecho sancionador tales como la presunción de inocencia y el principio de
legalidad de la causal por la cual se impondría la sanción. Sanción que debe
imponerse según los postulados del Estado Social de Derecho y conforme con
las reglas del debido proceso. En ese orden, les corresponde tanto al
demandante como al Estado acreditar debidamente la existencia de la causal
en la que habría incurrido el congresista y la conducta constitutiva de la falta,
todo eso dentro de las garantías procesales, se repite, reconocidas por la
Constitución y los tratados internacionales en favor de los sujetos sometidos a
un juicio a cargo del Estado. […]”

103. Resulta, en consecuencia, desproporcionada la protección reforzada que se les
dispensa a los diputados si se tiene en cuenta que, aun sin la exigencia de una
sentencia condenatoria en firme, los miembros de las corporaciones públicas que
se vean sometidos a un proceso de pérdida de investidura estarán cobijados por la
garantía de la presunción de inocencia de tal modo que serán los accionantes
quienes deberán acreditar los elementos objetivos y subjetivos para la configuración
de las causales que les atribuyan.

104. Asimismo, la exigencia de una decisión judicial condenatoria por ilícitos sobre
destinación de dineros públicos desconoce la autonomía que esta Corporación54 y
la Corte Constitucional55 le han reconocido a los procesos de pérdida de investidura,
vaciando de contenido la competencia de esta jurisdicción e impidiendo que
satisfaga la finalidad para la cual está instituido el medio de control, consistente en
castigar a los miembros de las corporaciones públicas que incurran en conductas
reprochables por ser incompatibles con la dignidad del cargo público de elección
popular que ostentan y que comportan la defraudación del principio de
representación.

105. En este mismo sentido, se ha pronunciado esta Sección, en la sentencia de 21
de noviembre de 202456, en la cual se concluyó que:

“[…] 91. En esa medida, la Sección Primera considera que la expresión “[…] por
sentencia condenatoria en firme […]”, prevista en el numeral 4.° del artículo 60
de la Ley 2200, es abiertamente incompatible con el artículo 13 de la
Constitución Política, según el cual “[…] Todas las personas nacen libres e
iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y
gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua,
religión, opinión política o filosófica […]”.

(…)

54
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejero Ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez.
Sentencia de 8 de agosto de 2023. Referencia: Pérdida de Investidura. Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-04833-01
acumulado al proceso 11001-03-15-000-2022-04637-01.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Primera Especial de Decisión de Pérdida de
Investidura. Consejera Ponente: María Adriana Marín. Sentencia de 21 de octubre de 2020. Radicación núm.: 11001-03-15-
000-2020-00517-00(PI).
55
Corte Constitucional, sentencias SU 424 de 2016 y SU 474 de 2020. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado y José Fernando
Reyes Cuartas, respectivamente.
56
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 21 de noviembre de 2024. Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de diputado.
Radicación núm.: 810012339000202400031-01.

29

Radicación núm.: 81001 23 39 000 2024 00025 01
Accionante: Carlos Alberto Merchán Espíndola

94. En este caso, la Sección Primera considera que el ingrediente normativo
“[…] por sentencia condenatoria en firme […]” conlleva el tratamiento
diferenciado de los Diputados, frente a los Concejales, municipales y distritales,
y a los Ediles, en relación con el régimen de pérdida de investidura que conlleva
la restricción de los derechos políticos de los elegidos popularmente, puesto
que el numeral 4.° del artículo 48 de la Ley 617, sobre pérdida de investidura
de los concejales municipales y distritales y de miembros de juntas
administradoras locales, “[…] por indebida destinación de dineros públicos […]”,
es la norma vigente, aplicable a dichos servidores públicos.

95. La Sección Primera arriba a dicha conclusión, con fundamento en las
siguientes razones:

95.1. Los diputados, concejales y ediles son miembros de corporaciones
públicas de elección popular, y son sujetos comparables, en la medida en que:
i) son servidores públicos de elección popular, miembros de corporaciones
públicas, destinatarios del régimen de pérdida de la investidura: los diputados,
conforme al previsto en el artículo 60 de la Ley 2200; los concejales y ediles,
conforme al previsto en el artículo 48 de la Ley 617.

95.2. Para los servidores públicos de elección popular mencionados, e incluso
para los Congresistas de la República, el ejercicio de su investidura se enmarca
en la defensa de la dignidad del cargo y la salvaguarda del principio de
representación democrática, finalidades constitucionales en las que se
fundamentan: i) el proceso sancionatorio de pérdida de investidura y su
consecuente restricción de los derechos políticos; y ii) el control político y la
participación ciudadana como prerrogativa de todos los ciudadanos, con
independencia de la corporación pública a la que pertenezca su destinatario.

95.3. La diferencia de tratamiento entre ambos grupos es evidente: mientras el
numeral 4.° del artículo 60 de la Ley 2200 exige sentencia condenatoria en firme
para la procedencia de la causal de pérdida de investidura por indebida
destinación de dineros públicos de los diputados, la causal homóloga, prevista
para los Concejales y Ediles en el numeral 4.° del artículo 48 de la Ley 617, no
prevé la exigencia de dicho requisito, de manera que el proceso sancionatorio
puede adelantarse sin la necesidad de una sentencia condenatoria.

95.4. La justificación que tuvo el legislador para introducir el elemento
diferenciador entre las causales de pérdida de investidura del numeral 4.° del
artículo 60 de la Ley 200 y el numeral 4.° del artículo 48 de la Ley 617, la hizo
consistir en la garantía constitucional de la presunción de inocencia; no
obstante, se considera que la exigencia del requisito de una sentencia
condenatoria en firme, es decir, una sentencia ejecutoriada, no es proporcional
a los fines previstos por la norma que lo introdujo, cuales son, la salvaguarda
del principio democrático y de la dignidad de la investidura que se otorga por
voto popular, máxime cuando, conforme con el artículo 29 de la Constitución
Política, los procesos y actuaciones de las autoridades, judiciales o
administrativas, están compelidos a garantizar el debido proceso.

95.5. Por último, la Sección Primera considera que la medida referida a exigir
que los diputados solamente pueden perder la investidura cuando han sido
condenados por ilícitos sobre destinación de dineros públicos, no resulta eficaz
y útil para satisfacer la finalidad para la cual fue estatuido el proceso de pérdida
de investidura, comoquiera que supedita la prosperidad del medio de control a
las resultas de un proceso que ha de antecederla, desconociendo la naturaleza
del mismo, así como la autonomía e independencia, reconocida por la
jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, a los
procesos de pérdida de investidura.

30

Radicación núm.: 81001 23 39 000 2024 00025 01
Accionante: Carlos Alberto Merchán Espíndola

96. En suma, el ingrediente normativo “[…] por sentencia condenatoria en firme
[…]”, previsto en la causal de pérdida de investidura del numeral 4.° de la Ley
2200, introduce un tratamiento diferenciado a los diputados respecto de los
concejales, los ediles, e incluso respecto de los congresistas, el cual, según lo
expuesto líneas atrás, no tiene justificación constitucional ni teleológica. […]”

106. Como consecuencia de lo expuesto, la Sala aplicará, en el caso concreto, la
excepción de inconstitucionalidad respecto de la expresión “[…] sentencia
condenatoria en firme […]” y estudiará el caso concreto atendiendo la causal de
pérdida de investidura prevista en el numeral 4. del artículo 60 de la Ley 2200, esto
es, por indebida destinación de dineros públicos.

II.4.3. La configuración de los elementos objetivos de la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos.

107. Esta Sección57, en relación con los elementos para la configuración de la causal
de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos, ha precisado
lo siguiente:

“[…] 43. En primer orden, que la indebida destinación de dineros públicos es
una norma abierta porque la normativa Constitucional y legal no establece el
alcance de la causal ni detalla un catálogo de conductas específicas que la
configuran, lo cual atiende a la finalidad de la causal, cual es: censurar cualquier
uso de los dineros públicos para fines no previstos, distintos, prohibidos o no
autorizados por la Constitución Política, las leyes o el reglamento, porque con
ello traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos estatales
preestablecidos en la normativa que regula el gasto58.

44. En segundo orden, si bien la indebida destinación de dineros públicos se
puede configurar a través de la transgresión de tipos penales, “[…] dada la
autonomía e independencia existente entre las acciones de pérdida de
investidura y penal, las conductas que materializan la indebida destinación de
dineros públicos configuran la causal de pérdida de investidura sin que
necesariamente deban estar tipificadas como delitos […]”59.

45. En tercer orden, para efectos de la causal de desinvestidura, la expresión
“dinero público” se debe entender como aquellos recursos públicos que
administra el Estado.

46. En cuarto orden, la configuración objetiva de la causal de pérdida de
investidura sub examine requiere la acreditación de tres elementos, a saber: i)

57
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero Ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 11 de febrero de 2021. Radicación núm.: 68001-23-33-000-2019-00893-01(PI)
58
Ver Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión de Pérdida de Investidura; sentencia de 3 de diciembre de
2019; proceso identificado con el número único de radicación 110010315000201900771-00 C.P. doctora Rocío Araújo Oñate.
Sentencia del 6 de mayo de 2014, consejero ponente: Enrique Gil Botero, expediente: 11001-03-15-000-2013-00865-00.
Sentencia del 28 de marzo de 2017. MP. Rafael Francisco Suárez Vargas. Expediente 11001-03-15-000-2015-00111-00 (PI).
59
Ver Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión de Pérdida de Investidura; sentencia de 3 de diciembre de
2019; proceso identificado con el número único de radicación 110010315000201900771-00 C.P. doctora Rocío Araújo Oñate.
En dicha providencia se citan las sentencias: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de
19 de octubre de 1994. MP. Juan de Dios Montes. Expediente AC-2102. Sentencia del 30 de julio de 2002. MP Jesús María
Lemos Bustamante, expediente: 11001-03-15-000-2001-0248-01 y concluye que la autonomía entre las acciones penal y de
pérdida de investidura es congruente con lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-319 del 14 de julio de
1994, mediante la cual se declaró la inexequibilidad del parágrafo segundo del artículo 296 de la Ley 5 de 1992, que
condicionaba la procedencia de la acción de pérdida de investidura de los miembros del Congreso por indebida destinación
de dineros públicos o tráfico de influencias, a la existencia previa de sentencia penal condenatoria.

31

Radicación núm.: 81001 23 39 000 2024 00025 01
Accionante: Carlos Alberto Merchán Espíndola

que se ostente la condición de congresista ii) que se esté frente a dineros
públicos y iii) que los dineros públicos sean indebidamente destinados.

47. En cuarto orden, la indebida destinación de dineros públicos se configura
en los siguientes casos:

47.1. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular destina
los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados.

47.2. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular los
destina a objetos, actividades o propósitos autorizados, pero diferentes a los
cuales esos dineros se encuentran asignados.

47.3. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular aplica
los dineros a objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la
Constitución, la ley o el reglamento.

47.4. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular aplica
los dineros públicos a materias innecesarias o injustificadas.

47.5 Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un incremento
patrimonial personal o de terceros.

47.6. Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un beneficio no
necesariamente económico en su favor o en el de terceros. […]”

108. LaSala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación60 ha
señalado que:

“[…] se incurre en una indebida destinación de dineros públicos, de manera
directa, al aplicar los recursos correspondientes a propósitos prohibidos, no
autorizados, injustificados o innecesarios; de manera indirecta, cuando los
dineros se aplican a fines diferentes de los que justificaron la disposición del
gasto.
Por lo tanto, la Jurisprudencia de esta Corporación ha puntualizado que en dicha
prohibición pueden incurrir tanto el ordenador del gasto, como cualquier otro
Congresista cuando cambia la destinación de los recursos públicos61. […]”

II.5. El caso concreto

109. Para la configuración objetiva de la causal de pérdida de investidura atribuida al
diputado acusado, esto es, la indebida destinación de dineros públicos se requiere
la acreditación de tres elementos, a saber: i) que se ostente la condición de
diputado; ii) que se esté frente a dineros públicos; y, iii) que los dineros públicos
sean indebidamente destinados.

60
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez. Sentencia
de 4 de septiembre de 2012. Radicación núm.: 11001-03-15-000-2011-00616-00(PI).
61
Es por ello que el Consejo de Estado ha decretado la pérdida de investidura tanto por la indebida destinación de dineros
públicos causada por los Congresistas cuando actúan como ordenadores del gasto, como en situaciones donde se utilizan
instrumentos idóneos para cambiar la destinación de los dineros públicos; por ejemplo, en sentencias de 23 de mayo de 2000,
exp. AC-9878, C P. Alejandro Ordóñez Maldonado; de 30 de mayo de 2000, exp. AC-9877, C.P. Germán Rodríguez Villamizar;
de 5 de febrero de 2001, exps. AC-10528 y AC-10967, C.P. Germán Ayala Mantilla; de 8 de agosto de 2001, exps. AC-10966
y AC-11274, C.P. Reinaldo Chavarro Buriticá; de 8 de agosto de 2001, exp. AC-12546, C. P. María Elena Giraldo Gómez y
de 13 de noviembre de 2001, exp. 11001-03-15-000-2001-0101-01, C.P. Ligia López Díaz.

32

Radicación núm.: 81001 23 39 000 2024 00025 01
Accionante: Carlos Alberto Merchán Espíndola

110. Como se indicó supra, está acreditado que el señor Juan Alfredo Quenza
Ramos, fue elegido diputado del departamento de Arauca para el período 2020 –
2023, lo cual no fue objeto de cuestionamiento en el proceso.

111. Respecto del elemento consistente en que se esté frente a dineros públicos, el
artículo 16 de la Ley 2200, establece que en cada departamento habrá una
corporación político-administrativa de elección popular denominada asamblea
departamental:

“[…] la cual gozará de autonomía administrativa, presupuesto propio y podrá
ejercer control político sobre la administración departamental. Estará integrada
por no menos de once (11) miembros ni más de treinta y uno (31), que se
denominarán Diputados y tendrán la calidad de servidores públicos, sujetos al
régimen que, para esto efectos, fija la Constitución y la ley. […]”

112. Los diputados, de acuerdo con el artículo 81 de la misma ley, tienen derecho a
la remuneración por concepto de asignación mensual por mes de sesiones, de
acuerdo a la categoría del departamento.

113. El artículo 3°. de la Ley 617 estableció que los gastos de funcionamiento de las
entidades territoriales deben financiarse con sus ingresos corrientes de libre
destinación, entendiéndose por estos, conforme a su parágrafo 1°., los ingresos
corrientes excluidas las rentas de destinación específica, entendiendo por estas las
destinadas por ley o acto administrativo a un fin determinado.

114. Siguiendo las mencionadas normas y, especialmente, los artículos 3°. y 8°. de
la Ley 617, la remuneración de los diputados se cancela con cargo a los ingresos
corrientes de libre destinación, esto es, con dineros públicos.

115. Ahora bien, la parte apelante le atribuye al diputado del departamento de Arauca
acusado, señor Juan Alfredo Quenza Ramos, haber incurrió en indebida destinación
de dineros públicos al recibir el pago de i) las sesiones ordinarias realizadas los días
11 y 12 de julio de 2023; ii) la sesión ordinaria del día 27 de julio de 2023; iii) la
sesión extraordinaria realizada el 24 de agosto de 2023; y, iv) de las sesiones
extraordinarias realizadas los días 12, 13, 14, 15, 16 y 19 de diciembre de 2023, a
las cuales no habría asistido injustificadamente, conforme la solicitud de pérdida de
investidura.

116. El artículo 81 de la Ley 2200, establece la remuneración de los diputados, así:

“[…] ARTÍCULO 81. REMUNERACIÓN DE LOS DIPUTADOS. La remuneración
por concepto de asignación mensual de los diputados de las asambleas
departamentales por mes de sesiones será la siguiente:

Categoría de departamento Remuneración de diputados
Especial 30 smlm
Primera 26 smlm
Segunda 25 smlm
Tercera y cuarta 18 smlm

33

Radicación núm.: 81001 23 39 000 2024 00025 01
Accionante: Carlos Alberto Merchán Espíndola

[…]” (negrilla del texto)

117. El artículo 23 de la Ley 2200, fijó los períodos de sesiones de las asambleas
departamentales, así:

“[…] ARTÍCULO 23. PERÍODO DE SESIONES. Las Asambleas
Departamentales sesionarán de manera ordinaria durante seis (6) meses al
año, así:

El primer período del primer año de sesiones, estará comprendido entre el 1 de
enero posterior a su elección al último día del mes de febrero del respectivo año.

El segundo, tercer y cuarto año de sesiones tendrá como primer período el
comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de abril.

El segundo período será del 1 de junio al 30 de julio, y el tercer período, será
del 1 de octubre al 30 de noviembre.

Podrán sesionar durante tres (3) meses al año de forma extraordinaria, previa
convocatoria del Gobernador. En el curso de ellas solo podrá ocuparse de los
asuntos que el Gobernador someta a su consideración, sin perjuicio de la
función de control político que le es propia, así como los temas administrativos
propios de la Corporación.

Las sesiones extraordinarias que convoque el Gobernador podrán realizarse en
oportunidades diferentes siempre y cuando no se exceda el límite establecido
en este artículo.

PARÁGRAFO. Si por cualquier causa debidamente justificada por la Mesa
Directiva, las Asambleas no pudieran reunirse ordinariamente en las fechas
indicadas, lo harán tan pronto como fuere posible, dentro del periodo
correspondiente. […]”

118. Finalmente, se advierte que el artículo 44 de la Ley 2200, indica que:

“[…] ARTÍCULO 44. INASISTENCIA. La falta de asistencia de los diputados a
las sesiones, sin excusa justificada y válida, aceptada mediante resolución por
la mesa directiva, no causará la remuneración y prestaciones correspondientes;
sin perjuicio de la pérdida de la investidura cuando hubiere lugar. […]”

119. La Sala procederá al análisis de cada una de las sesiones mencionadas por la
parte accionante, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente:

i) Sesiones ordinarias de 11 y 12 de julio de 2023

120. Se aportó el acta núm. 7762, que da cuenta de la sesión ordinaria de la Asamblea
Departamental de Arauca de 11 de julio de 2023, en la cual se indicó que: “[…]
AUSENTES: JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS DIPUTADO […]”.

121. Asimismo, se allegó el acta núm. 78, correspondiente a la sesión ordinaria de la
Asamblea Departamental de Arauca de 12 de julio de 2023, en la cual se mencionó:
“[…] AUSENTES: JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS DIPUTADO […]”.

62
Índice 34, SAMAI. Expediente digital 81001233900020240002500.

34

Radicación núm.: 81001 23 39 000 2024 00025 01
Accionante: Carlos Alberto Merchán Espíndola

122. Se aportó el reporte de llamado a lista y verificación del cuórum correspondiente
a las sesiones de 11 (acta núm. 77) y 12 (acta núm. 78) de julio de 202363. De la
verificación de asistencia se colige que el acusado no respondió al llamado, lo cual
es confirmado por la grabación de esta sesión64.

123. De la planilla expedida por la oficina de tesorería de la Asamblea Departamental
de Arauca65, se advierte que, a todos los diputados, entre ellos, el accionado, les
fueron reconocidas, durante el período del 1 al 15 de julio de 2023, 15 días para un
total devengado por diputado de $10.440.000.

124. Se allegó copia de la Resolución núm. 039/2023 de 10 de julio de 202366,
proferida por la presidenta de la Asamblea Departamental de Arauca, mediante la
cual se resolvió:

“[…] RESOLUCIÓN NÚMERO 039/2023
(10 de julio de 2023)

Por medio del cual se comisiona a un Diputado de la Asamblea Departamental

(…)

ARTÍCULO PRIMERO: Comisiónese al diputado JUAN ALFREDO QUENZA
RAMOS identificado con la cédula de ciudadanía número (…), para que se
traslade a la ciudad de Bogotá D.C., durante los días 11 y 12 de julio del 2023.

ARTÍCULO SEGUNDO: Esta comisión tiene como objeto atender asuntos
inherentes a sus funciones como diputado del departamento de Arauca […]”
(negrilla del texto)

125. Conforme el artículo 44 de la Ley 2200, los diputados no tienen derecho a la
respectiva remuneración y prestaciones correspondientes, si la falta de asistencia
no cuenta con excusa justificada y válida, aceptada por resolución por la mesa
directiva.

126. En el presente asunto se encuentra que, si bien la parte accionada, no asistió a
las sesiones de 11 y 12 de julio de 2023, la misma estuvo justificada por la concesión
de una comisión para atender asuntos inherentes a sus funciones como diputado
del departamento de Arauca, con lo cual, al tenor del artículo 44 de la Ley 2200, no
se le podía privar al accionado de la remuneración y prestaciones correspondientes.

ii) Sesión ordinaria de 27 de julio de 2023

127. Se aportó el acta núm. 8567 que da cuenta de la sesión ordinaria de la Asamblea
Departamental de Arauca de 27 de julio de 2023, en la cual se indicó que: “[…]
AUSENTES: JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS DIPUTADO […]”.

63
Índices 22 y 23, SAMAI. Expediente digital 81001233900020240002500.
64
Índices 22, 35 y 36, SAMAI. Expediente digital 81001233900020240002500.
65
Índices 22 y 34, SAMAI. Expediente digital 81001233900020240002500.
66
Índice 11, SAMAI. Expediente digital 81001233900020240002500.
67
Índice 34, SAMAI. Expediente digital 81001233900020240002500.

35

Radicación núm.: 81001 23 39 000 2024 00025 01
Accionante: Carlos Alberto Merchán Espíndola

128. También obra el reporte de llamado a lista y verificación del cuórum
correspondiente a la sesión del 27 de julio de 202368 (acta núm. 85). De la
verificación de asistencia se colige que el acusado no respondió al llamado, lo cual
es confirmado por la grabación de esta sesión69.

129. De la planilla expedida por la oficina de tesorería de la Asamblea Departamental
de Arauca70, se advierte que, a todos los diputados, entre ellos, el accionado, les
fueron reconocidas, durante el período del 16 al 31 de julio de 2023, 15 días para
un total devengado por diputado de $10.440.000.

130. Se allegó copia de la Resolución núm. 042/2023 de 26 de julio de 202371,
proferida por la presidenta de la Asamblea Departamental de Arauca, mediante la
cual se resolvió:

“[…] RESOLUCIÓN NÚMERO 042/2023
(26 de julio de 2023)

Por medio de la cual se comisiona a un Diputado de la Asamblea
Departamental

(…)

ARTÍCULO PRIMERO: Comisiónese al diputado JUAN ALFREDO QUENZA
RAMOS identificado con la cédula de ciudadanía número (…), para que se
traslade a la ciudad de Bogotá, durante el día 27 de julio del 2023.

ARTÍCULO SEGUNDO: Esta comisión tiene como objeto atender asuntos
inherentes a sus funciones como diputado del departamento de Arauca […]”
(negrilla del texto)

131. Conforme el artículo 44 de la Ley 2200, los diputados no tienen derecho a la
respectiva remuneración y prestaciones correspondientes, si la falta de asistencia
no cuenta con excusa justificada y válida, aceptada por resolución por la mesa
directiva.

132. En el presente asunto se encuentra que, si bien la parte accionada, no asistió a
la sesión de 27 de julio de 2023, la misma estuvo justificada por la concesión de una
comisión para atender asuntos inherentes a sus funciones como diputado del
departamento de Arauca, con lo cual, al tenor del artículo 44 de la Ley 2200, no se
le podía privar al accionado de la remuneración y prestaciones correspondientes.

iii) Sesión extraordinaria de 24 de agosto de 2023

133. Se aportó el acta núm. 10572, que da cuenta de la sesión extraordinaria de la
Asamblea Departamental de Arauca de 24 de agosto de 2023, en la cual se indicó

68
Índices 22 y 23, SAMAI. Expediente digital 81001233900020240002500.
69
Índices 22, 35 y 36, SAMAI. Expediente digital 81001233900020240002500.
70
Índices 22 y 34, SAMAI. Expediente digital 81001233900020240002500.
71
Índice 11, SAMAI. Expediente digital 81001233900020240002500.
72
Índice 34, SAMAI. Expediente digital 81001233900020240002500.

36

Radicación núm.: 81001 23 39 000 2024 00025 01
Accionante: Carlos Alberto Merchán Espíndola

que: “[…] ASISTENTES: (…) JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS DIPUTADO (…)
AUSENTES JHON GERMAN MARTÍNEZ PLATA DIPUTADO […]”.

134. El reporte de llamado a lista y verificación del cuórum correspondiente a la
sesión de 24 de agosto de 202373 (acta núm. 105). De la verificación de asistencia
se colige que el acusado no respondió al llamado, lo cual es confirmado por la
grabación de esta sesión74, en la que se indica que el accionado no estaba en el
recinto.

135. De la planilla expedida por la oficina de tesorería de la Asamblea Departamental
de Arauca75, se advierte que al accionado le fueron reconocidos, durante el período
de sesiones extraordinarias del 23 a 30 de agosto de 2023, 7 días, para un total de
$4.872.000. Esta planilla da cuenta que el máximo de días reconocidos en este
período fue 9 días, a los concejales Alexa Milena Quirife y Kendy Yecid Rodríguez.

136. Conforme el artículo 44 de la Ley 2200, los diputados no tienen derecho a la
respectiva remuneración y prestaciones correspondientes, si la falta de asistencia
no cuenta con excusa justificada y válida, aceptada por resolución por la mesa
directiva.

137. De las pruebas que obran en el expediente se puede colegir que i) el accionado
no asistió a la sesión de 24 de agosto de 2023, sin que conste excusa justificada y
válida, aceptada mediante resolución por la mesa directiva y ii) que la sesión no le
habría sido reconocida al diputado acusado.

iv) Sesiones extraordinarias de 12, 13, 14, 15, 16 y 19 de diciembre

138. Se aportaron al expediente:

138.1. El acta núm. 15076, que da cuenta de la sesión extraordinaria de la Asamblea
Departamental de Arauca de 12 de diciembre de 2023, en la cual se indicó que: “[…]
AUSENTES: MERCEDES RINCÓN ESPINEL (…) MARIA ISABEL GELVEZ
OROZCO (…) ALEXA MILENA QUIRIFE BOHORQUEZ (…) JUAN ALFREDO
QUENZA RAMOS […]”.

138.2. El acta núm. 15177, que da cuenta de la sesión extraordinaria de la Asamblea
Departamental de Arauca de 13 de diciembre de 2023, en la cual se indicó que: “[…]
AUSENTES JHON GERMÁN MARTÍNEZ PLATA (…) JUAN ALFREDO QUENZA
RAMOS […]”.

138.3. El acta núm. 15278, correspondiente a la sesión extraordinaria de la Asamblea
Departamental de Arauca de 14 de diciembre de 2023, en la cual se mencionó: “[…]

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Índices 22 y 23, SAMAI. Expediente digital 81001233900020240002500.
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Índices 22, 35 y 36, SAMAI. Expediente digital 81001233900020240002500.
75
Índices 22 y 34, SAMAI. Expediente digital 81001233900020240002500.
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Índice 34, SAMAI. Expediente digital 81001233900020240002500.
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Índice 34, SAMAI. Expediente digital 81001233900020240002500.
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Índice 34, SAMAI. Expediente digital 81001233900020240002500.

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Radicación núm.: 81001 23 39 000 2024 00025 01
Accionante: Carlos Alberto Merchán Espíndola

AUSENTES: JHON GERMÁN MARTÍNEZ PLATA (…) MARÍA ISABEL GELVEZ
OROZCO (…) JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS […]”.

138.4. El acta núm. 15379, correspondiente a la sesión extraordinaria de la Asamblea
Departamental de Arauca de 15 de diciembre de 2023, en la cual se mencionó: “[…]
AUSENTES: MARÍA ISABEL GELVEZ OROZCO (…) JUAN ALFREDO QUENZA
RAMOS (…) JHON GERMAN MARTÍNEZ PLATA […]”.

138.5. El acta núm. 15480, correspondiente a la sesión extraordinaria de la Asamblea
Departamental de Arauca de 16 de diciembre de 2023, en la cual se mencionó: “[…]
AUSENTES: JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS […]”.

138.6. El acta núm. 15781, correspondiente a la sesión extraordinaria de la Asamblea
Departamental de Arauca de 19 de diciembre de 2023, en la cual se mencionó: “[…]
AUSENTES: JHON GERMÁN MARTÍNEZ PLATA (…) JUAN ALFREDO QUENZA
RAMOS […]”.

139. El reporte de llamado a lista y verificación del cuórum correspondiente a las
sesiones de 12 (acta núm. 150), 13 (acta núm. 151), 14 (acta núm. 152), 15 (acta
núm. 153), 16 (acta núm. 154) y 19 (acta núm. 157) de diciembre de 202382. De la
verificación de asistencia se colige que el acusado no respondió al llamado, lo cual
es confirmado por las grabaciones de estas sesiones83.

140. De la planilla expedida por la oficina de tesorería de la Asamblea Departamental
de Arauca84, se advierte que al accionado le fueron reconocidos, durante el período
de sesiones extraordinarias del 02 al 21 de diciembre de 2023, 19 días, para un total
de $13.224.000.

141. Esa planilla da cuenta que el máximo de días reconocidos en este período fue
20 días, a los concejales Alexa Milena Quirife B., Kendy Yecid Rodríguez B.,
Mercedes Rincón Espinel, María Isabel Gelvez Orozco, José Lorenzo Camacho,
Andrés Mauricio Morales Anzola, Dumar Sebastián Sánchez, Jhon German
Martínez Plata y Marco Somoza Camperos.

142. Se allegó copia de la Resolución núm. 021/2023 de 12 de diciembre de 202385,
proferida por la presidenta de la Asamblea Departamental de Arauca, mediante la
cual se resolvió:
“[…] RESOLUCIÓN NÚMERO 021/2023
(12 de diciembre de 2023)

Por medio del cual se comisiona a un Diputado de la Asamblea
Departamental, se acepta como excusa y se autoriza el pago de la
remuneración de sesiones

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Índice 34, SAMAI. Expediente digital 81001233900020240002500.
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Índice 34, SAMAI. Expediente digital 81001233900020240002500.
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Índice 34, SAMAI. Expediente digital 81001233900020240002500.
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Índice 11, SAMAI. Expediente digital 81001233900020240002500.

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Radicación núm.: 81001 23 39 000 2024 00025 01
Accionante: Carlos Alberto Merchán Espíndola

(…)

CONSIDERANDO

(…)

Que la Ordenanza No. 103 de 2022 en el artículo 29 contempla que las excusas
de los diputados para no asistir a las sesiones son: Incapacidad física o
enfermedad debidamente decretada por eps, grave calamidad doméstica,
tratándose de sesiones extraordinarias la falta de citación o aviso, el
cumplimiento de comisiones asignadas por la corporación y el caso fortuito
y la fuerza mayor; Igualmente el artículo 62 contempla los derechos de los
diputados, en numeral 7 al reconocimiento y pago de remuneración conforme a
la reglamentación legal que corresponde a la ley 617 del 2000

Que el Diputado JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS, manifiesta su interés de
viajar a la ciudad de Cali, para asistir a la inducción de alcaldes electos los días
13 y 14 de diciembre del 2023. Este curso se establece como un requisito
obligatorio para la toma de posesión el próximo 1 de enero de 2024, conforme
al Artículo 31 de la Ley 489 y el Artículo 92 de la Ley 2200 de 2022.

Que el Diputado JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS, manifiesta su interés de
viajar a la ciudad de Bogotá, para asistir a la reunión presencial para gestionar
en presidencia con fondo de paz los días 15, 16, 17 de diciembre del 2023. (sic)

Que se hace necesario autorizar una comisión al diputado JUAN ALFREDO
QUENZA RAMOS identificado con la cédula de ciudadanía número (…), para
que se traslade a la ciudad de Cali, durante los días 13 y 14 de diciembre del
2023, y en la ciudad de Bogotá, durante los días 15, 16 y 17 de diciembre del
2023.

(…)

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Comisiónese al diputado JUAN ALFREDO QUENZA
RAMOS identificado con la cédula de ciudadanía número (…), para que se
traslade a la ciudad de Cali, durante los días 13 y 14 de diciembre del 2023, y a
la ciudad de Bogotá, durante los días 15, 16 y 17 de diciembre del 2023. […]”
(negrilla del texto)

143. Se aportó copia de la Resolución núm. 019/2023 de 20 de diciembre de 202386,
proferida por la presidenta de la Asamblea Departamental de Arauca, mediante la
cual se resolvió:

“[…] RESOLUCIÓN NÚMERO 019/2023
(20 de diciembre de 2023)

Por medio del cual se comisiona a un Diputado de la Asamblea
Departamental, se acepta como excusa y se autoriza el pago de la
remuneración de sesiones

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Índice 11, SAMAI. Expediente digital 81001233900020240002500.

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Radicación núm.: 81001 23 39 000 2024 00025 01
Accionante: Carlos Alberto Merchán Espíndola

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Acéptese como excusa al diputado JUAN ALFREDO
QUENZA RAMOS identificado con la cédula de ciudadanía número (…) por los
motivos que no le permitieron asistir a la sesión del día 19 de diciembre de 2023
y autorícese el pago de la remuneración. […]”

144. El apelante cuestiona la Resolución núm. 021/2023 de 12 de diciembre de 2023,
aludiendo a una certificación expedida por la Escuela Superior de Administración
Pública (en adelante ESAP)87, en la cual se certifica que el accionado, señor Juan
Alfredo Quenza Ramos, participó en el curso de inducción para alcaldes electos
2024-2027, realizado en Cali, entre el 14 de noviembre y el 14 de diciembre de 2023,
lo cual indicaría que estuvo ausente de las sesiones de los días 13, 14 y 15 de
diciembre de 2023 desarrollando labores personales y no estaría justificada la
inasistencia a tales sesiones, luego no debía cobrarlas.

145. Del
contenido de la resolución, se advierte que son dos las motivaciones
expuestas para conceder la comisión al señor Juan Alfredo Quenza Ramos:

145.1. El interés del diputado acusado de asistir, en la ciudad de Cali, a la inducción
de alcaldes electos los días 13 y 14 de diciembre de 2023.

145.2. El interés del diputado acusado de viajar a la ciudad de Bogotá D.C., para
realizar gestiones en la Presidencia de la República, los días 15, 16 y 17 de
diciembre de 2023.

146. En lo que se refiere al cuestionamiento del apelante, la comisión otorgada al
accionado, siguiendo el Decreto núm. 1083 de 26 de mayo de 2015 88, puede
encuadrarse en la comisión de servicios regulada en el artículo 2.2.5.5.25, al
tratarse, la inducción de alcaldes electos de 2024-2027, de un seminario de interés,
tanto para el diputado, como para la administración y que se relaciona con el ramo
en que presta servicios el diputado. La norma establece, lo siguiente:

“[…] Artículo 2.2.5.5.25. Comisiones de servicios. La comisión de servicios se
puede conferir al interior o al exterior del país, no constituye forma de provisión
de empleos, se otorga para ejercer las funciones propias del empleo en un lugar
diferente al de la sede del cargo, cumplir misiones especiales conferidas por los
superiores, asistir a reuniones, conferencias o seminarios, realizar visitas de
observación que interesen a la administración y que se relacionen con el ramo
en que presta sus servicios el empleado.

Esta comisión hace parte de los deberes de todo empleado, por tanto, no puede
rehusarse a su cumplimiento.

Parágrafo. Se podrá otorgar comisión de servicios a los líderes sindicales
debidamente acreditados por las organizaciones sindicales firmantes del
Acuerdo Colectivo de contenido general, para que puedan participar en foros,
congresos, cursos al interior o al exterior en materias relacionadas con su

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Índice 11, SAMAI. Expediente digital 81001233900020240002500.
88
“[…] por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública. […]”

40

Radicación núm.: 81001 23 39 000 2024 00025 01
Accionante: Carlos Alberto Merchán Espíndola

actividad, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales de cada
entidad”. [negrilla del texto]

146.1. Se agrega que, en la contestación de la demanda89 se allegó la imagen de una
certificación expedida por un funcionario de la Presidencia de la República, en la
cual se certifica que el accionado acudió a reuniones los días 15, 16 y 17 de
diciembre de 2023, para efectos de gestionar temas de inversión social para el
departamento de Arauca, lo cual, igualmente, coincide con los propósitos de la
comisión de servicios y con las motivaciones expuestas en el acto administrativo.

147. Conforme con lo expuesto, en el presente asunto se encuentra que:

147.1. De las pruebas que obran en el expediente se puede colegir que i) el accionado
no asistió a la sesión de 12 de diciembre de 2023, sin que conste excusa justificada
y válida, aceptada mediante resolución por la mesa directiva y ii) la sesión no le
habría sido fue reconocida al diputado acusado.

147.2. Asimismo, si bien la parte accionada, no asistió a las sesiones de 13, 14, 15,
16 y 19 de julio de 2023, la inasistencia estuvo justificada por la concesión de una
comisión para los días 13, 14, 15, 16 y 17 de diciembre de 2023 y la aceptación de
una excusa para el día 19 de diciembre de 2023, con lo cual, al tenor del artículo 44
de la Ley 2200, no se le podía privar al accionado de la remuneración y prestaciones
correspondientes.

148. En suma, de acuerdo con todo lo anterior y atendiendo los hechos probados, la
Sala considera que, en este caso, el diputado de la Asamblea Departamental de
Arauca, señor Juan Alfredo Quenza Ramos, no incurrió en indebida destinación de
dineros públicos porque, conforme a lo previsto en los artículos 44 y 81 de la Ley
2200, recibió la remuneración por las sesiones a las que no asistió y cuya
inasistencia estaba debidamente justificada y no recibió el pago de las sesiones a
la cuales no asistió y no presentó excusa justificada y válida.

II.6. Conclusión

149. La Sala, acorde con los razonamientos expuestos, encuentra que el accionante
no acreditó los elementos para la configuración (objetiva) de la causal de pérdida
de investidura prevista en el artículo 60, numeral 4., de la Ley 2200, esto es, por
indebida destinación de dineros públicos, carga que le asistía conforme el artículo
167 de la Ley 1564, razón por la que no es necesario emprender el estudio del
elemento subjetivo de culpabilidad y por ello, negará la solicitud de pérdida de
investidura del diputado de la Asamblea Departamental de Arauca, período 2020-
2023, señor Juan Alfredo Quenza Ramos.

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Índice 11, SAMAI. Expediente digital 81001233900020240002500.

41

Radicación núm.: 81001 23 39 000 2024 00025 01
Accionante: Carlos Alberto Merchán Espíndola

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 12 de julio de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Arauca, conforme con las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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