Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2025-00212-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2025-00212-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 50001-23-33-000-2025-00212-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
12 de junio de 2026
Radicado: 50001 23 33 000 2025 00212 01
(acumulado 50001 23 33 000 2025 00207 00)
Accionante: Saúl Villar Jiménez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Bogotá D.C. doce (12) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de diputado
Radicado: 50001 23 33 000 2025 00212 011 (acumulado 50001 23 33 000 2025
00207 00)
Demandante: Saúl Villar Jiménez y David Fernando Barbosa Posada2
Demandado: Héctor Fabio Vélez Bermúdez
Tesis: No incurre en la causal de pérdida de investidura por indebida destinación
de dineros públicos, el presidente de la Asamblea Departamental que autoriza el
pago de aportes a la seguridad social y parafiscales, a favor de un diputado, a
quien se le declaró la pérdida de investidura como concejal y que conservaba sus
derechos como tal, hasta tanto se definieran los efectos que tenía la declaratoria
de perdida de investidura en otro cargo de elección popular.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el accionado contra la
sentencia proferida en primera instancia por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo del Meta el 19 de noviembre de 2025, mediante la cual se decretó
la pérdida de investidura de Héctor Fabio Vélez Bermúdez, diputado de la
asamblea departamental del Meta para el período constitucional 2024-2027.
I. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud
1 Radicado 50001 23 33 000 2025 00212 01
2 Radicado acumulado 50001 23 33 000 2025 00207 00
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Radicado: 50001 23 33 000 2025 00212 01
(acumulado 50001 23 33 000 2025 00207 00)
Accionante: Saúl Villar Jiménez
Saúl Villar Jiménez3 y David Fernando Barbosa Posada4, en adelante los
accionantes, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 de la Ley
1437 de 2011 (en adelante CPACA)5, solicitaron que se declarara la pérdida de
investidura de Héctor Fabio Vélez Bermúdez, diputado de la asamblea
departamental del Meta para el período constitucional 2024-2027, en adelante el
accionado, por presuntamente haber incurrido en la conducta prevista en el
numeral 4 del artículo 183 de la Constitución Política6 y en el numeral 4 del artículo
48 de la Ley 617 de 20007.
1.2. Presupuestos fácticos de la solicitud
2. Como punto de partida los accionantes indicaron que el accionado fue
elegido diputado a la Asamblea Departamental del Meta el 29 de octubre de 2023,
tomó posesión del cargo el 1 de enero de 2024 y fue elegido presidente de la mesa
directiva de esa corporación para el período 2025.
3. Expusieron que el señor Carlos Andrés Collazos Silva fue demandado en
pérdida de investidura como concejal de Villavicencio para el período
constitucional 2020-2023 ante el Tribunal Administrativo del Meta, proceso al que
correspondió el radicado número 50001233300020240002600.
4. Precisaron que el Tribunal negó las pretensiones de la demanda en primera
instancia, pero que la Sección Primera del Consejo de Estado, con ponencia del
magistrado Oswaldo Giraldo López, revocó ese fallo y decretó la pérdida de
investidura de Carlos Andrés Collazos Silva como concejal de Villavicencio para
el periodo indicado. Agregaron que la referida sentencia quedó en firme el tres (3)
de diciembre de 2024 y que Carlos Andrés Collazos Silva, para la época de los
3 Cfr. Índice núm. 02 del expediente digital, cuaderno del Tribunal Administrativo del Meta.
4 Cfr. Índice núm. 10 del expediente digital del radicado acumulado 50001 23 33 000 2025 00207
00, cuaderno del Tribunal Administrativo del Meta.
5 “ARTÍCULO 143. PÉRDIDA DE INVESTIDURA. […] Igualmente, la Mesa Directiva de la
Asamblea Departamental, del Concejo Municipal, o de la junta administradora local, así como
cualquier ciudadano, podrá pedir la pérdida de investidura de diputados, concejales y ediles.”
6 “ARTICULO 183. Los congresistas perderán su investidura: […] 4. Por indebida destinación de
dineros públicos”.
7 “Artículo 48.- Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y
de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y
distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura: […] 4. Por
indebida destinación de dineros públicos”.
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Radicado: 50001 23 33 000 2025 00212 01
(acumulado 50001 23 33 000 2025 00207 00)
Accionante: Saúl Villar Jiménez
hechos, se desempeñaba como diputado de la Asamblea Departamental del Meta
para el período constitucional 2024-2027.
5. Indicaron que el 4 de diciembre de 2024 el propio Carlos Andrés Collazos
Silva informó a la mesa directiva y a la plenaria de la Asamblea Departamental del
Meta sobre la situación jurídica en la que se encontraba, comunicándoles que el
Consejo de Estado le había decretado la pérdida de investidura como concejal de
Villavicencio y que dicha sentencia había cobrado ejecutoria el 3 de diciembre de
2024.
6. Sostuvieron que, pese a haber sido informados de la ejecutoria del fallo tanto
por el propio Carlos Andrés Collazos Silva como por el accionante Saúl Villar
Jiménez, ni el señor Miguel Oswaldo Avellaneda Lizcano en su calidad de
presidente de la Asamblea para el período 2024, ni el accionado como presidente
de la mesa directiva para el período 2025, dieron cumplimiento a la sentencia y
apartaron del cargo a Carlos Andrés Collazos Silva.
7. Lo que sí ocurrió fue que el accionado, en su calidad de presidente de la
Asamblea y actual nominador Carlos Andrés Collazos Silva, autorizó y ordenó el
pago de dineros a los cuales este último ya no tenía derecho, correspondientes a
los meses de enero, febrero y marzo de 2025, entre los que se incluían aportes a
salud, pensión, cesantías, cajas de compensación familiar, riesgos y demás
parafiscales.
8. Argumentaron que el accionado autorizó el pago de la totalidad del período
de vacaciones, la prima vacacional, la totalidad de las cesantías y otros honorarios
supuestamente devengados por Carlos Andrés Collazos Silva como diputado del
Meta, pese a que sobre él recaía una sentencia ejecutoriada de pérdida de
investidura y, adicionalmente, una suspensión provisional decretada por el
Despacho del Procurador Regional de Instrucción del Meta dentro del proceso
disciplinario D-2024-3896349.
9. Advirtieron que el accionado también habría permitido que Carlos Andrés
Collazos Silva continuara haciendo uso indebido de los bienes y servicios del
Estado a los que tienen derecho los diputados en ejercicio, pese a que dicho
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Radicado: 50001 23 33 000 2025 00212 01
(acumulado 50001 23 33 000 2025 00207 00)
Accionante: Saúl Villar Jiménez
ciudadano ya no ostentaba esa condición dentro de la asamblea departamental.
Sobre este punto, destacaron que los bienes y servicios del Estado hacen parte
del concepto de dineros públicos, en la medida en que el Estado los provee a
través del gasto público, por lo que su uso indebido se configura cuando se les da
un destino distinto al establecido en la Constitución y la ley.
10. Afirmaron que el marco jurídico aplicable a la conducta del accionado incluye
las disposiciones sobre inhabilidades sobrevinientes contenidas en el artículo 37
de la Ley 734 de 2002 y en el artículo 41 de la Ley 1952 de 2019, normas que
establecen que cuando queda en firme una sanción de destitución e inhabilidad
general o de suspensión e inhabilidad especial, o cuando se presenta el hecho
que las genera, y el sujeto disciplinable sancionado se encuentra ejerciendo un
cargo o función pública diferente, se deberá comunicar al actual nominador para
que proceda de forma inmediata a hacer efectivas sus consecuencias. Por lo tanto,
consideraron que el accionado en su calidad de nominador desatendió esa
obligación de cumplimiento inmediato.
11. Sobre este punto, el accionante Saúl Villar Jiménez se refirió al concepto de
la Procuradora Judicial 49, emitido el 28 de abril dentro del proceso de pérdida de
investidura número 50001-23-33-000-2025-00056-00, en el que se decidió que el
ejercicio de Carlos Andrés Collazos Silva como diputado a partir del 3 diciembre
de 2024 resultaba indebido, ilegítimo e ilegal, al cumplirse en contravía de la
inhabilidad sobreviniente que sobre él recaía.
12. Mencionaron igualmente que en la sentencia proferida el 22 de mayo de 2025
por el Tribunal Administrativo del Meta dentro del proceso 50001-23-33-000-2025-
00056-00, esa corporación concluyó que la pérdida de investidura de Carlos
Andrés Collazos Silva como concejal de Villavicencio constituía una inhabilidad
sobreviniente para el ejercicio de ese cargo.
13. Adicionalmente, trajeron a colación que en esa misma sentencia el Tribunal
precisó que lo allí decidido no constituía cosa juzgada respecto de los pagos que
eventualmente hubiera realizado la corporación a Carlos Andrés Collazos Silva
con posterioridad a la fecha de presentación de esa demanda. En ese sentido, el
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Radicado: 50001 23 33 000 2025 00212 01
(acumulado 50001 23 33 000 2025 00207 00)
Accionante: Saúl Villar Jiménez
accionante Saúl Villar Jiménez circunscribió el alcance de su demanda a los pagos
efectuados el 12 de febrero y el 7 y 26 de marzo de 2025, correspondientes a
salud, ARL, pensión, cesantías y demás parafiscales de los meses de enero,
febrero y marzo de 2025.
14. Por su parte, el accionante David Fernando Barbosa Posada formuló su
reproche frente a los pagos de vacaciones, prima vacacional y cesantías del
período fiscal 2024, y sostuvo que el señor Carlos Andrés Collazos Silva ejerció el
cargo de diputado de manera ilegal hasta el 21 de abril de 2025, fecha en que el
accionado expidió la Resolución 077 de 2025 declarando la vacancia por
inhabilidad sobreviniente.
15. Con fundamento en los anteriores hechos, los accionantes consideraron que
se encontraban acreditados los tres elementos que configuran la causal de pérdida
de investidura por indebida destinación de dineros públicos prevista en el numeral
4 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000.
16. En cuanto al primer elemento, afirmaron que la condición de diputado del
accionado se acredita con el formulario E-26 ASA aportado con la demanda.
17. Por otra parte, respecto al segundo sostuvieron que los pagos ordenados por
el accionado a favor de Carlos Andrés Collazos Silva fueron realizados con
recursos públicos, toda vez que la remuneración y las prestaciones sociales de los
diputados se financian con cargo al presupuesto de gastos de funcionamiento de
la Asamblea, el cual se nutre de ingresos corrientes de libre destinación.
18. En cuanto al tercer elemento, adujeron que el accionado, con pleno
conocimiento de la ejecutoria de la sentencia de pérdida de investidura de Carlos
Andrés Collazos Silva, ordenó y autorizó el pago de dineros públicos a favor de
una persona que ya no tenía derecho a recibirlos, lo que implica que aplicó
recursos públicos a materias injustificadas, permitió un incremento patrimonial en
favor de terceros y derivó un beneficio económico a favor de estos.
19. Concluyeron que el elemento subjetivo de la causal también se encuentra
acreditado. El accionante Saúl Villar Jiménez lo calificó a título de culpa grave y
dolo, en tanto el accionado desconoció y desatendió deliberadamente una orden
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Radicado: 50001 23 33 000 2025 00212 01
(acumulado 50001 23 33 000 2025 00207 00)
Accionante: Saúl Villar Jiménez
judicial de obligatorio e inmediato cumplimiento. Por su parte, el accionante David
Fernando Barbosa Posada adujo que la conducta fue dolosa dado que el
accionado tenía pleno conocimiento de la situación jurídica del señor Carlos
Andrés Collazos Silva desde antes de asumir la presidencia de la corporación y,
pese a ello, autorizó los pagos cuestionados y permitió que ese ciudadano
continuara haciendo uso de los bienes y servicios del Estado.
II. TRÁMITE DE LA ACUMULACIÓN
20. Mediante auto del 28 de julio de 2025 proferido dentro del expediente núm.
50001 23 33 000 2025 00207 00, la magistrada del Tribunal Administrativo del
Meta Nohra Eugenia Galeano Parra advirtió que la demanda de pérdida de
investidura presentada por David Fernando Barbosa Posada guardaba identidad
de parte demandada, objeto y causa con el proceso núm. 50001 23 33 000 2025
00212 00, en tanto ambas demandas se formularon contra el diputado Héctor
Fabio Vélez Bermúdez por la misma causal de indebida destinación de dineros
públicos y por los mismos hechos relacionados con los pagos efectuados a favor
del señor Carlos Andrés Collazos Silva. En consecuencia, dispuso remitir dicho
expediente al Despacho del magistrado Juan Darío Contreras Bautista para que
decidiera sobre su posible acumulación al proceso de la referencia.
21. Posteriormente, mediante auto interlocutorio del 5 de agosto de 2025, el
Despacho del magistrado Juan Darío Contreras Bautista decretó la acumulación
del proceso núm. 50001 23 33 000 2025 00207 00 al expediente núm. 50001 23
33 000 2025 00212 00, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley
1881 de 2018, en concordancia con los artículos 148 y 149 del Código General
del Proceso, aplicables por remisión del artículo 21 de la misma ley. En esa misma
providencia, el Despacho admitió la demanda presentada por el accionante David
Fernando Barbosa Posada y ordenó su trámite conjunto con el proceso principal,
disponiendo que ambas solicitudes de pérdida de investidura se decidieran en la
misma sentencia.
III. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
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Radicado: 50001 23 33 000 2025 00212 01
(acumulado 50001 23 33 000 2025 00207 00)
Accionante: Saúl Villar Jiménez
22. El 19 de agosto de 2025 el accionado presentó contestación 8 de las
solicitudes de pérdida de investidura y expuso los argumentos que se presentan a
continuación.
23. Precisó que el marco fáctico del proceso, según el auto admisorio, se
circunscribe a la presunta autorización del pago de vacaciones, prima de
vacaciones y seguridad social al señor Carlos Andrés Collazos Silva en el año
2025, y que frente al pago de prestaciones del año 2024 existe agotamiento de
jurisdicción dado que ya fue decidido en la sentencia del 22 de mayo de 2025
dentro del proceso radicado número 50001-23-33-000-2025-00056-00, cuya
apelación, pendiente ante el Consejo de Estado, contó con concepto del Ministerio
Público en el sentido de confirmar el fallo de primera instancia.
24. En cuanto al elemento objetivo, indicó que en el año 2025 la Asamblea
Departamental del Meta no canceló a favor de Carlos Andrés Collazos Silva dinero
alguno por concepto de vacaciones, prima de vacaciones ni cesantías por la
vigencia 2025, afirmación que respaldó con una certificación del Secretario de la
Asamblea del 1 de agosto de 2025. Precisó que la discusión del proceso se
reduce, en consecuencia, a determinar si los pagos de seguridad social de los
meses de enero, febrero y marzo de 2025 constituyeron una indebida destinación
de dineros públicos.
25. Sobre la seguridad social de enero de 2025, cancelada el 12 de febrero de
2025, destacó que la sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado que
inaplicó la expresión "por sentencia condenatoria en firme" del numeral 4 del
artículo 60 de la Ley 2200 de 2022 solo surtió efectos a partir del 14 de febrero de
2025. Por ello, para ese pago no existía sentencia condenatoria en firme que
probara una indebida destinación de dineros públicos, lo que impide acceder a las
pretensiones de la demanda respecto de ese concepto.
26. Respecto a los pagos de seguridad social de febrero y marzo de 2025 afirmó
que la causal aplicable a los diputados es la del numeral 4 del artículo 60 de la Ley
8 Cfr. Índice núm. 10 del expediente digital, cuaderno del Tribunal Administrativo del Meta.
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Accionante: Saúl Villar Jiménez
2200 de 2022, que exige sentencia condenatoria en firme sobre indebida
destinación de dineros públicos.
27. Argumentó que esa norma no ha sido modificada ni derogada por el
legislador ni declarada inexequible por la Corte Constitucional, por lo que se
encuentra vigente y es de obligatoria aplicación.
28. Consideró que la sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado
que inaplicó esa expresión aplica una analogía in malam partem prohibida en los
procesos de pérdida de investidura, pues extiende a los diputados el régimen de
congresistas y concejales sin que el legislador así lo haya dispuesto.
29. Con base en los principios del in dubio pro investido, presunción de
inocencia, legalidad, favorabilidad y pro homine, solicitó negar las pretensiones al
no existir sentencia condenatoria en firme que acredite la indebida destinación de
dineros públicos.
30. Explicó la razón por la cual los pagos de seguridad social a Carlos Andrés
Collazos Silva resultaban ajustados a derecho.
31. Indicó que la sentencia que le decretó la pérdida de investidura como
concejal de Villavicencio quedó ejecutoriada el 3 de diciembre de 2024, pero que
el Consejo de Estado no comunicó esa decisión a la Asamblea Departamental del
Meta ni emitió orden alguna dirigida a esa corporación. El Auto de "Obedézcase y
Cúmplase" del Tribunal Administrativo del Meta fue proferido el 12 de diciembre
de 2024, notificado el 13 de diciembre de 2024 y quedó ejecutoriado el 19 de
diciembre de 2024, con inicio inmediato de la vacancia judicial, por lo que el primer
día hábil siguiente fue el 15 de enero de 2025.
32. Subrayó que la ejecutoria de la sentencia de desinvestidura como concejal
no genera por sí sola la pérdida de la calidad de diputado, pues esa decisión
requiere ser ejecutada por quien tiene competencia, esto es, el presidente de la
Asamblea Departamental, conforme al numeral 4 del artículo 236 de la Ley 1952
de 2019.
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Accionante: Saúl Villar Jiménez
33. Destacó que al asumir la presidencia el 1 de enero de 2025, inició consultas
con profesionales del derecho y con el asesor jurídico de la Asamblea para
determinar el procedimiento a seguir, dado que se trataba de una situación sui
generis sin regulación expresa en la ley ni en el reglamento.
34. Precisó que la pérdida de investidura de Carlos Andrés Collazos Silva fue
como concejal de Villavicencio, no como diputado, de modo que sus efectos no
implicaban la extinción automática de la calidad de diputado, sino que exigían un
análisis cuidadoso para no vulnerar derechos fundamentales del elegido por voto
popular ni los de sus electores.
35. Adujo que, a raíz de dicho análisis el accionado expidió la Resolución 10 del
20 de enero de 2025, por medio de la cual inició un procedimiento administrativo
para determinar si existía o no una inhabilidad sobreviniente y si era necesario
declarar la vacancia absoluta de la curul, en aplicación analógica del
procedimiento sugerido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-132 de 2019
y con respaldo del concepto del Ministerio del Interior del 7 de febrero de 2025.
Ese procedimiento culminó con la Resolución 077 del 21 de abril de 2025, que
confirmó la declaratoria de inhabilidad sobreviniente y la vacancia absoluta de la
curul.
36. Agregó que el 23 de enero de 2025 el Procurador Regional del Meta ordenó
la suspensión provisional de Carlos Andrés Collazos Silva como diputado, lo que
fue acatado de manera inmediata mediante la Resolución 011 del 24 de enero de
2025. Por ello, sostuvo que Carlos Andrés Collazos Silva ejerció sus funciones
como diputado hasta el 24 de enero de 2025, fecha de su suspensión, y que el
pago de la seguridad social de los meses de enero, febrero y marzo de 2025
respondió a una obligación legal expresa derivada del artículo 218 de la Ley 1952
de 2019 y del artículo 80 de la Ley 2200 de 2022.
37. Sobre el artículo 218 de la Ley 1952 de 2019, explicó que esta norma
establece que a pesar de la suspensión provisional del pago de la remuneración
subsistiría la obligación de hacer los aportes a la seguridad social y los parafiscales
respectivos a cargo de la entidad. Así pues, consideró que el pago de la seguridad
social a Carlos Andrés Collazos Silva era legalmente exigible hasta tanto no
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ocurriera alguna de las siguientes circunstancias: i) que culminara el
procedimiento administrativo de la Asamblea con la declaratoria de inhabilidad
sobreviniente y vacancia absoluta; ii) que la Procuraduría impusiera sanción de
destitución e inhabilidad general o especial; o iii) que la jurisdicción de lo
contencioso administrativo decretara la pérdida de la investidura de Carlos Andrés
Collazos Silva como diputado mediante sentencia en firme.
38. Subrayó que la aclaración de voto de la magistrada del Tribunal
Administrativo del Meta Teresa de Jesús Herrera Andrade a la sentencia del 22
de mayo de 2025 coincide con esa posición, al señalar que no existe norma que
prohíba el pago de derechos laborales al servidor público de elección popular al
que se le ha decretado pérdida de investidura mientras se ejecuta la sentencia, y
que dicho pago no configura indebida destinación de dineros públicos al encontrar
sustento en la ley que reconoce este derecho.
39. Adicionalmente, citó el concepto de la Procuradora Delegada ante el Consejo
de Estado rendido el 24 de julio de 2025 dentro del proceso de segunda instancia
de pérdida de investidura 2025-00056-01, en el que el Ministerio Público cambió
su posición inicial y respaldó los argumentos de la defensa, concluyendo que el
pago de la seguridad social no configura indebida destinación de dineros públicos.
40. Frente a los cargos de la demanda relacionados con el presunto
incumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado y el presunto uso indebido
de bienes del Estado por parte de Carlos Andrés Collazos Silva, realizó varias
aclaraciones.
41. Primero, negó que hubiere decidido no acatar el fallo, pues la decisión del
Consejo de Estado no contenía una orden expresa a la Asamblea Departamental.
42. Segundo, indicó que el procedimiento administrativo iniciado mediante la
Resolución 010 del 20 de enero de 2025 fue previo a la suspensión de la
Procuraduría del 23 de enero de 2025, y que el Ministerio del Interior, al absolver
una consulta de la propia Asamblea, recomendó expresamente adelantar ese
procedimiento para garantizar el debido proceso y el derecho de defensa del
diputado.
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43. Tercero, precisó que Carlos Andrés Collazos Silva no asistió a sesiones, no
tenía a su cargo vehículos ni elementos del Estado en el año 2025, de modo que
el cargo de uso indebido de bienes no está probado.
44. Por último, indicó que la inhabilidad sobreviniente invocada por el
demandante con fundamento en el artículo 37 de la Ley 734 de 2002 no resulta
aplicable, dado que esa norma fue derogada expresamente por el artículo 265 de
la Ley 1952 de 2019. Tampoco consideró aplicable el artículo 41 de la Ley 1952
de 2019, pues esa disposición se refiere a inhabilidades sobrevinientes derivadas
de sanciones disciplinarias de destitución e inhabilidad general o suspensión e
inhabilidad especial, supuesto que no se configura en el caso de Carlos Andrés
Collazos Silva, quien no fue objeto de una sanción disciplinaria de esa naturaleza
sino de una sentencia judicial de pérdida de investidura como concejal.
45. En cuanto al elemento subjetivo, argumentó que, incluso si el despacho
llegara a considerar que los pagos de seguridad social configuran una indebida
destinación de dineros públicos, no debe decretarse la pérdida de investidura por
ausencia de dolo y de culpa grave en la actuación del accionado.
46. Para acreditar la ausencia de esa culpabilidad expuso que no es profesional
del derecho ni tiene estudios de posgrado en materias jurídicas, siendo su
profesión la de Ingeniero Electrónico con especialización en Gerencia, y que su
experiencia profesional está enmarcada en el sector privado, lo que evidencia
también ausencia de experiencia en asuntos jurídicos, administrativos o
electorales.
47. Destacó que, ante esa situación, se asesoró de manera permanente de
profesionales del derecho especializados, quienes al unísono le recomendaron
que el pago de la seguridad social era una obligación legal mientras Carlos Andrés
Collazos Silva ostentara la calidad de diputado suspendido, al tenor del artículo
218 de la Ley 1952 de 2019. Esos conceptos fueron entregados tanto verbalmente
como por escrito antes de los pagos cuestionados, y el secretario general de la
Asamblea también ratificó mediante oficio del 11 de febrero de 2025 que ese pago
era a cargo íntegro de la entidad.
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48. Con fundamento en todo lo anterior solicitó el rechazo de las pretensiones
de las solicitudes de pérdida de investidura.
IV. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
49. El Tribunal Administrativo del Meta en sentencia proferida el 19 de
noviembre de 20259, resolvió la controversia y decidió lo siguiente:
«PRIMERO: DECRETAR LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA del señor
HÉCTOR FABIO VÉLEZ BERMÚDEZ, como diputado del Departamento del
Meta para el periodo 2024-2027, conforme a la parte motiva de esta
providencia […]».
50. Como punto de partida, indicó que la causal de pérdida de investidura de los
diputados por indebida destinación de dineros públicos no podía analizarse a la
luz del numeral 4 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, sino del numeral 4 del
artículo 60 de la Ley 2200 de 2022.
51. Lo anterior, toda vez que, siguiendo lo dispuesto en la sentencia del Consejo
de Estado del 21 de noviembre de 2024, la Ley 2200 de 2022 derogó parcial, tácita
y orgánicamente esa causal de la Ley 617. Concretamente, señaló que esta
Corporación aclaró que la derogatoria era parcial porque la Ley 617 mantiene
vigencia respecto de concejales y ediles mas no frente a los diputados; era tácita
porque emana de la incompatibilidad entre el tenor literal de ambas disposiciones;
y era orgánica porque la Ley 2200 instauró un régimen íntegro y autónomo para
los departamentos, dentro del cual previó un sistema propio de pérdida de
investidura exclusivo para los diputados. Por lo tanto, la norma aplicable era la del
artículo 60 de la Ley 2200, que establece como causal la pérdida de investidura
"por sentencia condenatoria en firme sobre indebida destinación de dineros
públicos."
52. Además, relató que en la misma sentencia el Consejo de Estado aplicó la
excepción de inconstitucionalidad respecto de la expresión "por sentencia
condenatoria en firme" contenida en esa norma. El fundamento fue que esa
exigencia introduce un trato diferenciado e injustificado entre diputados,
9 Cfr. Índice núm. 36 del expediente digital, cuaderno del Tribunal Administrativo del Meta.
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concejales, ediles y congresistas, sin que exista justificación constitucional para
ello, pues mientras a los concejales y ediles se les puede decretar la pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos sin necesidad de
sentencia condenatoria previa, a los diputados se les imponía esa condición
adicional.
53. Señaló además que la justificación invocada por el legislador para ese
elemento diferenciador —la garantía de la presunción de inocencia— no resulta
proporcional a los fines de la norma, dado que la finalidad de salvaguardar el
principio democrático y la dignidad de la investidura ya se satisface con el respeto
al debido proceso dentro del propio proceso de pérdida de investidura. El Tribunal
sumó a lo anterior el fundamento de la autonomía constitucional del proceso de
pérdida de investidura frente a la acción penal, autonomía que es incompatible
con condicionar su procedencia a la existencia de una sentencia condenatoria
previa.
54. Sobre la vigencia en el tiempo de esa regla jurisprudencial, precisó que el
Consejo de Estado había advertido expresamente en la parte resolutiva de la
sentencia del 21 de noviembre de 2024 que las consideraciones allí expuestas
sobre el alcance del numeral 4 del artículo 60 de la Ley 2200 tendrían aplicación
únicamente para hechos nuevos que ocurrieran a partir de la firmeza de esa
decisión. En consecuencia, determinó que dicha firmeza se produjo el 14 de
febrero de 2025, teniendo en cuenta que la sentencia fue expedida el 21 de
noviembre de 2024, que mediante providencia del 30 de enero de 2025 se resolvió
negativamente la solicitud de aclaración, que esa providencia fue notificada por
estado el 11 de febrero de 2025, y que los tres días de ejecutoria previstos en el
artículo 302 de la Ley 1564 de 2012 se cumplieron el 14 de febrero de 2025.
55. Precisó, además, que la regla fijada por el Consejo de Estado sobre la
excepción de inconstitucionalidad no podía aplicarse a hechos anteriores al 14 de
febrero de 2025 sin transgredir el principio de favorabilidad, garantía fundamental
en el proceso de pérdida de investidura en razón de su carácter sancionatorio.
Para sustentar esa posición citó la sentencia SU-515 de 2013 de la Corte
Constitucional, en la que esa corporación señaló que al proceso de pérdida de
investidura le son aplicables la totalidad de garantías del debido proceso
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sancionatorio, dentro de las cuales tienen importancia categórica los principios de
reserva legal, taxatividad y favorabilidad.
56. Teniendo en cuenta ese marco, analizó el elemento objetivo de la causal en
dos momentos distintos según la fecha en que se realizó cada pago cuestionado.
57. Respecto del pago de aportes a seguridad social y parafiscales efectuado el
12 de febrero de 2025, correspondiente al mes de enero de 2025, concluyó que
no podía dar lugar a la pérdida de investidura. Ello porque ese pago fue anterior
al 14 de febrero de 2025, fecha en que la regla del Consejo de Estado sobre la
excepción de inconstitucionalidad adquirió firmeza, de modo que para esa
actuación resultaba aplicable la versión original del numeral 4 del artículo 60 de la
Ley 2200, que exigía una sentencia condenatoria en firme que no existía en el
plenario.
58. Por su parte, en relación con los pagos de seguridad social y parafiscales
realizados el 7 y el 26 de marzo de 2025, correspondientes a los meses de febrero
y marzo de 2025, aplicó la regla jurisprudencial del Consejo de Estado por tratarse
de hechos posteriores al 14 de febrero de 2025.
59. Ahora bien, previo al análisis de fondo, verificó los pagos efectivamente
realizados a favor de Carlos Andrés Collazos Silva para el año 2025. Con base en
la certificación expedida por el secretario general de la Asamblea Departamental
y en la respuesta al requerimiento probatorio formulado a esa corporación,
encontrando acreditado que durante ese año no se le canceló suma alguna por
concepto de vacaciones, prima de vacaciones ni cesantías por la vigencia 2025,
ni tampoco se le efectuó liquidación alguna luego de su retiro del cargo. Por esa
razón descartó esos cargos por ausencia de prueba.
60. En cuanto a los aportes de seguridad social de los meses de febrero y marzo
de 2025, constató que sí fueron pagados, por lo que procedió a analizar si
constituían o no una indebida destinación de dineros públicos. En razón de ese
análisis concluyó que esos pagos no eran legítimos porque derivaban de la
permanencia injustificada del señor Carlos Andrés Collazos Silva en el cargo de
diputado, sostenida en un procedimiento administrativo sin fundamento legal ni
respaldo jurisprudencial adelantado por el accionado.
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61. Además, consideró que el pago por hechos, asuntos o materias innecesarias
o injustificadas es uno de los eventos en que se configura la indebida destinación
de dineros públicos que da lugar a la pérdida de investidura.
62. Como fundamento de esas conclusiones, en primer lugar, examinó si la
pérdida de investidura del señor Carlos Andrés Collazos Silva como concejal de
Villavicencio, cuya sentencia quedó ejecutoriada el 3 de diciembre de 2024,
constituía una inhabilidad sobreviniente que le impedía continuar ejerciendo como
diputado del Departamento del Meta; concluyendo que sí, toda vez que el numeral
2 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 establece como inhabilidad para ser
elegido diputado haber perdido la investidura de concejal, de manera que esa
misma inhabilidad, al materializarse con posterioridad a la elección, adquiere el
carácter de sobreviniente.
63. Adicionalmente, consideró que el numeral 4 del artículo 57 de la Ley 2200 de
2022, al establecer como falta absoluta la declaratoria de pérdida de investidura,
no puede interpretarse de manera restringida como referida únicamente a la
pérdida de investidura como diputado, pues no existe razón jurídica que justifique
que la pérdida de investidura de un concejal que al mismo tiempo ejerce como
diputado no genere falta absoluta en esa curul, máxime cuando ambas
circunstancias constituyen causal de inhabilidad para ser elegido diputado.
64. En apoyo de esa posición citó la sentencia proferida por este mismo Tribunal
el 22 de mayo de 2025 dentro del proceso radicado 50001-23-33-000-2025-00056-
00, en la que se había concluido que la desinvestidura de Carlos Andrés Collazos
Silva como concejal constituía una inhabilidad sobreviniente para el ejercicio del
cargo de diputado.
65. En segundo lugar, señaló que el accionado tenía el deber de hacer efectiva
esa inhabilidad sobreviniente de manera inmediata, sin que fuera necesario
adelantar procedimiento adicional alguno.
66. Indicó que el ordenamiento jurídico contemplaba disposiciones suficientes y
de fácil aplicación para afrontar la situación: el artículo 6 de la Ley 190 de 1995,
que ordena el retiro inmediato del servidor público que incurre en una inhabilidad
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sobreviniente generada por su dolo o culpa, de conformidad con la exequibilidad
condicionada declarada por la Corte Constitucional en la sentencia C-038 de 1996;
o bien los artículos 57 y 64 de la Ley 2200 de 2022, que prevén las faltas absolutas
de los diputados y el procedimiento para llamar al candidato siguiente a ocupar la
curul dentro de los tres días hábiles siguientes.
67. Señaló que, en cualquiera de esas dos vías, la consecuencia jurídica habría
de ser la misma, esto es, la declaración de la inhabilidad sobreviniente y la
vacancia definitiva del cargo.
68. Por esa razón concluyó que no resultaba jurídicamente viable que el
presidente de la corporación hubiera adelantado un trámite administrativo que,
además de carecer de respaldo normativo o jurisprudencial, no tenía la capacidad
de modificar ni enervar las consecuencias jurídicas de la sentencia de pérdida de
investidura, que de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado son
permanentes, no redimibles, ni canjeables, ni negociables.
69. En tercer lugar, descartó que el procedimiento administrativo adelantado por
el accionado tuviera sustento en la sentencia T-132 de 2019 de la Corte
Constitucional, que el demandado había invocado como fundamento de su
actuación. Explicó que el supuesto de hecho analizado en esa providencia era
sustancialmente distinto, pues se trataba de un concejal que había sido
sancionado con responsabilidad fiscal mediante un acto administrativo, cuyas
consecuencias podían ser enervadas de dos maneras: pagando el valor de la
sanción impuesta, o impugnando el acto administrativo que la contenía a través
de la acción de tutela o de medidas cautelares. Esa posibilidad de relevar los
efectos de la inhabilidad justificaba conceder al servidor un procedimiento previo
antes de proceder a su retiro.
70. Por el contrario, las consecuencias jurídicas de una sentencia judicial de
pérdida de investidura no admiten ser modificadas por ningún mecanismo, de
modo que adelantar un procedimiento administrativo no tenía ninguna utilidad
jurídica, pues el resultado siempre habría de ser el mismo. Señaló además que la
propia sentencia T-132 de 2019 indicaba que el artículo 6 de la Ley 190 de 1995
era la norma general aplicable a las inhabilidades sobrevinientes, artículo que es
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precisamente la misma disposición que el Tribunal identificó como la vía
procedente para el caso concreto.
71. En cuarto lugar, rechazó el argumento del accionado según el cual el pago
de la seguridad social de los meses de febrero y marzo de 2025 estaba respaldado
en el artículo 218 de la Ley 1952 de 2019, que establece que durante la
suspensión provisional de un servidor público la entidad debe continuar realizando
los aportes a la seguridad social. El Tribunal señaló que esa disposición no
resultaba aplicable porque, para el momento en que la Procuraduría Regional de
Instrucción del Meta decretó la suspensión provisional del señor Carlos Andrés
Collazos Silva el 23 de enero de 2025, este ya no debía ostentar la calidad de
diputado. Aclaró que fue precisamente la omisión del accionado en dar
cumplimiento inmediato a la sentencia del Consejo de Estado lo que llevó a la
Procuraduría a intervenir, ante la evidencia de que la corporación no estaba
ejecutando la decisión judicial.
72. En quinto lugar, descartó el argumento del demandado relacionado con la
sentencia del Consejo de Estado del 4 de septiembre de 2025, dentro de la cual
esa corporación no encontró configurada la causal de indebida destinación de
dineros públicos respecto del reconocimiento y pago de las sesiones
extraordinarias del 4 al 8 de diciembre de 2024 al diputado Carlos Andrés Collazos
Silva, al considerar que para ese momento el mencionado diputado mantenía sus
derechos laborales y de remuneración hasta que la propia Asamblea decidiera su
desvinculación vía procedimiento administrativo.
73. Así pues, consideró que dicho precedente no era trasladable al presente
caso por tres razones: i) porque el supuesto fáctico era diferente, pues se refería
a sesiones a las que Carlos Andrés Collazos Silva asistió en diciembre de 2024,
durante los días inmediatamente posteriores a la ejecutoria de la sentencia; ii)
porque en esa decisión el Consejo de Estado consideró irrelevante analizar en qué
momento correspondía aplicar los efectos de la desinvestidura al cargo de
diputado, por lo que ese punto no fue estudiado; y iii) porque no puede exigirse
que en la sentencia que decreta la pérdida de investidura se establezcan efectos
directos e inmediatos sobre los dineros públicos de la entidad, pues eso no es una
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obligación del juez conforme a la Ley 1881 de 2018 ni a la jurisprudencia del propio
Consejo de Estado.
74. Con base en todo lo anterior, el Tribunal concluyó que se encontraba
acreditado el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por indebida
destinación de dineros públicos, específicamente sobre los pagos de parafiscales
y aportes seguridad social.
75. Acreditado el elemento objetivo de la conducta, evaluó si se cumplía
igualmente el elemento subjetivo con el fin de determinar si era procedente la
pérdida de investidura.
76. Sobre este punto, consideró que Héctor Fabio Vélez Bermúdez tenía pleno
conocimiento de la pérdida de investidura del señor Carlos Andrés Collazos Silva
desde antes de iniciar su período como presidente de la Asamblea el 1 de enero
de 2025.
77. Señaló que esa circunstancia fue confirmada por el Secretario General de la
Corporación en la audiencia de pruebas del 16 de septiembre de 2025, quien
manifestó que desde octubre de 2024 la Asamblea venía trabajando en el asunto,
y que al producirse el empalme con el nuevo presidente se le informó sobre la
situación y la necesidad de darle continuidad.
78. No obstante ese conocimiento, afirmó que el accionado esperó hasta el 20
de enero de 2025 para expedir la Resolución 010, y en lugar de dar cumplimiento
inmediato a la decisión judicial, optó por iniciar un procedimiento administrativo
que carecía de sustento en la ley o la jurisprudencia.
79. Manifestó que llamaba especialmente la atención que desde el 22 de
diciembre de 2024 la inhabilidad especial del señor Carlos Andrés Collazos Silva
ya se encontraba registrada en el sistema de antecedentes de la Procuraduría
General de la Nación –circunstancia que el accionado conocía, pues así se
consignó en la propia Resolución 010 del 20 de enero de 2025 como antecedente
del procedimiento–, y que sin embargo, en la Resolución 010 se hubiera decretado
oficiar a la Procuraduría para que certificara si existía o no inhabilidad especial
para ocupar el cargo.
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80. Para el Tribunal, esa contradicción entre lo que el accionado ya sabía y lo
que ordenó investigar evidenciaba que la intención era permitirle al señor Carlos
Andrés Collazos Silva permanecer en el cargo pese a la inhabilidad ya registrada,
y no dar cumplimiento a la sentencia del Consejo de Estado.
81. Respecto de las consultas realizadas por el accionado a distintos abogados
con experiencia en la materia —entre ellos Jaime Andrés López Gutiérrez, Javier
Francisco Romero Hernández, Gustavo Adolfo Arjona Reinosa y Laura Melissa
Martínez Mantilla, quienes ratificaron sus asesorías en los testimonios rendidos en
el proceso—, el Tribunal señaló que esas consultas no acreditaban buena fe
calificada por dos razones.
82. La primera, porque se realizaron con posterioridad al inicio del procedimiento
administrativo y se limitaron a verificar la procedencia del pago de la seguridad
social con ocasión de la suspensión decretada por la Procuraduría, punto sobre el
cual la norma aplicable —el artículo 218 de la Ley 1952 de 2019— resultaba clara,
de manera que solicitar un concepto al respecto no suplía la falta de diligencia en
el cumplimiento de la sentencia.
83. La segunda, porque para acreditar buena fe calificada no basta solicitar un
concepto cuando la situación jurídica es clara: quien aspira a un cargo de elección
popular y, más aún, quien preside una corporación pública, tiene la obligación de
conocer y asesorarse adecuadamente de los deberes que el cargo le impone,
particularmente en materia de causales de inhabilidad, y esa exigencia no se
satisface simplemente con buscar una opinión que respalde la conducta que ya se
quería adelantar. Precisó además que Héctor Fabio Vélez Bermúdez, con
aproximadamente diez años como servidor público, estaba en capacidad de
comprender que la ejecutoria de una sentencia de pérdida de investidura generaba
como consecuencia legal inmediata una inhabilidad sobreviniente insaneable.
84. Por otro lado, consideró que se acreditó la existencia de culpa grave en la
conducta por la intervención de la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta,
que se vio en la necesidad de decretar la suspensión provisional del señor Carlos
Andrés Collazos Silva ante la omisión de la Asamblea en ejecutar la sentencia del
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Consejo de Estado. En los considerandos del auto de suspensión, la Procuraduría
señaló que, pese a que el Consejo de Estado había decretado la pérdida de
investidura del implicado, no se había separado al diputado del cargo de forma
voluntaria y tampoco la administración había tomado la determinación de su
desvinculación, lo cual equivalía a burlar el fallo del máximo Tribunal de lo
Contencioso Administrativo y generaba incertidumbre ante la comunidad sobre la
democracia y la buena marcha del servicio público.
85. En resumen, concluyó que la conducta del accionado constituía culpa grave
por cuanto: i) no actuó con la diligencia debida para dar cumplimiento a la
sentencia del 3 de octubre de 2024 mediante la cual el Consejo de Estado declaró
la pérdida de investidura del señor Carlos Andrés Collazos Silva; y ii) desconoció
el contenido del certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la
Procuraduría General de la Nación el 22 de diciembre de 2024, en el que ya
constaba la inhabilidad permanente para ejercer el cargo de diputado, optando en
su lugar por iniciar un procedimiento administrativo que implicó la continuidad
indebida e injustificada del mencionado diputado en el cargo y generó los pagos
de seguridad social cuestionados.
V. RECURSO DE APELACIÓN
86. El accionado interpuso recurso de apelación10 contra la sentencia de primera
instancia y solicitó su revocatoria para que, en su lugar, no se decrete la pérdida
de investidura.
87. Como primer argumento, sostuvo que el Tribunal incurrió en una aplicación
analógica prohibida al exigirle al accionado dar cumplimiento inmediato a la
sentencia aplicando el artículo 6 de la Ley 190 de 1995, norma que no rige para
servidores de elección popular.
88. Indicó que la interpretación sistemática de los artículos 1 a 6 de esa ley
permite concluir que regula exclusivamente la vinculación ordinaria mediante
nombramiento o contrato, como lo confirma el propio título del capítulo que las
agrupa: "Control sobre el reclutamiento de los servidores públicos." Los diputados
10 Cfr. Índice núm. 66 del expediente digital, cuaderno del Tribunal Administrativo del Meta.
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acceden a su curul por mandato democrático, no por acto administrativo de
nombramiento, lo que los excluye de ese ámbito.
89. Precisó que el artículo 6 es complementario del artículo 5 de la misma ley,
que regula la revocatoria de nombramientos o terminación de contratos cuando la
vinculación fue irregular desde el inicio; al presuponer ambas disposiciones una
vinculación por nombramiento o contrato, no pueden aplicarse a quien ocupa un
cargo por elección.
90. Añadió que ni la Ley 1881 de 2018 ni la Ley 2200 de 2022 remiten al artículo
6 de la Ley 190 de 1995 para el retiro de un servidor de elección popular, y que no
existe jurisprudencia que aclare el sentido de la expresión "de manera inmediata"
en ese contexto. Aplicar esa norma constituiría una interpretación extensiva in
malam partem, prohibida en materia sancionatoria. Respaldó esta posición en los
salvamentos de voto de los magistrados disidentes y en la jurisprudencia del
Consejo de Estado sobre la prohibición de analogía en el derecho punitivo.
91. Frente al argumento del Tribunal de que el procedimiento administrativo era
innecesario porque la consecuencia jurídica siempre habría de ser la misma
vacancia, sostuvo que la función del trámite no era modificar la sentencia —
permanente e inmutable—, sino garantizar el debido proceso y el derecho de
defensa del afectado antes de materializar su retiro.
92. Señaló que la Corte Constitucional, en la sentencia C-672 de 2001,
condicionó la exequibilidad del artículo 5 de la Ley 190 de 1995 al cumplimiento
de un procedimiento administrativo previo que garantizara el derecho de defensa
incluso para los funcionarios de nombramiento ordinario, lo que refuerza con
mayor razón la necesidad del trámite adelantado por la Asamblea.
93. Adicionalmente, el magistrado Héctor Enrique Rey Moreno identificó en su
salvamento de voto una incoherencia lógica fundamental en el fallo: por un lado,
se le reprochaba al accionado no haber retirado de inmediato al diputado; por el
otro, la causal imputada —indebida destinación de dineros públicos— se
sustentaba en el pago de los aportes de seguridad social durante la suspensión,
que era precisamente lo que el artículo 218 de la Ley 1952 de 2019 ordenaba
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hacer. Señaló que ese razonamiento desconoce el principio de que una conducta
no puede estar a la vez ordenada y prohibida por el ordenamiento jurídico.
94. Rechazó la calificación de la Procuraduría Regional según la cual el
procedimiento administrativo fue realizado "burlando el fallo" del Consejo de
Estado, tachándola de absolutamente improcedente. Señaló que la Asamblea no
incurrió en burla alguna, y que emitir juicios de valor tan graves sobre conceptos
abstractos como la "incertidumbre sobre la democracia" carece de sustento fáctico
y jurídico, e introduce un manto de duda en asuntos que exceden la competencia
material del órgano que los formula.
95. Como segundo argumento, sostuvo que al calificar de "inexistente" y de
carecer de "fundamento legal ni respaldo jurisprudencial" el procedimiento
administrativo, el Tribunal desconoció la presunción de legalidad que reviste todo
acto administrativo. La Resolución 010 del 20 de enero de 2025 y los actos
subsiguientes se presumen ajustados a la Constitución y la ley mientras una
autoridad judicial competente no los declare contrarios al ordenamiento mediante
el medio de control de nulidad.
96. Señaló que el proceso de pérdida de investidura está diseñado para
sancionar conductas del servidor de elección popular, no para ejercer control de
legalidad sobre actos administrativos de la corporación. Si el Tribunal no tenía
competencia para juzgar la legalidad del procedimiento, su deber era limitarse a
determinar si los pagos de los días 7 y 26 de marzo de 2025, con fundamento en
el artículo 218 de la Ley 1952 de 2019, constituían o no una indebida destinación
de dineros públicos.
97. Como tercer argumento, planteó que esos pagos respondían a una
obligación legal ineludible. Consideró que el artículo 218 de la Ley 1952 de 2019
ordena que durante la suspensión provisional subsiste a cargo de la entidad la
obligación de hacer los aportes a la seguridad social y los parafiscales. Además,
afirmó que el artículo 80 de la Ley 2200 de 2022 garantiza el aseguramiento de
los diputados durante el período constitucional y que el derecho a la seguridad
social tiene rango constitucional conforme al artículo 48 superior. Por esa razón,
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concluyó que no se trató de un gasto discrecional sino del cumplimiento de una
obligación constitucional y legal.
98. Por su parte, rechazó la tesis de la "permanencia injustificada" de Carlos
Andrés Collazos Silva, señalando que la Asamblea nunca fue parte del proceso
de pérdida de investidura como concejal, que la sentencia ejecutoriada el 3 de
diciembre de 2024 no le impuso una orden directa de desvinculación, y que la
Resolución 010 del 20 de enero de 2025 fue la primera actuación hábil posible.
99. Explicó que la permanencia del diputado hasta la declaratoria formal de
vacancia fue necesaria para garantizarle el debido proceso. Además, precisó que
el Consejo de Estado ha establecido que no toda irregularidad que implique un
gasto configura la causal de indebida destinación, y que el ejercicio de una función
constitucional o legalmente ordenada no puede dar lugar a esa causal.
100. Sobre este punto, destacó que el salvamento de voto de la magistrada
Teresa Herrera Andrade en el que se advirtió que para configurar esa causal debe
acreditarse una conducta material activa, volitiva y deliberada orientada a destinar
ilegalmente los recursos del erario, lo cual no fue demostrado.
101. Como cuarto argumento, cuestionó que el Tribunal descartara la aplicabilidad
de la sentencia T-132 de 2019 de la Corte Constitucional con base en una
distinción fáctica que carece de relevancia jurídica. Sostuvo que el núcleo de ese
precedente no radicó en la naturaleza de la sanción que originó la inhabilidad —
responsabilidad fiscal en ese caso, pérdida de investidura en este, sino en la
obligación constitucional de garantizar el debido proceso antes de desvincular a
un servidor de elección popular. En ambos escenarios la consecuencia es la
desvinculación, lo que impone el deber de respetar el derecho de defensa.
102. Sumado a ello, indicó además que la propia Corte señaló que ante el vacío
normativo debía acudirse a las reglas supletorias del procedimiento administrativo
común del CPACA, lo que valida el trámite adelantado con la Resolución 010,
posición que también fue sugerida por el Ministerio del Interior.
103. Como quinto argumento, expuso que la sentencia del Consejo de Estado del
4 de septiembre de 2025 sí resulta aplicable y vinculante al caso, contrario a lo
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(acumulado 50001 23 33 000 2025 00207 00)
Accionante: Saúl Villar Jiménez
concluido por el Tribunal. Recordó que en esa decisión la Sección Primera
estableció que no incurre en indebida destinación de dineros públicos el diputado
que reconoció y pagó sesiones extraordinarias a otro diputado a pesar de haberse
proferido en su contra sentencia de desinvestidura como concejal, mientras se
adelantaba el trámite para declarar la vacancia. Si el Consejo de Estado declaró
legal el pago de honorarios completos por sesiones extraordinarias durante ese
período, con mayor razón resulta legal el pago de aportes de seguridad social y
parafiscales —gasto de menor entidad y de carácter obligatorio— durante el
mismo trámite.
104. Sobre este punto agregó que el Consejo de Estado fue explícito en que la
sentencia de desinvestidura como concejal no estableció efectos jurídicos con
incidencia directa e inmediata en los dineros públicos de la Asamblea, y que la
desvinculación efectiva fue el resultado del procedimiento administrativo interno.
Desconocer ese precedente del superior sacrifica la seguridad jurídica.
105. Como sexto argumento, señaló que el Tribunal erró al valorar la prueba y al
concluir que el accionado actuó con culpa grave. Indicó que actuar de manera
inmediata el 1 de enero de 2025 era jurídica y fácticamente imposible: el auto de
obedecimiento no alcanzó a quedar ejecutoriado antes de la vacancia judicial del
19 de diciembre de 2024, y solo adquirió firmeza el 15 de enero de 2025; la
Asamblea nunca fue parte ni fue notificada del proceso de pérdida de investidura
como concejal; y el artículo 6 de la Ley 190 de 1995 era inaplicable.
106. Precisó que el accionado, siendo ingeniero eléctrico, tenía el deber de
asesorarse exhaustivamente antes de actuar en un asunto de alta complejidad
jurídica, como en efecto lo hizo. El solo hecho de que los magistrados del Tribunal
se dividieran demuestra esa complejidad y excluye que pueda imputársele culpa
grave.
107. Frente a la valoración probatoria, señaló que el Tribunal no ponderó
adecuadamente los testimonios de los asesores jurídicos.
108. Explicó que de las pruebas se acreditó lo siguiente:
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Accionante: Saúl Villar Jiménez
109. Primero, que el abogado Javier Francisco Romero Hernández declaró que
fue él quien proyectó y dirigió el procedimiento administrativo, que fue consultado
desde diciembre de 2024 por la presidencia anterior y desde enero de 2025 por el
accionado, y que la Resolución 010 correspondió a su recomendación técnica
fundada en la sentencia T-132 de 2019.
110. Segundo que el abogado Jaime Andrés López Gutiérrez confirmó la
viabilidad del procedimiento y la obligación de pagar los aportes de seguridad
social. Los abogados Gustavo Adolfo Arjona Reinosa, Juan Camilo Almanza
Alarcón y Laura Melissa Martínez Mantilla rindieron conceptos escritos en el
mismo sentido, indicando que mientras subsistiera la calidad de diputado del señor
Carlos Andrés Collazos Silva la Asamblea tenía la obligación de garantizarle la
continuidad de los aportes.
111. Tercero, que el secretario general de la Asamblea, Jorge Eliécer Parrado
Guerrero, confirmó que el tema se venía trabajando desde octubre de 2024, que
durante el empalme se informó al accionado y que este se apersonó de inmediato
de la continuidad del proceso.
112. Añadió que la demora no fue imputable al accionado sino a los tiempos del
aparato judicial: el auto de cumplimiento llegó al Tribunal el 12 de diciembre, no
alcanzó a ejecutoriarse antes de la vacancia del 19 de diciembre, y solo quedó en
firme el 15 de enero de 2025, fecha a partir de la cual el accionado inició el
procedimiento administrativo.
113. Concluyó que no existe prueba de una conducta volitiva y deliberada
orientada a malversar recursos del erario, y que la prueba testimonial y
documental acredita que el accionado actuó con cuidado, diligencia y bajo
asesoría especializada frente a una situación atípica y sin precedente en el
Departamento del Meta, lo que desvirtúa la culpa grave imputada en la sentencia.
114. Solicitó al Consejo de Estado revocar la sentencia TAM004 25-11-218 y, en
su lugar, negar las pretensiones de las demandas acumuladas, por no estar
acreditados los elementos objetivo ni subjetivo de la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos.
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Accionante: Saúl Villar Jiménez
VI. ACTUACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA
115. Mediante auto del 15 de enero de 202611 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte accionada, y se ordenó el traslado según lo previsto en el
numeral 3 del artículo 14 de la Ley 1881 de 15 de enero de 201812.
116. Durante dicho término los accionantes descorrieron el traslado del recurso
de apelación y solicitaron confirmar la sentencia de primera instancia.
117. Por un lado, mediante memorial del 21 de enero de 202613, el accionante
David Fernando Barbosa Posada, por intermedio de apoderado, precisó que el
recurso de apelación no introduce hechos nuevos ni controvierte pruebas distintas
de las ya valoradas por el Tribunal, por lo que los hechos y el marco normativo
examinados en primera instancia permanecen incólumes y habilitan la
confirmación íntegra del fallo.
118. Sostuvo que quedaron acreditados como hechos no desvirtuados en
segunda instancia: i) que la sentencia de pérdida de investidura de Carlos Andrés
Collazos Silva como concejal de Villavicencio fue proferida el 3 de octubre de 2024
y era conocida por las autoridades de la Asamblea Departamental del Meta desde
esa misma época; ii) que el señor Collazos Silva figuraba en el Boletín de
Personas Inhabilitadas de la Procuraduría General de la Nación, instrumento
oficial de obligatoria consulta que excluye cualquier alegación de
desconocimiento; y iii) que pese a lo anterior, durante febrero y marzo de 2025 se
realizaron pagos por concepto de seguridad social y aportes parafiscales sin que
el accionado desplegara actuación eficaz alguna para impedirlos, suspenderlos o
corregirlos.
119. Adujo que esa omisión configura una posición de garante sancionable, en
tanto el accionado tenía capacidad real de dirección y control y pleno conocimiento
de la inhabilidad. En cuanto al elemento subjetivo, argumentó que el conocimiento
11 Cfr. Índice núm. 5 del expediente digital, Samai.
12 Cfr. “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se
consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.
13 Cfr. Índice núm. 9 del expediente digital, Samai.
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Radicado: 50001 23 33 000 2025 00212 01
(acumulado 50001 23 33 000 2025 00207 00)
Accionante: Saúl Villar Jiménez
previo del fallo, la existencia del boletín oficial, la inacción prolongada y la
persistencia en la conducta acreditan como mínimo culpa grave, incompatible con
la permanencia en el cargo.
120. Por otro lado, mediante memorial del 22 de enero de 202614, el accionante
Saúl Villar Jiménez sostuvo que en el presente caso quedó plenamente
demostrado que el accionado, en su calidad de presidente de la Asamblea
Departamental del Meta para el período 2025, ordenó y canceló pagos a favor del
señor Carlos Andrés Collazos Silva correspondientes a salud, ARL, pensión,
cesantías y demás parafiscales de los meses de enero, febrero y marzo de 2025,
a los cuales ese ciudadano ya no tenía derecho.
121. Afirmó que el accionado igualmente permitió que el señor Carlos Andrés
Collazos Silva continuara haciendo uso indebido de los bienes y servicios del
Estado a que tienen derecho los diputados en ejercicio, pese a que desde el 3 de
diciembre de 2024 existía sentencia ejecutoriada de pérdida de investidura en su
contra como concejal de Villavicencio.
122. Precisó que el Tribunal Administrativo del Meta circunscribió su análisis a los
pagos efectuados el 12 de febrero y el 7 y 26 de marzo de 2025, en atención a
que la sentencia proferida el 22 de mayo de 2025 dentro del proceso radicado
50001-23-33-000-2025-00056-00 había advertido expresamente que lo allí
decidido no constituía cosa juzgada respecto de los pagos realizados con
posterioridad a la fecha de presentación de esa demanda.
123. Argumentó que las normas violadas por el accionado fueron el numeral 4 del
artículo 183 de la Constitución Política, el numeral 4 del artículo 60 de la Ley 2200
de 2022 y el numeral 4 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, que consagran la
indebida destinación de dineros públicos como causal de pérdida de investidura.
124. Concluyó que al accionado le fue atribuido un juicio de responsabilidad
subjetiva a título de dolo o culpa grave, toda vez que su conducta evidenció
negligencia, descuido y desconocimiento del orden legal, lo que a su juicio
constituye ignorancia supina equiparable a culpa grave.
14 Cfr. Índice núm. 10 del expediente digital, Samai.
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Accionante: Saúl Villar Jiménez
125. En consecuencia, los accionantes solicitaron confirmar la sentencia de
primera instancia.
VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
7.1. Competencia
126. La Sala es competente para proferir esta providencia en segunda instancia,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 15015 del CPACA, el parágrafo 2 del
artículo 48 de la Ley 617 de 9 de octubre 200016 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de
12 de marzo de 201917, sobre distribución de los procesos entre las secciones del
Consejo de Estado.
7.2. Cuestión previa
7.2.1. Sobre los antecedentes relevantes para la controversia
127. Con el fin de comprender la situación fáctica que dio lugar al presente
proceso y que sirve de contexto para abordar el recurso de apelación, resulta
relevante referirse a varios hechos relacionados con la pérdida de investidura del
señor Carlos Andrés Collazos Silva como concejal de Villavicencio, los cuales
derivaron en diferentes procesos judiciales –incluido el que aquí se examina–
contra el accionado y otros diputados de la Asamblea Departamental del Meta.
128. En efecto, mediante demanda presentada el 29 de enero de 2024, se inició
ante el Tribunal Administrativo del Meta un proceso de pérdida de investidura en
contra del señor Carlos Andrés Collazos Silva en calidad de concejal de
15 En el que se prevé que esta corporación conocerá de las apelaciones interpuestas contra las
sentencias de los tribunales administrativos en primera instancia.
16 Cfr. “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de
1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras
normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del
gasto público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48, establece que corresponde al Consejo de
Estado conocer en segunda instancia de las pérdidas de investidura que conozcan en primera
instancia los Tribunales Administrativos.
17 Reglamento Interno del Consejo de Estado, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 de
2024, que regula la distribución de negocios entre las secciones.
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(acumulado 50001 23 33 000 2025 00207 00)
Accionante: Saúl Villar Jiménez
Villavicencio para el período constitucional 2020-2023, proceso al que
correspondió el radicado número 50001 23 33 000 2024 00026 00.
129. Dentro de ese proceso, el Tribunal Administrativo del Meta, mediante
sentencia del 11 de abril de 2024 negó las pretensiones de la demanda en primera
instancia. Sin embargo, la Sección Primera del Consejo de Estado, con ponencia
del magistrado Oswaldo Giraldo López, mediante sentencia del 3 de octubre de
2024 proferida dentro del radicado núm. 50001 23 33 000 2024 00026 01, revocó
la decisión del a quo y decretó la pérdida de investidura de Carlos Andrés Collazos
Silva como concejal de Villavicencio para el periodo indicado18.
130. La referida sentencia quedó en firme el 3 de diciembre de 2024. Para ese
entonces, el señor Carlos Andrés Collazos Silva ya no se desempeñaba como
concejal de Villavicencio sino como diputado de la Asamblea Departamental del
Meta para el período constitucional 2024-2027.
131. Posteriormente, a través de la demanda presentada el 14 de enero de 2025
y bajo el radicado núm. 50001 23 33 000 2025 00010 00 se promovió un nuevo
proceso de pérdida de investidura contra el señor Carlos Andrés Collazos Silva,
esta vez, en su condición de diputado de la Asamblea Departamental del Meta
para el período constitucional 2024-2027. En este caso, la causal invocada fue el
desconocimiento del régimen de inhabilidades e incompatibilidades,
concretamente la existencia de una inhabilidad sobreviniente derivada de la
pérdida de su investidura como concejal de Villavicencio. El accionante en dicho
proceso coincide con el del caso sub judice.
132. En sentencia del 8 de agosto de 2025 el Tribunal Administrativo del Meta
desestimó la excepción de cosa juzgada y decretó la pérdida de investidura del
señor Carlos Andrés Collazos Silva del cargo de diputado del departamento del
Meta para el periodo constitucional 2024-2027, al considerar que la declaratoria
de pérdida de investidura como concejal de Villavicencio generó en él una
inhabilidad sobreviniente que le impedía continuar ejerciendo el cargo de diputado,
con fundamento en el numeral 2 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022.
18 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 3 de octubre de 2024. Exp: 50001-23-33-
000-2024-00026-01, C.P. Oswaldo Giraldo López.
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(acumulado 50001 23 33 000 2025 00207 00)
Accionante: Saúl Villar Jiménez
133. Sin embargo, en sentencia del 30 de abril de 202619 proferida dentro del
radicado núm. 50001 23 33 000 2025 00010 01, esta Sección revocó el fallo del
Tribunal y negó las pretensiones de la demanda por las siguientes razones.
134. Por un lado, la Sala señaló que, en el ámbito del proceso de pérdida de
investidura, el numeral 2 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 únicamente
establece la inhabilidad para ser inscrito como candidato o elegido diputado, sin
prever consecuencia alguna frente al ejercicio ya iniciado del cargo. Por otro lado,
precisó que las disposiciones del estatuto disciplinario –en particular el artículo 41
de la Ley 1952 de 2019– no son aplicables en los juicios de pérdida de investidura,
dado que ambos procesos son autónomos en su naturaleza y finalidad, y el
principio de taxatividad que gobierna el régimen de las pérdidas de investidura
excluye interpretaciones extensivas o analógicas.
135. En síntesis, esta Sección concluyó que la pérdida de investidura como
concejal no constituye una inhabilidad sobreviniente que configure causal de
pérdida de investidura como diputado, razón por la cual revocó la sentencia del
Tribunal y negó las pretensiones de la demanda20.
136. Lo anterior significa que, contrario a lo sostenido en la demanda que da lugar
al presente proceso, la sentencia del 3 de octubre de 2024 proferida por esta
Corporación con ponencia del magistrado Oswaldo Giraldo López, ejecutoriada el
3 de diciembre de 2024, no configuró, en el marco del proceso de pérdida de
investidura y dada la interpretación restrictiva que lo gobierna, una inhabilidad
sobreviniente que habilitara la desinvestidura del señor Carlos Andrés Collazos
Silva como diputado de la Asamblea Departamental del Meta.
137. Ahora bien, mientras se controvertía ante esta Corporación si era procedente
la inhabilidad sobreviniente derivada del fallo de pérdida de investidura, se inició
en contra de Miguel Oswaldo Avellaneda Lizcano –presidente de la Asamblea
Departamental del Meta para la vigencia 2024– un proceso de pérdida de
19 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 30 de abril de 2026. Exp: 50001 23 33
000 2025 00010 01.
20 A la fecha la sentencia del 30 de abril de 2026 está en término de ejecutoria y aún no se
encuentra en firme.
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investidura identificado con el radicado núm. 50001 23 33 000 2024 00388 00 bajo
la causal de indebida destinación de dineros públicos, por haber autorizado el
pago de sesiones extraordinarias al señor Carlos Andrés Collazos Silva durante
los días 4 al 8 de diciembre de 2024, estando ejecutoriada la sentencia que había
declarado la pérdida de investidura como concejal desde el 3 de diciembre de
2024. En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Meta, mediante
sentencia del 5 de junio de 2025, negó las pretensiones de la demanda, decisión
que fue confirmada por esta Corporación mediante sentencia del 4 de septiembre
de 202521 proferida dentro del radicado núm. 50001 23 33 000 2024 00388 01.
138. Paralelamente, mediante demanda presentada el 6 de febrero de 2025 bajo
el radicado núm. 50001 23 33 000 2025 00056 00, se promovió otro proceso de
pérdida de investidura contra Héctor Fabio Vélez Bermúdez, en su calidad de
presidente de la Asamblea Departamental del Meta para la vigencia 2025, bajo la
causal de indebida destinación de dineros públicos, por haber autorizado el pago
de prima vacacional y vacaciones correspondientes al período fiscal 2024 a favor
del señor Carlos Andrés Collazos Silva, quien según la demanda había sido objeto
de declaratoria de pérdida de investidura como concejal del municipio de
Villavicencio mediante sentencia del 3 de octubre de 2024 –ejecutoriada el 3 de
diciembre del mismo año– y por lo tanto no debió continuar en el ejercicio de sus
funciones como diputado.
139. Dentro de ese proceso, el Tribunal Administrativo del Meta, mediante
sentencia del 22 de mayo de 2025, negó las pretensiones de la demanda al
considerar que los pagos de prima vacacional y las vacaciones del período fiscal
2024 tenían respaldo legal en tanto el señor Collazos Silva ostentó válidamente el
cargo de diputado durante esa anualidad y, para ese momento, la causal de
indebida destinación de dineros públicos prevista en el numeral 4 del artículo 60
de la Ley 2200 de 2022 aún contaba con la exigencia de que existiera una
sentencia condenatoria en firme. Además, el Tribunal precisó que lo allí decidido
no constituía cosa juzgada respecto de los pagos realizados con posterioridad a
la fecha de presentación de la demanda.
21 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 4 de septiembre de 2025. Exp. 50001-23-
33-000-2024-00388-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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140. Por su parte, en segunda instancia, esta Corporación confirmó la decisión
aludida mediante sentencia del 30 de octubre de 202522 proferida dentro del
radicado núm. 50001 23 33 000 2025 00056 01, pero sin pronunciarse sobre el
fondo de los cargos formulados en la demanda. La confirmación obedeció
exclusivamente a razones de congruencia procesal, pues en el recurso de
apelación el accionante intentó fundar la causal en los pagos de aportes a la
seguridad social de los meses de febrero y marzo de 2025, hechos que no habían
ocurrido cuando se radicó la demanda y que por tanto no podían ser examinados
sin afectar el derecho de contradicción del accionado.
141. Con fundamento en esos pagos que no pudieron ser examinados en el
proceso anterior, se inició el proceso que da lugar al presente trámite (radicado
núm. 50001 23 33 000 2025 00212 00) en el cual los accionantes Saúl Villar
Jiménez y David Fernando Barbosa Posada cuestionan la presunta indebida
destinación de dineros públicos en que habría incurrido el accionado Héctor Fabio
Vélez Bermúdez, en su calidad de presidente de la Asamblea Departamental del
Meta para la vigencia 2025. En este caso, como ya se ha señalado, se reprocha
que el accionado hubiese autorizado el pago de aportes a la seguridad social y
parafiscales correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2025, así como
los pagos posteriores de vacaciones, prima vacacional y cesantías, a favor del
señor Carlos Andrés Collazos Silva, que como ya se mencionó, había sido objeto
de declaratoria de pérdida de investidura como concejal del municipio de
Villavicencio.
142. Ahora bien, teniendo en cuenta los referidos antecedentes y con el fin de
garantizar el principio del non bis in idem –consagrado en el artículo 29 de la
Constitución Política y aplicable a los procesos de pérdida de investidura en virtud
del parágrafo del artículo 1.° de la Ley 1881 de 2018–, la Sala considera necesario
verificar si la sentencia del 30 de octubre de 2025 proferida dentro del radicado
núm. 50001 23 33 000 2025 00056 01 hizo tránsito a cosa juzgada respecto de
los hechos debatidos en el presente trámite. Para ello, conforme a lo dispuesto en
22 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 30 de octubre de 2025. Exp. 50001 23
33 000 2025 00056 01, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
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el artículo 303 del Código General del Proceso, deben concurrir tres elementos:
identidad jurídica de partes, identidad de objeto e identidad de causa.
143. En cuanto a la identidad de partes, se precisa que en ambos procesos el
accionado es Héctor Fabio Vélez Bermúdez, en su calidad de diputado y
presidente de la Asamblea Departamental del Meta para la vigencia 2025. Por su
parte, en relación con la identidad de objeto, en los dos procesos la pretensión es
la declaratoria de pérdida de investidura del accionado por la causal de indebida
destinación de dineros públicos, por lo que este elemento queda igualmente
verificado.
144. Sin embargo, respecto a la identidad de causa, la situación es distinta. En
efecto, la causa petendi del presente trámite se inició precisamente con
fundamento en los presuntos pagos de seguridad social, parafiscales, vacaciones,
prima vacacional y cesantías que no pudieron ser examinados en el proceso con
radicado núm. 50001 23 33 000 2025 00056 01. Adicionalmente los aportes a la
seguridad social pagados el 12 de febrero y el 7 y 26 de marzo de 2025 fueron
desestimados en ese radicado por razones de congruencia procesal, sin que esta
Corporación se pronunciara sobre el fondo de tales cargos.
145. En consecuencia, al no verificarse la identidad de causa, no se configuran
los presupuestos para declarar la cosa juzgada respecto del radicado núm. 50001
23 33 000 2025 00056 01, de modo que procede abordar el análisis de fondo de
los cargos del presente trámite.
7.2.2. Sobre el alcance del recurso de apelación
146. Atendiendo los hechos anteriores y antes de abordar el análisis de fondo, la
Sala considera necesario precisar el alcance del recurso de alzada objeto de la
presente providencia.
147. Al respecto debe tener presente que el Tribunal Administrativo del Meta,
mediante sentencia del 19 de noviembre de 2025, decretó la pérdida de
investidura del accionado con fundamento en los pagos de los aportes a la
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seguridad social y parafiscales realizados los días 7 y 26 de marzo de 2025 a favor
del señor Carlos Andrés Collazos Silva.
148. En esa misma providencia, el Tribunal desestimó los demás cargos
formulados por los accionantes: i) descartó el cargo relativo a los pagos de
vacaciones, prima vacacional y cesantías de la vigencia 2025 por no encontrarlos
identificados y acreditados en el expediente; y ii) descartó el cargo relativo a los
pagos de seguridad social del 12 de febrero de 2025 por considerar que no se
cumplía el requisito normativo exigido por el numeral 4 del artículo 60 de la Ley
2200 de 2022.
149. Frente a estos pronunciamientos ninguno de los accionantes interpuso
recurso de apelación y en consecuencia, lo decidido por el Tribunal quedó en firme
y no puede ser objeto de análisis en esta instancia.
150. Ahora bien, el único recurso de apelación fue interpuesto por el accionado,
quien solicitó revocar la sentencia por considerar que no se acreditaron los
elementos objetivo ni subjetivo de la causal de pérdida de investidura por indebida
destinación de dineros públicos respecto de los pagos de seguridad social
realizados el 7 y 26 de marzo de 2025, es decir, por el pago de la seguridad social
de febrero y marzo de 2025. Así pues, el análisis de la Sala se circunscribirá
exclusivamente a ese cargo y al cumplimiento de los presupuestos para la
configuración de la causal de pérdida de investidura.
7.3. Del análisis de la causal de pérdida de investidura endilgada
151. Corresponde a la Sala determinar si el señor Héctor Fabio Vélez Bermúdez,
en su calidad de diputado de la Asamblea Departamental del Meta y presidente
de esa corporación para la vigencia 2025, incurrió en la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos al haber autorizado, en el
mes de marzo de 2025, el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales a
favor del señor Carlos Andrés Collazos Silva, sobre quien recaía una sentencia
ejecutoriada de pérdida de investidura como concejal de Villavicencio.
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Accionante: Saúl Villar Jiménez
152. Con miras a resolver este cargo de impugnación, la Sala pasará a revisar si
en el presente asunto se encuentran configurados los elementos objetivo y
subjetivo de la causal y en esa medida, si hay lugar a acceder a la pérdida de
investidura del convocado.
7.3.1. Del elemento objetivo
153. La indebida destinación de dineros públicos como causal de la pérdida de
investidura de los diputados se encuentra prevista en el numeral 4 del artículo 60
de la Ley 2200 de 2022, en concordancia con el numeral 4 del artículo 48 de la
Ley 617 de 2000 en lo que resulte aplicable:
«Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales
municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras
locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de
juntas administradoras locales perderán su investidura:
[…]
4. Por indebida destinación de dineros públicos» (Subrayas de la Sala).
«Artículo 60. Pérdida de la investidura de diputado. Los diputados perderán
su investidura por:
[…]
3. Por indebida destinación de dineros públicos.» (Subrayas de la Sala).
154. Respecto a la configuración objetiva de esta causal, esta Corporación23 ha
sostenido que el operador judicial debe acreditar tres presupuestos:
«La configuración objetiva de la causal de pérdida de investidura sub examine
requiere la prueba de tres elementos, a saber: i) que se ostente la condición
de miembro de corporación pública de elección popular; ii) que se esté frente
a dineros públicos; y iii) que los dineros públicos sean indebidamente
destinados»
155. En cuanto al primer presupuesto, la jurisprudencia de esta Corporación ha
señalado que no es indispensable que el sujeto activo ostente la calidad de
23 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 10 de octubre de 2022. Expediente número:
680012333000202200333-01(PI). Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez.
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ordenador del gasto, pues lo relevante es que, en ejercicio de sus competencias,
adelante actuaciones encaminadas a modificar la destinación de los recursos
públicos:
«En este orden, no es necesario que el sujeto activo de la causal ostente la
condición de nominador u ordenador del gasto, basta con que deba respetar,
defender y cuidar el patrimonio público, toda vez que es imperativo cuidar los
bienes del Estado para evitar su menoscabo. En este sentido, la Sala Plena
ha señalado que la causal comporta dos elementos: i) la conducta y ii) el fin.
La Sentencia del 1 de noviembre de 2005 señaló: “Para la configuración de la
causal de indebida destinación de dineros públicos prevista en el num. 4º del
artículo 183 de la Constitución Política (reproducida en el numeral 4º del
artículo 298 de la Ley 5ª de 1992) se destacan o requieren dos elementos
como son la conducta y el fin»24.
156. Respecto del segundo presupuesto, esta Corporación ha advertido que los
“dineros públicos” deben ser entendidos de forma general como todos aquellos
recursos públicos que administra el Estado25, sin restringirse a una noción
estrictamente monetaria26:
«Como quedó visto, sobre la alocución «dinero público» que hace parte
integral de la descripción típica que contiene el artículo 183 numeral 4 de la
Constitución Política, refiriéndose a las causales de pérdida de investidura de
los congresistas, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha concluido que el
aspecto relevante, objeto de demostración probatoria, es el uso indebido que
se haga de dichos recursos.
La Sala considera, entonces, que los dineros públicos, es decir, el caudal del
Estado conformado por los impuestos, las tasas, las contribuciones y los
recursos del capital, deben cumplir la destinación prevista en el respectivo
Presupuesto, de suerte que se haga efectivo el mandato del artículo 345 de
la Constitución Política.
En todo caso, se ha adoptado una postura interpretativa del concepto jurídico
de dineros públicos que permite, dentro de la vocación constitucional, hacer
efectivas las acciones e instituciones que buscan imprimirle transparencia a la
actividad pública.
En efecto, con la consideración del concepto «dineros públicos» restringida al
tema monetario, únicamente los ordenadores del gasto podrían ser requeridos
24 Consejo de Estado. Sentencia del 6 de mayo de 2014. Expediente número: 11001-03-15-000-
2013-00865-00(PI). Consejero ponente: Enrique Gil Botero
25 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 10 de octubre de 2022. Expediente número:
68001-23-33-000-2022-00333-01. Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez. “Para efectos
de la causal de pérdida de investidura, la expresión “dinero público” se debe entender como
aquellos recursos públicos que administra el Estado”.
26 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de marzo de
2017. Expediente número: 11001-03-15-000-2015-00111-00(PI). Consejero ponente: Rafael
Francisco Suárez Vargas.
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por su destinación indebida, es decir, se trataría de una norma que hasta 1994
habría estado destinada exclusivamente a la perdida de investidura de los
miembros de las Mesas Directivas de la Cámara y del Senado. Según el
artículo 91 de la Ley 38 de 1989 «En el Congreso Nacional la facultad de
ordenar los gastos la ejercerán por separado las mesas directivas de cada
Cámara».
Esta norma fue subrogada por la Ley 174 de 1994 y compilada en el Decreto
Orgánico del Presupuesto, Decreto 111 de 1996, artículo 110, en el que se
dispone que las facultades de ordenación del gasto «estarán en cabeza del
jefe de cada órgano quien podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo»
y que se ejercerán de manera independiente por el Senado y la Cámara de
Representantes.
En síntesis, habrá de concluirse que los recursos recaudados del público por
los canales de las autoridades fiscales del Estado ingresan como dinero en
sentido amplio y se transforman en recursos públicos cuando son
administrados por aquellos servidores que señale la ley o el reglamento,
según el caso».
157. Finalmente, en relación con el tercer presupuesto, esta Corporación ha
aclarado que la conducta de indebida destinación de dineros públicos se configura
en cualquiera de los siguientes escenarios:
«i) Cuando destina los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no
autorizados.
ii) Cuando los destina a objetos, actividades o propósitos autorizados, pero
diferentes a los cuales esos dineros se encuentran asignados.
iii) Cuando aplica los dineros a objetos, actividades o propósitos
expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento.
iv) Cuando esa aplicación se da para materias innecesarias o injustificadas.
v) Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un incremento
patrimonial personal o de terceros.
vi) Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un beneficio no
necesariamente económico en su favor o en el de terceros»27.
158. En todos estos eventos se ha entendido que el servidor miembro de la
corporación pública, en ejercicio de las competencias de las que ha sido revestido,
traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos estatales preestablecidos en
27Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 4 de septiembre de 2014. Expediente
número: 63001-23-33-000-2013-00148-01(PI). Consejero ponente: Guillermo Vargas Ayala. Cfr.
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 15 de marzo de 2018. Expediente número:
13001-23-33-000-2016-01107-01(PI). Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez.
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la Constitución, la ley o el reglamento28, lo que da lugar al reproche que sustenta
la pérdida de su investidura.
159. Hechas las anteriores precisiones sobre el análisis objetivo de la conducta,
la Sala advierte que en el presente caso no se acreditó la totalidad de los
presupuestos del elemento objetivo para que se configure la causal de indebida
destinación de dineros públicos.
160. En relación con los primeros presupuestos, la Sala considera que en el
asunto bajo examen no existe controversia respecto a la condición de diputado del
accionado ni frente a la naturaleza pública de los recursos involucrados. En efecto,
se acreditó que el señor Héctor Fabio Vélez Bermúdez fue elegido diputado del
Departamento del Meta para el período constitucional 2024-2027 y ostentaba la
calidad de presidente de la Asamblea Departamental del Meta para la vigencia
2025.
161. El debate está centrado en el tercer presupuesto: determinar si los pagos
de aportes a la seguridad social y parafiscales realizados el 7 y el 26 de marzo de
2025, a favor del señor Carlos Andrés Collazos Silva, constituyeron una indebida
destinación de dineros públicos en los términos descritos por la jurisprudencia de
esta Corporación.
162. Para resolver ese interrogante es necesario volver de nuevo sobre lo
decidido en la sentencia del Consejo de Estado que decretó la pérdida de
investidura del señor Carlos Andrés Collazos Silva como concejal de Villavicencio,
con el fin de determinar si en dicho fallo se fijó algún efecto particular o se emitió
alguna instrucción en concreto. En este fallo se dispuso:
“PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 11 de abril de 2024 por el
Tribunal Administrativo del Meta, y, en su lugar, DECRETAR LA PÉRDIDA
DE INVESTIDURA del señor Carlos Andrés Collazos Silva como concejal
del Municipio de Villavicencio, Meta, período constitucional 2020 – 2023,
conforme las razones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al
Tribunal de origen”29. (Negrillas de la Sala).
28 Cfr. Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 4 de septiembre de 2014. Expediente
número: 63001-23-33-000-2013-00148-01(PI). Consejero ponente: Guillermo Vargas Ayala.
29 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 3 de octubre de 2024. Exp. 50001-23-33-
000-2024-00026-01, C.P. Oswaldo Giraldo López.
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Accionante: Saúl Villar Jiménez
163. Como se indicó en el numeral 7.2., la citada providencia resolvió una
situación jurídica circunscrita al cargo de concejal del municipio de Villavicencio
para el período 2020-2023, sin que en su parte resolutiva se estableciera
consecuencia alguna con incidencia directa en el presupuesto de la Asamblea
Departamental del Meta ni efecto automático sobre la curul de diputado que para
entonces ostentaba el señor Carlos Andrés Collazos Silva.
164. Debe recordarse que la Asamblea Departamental del Meta no fue parte en
ese proceso judicial, no recibió notificación formal alguna y no fue destinataria de
orden alguna de desvinculación del diputado. Del texto de esa providencia no se
desprende ordinal alguno dirigido al presidente de la Asamblea del Meta que le
impusiera la obligación de separar de inmediato al señor Carlos Andrés Collazos
Silva del cargo de diputado. Tampoco podía señalarse que este era un efecto
inmediato de la sentencia, pues la pérdida de investidura se produjo respecto del
cargo de concejal y no de diputado.
165. Sobre este punto, conviene traer a colación que en sentencia del 4 de
septiembre de 2025, proferida dentro del proceso de pérdida de investidura del
diputado Miguel Oswaldo Avellaneda Lizcano, esta Corporación concluyó que los
pagos realizados a favor del señor Carlos Andrés Collazos Silva durante los días
inmediatamente posteriores a la ejecutoria de la sentencia de desinvestidura como
concejal no constituyeron indebida destinación de dineros públicos. Lo anterior, en
tanto para ese momento el señor Collazos Silva conservaba su calidad de
diputado y tenía derecho a percibir la remuneración correspondiente.
Concretamente, la Sala señaló lo siguiente:
«Pues bien, a partir de lo examinado, para la Sala resulta evidente que el
reconocimiento y pago de las sesiones extraordinarias de 4, 5, 6, 7 y 8 de
diciembre de 2024, por parte del accionado MIGUEL OSWALDO
AVELLANEDA LIZCANO, en su calidad de presidente de la Asamblea del
Meta durante la vigencia fiscal de 2024, a favor del diputado CARLOS
ANDRÉS COLLAZOS SILVA, no constituyeron indebida destinación de
dineros públicos, habida cuenta que se probó su asistencia y respuesta al
llamado a lista durante esos días, así como su calidad de diputado susceptible
de percibir la respectiva remuneración, elementos suficientes para justificar la
referida erogación presupuestal.
Si bien para la época de los hechos la Sección ya había proferido en su contra
la sentencia de desinvestidura de 3 de octubre de 2024, cuya ejecutoria se
materializó el 3 de diciembre de 2024, lo cierto es que dicha providencia no
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estableció efectos jurídicos con incidencia directa e inmediata en los dineros
públicos de la Asamblea del Meta, sumado a que la desvinculación del
diputado CARLOS ANDRÉS COLLAZOS SILVA fue el resultado de un
procedimiento administrativo al interior de la duma departamental en el que
se analizó la inhabilidad sobreviniente, de forma posterior a la ocurrencia de
los hechos censurados»30 (Subrayas de la Sala).
166. Así pues, lo relevante para el análisis de la conducta de indebida
destinación de dineros públicos es que el señor Carlos Andrés Collazos Silva tenía
la condición de diputado al momento de los pagos cuestionados y, en
consecuencia, tenían respaldo jurídico.
167. Cabe destacar que la pérdida de investidura es una sanción de naturaleza
permanente que priva a quien la sufre del derecho a aspirar nuevamente a cargos
de elección popular. Esa gravedad impone al juez una interpretación estricta y
restrictiva de las causales, sin aplicaciones analógicas ni extensivas.
168. Al respecto, esta Corporación en sentencia del 21 de noviembre de 2024
precisó lo siguiente:
«La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y la
Sección Primera han considerado que, en virtud de la naturaleza
sancionatoria de la pérdida de investidura, se exige la aplicación estricta de
ciertas garantías dentro de las cuales se encuentra que las normas aplicables
para que se configuren las causales son de aplicación restrictiva31; lo anterior
en atención a que las prohibiciones, en tanto limitan la libertad y los derechos
de las personas, son de origen constitucional y legal; y, en consecuencia, la
tipificación de sus causas, vigencia, naturaleza y efectos es rígida y taxativa y
su aplicación es restrictiva, de manera que se excluye la analogía y la
interpretación extensiva» 32.
169. La causal de indebida destinación exige demostrar que el servidor, en
ejercicio de sus competencias, traicionó, cambió o distorsionó los fines y
cometidos estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento,
para destinar los recursos públicos a objetos, propósitos o finalidades distintas de
las previstas.
30 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 4 de septiembre de 2025. Exp. 50001-23-
33-000-2024-00388-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
31 Cfr. i) Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; número único de
radicación: 110010315000201200059-00, sentencia de 21 de julio de 2015. C.P. María Claudia
Rojas Lasso; y ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;
número único de radicación: 230012333004201500489-01; C.P. Guillermo Vargas Ayala.
32 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 21 de noviembre de 2024. Exp.
810012339000202400031-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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170. Por lo tanto, para la Sala, mientras el señor Carlos Andrés Collazos Silva
mantuviera su vínculo con la Asamblea Departamental, esta se encontraba en la
obligación legal de continuar efectuando los aportes al sistema de seguridad
social. En esa medida, los pagos cuestionados contaban con respaldo jurídico
suficiente en las circunstancias que rodearon su realización y el accionado en su
calidad de presidente y ordenador del gasto no podía abstenerse de cumplir esa
obligación sin vulnerar directamente el mandato legal.
171. Lo anterior obedece a que al momento de los pagos cuestionados existían
dudas sobre los efectos que la pérdida de investidura como concejal generaba
sobre la condición de diputado del señor Carlos Andrés Collazos Silva. Ello
además porque su desvinculación formal del cargo dependía de la declaratoria de
una falta absoluta por parte de la Asamblea Departamental de conformidad con el
numeral 4 del artículo 57 de la Ley 2200 de 2022 o de lo que se decidiera en el
proceso radicado 50001-23-33-000-2025-00010-0133, en el que se discutía
precisamente si dicha situación configuraba una inhabilidad sobreviniente que
afectara su investidura como diputado.
172. En ese contexto, los aportes de seguridad social y parafiscales realizados
el 7 y el 26 de marzo de 2025 correspondían a obligaciones legales que la
Asamblea Departamental del Meta debía asumir, de modo que los recursos se
destinaron a los propósitos para los cuales estaban asignados. No puede
predicarse, entonces, que su pago generó una distorsión de los fines y cometidos
estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento que dé lugar a
la causal de indebida destinación de dineros públicos.
173. Así lo confirmó esta Corporación en la citada sentencia del 4 de septiembre
de 2025, al señalar lo siguiente en relación con los pagos reconocidos en el mes
de diciembre de 2024 en favor del diputado Carlos Andrés Collazos Silva:
33 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 30 de abril de 2026. Exp: 50001 23 33
000 2025 00010 01. A la fecha la sentencia del 30 de abril de 2026 está en término de ejecutoria
y aún no se encuentra en firme.
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Accionante: Saúl Villar Jiménez
«En el marco de la causal de indebida destinación de dineros públicos del
asunto bajo examen, carece de relevancia alguna la discusión traída al
plenario en torno a determinar en qué momento y circunstancia tenía el deber
el accionado de trasladar los efectos judiciales de la desinvestidura del señor
CARLOS ANDRÉS COLLAZOS SILVA, por hechos relacionados con su
desempeño como concejal de Villavicencio (Meta), período 2020-2023, al
actual ejercicio de su investidura como diputado del Meta, período 2024-2027,
toda vez que, para el 4, 5, 6, 7 y 8 de diciembre de 2024, este aún era diputado
y tenía la obligación constitucional y legal de asistir a las reuniones
extraordinarias citadas por la Gobernación del Meta, así como el derecho a
percibir la respectiva remuneración»34 (Subrayas de la Sala).
174. Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala concluye que
en el presente caso no se acreditó el tercer presupuesto del elemento objetivo
necesario para configurar la causal de pérdida de investidura por indebida
destinación de dineros públicos prevista en el numeral 4 del artículo 60 de la Ley
2200 de 2022.
7.3.2. Del elemento subjetivo
175. En vista de que no se acreditó el elemento objetivo de la causal de pérdida
de investidura por indebida destinación de dineros públicos prevista en el numeral
4 del artículo 60 de la Ley 2200 de 2022, la Sala considera innecesario adelantar
el estudio del elemento subjetivo de la conducta, en tanto la ausencia del
presupuesto objetivo impide continuar con dicho análisis.
176. Por las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia de primera
instancia que declaró la pérdida de investidura de Héctor Fabio Vélez Bermúdez
y negará las pretensiones de los accionantes.
177. Lo anterior, sin perjuicio de que las actuaciones cuestionadas puedan dar
lugar, en los escenarios correspondientes, a otro tipo de responsabilidades o
consecuencias jurídicas, en caso de acreditarse irregularidades en el ejercicio de
las funciones del cargo.
34 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 4 de septiembre de 2025. Exp. 50001-23-
33-000-2024-00388-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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178. Por último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA
no se condenará en costas ya que el medio de control de pérdida de investidura
es una acción pública en la que se ventila un interés general.
179. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 19 de noviembre de 2025, proferida por la
Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta sentencia. En su lugar, NEGAR las pretensiones de las
demandas acumuladas.
SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente
digital al Tribunal de origen.
TERCERO: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
Cópiese, notifíquese y cúmplase
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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