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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 81001-23-39-000-2024-00023-02

Fecha
19 de junio de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 81001-23-39-000-2024-00023-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 18 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, pero por las razones expuestas en las consideraciones de esta providencia. SEGUNDO: COMPULSAR copias a la Procuraduría General de la Nación, para lo de su competencia, de conformidad con lo considerado en esta providencia. TERCERO: ADVERTIR, a la comunidad en general, que las consideraciones expuestas sobre el alcance y contenido del artículo 44 de la Ley 2200, tendrán aplicación para hechos que ocurran a partir de la firmeza de esta decisión judicial. CUARTO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 81001-23-39-000-2024-00023-02

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

19 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 81001233900020240002302;
(81001233900020240002901 y 81001233900020240004001
acumulados)1
Recurso de apelación contra la sentencia de 18 de octubre de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca
Solicitantes: NICOLE ACEVEDO MARTÍNEZ, JAIRO ELÍAS ORTEGA
VELÁSQUEZ y DAVINSON SUÁREZ UREÑA

TESIS: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL: EXCEPCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD DE LA EXPRESIÓN “[…] POR SENTENCIA
CONDENATORIA EN FIRME […]”, DEL ARTÍCULO 60, NUMERAL 4, DE LA
LEY 2200 DE 2022. SE CONFIGURA EL ELEMENTO OBJETIVO DE LA
CAUSAL DE INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS, PERO SE
DESCARTAN DOLO Y CULPA GRAVE EN SU COMISIÓN.
JURISPRUDENCIA ANUNCIADA: ALCANCE DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY
2200 DE 2022.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los tres recursos de apelación interpuestos por los
solicitantes contra la sentencia de 18 de octubre de 2024, proferida
por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Arauca, por medio
de la cual se denegó la pérdida de investidura de la diputada de

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las

providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta
sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.

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Número único de radicación: 81001233900020240002302;
(81001233900020240002901 y 81001233900020240004001
acumulados)
Solicitantes: NICOLE ACEVEDO MARTÍNEZ, JAIRO ELÍAS ORTEGA
VELÁSQUEZ y DAVINSON SUÁREZ UREÑA

Arauca, señora ALEXA MILENA QUIRIFE BOHÓRQUEZ, por
hechos ocurridos dentro del período constitucional 2020-2023.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- Los ciudadanos NICOLE ACEVEDO MARTÍNEZ, JAIRO ELÍAS
ORTEGA VELÁSQUEZ y DAVINSON SUÁREZ UREÑA, actuando en
nombre propio, cada uno de forma independiente, dentro de los
procesos identificados con los números únicos de radicación
81001233900020240002301, 81001233900020240002901 y
81001233900020240004001, respectivamente, los que luego fueron
acumulados al primero de estos, a través de autos de 24 de junio y
19 de julio de 2024, proferidos por el despacho sustanciador del
Tribunal Administrativo de Arauca, solicitaron decretar la pérdida de
investidura de la diputada de Arauca, señora ALEXA MILENA
QUIRIFE BOHÓRQUEZ, por hechos ocurridos dentro del período
constitucional 2020-2023, al considerar que incurrió en la causal de
pérdida de investidura establecida en los artículos 55, numeral 3, de
la Ley 136 de 2 de junio de 19942, 48, numeral 4, de la 617 de 6 de
octubre de 20003, y 60, numeral 4, de la Ley 2200 de 8 de febrero
de 20224, esto es, por indebida destinación de dineros públicos.

2 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los

municipios”.
3 “Por la cual se reforma parcialmente la ley 136 de 1994, el decreto extraordinario 1222 de 1986,

se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional”.
4 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de

los departamentos […]”.

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Número único de radicación: 81001233900020240002302;
(81001233900020240002901 y 81001233900020240004001
acumulados)
Solicitantes: NICOLE ACEVEDO MARTÍNEZ, JAIRO ELÍAS ORTEGA
VELÁSQUEZ y DAVINSON SUÁREZ UREÑA

I.2.- En apoyo de esa pretensión, los solicitantes adujeron, en
síntesis, que habiendo sido elegida presidenta de la Asamblea
Departamental de Arauca para el período fiscal 2023, de la cual tomó
posesión el 30 de noviembre de 2022, y tal como consta en las actas
de listados de asistencia, transmisiones de Facebook Live y las
grabaciones de audio, la accionada ordenó el pago de sesiones a
favor de ella misma y otros diputados, a pesar de no haber asistido
a las siguientes sesiones de 2023:

De 11, 12 y 27 de julio, el diputado JUAN ALFREDO QUENZA
RAMOS; de 28 de julio, los diputados MARCOS SOMOZA
CAMPEROS y KENDY YECID RODRÍGUEZ BUSTAMANTE; de 13,
14 y 20 de agosto, la accionada; de 22 y 23 de agosto, la diputada
MARÍA ISABEL GELVEZ OROZCO; de 23 al 30 de agosto de 2023,
9 sesiones, en lugar de 8, a la accionada y al diputado KENDY YECID
RODRÍGUEZ BUSTAMANTE; el 24 de agosto, los diputados JHON
GERMÁN MARTÍNEZ PLATA y JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS;
de 1o. de octubre, el diputado MARCOS SOMOZA CAMPEROS; de
3 de octubre, la diputada KENDY YECID RODRÍGUEZ
BUSTAMANTE; de 10 y 11 de octubre, el diputado HERNANDO
POSSO PARALES; de 24 de octubre, la accionada; de 23 de
noviembre, la diputada MARÍA ISABEL GELVEZ OROZCO; de 28
de noviembre y 4 de diciembre, los diputados JHON GERMÁN
MARTÍNEZ PLATA y HERNANDO POSSO PARALES; de 6 y 7 de
diciembre, el diputado HERNANDO POSSO PARALES; de 11 de
diciembre, la diputada MERCEDES RINCÓN ESPINEL; de 12 de
diciembre, la accionada y los diputados JUAN ALFREDO QUENZA
RAMOS, MARÍA ISABEL GELVEZ OROZCO y MERCEDES RINCÓN

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Número único de radicación: 81001233900020240002302;
(81001233900020240002901 y 81001233900020240004001
acumulados)
Solicitantes: NICOLE ACEVEDO MARTÍNEZ, JAIRO ELÍAS ORTEGA
VELÁSQUEZ y DAVINSON SUÁREZ UREÑA

ESPINEL; de 13, 14 y 15 de diciembre, los diputados JHON
GERMÁN MARTÍNEZ PLATA, JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS y
MARÍA ISABEL GELVEZ OROZCO; de 16 de diciembre, el diputado
JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS; y de 19 de diciembre, los
diputados JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS y JHON GERMÁN
MARTÍNEZ PLATA, tal como consta en las tablas de pago y
liquidación de esa Asamblea Departamental.

Mencionaron que la secretaria, quien es la encargada de llamar a lista
en las sesiones según el reglamento interno de la Asamblea
Departamental, en ninguna de las sesiones anteriormente
relacionadas, leyó excusa alguna, ni resoluciones de permiso o de
comisiones de los diputados que no asistieron a dichas sesiones.

Señalaron que a pesar de que en las actas de las listas de asistencia
de los días 14, 22, 23 de agosto, 3 de octubre, y 4, 6, 7 y 12 de
diciembre de 2023, se escribieron en las observaciones que el
respectivo diputado se encontraba con excusa, permiso o comisión,
estas deben tomarse como inasistencia porque no cuentan con
resolución alguna de la Mesa Directiva en la que se acepte la excusa
o se comisione al diputado correspondiente, según lo establecido en
el artículo 44 de la Ley 2200.

Indicaron que la accionada pagó una sesión de más a dos diputados,
en las sesiones extraordinarias desarrolladas del 23 al 30 de agosto
de 2023, en las que benefició al diputado KENDY YECID
RODRÍGUEZ BUSTAMANTE y a ella misma, como consta en la tabla

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Número único de radicación: 81001233900020240002302;
(81001233900020240002901 y 81001233900020240004001
acumulados)
Solicitantes: NICOLE ACEVEDO MARTÍNEZ, JAIRO ELÍAS ORTEGA
VELÁSQUEZ y DAVINSON SUÁREZ UREÑA

de pagos de sesiones relacionadas y firmadas por aquella en calidad
de presidente, ya que eran 8 sesiones y no 9.

Manifestaron que, durante la sesión de 15 de diciembre de 2023
transmitida a través de Facebook Live, se puede constatar la
ausencia en la sesión de la diputada MARÍA ISABEL GELVEZ
OROZCO, más aún cuando la secretaria anunció que esta no había
podido asistir, tal y como quedó registrado en la transmisión de la
red social, en la respectiva grabación de audio y lista de asistencia;
y que, contrario a lo anterior, en la lista de asistencia de la sesión del
mismo día, aparece con un visto bueno, como si hubiera asistido,
quedando autorizado el pago de esa sesión de 15 de diciembre de
2023, como se puede constatar en la tabla de pagos de las sesiones
extraordinarias del 2 al 21 de diciembre 2023, suscrita por la
accionada.

Adujeron que la accionada, al haber pagado sin descontar las
sesiones a las que no asistieron los diputados, pagar dos sesiones de
más, y pagar sin descontar una sesión a la que no asistió la diputada
MARÍA ISABEL GELVEZ OROZCO, configuró una indebida
destinación de dineros públicos según lo establecido en el artículo 48,
numeral 4, de la Ley 617 y 60, numeral 4, de la Ley 2200, en
consonancia con el artículo 17 de la Ordenanza núm. 032 de 18 de
noviembre de 2020 “[…] Por medio del cual se establece el
reglamento interno de la Asamblea Departamental de Arauca […]”.

Comentaron que las actuaciones de la diputada no son conductas
producto de un error involuntario sino consciente, si se tiene en

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Número único de radicación: 81001233900020240002302;
(81001233900020240002901 y 81001233900020240004001
acumulados)
Solicitantes: NICOLE ACEVEDO MARTÍNEZ, JAIRO ELÍAS ORTEGA
VELÁSQUEZ y DAVINSON SUÁREZ UREÑA

cuenta lo repetitiva que fueron, de las que también se benefició ella
en seis ocasiones y con la gravedad de que la lista de asistencia de
las sesiones, al igual que las tablas de pagos a los diputados, las
cuales fueron suscritas, lo que quiere decir que revisó una a una las
actas y tablas.

Arguyeron que, tanto las actas del listado de asistencia, como las
actas de las sesiones, son suscritas por la presidente de la Asamblea
y la secretaria, según lo previsto en el artículo 34, numeral 6, de la
Ordenanza núm. 032 de 2020, en concordancia con el artículo 89,
numeral 3, de la Ordenanza núm. 103 de 30 de julio de 20225; y que
si bien es cierto que el artículo 68, numeral 2, de la Ordenanza núm.
032 de 2020, establece que son funciones del secretario general la
de llamar a lista cada vez que sea necesario, no es menos cierto que
resulta exigible que la diputada efectúe la revisión de tales
documentos antes de proceder a su firma.

Manifestaron que la diputada dejó de lado el análisis y aplicación de
las funciones del presidente de la asamblea departamental de
Arauca, previstas en el artículo 36 de la Ordenanza núm. 032 de
2020, al igual que es una de sus funciones, en calidad de presidente,
actuar como ordenadora del gasto y presupuesto de la corporación,
funciones todas de las cuales era posible derivar su responsabilidad.

Anotaron que, si los diputados que no asistieron a las sesiones
anteriormente relacionadas hubieran tenido una verdadera excusa

5 “[…] Por la cual se establece el reglamento interno de la Asamblea Departamental de Arauca […]”.

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Número único de radicación: 81001233900020240002302;
(81001233900020240002901 y 81001233900020240004001
acumulados)
Solicitantes: NICOLE ACEVEDO MARTÍNEZ, JAIRO ELÍAS ORTEGA
VELÁSQUEZ y DAVINSON SUÁREZ UREÑA

justificada y válida, así mismo lo hubiera manifestado la secretaria
general en el llamado a lista y verificación del quorum, tal como lo
hizo en cumplimiento de sus funciones y deberes en la sesión de 6
de julio de 2023, en la que dijo: “[…] la diputada Mercedes Rincón
Espinel se encuentra en la ciudad de Bogotá en comisión en el
Ministerio del Interior y bomberos […]”, así como también lo hizo en
otras oportunidades.

Sostuvieron que la diputada lucró a los diputados ausentes con sus
actuaciones dolosas, así como se lucró con el reconocimiento y orden
de pago de dos sesiones de más a ella misma y a un tercero,
actuando de mala fe, ya que sabía que estaba cometiendo una
conducta reprochable al incluirlos en nómina y en la tabla de
reconocimiento de liquidación de los pagos de las sesiones a las que
no asistieron los diputados, y las dos sesiones de más, desde antes
de la firma de esta.

Mencionaron que el 22 de mayo de 2024, ante una acción de tutela
e incidente de desacato promovidos por la señora MARITZA
TOLOZA FERRER, la Asamblea Departamental de Arauca adjuntó
las actas y listados de asistencia de los periodos de sesiones que
fueron realizadas por esa duma departamental durante los años
2020, 2021, 2022 y 2023, por medio de las cuales se desarrollaron
las plenarias y las comisiones y, adicionalmente, suministró los actos
administrativos mediante los cuales justificó las inasistencias a las
sesiones; y que, no obstante, tales resoluciones justificativas fueron
hechas por la Asamblea Departamental con posterioridad al incidente
de desacato, de forma sorpresiva y fraudulenta, toda vez que,

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Número único de radicación: 81001233900020240002302;
(81001233900020240002901 y 81001233900020240004001
acumulados)
Solicitantes: NICOLE ACEVEDO MARTÍNEZ, JAIRO ELÍAS ORTEGA
VELÁSQUEZ y DAVINSON SUÁREZ UREÑA

inicialmente, habían remitido 10 folios y luego, ante la presentación
del incidente de desacato, remitieron 79 folios adicionales con
permisos y comisiones justificativas de las ausencias de los referidos
diputados.

Solicitaron, además, que debía inaplicarse, por inconstitucional, el
aparte del artículo 60, numeral 4, de la Ley 2200, que exige el
requisito de sentencia condenatoria en firme para configurarse la
indebida destinación de dineros públicos, atendiendo el
pronunciamiento reiterado tanto del Consejo de Estado, -sentencia
de 21 de octubre del 2020, número único de radicación
11001031500020200051700, consejera ponente María Adriana
Marín-, como de la Corte Constitucional, -sentencia C-319 de 14 de
julio de 1994-, que han determinado que dicha exigencia es contraria
a la Carta Política.

I.3.- La diputada, a través de apoderado, presentó escrito de
contestación con el que se opuso a la pretensión de la solicitud, para
lo cual alegó que el ejercicio de una función constitucional no puede
conllevar a indebida destinación de dineros públicos, salvo que, al
ejercerla, se incurra en violación de la Constitución Política o de la
Ley. Y que, cuando ordenó el pago de los honorarios de los diputados
en el año 2023, lo hizo bajo el amparo de un deber constitucional y
legal, así como también respaldada en el principio de transparencia
y buena fe.

Manifestó que, en el caso concreto, no se encuadraba ninguno de los
escenarios que la jurisprudencia, de manera enunciativa, ha

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acumulados)
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relacionado como aquellos que representaban una destinación
indebida de los recursos del Estado, como cuando destina los dineros
públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados; cuando
los destina a objetos, actividades o propósitos autorizados, pero
diferentes a los cuales esos dineros se encuentran asignados;
cuando aplica los dineros a objetos, actividades o propósitos
expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento;
cuando esa aplicación se da para materias innecesarias o
injustificadas; cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros; y cuando la
destinación tiene la finalidad de derivar un beneficio no
necesariamente económico en su favor o en el de terceros.

Señaló que ordenó el pago de sesiones a favor de diputados, a pesar
de no haber asistido, porque estaban en actividades propias de su
cargo, es decir, cumpliendo labores de su dignidad, razón por la que
no se logró demostrar que tales órdenes de pago tuvieran un
propósito no autorizado. Y que, la fuerza mayor, el caso fortuito, la
comisión, están debidamente avalados por la ley, las normas que
rigen el pago de los de los honorarios de los concejales cumple un
deber constitucional, legal o ausencia forzosa, y no se allegó una sola
prueba para demostrar que los pagos se hicieron por fuera del
ordenamiento jurídico o normativo, tampoco que se realizaron para
materias innecesarias o injustificadas, o para favorecer a un diputado
en específico, ni para incrementar irregularmente su patrimonio.

Mencionó que los actos administrativos expedidos en el ejercicio de
su cargo, se presumen legales mientras no sean anulados, es decir,

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lo actos que autorizan las comisiones y ordenan los pagos son legales
hasta tanto no se declare su nulidad por las autoridades competentes
para ello.

Propuso los siguientes argumentos de defensa, que denominó
‘excepciones’: (i) ‘inexistencia de causa para demandar’, porque
todas las ausencias están debidamente justificadas y existen los
respectivos actos administrativos y también hay casos donde no se
pagó por la inasistencia y está debidamente explicado, y tal como se
deja entrever en el hecho núm. 11 del escrito de contestación, a la
fecha se desconoce si dichos actos administrativos han sido
demandados o si tienen medida cautelar de suspensión que haya
impedido el pago o declarado la nulidad y/o restablecimiento de pago
alguno. Y que es más que evidente que su actuar, no encuadra dentro
de ninguno de los escenarios que representan una indebida
destinación de dineros públicos.

Sostuvo que hay (ii) ‘ausencia de configuración de la causal de
pérdida invocada’, por cuanto, con sus argumentos subjetivos, los
solicitantes no logran desvirtuar que sus actuaciones son legales, ni
que su conducta funcional traicionó, cambió o distorsionó los fines o
cometidos estatales, preestablecidos en la Constitución, la ley o el
reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos, actividades
o propósitos no autorizados, o a otros sí autorizados pero diferentes
a aquellos para los cuales se encuentran asignados, o que haya
aplicado los recursos a ella entregados a materias expresamente
prohibidas, no necesarias o injustificadas, o que haya obtenido un
incremento patrimonial personal o de terceros, o que su actuar

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derivara en un beneficio no necesariamente económico en su favor o
de terceras personas.

Invocó el (iii) ‘desconocimiento de las normas que rigen los derechos
al pago de los diputados’, en especial, los artículos 18 del Decreto
2400 de 19 de septiembre de 19686, y 75, 77 y 79 del Decreto 1950
de 24 de septiembre de 19737, que regulan el otorgamiento de
comisiones a los servidores públicos. A su vez, que las solicitudes de
desinvestidura obviaron el artículo 29 de la Ordenanza núm. 103 de
30 de julio de 20228, en concordancia con el artículo 43, párrafo 3,
de la Ley 2200, respecto de las excusas de los diputados para no
asistir a las sesiones, y el artículo 62, numeral 7, de la Ordenanza
núm. 103 de 2022, en concordancia con el artículo 85 de la Ley 2200
y Ley 617, que prevén, como derechos de los diputados, el
reconocimiento y pago de su remuneración, conforme a la
reglamentación legal, así como el artículo 66, numeral 5, de la
Ordenanza núm. 103 de 2022, en concordancia con el artículo 57 de
Ley 2200, que establecen que son faltas temporales las ausencia
forzada o voluntaria del diputado, de igual manera que el Código
Civil, en su artículo 64, determina la fuerza mayor o el caso fortuito.

Alegó la (iv) ‘ausencia de pruebas’, porque de las solicitudes no se
aprecian las suficientes para decretar la pérdida de investidura,
además de la falta de configuración de los elementos propios de la

6 “[…] Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil y se dictan

otras disposiciones […]”.
7 “[…] Por el cual se reglamentan los Decretos- Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre

administración del personal civil […]”.
8 “[…] Por la cual se establece el reglamento interno de la Asamblea Departamental de Arauca […]”.

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causal invocada, en cuanto la carga dinámica de la prueba que le
compete a quien pretende la procedencia del medio de control; y
que, brilla por su ausencia, evidencia del pago material de los
honorarios de las sesiones que aducen los accionantes, así como que
tampoco se allegó documento que pruebe la ilegalidad de los pagos,
pues la ‘Planilla sesiones extraordinarias’, deja ver lo devengado por
el diputado, pero no el pago efectivamente pagado y recibido.

Resaltó que actuó con (v) ‘buena fe’, y que no se logra demostrar
que haya vulnerado este principio, mientras fue presidenta de la
Asamblea Departamental de Arauca en el año 2023. Y que, en los
accionantes se observa (vi) ‘temeridad o mala fe’, toda vez que en
varios hechos narrados en las solicitudes, se aprecia cómo, faltando
a la verdad y desconociendo inclusive sus propias pruebas, afirmaron
cosas alejadas de la realidad, como en el material videográfico que
aportan, donde aducen que hay diputados que no asistieron pero al
ver el video se aprecia que sí contestaron el llamado a lista, y
también faltan a la verdad respecto de la ausencia de excusas y actos
administrativos, olvidando que, como presidenta de la Asamblea,
autorizó y reconoció los pagos, pero no los desembolsó porque no
era su función.

Adujo la (vii) ‘falta del elemento subjetivo como requisito de
procedencia del proceso de pérdida de investidura’, pues no está
demostrado ni el dolo ni la culpa, ni hay prueba que indique que
tuviera la voluntad de actuar contra la ley, pues al reconocer y
ordenar el pago de las sesiones a las que no asistieron algunos

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Número único de radicación: 81001233900020240002302;
(81001233900020240002901 y 81001233900020240004001
acumulados)
Solicitantes: NICOLE ACEVEDO MARTÍNEZ, JAIRO ELÍAS ORTEGA
VELÁSQUEZ y DAVINSON SUÁREZ UREÑA

diputados por estar constitucionalmente justificada, no se configura
el elemento subjetivo.

Manifestó que hubo (viii) ‘pruebas obtenidas con violación de
garantías constitucionales-prueba inconstitucional’, por cuanto uno
de los accionantes, señor JAIRO ELÍAS ORTEGA VELÁSQUEZ,
dentro de la solicitud identificada con el número único de radicación
81001233900020240002900, mencionó aspectos relacionados con
un trámite de tutela e incidente de desacato, -hechos narrados en
los numerales 11 al 20-, en el que la actora es una persona que no
existe, -MARITZA TOLOZA FERRER-, ni su número de cédula es
real como lo certificó la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL; y que, por lo tanto, las pruebas sobre las que se
fundan los hechos de la solicitud, se tornan en inconstitucionales,
transgreden el debido proceso desde una perspectiva sustancial, al
ser obtenidas vulnerando principios y derechos fundamentales.

Arguyó que se configuró una (ix) ‘falta de legitimación en la causa
por pasiva’, porque no fue quien autorizó y pago la nómina de los
diputados, y que, si bien ella firmó las resoluciones de
reconocimiento, aquellos se realizaron y proyectaron, no desde la
Presidencia, sino desde las áreas encargadas, previa revisión
conforme a las funciones asignadas según las ordenanzas, situación
que no puede ni deben desconocer los accionantes.

Señaló que se está ante la (x) ‘inexistencia de condena en firme
producto de hecho punible relacionado con la indebida destinación de
recursos públicos-falta al elemento objetivo y normativo’, habida

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Número único de radicación: 81001233900020240002302;
(81001233900020240002901 y 81001233900020240004001
acumulados)
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cuenta que, de conformidad con lo previsto en el artículo 60, numeral
4, de la Ley 2200, no media sentencia condenatoria en firme sobre
indebida destinación de dineros públicos, ni ha sido vinculada a un
proceso por los supuestos que indican los actores; y que, si bien la
secretaria no leyó la causa de las inasistencias, lo que no es un delito,
se pagaron y no se descontaron porque se presumen legales y tienen
la debida excusa.

Y, por último, sostuvo que hubo (xi) ‘desconocimiento del tránsito
legislativo y derogatorias de la Ley 2200’, toda vez que la
interpretación restrictiva y regresiva que hacen los accionantes de la
ley aplicable, no se compadece con sus argumentos, pues no se
explica cómo piden aplicar la Ley 2200 pero a la vez desconozcan el
elemento normativo y objetivo de su artículo 60, numeral 4, que
exige sentencia condenatoria en firme sobre indebida destinación de
dineros públicos.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal, a través de sentencia de 18 de octubre de 2024, denegó
la pérdida de investidura de la accionada, para lo cual indicó que no
se demostró que, contra ALEXA MILENA QUIRIFE BOHÓRQUEZ,
se hubiese proferido sentencia condenatoria por indebida destinación
dineros públicos, y que dicha decisión judicial se encuentre en firme.

Señaló que, para que se estructure esta nueva causal de procedencia
de la pérdida de investidura de diputados, en vigor de la Ley 2200,
es indispensable que se haya dictado en sede judicial ordinaria una

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sentencia condenatoria que haga tránsito a cosa juzgada, en donde
se establezca, sin lugar a dudas, el ilícito e injusto uso de los recursos
públicos, cuyos rubros gozan de la mayor protección jurídica ante los
posibles comportamientos irregulares por parte de quienes los
administran, al tratarse de los caudales que buscan salvaguardar el
cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho.

Manifestó que no había lugar a que se declarara la excepción de
inconstitucionalidad del artículo 60, numeral 4, de la Ley 2200, toda
vez que no se advierte una trasgresión palmaria o evidente de la
Constitución Política que justifique la necesidad de inaplicar la citada
disposición al caso concreto.

Sostuvo que, sumado a ello, los pronunciamientos a los que hicieron
alusión los accionantes en los que, presuntamente, la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado no imponen como exigencia
una sentencia condenatoria sobre indebida destinación de dineros
públicos, fueron proferidos con anterioridad a la entrada en vigor de
esa norma, pudiéndose entender que en ese momento no existía tal
condición.

Finalmente, sin perjuicio de la denegación de la pretensión de
desinvestidura, se compulsaron copias a la Fiscalía General de la
Nación, Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de
la República, para que adelanten las correspondientes
investigaciones en lo que corresponde a sus competencias.

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III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

Los tres actores interpusieron sendos recursos de apelación, -
concedidos9 y admitidos en tiempo10-, mediante los cuales solicitan
revocar la sentencia de 18 de octubre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Arauca y, en su lugar, se decrete la
pérdida de investidura de la diputada, señora ALEXA MILENA
QUIRIFE BOHÓRQUEZ.

Para ello, en síntesis, vuelven a solicitar que se inaplique, por
inconstitucional, el artículo 60, numeral 4, de la Ley 2200, relativo a
la exigencia de previa sentencia condenatoria en los casos de
indebida destinación de dineros públicos, pues no resulta admisible
dicho condicionamiento para decretar la pérdida de investidura de un
diputado o para cualquier miembro de corporación pública; y que
siendo competencia del Consejo de Estado conocer de tales acciones,
aquello recortaría su competencia, sometiéndola a la existencia de
un requisito previo, e implicando una indebida injerencia en la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo que vulnera su
autonomía judicial e independencia.

Aducen que, en este caso, se configura la cosa juzgada material en
sentido amplio respecto de la sentencia C-319 de 14 de julio de 1994,
proferida por la Corte Constitucional, que declaró la inexequibilidad
del Parágrafo 2, del artículo 296, de la Ley 5ª de 17 de junio de

9 Auto de 18 de noviembre de 2024.
10 Auto de 22 de noviembre de 2024.

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199211, de la exigencia de sentencia penal condenatoria para las
causales de pérdida de investidura por indebida destinación de
dineros públicos y por tráfico de influencias debidamente
comprobado. Y que, del artículo 299 Superior, no se puede concluir
que el legislador esté habilitado para establecer causales más
estrictas para los diputados que para los congresistas, como tampoco
habilita que se exija sentencia condenatoria en proceso penal para el
inicio del trámite de pérdida de investidura, con lo cual se socava la
autonomía del proceso sancionatorio, cuya responsabilidad subjetiva
es de carácter ético y político.

Sostienen que, mientras para los diputados se exige la sentencia
penal condenatoria para las causales de pérdida de investidura por
destinación indebida de dineros públicos y por tráfico de influencias
debidamente comprobado, dicha exigencia no se predica de los
demás servidores públicos de elección popular, ya que, desde el
punto de vista del diputado, sus causales de inhabilidades resultan
menos severas si se tiene en cuenta que su investidura no se verá
sometida a juicio hasta tanto no se adopte una decisión definitiva en
el ámbito penal, esto es que el artículo 60, numeral 4, de la Ley 2200,
contiene una exigencia que implica un trato discriminatorio sin
fundamento constitucional.

Manifiestan que, descendiendo a la situación bajo examen, la
conducta en que incurrió la diputada ALEXA MILENA QUIRIFE
BOHÓRQUEZ, está adecuada jurídicamente en la causal de indebida

11 “[…] Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes

[…]”.

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destinación de dineros públicos de forma directa en beneficio de
terceros, pues las pruebas documentales obrantes en el proceso son
válidas y merecen plena credibilidad, según las reglas de la sana
crítica, para generar la convicción y certeza sobre la actuación
antijurídica y reprochable de la accionada en cuanto que, a las
sesiones ordinarias y extraordinarias relacionadas, no asistieron los
citados diputados ausentes, sin mediar excusa justificada y válida
como lo ordena la Ley 2200.

Señalan que, de ninguna manera, existía resolución de excusa, con
comisión y/o permiso para no asistir a las sesiones a las que faltaron
los diputados, puesto que, a pesar del esfuerzo que realizó la defensa
de la accionada para tratar de justificar la inasistencia con
resoluciones que son falsas, y que no existían previo al inicio de las
sesiones o al pago de éstas, quedaron totalmente desvirtuadas en el
desarrollo de este proceso. Y que, ninguna de las resoluciones
aportadas, se expidió con las firmas correspondientes de quienes
tienen en la Asamblea Departamental esa función, en este caso por
el presidente, uno de los vicepresidentes y la secretaria general,
deberes que siguen vigentes bajo la luz de las ordenanzas núms. 032
de 2020 y 103 de 2022.

Reiteran los argumentos de la solicitud para insistir en que la
diputada, como presidenta de la Asamblea Departamental de Arauca,
ordenó el reconocimiento de unas remuneraciones a favor de ella
misma y otros diputados, pese a que no asistieron a las sesiones
realizadas los días 11, 12, 27 y 28 de julio, 13, 14, 20, 22, 23 y 24
de agosto, 1o., 3, 10, 11 y 24 de octubre, 23 y 28 de noviembre, 4,

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6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 19 de diciembre de 2023; y que, a su
favor, se pagó una sesión de más, así como a otro diputado en las
sesiones de 23 a 30 de agosto de 2023.

Insisten en que los videos de las transmisiones de Facebook Live y
grabaciones de audio de la Asamblea sirven de medios de prueba
para verificar que los diputados no asistieron a las sesiones
relacionadas, ya que no atendieron al llamado a lista, y los videos
permiten ver lo mismo, pero profundizan la prueba, ya que se
escucha y observa tiempo real el llamado a lista de asistencia. Y que
las actas del listado de asistencia y las actas de las sesiones son
suscritas por la presidente de la Asamblea y la secretaria, según lo
estipulado en su reglamento interno, -artículo 34, numeral 6, de la
Ordenanza núm. 032 de 2020, y demás normas relacionadas-.

Refieren que el argumento en que se fundó el fallo de primera
instancia para negar las pretensiones de la solicitud y relevarse del
estudio completo de los cargos y causales de pérdida de investidura
esgrimidas, resulta contrario a la jurisprudencia del Consejo de
Estado y Corte Constitucional, al imponer un requisito como lo es la
sentencia penal condenatoria en firme sobre indebida destinación de
dineros públicos, como exigencia para darle trámite a la acción de
pérdida de investidura objeto de esta litis, decisión que no es
coherente con el objeto y los fines de la solicitud de desinvestidura.

Concluyen que el Tribunal Administrativo de Arauca, debió realizar a
profundidad un análisis riguroso de ambos elementos, tanto objetivo
como subjetivo y de la culpabilidad de la conducta, centrándose

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también en considerar si por la dignidad que detentaba la accionada,
tenía que obrar con un nivel de diligencia mayor al evidenciado en su
conducta, a todas luces desentendida del celo que debe guiar el
manejo de los recursos públicos y la rigurosidad con la cual tiene que
proceder un ordenador del gasto al autorizar pagos con fondos del
Estado.

Ello por cuanto, aducen, una vez revisada la sentencia proferida en
primera instancia, se evidencia que allí no hubo un análisis real de
dichos elementos concernientes a la diligencia exigible a la
accionada, pues no se tuvo en cuenta la naturaleza del cargo de la
diputada, quien era la presidente de la corporación, las funciones del
mismo, las circunstancias de tiempo modo y lugar en la que
sucedieron los hechos y no definió si hubo o no indebida destinación
de dineros públicos, además si hubo o no culpa grave en su
comportamiento, luego de quedar en evidencia que autorizó el pago
en exceso de sus honorarios y de otro diputado, así como las demás
malversaciones en los pagos de las sesiones que se advirtieron.

IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

IV.1.- A través de auto de 15 de noviembre de 2024, el Despacho
sustanciador decidió el recurso de apelación interpuesto por el
solicitante JAIRO ELÍAS ORTEGA VELÁSQUEZ12, contra el auto de
28 de agosto de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo de

12
Solicitante en el proceso núm. 81001-23-39-000-2024-00029-01.

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Arauca, mediante el cual denegó, entre otras pruebas, el decreto de
una documental a oficiar.

En aras de confirmar la providencia apelada, esto es, la denegación
de la prueba reclamada, se determinó que “[…] los informes
requeridos por el solicitante no resultan conducentes ni pertinentes
para establecer el estado de salud de la diputada para el día 24 de
octubre de 2023, pues, tal condición, a juicio del Despacho, se
demuestra con otros medios de prueba, pues los requeridos,
eventualmente, darán cuenta de las rutas de desplazamiento y/o
movilización de la accionada durante esa fecha (…) Así las cosas, y
comoquiera que el hecho que pretende demostrar el solicitante con
los reportes pedidos a la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN es si
la diputada se encontraba enferma el día 24 de octubre de 2023, es
claro para la Sala unitaria que los documentos en comento no
resultan conducentes […]”.

IV.2.- El traslado del recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de 18 de octubre de 2024, proferida por la Sala Plena del
Tribunal Administrativo de Arauca, previsto en el artículo 14, numeral
3, de la Ley 1881 de 15 de enero de 201813, fue descorrido por la
accionada, a través de su apoderado, con escrito en el que reitera
íntegramente los argumentos de la defensa, haciendo especial
énfasis en que, sin bien varios diputados para el año 2023 no
asistieron a algunas sesiones, las inasistencias están debidamente
sustentadas y sobre las mismas existen los respectivos actos

13 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se

consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.

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administrativos que están en firme y gozan de presunción de
legalidad, así mismo está acreditado que a algunos diputados no se
les realizó pago alguno al no mediar excusa, tal como se aprecia en
las certificaciones expedidas por el tesorero de la Asamblea
Departamental de Arauca.

Indica que está debidamente acreditada la falta del elemento
subjetivo como requisito de procedencia del proceso de pérdida de
investidura, pues si bien las solicitudes indican que la accionada
actuó de forma dolosa, la simple afirmación sin prueba no demuestra
que tuviera la intención deliberada de desatender el ordenamiento
y/o el ánimo de quebrantar la norma, de causar un daño, o de actuar
de manera contraria al interés general o al servicio público, pues
como se demostró todas las ausencias están debidamente
certificadas, acreditadas y existen los respectivos actos
administrativos que dan cuenta de ello.

Manifiesta que en las solicitudes se busca hacer una interpretación
extensiva de las causales de pérdida de investidura, ello a pesar de
que el Consejo de Estado, de manera reiterada y pacífica, ha
sostenido que las sanciones, inhabilidades e incompatibilidades, al
ser unos limitantes de las libertades y derechos de las personas, son
taxativas, su aplicación es restrictiva y prohíbe su interpretación
analógica o extensiva.

IV.3.- El Agente del Ministerio Público, por su parte, guardó silencio
en esta instancia.

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V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

En los precisos términos de las solicitudes de desinvestidura
acumuladas, en consonancia con lo sostenido tanto en su
contestación como en los recursos de apelación interpuestos, le
corresponde a la Sala establecer si la diputada de Arauca, señora
ALEXA MILENA QUIRIFE BOHÓRQUEZ, durante el ejercicio de su
período constitucional 2020-2023, incurrió en la comisión de la
causal de pérdida de investidura de indebida destinación de dineros
públicos, prevista en los artículos 55, numeral 3, de la Ley 136, 48,
numeral 4, de la Ley 617, y 60, numeral 4, de la Ley 2200, al
reconocer y ordenar pagos a diputados, presuntamente irregulares,
durante la vigencia fiscal 2023.

V.2.- De la indebida destinación de dineros públicos como
causal de pérdida de investidura de diputados14

Con relación a la controversia sometida al estudio de la Sala, se
advierte que la causal de pérdida de investidura que se invoca en la
presente solicitud es la indebida destinación de dineros públicos
prevista en el artículo 48, numeral 4, de la Ley 617, cuyo tenor es el
siguiente:

“[…] Ley 617

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente

Nubia Margoth Peña Garzón, sentencias de 10 de diciembre de 2021, número único de radicación
50001233300020200008001; 23 de julio de 2021, número único de radicación
50001233300020200002101; y de 29 de marzo de 2019, número único de radicación
66001233300020180024601.

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Artículo 48. Pérdida de investidura de Diputados, Concejales
Municipales y Distritales y de Miembros de Juntas
Administradoras Locales. Los diputados y concejales
municipales y distritales y miembros de juntas administradoras
locales perderán su investidura:
(…)
4. Por indebida destinación de dineros públicos […]” (Negrillas
y subrayas por fuera de texto).

De igual forma, se arguye la causal establecida en el artículo 60,
numeral 4, de la Ley 2200 que, respecto de la indebida destinación
de dineros públicos de diputados, prevé:

“[…] Artículo 60. Pérdida de la investidura. Se decretará
la pérdida de investidura en los siguientes casos:
(…)
4. Por sentencia condenatoria en firme sobre indebida
destinación de dineros públicos […]” (Negrillas y subrayas
fuera de texto).

Como los elementos que estructuran esta causal no se encuentran
desarrollados en la Constitución ni en las normas legales que las
ordenan, resulta pertinente acudir al sentido y alcance con los que
esta Corporación la ha tratado de forma reiterada.

En sentencia de 3 de octubre de 2000, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con relación a los congresistas, pertinente también
para los restantes miembros de corporaciones públicas de elección
popular, precisó:

“[...] La causal de indebida destinación de dineros públicos se
configura cuando el congresista destina los dineros públicos a
unas finalidades y cometidos estatales distintos a los
establecidos en la Constitución, en la ley o en los
reglamentos, como ocurre en los siguientes casos:

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a. Cuando destina los dineros públicos a objetos, actividades
o propósitos no autorizados;
b. Cuando los destina a objetos, actividades o propósitos
autorizados pero diferentes a los cuales esos dineros se
encuentran asignados;
c. Cuando aplica los dineros a objetos, actividades o
propósitos expresamente prohibidos por la Constitución, la
ley o el reglamento.
d. Cuando esa aplicación se da para materias innecesarias o
injustificadas.
f. Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros.
g. Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un
beneficio no necesariamente económico en su favor o en el
de terceros […]”15 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

De igual forma, ha explicado que:

“[…] Esta norma, como sucede con las demás causales de pérdida
de investidura, tampoco describe la conducta. No obstante, la
jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado ha delimitado
los presupuestos para que se configure. En este sentido, como su
denominación lo indica, se realiza cuando un congresista
destina los dineros públicos a unas finalidades y cometidos
estatales distintos a los establecidos en la Constitución, en
la ley o en los reglamentos. Bien puede utilizarlos o dirigirlos
a actividades o propósitos no autorizados; o a aquéllos que
estando autorizados no correspondan a la finalidad
asignada; o a cometidos prohibidos, entre otros.

En estos términos, la Sala Plena, en sentencia del 7 de junio de
2012, señaló que, aunque la causal no está definida en el
ordenamiento jurídico, se configura cuando la destinación de los
dineros públicos no corresponde a los fines estatales preestablecidos
por la Constitución, la ley o el reglamento:

“[…] La causal de indebida destinación de dineros públicos no
está definida en la Constitución ni en las normas legales que
rigen el ejercicio de la acción de pérdida de investidura. Es,
entonces, pertinente consignar el sentido y alcance con que
esta Corporación le ha definido. La causal de indebida

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de octubre de

2000, Expedientes AC-10529 y AC-10968, consejero ponente Darío Quiñones Pinilla.

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destinación de dineros públicos se configura cuando el
concejal destina los dineros públicos a unas
finalidades y cometidos estatales distintos a los
establecidos en la Constitución, en la ley o en los
reglamentos […]”16 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Respecto a los elementos constitutivos de este tipo disciplinario, la
Sala Plena, en sentencia del 6 de marzo de 200317 también señaló:
“[…] Por consiguiente, el elemento tipificador de la causal de
pérdida de investidura en referencia, está en el hecho de que
el congresista, en su condición de servidor público, que lo es
(art. 123 de la Constitución), con su conducta funcional, al
ejercer las competencias de las que ha sido revestido,
traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos
estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el
reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí
autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se
encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a
materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando
pretende derivar un beneficio no necesariamente económico
en su favor o de terceras personas, etc. ‘En los eventos como
los antes indicados, la conducta del congresista bien puede ser
delictiva o no, ajustada o no a un procedimiento legal de ordenación
del gasto o de contratación, pero, su finalidad es otra muy distinta
a la señalada en la Constitución, la ley o los reglamentos’ […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

De allí que, para que la causal se configure es necesario que el
Congresista, en su condición de servidor público, distorsione o
cambie el cometido estatal consagrado en la Constitución, la Ley o
el Reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados, o que estando autorizados
sean diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados,
o haya destinado o utilizado los recursos a materias expresamente
prohibidas, no necesarias o injustificadas; o perseguido la finalidad
de obtener un incremento patrimonial personal o de terceros; o

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de

junio de 2012, número único de radicación 73001233100020100035201, consejera ponente María
Claudia Rojas Lasso.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en sentencia de 6 de

marzo de 2003, número único de radicación 2000123310002002100701, consejera ponente Olga
Inés Navarrete Barrero.

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27

Número único de radicación: 81001233900020240002302;
(81001233900020240002901 y 81001233900020240004001
acumulados)
Solicitantes: NICOLE ACEVEDO MARTÍNEZ, JAIRO ELÍAS ORTEGA
VELÁSQUEZ y DAVINSON SUÁREZ UREÑA

hubiere pretendido derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o de terceras personas.

En este orden, no es necesario que el sujeto activo de la causal
ostente la condición de nominador u ordenador del gasto, basta con
que deba respetar, defender y cuidar el patrimonio público, toda vez
que es imperativo cuidar los bienes del Estado para evitar su
menoscabo. En este sentido, la Sala Plena ha señalado que la
causal comporta dos elementos: i) la conducta y ii) el fin. La
Sentencia del 1 de noviembre de 200518 señaló: “[…] Para la
configuración de la causal de indebida destinación de
dineros públicos prevista en el num. 4º del artículo 183 de la
Constitución Política (reproducida en el numeral 4º del
artículo 298 de la Ley 5ª de 1992) se destacan o requieren
dos elementos como son la conducta y el fin […]”

En el primero –como se exige para las demás causales por las que
se puede demandar la pérdida de investidura- es necesario, que el
sujeto activo que la agota ostente la calidad de Congresista y
precisamente que en esa condición ejerza competencias para las
que fue investido.

El segundo elemento, consiste en el fin de la conducta, es
decir que al ejercer las competencias propias de su
investidura: i) cambie o distorsione los fines y cometidos
estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el
reglamento al destinar los recursos públicos a materias,
actividades o propósitos no autorizados, o a aquéllos que
autorizados son diferentes a los que se encuentran
asignados; ii) aplique tales dineros a objetos prohibidos, no
necesarios o injustificados; iii) obtenga un incremento
patrimonial para sí o a favor de terceros, o iv) pretenda
derivar un beneficio no necesariamente económico en su
favor o en el de terceras personas, etc. […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

A su turno, esta Sección, siguiendo los planteamientos de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, ha

18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de noviembre de

2005, número único de radicación 11001031500020040167300, consejero ponente Tarsicio Cáceres
Toro.

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28

Número único de radicación: 81001233900020240002302;
(81001233900020240002901 y 81001233900020240004001
acumulados)
Solicitantes: NICOLE ACEVEDO MARTÍNEZ, JAIRO ELÍAS ORTEGA
VELÁSQUEZ y DAVINSON SUÁREZ UREÑA

expresado, frente a la configuración de la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos que:

“[…] La causal de indebida destinación de dineros públicos no se
encuentra definida en la Constitución ni en las normas legales que
regulan el ejercicio de la acción de pérdida de investidura. No
obstante, la jurisprudencia de esta Corporación se ha referido en
distintas oportunidades al sentido y alcance que esta causal tiene.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación,
en sentencia 30 de mayo de 2000 (Expediente núm. AC-9877,
Consejero ponente doctor Germán Rodríguez Villamizar), se
pronunció sobre los alcances del concepto de indebida destinación
de dineros públicos, señalando que el elemento tipificador de esta
causal de pérdida de investidura “[…] está en el hecho de que el
Congresista, en su condición de servidor público, con su
conducta funcional al ejercer las competencias de las que ha
sido revestido, traiciona, cambia o distorsiona los fines o
cometidos estatales, preestablecidos en la Constitución, la
ley o el reglamento, para destinar los dineros públicos a
objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí
autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se
encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a
materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando
pretende derivar un beneficio no necesariamente económico
en su favor o de terceras personas […]”.

Esta postura ha sido objeto de múltiples reiteraciones por la misma
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo19 y también por la
Sección Primera del Consejo de Estado, entre otras, en sentencias
de 1º de julio de 2004 (Expediente núm. 2003-00194, Consejero
ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), 9 de noviembre
de 2006 (Expediente núm. 2005-01133, Consejero ponente doctor
Camilo Arciniegas Andrade), 16 de julio de 2009 (Expediente núm.
2008-00700, Consejera ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón)
14 de diciembre de 2009 (Expediente núm. 2009-00012
(Expediente núm. 2009-00012, Consejero ponente doctor Rafael E.
Ostau de Lafont Pianeta), 3 de noviembre de 2011 (Expediente
núm. 2011-00009, Consejera ponente María Elizabeth García

19 En sentencias de 20 de junio de 2000 (Expediente núm. 9876); de 6 de marzo de 2001
(Expediente núm. AC-11854) y de 17 de julio de 2001 (Expediente núm. 0063-01).

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Número único de radicación: 81001233900020240002302;
(81001233900020240002901 y 81001233900020240004001
acumulados)
Solicitantes: NICOLE ACEVEDO MARTÍNEZ, JAIRO ELÍAS ORTEGA
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González) y 1º de agosto de 2013 (Expediente núm. 2012-00151,
Consejera ponente María Elizabeth García González) […]”20
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

Con fundamento en el marco normativo y desarrollo jurisprudencial
citados anteriormente, se tiene que los dineros públicos son “[…]
todos aquellos que provienen de una actividad económica del Estado
y se integran al ciclo presupuestal con el propósito de ser
redistribuidos para la satisfacción de las necesidades que demanda
el interés general […]”21, por lo que, en el mismo sentido, los eventos
en que se puede configurar su indebida destinación 22 son aquellos
en los que un miembro de la corporación pública territorial de
elección popular los asigna para:

i) Cubrir objetos, actividades o propósitos no autorizados.

ii) Costear objetos, actividades o propósitos que sí están
autorizados, pero que son diferentes a aquellos para los cuales están
previamente asignados.

iii) Sufragar objetos, actividades o propósitos expresamente
prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento.

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 4 de

septiembre de 2014, número único de radicación 63001233300020130014801 (PI), consejero
ponente Guillermo Vargas Ayala; de 6 de septiembre de 2018, número único de radicación
70001233300020180001901(PI), consejera ponente María Elizabeth García González; de 28 de julio
de 2016, número único de radicación 15001233300020150073901(PI), consejero ponente Roberto
Augusto Serrato Valdés.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de marzo de

2017, número único de radicación 11001031500020150011100, consejero ponente Rafael Francisco
Suárez Vargas.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de

marzo de 2018, número único de radicación 13001233300020160110701(PI), consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez.

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Número único de radicación: 81001233900020240002302;
(81001233900020240002901 y 81001233900020240004001
acumulados)
Solicitantes: NICOLE ACEVEDO MARTÍNEZ, JAIRO ELÍAS ORTEGA
VELÁSQUEZ y DAVINSON SUÁREZ UREÑA

iv) Pagar por materias innecesarias o injustificadas.

v) Cuando la destinación de los dineros públicos tiene la finalidad de
obtener un incremento patrimonial personal o de terceros.

vi) Y, cuando la destinación de los dineros públicos tiene la finalidad
de derivar un beneficio, no necesariamente económico, en su favor
o en el de terceros.

Para tales efectos, no es indispensable que el miembro de la
corporación pública territorial de elección popular sea ordenador del
gasto, pues lo importante es que adelante actuaciones certeras o
utilice instrumentos idóneos para cambiar la destinación de los
dineros públicos23.

V.3.- El artículo 60, numeral 4, de la Ley 2200, derogó
tácitamente el artículo 48, numeral 4, de la Ley 617, respecto
de la causal de indebida destinación de dineros públicos

La Sala determinó, en lo referente a la aparente coexistencia de estas
dos disposiciones, que al entrar en vigor el artículo 60, numeral 4,
de la Ley 2200, se produjo la derogatoria tácita del artículo 48,
numeral 4, de la Ley 617, en el entendido de que esta se produce
cuando el legislador no ha manifestado expresamente su voluntad de
retirar del ordenamiento jurídico leyes anteriores, pero así se deduce
por la incompatibilidad entre la norma anterior y la nueva
(antinomia), de manera que la aplicación de una de ellas conlleva

23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de abril de 2018,

número único de radicación 11001-03-15-000-2017-01062-00, consejero ponente Carmelo
Perdomo Cuéter.

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Número único de radicación: 81001233900020240002302;
(81001233900020240002901 y 81001233900020240004001
acumulados)
Solicitantes: NICOLE ACEVEDO MARTÍNEZ, JAIRO ELÍAS ORTEGA
VELÁSQUEZ y DAVINSON SUÁREZ UREÑA

necesariamente el desconocimiento de la otra, así como la
derogatoria orgánica se presenta cuando la nueva ley regula
íntegramente la materia, cuestión que debe determinarse conforme
a la intención expresada por el legislador24.

En cuanto a la derogatoria parcial, tácita y orgánica, de la causal de
pérdida de investidura de indebida destinación de dineros públicos,
que estuvo prevista en el artículo 48, numeral 4, de la Ley 617, por
la del artículo 60, numeral 4, de la Ley 2200, la Sala discurrió, así:

“[…] La Ley 617 se ocupó de regular y modificar aspectos del
funcionamientos de los municipios, los distritos y los
departamentos; a su turno, la Ley 2200 se profirió con el fin de
modernizar la organización y funcionamiento de los departamentos;
el artículo 154 de la Ley 2200 derogó en forma expresa el Decreto
Ley 1222 de 1986, que correspondía al Código de Régimen
Departamental y previó la derogatoria tácita de aquellas normas de
la Ley 617 que resulten incompatibles con el nuevo régimen de
organización y funcionamiento de los departamentos;
consecuentemente, en su temporalidad y en su contenido, la Ley
2200 es norma especial y posterior respecto de la Ley 617, por lo
que, atendiendo a los reglas previstas en los artículos 2.° y 3.° de
la Ley 153 de 24 de agosto de 188725, respecto de los
departamentos es la norma vigente y aplicable.

La Ley 2200, como norma especial y posterior, en su Título II, sobre
[…] Asambleas Departamentales […], Capítulo II, sobre “[…]
Diputados […]”, reglamentó los asuntos relativos a estos servidores
públicos, efecto para el cual previó, entre otros aspectos, aquellos
relacionados con sus funciones, remuneración, así como el régimen
de prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades, conflicto de
interés y de pérdida de la investidura; por esta razón, a partir de la
entrada en vigencia de esta normativa, lo que ocurrió el 8 de febrero
de 2022, esta es la norma aplicable a los diputados, y no la ley 617.

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de

noviembre de 2024, número único de radicación 81001233900020240003101, consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez.
25 “[…] Que adiciona y reforma los Códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887 […]”.

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Número único de radicación: 81001233900020240002302;
(81001233900020240002901 y 81001233900020240004001
acumulados)
Solicitantes: NICOLE ACEVEDO MARTÍNEZ, JAIRO ELÍAS ORTEGA
VELÁSQUEZ y DAVINSON SUÁREZ UREÑA

Ahora bien, en lo que es relevante al asunto bajo examen, el artículo
48 de la Ley 617 mantiene su vigencia respecto de los concejales y
los ediles, razón por la cual, las causales de pérdida de investidura
allí previstas, son aplicables a dichos servidores públicos de elección
popular, mientras que el artículo 60 de la Ley 2200 es la norma
aplicable a los diputados en lo relativo a su régimen de pérdida de
investidura; esto, atendiendo a que el artículo 154 de la Ley 2200
no realizó una derogatoria expresa respecto de la Ley 617, y se
ocupó de prever, conforme lo corroboran la exposición de motivos
del proyecto de ley y el título de la propia ley, un nuevo régimen de
funcionamiento y organización de los departamentos.

Lo anterior también se corrobora de la lectura integral del artículo
60 de la Ley 2200, toda vez que el legislador no previó para los
diputados, un régimen de pérdida de investidura idéntico al que
tenían previsto en el artículo 48 de la Ley 617; por el contrario, al
cotejar esta última norma con el artículo 60, se advierte que el
legislador introdujo un régimen similar, pero no idéntico; así se
desprende de las diferencias en los textos normativos de las
causales previstas en los numerales 1.°, 2.°, 3.°, 4.° y 5.°, donde
hay variaciones en los ingredientes normativos, así como de lo
previsto en cuanto al procedimiento y a la permanencia en el cargo,
en los parágrafos 1.° y 2.°, donde se hace evidente que la Ley 2200
introdujo un nuevo régimen de pérdida de investidura.

De acuerdo con lo considerado y luego de realizar la confrontación
de los textos normativos, la Sección concluye que las causales de
pérdida de investidura previstas en el numeral 4.° del artículo 48 de
la Ley 617 “[…] por indebida destinación de dineros públicos […]”, y
en el numeral 4.° del artículo 60 de la Ley 2200, “[…] Por sentencia
condenatoria en firme sobre indebida destinación de dineros
públicos […]” ; devienen incompatibles, fundamentalmente, porque
el numeral 4.° del artículo 60 condiciona el decreto de la pérdida de
investidura, a la existencia de una sentencia condenatoria en firme,
esto significa que, para la configuración del elemento objetivo de la
causal, debe verificarse que exista un pronunciamiento judicial
condenatorio, ejecutoriado, que se pronuncie sobre conductas que
puedan configurar indebida destinación de dineros públicos: sin este
requisito cumplido y probado, no resulta posible que el juez decrete
la pérdida de investidura de un Diputado; mientras que, la causal
del numeral 4.° del artículo 48 de la Ley 617 no exige tal requisito,
y, por esta razón, el espectro de análisis y valoración probatoria es
diferente.

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Número único de radicación: 81001233900020240002302;
(81001233900020240002901 y 81001233900020240004001
acumulados)
Solicitantes: NICOLE ACEVEDO MARTÍNEZ, JAIRO ELÍAS ORTEGA
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Sobre este particular, se considera que el numeral 4.° del
art. 48 de la Ley 617 conduce a que el juez de la pérdida de
investidura determine si el elegido usó los dineros públicos
para fines no previstos, distintos, prohibidos o no
autorizados por la Constitución Política, las leyes o el
reglamento, traicionando, cambiando o distorsionando con
ello los fines y cometidos estatales preestablecidos en la
normativa que regula el gasto de esos dineros públicos ; en
el segundo (numeral 4.° del artículo 60 de la Ley 2200), el
juez debe orientarse a establecer si sobre la conducta del
elegido, pesa una sentencia condenatoria en firme sobre
indebida destinación de dineros públicos, y, de encontrarse
acreditado ello, el estudio se orientará a determinar si
aquella conducta, previamente juzgada y castigada,
constituye o no, indebida destinación de dineros públicos
que da lugar a la pérdida de la investidura.

Lo anterior supone que el juicio de subsunción que debe
realizar el juez de lo contencioso administrativo, resulta
diametralmente distinto si se trata de una u otra causal; ante
la sentencia condenatoria en firme, el análisis de la causal
de pérdida de la investidura se orientará a determinar si el
delito por el que fue condenado el elegido conlleva, implícita
o explícitamente, alguna conducta de la que se derive la
destinación indebida destinación de dineros públicos; caso
en el cual, decretará la pérdida de investidura; mientras que,
en el caso de la indebida destinación de dineros públicos, el
juez de lo contencioso administrativo verificará si la
conducta del elegido traiciona, distorsiona o cambia los fines
para los cuales fue previsto el dinero público, sin
encontrarse condicionado al análisis fáctico, jurídico y
probatorio, realizado por el juez que profirió la sentencia
condenatoria.

En suma, la Sala considera que el numeral 4.° del artículo 60
de la Ley 2200 que prevé la pérdida de la investidura “[…]
por sentencia condenatoria en firme sobre indebida
destinación de dineros públicos […]”, derogó parcial, tácita
y orgánicamente, la causal de pérdida de investidura
prevista en el numeral 4.° del artículo 48 de la Ley 617: la
derogatoria es parcial, en cuanto esta última norma sigue
vigente y es la aplicable a los concejales y ediles, pero no a
los diputados, a quienes les aplica la causal prevista en el
numeral 4.° del artículo 60 de la ley 2200; es tácita, porque
surge de la incompatibilidad que conlleva la literalidad de

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(81001233900020240002901 y 81001233900020240004001
acumulados)
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una y otra de las causales de pérdida de investidura; y es
orgánica, porque el artículo 60 de la Ley 2200 introdujo al
ordenamiento un nuevo régimen, íntegro y completo, para
la organización y funcionamiento de los departamentos,
dentro del cual se previó el régimen de pérdida de la
investidura exclusivo de los Diputados […]”26 (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

Con fundamento en tales consideraciones, es que la Sala pone de
presente que, para todos los efectos judiciales en el estudio del caso
concreto, la disposición que contiene la causal de pérdida de
investidura que debe analizarse, bajo el marco jurisprudencial que
permite interpretar el alcance y contenido de la indebida destinación
de dineros públicos, es el artículo 60, numeral 4, de la Ley 2200,
luego de haber sido derogado parcial, tácita y orgánicamente, el
artículo 48, numeral 4, de la Ley 617, en lo que concierne, de forma
exclusiva, a los diputados.

V.4.- Marco normativo y jurisprudencial del reconocimiento y
pago de la remuneración de los diputados27

A partir de lo estipulado en los artículos 3° y 8° de la Ley 617, la
remuneración de los diputados se realiza con cargo al presupuesto
de gastos de funcionamiento, y su pago se realiza con los ingresos
corrientes de libre destinación; consecuentemente, el presidente de
la Asamblea, como jefe de esa corporación político-administrativa, es

26 Cit. Sección Primera, sentencia de 21 de noviembre de 2024, número único de radicación
81001233900020240003101, consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.
27 Análisis tomado de: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

sentencias de 21 de noviembre de 2024, número único de radicación 81001233900020240003101,
consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez y de 13 de marzo de 2025, número único de
radicación 81001233900020240002501, consejero ponente Germán Eduardo Osorio Cifuentes.

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(81001233900020240002901 y 81001233900020240004001
acumulados)
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competente para ordenar dicho gasto28, el cual se realiza con dineros
públicos.

De conformidad con el artículo 299, inciso final, de la Constitución
Política29, los miembros de la Asamblea Departamental tendrán
derecho a una remuneración durante las sesiones correspondientes
y estarán amparados por un régimen de prestaciones y seguridad
social, en los términos que fijen la ley.

El artículo 81 de la Ley 2200, que subrogó el artículo 28 de la Ley
617, establece la remuneración de los diputados en la misma forma
cómo lo hacía la anterior disposición, así:

“[…] Artículo 81. Remuneración de los diputados. La
remuneración por concepto de asignación mensual de los diputados
de las asambleas departamentales por mes de sesiones será la
siguiente:

Categoría de Remuneración
departamento de diputados
Especial 30 smlm
Primera 26 smlm
Segunda 25 smlm
Tercera y cuarta 18 smlm

28 En igual sentido lo ha considerado la Sección Primera con relación a la remuneración de los
concejales municipales y distritales. Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencias de 15 de diciembre de 2023, número único de radicación
76001 2333 000 2023 00563 01(PI), magistrado ponente Hernando Sánchez Sánchez; de 17 de
febrero de 2022, número único de radicación 05001233300020200381801, consejera ponente
Nubia Margoth Peña Garzón; de 10 de diciembre de 2021, número único de radicación 47001 2333
000 2021 00310 01(PI), consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés; y de 15 de marzo de
2018, número único de radicación 13001 2333 000 2016 01107 01(PI), consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez.
29 Modificado por el Acto Legislativo 1 de enero 15 de 1996, y luego por el Acto Legislativo 1 de

2007. La Sección Segunda del Consejo de Estado ha considerado que este último acto legislativo no
produjo modificación alguna en lo atinente al régimen salarial y prestacional de los diputados, porque
mantuvo la misma descripción contenida en el Acto Legislativo 01 de 1996 y desarrollado por la Ley
617 de 2000; la variación se produjo en cuanto al aumento del periodo de ejercicio de los diputados,
de 3 a 4 años, e, igualmente, enfatizó en la condición política que tienen las Asambleas
Departamentales.

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Número único de radicación: 81001233900020240002302;
(81001233900020240002901 y 81001233900020240004001
acumulados)
Solicitantes: NICOLE ACEVEDO MARTÍNEZ, JAIRO ELÍAS ORTEGA
VELÁSQUEZ y DAVINSON SUÁREZ UREÑA

[…]”.

Al referirse al subrogado artículo 28 de la Ley 617, -consideraciones
que guardan plena identidad con lo previsto en el artículo 81 de la
Ley 2200, por lo que ahora se reiteran-, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional30 y del Consejo de Estado31, así como los conceptos
de la Sala de Consulta y Servicio Civil32, han sostenido que en
desarrollo de los artículos 299 y 302 superiores, dicha norma previó
el derecho a la remuneración mensual que tienen los diputados por
período de sesiones, en función de la categoría a la que pertenezca
el departamento, siendo esta última cuestión la que determina la
capacidad de gestión fiscal, administrativa y presupuestal de dichas
entidades territoriales, sin perjuicio de las acciones que procedan por
la no asistencia a ellas.

Por su parte, el artículo 23 de la Ley 2200, previó que las asambleas
sesionarán de manera ordinaria durante 6 meses, así:

30 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-837 de agosto 9 de 2001, magistrado ponente Jaime

Araújo Rentería. En esta sentencia se declaró la constitucionalidad del artículo 28 de la Ley 617 de
2000, considerando que esa norma “[…] estableció la remuneración de los diputados de las
Asambleas Departamentales, según la categoría departamental que los cobije. Es decir, el Legislador
estipuló válidamente una disposición remuneratoria en desarrollo de la categorización departamental
que ampara la Carta. Por lo tanto, la Corte declarará la exequibilidad del prenotado artículo 28 […]”.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencias de 18 de mayo de 2018, número único de radicación 41001-23-31-000-2015-00033-
01(5077-16), consejera ponente Sandra Lissette Ibarra Vélez; y de 23 de febrero de 2011, número
único de radicación 47001-23-31-000-2003-01277-01(2341-08), consejera ponente Bertha Lucía
Ramírez de Páez. En estas sentencias se sigue la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el
sentido de que la remuneración de los diputados es de carácter mensual por mes de sesiones, de
acuerdo con los periodos previstos en el artículo 28 de la Ley 617 de 2000, con fundamento en la
categoría a la que pertenezca el correspondiente departamento.
32 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, conceptos núms. 1700 de 14 de diciembre

de 2005, consejero ponente Luis Fernando Álvarez Jaramillo y 1501 de 3 de diciembre de 2003,
consejero ponente Flavio Augusto Rodríguez Arce.

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Número único de radicación: 81001233900020240002302;
(81001233900020240002901 y 81001233900020240004001
acumulados)
Solicitantes: NICOLE ACEVEDO MARTÍNEZ, JAIRO ELÍAS ORTEGA
VELÁSQUEZ y DAVINSON SUÁREZ UREÑA

“[…] el primer período del primer año de sesiones, estará
comprendido entre el 1° de enero posterior a su elección al último
día del mes de febrero del respectivo año.

El segundo, tercer y cuarto año de sesiones tendrá como primer
período el comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de abril.

El segundo período será del primero de junio al 30 de julio, y el
tercer período, será del 1 de octubre al 30 de noviembre.

Podrán sesionar durante tres (3) meses al año de forma
extraordinaria, previa convocatoria del gobernador. En el curso de
ellas sólo podrá ocuparse de los asuntos que el gobernador someta
a su consideración, sin perjuicio de la función de control político que
le es propia, así como los temas administrativos propios de la
corporación.

Las sesiones extraordinarias que convoque el gobernador podrán
realizarse en oportunidades diferentes siempre y cuando no se
exceda el límite establecido en este Artículo.

Parágrafo. Si por cualquier causa debidamente justificada por la
Mesa Directiva, las asambleas no pudieran reunirse ordinariamente
en las fechas indicadas, lo harán tan pronto como fuere posible,
dentro del periodo correspondiente […]”.

Finalmente, el artículo 44 de la misma ley establece que la falta de
asistencia de los diputados a las sesiones, sin excusa justificada y
válida aceptada mediante resolución por la mesa directiva, no
causará remuneración y prestaciones correspondientes, sin perjuicio
de que se decrete la pérdida de la investidura cuando hubiere lugar.

Es así como, a partir de lo anterior, y en el marco de la evaluación
de la causal de indebida destinación de dineros públicos de
diputados, es inequívoco que el derecho de los diputados al
reconocimiento de su remuneración mensual, se deriva de los
períodos de sesiones fijados por el legislador para la asamblea

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(81001233900020240002901 y 81001233900020240004001
acumulados)
Solicitantes: NICOLE ACEVEDO MARTÍNEZ, JAIRO ELÍAS ORTEGA
VELÁSQUEZ y DAVINSON SUÁREZ UREÑA

departamental, así como de su asistencia comprobada a las sesiones
plenarias o de comisiones permanentes, según se trate, salvo que,
ante su ausencia, exista excusa justificada y válida aceptada
mediante resolución por la mesa directiva, en los términos en que
aparece redactado el artículo 44 de la Ley 2200.

V.5.- Del caso concreto

V.5.1.- La Sala, con fundamento en el acervo probatorio allegado al
proceso33, pudo verificar lo siguiente:

Que la accionada, señora ALEXA MILENA QUIRIFE BOHÓRQUEZ,
-Partido Liberal Colombiano-, fue elegida diputada de Arauca, para
ejercer el período constitucional 2020-2023, de conformidad con el
Formulario E-26CON de 8 de noviembre de 2019, expedido por los
miembros de la Comisión Escrutadora de la REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, circunstancia por la cual
permanece demostrada su calidad de diputada para la época de los
hechos, así como que fue elegida y posesionada presidente de esa
corporación, -a partir de 1o. de enero al 31 de diciembre de 2023-,
como consta en el acta de posesión núm. 44 de 30 de noviembre de
2022.

A su vez resulta evidente que los hechos giran en torno a la indebida
destinación de dineros que son públicos, pues atienden al pago

33 Tal como fue advertido al inicio de esta providencia, todas las pruebas recaudadas en el proceso

reposan en el en el sistema para la gestión judicial SAMAI, específicamente en el índice 00002, con
descripción del documento: “DEMANDA Y ANEXOS (.zip) NroActua 2. zip”.

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(81001233900020240002901 y 81001233900020240004001
acumulados)
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supuestamente irregular de las sesiones del año fiscal 2023 a los
diputados de la Asamblea Departamental de Arauca, quienes
ostentan la calidad de servidores públicos, en los términos del
artículo 299 de la Constitución Política.

Los accionantes sustentan las tres solicitudes de pérdida de
investidura acumuladas, por la aparente configuración de la causal
de indebida destinación de dineros públicos, luego de que la
accionada, presuntamente, reconociera y ordenara pagar sesiones a
favor de ella misma y otros diputados, pese a que no asistieron a las
sesiones de 11, 12, 27 y 28 de julio, 13, 14, 20, 22, 23 y 24 de
agosto, 1o., 3, 10, 11 y 24 de octubre, 23 y 28 de noviembre, 4, 6,
7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 19 de diciembre de 2023; y que, a su
favor, se pagara una sesión de más, así como a otro diputado en las
sesiones de 23 a 30 de agosto de 2023.

V.5.2.- De la excepción de inconstitucionalidad solicitada por
los accionantes, respecto de la expresión “[…] por sentencia
condenatoria en firme […]” del artículo 60, numeral 4, de la
Ley 2200

En la sentencia apelada se sostuvo que los actores no demostraron
que contra la diputada ALEXA MILENA QUIRIFE BOHÓRQUEZ, se
hubiese proferido sentencia condenatoria por indebida destinación
dineros públicos; y que dicha decisión judicial se encuentre en firme,
en los términos exigidos por el artículo 60, numeral 4, de la Ley 2200.

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acumulados)
Solicitantes: NICOLE ACEVEDO MARTÍNEZ, JAIRO ELÍAS ORTEGA
VELÁSQUEZ y DAVINSON SUÁREZ UREÑA

Se mencionó en esa providencia que es indispensable que se haya
dictado en sede judicial ordinaria, una sentencia condenatoria que
haga tránsito a cosa juzgada, en la que se establezca el uso ilícito de
los recursos públicos, cuyos rubros gozan de la mayor protección
jurídica ante los posibles comportamientos irregulares por parte de
quienes los administran.

De igual forma, negó la aplicación de la excepción de
inconstitucionalidad respecto de la expresión “[…] por sentencia
condenatoria en firme […]”, dispuesta en ese artículo 60, numeral 4,
de la Ley 2200, toda vez que sostuvo no haber encontrado una
trasgresión palmaria o evidente de la Constitución Política que
justificara la inaplicación de la citada disposición al caso concreto, y
porque este asunto tuvo ocurrencia en el año 2023, es decir, con
posterioridad a la entrada en vigor de la referida norma, todo lo cual
le llevó a denegar la desinvestidura formulada en las tres solicitudes
acumuladas.

En este punto, la Sala advierte que, a diferencia de lo considerado
por el Tribunal en la providencia recurrida, sí resulta procedente
excepcionar, por inconstitucional, la expresión “[…] por sentencia
condenatoria en firme […]”, del artículo 60, numeral 4, de la Ley
2200, tal como fue determinado en la citada sentencia de la Sección
de 21 de noviembre de 202434, ocasión en la que, por demás, se
denegó la desinvestidura de la diputada MERCEDES RINCÓN
ESPINEL, quien también fungió como presidente de la Asamblea

34Cit. Sección Primera, sentencia de 21 de noviembre de 2024, número único de radicación
81001233900020240003101, consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.

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Departamental de Arauca, durante la vigencia fiscal 2022, -y aparece
mencionada en el caso concreto, no como acusada, sino como
destinataria de supuestos pagos irregulares por concepto de las
referidas sesiones-.

Como fundamento de tal determinación, se sostuvo que esa frase
introdujo un tratamiento diferenciado a los diputados respecto de los
concejales, los ediles, e incluso, de los congresistas, que no tiene
justificación constitucional ni teleológica alguna, argumentos que
ahora se prohíjan para el análisis del caso bajo estudio, así:

“[…] En este caso, la Sección Primera considera que el
ingrediente normativo “[…] por sentencia condenatoria en
firme […]” conlleva el tratamiento diferenciado de los
Diputados, frente a los Concejales, municipales y distritales, y
a los Ediles, en relación con el régimen de pérdida de
investidura que conlleva la restricción de los derechos políticos
de los elegidos popularmente, puesto que el numeral 4.° del
artículo 48 de la Ley 617, sobre pérdida de investidura de los
concejales municipales y distritales y de miembros de juntas
administradoras locales, “[…] por indebida destinación de
dineros públicos […]”, es la norma vigente, aplicable a dichos
servidores públicos.

La Sección Primera arriba a dicha conclusión, con fundamento en las
siguientes razones:

Los diputados, concejales y ediles son miembros de corporaciones
públicas de elección popular, y son sujetos comparables, en la medida
en que: i) son servidores públicos de elección popular, miembros de
corporaciones públicas, destinatarios del régimen de pérdida de la
investidura: los diputados, conforme al previsto en el artículo 60 de la
Ley 2200; los concejales y ediles, conforme al previsto en el artículo
48 de la Ley 617.

Para los servidores públicos de elección popular mencionados, e incluso
para los Congresistas de la República, el ejercicio de su investidura se
enmarca en la defensa de la dignidad del cargo y la salvaguarda del

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principio de representación democrática, finalidades constitucionales
en las que se fundamentan: i) el proceso sancionatorio de pérdida de
investidura y su consecuente restricción de los derechos políticos; y ii)
el control político y la participación ciudadana como prerrogativa de
todos los ciudadanos, con independencia de la corporación pública a la
que pertenezca su destinatario.

La diferencia de tratamiento entre ambos grupos es evidente:
mientras el numeral 4.° del artículo 60 de la Ley 2200 exige
sentencia condenatoria en firme para la procedencia de la
causal de pérdida de investidura por indebida destinación de
dineros públicos de los diputados, la causal homóloga, prevista
para los Concejales y Ediles en el numeral 4.° del artículo 48 de
la Ley 617, no prevé la exigencia de dicho requisito, de manera
que el proceso sancionatorio puede adelantarse sin la
necesidad de una sentencia condenatoria.

La justificación que tuvo el legislador para introducir el elemento
diferenciador entre las causales de pérdida de investidura del numeral
4.° del artículo 60 de la Ley 200 y el numeral 4.° del artículo 48 de la
Ley 617, la hizo consistir en la garantía constitucional de la presunción
de inocencia; no obstante, se considera que la exigencia del
requisito de una sentencia condenatoria en firme, es decir, una
sentencia ejecutoriada, no es proporcional a los fines previstos
por la norma que lo introdujo, cuales son, la salvaguarda del
principio democrático y de la dignidad de la investidura que se
otorga por voto popular, máxime cuando, conforme con el
artículo 29 de la Constitución Política, los procesos y
actuaciones de las autoridades, judiciales o administrativas,
están compelidos a garantizar el debido proceso.

Por último, la Sección Primera considera que la medida referida
a exigir que los diputados solamente pueden perder la
investidura cuando han sido condenados por ilícitos sobre
destinación de dineros públicos, no resulta eficaz y útil para
satisfacer la finalidad para la cual fue estatuido el proceso de
pérdida de investidura, comoquiera que supedita la
prosperidad del medio de control a las resultas de un proceso
que ha de antecederla, desconociendo la naturaleza del mismo,
así como la autonomía e independencia, reconocida por la
jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional, a los procesos de pérdida de investidura.

En suma, el ingrediente normativo “[…] por sentencia
condenatoria en firme […]”, previsto en la causal de pérdida

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acumulados)
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de investidura del numeral 4.° de la Ley 2200, introduce un
tratamiento diferenciado a los diputados respecto de los
concejales, los ediles, e incluso respecto de los congresistas, el
cual, según lo expuesto líneas atrás, no tiene justificación
constitucional ni teleológica.

No puede olvidarse el principio de derecho, según el cual, a igual razón
igual disposición, pues a través de su lente se puede entender que el
principio democrático, fundante de nuestro Estado social de derecho
conforme lo prevé el artículo 1.° de la Constitución, fue materializado
por el legislador en el numeral 4.° de la Ley 617, cuando previó la
pérdida de la investidura por indebida destinación de dineros
públicos, en igualdad de condiciones para todos los miembros
de corporaciones públicas de elección popular de orden
territorial; de manera que abstraerlos de la aplicación de dicha
causal, en orden a una derogatoria tácita, contraria el
mencionado principio […]”35 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

La Sección considera, entonces, que el condicionamiento según el
cual, los diputados solamente pierden la investidura cuando han sido
condenados por ilícitos sobre destinación de dineros públicos, no
resulta eficaz y útil para satisfacer la finalidad para la cual fue
estatuido este proceso, toda vez que supedita la prosperidad del
medio de control a las resultas de un proceso que ha de antecederla,
desconociendo la naturaleza del mismo, así como la autonomía e
independencia reconocidas por la jurisprudencia del propio Consejo
de Estado y la Corte Constitucional.

Es así como deben ser reiteradas estas consideraciones, como en
efecto se hace, para, a diferencia de lo sostenido en la providencia
apelada, aplicar la excepción de inconstitucionalidad solicitada por
los accionantes en el caso concreto, respecto de la expresión “[…]
por sentencia condenatoria en firme […]” del artículo 60, numeral 4,

35 Idem.

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(81001233900020240002901 y 81001233900020240004001
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de la Ley 2200, lo que, en consecuencia, implica estudiar la eventual
configuración de la causal de indebida destinación de dineros
públicos, con exclusión de ese ingrediente normativo.

A su vez, se pone de presente que en la parte resolutiva de la
pluricitada sentencia de 21 de noviembre de 2024, se previno a la
comunidad en general en cuanto que las consideraciones expuestas
sobre el alcance del artículo 60, numeral 4, de la Ley 2200, tendrían
aplicación inmediata a partir de la firmeza de esa decisión judicial,
esto es, sin necesidad de acudir a la figura de la excepción de
inconstitucionalidad para el examen de hechos nuevos, lo que no
ocurre en el presente asunto en el que los reproches corresponden a
la vigencia fiscal 2023 de la Asamblea Departamental de Arauca.

V.5.3.- Descendiendo al caso concreto, la Sala confrontará cada una
de las sesiones mencionadas por los accionantes, con las pruebas
que obran en el expediente:

V.5.3.1.- Sesiones de 11, 12 y 27 de julio de 2023, respecto
del diputado JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS

En los listados de asistencia a sesiones de los diputados de Arauca,
correspondientes a las sesiones ordinarias núm. 42 y 43 de 11 y 12
de julio de 2023, respectivamente, se observa la ausencia del
diputado JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS, lo cual se constata en
las grabaciones de esas sesiones en sendos videos .mp436.

36 Disponibles en: [https://drive.google.com/file/d/1Pghgavnbied8R8rNGtnNpqS-ZU2_HB9k/view]

y [https://drive.google.com/file/d/1auHPf6lPAIN85786GZ-TqywSwJK9aFxw/view].

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De la planilla expedida por la Oficina de Tesorería de la Asamblea
Departamental de Arauca, suscrita también por la accionada,
diputada ALEXA MILENA QUIRIFE BOHÓRQUEZ, -en calidad de
presidente de esa duma departamental-, se advierte que al diputado
JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS, en efecto, le fueron reconocidos
los 15 días comprendidos en el período de 1o. a 15 de julio de 2023,
para un total devengado de $10.440.000, sin que le fuesen
descontadas las ausencias de 11 y 12 de julio de 2023.

No obstante, aparece la Resolución núm. 039 de 10 de julio de 2023,
“[…] Por medio de la cual se comisiona a un diputado de la Asamblea
Departamental […]”, expedida por la accionada, mediante la cual se
comisionó al señor JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS para que se
trasladara a Bogotá, D.C., durante el 11 y 12 de julio de 2023, con
el objeto de ‘atender asuntos inherentes a sus funciones como
diputado del departamento de Arauca’, esto es, a realizar gestiones
propias de su cargo.

Por su parte, en el listado de asistencia a sesiones de los diputados
de Arauca, correspondiente a la sesión ordinaria núm. 50 de 27 de
julio de 2023, también se observa la ausencia del diputado JUAN
ALFREDO QUENZA RAMOS, lo cual se corrobora en la grabación de
esa sesión en video .mp437.

De la planilla expedida por la Oficina de Tesorería de la Asamblea
Departamental de Arauca, suscrita también por la accionada,

37 Disponible en: [https://drive.google.com/file/d/1bfETwaUp7-XUO9-EvsX_Usb5XHJdmI97/view].

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diputada ALEXA MILENA QUIRIFE BOHÓRQUEZ, -en calidad de
presidente de esa duma departamental-, se advierte que al diputado
JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS, en efecto, le fueron reconocidos
los 15 días comprendidos en el período de 16 a 31 de julio de 2023,
para un total devengado de $10.440.000, sin que le fuese
descontada la ausencia de 27 de julio de 2023.

Sin embargo, aparece la Resolución núm. 042 de 26 de julio de 2023,
“[…] Por medio de la cual se comisiona a un diputado de la Asamblea
Departamental […]”, expedida por la accionada, con la que se
comisionó al señor JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS para que se
trasladara a Bogotá, D.C., durante el 27 de julio de 2023, con el
objeto de ‘atender asuntos inherentes a sus funciones como diputado
del departamento de Arauca’, esto es, a realizar gestiones propias de
su cargo.

Con fundamento en lo verificado, la Sala encuentra que, si bien la
accionada autorizó el pago de las sesiones de 11, 12 y 27 de julio de
2023, al diputado JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS, lo cierto es
que esas ausencias estuvieron justificadas por la concesión de
comisiones para atender asuntos inherentes a sus funciones como
diputado del departamento de Arauca, con lo cual, al tenor del
artículo 44 de la Ley 220038, no se le podía privar de la remuneración
y prestaciones correspondientes39.

38 “[…] Artículo 44. Inasistencia. La falta de asistencia de los diputados a las sesiones, sin excusa

justificada y válida, aceptada mediante resolución por la mesa directiva, no causará la remuneración
y prestaciones correspondientes; sin perjuicio de la pérdida de la investidura cuando hubiere lugar
[…]”.
39 A igual conclusión arribó la Sala en un proceso de pérdida de investidura en el que se examinaron

los mismos hechos, formulados en esa oportunidad contra el diputado JUAN ALFREDO QUENZA

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En este punto, los actores sostienen que la accionada expedía esas
resoluciones de comisión por el solo hecho de que un diputado le
expresara su interés de viajar a la ciudad de Bogotá, D.C.,
supuestamente a realizar gestiones propias de su cargo, en este caso
JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS, y que ello constituye falsa
motivación por parte de la servidora pública.

Al respecto, la Sala pone de presente que ello no solo no está probado
en el proceso, sino que el juicio de legalidad de los citados actos
administrativos es ajeno al proceso de desinvestidura. De ahí que la
eventual configuración de una indebida destinación de dineros
públicos, resulta exonerada porque se autorizó un viaje del diputado
por fuera de la sede de la Asamblea Departamental de Arauca, en
comisión de servicios.

Lo anterior, sin perjuicio de mencionar que las resoluciones
expedidas por la presidente de la Asamblea Departamental de
Arauca, tal como ya fue considerado por la Sección en un asunto
similar, tuvieron:

“[…] fundamento en las facultades conferidas en el numeral 2.° del
artículo 36 de la Ordenanzas núm. 032 de 18 de noviembre de 2020
y en el numeral 3.° del artículo 51 de la Ordenanza 103 de 30 de
julio de 2022. De acuerdo con estas dos normas, con idéntica
redacción en los dos actos administrativos, es función del Presidente
de la Asamblea Departamental de Arauca, “[…] [F]irmar las
comunicaciones, las actas de las sesiones, las Ordenanzas y las
Resoluciones debidamente aprobadas […]”; ahora bien, en lo que
se refiere a las funciones de la Mesa Directiva, el numeral 3 del

RAMOS, la que ahora se prohíja: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia de 13 de marzo de 2025, número único de radicación
81001233900020240002501, consejero ponente Germán Eduardo Osorio Cifuentes.

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Número único de radicación: 81001233900020240002302;
(81001233900020240002901 y 81001233900020240004001
acumulados)
Solicitantes: NICOLE ACEVEDO MARTÍNEZ, JAIRO ELÍAS ORTEGA
VELÁSQUEZ y DAVINSON SUÁREZ UREÑA

artículo 34 prevé que a este le corresponde autorizar las comisiones
de los diputados por fuera de la sede de la asamblea, y nada señala
en relación con los permisos y excusas; por su parte, la Ordenanza
núm. 103, en sus literales b) y h), previene, entre las funciones de
la Mesa Directiva, las relativas a “[…] velar por la asistencia de los
diputados a las sesiones y requerir a los diputados para que
justifiquen su inasistencia […]”, así como “[…] decidir y tramitar las
faltas temporales e inasistencias de los diputados […]”; no obstante,
nada indica en relación con la expedición de los actos
administrativos correspondientes a estas decisiones. Conforme
con lo anterior, la Sala considera que las comisiones, los
permisos y las excusas que fueron admitidas mediante
resoluciones firmadas por el Presidente de la Asamblea
Departamental de Arauca, constituyen prueba de que
algunas de las ausencias de los diputados a las sesiones
estuvieron justificadas, máxime cuando respecto de ellas no
se ha desvirtuado la presunción de legalidad, ni las
mencionadas ordenanzas exigen la expedición de acto
administrativo alguno por parte de la Mesa Directiva, a
efecto de decidir y tramitar las inasistencias de los
diputados, requerirles sus excusas o autorizarles una
comisión u otorgarles permisos […]”40 (Negrillas y subrayas
fuera de texto).

V.5.3.2.- Sesión de 28 de julio de 2023, respecto de los
diputados MARCOS SOMOZA CAMPEROS y KENDY YECID
RODRÍGUEZ BUSTAMANTE

En el listado de asistencia a sesiones de los diputados de Arauca,
correspondiente a la sesión ordinaria núm. 51 de 28 de julio de 2023,
se observan las ausencias de los diputados MARCOS SOMOZA
CAMPEROS y KENDY YECID RODRÍGUEZ BUSTAMANTE, lo cual
se corrobora con el acta núm. 086 de igual fecha, en el que ambos
se relacionan como ‘AUSENTES’.

40Cit. Sección Primera, sentencia de 21 de noviembre de 2024, número único de radicación
81001233900020240003101, consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.

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Número único de radicación: 81001233900020240002302;
(81001233900020240002901 y 81001233900020240004001
acumulados)
Solicitantes: NICOLE ACEVEDO MARTÍNEZ, JAIRO ELÍAS ORTEGA
VELÁSQUEZ y DAVINSON SUÁREZ UREÑA

De la planilla expedida por la Oficina de Tesorería de la Asamblea
Departamental de Arauca, suscrita también por la accionada,
diputada ALEXA MILENA QUIRIFE BOHÓRQUEZ, -en calidad de
presidente de esa duma departamental-, se advierte que a los
diputados MARCOS SOMOZA CAMPEROS y KENDY YECID
RODRÍGUEZ BUSTAMANTE, en efecto, le fueron reconocidos los 15
días comprendidos en el período de 16 a 31 de julio de 2023, para
un total devengado de $10.440.000, sin que les fuese descontada la
ausencia de 28 de julio de 2023.

No obstante, aparece la Resolución núm. 043 de 27 de julio de 2023,
“[…] Por medio de la cual se comisiona a un diputado de la Asamblea
Departamental […]”, expedida por la accionada, con la que se
comisionó a los señores MARCOS SOMOZA CAMPEROS y KENDY
YECID RODRÍGUEZ BUSTAMANTE, para que se trasladaran a
Saravena (Arauca) y Bogotá, D.C., respectivamente, durante el 28
de julio de 2023, con el objeto de ‘atender asuntos inherentes a sus
funciones como diputado del departamento de Arauca’, en procura
de buscar alternativas conjuntas en favor de las comunidades del
área urbana y rural, y realizar gestiones propias de su cargo,
respectivamente.

Con fundamento en lo verificado, la Sala encuentra que si bien la
accionada autorizó el pago de la sesión de 28 de julio de 2023, a los
diputados MARCOS SOMOZA CAMPEROS y KENDY YECID
RODRÍGUEZ BUSTAMANTE, lo cierto es que esas ausencias
estuvieron justificadas por la concesión de comisiones para atender
asuntos inherentes a sus funciones como diputados del

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(81001233900020240002901 y 81001233900020240004001
acumulados)
Solicitantes: NICOLE ACEVEDO MARTÍNEZ, JAIRO ELÍAS ORTEGA
VELÁSQUEZ y DAVINSON SUÁREZ UREÑA

departamento de Arauca, con lo cual, al tenor del artículo 44 de la
Ley 2200, no se les podía privar de la remuneración y prestaciones
correspondientes.

Se reitera, en cuanto a la presunta falsa motivación con la que fue
expedida esa resolución de comisión, lo considerado por la Sala en el
punto ‘V.5.3.1.’ de esta providencia, según lo cual la legalidad de
tales resoluciones de comisión escapan al análisis de la causal de
indebida destinación de dineros públicos, así como que son actos
idóneos para decidir y tramitar las inasistencias de los diputados,
requerirles sus excusas, autorizarles una comisión u otorgarles
permisos.

V.5.3.3.- Sesiones extraordinarias de 13, 14 y 20 de agosto de
2023, respecto de la accionada, diputada ALEXA MILENA
QUIRIFE BOHÓRQUEZ

En los listados de asistencia a sesiones de los diputados de Arauca,
correspondientes a las sesiones extraordinarias núms. 42 de 13 de
agosto, 43 de 14 de agosto y 49 de 20 de agosto de 2023, se observa
la ausencia de la diputada accionada, ALEXA MILENA QUIRIFE
BOHÓRQUEZ.

De la planilla expedida por la Oficina de Tesorería de la Asamblea
Departamental de Arauca, suscrita también por la accionada,
diputada ALEXA MILENA QUIRIFE BOHÓRQUEZ, -en calidad de
presidente de esa duma departamental-, se advierte que, en efecto,
le fueron reconocidos los 10 días comprendidos en el período del 7 a

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16 de agosto de 2023, para un total devengado de $6.960.000, sin
que le fuesen descontadas las ausencias de 13, 14 y 20 de agosto de
2023.

Sin embargo, aparecen las resoluciones núms. 045 de 13 de agosto
de 2023, “[…] Por medio de la cual se comisiona a un diputado de la
Asamblea Departamental […]”, y 046 de 19 de agosto de 2023, “[…]
Por medio de la cual se comisiona a un diputado de la Asamblea
Departamental […]”, expedidas por la accionada, con las que ella se
comisionó para trasladarse a Bogotá, D.C., del 13 al 15 de agosto de
2023, con el objeto de ‘atender asuntos inherentes a sus funciones
como diputado del departamento de Arauca, al cumplir invitación de
la COMISIÓN LEGAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER EN EL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA’, y a Tame (Arauca), el 20 de agosto
de 2023, con el fin de ‘atender asuntos inherentes a sus funciones
como diputado del departamento de Arauca’, esto es, cumplir reunión
con el consejo intergremial de ese ente territorial, respectivamente.

Con fundamento en lo verificado, la Sala encuentra que si bien la
accionada se autorizó el pago de las sesiones de 13, 14 y 20 de
agosto de 2023, lo cierto es que esas ausencias estuvieron
justificadas por la concesión de comisiones para atender asuntos
inherentes a sus funciones como diputada del departamento de
Arauca, con lo cual, al tenor del artículo 44 de la Ley 2200, no se le
podía privar de la remuneración y prestaciones correspondientes.

V.5.3.4.- Sesiones extraordinarias de 22 y 23 de agosto de
2023, respecto de la diputada MARÍA ISABEL GELVEZ OROZCO

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VELÁSQUEZ y DAVINSON SUÁREZ UREÑA

En los listados de asistencias a sesiones de los diputados de Arauca,
correspondientes a las sesiones extraordinarias núms. 51 y 52 de 22
y 23 agosto de 2023, respectivamente, se observa que en la casilla
de ‘verificación de quorum’, aparece manuscrita la palabra
‘comisión’, en la columna de la diputada MARÍA ISABEL GELVEZ
OROZCO.

De las planillas expedidas por la Oficina de Tesorería de la Asamblea
Departamental de Arauca, suscritas por la accionada, diputada
ALEXA MILENA QUIRIFE BOHÓRQUEZ, -en calidad de presidente
de esa duma departamental-, se advierte que a la diputada MARÍA
ISABEL GELVEZ OROZCO, en efecto, le fueron reconocidos los 6
días comprendidos en el período de 17 a 22 de agosto de 2023, para
un total devengado de $4.176.000, así como los 8 días comprendidos
en el período de 23 a 30 de agosto de 2023.

Al respecto, se observa la Resolución núm. 047 de 20 de agosto de
2023, “[…] Por medio de la cual se comisiona a un diputado de la
Asamblea Departamental […]”, expedida por la accionada, con la que
se comisionó a la señora MARÍA ISABEL GELVEZ OROZCO, para
que se trasladara a Bogotá, D.C., durante el 21 y 22 de agosto de
2023, con el objeto de ‘atender asuntos inherentes a sus funciones
como diputado del departamento de Arauca’, esto es, a realizar
gestiones propias de su cargo, atinentes a la organización de los
seminarios de inducción de los nuevos diputados.

Con fundamento en lo verificado, la Sala encuentra que si bien la
accionada autorizó el pago de la sesión de 22 de agosto de 2023, a

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Número único de radicación: 81001233900020240002302;
(81001233900020240002901 y 81001233900020240004001
acumulados)
Solicitantes: NICOLE ACEVEDO MARTÍNEZ, JAIRO ELÍAS ORTEGA
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la diputada MARÍA ISABEL GELVEZ OROZCO, lo cierto es que esa
ausencia estuvo justificada por la concesión de comisión para atender
asuntos inherentes a sus funciones como diputada del departamento
de Arauca, con lo cual, al tenor del artículo 44 de la Ley 2200, no se
le podía privar de la remuneración y prestaciones correspondientes.

Ahora bien, con relación a la ausencia de 23 de agosto de 2023, la
Sala observa que, en efecto, en la grabación en video .mp4 de esa
sesión extraordinaria, cuando la secretaria llamó a lista a la diputada
MARÍA ISABEL GELVEZ OROZCO, esta no contestó y, en su lugar,
la propia secretaria manifestó “continúa en comisión”, tal como
aparece manuscrito en la casilla de ‘verificación de quorum’ del citado
listado de asistencia, por lo que sumado al hecho de que la
Resolución núm. 047 de 20 de agosto de 2023, solo incluyó los días
21 y 22 de agosto de 2023 en la respectiva comisión, dejando por
fuera el 23 de agosto de 2023, la diputada accionada, señora ALEXA
MILENA QUIRIFE BOHÓRQUEZ, no ha debido autorizar el pago de
esta última sesión a favor de aquella.

En este sentido, al no encontrarse evidencia que justifique esta
ausencia, en los términos del artículo 44 de la Ley 2200, ni la
presencia de cualquier otra circunstancia que explique el
reconocimiento de la sesión de 23 de agosto de 2023, a favor de la
diputada MARÍA ISABEL GELVEZ OROZCO, a pesar de no haber
asistido, la Sala tiene por probada la configuración objetiva de la
causal de indebida destinación de dineros públicos, prevista en el
artículo 60, numeral 4, de la Ley 2200, en cabeza de la diputada
ALEXA MILENA QUIRIFE BOHÓRQUEZ.

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Número único de radicación: 81001233900020240002302;
(81001233900020240002901 y 81001233900020240004001
acumulados)
Solicitantes: NICOLE ACEVEDO MARTÍNEZ, JAIRO ELÍAS ORTEGA
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V.5.3.5.- Sesiones extraordinarias de 23 al 30 de agosto de
2023, respecto de los diputados ALEXA MILENA QUIRIFE
BOHÓRQUEZ y KENDY YECID RODRÍGUEZ BUSTAMANTE

Aducen los actores que la accionada, diputada ALEXA MILENA
QUIRIFE BOHÓRQUEZ, debió haber pagado como máximo 8
sesiones durante el período de sesiones extraordinarias,
comprendido entre 23 al 30 de agosto de 2023, correspondientes a
los días 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de agosto de 2023; y que,
sin embargo, aquella autorizó el reconocimiento de 9 sesiones, es
decir uno de más, tanto a ella misma como al diputado KENDY
YECID RODRÍGUEZ BUSTAMANTE.

La Sala advierte que de la planilla expedida por la Oficina de Tesorería
de la Asamblea Departamental de Arauca, suscrita por la accionada,
diputada ALEXA MILENA QUIRIFE BOHÓRQUEZ, -en calidad de
presidente de esa duma departamental-, se advierte que tanto a ella,
como al diputado KENDY YECID RODRÍGUEZ BUSTAMANTE, en
efecto, les fueron reconocidas 9 sesiones por valor de $6.264.000,
en lugar de 8 por valor de $5.568.000.

En efecto, consta que el Decreto núm. 714 de 4 de agosto de 202341,
expedido por el gobernador (e) de Arauca, convocó a sesiones
extraordinarias a la Asamblea Departamental de Arauca, desde el 7
hasta el 16 de agosto de 2023. Luego, mediante el Decreto núm. 728

41“[…] Por medio del cual se convoca a sesiones extraordinarias a la Honorable Asamblea
Departamental […]”. Disponible [en línea]: [https://arauca.gov.co/wpfd_file/decreto-n-714-de-
2023-se-convoca-a-sesiones-extraordinarias-a-la-asamblea-departamental/].

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Número único de radicación: 81001233900020240002302;
(81001233900020240002901 y 81001233900020240004001
acumulados)
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VELÁSQUEZ y DAVINSON SUÁREZ UREÑA

de 15 de agosto de 202342, expedido por el gobernador (e) de
Arauca, se modificó el artículo primero del Decreto núm. 714 de 4 de
agosto de 2023, el cual convocó a sesiones extraordinarias, desde el
7 hasta el 22 de agosto de 2023.

Fue así como, posteriormente, a través del Decreto núm. 139 de 18
de agosto de 202343, el gobernador (e) de Arauca modificó los
decretos núms. 714 y 728 de 2023, para extender la convocatoria de
sesiones extraordinarias desde el 7 hasta el 31 de agosto de 2023,
lo cual terminó siendo modificado, otra vez, mediante el Decreto
núm. 753 de 29 de agosto de 202344, con el que establece, como
lapso definitivo para las referidas sesiones extraordinarias, del 7 al
30 de agosto de 2023.

Como se pudo verificar en las planillas, tanto a la accionada diputada
ALEXA MILENA QUIRIFE BOHÓRQUEZ como al diputado KENDY
YECID RODRÍGUEZ BUSTAMANTE, les fueron reconocidos y
pagados el máximo de sesiones extraordinarias convocadas en ese
período comprendido entre el 7 y el 30 de agosto de 2023, -10
sesiones de 7 a 16 de agosto y 6 sesiones de 17 a 22 de agosto-,
motivo por el cual ninguno de los dos tenía sesiones extraordinarias
de los decretos 714, 728, 739 y 753 de 2023, pendientes por pagar
en el mes de agosto de 2023, que pudiese justificar el pago de una

42 “[…] Por medio del cual se modifica el Decreto No. 714 de 2023 […]”. Disponible [en línea]:

[https://arauca.gov.co/wpfd_file/decreto-n-728-de-2023-se-modifica-el-decreto-n-714-de-2023/].
43 “[…] Por medio del cual se modifican los decretos No. 714 y 728 de 2023 […]”. Disponible [en

línea]: [https://arauca.gov.co/wpfd_file/decreto-n-739-de-2023-se-modifican-los-decretos-714-y-
728-de-2023/].
44 “[…] Por medio del cual se modifican los decretos No. 714, 728 y 739 de 2023 […]”. Disponible

[en línea]: [https://arauca.gov.co/wpfd_file/decreto-n-753-de-2023-se-modifican-los-decretos-
714-728-y-739-de-2023/].

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sesión de más en el lapso que fue extendido de 23 a 30 de agosto de
2023.

La Sala no encuentra una razón aparente que explique por qué se
autorizó y pagó esa sesión extraordinaria de más, tanto a la
accionada como al diputado KENDY YECID RODRÍGUEZ
BUSTAMANTE; y como tampoco se observa justificación
específicamente elaborada para este punto, debe declararse probada
la configuración objetiva de la causal de indebida destinación de
dineros públicos, establecida en el artículo 60, numeral 4, de la Ley
2200, en cabeza de la diputada ALEXA MILENA QUIRIFE
BOHÓRQUEZ, quien en calidad de presidente autorizó tales
desembolsos.

V.5.3.6.- Sesión extraordinaria de 24 de agosto de 2023,
respecto de los diputados JHON GERMÁN MARTÍNEZ PLATA y
JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS

En el listado de asistencia a sesiones de los diputados de Arauca,
correspondiente a la sesión extraordinaria núm. 53 de 24 de agosto
de 2023, se observa la ausencia de los diputados JHON GERMÁN
MARTÍNEZ PLATA y JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS, lo que se
corrobora en la grabación de esa sesión en video45.

De la planilla expedida por la Oficina de Tesorería de la Asamblea
Departamental de Arauca, suscrita también por la accionada,

45 Disponible: [https://drive.google.com/file/d/1P5-Fc7CAHQaKkoCxAIfIUVQ2YVVzBEJf/view].

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acumulados)
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diputada ALEXA MILENA QUIRIFE BOHÓRQUEZ, -en calidad de
presidente de esa duma departamental-, se advierte que al diputado
JHON GERMÁN MARTÍNEZ PLATA, le fueron reconocidas las 8
sesiones extraordinarias del período de 23 a 30 de agosto de 2023,
para un total devengado de $5.568.000; y al diputado JUAN
ALFREDO QUENZA RAMOS, le fueren reconocidas 7 sesiones
extraordinarias, una menos, del mismo período de 23 a 30 de agosto
de 2023, para un total devengado de $4.872.000.

Con relación al diputado JHON GERMÁN MARTÍNEZ PLATA, se
encuentra la Resolución núm. 09 de 25 de agosto de 2023, “[…] Por
la cual se acepta una excusa a un diputado de la Asamblea
Departamental […]”, expedida por la accionada, con la que le aceptó
la excusa médica por incapacidad física transitoria al encontrarse
“delicado de salud”, -de conformidad con lo previsto en los artículos
56 y 76, de la Ley 2200, 29, 62 y 66, numeral 7, de la Ordenanza
núm. 103 de 2022-, y, a su vez, autorizó, expresamente, el pago de
la remuneración correspondiente al 24 de agosto de 2023.

A partir de lo verificado, la Sala encuentra que si bien la accionada
autorizó el pago de la sesión de 24 de agosto de 2023 al diputado
JHON GERMÁN MARTÍNEZ PLATA, lo cierto es que esa ausencia
estuvo justificada por la aceptación de una excusa médica, con lo
cual, al tenor del artículo 44 de la Ley 2200, no se le podía privar de
la remuneración y prestaciones correspondientes.

Respecto del diputado JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS, la Sala
observa que sí se le descontó la sesión de 24 de agosto de 2023, tal

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como también lo hizo constar el tesorero de la Asamblea
Departamental de Arauca, mediante certificación núm. TAD-2024-
011, razón por la que no hubo erogación relacionada con esta
ausencia.

V.5.3.7.- Sesión de 1o. de octubre de 2023, respecto del
diputado MARCOS SOMOZA CAMPEROS

En el listado de asistencia a sesiones de los diputados de Arauca,
correspondiente a la sesión ordinaria núm. 53 de 1o. de octubre de
2023, se observa la ausencia del diputado MARCOS SOMOZA
CAMPEROS, lo que se corrobora en la grabación de esa sesión en
video46.

De la planilla expedida por la Oficina de Tesorería de la Asamblea
Departamental de Arauca, suscrita también por la accionada,
diputada ALEXA MILENA QUIRIFE BOHÓRQUEZ, -en calidad de
presidente de esa duma departamental-, se advierte que al diputado
MARCOS SOMOZA CAMPEROS, en efecto, le fueron reconocidos los
15 días comprendidos en el período de 1o. a 15 de octubre de 2023,
para un total devengado de $10.440.000, sin que les fuese
descontada la ausencia de 1o. de octubre de 2023.

Por su parte, en su escrito de contestación, la accionada allegó copia
del memorial núm. CMS.200.23 de 4 de octubre de 2023, mediante
el cual, el presidente del Concejo Municipal de Saravena (Arauca),

46 Disponible: [https://drive.google.com/file/d/1baNae3eyi_z6VSnNi6X0tx1aGTQ_PHe2/view].

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señor JESÚS ANTONIO JAIMES, certifica que el diputado MARCOS
SOMOZA CAMPEROS, “[…] participó de manera activa el día 01 de
octubre de 2023, en el recinto del Concejo Municipal en la reunión
político, social y comunitaria, enfocado a su ejercicio como diputado
del departamento de Arauca, por el Partido ASI, en procura de buscar
alternativas conjuntas en favor de las comunidades del área urbana
y rural del municipio de Saravena, en el ejercicio de articulación
institucional y trabajo conjunto. Se expide en Saravena, Arauca, el
cuatro (04) días, del mes de octubre de 2023, a solicitud del
interesado […]”.

Con fundamento en lo verificado, la Sala encuentra que dicha
certificación, suscrita por el presidente de una corporación ajena a la
que pertenece el diputado MARCOS SOMOZA CAMPEROS, y que se
trae al proceso como excusa para justificar el pago de la sesión de
1o. de octubre de 2023, a pesar de haberse ausentado de esta, no
fue debidamente aceptada mediante resolución ni por la Mesa
Directiva ni por la accionada en calidad de presidente de la duma
departamental, acto administrativo indispensable para habilitar el
reconocimiento y pago de esa sesión, en los términos exigidos por el
artículo 44 de la Ley 2200 que, específicamente para efectos
presupuestales y de nómina, impone la expedición de un acto
administrativo que considere y convalide ese desembolso.

La Sala, entonces, encuentra irregular la autorización y pago de la
sesión ordinaria de 1o. de octubre de 2023, por parte de la diputada
ALEXA MILENA QUIRIFE BOHÓRQUEZ, a favor del diputado
MARCOS SOMOZA CAMPEROS; y comoquiera que no se observa

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acumulados)
Solicitantes: NICOLE ACEVEDO MARTÍNEZ, JAIRO ELÍAS ORTEGA
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otra explicación en este asunto en particular, debe declararse
probada la configuración objetiva de la causal de indebida
destinación de dineros públicos, establecida en el artículo 60,
numeral 4, de la Ley 2200, en cabeza de la accionada, en su calidad
de presidente de la Asamblea Departamental de Arauca.

V.5.3.8.- Sesión de 3 de octubre de 2023, respecto del
diputado KENDY YECID RODRÍGUEZ BUSTAMANTE

En el listado de asistencia a sesiones de los diputados de Arauca,
correspondiente a la sesión ordinaria núm. 54 de 3 de octubre de
2023, se observa la ausencia del diputado KENDY YECID
RODRÍGUEZ BUSTAMANTE, en cuya casilla de verificación de
quorum aparece manuscrita la palabra ‘comisión’, lo que se corrobora
en la grabación de esa sesión en video47, en la que, luego de ser
llamado a lista, la secretaria de la corporación manifestó ‘está en
comisión Ministerio de Salud’.

De la planilla expedida por la Oficina de Tesorería de la Asamblea
Departamental de Arauca, suscrita también por la accionada,
diputada ALEXA MILENA QUIRIFE BOHÓRQUEZ, -en calidad de
presidente de esa duma departamental-, se advierte que al diputado
KENDY YECID RODRÍGUEZ BUSTAMANTE, en efecto, le fueron
reconocidos los 15 días comprendidos en el período de 1o. a 15 de
octubre de 2023, para un total devengado de $10.440.000, sin que
le fuese descontada la ausencia de 3 de octubre de 2023.

47 Disponible: [https://drive.google.com/file/d/1iIbFVlxgDmkmJ8ZFB_-h4bkOgRr-RA7z/view].

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No obstante, aparece la Resolución núm. 049 de 2 de octubre de
2023, “[…] Por medio de la cual se comisiona a un diputado de la
Asamblea Departamental […]”, expedida por la accionada, con la que
se comisionó al señor KENDY YECID RODRÍGUEZ BUSTAMANTE,
para que se trasladara a Bogotá, D.C., durante el 3 de octubre de
2023, con el objeto de ‘atender asuntos inherentes a sus funciones
como diputado del departamento de Arauca’.

Con fundamento en lo verificado, la Sala encuentra que si bien la
accionada autorizó el pago de la sesión de 28 de julio de 2023, al
diputado KENDY YECID RODRÍGUEZ BUSTAMANTE, lo cierto es
que esa ausencia estuvo justificada por la concesión de comisión para
atender asuntos inherentes a sus funciones como diputado del
departamento de Arauca, con lo cual, al tenor del artículo 44 de la
Ley 2200, no se le podía privar de la remuneración y prestaciones
correspondientes.

V.5.3.9.- Sesiones de 10 y 11 de octubre de 2023, respecto del
diputado HERNANDO POSSO PARALES

En los listados de asistencia a sesiones de los diputados de Arauca,
correspondientes a las sesiones ordinarias núms. 57 de 10 de octubre
y 58 de 11 de octubre de 2023, se observan las ausencias del
diputado HERNANDO POSSO PARALES, lo que se corrobora, en
cuanto a la primera, en la casilla de observaciones, con la anotación

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manuscrita ‘No asistió’; y en cuanto a la segunda, en la grabación de
esa sesión en video48.

De la planilla expedida por la Oficina de Tesorería de la Asamblea
Departamental de Arauca, suscrita también por la accionada,
diputada ALEXA MILENA QUIRIFE BOHÓRQUEZ, -en calidad de
presidente de esa duma departamental-, se advierte que al diputado
HERNANDO POSSO PARALES, le fueron reconocidos 14 de los 15
días comprendidos en el período de 1o. a 15 de octubre de 2023,
para un total devengado de $9.744.000, esto es, una sesión menos.

Con relación, entonces, a la ausencia correspondiente a la sesión
ordinaria de 10 de octubre de 2023, la Sala encuentra que, en efecto,
no le fue reconocida ni pagada al diputado HERNANDO POSSO
PARALES, por parte de la accionada, como también lo hizo constar
el tesorero de la Asamblea Departamental de Arauca, mediante
certificación núm. TAD-2024-012.

En cuanto a la ausencia de la sesión ordinaria de 11 de octubre de
2023, que sí le fue reconocida y pagada, aparece la Resolución núm.
10 de 10 de octubre de 2023, “[…] Por medio del cual se comisiona
a un diputado de la Asamblea Departamental y se acepta excusa
[…]”, expedida por la accionada, con la que comisionó al señor
HERNANDO POSSO PARALES, para que se traslade a la ciudad de
Bogotá, D.C., durante el 11 de octubre de 2023, con el objeto de
atender asuntos inherentes a sus funciones como diputado del

48 Disponible: [https://drive.google.com/file/d/10sD-P6XbjBVp6HYoCe_Qd6vEjPd5qJaC/view].

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departamento de Arauca y, a su vez, autorizó, expresamente, el pago
de la sesión correspondiente a 11 de octubre de 2023.

A partir de lo verificado, la Sala encuentra que si bien la accionada
autorizó el pago de la sesión de 11 de octubre de 2023 al diputado
HERNANDO POSSO PARALES, lo cierto es que esa ausencia estuvo
justificada por la concesión de una comisión para atender asuntos
inherentes a sus funciones como diputado del departamento de
Arauca, con lo cual, al tenor del artículo 44 de la Ley 2200, no se le
podía privar de la remuneración y prestaciones correspondientes.

V.5.3.10.- Sesión de 24 de octubre de 2023, respecto de la
accionada, diputada ALEXA MILENA QUIRIFE BOHÓRQUEZ

En el listado de asistencia a sesiones de los diputados de Arauca,
correspondiente a la sesión ordinaria núm. 63 de 24 de octubre de
2023, se observa la ausencia de la accionada, la diputada ALEXA
MILENA QUIRIFE BOHÓRQUEZ, en cuya casilla de observaciones
aparece manuscrita la frase ‘No asistió, lo que se corrobora en la
grabación de esa sesión en video49.

De la planilla expedida por la Oficina de Tesorería de la Asamblea
Departamental de Arauca, suscrita también por la accionada,
diputada ALEXA MILENA QUIRIFE BOHÓRQUEZ, -en calidad de
presidente de esa duma departamental-, se advierte que ella se
reconoció los 15 días comprendidos en el período de 16 a 31 de

49 Disponible: [https://drive.google.com/file/d/1qfKYdfeChhFRQp3oNc7YPo1d_wEwubSu/view].

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octubre de 2023, para un total devengado de $10.440.000, sin que
se descontara la ausencia de 24 de octubre de 2023.

No obstante, aparece la Resolución núm. 12 de 27 de octubre de
2023, “[…] Por medio de la cual se acepta una excusa […]”, expedida
por la accionada, con la que se admitió que estaba enferma con
incapacidad física transitoria y delicada de salud, y, expresamente,
autorizó remunerarse esa sesión de 24 de octubre de 2023.

Con fundamento en lo verificado, la Sala encuentra que si bien la
accionada se autorizó el pago de la sesión de 24 de octubre de 2023,
lo cierto es que esa ausencia estuvo justificada por la aceptación de
una excusa, de conformidad con lo previsto en los artículos 56 de la
Ley 2200, y 29, 62 y 66, de la Ordenanza núm. 103 de 2022, con lo
cual, al tenor del artículo 44 de la Ley 2200, no se le podía privar de
la remuneración y prestaciones correspondientes.

V.5.3.11.- Sesión de 23 de noviembre de 2023, respecto de la
diputada MARÍA ISABEL GELVEZ OROZCO

En el listado de asistencia a sesiones de los diputados de Arauca,
correspondiente a la sesión ordinaria núm. 77 de 23 de noviembre
de 2023, se observa la ausencia de la diputada MARÍA ISABEL
GELVEZ OROZCO.

De la planilla expedida por la Oficina de Tesorería de la Asamblea
Departamental de Arauca, suscrita también por la accionada,
diputada ALEXA MILENA QUIRIFE BOHÓRQUEZ, -en calidad de

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acumulados)
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presidente de esa duma departamental-, se advierte que se le
reconocieron a la diputada MARÍA ISABEL GELVEZ OROZCO, los
15 días comprendidos en el período de 16 a 31 de octubre de 2023,
para un total devengado de $10.440.000, sin que se descontara la
ausencia de 23 de noviembre de 2023.

No obstante, aparece la Resolución núm. 014 de 22 de noviembre de
2023, “[…] Por medio de la cual se comisiona a un diputado de la
Asamblea Departamental, se acepta como excusa y ordena el
pago[…]”, expedida por la accionada, con la que se comisionó a la
señora MARÍA ISABEL GELVEZ OROZCO, para que se trasladara a
la ciudad de Bogotá, D.C., durante el 23 de noviembre de 2023, con
el objeto de atender asuntos inherentes a sus funciones como
diputada del departamento de Arauca, así como también se autorizó,
expresamente, el pago correspondiente a esa sesión.

Con fundamento en lo verificado, la Sala encuentra que si bien la
accionada le autorizó el pago de la sesión de 24 de octubre de 2023
a la diputada MARÍA ISABEL GELVEZ OROZCO, lo cierto es que
esa ausencia estuvo justificada por la concesión de una comisión para
atender asuntos inherentes a sus funciones como diputado del
departamento de Arauca, con lo cual, al tenor del artículo 44 de la
Ley 2200, no se le podía privar de la remuneración y prestaciones
correspondientes.

V.5.3.12.- Sesiones de 28 de noviembre y 4 de diciembre de
2023, respecto de los diputados JHON GERMÁN MARTÍNEZ
PLATA y HERNANDO POSSO PARALES

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En los listados de asistencia a sesiones de los diputados de Arauca,
correspondientes a las sesiones ordinaria núm. 78 de 28 de
noviembre y extraordinaria núm. 62 de 4 de diciembre de 2023, se
observa la ausencia de los diputados JHON GERMÁN MARTÍNEZ
PLATA y HERNANDO POSSO PARALES, lo que se corrobora en la
grabación de esas sesiones en videos50.

De las planillas expedidas por la Oficina de Tesorería de la Asamblea
Departamental de Arauca, suscritas también por la accionada,
diputada ALEXA MILENA QUIRIFE BOHÓRQUEZ, -en calidad de
presidente de esa duma departamental-, se advierte que se le
reconocieron a ambos diputados, los 15 días comprendidos en el
período 16 de noviembre a 30 de noviembre de 2023, por valor de
$10.440.000, sin que se descontaran las ausencias de 28 de
noviembre de 2023. Y, por su parte, respecto del período de 2 a 21
de diciembre de 2023, al diputado JHON GERMÁN MARTÍNEZ
PLATA se le reconocieron las 20 sesiones realizadas, por valor de
$13.920.000, mientras que al diputado HERNANDO POSSO
PARALES, se le pagaron 18 sesiones por valor de $12.528.000.

Se evidencia la Resolución núm. 015 de 28 de noviembre de 2023,
“[…] Por medio del cual se acepta excusa de dos diputados y ordena
el pago de una sesión […]”, expedida por la accionada, con la que
aceptó como excusas válidas, ‘por caso fortuito o fuerza mayor’, que
las inasistencias a la sesión de 28 de noviembre de 2023, de los
diputados JHON GERMÁN MARTÍNEZ PLATA y HERNANDO

50 Disponibles: [https://drive.google.com/file/d/1Q2z7GRuJJTjCOGd5a3_XefEzfIa3-qBS/view] y
[https://drive.google.com/file/d/1290T4rM2w9I41OHNB-2Pb99hXAFuINXB/view].

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acumulados)
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POSSO PARALES, tuvieron como causa un trancón en la vía que no
les permitió continuar su tránsito hacia el sitio de sesión, -municipio
de Arauquita (Arauca)-, razón por la cual debieron devolverse al
municipio de Arauca (Arauca); a su vez, se autorizó, expresamente,
la remuneración de esa sesión.

Con fundamento en lo verificado, la Sala encuentra que si bien la
accionada le autorizó el pago de la sesión de 28 de noviembre de
2023, a los diputados JHON GERMÁN MARTÍNEZ PLATA y
HERNANDO POSSO PARALES, lo cierto es que esas ausencias
estuvieron justificadas por la aceptación de sendas excusas, de
conformidad con lo previsto en los artículos 56 de la Ley 2200, y 29,
62 y 66, de la Ordenanza núm. 103 de 2022, con lo cual, al tenor del
artículo 44 de la Ley 2200, no se les podía privar de la remuneración
y prestaciones correspondientes.

Ahora bien, en cuanto a la ausencia de 4 de diciembre de 2023, se
observa que las resoluciones núms. 19 de 5 de diciembre de 2023,
“[…] Por medio del cual se acepta una Excusa a un Diputado de la
Asamblea Departamental […]”, expedida por la accionada, le aceptó
al diputado JHON GERMÁN MARTÍNEZ PLATA, una excusa por
incapacidad física transitoria, y autorizó el pago de aquella; y 017 de
3 de diciembre de 2023, “[…] Por medio del cual se comisiona, se
acepta una excusa y se autoriza el pago de una sesión remuneración
a un Diputado de la Asamblea Departamental […]”, también expedida
por la accionada, con la que se comisionó al diputado HERNANDO
POSSO PARALES, para viajar a Bogotá, D.C., durante el 4 de

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diciembre de 2023, entre otros días, con el objeto de hacer gestiones
propias de su cargo.

Así es como, la Sala corrobora que, si bien la accionada les autorizó
el pago de la sesión de 4 de diciembre de 2023, a los diputados JHON
GERMÁN MARTÍNEZ PLATA y HERNANDO POSSO PARALES, lo
cierto es que esas ausencias estuvieron justificadas por la aceptación
de una excusa por incapacidad física y una comisión para adelantar
gestiones propias del cargo de diputado, respectivamente, con lo
cual, al tenor del artículo 44 de la Ley 2200, no se les podía privar
de la remuneración y prestaciones correspondientes.

V.5.3.13.- Sesiones extraordinarias de 6 y 7 de diciembre de
2023, respecto del diputado HERNANDO POSSO PARALES

En los listados de asistencia a sesiones de los diputados de Arauca,
correspondientes a las sesiones extraordinarias núms. 64 de 6 de
diciembre y 65 de 7 de diciembre de 2023, se observan las ausencias
del diputado HERNANDO POSSO PARALES, lo que se corrobora en
la grabación de esas sesiones en videos51.

De las planillas expedidas por la Oficina de Tesorería de la Asamblea
Departamental de Arauca, suscritas también por la accionada,
diputada ALEXA MILENA QUIRIFE BOHÓRQUEZ, -en calidad de
presidente de esa duma departamental-, se advierte que se le
reconocieron al diputado HERNANDO POSSO PARALES, 18

51 Disponibles: [https://drive.google.com/file/d/19ylscBwqDySAuI9y1DCrMbr5FeOdoOm4/view] y
[https://drive.google.com/file/d/15eJyTD9lQ-JjCncBgK458Z7dT4WZOxfb/view].

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sesiones respecto del período de 2 a 21 de diciembre de 2023, por
valor de $12.528.000, esto es 2 sesiones menos de la totalidad de
reuniones extraordinarias llevadas a cabo.

Se observa que la Resolución núm. 017 de 3 de diciembre de 2023,
“[…] Por medio del cual se comisiona, se acepta una excusa y se
autoriza el pago de una sesión remuneración a un Diputado de la
Asamblea Departamental […]”, expedida por la accionada, comisionó
al diputado HERNANDO POSSO PARALES, para viajar a Bogotá,
D.C., durante el 4, 5, 6 y 7 de diciembre de 2023, con el objeto de
hacer gestiones propias de su cargo.

Es así como la Sala corrobora que si bien la accionada le autorizó el
pago de las sesiones de 6 y 7 de diciembre de 2023 al diputado
HERNANDO POSSO PARALES, lo cierto es que esas ausencias
estuvieron justificadas por el otorgamiento de una comisión para
adelantar gestiones propias del cargo de diputado en la ciudad de
Bogotá, D.C., con lo cual, al tenor del artículo 44 de la Ley 2200, no
se le podía privar de la remuneración y prestaciones
correspondientes.

V.5.3.14.- Sesiones extraordinarias de 11 de diciembre de
2023, respecto de la diputada MERCEDES RINCÓN ESPINEL;
de 12 de diciembre de 2023, respecto de la accionada,
diputada ALEXA MILENA QUIRIFE BOHÓRQUEZ, y los
diputados JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS, MARÍA ISABEL
GELVEZ OROZCO y MERCEDES RINCÓN ESPINEL; de 13, 14 y
15 de diciembre de 2023, respecto de los diputados JHON

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GERMÁN MARTÍNEZ PLATA, JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS y
MARÍA ISABEL GELVEZ OROZCO; de 16 de diciembre de 2023,
respecto del diputado JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS; y de
19 de diciembre de 2023, respecto de los diputados JUAN
ALFREDO QUENZA RAMOS y JHON GERMÁN MARTÍNEZ PLATA

En los listados de asistencia a sesiones de los diputados de Arauca,
correspondiente a las sesiones extraordinarias núms. 69 de 11 de
diciembre de 2023, se observa la ausencia de la diputada
MERCEDES RINCÓN ESPINEL, lo que se corrobora en la grabación
de esa sesión en video52; 70 de 12 de diciembre de 2023, se advierte
la ausencia de los diputados ALEXA MILENA QUIRIFE
BOHÓRQUEZ, JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS, MARÍA ISABEL
GELVEZ OROZCO y MERCEDES RINCÓN ESPINEL; 71 de 13 de
diciembre, 72 de 14 de diciembre y 73 de 15 de diciembre de 2023,
se observan las ausencias de los diputados JHON GERMÁN
MARTÍNEZ PLATA, JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS y MARÍA
ISABEL GELVEZ OROZCO, en cada una de ellas, tal como se
constata en las grabaciones de esas sesiones en video53; 74 de 16
de diciembre de 2023, se aprecia la ausencia del diputado JUAN
ALFREDO QUENZA RAMOS, como se corrobora en la grabación de
esa sesión en video54; y 77 de 19 de diciembre de 2023, se advierte
la ausencia de los diputados JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS y

52 Disponibles: [https://drive.google.com/file/d/12G-Q4cqMNjEqtRIrNHe_F__BOS_SXY_y/view].
53 Disponibles: [https://drive.google.com/file/d/1pVF9ZHWFZQvgQe6fMo0R1Rb-Fry9eSjd/view],
[https://drive.google.com/file/d/1ShDHamxhg6Js30Ko2UrFpTXRcnZ7V-ez/view] y
[https://drive.google.com/file/d/1l4CrR7Ryeu44E22G0tl_OUO4AUYAWZcj/view].
54 Disponible: [https://drive.google.com/file/d/1rvVe3ZD_UwfYRRJmPsxgkeWuf9BDQy09/view].

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acumulados)
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VELÁSQUEZ y DAVINSON SUÁREZ UREÑA

JHON GERMÁN MARTÍNEZ PLATA, así como se verifica en la
grabación de dicha sesión en video55.

De las planillas expedidas por la Oficina de Tesorería de la Asamblea
Departamental de Arauca, suscritas también por la accionada,
diputada ALEXA MILENA QUIRIFE BOHÓRQUEZ, -en calidad de
presidente de esa duma departamental-, se advierte que en el
período de sesiones extraordinarias de 2 a 21 de diciembre de 2023,
se reconocieron los pagos a los citados diputados, así: MERCEDES
RINCÓN ESPINEL, 20 sesiones por valor de $13.920.000, sin que
se le hubiesen descontado las sesiones de 11 y 12 de diciembre de
2023; ALEXA MILENA QUIRIFE BOHÓRQUEZ, 20 sesiones por
valor de $13.920.000, sin que se le hubiese descontado la sesión de
12 de diciembre de 2023; JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS, 19
sesiones por valor de $13.224.000, esto es que se le descontó la
sesión de 12 de diciembre de 2023, -según certificación núm. TAD-
2024-011-, y no se le restaron las sesiones de 13, 14, 15, 16 y 19
de diciembre de 2023; MARÍA ISABEL GELVEZ OROZCO, 20
sesiones por valor de $13.920.000, sin que se le hubiesen
descontado las sesiones de 12, 13, 14 y 15 de diciembre de 2023; y
JHON GERMÁN MARTÍNEZ PLATA, 20 sesiones por valor de
$13.920.000, sin que se le hubiesen descontado las sesiones de 13,
14, 15 y 19 de diciembre de 2023.

Al respecto, aparecen los siguientes actos administrativos:

55 Disponible: [https://drive.google.com/file/d/1xaLB26u0aPOV4qvZJWJeW0TVISCBpzwg/view].

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(81001233900020240002901 y 81001233900020240004001
acumulados)
Solicitantes: NICOLE ACEVEDO MARTÍNEZ, JAIRO ELÍAS ORTEGA
VELÁSQUEZ y DAVINSON SUÁREZ UREÑA

(i) Resolución núm. 020 de 11 de diciembre de 2023, “[…] Por medio
del cual se comisionan las diputadas de la Asamblea Departamental,
se concede permiso y se autoriza el pago de sesiones […]”, expedida
por la accionada ALEXA MILENA QUIRIFE BOHÓRQUEZ, con la
que se comisionó a ella misma y a las diputadas MARÍA ISABEL
GELVEZ OROZCO y MERCEDES RINCÓN ESPINEL, para viajar a
Bogotá, D.C., durante el 11, 12 y 13 de diciembre de 2023, con el
objeto de cumplir invitación a la ‘Cumbre Nacional de Mujeres Electas
2024-2027’, así como también se comisionó a la diputada MARÍA
ISABEL GELVEZ OROZCO, para trasladarse a Bogotá, D.C., durante
el 14 y 15 de diciembre de 2023, con el objeto de realizar gestiones
propias de su cargo ante la Confederación de Asambleas, y,
finalmente, se ordenó el pago de sus remuneraciones durante esos
días.

(ii) Resolución núm. 021 de 12 de diciembre de 2023, “[…] Por medio
del cual se comisiona a un diputado de la Asamblea Departamental,
se acepta como excusa y se autoriza el pago de la remuneración de
sesiones […]”, expedida por la accionada ALEXA MILENA QUIRIFE
BOHÓRQUEZ, con la que se comisionó al diputado JUAN ALFREDO
QUENZA RAMOS, para trasladarse a Santiago de Cali (Valle del
Cauca), durante el 13 y 14 de diciembre de 2023, con el objeto de
asistir a la inducción de alcaldes electos, así como a Bogotá, D.C.,
durante el 15, 16 y 17 de diciembre de 2023, con el fin de asistir a
reunión presencial en ‘Presidencia’ para gestionar con ‘Fondo de Paz’,
y se autorizó el pago de estas.

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Número único de radicación: 81001233900020240002302;
(81001233900020240002901 y 81001233900020240004001
acumulados)
Solicitantes: NICOLE ACEVEDO MARTÍNEZ, JAIRO ELÍAS ORTEGA
VELÁSQUEZ y DAVINSON SUÁREZ UREÑA

(iii) Resolución núm. 022 de 12 de diciembre de 2023, “[…] Por
medio del cual se comisiona a un diputado de la Asamblea
Departamental, se acepta como excusa y se autoriza el pago de la
remuneración de sesiones […]”, expedida por la accionada ALEXA
MILENA QUIRIFE BOHÓRQUEZ, con la que se comisionó al
diputado JHON GERMÁN MARTÍNEZ PLATA, para trasladarse a
Bogotá, D.C., durante el 13, 14 y 15 de diciembre de 2023, con el
objeto de realizar gestiones propias de su cargo como diputado, y se
autorizó el pago de estas.

Y la, (iv) Resolución núm. 019 de 20 de diciembre de 2023, “[…] Por
medio del cual se comisiona a un diputado de la Asamblea
Departamental, se acepta como excusa y se autoriza el pago de la
remuneración de sesiones […]”, expedida por la accionada ALEXA
MILENA QUIRIFE BOHÓRQUEZ, con la que se le aceptó la excusa
al diputado JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS, según la cual, no
asistió a la sesión extraordinaria de 19 de diciembre de 2023, porque
estaba en una vereda del municipio de Arauca (Arauca) y tuvo un
incidente en la vía; así como también se aceptó la excusa del
diputado JHON GERMÁN MARTÍNEZ PLATA, por calamidad
doméstica de última hora que lo obligaron a viajar al municipio de
Saravena (Arauca), y se autorizó el pago de la sesión a ambos
servidores.

Es así como la Sala corrobora que, si bien la accionada, diputada
ALEXA MILENA QUIRIFE BOHÓRQUEZ, autorizó el pago de las
sesiones extraordinarias de diciembre de 2023, citadas en este
acápite, a ella misma y los diputados MARÍA ISABEL GELVEZ

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Número único de radicación: 81001233900020240002302;
(81001233900020240002901 y 81001233900020240004001
acumulados)
Solicitantes: NICOLE ACEVEDO MARTÍNEZ, JAIRO ELÍAS ORTEGA
VELÁSQUEZ y DAVINSON SUÁREZ UREÑA

OROZCO, MERCEDES RINCÓN ESPINEL, JUAN ALFREDO
QUENZA RAMOS y JHON GERMÁN MARTÍNEZ PLATA, a pesar de
haber estado ausentes, lo cierto es que esos desembolsos estuvieron
justificados a través de la expedición de actos administrativos que,
de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 2200,
habilitaron las respectivas remuneraciones y prestaciones
correspondientes.

V.5.4.- Síntesis del examen objetivo de la causal de indebida
destinación de dineros públicos

La Sala, a partir de lo examinado en el caso concreto, encuentra
configurado el elemento objetivo de la causal de indebida destinación
de dineros públicos, a partir del pago injustificado, por parte de la
diputada y presidente de la Asamblea Departamental de Arauca,
señora ALEXA MILENA QUIRIFE BOHÓRQUEZ, de: (i) la sesión
extraordinaria de 23 de agosto de 2023, a favor de la diputada
MARÍA ISABEL GELVEZ OROZCO; y (ii) una sesión de más a ella
misma y al diputado KENDY YECID RODRÍGUEZ BUSTAMANTE,
durante el período de sesiones extraordinarias, comprendido entre el
7 y el 30 de agosto de 2023, convocadas a través de los decretos
714, 728, 739 y 753 de 2023, expedidos por el gobernador de
Arauca; y (iii) de la sesión ordinaria de 1o. de octubre de 2023, al
diputado MARCOS SOMOZA CAMPEROS, razones por las que se
procederá con el estudio de la conducta de la accionada en la
comisión de esta causal de pérdida de investidura.

V.5.5.- Del análisis subjetivo de la conducta de la accionada

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(81001233900020240002901 y 81001233900020240004001
acumulados)
Solicitantes: NICOLE ACEVEDO MARTÍNEZ, JAIRO ELÍAS ORTEGA
VELÁSQUEZ y DAVINSON SUÁREZ UREÑA

En cuanto al análisis de culpabilidad de la diputada ALEXA MILENA
QUIRIFE BOHÓRQUEZ, se reiteran, de forma previa, los criterios
elaborados por la Sala en sentencia de 25 de mayo de 201756, que
al tenor indicó:

“[…] En cuanto al análisis subjetivo de la conducta desplegada por
el señor MARIO HINESTROZA ANGULO, en medio del respeto a sus
garantías al Debido Proceso sancionatorio y en aras de establecerse
si en aquélla estuvo presente o no el elemento de la culpabilidad en
los términos explicados, se recuerda y reitera lo considerado
recientemente por la Corte Constitucional en su sentencia SU424 de
2016:

“[…] 33. De este capítulo resultan relevantes las siguientes
conclusiones:

• La pérdida de investidura es una acción pública57, que comporta
un juicio de naturaleza ética que tiene como propósito
proteger la dignidad del cargo que ocupan los miembros de
cuerpos colegiados, y permite imponer como sanción no solo la
desvinculación de un congresista de su cargo de elección popular,
sino también la imposibilidad futura de volver a ocupar un
cargo de la misma naturaleza, si éste llega a incurrir en
alguna de las causales de procedencia de la figura señaladas
en la Carta Política.

• Son causales de pérdida de investidura58: el incumplimiento de los
deberes inherentes a su cargo, la violación del régimen de
inhabilidades e incompatibilidades59; la indebida destinación de
dineros públicos60; el conflicto de intereses61 y el tráfico de
influencias debidamente comprobado62.

56 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente

María Elizabeth García González, sentencia de 25 de mayo de 2017, número único de radicado
81001-23-39-000-2015-00081-01(PI).
57 Corte Constitucional Sentencia SU-1159 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
58 Art. 183 de la Carta Política. Sin embargo, otra causal también es la consagrada en el artículo 110

constitucional relacionada con la prohibición a quienes desempeñan funciones públicas, de hacer
contribuciones a partidos, candidatos o movimientos políticos.
59 Art. 179 (El numeral 8 de este artículo fue modificado por el Acto Legislativo 01 de 2003); 180,

181 y 183 de la Constitución Política.
60 Art. 183 de la Constitución Política.
61 Art. 182 y 183 de la Constitución Política.
62 Art. 183 C.P. Al respecto puede consultarse la sentencia C-207 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

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Número único de radicación: 81001233900020240002302;
(81001233900020240002901 y 81001233900020240004001
acumulados)
Solicitantes: NICOLE ACEVEDO MARTÍNEZ, JAIRO ELÍAS ORTEGA
VELÁSQUEZ y DAVINSON SUÁREZ UREÑA

• La gravedad de la sanción que se impone, exige que el proceso de
pérdida de investidura se lleve a cabo con observancia del
debido proceso, particularmente, de los principios pro
homine, in dubio pro reo, de legalidad (las causales son
taxativas y no hay lugar a aplicar normas por analogía),
objetividad, razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y
culpabilidad.

34. Los presupuestos anteriores permiten a la Corte concluir que el
análisis de responsabilidad que realiza el juez en el proceso
sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo, pues en un
Estado de Derecho los juicios que implican un reproche sancionador,
por regla general, no pueden operar bajo un sistema de
responsabilidad objetiva, y las sanciones que se adopten en
ejercicio del ius puniendi deberán verificar la ocurrencia de
una conducta regulada en la ley (principio de legalidad o
tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico (principio de
antijuridicidad) y culpable.

Así pues, en lo aquí pertinente, tras verificar la configuración de la
causal, el juez de pérdida de investidura examina si en el caso
particular se configura el elemento de culpabilidad (dolo o
culpa) de quien ostenta la dignidad, esto es, atiende a las
circunstancias particulares en las que se presentó la
conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer
de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó
a esa acción u omisión.

En ese sentido, el juez de este proceso sancionatorio debe
determinar si se configura la causal y si a pesar de que ésta
aparezca acreditada, existe alguna circunstancia que
excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya
actuado de buena fe o, en caso de que la causal lo admita,
se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o
en general exista alguna circunstancia que permita
descartar la culpa.
(…)
Así pues, en el primero de estos se juzga la ruptura del pacto político
existente entre el elector y el elegido, que es un elemento
fundamental de la democracia representativa. En efecto, cuando
el candidato se presenta ante el electorado hace una
declaración de no estar incurso en causal de inhabilidad que
impida su elección y si tal declaración no es cierta, el elegido
viola ese pacto político, evento en el que procede la pérdida

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(81001233900020240002901 y 81001233900020240004001
acumulados)
Solicitantes: NICOLE ACEVEDO MARTÍNEZ, JAIRO ELÍAS ORTEGA
VELÁSQUEZ y DAVINSON SUÁREZ UREÑA

de la investidura, cuya finalidad es preservar la legitimidad
de las instituciones de la sociedad política.
(…)
85. Así, la Sala encuentra que la sanción de pérdida de investidura
impuesta por la Sala Plena del Consejo de Estado a los ahora
accionantes generó un defecto sustantivo en la sentencia porque
omitió la aplicación de una norma claramente aplicable al caso. En
efecto, como se vio en los fundamentos jurídicos 24 a 34 de
esta providencia, el proceso sancionador de pérdida de
investidura exige la aplicación del principio de culpabilidad,
pese a lo cual ese elemento no fue valorado en los procesos
y, por el contrario, se impuso la responsabilidad objetiva en
este asunto. Son cuatro las premisas que apoyan esa conclusión:

La primera: en virtud de lo dispuesto en el artículo 29
Superior, por regla general, los procesos sancionadores
proscriben la responsabilidad objetiva. En efecto, salvo algunos
casos propios del derecho administrativo sancionador en los que aún
se ha admitido la responsabilidad únicamente por el resultado, en
los procesos que tienen por objeto reprochar y castigar la realización
de una conducta prohibida o restringida, la valoración de la culpa es
determinante e ineludible, pues no hay pena ni sanción sin culpa.
En consecuencia, si el proceso de pérdida de investidura
impone la sanción más gravosa para el ejercicio del derecho
a ser elegido de un ciudadano y el derecho a elegir al
candidato del electorado, tal es la prohibición vitalicia para
aspirar a cargos de elección popular, es lógico entender que
las garantías del debido proceso sancionador también deben
ser aplicadas al proceso de pérdida de investidura. Luego, el
principio de culpabilidad en el proceso de pérdida de
investidura constituye una norma aplicable, de inevitable
observancia.

La segunda: el hecho de que una misma causal de inhabilidad pueda
interpretarse y aplicarse a la misma situación fáctica en dos
procesos distintos (el de nulidad electoral y el de pérdida de
investidura), exige reglas de coherencia y certeza en el derecho que
otorgue un sentido útil a la autonomía de los procesos diseñados
para el efecto. De esta manera, la diferencia sustancial, y no
solo formal, entre los procesos electoral y de pérdida de
investidura, consistiría en valorar el tipo de reproche a
efectuar, pues mientras en el primero la consecuencia puede
medirse únicamente por el resultado, en el segundo es
indispensable evaluar la conducta y la intención en la
producción del resultado. Dicho en otras palabras, mientras

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acumulados)
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el juicio electoral evalúa la adecuación de la causal de
inhabilidad en forma objetiva (estaba o no estaba
inhabilitado), el juicio constitucional de pérdida de
investidura analiza la adecuación de la causal de inhabilidad
en forma subjetiva, esto es, con culpa del demandado (sabía
o debía saber que estaba inhabilitado).

La tercera: la Sala Plena del Consejo de Estado impuso la sanción
de pérdida de investidura a los accionantes sin valorar la ausencia
de culpa en la configuración de la causal de inhabilidad aplicada. Por
la conducta asumida por los demandantes en este caso es
fácil inferir que se inscribieron al cargo de elección popular
con la convicción de que no se encontraban inhabilitados
para su ejercicio. Las sentencias reprochadas soslayaron el
hecho de que los accionantes no solo fueron diligentes en la
averiguación del estado actual de la jurisprudencia en torno
a la interpretación de la causal en debate, sino también
actuaron con sujeción al precedente vigente y vinculante de
la Sección Quinta del Consejo de Estado.
(…)
La cuarta: si como se expuso anteriormente, en el proceso de
pérdida de investidura deben aplicarse los principios del derecho
sancionatorio, dado que la sanción impone la restricción perpetua
de los derechos políticos, era obligatorio dotar de amplias garantías
el procedimiento jurisdiccional. En ese sentido, en virtud del artículo
29 de la Constitución, que dispone el principio de presunción de
inocencia, del cual se desprende la culpabilidad, es necesario
verificar culpa o dolo en la conducta reprochable para
imponer el castigo de inhabilitación para ser elegido a
perpetuidad, razón por la cual la jurisprudencia del Consejo
de Estado ha indicado que el proceso de pérdida de
investidura se desarrolla en el ámbito de la responsabilidad
subjetiva […]”63 (Negrillas y subrayas por fuera de texto).

El proceso de pérdida de investidura exige, entonces, a partir de
estos claros parámetros, la observancia del derecho fundamental al
debido proceso del demandado, particularmente, de los principios
pro homine, in dubio pro reo, de legalidad (las causales son
taxativas y no hay lugar a aplicar normas por analogía), objetividad,
razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y culpabilidad.

63 Corte Constitucional, sentencia SU424 de 11 de agosto de 2016, magistrada ponente Gloria Stella

Ortiz Delgado. Providencia ratificada recientemente por la Sala en sentencia de 9 de marzo de 2017,
radicado nro. 76001-23-33-007-2016-00267-01(PI), consejero ponente Carlos Enrique Moreno
Rubio (E).

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Se recuerda que, desde la perspectiva de los fines constitucionales
que se protegen, es clara la autonomía sustancial entre el juicio de
pérdida de investidura y el electoral: “[…] el primero, conlleva la
ponderación de la ética pública y los derechos del elegido,
pues su núcleo de protección es la dignidad que implica el
mandato otorgado en ejercicio de la democracia; y el
segundo, pondera la regularidad del proceso democrático y los
derechos de los elegidos y los electores, es decir, busca preservar la
validez del voto popular […]”.64

Es en ese entorno en el cual debe escudriñarse la conducta
desplegada por el demandado -la celebración de un contrato
público-, en aras de establecer si él sabía o debía saber que estaba
inhabilitado para inscribirse y ser elegido Concejal del Municipio de
Arauca (Arauca), pues el asunto se contrae a demostrar que optó
por inscribirse y participar de los comicios, muy a pesar de que
conocía o debía conocer esa actuación vetada para los
ciudadanos que pretendieran inscribirse y ser elegidos Concejales,
esto es, la intervención en la celebración de contratos con entidades
públicas dentro del año anterior a su elección.

Cabe señalar que la Corte Constitucional en la sentencia SU-501 de
6 de agosto de 2015 (Magistrada ponente doctora Myriam Ávila
Roldán), señaló que como quiera que en los procesos de pérdida
investidura no es posible calificar el grado de culpabilidad (dolo,
culpa grave o leve), y por tanto tampoco es posible modular la
sanción, se requiere acreditar un mínimo de culpabilidad para que
sea impuesta la sanción.

En efecto, al respecto sostuvo:

“[…] 51. Sobre este especial énfasis, la jurisprudencia ha delimitado
varios de los aspectos más relevantes que caracterizan al proceso
de pérdida de investidura como un proceso jurisdiccional especial.
No obstante, existen ciertos elementos de la pérdida de investidura
que no han sido fijados por la doctrina constitucional debido a la
escasa regulación que la propia Constitución realizó sobre su
procedimiento, el cual, adicionalmente, debe ser observado con
estricto rigor dado su carácter estricto y restringido. Como explicó
la sentencia C-237 de 201265 “la pérdida de la investidura tiene a la
Constitución de 1991 como fuente principalísima en su regulación,
lo que hace relevante el hecho que algunas de las disposiciones
constitucionales tienen eficacia jurídica directa”.

64 Ídem.
65 Magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto.

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52. Así por ejemplo, se ha controvertido la necesidad de establecer
el grado de culpabilidad del procesado, teniendo en cuenta que se
trata de un proceso que juzga el incumplimiento de obligaciones
disciplinarias sobre la conducta del representante popular.66 En
efecto, en el proceso de pérdida de investidura no es posible
calificar el grado de culpabilidad (dolo, culpa grave o leve),
y por tanto tampoco es posible modular la sanción, pues como
ha señalado la jurisprudencia constitucional, se trata de un sistema
que establece una sanción de manera rígida y única, la pérdida de
investidura.

53. Para la Corte, la justificación de esta particularidad del
sistema de responsabilidad de la pérdida de investidura se
deriva de su carácter excepcional dentro de “ius puniendi
estatal”67, carácter cuya excepcionalidad deriva en una
sanción rígida en el que se requiere el mínimo de
culpabilidad para que sea impuesta la sanción más severa a
los derechos políticos. En síntesis, tratándose del proceso de
pérdida de investidura, se trata de un sistema excepcional de
juzgamiento de carácter político-disciplinario el cual establece una
sanción rígida y única, la pérdida de la investidura […] (Negrillas
fuera de texto)”.

Precisado lo anterior, el abordaje del aspecto subjetivo requiere el
análisis del dolo y la culpa, entendido el primero como la intención
positiva de lesionar un interés jurídico, entretanto la segunda atañe
a un concepto que está ligado a la diligencia debida para el
desarrollo de determinada actividad.
Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa,
deben analizarse los elementos que constituyen el aspecto subjetivo
de la misma, los cuales corresponden al conocimiento tanto de los
hechos como de la ilicitud, esto es, si el sujeto conocía o debía
conocer que su comportamiento resultaba contrario al
ordenamiento jurídico.

66 Sobre esta discusión vale la pena resaltar la aclaración de voto del consejero de estado Hugo

Fernando Bastidas Bárcenas a la sentencia de pérdida de investidura PI-2009-00708-00, en la que
señaló que la acción de pérdida de investidura tiene un carácter punitivo dentro del cual es necesario
la comprobación previa de los elementos subjetivos de la falta. En el voto concurrente se señaló:
“[l]a acción de pérdida de investidura debe desencadenar un proceso gobernado por esos principios,
en especial, el principio de presunción de inocencia. El dolo y la culpa son lo incorrecto de una
conducta que, por ende, merece el reproche jurídico pertinente, vale decir, la condigna sanción.
Imponer una sanción solo por el mero resultado es injusto.” En igual sentido: Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 23 de marzo de 2010, radicado PI 11001-03-
15-000-2009-00198-00, consejero ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
67 Sentencias SU-400 de 2012 (M.P. Adriana M. Guillén Arango) y SU-399 de 2012 (M.P. Humberto

Antonio Sierra Porto).

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En los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía
plenamente que su comportamiento era constitutivo de una causal
de pérdida de investidura, estaríamos ante una situación de total
intención en la realización de la misma y, por ende, de un grado de
culpabilidad doloso. En aquellos eventos en los que se concluya que
el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta, pero que en virtud de
la diligencia requerida para el desarrollo de su actividad debía saber
que la misma resultaba contraria a derecho, se está ante un
comportamiento culposo, de no mediar sólidas circunstancias que
se lo hubieran impedido.

Para definir este elemento subjetivo entonces, el análisis de la
conducta debe dirigirse a establecer si el señor MARIO HINESTROZA
ANGULO conocía o debía conocer que la suya era constitutiva de
inhabilidad, con miras a determinar si existió dolo o culpa en su
comportamiento.

En el caso del dolo, el objeto de prueba corresponde a determinar
el pleno conocimiento que tiene el sujeto sobre que determinada
conducta (en este caso la celebración del contrato), genera la
inhabilidad, pues ante dicho conocimiento, la ejecución de la
conducta demuestra la intención en la misma.

Entretanto para determinar si la conducta fue culposa, tiene que
estar demostrado, al menos, que el sujeto debía conocer su ilicitud
en virtud de la diligencia que para la inscripción como candidato al
Concejo del Municipio de Arauca (Arauca), le era menester
desplegar.

Ahora bien, para establecer esta diligencia acudiremos a los
presupuestos señalados en el artículo 63 del Código Civil, el cual
prevé:

“Artículo 63. Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa
o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no
manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las
personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus
negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella
diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en
sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa

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culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia
o cuidado ordinario o mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia,
es responsable de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia
que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios
importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o
cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona
o propiedad de otro”.

En el caso concreto, la revisión de los requisitos y el marco
normativo que rige el cargo al cual se aspira, es una
obligación general para quien pretende acceder a la función
pública, incluso en los eventos de elección popular, sin
embargo el entendimiento de dichos requisitos debe
analizarse de acuerdo con las condiciones personales del
sujeto, esto es el grado de formación, su profesión, las
circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que
haya realizado para conocer dicho marco normativo, por
ejemplo solicitar conceptos o asesorarse frente a la
configuración o no de la referida inhabilidad, para con base
en ello, determinar si se obró con el cuidado requerido y así
definir si su conducta es culposa o si, por el contrario, se está
ante una situación de buena fe exenta de culpa que impida
el reproche subjetivo de su obrar.

Esta conducta corresponde, según el citado artículo 63, a la falta de
cuidado que los hombres emplean ordinariamente en los negocios
propios. La Ley 136 establece en su artículo 42 las calidades o
requisitos positivos con los que debe contar un candidato para ser
elegido Concejal Municipal, esto es, ser ciudadano en ejercicio y
haber nacido o ser residente del respectivo municipio o de la
correspondiente área metropolitana durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de la inscripción o durante un período mínimo
de tres (3) años consecutivos en cualquier época.

A su vez, en su artículo 43, esta Ley prevé las inhabilidades o
requisitos negativos de los que debe carecer el candidato al Concejo
para ser elegido y ejercer la curul, dentro de las cuales se encuentra,
como ya se ha explicado, haber intervenido en el año anterior a las
elecciones, en la celebración de contratos con entidades públicas en

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interés propio o de terceros, para ser ejecutados en el mismo
Municipio al cual aspira a ser concejal.

Ambos tipos de requisitos son de obligatoria observancia, revisión y
análisis previos por parte de todo ciudadano que pretenda ser
elegido Concejal Municipal. Esa, es una diligencia que surge como
debida en el ordinario transcurrir del proceso de inscripción del
respectivo candidato, siéndole por demás exigible en medio de las
normales medidas de cuidado y precaución que tenía que adelantar
para llegar a la certeza del cumplimiento de los mismos y, por ende,
de una candidatura reglamentaria y sometida a las condiciones
legales para ejercer el cargo de Cabildante.

Al respecto, el artículo 9º del Código Civil, según el cual, “la
ignorancia de las leyes no sirve de excusa”, fue objeto de examen
de constitucionalidad por la Corte Constitucional, que en dicha
ocasión explicó lo siguiente, que ahora de prohíja:

“[…] Precisamente la disposición que hoy se cuestiona, fue
demandada como contraria al contenido del artículo 16 de la Carta
anterior, que implícitamente recogía el principio de igualdad. Y al
desechar el cargo, dijo la Corte Suprema, en fallo elaborado por el
Magistrado Luis Carlos Sáchica: “Es la igualdad jurídica, que otorga
iguales facultades e impone idénticos deberes, y da igual protección
a unos y a otros. Esto es, se repite, una igualdad de derechos y no
de medios. Si no

se acepta este principio, se rompe la unidad y uniformidad del orden
jurídico, atomizado en múltiples estatutos particulares, o sea, en un
sistema de estatutos privados privilegiados (…)

(…) Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora
equivale a establecer un privilegio a su favor violatorio de la
igualdad constitucional y generador del caos jurídico”68
[…]69” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

La revisión de los requisitos y el estudio del marco normativo que
rige el cargo al cual se aspira, son una obligación general para quien
pretende acceder a la función pública, en los que están comprendidos

68 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, marzo 30 de 1978.
69 Corte Constitucional, sentencia C-651 de 1997, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz.

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los cargos de elección popular; sin embargo, el entendimiento de
dichos requisitos podría analizarse de acuerdo con las condiciones
personales del sujeto, esto es, el grado de formación, su profesión,
las circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya
realizado para conocer dicho contexto normativo, por ejemplo,
solicitar conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de la
referida inhabilidad, para con base en ello determinar si se obró con
el cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por
el contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa
que impida el reproche subjetivo de su obrar70.

Lo anterior, sin dejar de lado que, tal como se previno, la ignorancia
de la ley no sirve para excusar su transgresión, al tenor del artículo
9° del Código Civil, habida cuenta que las disposiciones que regulan
el ejercicio del cargo que se pretende ocupar, o que se está
ocupando, son de obligatoria observancia y diligente entendimiento
a la luz de cada circunstancia en particular, con el fin de determinar,
al menos con certeza promedio, si el individuo está inmerso, o no,
en las prohibiciones ordenadas por la Constitución Política y la ley.

Por su parte, la Ley 2003 de 19 de noviembre de 201971, que modificó
el artículo 1º de la Ley 1881 de 15 de enero de 201872, estableció
que el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio
de responsabilidad subjetiva y la acción se ejercerá en contra de los

70 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de

mayo de 2019, número único de radicado 81001-23-39-000-2016-00056-01, consejera ponente
Nubia Margoth Peña Garzón.
71 “[…] Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5ª de 1992 y se dictan otras disposiciones […]”.
72 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se

consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.

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congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente culposa,
hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura
establecidas en la Constitución, lo que aporta, significativamente, en
aquellos factores que también deben verificarse en el
comportamiento desplegado por los miembros de las corporaciones
públicas territoriales, -dolo o culpa grave-.

De conformidad con el acervo probatorio que guarda estrecha
relación con el asunto bajo examen, y a partir de las consideraciones
expuestas, la Sala observa que la situación jurídica que rodeaba la
operatividad de la causal de desinvestidura para la época de estos
hechos, -período sesiones extraordinarias de 7 a 30 de agosto de
2023 y 1o. de octubre de 2023-, prevista en el artículo 60, numeral
4, de la Ley 2200, en efecto, exigía la acreditación de una ‘sentencia
condenatoria en firme sobre indebida destinación de dineros
públicos’.

Tal requisito ‘de procedibilidad’, si bien fue exceptuado por
inconstitucional, en el marco del análisis objetivo de la indebida
destinación de dineros públicos, -para luego encontrarse configurada
en las citadas sesiones-, proporciona rasgos sustancialmente
distintos en medio del análisis de la conducta de la accionada,
diputada ALEXA MILENA QUIRIFE BOHÓRQUEZ, en tanto que
permiten descartar dolo y culpa grave en la comisión de tal
irregularidad.

Es así como la Sala está en la obligación de proteger los principios
que gobiernan el proceso sancionatorio de pérdida de investidura,

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desde este estudio subjetivo, como son los de seguridad jurídica,
confianza legítima, favorabilidad y buena fe constitucional,
originados alrededor de la aplicación material del artículo 60,
numeral 4, de la Ley 2200 y, en consecuencia, preservar la integridad
electoral tanto del miembro de la asamblea, -pro homine-, como de
su electorado, -pro electoratem-, pues la servidora pública ejerció
sus funciones como presidente de la Asamblea Departamental de
Arauca y ordenadora del gasto, cuando el componente normativo de
la sentencia condenatoria, aún no había sufrido la exclusión de la que
fue objeto en esta providencia.

No se puede obviar, so pena de transgredir los referidos principios
que gobiernan la sanción de desinvestidura que, para decretarla bajo
las reglas legislativas que regulaban su materialización en el asunto
bajo examen, la accionada debía haber sido condenada mediante
providencia judicial que no aparece acreditada en el expediente73.

En efecto, el principio de confianza legítima se fundamenta en la
protección de las expectativas ciertas, razonables y fundadas que
tienen los administrados con relación a las actuaciones del Estado,
tal como ha sido reconocido por la jurisprudencia constitucional y de
lo contencioso administrativo, en tanto que la seguridad jurídica y la
confianza legítima proyectan el principio constitucional de la buena
fe previsto en el artículo 83 Superior, que irradia toda la actividad
estatal, incluida la judicial.

73 Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9

de septiembre de 2021, número único de radicación 54001233300020200060601, consejera
ponente Nubia Margoth Peña Garzón.

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Así discurrió la Corporación, en torno a la interrelación de tales
principios en materia electoral:

“[…] A partir del principio de la seguridad jurídica y de la buena fe,
en los administrados se pueden generar expectativas ciertas,
evidentes y fundadas sobre la manera en que se regulan
determinadas situaciones o eventos, de forma tal que un cambio
súbito en las reglas juego o en la manera en que se
interpretan las normas, puede resultar contrario a lo que
razonable y fundadamente se espera de las autoridades
estatales conforme a su comportamiento anterior,
afectándose entonces la confianza legítima de los
destinatarios.
(…)
Al estimarse que la interpretación judicial debe estar acompañada
de una necesaria certidumbre y que el fallador debe abstenerse de
operar cambios intempestivos en la interpretación que de las
normas jurídicas venía realizando, cuando el evento se presenta, los
destinatarios que se vean afectados con dicha modificación en la
interpretación de las disposiciones, debe respetarse el principio de
la confianza legítima.

No obstante, la jurisprudencia constitucional y la de lo contencioso
administrativo son pacíficas al considerar que la garantía de la
confianza legítima no se opone a los cambios en la interpretación de
las normas, porque ello es contrario al principio de la autonomía
judicial y petrifica el sistema jurídico.

En consecuencia, con el principio de la confianza legítima se
amparan unas expectativas válidas que los particulares se
habían hecho con base en acciones u omisiones estatales
prolongadas en el tiempo, que se materializan en
comportamientos activos o pasivos de la administración
pública, regulaciones legales o interpretaciones de las
normas jurídicas, por lo que su aplicación debe ser
ponderada en el caso concreto, con los otros, en especial,
con la salvaguarda del interés general y el principio
democrático […]”74.

74 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de 29 de

enero de 2019, número único de radicación 11001-03-28-000-2018-00031-00(SU), consejera
ponente Rocío Araújo Oñate.

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Conforme a lo explicado en precedencia, la Sala considera que la
inaplicación del elemento normativo del artículo 60, numeral 4, de la
Ley 2200, en el caso concreto, impide la estructuración de dolo o
culpa grave en la conducta desplegada por la diputada ALEXA
MILENA QUIRIFE BOHÓRQUEZ, precisamente, porque pone en
evidencia que, hasta antes de tal exclusión interpretativa, el requisito
exigido por el legislador para la configuración de la indebida
destinación de dineros públicos sí obligaba a la acreditación de una
sentencia condenatoria proferida en contra de la accionada, lo que
permite inferir que una decisión opuesta a esta implicaría la
transgresión de los principios de confianza legítima, buena fe,
seguridad jurídica y favorabilidad.

Por lo tanto, como no se observa materializado el elemento subjetivo
en la comisión objetiva de la indebida destinación de dineros
públicos, la Sala procederá a confirmar la sentencia apelada, que
denegó la solicitud de pérdida de investidura de la diputada ALEXA
MILENA QUIRIFE BOHÓRQUEZ, pero por las razones expuestas
en esta providencia y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.

V.5.6.- Sin perjuicio de lo considerado, la Sala encuentra procedente
la compulsa de copias a la Procuraduría General de la Nación, para
que, dentro del ejercicio de su competencia, indague la posible
comisión de faltas disciplinarias y, si es del caso, remita a su vez a
otros órganos de control para que investiguen lo pertinente, por
cuanto, en el caso concreto, quedó demostrado que los desembolsos
de (i) la sesión extraordinaria de 23 de agosto de 2023, a favor de

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la diputada MARÍA ISABEL GELVEZ OROZCO; (ii) una sesión de
más a ella misma y al diputado KENDY YECID RODRÍGUEZ
BUSTAMANTE, durante el período de sesiones extraordinarias,
comprendido entre el 7 y el 30 de agosto de 2023, convocadas a
través de los decretos 714, 728, 739 y 753 de 2023, expedidos por
el gobernador de Arauca; y (iii) de la sesión ordinaria de 1o. de
octubre de 2023, al diputado MARCOS SOMOZA CAMPEROS, se
pagaron y percibieron sin una justificación razonada, como lo exige
el artículo 44 de la Ley 2200.

V.5.7.- Jurisprudencia anunciada

En este punto, la Sala considera que debe interpretar, para los
precisos fines de la pérdida de investidura por indebida destinación
de dineros públicos, y con destino a los hechos que ocurran con
posterioridad a la ejecutoria de la presente providencia, el alcance y
contenido del artículo 44 de la Ley 2200, norma que fue alegada por
el solicitante en su escrito inicial como fundamento de la referida
causal, y, a la vez, invocada por la accionada como exonerativa de
su conducta, lo que permite concluir que tal disposición fue
trascendental en las resultas del proceso.

En tal sentido, si bien en el caso concreto la Sala dirimió la
controversia a favor de la diputada, luego de aplicar esa disposición
en el marco de su tenor literal, lo que condujo a admitir todas las
excusas allegadas como justificativas de los pagos de las sesiones
que la accionada le reconoció a diputados ausentes a través de actos
administrativos, lo cierto es que tal discernimiento impone

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precisiones con el fin de evitar una aplicación contraria a la esencia
de la mencionada causal.

En efecto, el artículo 44 de la Ley 2200, prevé:

“[…] Artículo 44. Inasistencia. La falta de asistencia de los
diputados a las sesiones, sin excusa justificada y válida,
aceptada mediante resolución por la mesa directiva, no causará
la remuneración y prestaciones correspondientes; sin perjuicio
de la pérdida de la investidura cuando hubiere lugar […]”.

La norma determina, como se observa, dos aspectos: (i) que si la
inasistencia de los diputados a las respectivas sesiones, -sin
discriminar en ordinarias o extraordinarias-, no cuenta con excusa
válida que la justifique, aceptada mediante acto administrativo
expedido por la Mesa Directiva de la respectiva Asamblea, no causará
el reconocimiento y pago de remuneración y prestaciones
correspondientes; y, (ii) que lo anterior, claro está, no impide la
configuración de ausencias con fines de pérdida de investidura
(causal de inasistencia a seis (6) sesiones, artículo 60, numeral 2, de
la Ley 220075).

No obstante, en cuanto al reconocimiento y pago de la remuneración,
para la Sala no resulta válido concluir, de forma llana, que la
expedición de una resolución por parte del órgano de dirección de la
Asamblea, mediante la cual acepta la excusa presentada por el

75 “[…] Artículo 60. Pérdida de la investidura. Se decretará la pérdida de investidura en los

siguientes casos:
(…)
2. Por la inasistencia en un mismo período de sesiones ordinarias o extraordinarias a seis (6) sesiones
de plenarias o de comisión permanente en las que se voten proyectos de ordenanza y/o mociones
de censura, según el caso, salvo cuando medie fuerza mayor debidamente certificada […]”.

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diputado, habilite el pago automático de una sesión a la que,
comprobadamente, no asistió.

Conforme se advirtió desde el punto ‘V.4.- Marco normativo y
jurisprudencial del reconocimiento y pago de la remuneración
de los diputados’, de esta providencia, esa disposición, una vez
entendida en consonancia con los artículos 299 y 302
constitucionales, y 23 y 81 de la Ley 2200, conduce a sostener que
el derecho de los diputados al reconocimiento de su remuneración
mensual, se deriva de los períodos de sesiones fijados por el
legislador para la asamblea departamental, así como de su asistencia
comprobada a las sesiones plenarias o de comisiones permanentes,
según se trate76.

Por tales razones, lejos de lo pretendido por el legislador, el artículo
44 de la Ley 2200, no constituye un aval generalizado para que los
diputados obtengan el reconocimiento y pago de sesiones en las que
estuvieron ausentes, amparados en la expedición de un acto
administrativo que resuelve aceptar, o no, una excusa, habida cuenta
que es indispensable para percibir tal remuneración, la asistencia
comprobada del concejal a la reunión de la duma departamental.

Ahora, si bien las resoluciones de la Mesa Directiva de la Asamblea,
que admiten excusas de los diputados para justificar las ausencias
de que trata el artículo 44 de la Ley 2200, podrían constituir pruebas

76 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de

noviembre de 2024, número único de radicación 81001233900020240003101, consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez.

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para exonerar los efectos de la causal de desinvestidura de
inasistencia a sesiones, -artículo 60, numeral 2, de la Ley 2200-, no
necesariamente legitiman el desembolso de dineros públicos por
concepto de remuneración de sesiones en las que el diputado no
estuvo presente, sin que por ello se someta a juicio la presunción de
legalidad que las ampara.

En efecto, una cosa es que se logre explicar ante la corporación
pública de elección territorial, de forma suficiente y razonada, el
porqué de la ausencia a determinada sesión, y con ello evitar que
dicha falta le traiga consecuencias adversas en el campo de las
inasistencias, y otra cosa muy distinta es que, además, se le pague
tal sesión a pesar de no haber comparecido a esta.

La Sala, bajo tales circunstancias, en aras de evitar una aplicación
inexacta de la norma y, producto de ello, de la causal de indebida
destinación de dineros públicos en el marco del proceso de
desinvestidura, concluye que:

(i) El reconocimiento y pago de la correspondiente remuneración a
un diputado, exige, en todos los casos, que el artículo 44 de la Ley
2200 sea entendido a partir de la verificación de su asistencia
comprobada a las sesiones plenarias o de comisiones permanentes,
según se trate, y;

(ii) Por esta razón, la acreditación de un acto administrativo de los
que prevé el artículo 44 de la Ley 2200, no implica, por sí misma,
plena justificación del desembolso en los casos de inasistencia,

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evento en el que el juez deberá analizar, según las pruebas, la sana
crítica y el principio de libertad probatoria que gobierna este trámite
sancionatorio, si en cada caso la ausencia del diputado estuvo
precedida del cumplimiento de actividades estrechamente
relacionadas con esa función pública, que permitan validar el referido
pago, o si, por el contrario, aquella tuvo como causa un hecho ajeno
a las funciones de la corporación que no lo convalide.

Al respecto, cabe reiterar que la Sala de manera alguna busca
ahondar en el examen de la legalidad de los actos administrativos
expedidos en torno a las circunstancias del artículo 44 de la Ley 2200,
-por la mesa directiva o representantes legales de las dumas
departamentales-, pues dicha evaluación judicial escapa a la órbita
del proceso de desinvestidura.

De lo que se trata, en estos eventos, es de efectuar el estudio
completo de los elementos fácticos y probatorios con los que se
pretende demostrar la posible configuración de la indebida
destinación de dineros públicos, causal que demanda especial
pulcritud de los servidores públicos por disponer la prohibición
constitucional de malgastar los recursos del Estado, sin obstáculos
que reduzcan la actividad del Juez a la mera observación de un acto
administrativo con implicaciones directas en el gasto público, lo que,
por demás, también vaciaría de contenido la referida causal.

La Sección, en efecto, ha llevado a cabo con suficiencia esta tarea de
indagar, a profundidad, las particularidades de la indebida
destinación de dineros públicos en presencia de actos

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administrativos, sin que ello hubiese conducido al desconocimiento
de su presunción de legalidad, como cuando en los procesos de
pérdida de investidura contra concejales del Distrito especial,
portuario, biodiverso, industrial y turístico de Barrancabermeja
(Santander), se determinaron las siguientes consideraciones que
ahora se prohíjan:

“[…] V.4.5.3.- Tampoco es de recibo el argumento, según el cual
en el municipio de Barrancabermeja (Santander), tanto este como
sus entidades descentralizadas entre ellas la Inspección de Tránsito
y Transporte, ITIB, la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda De
Interés Social, EDUBA, el Instituto Para el Fomento del Deporte, la
Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación
Física, INDERBA, han pactado o negociado acuerdos laborales con
los mismos contenidos y privilegios, lo que llevó a que dentro de la
psiquis de los concejales quedara el convencimiento de la legalidad
de los acuerdos laborales y sus beneficios pactados.

En el caso concreto lo que se analiza es la indebida
destinación de dineros públicos a partir de la expedición de
actos administrativos por parte de la Mesa Directiva del
concejo municipal de Barrancabermeja (Santander),
conformada por los concejales demandados, una situación
fáctica y jurídica sustancialmente distinta a la invocada por la
defensa en otras entidades municipales, que involucran acuerdos
laborales distinto y actores disímiles. Cuesta creer que haya sido
alterada la psiquis de los cabildantes y, más aún, que su conducta
haya sido negligente y descuidada a partir de ello.
(…)

La Sala considera, conforme con la presunción establecida en los
artículos 4º de la Constitución Política y 9° del Código Civil, que los
demandados, por un lado, conocían sus deberes constitucionales,
legales y reglamentarios como concejales del municipio de
Barrancabermeja (Santander), los cuales le imponían ejercer sus
funciones como servidores públicos consultando al bien común y en
prevalencia del interés general. En ese orden de ideas, se puede
inferir que los demandados conocían que, en los términos de los
numerales 3 del artículo 55 de la Ley 136 y 4 del artículo 48 de la
Ley 617, la indebida destinación de dineros públicos constituye
causal de pérdida de investidura para los concejales municipales y

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Número único de radicación: 81001233900020240002302;
(81001233900020240002901 y 81001233900020240004001
acumulados)
Solicitantes: NICOLE ACEVEDO MARTÍNEZ, JAIRO ELÍAS ORTEGA
VELÁSQUEZ y DAVINSON SUÁREZ UREÑA

distritales. Así lo ha determinado la Sala en asuntos similares al del
caso concreto, en los que se vuelve a despojar de su investidura a
concejales municipales de Barrancabermeja (Santander), por
idéntica causal de indebida destinación de dineros públicos:

“[…] 142. Ahora bien, no puede pasarse por alto que la
redacción misma de la Resolución Núm. 042 de 22 de
abril de 2016 es confusa y no se requieren
conocimientos profundos o técnicos para evidenciar
las inconsistencias de tal acto. De una simple lectura
del texto y del acuerdo laboral del 2013, era posible
evidenciar la inconsistencia relativa a la persona a la
cual se le realizará el pago y, además, de qué entidad
se encontraba a cargo de la obligación pactada en tal
acuerdo.

143. Si bien de las pruebas que obran dentro del proceso no
es posible establecer que los concejales acusados hayan
tenido la intención de destinar indebidamente dineros
públicos a favor del Sindicato Unitario de Trabajadores del
Estado «SUNET», Subdirectiva Barrancabermeja, lo cierto
es que las inconsistencias evidenciadas demuestran
que aquellos no emplearon la diligencia requerida en
la elaboración y revisión de la Resolución Núm. 042 de
22 de abril de 2016, siguiendo los derroteros fijados
por el asesor jurídico del Concejo Municipal de
Barrancabermeja, y permitieron que la realización de
un pago desconociendo los actos jurídicos
mencionados –la Resolución Núm. 082 de 6 de
noviembre de 2013 y el acuerdo laboral de 2013–
porque lo que se cuestiona aquí no es la legalidad del
citado acuerdo laboral ni del acto administrativo que
lo acogió, como parece indicarlo el apelante, sino
precisamente lo contrario, se reitera, que dichos actos
jurídicos no sustentan el pago realizado.

144. A lo expuesto y como muestra de tal negligencia
en el ejercicio sus funciones como concejales, se
agrega el hecho consistente en que omitieran la
revisión de tal acto administrativo por parte del
abogado Vladimir Ariza Cardozo, quien
insistentemente manifiesta que no elaboró y no revisó
tal resolución, cuando tal posibilidad estaba a su
alcance.

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(81001233900020240002901 y 81001233900020240004001
acumulados)
Solicitantes: NICOLE ACEVEDO MARTÍNEZ, JAIRO ELÍAS ORTEGA
VELÁSQUEZ y DAVINSON SUÁREZ UREÑA

145. La culpa evidenciada en este proceso es la propia de las
personas negligentes o de poca prudencia en el manejo de
sus negocios, es una culpa grave, que desconoce normas
constitucionales y legales –artículo 355 de la Carta Política y
el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 136 de 1994– que los
concejales deben conocer, de un lado, porque la ignorancia
de la ley no sirve de excusa al tenor del artículo 9° del Código
Civil y, por el otro, porque son disposiciones que regulan el
ejercicio del cargo que se encuentran ocupando, por lo que
se encuentra acreditado el grado de culpabilidad previsto en
el artículo 1° de la Ley 1881 de 2018, modificado por el
artículo 4° de la Ley 2003 de 2019 […]”77 (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

Por las razones expuestas, y encontrándose demostrados los
aspectos objetivo y subjetivo de la causal de pérdida de investidura
de indebida destinación de dineros públicos, prevista en los artículos
55, numeral 3, de la Ley 136 y 48, numeral 4, de la Ley 617, la Sala
confirmará la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander que decretó la pérdida de investidura de los concejales
HOBER TORRES ARRIETA, LUIS ALBERTO ARISMENDI SOLANO y
JORGE ARMANDO CARRERO PIMENTEL, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia […]”78 (Negrillas
y subrayas fuera de texto).

Así pues, las anteriores consideraciones, acerca del alcance e
interpretación del artículo 44 de la Ley 2200, tendrán aplicación para
hechos que ocurran a partir de la firmeza de esta decisión judicial79,
y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

77 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

4 de febrero de 2021, número único de radicado 68001-23-33-000-2019-00916-01 (PI),
consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
78 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia

de 24 de junio de 2021, número único de radicado 68001-23-33-000-2019-00942-01 (PI),
consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
79 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 29 de

agosto de 2024, número único de radicación 18001-2333-000-2024-00029-01, consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes; y de 9 de septiembre de 2021, número único de radicación
54001-23-33-000-2020-00606-01, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.

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(81001233900020240002901 y 81001233900020240004001
acumulados)
Solicitantes: NICOLE ACEVEDO MARTÍNEZ, JAIRO ELÍAS ORTEGA
VELÁSQUEZ y DAVINSON SUÁREZ UREÑA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 18 de octubre de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, pero por las
razones expuestas en las consideraciones de esta providencia.

SEGUNDO: COMPULSAR copias a la Procuraduría General de la
Nación, para lo de su competencia, de conformidad con lo
considerado en esta providencia.

TERCERO: ADVERTIR, a la comunidad en general, que las
consideraciones expuestas sobre el alcance y contenido del artículo
44 de la Ley 2200, tendrán aplicación para hechos que ocurran a
partir de la firmeza de esta decisión judicial.

CUARTO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión de 19 de junio de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

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Solicitantes: NICOLE ACEVEDO MARTÍNEZ, JAIRO ELÍAS ORTEGA
VELÁSQUEZ y DAVINSON SUÁREZ UREÑA

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley.

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