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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2025-00010-01

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2025-00010-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demandada por lo dispuesto en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas por lo dispuesto en este proveído. CUARTO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente digital al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 50001-23-33-000-2025-00010-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

30 de abril de 2026

Radicación: 50001 23 33 000 2025 00010 01
Solicitante: Saúl Onofre Villar Jiménez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 50001 23 33 000 2025 00010 01
Accionante: Saúl Onofre Villar Jiménez
Accionado: Carlos Andrés Collazos Silva
Tesis: No se configuró el fenómeno de cosa juzgada en una acción de pérdida
de investidura en la que se discute la desinvestidura del accionado por
desconocimiento del régimen de inhabilidades en el ejercicio de su cargo como
diputado, cuando se alega que dicho proceso tiene similitud de causa petendi
con otro en el cual se le quitó al accionado su investidura como concejal.

No es cierto que en el fallo de primera instancia no se resolvieran los
cuestionamientos acerca de la inexistencia de una inhabilidad sobreviniente en el
régimen de diputados, la existencia de casos análogos, los efectos a futuro de
los fallos de pérdida de investidura y la protección de los principios pro homine,
de favorabilidad, legalidad y restrictividad.

No debe decretarse la pérdida de investidura de un diputado por vulneración del
régimen de inhabilidades e incompatibilidades, si continuó en el ejercicio del
cargo, pese a que con posterioridad a su posesión se profirió en su contra una
sentencia a través de la cual se decretó la pérdida de su investidura como
concejal.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el señor Carlos Andrés
Collazos Silva contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Meta el día 8 de agosto de 2025, mediante la cual se declaró su pérdida de

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Solicitante: Saúl Onofre Villar Jiménez

investidura como diputado del departamento del Meta, por hechos ocurridos
durante el periodo constitucional 2024-2027.

I. LA SOLICITUD DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA

1. El ciudadano Saúl Onofre Villar Jiménez, actuando a nombre propio, solicitó
decretar la pérdida de investidura del señor Carlos Andrés Collazos Silva,
diputado del departamento del Meta, por desconocimiento del régimen de
inhabilidades e incompatibilidades. En el libelo introductorio se presentaron las
siguientes pretensiones:

«DECLARACIONES:

1º. Se DECRETE LA PERDIDA DE INVESTIDURA como Diputado de la
Asamblea Departamental del Meta del Señor CARLOS ANDRES
COLLAZOS SILVA, elegido para el periodo Constitucional 2024 – 2027, se
ordene la cancelación de su Credencial, por VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, y demás que se puedan
derivar de los hechos que se describen en esta acción.

2º. Que, como consecuencia de lo anterior, se Oficie a la Asamblea
Departamental del Meta y demás autoridades correspondientes, para que se
CANCELE la Credencial de Diputado para el Periodo 2024 – 2027, cargo
que ostenta en la actualidad el demandado, por Configurarse una
INHABILIDAD SOBREVINIENTE.

3º. Que, como consecuencia de lo anterior, se llame a ocupar el cargo de
Diputado de la Asamblea del Meta para el periodo 2024 - 2027, a quien siga
en la lista de su respectivo partido, es decir por el Partido de Unión por la
Gente “PARTIDO DE LA U”»1

2. Mencionó que el 29 de octubre de 2023, en el marco de las elecciones para
autoridades locales correspondientes al período constitucional 2024–2027,
resultó elegido como Diputado de la Asamblea Departamental del Meta el señor
Carlos Andrés Collazos Silva. Alegó que el anotado ciudadano tomó posesión del
cargo el 1 de enero de 2024.

3. Mencionó que, en sentencia del 3 de octubre de 2024, emitida en el proceso
50001 23 33 000 2024 00026 01, esta Corporación decretó la pérdida de
investidura del convocado como concejal de Villavicencio para el período

1 Visible a folios 3 y 4 del Cuaderno del Tribunal.

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constitucional 2020–2023, decisión que quedó en firme el 3 de diciembre de
2024.

4. Afirmó que el demandado a pesar de encontrarse incurso en una inhabilidad
sobreviniente de acuerdo con lo previsto en el numeral 1 del artículo 33 de la Ley
617 de 2000, en concordancia con el numeral 2 del artículo 49 de la Ley 2200 de
2022, continuó ejerciendo el cargo y devengando honorarios como Diputado de
la Asamblea Departamental del Meta.

5. En consecuencia, solicitó la pérdida de investidura del señor Collazos Silva de
conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 183 de la Constitución
Política, el numeral 2 del artículo 49 de Ley 2200 de 2022, el artículo 41 de la Ley
1952 de 2019.

II. LA CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD

2.1. En memorial del 24 de febrero de 2025, el señor Carlos Andrés Collazos
Silva, contestó la demanda en los siguientes términos:

6. Expuso en relación con el elemento objetivo de las causales de pérdida de
investidura, que el accionante no precisó la causal en la que presuntamente
habría incurrido el demandado ni identificó la disposición que tipifica la existencia
de un fallo de pérdida de investidura como causal de inhabilidad sobreviniente,
máxime cuando las normas invocadas por el demandante y especialmente el
artículo 41 de la Ley 1952 de 2019 prevén que esta únicamente se configura
como consecuencia de un fallo sancionatorio disciplinario, penal o fiscal.

7. Anotó que en la sentencia que declaró su pérdida de investidura no se
emitió ningún pronunciamiento frente a la pretensión de anular la credencial
como diputado por cuanto el proceso versaba sobre la pérdida de investidura en
calidad de concejal.

8. Manifestó que solicitó la aclaración de esa decisión con el fin de determinar
los efectos de la decisión respecto de su cargo actual de diputado ya que al
momento de la inscripción y elección no se encontraba incurso en alguna causal

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de inhabilidad. No obstante, indicó que el Consejo de Estado negó la solicitud y
no precisó los efectos del fallo sobre la investidura como diputado.

9. Expuso que una vez en firme la mencionada providencia, informó a la
Asamblea Departamental del Meta para que se analizara el alcance jurídico de
dicha decisión respecto de su cargo como diputado y aclaró que no renunciaría a
este último, y defendería sus derechos políticos por las vías convencionales,
constitucionales y legales. Anotó que el 10 de diciembre de 2024, esa
Corporación le indicó que no tenía competencia para interpretar la ley y la
Constitución Política, ante la ausencia de claridad normativa o de una sentencia
judicial en firme que definiera de manera expresa la pérdida de investidura como
diputado.

10. Destacó que en el proceso 11001 03 28 000 2023 00012 00, la Sección
Quinta del Consejo de Estado negó la nulidad de la elección de la señora Ángela
María Vergara González como Representante a la Cámara, a pesar de que dicha
ciudadana había perdido su investidura como edil de la ciudad de Cartagena de
Indias; por lo que solicitó la aplicación de dicho precedente a su caso.

11. Destacó que en el proceso 54001 23 33 000 2015 00307 01 esta Sección
concluyó que el señor William Villamizar Laguado, a pesar de perder su
investidura como concejal, podía ejercer como Gobernador ya que las
inhabilidades estaban limitadas al cargo y periodos en que se configuró la
conducta sancionable. En ese sentido, indicó que en la sentencia de unificación
con radicado 11001 03 15 000 2019 00416 00 se precisó que la pérdida de
investidura estaba vinculada a la conducta desplegada en un periodo
determinado y en relación con un cargo en específico.

12. Insistió en que al momento de la inscripción y elección para el cargo de
Diputado del Departamento del Meta para el período 2024–2027 no existía
inhabilidad alguna que impidiera su participación conforme al certificado
expedido por la Procuraduría General de la Nación, lo cual ratificaba la
legitimidad de su elección y del posterior desempeño del cargo.

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13. En lo referente al elemento subjetivo señaló que había actuado de buena fe
exenta de culpa, en la medida en que solicitó la aclaración ante la Sección
Primera del Consejo de Estado respecto de la sentencia de segunda instancia
proferida dentro del proceso 50001 2333 000 2024 00026 01. Indicó que, para
ese momento, ya había adquirido su credencial como Diputado del Meta, cargo
para el cual se inscribió, resultó electo, tomó posesión y se encontraba en
ejercicio pleno, incluso antes del inicio del proceso de pérdida de investidura
como concejal de Villavicencio – Meta.

14. Asimismo, destacó que informó a la Asamblea Departamental del Meta de
la existencia del fallo de pérdida de investidura y pidió que se estudiara la
vacancia de su cargo, sin renunciar al mismo y destacó que no ha incumplido
dicha decisión en tanto esta no hace referencia a su cargo como diputado.

15. Refirió que los efectos de la sentencia de pérdida de investidura en su
contra no eran retroactivos. Adicionalmente, anotó que las causales de
inhabilidad eran taxativas y que no podía acudirse a interpretaciones analógicas
so pena de desconocer el artículo 23 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre
la materia.

16. Refirió que en el presente asunto se configuró el fenómeno de cosa juzgada
respecto del proceso 50001 23 33 000 2024 00026 01, por cuanto en ambos
trámites se pretende la declaratoria de una inhabilidad sobreviniente y la
cancelación de su investidura como diputado del departamento del Meta para el
período 2024–2027. Además, alegó que existía identidad de partes y causa
petendi.

17. Sostuvo que en atención a la existencia de un procedimiento administrativo
sancionatorio por parte de la Asamblea Departamental del Meta y de un proceso
disciplinario con radicado D-2024-3896349, orientados a determinar la
configuración de una inhabilidad sobreviniente, se vulneró de manera directa el
principio constitucional del non bis in idem, por cuanto estaba siendo juzgado en
3 ocasiones por un mismo hecho.

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III. LA SENTENCIA PROFERIDA EN PRIMERA INSTANCIA

18. La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta, en sentencia del 8 de
agosto de 2025 desestimó la excepción de cosa juzgada y decretó la pérdida de
investidura del señor Carlos Andrés Collazos Silva del cargo de diputado del
departamento del Meta para el periodo constitucional 2024-2027, por las razones
que se señalan enseguida:

19. En relación con la cosa juzgada expuso que, si bien el asunto de la
referencia guardaba relación con el proceso radicado 50001 2333 000 2024
00026 00, lo cierto es que ambos procesos se fundamentaban en situaciones
jurídicas y fácticas distintas. En ese sentido, se señaló que en el mencionado
proceso se analizó la ocurrencia de una causal de pérdida de investidura del
señor Collazos Silva en su calidad de concejal del Municipio de Villavicencio, con
fundamento en la suscripción de un contrato de prestación de servicios dentro de
un periodo inhabilitante. Por su parte, en el trámite objeto de estudio se examina
la presunta configuración de una inhabilidad sobreviniente derivada de la pérdida
de investidura como concejal que, según el demandante, le impedía continuar
ejerciendo como diputado del Departamento del Meta.

20. Por ende, negó dicha excepción.

21. Luego de aludir al medio de control de pérdida de investidura, y referirse de
manera general a las causales invocadas en la demandada, así como a la
definición de una inhabilidad sobreviniente, descendió al caso en concreto.

22. En cuanto al requisito objetivo indicó que el numeral 1º del artículo 33 de la
Ley 617 de 2000 establece como inhabilidad para ser inscrito o elegido diputado
el hecho de haber perdido la investidura de congresista o la de diputado o
concejal. Asimismo, señaló que de acuerdo con el numeral 6º del artículo 48 de
la Ley 617 de 2000, los diputados, concejales municipales y distritales, y
miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura por las
demás causales expresamente previstas en la ley.

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23. Asimismo, precisó que el numeral 2 del artículo 48 de la Ley 2200 de 2022
consagra como inhabilidad para los diputados el hecho de haber perdido la
investidura de congresista, diputado o concejal.

24. Expresó que si bien de una lectura «desprevenida»2 de las normas podría
inferirse que la inhabilidad para los diputados solo sería aplicable cuando la
pérdida de investidura como concejal ocurre antes de la inscripción o de la
elección, dicha interpretación no se ajusta a la finalidad de esas disposiciones,
cuyo propósito es preservar la pulcritud de la administración pública, garantizar el
comportamiento ejemplar de los servidores públicos y evitar que intereses
personales comprometan principios como la imparcialidad, moralidad, igualdad y
eficacia de la administración.

25. En consecuencia, consideró que cuando la pérdida de investidura se produce
estando el diputado en ejercicio del cargo, se configura una inhabilidad
sobreviniente como efecto lógico de las anotadas disposiciones en especial de lo
previsto en el numeral 2 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022.

26. Anotó que la mencionada interpretación no vulnera el principio de
interpretación restrictiva de las causales de inhabilidad y de pérdida de
investidura de los servidores públicos de elección popular, ya que de no
entenderse así, se llegaría al absurdo de permitir que una persona inhabilitada
de manera sobreviniente pudiera culminar el periodo del cargo que venía
ejerciendo, lo cual resultaría contrario al espíritu constitucional y legal del
régimen de inhabilidades y del decreto de pérdida de investidura, cuyo efecto es
la pérdida inmediata del derecho a ocupar cargos de elección popular.

27. Refirió que dicha postura se encontraba acorde con lo dispuesto por esta
Corporación en sentencia del 20 de junio de 2013 emitida dentro del proceso
76001 23 31 000 2012 00739 01, aclarando que aunque ese caso se trató de una
condena de carácter penal, lo allí expuesto resultaba aplicable al asunto bajo
estudio, en la medida en que la inhabilidad que recae sobre el diputado a quien
se le ha declarado la pérdida de investidura como concejal tiene naturaleza

2 Visible a folio 30 de la sentencia

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sancionatoria, al constituir una consecuencia establecida por el legislador frente
a una conducta reprochada.

28. En ese sentido, indicó que a partir del 4 de diciembre de 2024, esto es, luego
de la fecha de ejecutoria del fallo de pérdida de investidura, el demandado se
encontraba inhabilitado por un hecho sobreviniente, por lo que debía actuar
conforme a las normas aplicables, en particular el artículo 2.2.5.1.14 del Decreto
1083 de 2015 y el artículo 41 de la Ley 1952 de 2019, lo que implicaba informar
de manera inmediata a la Asamblea Departamental del Meta y presentar
renuncia al cargo.

29. Expuso que según la respuesta de la Asamblea Departamental del Meta, el
señor Collazos Silva continuó en el ejercicio del cargo hasta enero de 2025 y
solo se le declaró la vacancia temporal mediante Resolución No. 011 del 24 de
enero de 2025, como consecuencia de la suspensión provisional por 3 meses
decretada por la Procuraduría Regional del Meta dentro del expediente No. IUS-
E2024-767022-IUC-D-2024-3896349.

30. En relación con el requisito subjetivo alegó que las actuaciones del
accionado fueron conscientes y voluntarias al continuar desempeñando el cargo
de Diputado del Departamento del Meta, pese a haberse configurado una
inhabilidad sobreviniente, ignorando la decisión de pérdida de investidura en su
contra.

IV. RECURSO DE APELACIÓN

31. El demandado interpuso recurso de alzada con base en las siguientes
consideraciones:

32. Mencionó que se realizó una analogía prohibida en materia sancionatoria al
extender los efectos de la pérdida de investidura como concejal al cargo de
diputado, bajo el entendido de que dicha sanción generaba una inhabilidad
sobreviniente.

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33. Indicó que conforme al numeral 2 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, la
inhabilidad se configura para «ser inscrito o elegido» diputado cuando
previamente se ha perdido la investidura como congresista, diputado o concejal,
sin que la norma contemple su aplicación frente al ejercicio ya iniciado del cargo.
Anotó que la Corte Constitucional en la sentencia C-037 de 1996, ha prohibido
las interpretaciones extensivas en materia de causales sancionatorias, por lo que
se afirmó que la decisión cuestionada desconoció dicho límite.

34. Sostuvo que el Tribunal incurrió en una confusión entre la inhabilidad
sobreviniente y la inhabilidad permanente, al equiparar la primera que es propia
de procesos disciplinarios, penales o fiscales, conforme al artículo 41 de la Ley
1952 de 2019, con los efectos de la pérdida de investidura, que constituye un
régimen autónomo y cuya inhabilidad es permanente y proyectada hacia el
futuro, aplicable a la inscripción y elección, más no al ejercicio de un cargo
distinto de elección popular.

35. Indicó que el Consejo de Estado ha precisado que los efectos de la pérdida
de investidura se circunscriben al cargo y periodo para el cual fue decretada sin
que sus efectos sean retroactivos. Sobre el particular, citó las sentencias del 12
de julio de 2004 proferida dentro del proceso con radicado 73001 23 31 000 2003
00625 01, y del 13 de octubre de 2016, emitida en el proceso 54001 23 33 000
2015 00307 01.

36. Asimismo, resaltó que la jurisprudencia de esta Corporación ha admitido que
alcaldes que perdieron su investidura como concejales continúen desempeñando
sus cargos, en los procesos 50001 23 33 000 2023 00109 01 y 68001 23 33 000
2023 00739 01.

37. Refirió que no existía algún mandato para ser retirado del cargo de diputado,
máxime cuando las normas invocadas en la demanda y en la sentencia recurrida
no le eran aplicables.

38. Resaltó que el artículo 23 de la Ley 1881 de 2018 establece expresamente
que la pérdida de investidura de concejales no genera efectos sobre otros cargos
públicos salvo disposición legal en contrario, la cual no existe en este asunto.

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39. Anotó que de conformidad con el numeral 1 del artículo 95 de la Ley 136 de
1994 y el numeral 2 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 la inhabilidad
derivada de una sentencia de pérdida de investidura solo resulta aplicable al
momento de la inscripción y elección y que, aunque las causales se encuentren
previstas en normas distintas, su contenido, aplicación y consecuencias son
equivalentes. Asimismo, expresó que de acuerdo con el artículo 57 de la Ley
2200 de 2022, la pérdida de investidura de diputado solo procede mediante una
sentencia que así lo declare respecto de dicho cargo.

40. Alegó que la decisión enjuiciada omitió aplicar el artículo 23 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, así como la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en casos como el Yatama vs Nicaragua,
López Mendoza vs Venezuela y Petro Urrego vs Colombia que exigen que las
restricciones de derechos políticos estén previamente dispuestos en la ley.

41. Resaltó que en el salvamento de voto rendido por la Magistrada Teresa
Herrera Andrade a la decisión del Tribunal, se dejó constancia de que la
inhabilidad prevista en el numeral 2 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 solo
operaba para la inscripción y elección, y no durante el ejercicio del cargo, y que
la interpretación adoptada en la providencia recurrida vulneraba lo dispuesto en
el artículo 40 de la Constitución Política y en el artículo 23 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.

42. Sobre el requisito subjetivo alegó que no actuó con dolo ni mala fe en la
medida en que actuó con transparencia al informar a la Asamblea Departamental
del Meta, el 2 de diciembre de 2024, sobre la sentencia del Consejo de Estado
solicitando incluso la aclaración de sus efectos.

43. Reprochó que se hubiera negado la excepción de cosa juzgada a pesar de
que existía identidad sustancial en la causa petendi, por lo que en su juicio se
estaría imponiendo una doble sanción por un mismo hecho en contravía del
artículo 29 de la Carta Política.

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44. Concluyó que en la providencia recurrida no se resolvió lo relacionado con la
inexistencia de una inhabilidad sobreviniente, la existencia de casos análogos,
los efectos hacia el futuro de la sentencia de pérdida de investidura, ni los
principios pro homine, de favorabilidad, legalidad y restrictividad.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

45. Por auto de 15 de septiembre de 20253 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por el accionado y se ordenó el traslado según lo previsto en el
numeral 3 del artículo 14 de la Ley 1881 de 20184.

46. En escrito del 30 de ese mes y año, el accionado solicitó tener en cuenta lo
dispuesto por esta Sección en sentencia del 4 de septiembre de 2025, emitida en
el proceso con radicado 50001 23 33 000 2024 00388 01, en la que aseveró que
la pérdida de investidura no configura una inhabilidad sobreviniente ya que dicha
figura es propia del régimen disciplinario5.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. Competencia

47. La Sala es competente para proferir esta providencia en segunda instancia,
de acuerdo con el artículo 1506 del CPACA, el parágrafo 2 del artículo 48 de la
Ley 617 de 9 de octubre 20007 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de
20198, sobre distribución de los procesos entre las secciones del Consejo de
Estado.

3 Cfr. Samai. Índice 00004, expediente principal de segunda instancia.
4 Cfr. “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se

consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.
5 Visible en el índice 9 del Sistema de Gestión SAMAI.
6 En el que se prevé que esta corporación conocerá de las apelaciones interpuestas contra las

sentencias de los tribunales administrativos en primera instancia.
7 Cfr. “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de

1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras
normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del
gasto público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48, establece que corresponde al Consejo de
Estado conocer en segunda instancia de las pérdidas de investidura que conozcan en primera
instancia los Tribunales Administrativos.
8 Reglamento Interno del Consejo de Estado, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 de

2024, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

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6.2. De la excepción de cosa juzgada

48. Se absolverá si se configuró el fenómeno de cosa juzgada en una acción de
pérdida de investidura en la que se discute la desinvestidura del convocado por
desconocimiento del régimen de inhabilidades en el ejercicio de su cargo como
diputado cuando se alega que dicho proceso tiene similitud de causa petendi con
otro proceso en el que se le quitó la investidura al accionado como concejal.

49. Al respecto, es menester precisar que la citada figura se encuentra
contemplada en el artículo 17 de la Ley 1881 de 2018, que prevé:

«Artículo 17. No se podrá admitir solicitud de pérdida de la Investidura de un
Congresista en el evento de alegarse los mismos hechos que sirvieron de
fundamento a las causales sobre las cuales ya se haya pronunciado el
Consejo de Estado. Todas las sentencias en estos procesos producen
efectos de cosa juzgada» (Subrayas de la Sala).

50. A su vez, esta Sección en proveído del 30 de septiembre de 2021 explicó:
«En el mismo sentido, el artículo 303 del Código General del Proceso,
establece:

“[…] Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada
proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada
siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se
funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos
haya identidad jurídica de partes.

Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del
segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que
figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos
celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de
derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos.

En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para
que comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada
surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el
emplazamiento.

La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión […]”
(Negrillas y subrayas por fuera de texto).

En cuanto a la declaratoria de cosa juzgada, que se configura cuando en el
primer proceso se ha dictado sentencia y ésta se encuentra en firme y
debidamente ejecutoriada, la Sección ha determinado lo siguiente:

“[…] La cosa juzgada es una institución de tipo procesal que se predica
de las sentencias que adquieren el carácter de firmeza, a fin de

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Solicitante: Saúl Onofre Villar Jiménez

salvaguardar el principio de la seguridad jurídica. Desde esta
perspectiva, es un efecto que se produce por la firmeza que cobra
una decisión judicial que pone fin a un proceso y resuelve el
fondo del asunto planteado en él, de forma tal que se genera la
imposibilidad de dictar una nueva decisión sobre un asunto que
tenga el mismo objeto y la misma causa.

La identidad de objeto y de causa se presenta cuando coinciden
tanto en la decisión que está en firme como en el nuevo proceso
puesto a conocimiento del juez, los hechos y fundamentos de
derecho (causa petendi) y la situación jurídica o pretensión
procesal (objeto).
(…)

También se ha sostenido con acierto, que la cosa juzgada garantiza el
principio de non bis in ídem, dado que impide el que se pueda abrir
el debate jurídico que encontró fin en una decisión judicial, de
forma que se proscribe que el afectado con la decisión sea
juzgado dos veces por un mismo hecho […]”9»10 (Subrayas y
negrillas dentro del texto).

51. En ese orden, de conformidad con el artículo 303 del Código General del
Proceso aplicable por virtud de la remisión prevista en los artículos 22 de la Ley
1881 de 201811 y 306 del CPACA12, deben concurrir los siguientes elementos
para la configuración de la cosa juzgada: 1. que el nuevo proceso verse sobre el
mismo objeto; 2. que se funde en la misma causa anterior y 3. que en los
procesos haya identidad jurídica de parte. Requisito, este último, del que debe
aclararse que no es aplicable en procesos de pérdida investidura, ya que en
éstos la parte actora no promueve la acción en interés particular, sino todo lo
contrario, en interés del orden jurídico.

52. Siendo ello así, se evidencia que en el proceso con número de radicado
50001 23 33 000 2024 00026 01 se solicitó la pérdida de investidura del señor
Collazos Silva como concejal del municipio de Villavicencio. Además, como
pretensión consecuencial a esa declaración se pidió oficiar a la Asamblea

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de

noviembre de 2016, número único de radicación 81001-23-33-003-2016-00001-01 (PI), consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 30

de septiembre de 2021. Proceso radicado: 05001 23 33 000 2019 02158 01. Consejera Ponente:
Nubia Margoth Peña Garzón.
11 «Artículo 22. Las disposiciones contenidas en esta ley serán aplicables, en lo que sea

compatible, a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados»
12 «Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se

seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».

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Departamental del Meta para que cancelara la credencial de diputado del
accionado; veamos:

«DECLARACIONES:

1º. Se DECRETE LA PERDIDA DE INVESTIDURA como Concejal de
Villavicencio del Señor CARLOS ANDRES COLLAZOS SILVA, elegido
para el periodo Constitucional 2020 – 2023, se ordene la cancelación de su
Credencial, por VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES, y demás que se puedan derivar de los hechos que
se describen en esta acción.

2º. Que, como consecuencia de lo anterior, se Oficie a la Asamblea
Departamental del Meta y demás autoridades correspondientes, para que se
CANCELE la Credencial de Diputado para el Periodo 2024 – 2027, cargo
que ostenta en la actualidad el demandado, por Configurarse una
INHABILIDAD SOBREVINIENTE.

3º. Que, como consecuencia de lo anterior, se llame a ocupar el cargo de
Diputado de la Asamblea del Meta para el periodo 2024 - 2027, a quien siga
en la lista de su respectivo partido, es decir por el Partido de Unión por la
Gente “PARTIDO DE LA U»13

53. Por su parte, en el asunto de la referencia se solicitó la pérdida de investidura
como diputado del señor Collazos Silva, como se evidencia a continuación:

«DECLARACIONES:

1º. Se DECRETE LA PERDIDA DE INVESTIDURA como Diputado de la
Asamblea Departamental del Meta del Señor CARLOS ANDRES
COLLAZOS SILVA, elegido para el periodo Constitucional 2024 – 2027, se
ordene la cancelación de su Credencial, por VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, y demás que se puedan
derivar de los hechos que se describen en esta acción.

2º. Que, como consecuencia de lo anterior, se Oficie a la Asamblea
Departamental del Meta y demás autoridades correspondientes, para que se
CANCELE la Credencial de Diputado para el Periodo 2024 – 2027, cargo
que ostenta en la actualidad el demandado, por Configurarse una
INHABILIDAD SOBREVINIENTE.

3º. Que, como consecuencia de lo anterior, se llame a ocupar el cargo de
Diputado de la Asamblea del Meta para el periodo 2024 - 2027, a quien siga
en la lista de su respectivo partido, es decir por el Partido de Unión por la
Gente “PARTIDO DE LA U”»14

13 Visible en el índice 2 del Sistema de Gestión SAMAI en el proceso 50001 2333 000 2024
00026 00.
14 Visible a folios 3 y 4 del Cuaderno del Tribunal.

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54. En ese contexto, se advierte que no se satisface el requisito de identidad de
objeto, en la medida en que en el proceso identificado con radicado 50001 23 33
000 2024 00026 01 se pretendió la pérdida de investidura del demandado en su
calidad de concejal del municipio de Villavicencio, siendo la solicitud de
cancelación de la credencial como diputado una consecuencia accesoria o
derivada de dicha declaración. Mientras que en el presente asunto el objeto del
litigio busca la pérdida de investidura del demandado como diputado de la
Asamblea Departamental del Meta para el período 2024–2027.

55. De hecho, como el mismo recurrente en el asunto de la referencia reconoce,
respecto a la pretensión accesoria en el proceso con radicado 50001 23 33 000
2024 00026 01 esta Sección en fallo del 3 de octubre de 2024 la declaró
improcedente por las siguientes razones:

«Por último, en el escrito de pérdida de investidura, el solicitante pidió que,
como consecuencia de decretar la pérdida de investidura, “se oficie a la
Asamblea Departamental del Meta y demás autoridades correspondientes,
para que se cancele la Credencial de Diputado para el Periodo 2024 – 2027,
cargo que ostenta en la actualidad el demandado”34; sin embargo, la Sala
precisa que el objeto del proceso de pérdida de investidura radica en
determinar si está configurada o no la causal endilgada, sin que ello implique
un pronunciamiento sobre los efectos de la declaratoria de pérdida de
investidura. A lo que se agrega que la Ley 1881 de 2018 no dispone que la
sentencia deba contener un pronunciamiento sobre los efectos de la
decisión»15 (Subrayas de la Sala).

56. En cuanto a la causa petendi se advierte que en el trámite 2024 00026 se
solicitó la pérdida de investidura del señor Collazos Silva bajo el argumento que
subscribió un contrato de prestación de servicios dentro del término inhabilitante
para aspirar al Concejo. De otro lado, en el asunto de la referencia se plantea un
supuesto distinto, consistente en que el accionado habría incurrido en una
inhabilidad sobreviniente al continuar en el ejercicio de su cargo como diputado
pese a haber sido desinvestido como concejal. De ahí que tampoco exista
identidad de causa petendi.

15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 3

de octubre de 2024. Proceso radicado 50001 23 33 000 2024 00026 01. Consejero Ponente:
Oswaldo Giraldo López.

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57. Por ende, en criterio de la Sala asistió razón al Tribunal cuando denegó la
prosperidad de la anotada excepción.

6.3. De la controversia sobre la resolución de los reparos traídos en la
contestación de la demanda

58. Tendrá que verificarse si es cierto que en el fallo de primera instancia no se
resolvieron los cuestionamientos acerca de la ausencia de una inhabilidad
sobreviniente en el régimen de diputados, la existencia de casos análogos, los
efectos a futuro de los fallos de pérdida de investidura y la protección de los
principios los principios pro homine, de favorabilidad, legalidad y restrictividad.

59. Con miras a resolver dicho reparo es menester traer a colación de manera
literal lo expuesto por el a quo en la sentencia recurrida:

« Caso concreto

Abordando la casuística particular, el demandante considera que en el caso
del señor Carlos Andrés Collazos Silva se configura la causal de pérdida de
investidura contenida en el numeral 1 del artículo 183 de la Constitución
Política, numeral 1º del artículo 33 y 1º y 6º del artículo 48 de la Ley 617 de
2000, en concordancia con el numeral 2º del artículo 49 de la Ley 2200 de
2022, en la modalidad de inhabilidad sobreviniente originada en la
declaratoria de pérdida de investidura del cargo de concejal del Municipio de
Villavicencio para el periodo 2020-2023 decretada por el Consejo de Estado
mediante la sentencia del 3 de octubre de 2024, razón por la cual, después
de su ejecutoria, no podía continuar desempeñando el cargo de Diputado del
Departamento del Meta para el periodo constitucional 2024-2027.

Ahora bien, de las pruebas recaudadas y enlistadas antecedentemente, la
Sala encuentra probada la siguiente situación fáctica:

(…)

Analizada la situación fáctica probada, para la Sala, tal como se dijo al inicio
de las consideraciones de esta decisión, concurre en el demandado el
elemento objetivo de la causal invocada, por las siguientes razones:

Las normas invocadas consagran como inhabilidad de los diputados, que no
podrá ser inscrito como candidato ni elegido diputado “Quien (…); o haya
perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente
ley, la de diputado o concejal (…)” (numeral 1º del artículo 33 de la Ley 617
de 2000); también aducen las normas que “Los diputados y concejales
municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales
perderán su investidura: (…) Por las demás causales expresamente
previstas en la ley”. (numeral 6º del artículo 48 de la ley 617 de 2000) y, en el
numeral 2 del artículo 48 de la Ley 2200 de 2022 se consagra como

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inhabilidad de los diputados quien “2. Quien (…); o haya perdido la
investidura de congresista o la de diputado o concejal (…)”

Para la Sala si bien de una lectura desprevenida de las normas podría
inferirse que solo sería aplicable la inhabilidad para los diputados cuando la
pérdida de investidura del cargo de concejal ocurre antes de la inscripción o
de la elección, sin embargo, esta simple interpretación no concuerda con el
propósito para el cual fueron creadas, el cual no es otro que el de “preservar
la pulcritud de la administración pública, garantizar que los servidores
públicos sean ciudadanos de comportamiento ejemplar y evitar que sus
intereses personales se involucren en el manejo de los asuntos comunitarios,
comprometiendo la imparcialidad, moralidad, igualdad y eficacia de la
Administración”43, en consecuencia, en criterio de esta Corporación, si la
desinvestidura se da cuando el diputado ya se encuentra ejerciendo el cargo,
se configura una inhabilidad sobreviniente como consecuencia lógica y
obligatoria jurídicamente de lo regulado en las normas señaladas, en
especial en el numeral 2 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022.

Precisa la Sala, que la interpretación señalada no constituye una violación
del principio de interpretación restrictiva de las causales de inhabilidad y
pérdida de investidura de los servidores públicos de elección popular, porque
de no ser así se caería en el absurdo de que el inhabilitado en forma
sobreviniente podría terminar el periodo que este ocupando, lo cual es
contrario al espíritu constitucional y legal del régimen de las inhabilidades y
del decreto de pérdida de investidura, cual es la pérdida inmediata del
derecho a ocupar cargos de elección popular.

En otras palabras, la inhabilidad prevista en el numeral 2 del artículo 49 de la
Ley 2200 de 2022 no puede limitarse a los momentos de inscripción o
elección de un ciudadano como diputado, pues, precisamente, lo que se
pretende evitar es el ejercicio del cargo de una persona inhabilitada, por lo
que no resulta procedente que bajo el principio de interpretación restrictiva
se permita que continúe desempeñando las funciones cuando sobre ella se
ha decretado la pérdida de investidura la cual tiene efectos permanentes.

La posición de la Sala se encuentra acorde con la tesis referida por el
Consejo de Estado en sentencia del 20 de junio de 2013, en la cual indicó:
(…)

Aclara la Sala, que si bien es cierto que en el caso analizado por el órgano
de cierre se trató de una condena de carácter penal, también lo es, que
resulta aplicable al sub júdice, toda vez que la inhabilidad que recae en el
diputado, al cual se le ha declarado la pérdida de investidura como concejal,
es del tipo sanción porque corresponde a la consecuencia establecida por el
legislador al haberse ejercido en su contra el ius puniendi – ya que según el
artículo 1 de la Ley 1881 de 2018: “El proceso sancionatorio de pérdida de
investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva…”, puede configurarse
con posterioridad a la elección y durante el ejercicio del cargo, tal como
páginas arriba se indicó en jurisprudencia también del Consejo de Estado.

Precisado lo anterior, se advierte que en el caso del señor Carlos Andrés
Collazos Silva, contrario a lo argumentado en su defensa, la inhabilidad
sobreviniente si se configuró, pues, en el momento en que quedó en firme la
sentencia dictada por el Consejo de Estado dentro del proceso con
Radicación No. 50001233300020240002600, a través de la cual le decretó la
pérdida de investidura como concejal del Municipio de Villavicencio, Meta,

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periodo constitucional 2020-2023, esto es, 03 de diciembre de 2024 , se
encontraba ejerciendo el cargo de Diputado del Departamento del Meta
elegido para el periodo constitucional 2024-2027.

Ahora bien, al encontrarse establecido que a partir del 04 de diciembre de
2024 se encontraba inhabilitado por un hecho sobreviniente, le correspondía
al demandado actuar como lo indican las normativas aplicables, en especial,
el artículo 2.2.5.1.14 del Decreto 1083 de 2015 y el 41 de la Ley 1952 de
2029, esto es, advertirlo inmediatamente a la Asamblea Departamental del
Meta y presentar renuncia al empleo, pues, en su caso, al haberse
configurado la inhabilidad por la pérdida de investidura de su cargo de
concejal era claro que la misma se generó por dolo y por lo tanto debía
actuar de manera inmediata,

No obstante, de acuerdo con la respuesta dada por la Asamblea
Departamental del Meta, el señor Collazos Silva continuó en el ejercicio del
cargo hasta el mes de enero de 2025 y solo se le declaró la vacancia
temporal mediante Resolución No. 011 del 24 de enero de 2025, como
consecuencia de la suspensión provisional del accionado por el término de
tres meses decretada por la Procuraduría Regional del Meta dentro del
expediente No. IUS-E2024- 767022-IUC-D-2024-3896349 que se adelanta
en su contra en dicha entidad; pruebas que permiten establecer de manera
clara que no dio cumplimiento a lo señalado en las normas aplicables, esto
es, advertir a la duma departamental sobre la inhabilidad que se presentaba
y presentar su renuncia a la curul de diputado que ostentaba.

En consecuencia, reitera esta Colegiatura que se configura el elemento
objetivo de la causal de pérdida de investidura invocada en la demanda,
pues, se le generó una inhabilidad sobreviniente para el demandado por la
declaratoria de la pérdida de investidura del cargo de concejal, a partir del 04
de diciembre de 2024, sin embargo, continuó ejerciendo el cargo de diputado
del Departamento del Meta.

Del elemento subjetivo

(…)

En conclusión, no cabe duda alguna que el actuar del señor CARLOS
ANDRÉS COLLAZOS SILVA fue consiente y voluntario en el deseo de
continuar desempeñando el cargo de Diputado del Departamento del Meta a
pesar que se había configurado una inhabilidad sobreviniente, por tal razón,
se encuentra demostrado el elemento subjetivo de la causal de pérdida de
investidura deprecada en la demanda.

Así las cosas, se concreta que se configura en el señor CARLOS ANDRÉS
COLLAZOS SILVA la causal de pérdida de investidura contenida en el
numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política, numeral 1º del artículo
33 y 1º y 6º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, en concordancia con el
numeral 2º del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, razón por la cual, se
decretará su pérdida de investidura del cargo de Diputado del Departamento
del Meta para el periodo constitucional 2024-2027.

A manera de visión final de la casuística analizada, precisa el Tribunal que,
en un sentido amplio, podría decirse que con el conjunto normativo y
jurisprudencial vigente sobre las consecuencias de la pérdida de investidura
de los miembros de las corporaciones públicas y sobre las inhabilidades

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sobrevinientes que fueron resaltadas en esta providencia, con una postura
de mayor respeto con las decisiones judiciales de los órganos de cierre,
como son la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, no debió ser
necesario que el Dr. COLLAZOS SILVA fuere traído nuevamente a los
estrados judiciales, pues, la muerte política es una sola, con efectos
inmediatos y permanentes, sin embargo llegado el momento de una nueva
imputación fáctica, de su persistencia en funciones del cargo de Diputado del
Departamento del Meta después del 3 de diciembre de 2024, ocurrida de
manera consciente y voluntaria, se hizo viable esta nueva intervención del
Tribunal con esta sentencia, por principio, innecesaria»16 (Subrayas de la
Sala)

60. En ese orden, se evidencia que el Tribunal sí se pronunció sobre los
planteamientos expuestos en la contestación de la demanda que son objeto de
reproche en cuanto concluyó que no estaban llamados a prosperar. En efecto, en
la mencionada providencia se consideró que en el presente asunto resultaba
aplicable la inhabilidad prevista en el numeral 2 del artículo 49 de la Ley 2200 de
2022 y, en consecuencia, estimó procedente decretar la pérdida de investidura
del convocado como diputado, al encontrar acreditados los elementos objetivo y
subjetivo.

61. En consecuencia, el cargo no prospera.

6.4. De la controversia sobre la inhabilidad sobreviniente

62. Deberá la Sala resolver si debe decretarse la pérdida de investidura de un
diputado por vulneración del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, si
continuó en el ejercicio del cargo pese a que con posterioridad a su posesión se
profirió una sentencia de pérdida de investidura respecto de un cargo de concejal
para el cual había resultado elegido con anterioridad.

63. Con miras a resolver dicho cargo, se verificarán si en este asunto concurren
los requisitos objetivo y subjetivo que impongan decretar la desinvestidura del
convocado.

6.4.1. Del requisito objetivo:

16 Visible en el índice 83 del Sistema de Gestión SAMAI del Tribunal.

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64. Tratándose del régimen de inhabilidades de los diputados, antes de la
entrada en vigor de la Ley 2200 de 2022, esta Sección sostenía que a aquellos
les resultaba aplicable el régimen previsto para los congresistas, por las razones
que se exponen enseguida:

«El artículo 48 de la Ley 617 establece las causales de pérdida de
investidura de los diputados, entre otros miembros de las corporaciones
públicas territoriales, así:

“[…] Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales
municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras
locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y
miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de
intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de
considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de
condiciones a las de la ciudadanía en general.

2. Por la inasistencia en un mismo período de sesiones a cinco (5)
reuniones plenarias o de comisión en las que se voten proyectos de
ordenanza o acuerdo, según el caso.

3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los tres (3) días
siguientes a la fecha de instalación de las asambleas o concejos,
según el caso, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse.

4. Por indebida destinación de dineros públicos.

5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.

6. Por las demás causales expresamente previstas en la ley.

Parágrafo 1o. Las causales 2 y 3 no tendrán aplicación cuando medie
fuerza mayor.

Parágrafo 2o. La pérdida de la investidura será decretada por el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción en el
respectivo departamento de acuerdo con la ley, con plena observancia
del debido proceso y en un término no mayor de cuarenta y cinco (45)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la solicitud formulada por
la mesa directiva de la asamblea departamental o del concejo
municipal o por cualquier ciudadano. La segunda instancia se surtirá
ante la sala o sección del Consejo de Estado que determine la ley en
un término no mayor de quince (15) días […]” (Negrillas y subrayas
fuera de texto).

Si bien, en un primer momento, la violación del régimen de inhabilidades no
apareció enlistada, expresamente, como causal de pérdida de investidura de
diputados, esta Sección estableció: “[…] De tal manera que no obstante que
el artículo 48 de la Ley 617, en lo que toca con los diputados no consagró
expresamente como causal de pérdida de investidura la violación al régimen
de inhabilidades, como la violación de dicho régimen sí constituye

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causal de pérdida de investidura para los Congresistas17, lo es también
para aquéllos en la medida en que comparten dicho régimen, por la
remisión que hace el artículo 299 constitucional […]”18.

En efecto, fue este artículo 299 superior el que había permitido que la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, desde la sentencia de 8 de agosto
de 2000, expediente núm. S-140, con ponencia de la Consejera de Estado
María Elena Giraldo Gómez, sostuviera la tesis, según la cual mientras el
legislador no dictara un régimen especial de inhabilidades e
incompatibilidades más riguroso para los diputados, en comparación
con el de los congresistas, debe acudirse al de éstos por el reenvío que
hace la Constitución Política al régimen de los congresistas, en lo que
corresponda […]”.

La anotada posición jurisprudencial de la Sala Plena fue reiterada en
sentencia de esta Sección, de 15 de mayo de 2003 (Expediente núm. 8707,
Consejera Ponente Olga Inés Navarrete Barrero), en la cual concluye que:
“[…] Trasladadas las anteriores apreciaciones jurídicas (refiriéndose a las del
fallo de 23 de julio de 2002 de Sala Plena, expediente núm. 7177), al caso de
los diputados a las asambleas departamentales, encuentra la Sala que no
existe razón alguna para considerar que la violación al régimen de
inhabilidades no constituya causal de Pérdida de la Investidura para
estos servidores públicos […]”.

Adicional a todo lo dicho, se tiene que la Sala en posterior
pronunciamiento19, precisó que no hay razón para variar el precedente
judicial que de tiempo atrás viene aplicando esta Corporación en el sentido
de que la violación al régimen de inhabilidades por parte de los miembros de
corporaciones públicas (diputados y concejales), sí constituye causal de
pérdida de investidura.

Dejó claro en ese fallo que: “[…] las causales de pérdida de investidura de
diputados, concejales y miembros de juntas administradoras locales, no se
limitan a las consagradas en los numerales 1 a 5 del referido artículo 48 de la
Ley 617 de 2000, ya que deben tenerse en cuenta las demás establecidas
en otras leyes […]”, así:

“[…] No puede desconocerse que ésta es norma posterior y contiene
una relación de los diversos eventos en que Diputados, Concejales
Distritales y Municipales y miembros de las Juntas Administradoras
Locales, perderán su investidura, entre los cuales, si bien se omitió la
violación del régimen de inhabilidades no por ello puede
concluirse que haya sido voluntad del legislador suprimir dicha
causal en lo concerniente a los Concejales, que es la materia a la
que se contrae el presente asunto, pues en el numeral 6, ibídem,

17 Según el artículo 183 Constitucional: “[…] Los congresistas perderán su investidura: 1. Por
violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de
intereses […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24

de abril de 2003, número único de radicación 41001-23-31-000-2002-01067-01(8705), consejero
ponente Gabriel E. Mendoza Martelo. Lo anterior ha sido reiterado por esta la Sala en numerosas
oportunidades, entre otras, en sentencia de 23 de mayo de 2013, número único de radicación
13001233300020120022201, consejera ponente María Elizabeth García González.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31

de agosto de 2015, número único de radicación 08001-23-31-000-2014-00652-01(PI), consejero
ponente Guillermo Vargas Ayala.

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Solicitante: Saúl Onofre Villar Jiménez

quedó plasmada la posibilidad de que otras normas también
pudieran consagrar causales de pérdida de investidura para esta
categoría de servidores públicos, por lo que, frente a una situación
como la aquí dilucidada, necesariamente hay que remitirse a la
reglamentación contenida en la Ley 136 de 1994, que en lo referente a
dichas causales, en el artículo 55, numeral 2, sí prevé como
propiciatoria de la comentada consecuencia jurídica, la violación del
régimen de inhabilidades, así como también consagra, con ese mismo
efecto, en el numeral 1, dando alcance al artículo 291 de la
Constitución, la aceptación o desempeño de cargo público, causal
regulada de manera especial en este último estatuto al igual a como
acontece con la prevista en el artículo 110, ibídem, relacionada con las
contribuciones a los partidos, movimientos o candidatos por parte de
quienes desempeñan funciones públicas […]”20 (Negrillas y subrayas
fuera de texto).

Por su parte, la Corte Constitucional mediante sentencia T-987 de
2007, determinó que la interpretación realizada por esta Sala es
razonable, respecto a que el régimen de inhabilidades de los
congresistas es aplicable a los diputados, así:

“[…] La Sección Primera ha considerado que la Carta Política
prevé que el régimen de inhabilidades de los congresistas es
aplicable a los diputados por la remisión expresa que hace
su artículo 299 al indicar que el régimen de inhabilidades de
los diputados “no podrá ser menos estricto que el señalado
para los congresistas” y en virtud de que, al tenor del
artículo 293, las inhabilidades de los diputados pueden ser
determinadas por la ley, “sin perjuicio de lo establecido en la
Constitución”. Esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional estima que en la sentencia acusada no se
evidencia una interpretación grosera o burda del
ordenamiento fundada en una aplicación extensiva o
analógica de las causales de pérdida de investidura, por
cuanto el Consejo de Estado entiende que el régimen
constitucional permite aplicar esa sanción a los diputados
que violen el régimen de inhabilidades en virtud de la
remisión que hace el artículo 299 superior al régimen de
inhabilidades de los congresistas y que, conforme a dicha
lectura, esa expresa remisión no implica la aplicación extensiva o
analógica, sino la previsión, respecto de los diputados y para
todos los efectos, de un régimen similar al de los congresistas
[…]”21 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Con fundamento en el ordenamiento legal y constitucional vigente, y tal como
reiteradamente lo ha entendido la jurisprudencia de esta Corporación, para la
Sala resulta claro que la transgresión del régimen de inhabilidades
constituye, como en efecto lo hace, causal de pérdida de investidura de los
diputados22» (Subrayas y negrillas dentro del texto)

20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23 de julio de

2002, expediente núm. IJ 024, consejero ponente Gabriel Eduardo Mendoza.
21 Corte Constitucional, sentencia T-987 de 19 de noviembre de 2007, magistrado ponente

Rodrigo Escobar Gil.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 2

de diciembre de 2010, número único de radicado 20001-23-31-000-2010-00165-01(PI), consejera
ponente María Claudia Rojas Lasso; de 26 de noviembre de 2015, número único de radicado

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65. Sin embargo, con la expedición de la Ley 2200 de 2022 el Legislador
estableció de manera expresa el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y
causales de pérdida de investidura aplicables a los diputados, superando así la
necesidad de acudir al régimen de los congresistas. En ese sentido, en el
presente asunto la Sala debe circunscribir su análisis a verificar si la conducta
atribuida al convocado se subsume en alguna de las causales previstas de
manera expresa en dicha normativa.

66. Así las cosas, se advierte que la causal invocada es la dispuesta en el
numeral 2 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, que prevé:

«Artículo 49. De las inhabilidades de los diputados. Además de las
inhabilidades establecidas en la Constitución, la ley y el Código General
Disciplinario, no podrá ser inscrito como candidato, ni elegido diputado:

(…)

2. Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la
libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la
investidura de congresista o la de diputado o concejal; o excluido del
ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de
funciones públicas» (Subrayas de la Sala).

67. De la norma en comento se desprende que dentro del régimen de
inhabilidades para ser diputado se estableció que ningún ciudadano que haya
perdido la investidura como concejal podrá ser inscrito como candidato ni
elegido diputado. Nótese que en la anotada disposición no se hace alusión a los
diputados que en ejercicio de su cargo perdieron la investidura por un cargo que
desempeñaron de forma anterior, es por tal razón que el accionante en su
petición solicitó la aplicación del artículo 41 de la Ley 1952 de 2019 del Código
General Disciplinario, que prevé:

«Artículo 41. Inhabilidades sobrevinientes. Las inhabilidades
sobrevinientes se presentan cuando al quedar en firme la sanción de

50001-23-33-000-2014-00164-01, consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés; de 5 de
mayo de 2016, número único de radicado 54001-23-33-000-2013-00290-01(PI), consejera
ponente María Claudia Rojas Lasso; de 8 de junio de 2017, número único de radicado 44001-23-
33-002-2016-00096-01(PI), consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez; de 1o. de diciembre
de 2017, número único de radicado 20001-23-33-003-2017-00107-01(PI), consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez; y de 4 de febrero de 2021, número único de radicado 68001-23-33-
000-2020-00089-01(PI), consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.

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destitución e inhabilidad general o la de suspensión e inhabilidad especial o
cuando se presente el hecho que las generan el sujeto disciplinable
sancionado se encuentra ejerciendo cargo o función pública diferente de
aquel o aquella en cuyo ejercicio cometió la falta objeto de la sanción. En tal
caso, se le comunicará al actual nominador para que proceda en forma
inmediata a hacer efectivas sus consecuencias»

68. Ahora, es menester señalar que en la sentencia C-146 de 2021, la Corte
Constitucional precisó que las inhabilidades constituyen una restricción al
ejercicio del derecho de acceso a cargos públicos y tienen como finalidad impedir
que una persona acceda o continue en el desempeño de funciones públicas
cuando se encuentra incursa en situaciones previamente definidas por el
ordenamiento jurídico. Además, precisó que las inhabilidades deben ser
consagradas expresamente por el Legislador:

«Derecho a elegir y ser elegido y las inhabilidades para su ejercicio

El derecho a elegir y ser elegido. El artículo 40.1 de la Constitución Política
reconoce el derecho político de todo ciudadano a elegir y ser elegido. La
Corte Constitucional ha sostenido que este derecho es “una manifestación
expresa de la calidad activa del ciudadano y forma parte del conjunto de
derechos y deberes de las personas en su relación con el poder público,
como partícipes de la organización del Estado, mediante los procesos de
elección”23. Así mismo, la jurisprudencia ha sostenido que el derecho a elegir
y ser elegido es un derecho de doble vía pues, por una parte, permite que los
ciudadanos concurran a las urnas para ejercer su derecho al voto y así
materializar su derecho a elegir; y, por otra parte, posibilita que los
ciudadanos postulen su nombre a consideración del pueblo con el propósito
de ser elegido y, de este modo, acceder directamente ejercicio del poder
político24. La segunda manifestación se conoce como el derecho al sufragio
pasivo.

Límites al derecho a elegir y ser elegido. Como sucede con todo derecho
fundamental, el derecho a elegir y a ser elegido no tiene un carácter
absoluto. En efecto, ya sea en calidad de elector o de candidato, el ejercicio
del derecho que contempla el numeral 1 del artículo 40 superior está sujeto a
condicionamientos constitucionales y legales y a mecanismos de control
administrativo y judicial de los actos de elección y nombramiento pues con
estos se “(garantiza) la institucionalidad misma y el respeto de los principios
de participación democrática previstos en la Constitución”25.

Las inhabilidades como límites al derecho a elegir. En términos generales,
las inhabilidades son “restricciones a la capacidad de las personas, para

23 Sentencia T-510 de 2006. En esta sentencia se revisó la acción de tutela presentada por varios

ciudadanos contra una sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró nulo el
acto administrativo que oficializó su elección como Senadores de la República para el periodo
2002-2006.
24 Cfr. Sentencia T-232 de 2014.
25 Sentencia T-510 de 2006.

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entablar relaciones jurídicas con el Estado”26. En este sentido, las
inhabilidades pueden implicar limitaciones para ejercer derechos políticos y,
en particular, el derecho a ser elegido, debido a que uno de sus fines es
“impedir el acceso o la continuación en el desempeño de funciones públicas,
como servidor público”27. Las inhabilidades “resultan de condenas, sanciones
o de situaciones que el ordenamiento ha calificado jurídicamente [para tal
fin]”28.

Clasificación de las inhabilidades. A la luz de la jurisprudencia constitucional
reciente, es posible identificar tres grupos principales de inhabilidades, a
saber: (i) inhabilidad sanción, (ii) inhabilidad requisito y (iii) inhabilidad
consecuencial. El primer grupo “corresponde a la consecuencia establecida
por el legislador en los casos en que la persona resulta condenada en
procesos de responsabilidad política, penal, disciplinaria, contravencional o
correccional, es decir, cuando el Estado ha ejercido respecto de ella el ius
puniendi en cualquiera de sus formas”29. El segundo “corresponde a la
consecuencia establecida por el legislador respecto de determinados hechos
o actos jurídicos que implican atentado o transgresión a valores, principios o
derechos amparados por el constituyente, sin que la imposición de la medida
requiera de un juicio punitivo previo”30. Las inhabilidades del tercer grupo se
derivan de supuestos de hecho, tales como la acumulación de sanciones, de
declaratorias de incumplimiento de contratos o la inclusión en el boletín de
responsables fiscales31.

Finalidades de las inhabilidades. La Sala advierte que las normas acusadas
prevén ciertas inhabilidades como limitantes del derecho a ser elegido
alcalde, miembro del concejo municipal o distrital, gobernador o diputado de
la asamblea departamental. Así, es importante reiterar que las inhabilidades
que prohíben que “una persona ‘sea elegida o designada en un cargo
público’, continúe en él o, en general, acceda y ejerza una función pública”32
tienen como propósito de “preservar la pulcritud de la administración pública,
garantizar que los servidores públicos sean ciudadanos de comportamiento
ejemplar y evitar que sus intereses personales se involucren en el manejo de
los asuntos comunitarios, comprometiendo la imparcialidad, moralidad,
igualdad y eficacia de la Administración”33.

La Corte ha sido constante en señalar que, si bien el régimen de
inhabilidades para ejercer cargos de elección popular constituye una forma
de limitar el derecho a ser elegido, busca, entre otros, que los aspirantes
cumplan con condiciones “acordes con los supremos intereses que les
corresponde gestionar en beneficio del interés común y la prosperidad
colectiva”34. Así, las inhabilidades dirigidas a quienes se desempeñen en
cargos de elección popular pretenden que tales funcionarios “sean personas

26 Sentencia C-106 de 2018.
27 Id. De igual forma, las inhabilidades pueden impedir el acceso o la continuación en el
desempeño, como particular que ejerce dichas funciones, así como impedir la prestación de
servicios públicos o la celebración de contratos con el Estado. Cfr. Sentencias C-053 de 2021, C-
106 de 2018, C-634 de 2016, C-1016 de 2012 y C-711 de 1996, entre otras.
28 Id.
29 Sentencia C-1016 de 2012. Reiterada en las sentencias C-053 de 2021, C-393 de 2019 y C-

106 de 2018, entre muchas otras.
30 Id.
31 Cfr. Sentencias C-033 de 2021 y C-1016 de 2012.
32 Sentencia C-500 de 2014.
33 Sentencia C-544 de 2005.
34 Sentencia C-209 de 2000.

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de intachable conducta individual, social y profesional, de modo que generen
un alto grado de confianza y legitimidad en el ejercicio de las delicadas
labores públicas que se les confían”35. En consecuencia, las inhabilidades
son instituciones que no deben examinarse únicamente desde la perspectiva
del derecho del aspirante a ser elegido, sino también desde la óptica del
interés público general.36

Libertad de configuración legislativa en materia de inhabilidades. De manera
reiterada, la Corte ha sostenido que el legislador tiene amplia libertad de
configuración para la definición de las inhabilidades37. Al respecto, ha
destacado que el artículo 293 de la Constitución Política38 autoriza al
legislador para fijar “las prohibiciones e impedimentos en relación con los
ciudadanos que aspiren o sean elegidos por voto popular para el desempeño
de funciones públicas en las entidades territoriales”39. Es decir, para la Corte
es claro que, tratándose de la elección de las autoridades políticas de las
entidades territoriales “el legislador goza, por mandato de la Constitución, de
plena libertad, independencia y autonomía para determinar los parámetros,
criterios y reglas a seguir en cuanto a la definición de alguna de las materias
que le corresponde reglamentar, como lo es el régimen de prohibiciones para
la elección y el ejercicio de la función de alcalde, gobernador, concejal o
diputado”40.

De tal suerte que “sólo pueden ser declaradas inexequibles aquellas
inhabilidades para ser alcalde que en forma desproporcionada, innecesaria o
irrazonable limiten el derecho de las personas a ser elegidas para ese cargo,
por cuanto estaría violando el derecho de todos los ciudadanos a una igual
participación política (CP arts. 13 y 40)”41. En este sentido, la Corte ha
considerado ajustadas a la Constitución normas que prevén inhabilidades
para ser elegido popularmente, cuando ha encontrado que no restringen de
manera desproporcionada el derecho a ser elegido y, por el contrario,
persiguen fines de relevancia constitucional, tales como la preservación de la
dignidad del cargo y la prevalencia del interés público por encima del
particular o individual42.

Límites a la competencia del legislador para establecer inhabilidades. Como
quiera que los límites del derecho a elegir y ser elegido son los establecidos
por la Constitución y la ley, la jurisprudencia constitucional ha señalado dos
subreglas que delimitan hasta dónde llega la competencia del legislador

35 Sentencia C-654 de 1997.
36 Cfr. Sentencia C-564 de 1997. En esta decisión, la Corte Constitucional señaló que “con las

inhabilidades se persigue que quienes aspiran a acceder a la función pública, para realizar
actividades vinculadas a los intereses públicos o sociales de la comunidad, posean ciertas
cualidades o condiciones que aseguren la gestión de dichos intereses con arreglo a los criterios
de igualdad, eficiencia, moralidad e imparcialidad que informan el buen servicio y antepongan los
intereses personales a los generales de la comunidad”.
37 Sentencias C-053 de 2021, C-393 de 2019, C-176 de 2017, C-311 de 2004 y C-618 de 1997,

entre muchas otras.
38 Artículo 293 de la Constitución Política: “Sin perjuicio de lo establecido en la Constitución, la ley

determinará las calidades, inhabilidades, incompatibilidades, fecha de posesión, períodos de
sesiones, faltas absolutas o temporales, causas de destitución y formas de llenar las vacantes de
los ciudadanos que sean elegidos por voto popular para el desempeño de funciones públicas en
las entidades territoriales. La ley dictará también las demás disposiciones necesarias para su
elección y desempeño de funciones”.
39 Sentencia C-209 de 2000.
40 C-329 de 1995, reiterada en la sentencia C-209 de 2000.
41 Sentencia C-618 de 1997.
42 Cfr. Sentencias C-1412 de 2000, C-209 de 2000 y C-618 de 1997, entre otras.

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cuando impone restricciones al ejercicio del referido derecho. Primera, el
margen de acción del legislador depende del grado de precisión con que el
constituyente haya perfilado una institución jurídica; esto es, que “la libertad
de configuración del legislador es inversamente proporcional a la precisión y
amplitud con que la Constitución regula una institución jurídica” y que “[a]
mayor previsión de las nociones constitucionales, menor libertad de acción
para el legislador”43. Segunda, los límites impuestos por el legislador al
derecho de elegir y ser elegido deben ser razonables y proporcionales, de
modo tal que no afecten su núcleo esencial a través de “exigencias que
hagan nugatorio el derecho de participación de los ciudadanos en el ejercicio
de la función pública en igualdad de oportunidades”44» (Subrayas de la Sala).

69. A su vez, esta Sección en providencia del 28 de septiembre de 2017,
resaltó que en materia de inhabilidades su aplicación es rígida y taxativa y por
ende de carácter restrictivo, circunstancia que excluye la posibilidad de acudir a
la analogía:

«Las inhabilidades corresponden a una serie de circunstancias personales
establecidas por la Constitución Política o la ley que imposibilitan que un
ciudadano sea nombrado en un empleo o elegido en un cargo de elección
popular, cuyo propósito es garantizar la prevalencia del interés general. La
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación45 ha
precisado, refiriéndose a ellas, que en tanto que limitan la libertad y los
derechos de las personas a ser elegido y acceder al desempeño de
funciones y cargos públicos (artículo 40 de la Constitución Política), deben
tener origen constitucional y legal, que la tipificación de sus causas, vigencia,
naturaleza y efectos es rígida y taxativa, que su aplicación es restrictiva, de
manera que excluye la analogía legis o iuris, y que al hacer parte de un
conjunto de disposiciones que integran un régimen jurídico imperativo y de
orden público, no son disponibles ni pueden ser derogadas por acuerdo o
convenio»46 (Subrayas de la Sala).

70. En ese mismo sentido, la Sección Quinta ha resaltado:

«Las inhabilidades están erigidas como especiales condiciones objetivas que
pueden recaer sobre una persona y que tienen como único fin que quienes
accedan o estén en la función pública, desempeñen su cargo bajo los
criterios de igualdad, eficiencia, moralidad e imparcialidad, garantizando de

43 Sentencia C-404 de 2001. Así, por ejemplo, mediante la Sentencia C-898 de 2011, la Corte

encontró que la norma que exigía determinados títulos universitarios (inciso segundo del artículo
158 de la Ley 136 de 1994) para ser elegido contralor municipal desconocía el derecho a elegir y
ser elegido y el artículo 272 de la Constitución Política, el cual solo exige contar, en forma
genérica, con título universitario para ser elegido contralor municipal.
44 Sentencia C-100 de 2004. Cfr. Sentencias y C-408 de 2001, C-200 de 2001 y C-537 de 1993.
45 Sentencia del 8 de febrero de 2011, proferida en el proceso con radicación número 11001 0315

000 2010 00990 00 PI, Consejera Ponente Ruth Stella Correa Palacio.
46 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 28

de septiembre de 2017. Proceso radicado 73001 23 33 006 2016 00587 01. Consejero Ponente:
Oswaldo Giraldo López.

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esta forma la prevalencia de los intereses generales de la comunidad sobre
los personales47

En este sentido, las diferentes circunstancias que configuran una inhabilidad
examinan la órbita personal del aspirante o servidor en ejercicio, de manera
que «auscultan en los antecedentes personales, las relaciones familiares, el
ejercicio profesional y las actividades lucrativas del interesado»48.

Acorde con lo anterior, al constituir las inhabilidades una restricción al
derecho de acceso a cargos públicos, la Constitución Política de 1991
dispuso que el desarrollo de su régimen jurídico tiene una cláusula de
reserva legal, lo cual ha sido enfatizado por parte de esta Corporación,
estableciéndose en diferentes oportunidades que el único facultado para
estructurar las circunstancias especiales que limitan el referido derecho es el
legislador49.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta el principio de interpretación
restrictiva que rige en materia electoral, según el cual las inhabilidades e
incompatibilidades no pueden aplicarse de manera genérica por extensión ni
analogía, toda vez que implican la restricción de derechos fundamentales y
políticos.

Sobre la materia, la Sección Quinta de manera reiterada ha sostenido50

Por lo anterior, la Sala considera que, en atención con las limitaciones
a los derechos políticos que se derivan de las inhabilidades e
incompatibilidades, se ha establecido que, respecto de su aplicación,
es necesario observar los criterios de interpretación restrictiva y no la
analógica o extensiva.

Este criterio fue reiterado, en la sentencia del 11 de julio del 2019 y
retomado, entre otros, en los fallos de 22 de abril y 5 de agosto de
2021, al indicar que “[l]a Sección Quinta ha sido constante en reiterar
que en la medida en que las inhabilidades implican la afectación del
derecho fundamental a la participación política, en sus modalidades de
ser elegido y acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, la
interpretación de su alcance es restrictiva

Así, entendiendo el criterio de interpretación restrictiva como aquel que
busca la aplicación de la norma a casos concretos, los jueces, al
momento de determinar la ocurrencia de una inhabilidad o
incompatibilidad respecto de quien pretende ocupar un cargo público,
deben limitarse al alcance de los verbos rectores empleados por el
legislador “-por ejemplo, la gestión de negocios-, a las situaciones de
orden jurídico que la originan y su prueba plena -v. gr. el parentesco-,
así como a los límites de orden temporal -ejemplo, durante el año

47 Sentencia C-564 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell. Ver también sentencias C-558 de

1994 M.P. Carlos Gaviria Díaz, Sentencia C-483 de 1998 M.P. José Gregorio Hernández Galindo
48 OSORIO CALDERIN, Ana Carolina, Manual de Inhabilidades Electorales, 2ª Edición, Grupo

Editorial Ibáñez, 2014, p. 24.
49 Sentencia Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 19 de septiembre de 2013,

radicado Nº 110010328000201200051-00, 110010328000201200052-00
110010328000201200057-00 Acumulado. CP. Alberto Yepes Barreiro Dte: Eduardo Carmelo
Padilla Hernández y otros
50 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 30

de septiembre de 2021. Expediente: 66001233300020200049903. M.P. Dra. Rocío Araújo Oñate.

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anterior a la elección-, espacial -v.gr. a la jurisdicción donde se llevará
a cabo la elección- y a las calidades respecto de quienes se predican”.

Esta línea de interpretación conlleva a que dichos
condicionamientos se apliquen de forma concreta a las
situaciones o eventos que el constituyente y en su desarrollo el
legislador, según el caso, determinaron como circunstancias de
inelegibilidad, sin que para el efecto puedan considerarse otros
distintos. Así entonces, al momento de establecer la configuración de
una inhabilidad, prima el criterio interpretativo restrictivo, entendido en
la forma como se señaló en precedencia y, de ninguna manera, el
estudio que emprenda el operador judicial puede conllevar
extensiones, analogías o interpretaciones amplias, que conlleven a la
aplicación del presupuesto normativo a situaciones diversas a las
previstas por el constituyente y/o el legislador, o a vaciar de contenido
las mismas en detrimento de su eficacia.

Criterio de interpretación que se predica respecto de inhabilidades e
incompatibilidades y que busca entonces, aumentar la eficacia y
vigencia de las garantías constitucionales respecto de quienes aspiran
a ocupar cargos públicos, pues solamente en los eventos y bajo las
condiciones que ellas consagran, es procedente predicar su
configuración, máxime si se tiene en cuenta que, en todo caso, el
régimen de inhabilidades e incompatibilidades ha sido concebido como
un límite legítimo y válido a los derechos políticos, conforme al cual, si
se advierte la configuración de alguna causal, ello no conlleva a que de
allí se predique la vulneración de estas prerrogativas superiores, sino
que, por el contrario, evita el desconocimiento de los intereses
superiores respecto de quienes ocupan cargos públicos»51.

71. De lo anterior se desprende que el régimen de inhabilidades de los
diputados es rígido y taxativo sin que al Juez le esté permitido realizar alguna
interpretación extensiva de lo allí contenido, de ahí que no sea posible
determinar que a estos le son aplicables analógicamente lo previsto en el artículo
41 de la Ley 1952 de 2019.

72. Se agrega a lo expuesto que esta Sección ha señalado de manera
pacífica que las previsiones del estatuto disciplinario no aplican en juicios de
pérdida de investidura. En efecto, en sentencia del 4 de mayo de 2011 se dijo:

« El proceso de pérdida de investidura es ante todo de naturaleza
jurisdiccional y como tal se rige por las normas especiales que consagran
tanto su trámite como sus causales. Tan cierto es ello que la Ley 734 de
2002 no consagró como sanción principal la pérdida de la investidura, como
sí lo hacía, de manera discutible, la Ley 200 de 1995 en su artículo 29,

51 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 21

de noviembre de 2024. Proceso radicado 23001 23 33 000 2023 00174 01. Consejero Ponente:
Luis Alberto Álvarez Parra.

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29

Radicación: 50001 23 33 000 2025 00010 01
Solicitante: Saúl Onofre Villar Jiménez

numeral 9, lo que pone de manifiesto que dicho proceso, por no ser del
conocimiento de las autoridades administrativas sino judiciales, no tiene la
misma connotación del que se regula en aquella y, por ende, no constituye
sanción dentro de éste.

Las normas previstas en la Ley 734 de 2002 están dirigidas al proceso
disciplinario que, por su naturaleza, difiere del de carácter jurisdiccional. De
ahí que no pueda afirmarse que tales preceptos deban tener aplicación
preferente, pues no se está en presencia de dos actuaciones de la misma
naturaleza, ni mucho menos con las mismas consecuencias
sancionatorias»52 (Subrayas de la Sala).

73. Mientras que en proveído del 31 de agosto de 2017 se señaló:

«Así las cosas, la Sala observa que, en la actualidad, no está habilitada la
invocación de las incompatibilidades dispuestas en el artículo 39 del Código
Disciplinario Único como causales de pérdida de investidura territorial por
violación de dicho régimen.

El argumento de la especialidad fue deferido por la Constitución Política a la
ley. Es así como conforme al artículo 293, sin perjuicio de lo establecido en
la Constitución, la ley determinará las calidades, inhabilidades,
incompatibilidades, causales de destitución, etc., de los elegidos
popularmente; y el artículo 127 ibidem, establece la prohibición a los
servidores públicos de celebrar por sí o por interpuesta persona o en
representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o personas
privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las
excepciones legales.

Las Leyes 136 y 617 regulan el régimen de incompatibilidades que de los
concejales debe verificarse en el proceso de pérdida de investidura; es así
como los artículos 45, 46 y 47 de la Ley 136, efectivamente disponen, cuáles
son las causales y eventos de incompatibilidad, sus excepciones y la
duración de las mismas:

(…)

Este sistema de prohibiciones, insertado por la Ley 136 y luego modificado
por la Ley 617, fue el producto de un mandato expreso contenido en la
Constitución Política de 1991:

(…)

Es ese el marco legal, por voluntad constitucional, al cual se circunscribe el
régimen de incompatibilidades cuya transgresión se prevé como causal de
pérdida de investidura de los concejales en los artículos 55, numeral 2, de la
Ley 136 y 48, numeral 1 de la Ley 617, sin que, bajo circunstancia alguna,
este haya previsto la posibilidad de ampliarse o extenderse a otro tipo de
normas del mismo rango y, por lo mismo, sin que sea conducente la adición
de eventos de incompatibilidad establecidos en otro tipo de leyes como la
disciplinaria, salvo que sea ese el objeto de la regla legal posterior. Lo

52 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 4

de mayo de 2011. Proceso radicado 68001 23 31 000 2010 00713 01. Consejero Ponente: Rafael
E. Ostau de Lafont Pianeta.

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30

Radicación: 50001 23 33 000 2025 00010 01
Solicitante: Saúl Onofre Villar Jiménez

anterior, sin perjuicio, evidentemente, de las causales de incompatibilidad
que se llegaren a disponer en los términos del artículo 293 Superior.

Así las cosas y en síntesis, se advierte, que en el caso concreto, no resulta
viable la judicialización y consecuente análisis de las conductas descritas en
la demanda como constitutivas de infracciones a los artículos 39, numeral 1,
literales a) y b) de la Ley 734 (Código Disciplinario Único) por parte de los
concejales municipales, bajo el entendido de que aquellas no están previstas
en la Leyes especiales 136 ni 617 como causales de incompatibilidad y,
menos aún, le fueron atribuidas como consecuencia jurídica de su
vulneración, la sanción consistente en pérdida de investidura»53 (Subrayas
de la Sala).

74. A su vez, en proveído del 17 de octubre de 2025 esta Sección manifestó:

« Finalmente, respecto a la invocación de artículos de la ley disciplinaria, la
Sala reitera que, incluso desde la vigencia de la Ley 200 de 28 de julio de
199554, Código Disciplinario Único anterior a la Ley 734 de 5 de febrero de
202255, y ahora para la propia Ley 1952, la infracción de las conductas y/o
circunstancias previstas como prohibidas o incompatibles en materia
disciplinaria permanecen al margen del estudio jurisdiccional del proceso de
pérdida de investidura56.

A través de sentencia de 4 de mayo de 201157, la Sección señaló que “[…] el
proceso de pérdida de investidura es ante todo de naturaleza jurisdiccional y
como tal se rige por las normas especiales que consagran tanto su trámite
como sus causales. Tan cierto es ello que la Ley 734 de 2002 no
consagró como sanción principal la pérdida de la investidura, como sí lo
hacía, de manera discutible, la Ley 200 de 1995 en su artículo 29, numeral 9,
lo que pone de manifiesto que dicho proceso, por no ser del conocimiento de
las autoridades administrativas sino judiciales, no tiene la misma connotación
del que se regula en aquella y, por ende, no constituye sanción dentro de
éste […] Las normas previstas en la Ley 734 de 2002 están dirigidas al
proceso disciplinario que, por su naturaleza, difiere del de carácter
jurisdiccional. De ahí que no pueda afirmarse que tales preceptos
deban tener aplicación preferente, pues no se está en presencia de dos
actuaciones de la misma naturaleza, ni mucho menos con las mismas
consecuencias sancionatorias […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

53 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Proceso radicado

número: 08001 23 33 000 016 00753 01. Sentencia del 31 de agosto de 2017. Consejera
Ponente: María Elizabeth García González.
54 “[…] Por la cual se adopta el Código Disciplinario Único […]”.
55 “[…] Por la cual se expide el Código Disciplinario Único […]”.
56 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 7 de marzo

de 2002, número único de radicación 50001-23-31-000-2001-00346-01(7716) (PI), consejero ponente
Manuel Santiago Urueta Ayola; de 14 de marzo de 2002, número único de radicación 50001-23-31-000-
2001-00368-01(7715) (PI), consejero ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; de 17 de marzo de
2022, número único de radicación 17001-23-33-000-2021-00136-01, consejera ponente Nubia Margoth
Peña Garzón; de 25 de marzo de 2022, número único de radicación 44001-23-40-000-2021-00136-01,
consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez; y de 1o. de julio de 2022, número único de radicación
05001-23-33-000-2022-00262-01, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
57 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de mayo de

2011, número único de radicación 68001-23-31-000-2010-00713-01(PI), consejero ponente Rafael E.
Ostau De Lafont Pianeta.

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Radicación: 50001 23 33 000 2025 00010 01
Solicitante: Saúl Onofre Villar Jiménez

De igual forma, en sentencia de 31 de agosto de 201758, estableció que “[…]
en la actualidad, no está habilitada la invocación de las
incompatibilidades dispuestas en el artículo 39 del Código Disciplinario
Único como causales de pérdida de investidura territorial por violación
de dicho régimen […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto). En reciente
providencia de 9 de septiembre de 202159, determinó que debían “[…]
reiterarse que los precedentes de esta Sala que se prohíjan en esta
oportunidad han defendido la autonomía de la institución de pérdida de
investidura con otros regímenes, como el derecho disciplinario, los
cuales difieren no solo desde el punto de vista de su naturaleza, sino
también su objeto y las finalidades que persiguen; esta no fue la
intención del constituyente de 1991 y, tampoco, del legislador, y además, por
tratarse de una limitación de los derechos políticos, las causales son
taxativas y no admiten interpretaciones extensivas o analógicas […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

Es en este sentido que la Sala itera que las disposiciones contenidas en el
estatuto disciplinario, como lo son las de la Ley 195260, incluidas no solo las
que instituyen faltas, prohibiciones o causales exonerativas, sino también,
como en el caso concreto, que definen los eventos de ‘ordenar el pago’ o
‘percibir remuneración oficial por servicios no prestados’, no operan con fines
de pérdida de investidura por cuanto si bien ambos procesos implican la
manifestación del poder punitivo del Estado, responden a actuaciones
autónomas de distintas naturaleza y finalidad, -uno se desarrolla en sede
administrativa y otro en jurisdiccional-, no está previsto que la inobservancia
de las normas disciplinarias acarree la desinvestidura de los corporados, y el
principio de taxatividad que gobierna a este proceso judicial no admite
interpretaciones extensivas o analógicas en el análisis de sus causales.

A ello se suma que, para la Sala, el hecho de que el numeral 6 del artículo
48 de la Ley 617 prevea la procedencia de la pérdida de investidura “[…] por
las demás causales expresamente previstas en la ley. […]”, como lo ha
indicado esta Sección en otras oportunidades, no implica que “[…] puedan
hacerse interpretaciones extensivas o por fuera de lo reglado en el
ordenamiento jurídico […]”61»62 (Subrayas de la Sala, negrillas dentro del
texto).

75. Mientras que en providencia del 15 de mayo de 2025 se dijo:

« 79.La Sección Primera del Consejo de Estado, ha sostenido de manera
uniforme una postura según la cual las normas de naturaleza disciplinaria,

58 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto

de 2017, número único de radicación 08001-23-33-000-2016-00753-01(PI), consejero ponente María
Elizabeth García González.
59 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de

septiembre de 2021, número único de radicación 70001-23-33-000-2021-00014-01(PI), consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés.
60 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia

de 15 de mayo de 2025, número único de radicación 25000-2315-000-2024-00691-01, consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Oswaldo Giraldo

López, sentencia de 8 de febrero de 2018), radicación número: 47001-23-33-000-2017-00081-01(PI)
62 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 17

de octubre de 2025. Proceso radicado 47001 23 33 000 2025 00134 01. Consejera Ponente
Nubia Margoth Peña Garzón.

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Solicitante: Saúl Onofre Villar Jiménez

como las previstas en la Ley 1952 no son causales de pérdida de
investidura, lo cual se justifica en razón a la autonomía que persiguen ambas
disciplinas.

80.La acción disciplinaria busca que la conducta de los servidores públicos
se ajuste a “[…] los postulados del deber ser de sus funciones, a fin de
garantizar la mejor prestación del servicio público […]37”, mientras que el
juicio sancionatorio de pérdida de investidura es de naturaleza jurisdiccional
que juzga la inobservancia al catálogo de conductas que deben observar los
servidores públicos de elección popular en razón de la investidura que
ostentan. Así las cosas, se relacionan las providencias que han reafirmado
esta tesis:

(…)

81. Según los antecedentes jurisprudenciales citados supra, resulta
improcedente fundamentar causales de pérdida de investidura en
disposiciones de naturaleza disciplinaria, como lo es la Ley 1952, mediante
la cual se expidió el Código General Disciplinario, toda vez que no está
prevista como una causal de pérdida de investidura de los concejales,
interpretación que se acompasa con los principios pro homine y de la
proscripción de la aplicación extensiva o de la analogía, los cuales cobran
especial relevancia si se tiene en cuenta que se trata de una sanción que
tiene como consecuencia la imposibilidad del servidor público de ejercer sus
derechos políticos a futuro y a perpetuidad»63 (Subrayas de la Sala).

76. Ahora bien, no se pasa por alto que en la sentencia de primera instancia
se consideró procedente la configuración de la inhabilidad sobreviniente con
fundamento en lo previsto por esta Sección en la sentencia del 20 de junio de
2013 proferida dentro del proceso con radicado 76001 23 31 000 2012 00739 01,
en la que se indicó:

« Está demostrado que el ciudadano MAURICIO VALDES CONCHA fue
elegido Diputado del Valle del Cauca el 30 de octubre de 2011, para el
período 2012-2015 (fl. 1).

Está probado que el señor MAURICIO VALDES CONCHA fue condenado
mediante sentencia proferida por el Juez Doce Penal del Circuito de 20 de
mayo de 2011 (fl. 66-73), por el delito de falsedad en documento privado en
concurso homogéneo, a veintidós (22) meses de prisión e interdicción de
derechos y funciones públicas por un término igual.

Las elecciones se llevaron a cabo el 30 de octubre de 2011. (folio 1)

También está probado que el 31 de octubre de 2011 (fl. 75-88), el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali –Sala de Decisión Penal- confirmó la
sentencia de 20 de mayo de 2011 proferida por el Juzgado Doce Penal del
Circuito, la cual quedó ejecutoriada el 21 de noviembre de 2011 (folio 90),

63 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 15

de mayo de 2025. Proceso radicado 25000 2315 000 2024 00691 01. Consejero Ponente:
Germán Eduardo Osorio Cifuentes.

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Radicación: 50001 23 33 000 2025 00010 01
Solicitante: Saúl Onofre Villar Jiménez

es decir, tres (3) días después de notificada de conformidad con el artículo
187 de la Ley 600 de 2000, cuyo tenor es el siguiente:

LEY 600 DE 2000

“Artículo 187.- Ejecutoria de las providencias. Las providencias quedan
ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas si no se han
interpuesto los recursos legalmente procedentes.

La que decide los recursos de apelación o de queja contra las
providencias interlocutorias, la consulta, la casación, salvo cuando se
sustituya la sentencia materia de la misma y la acción de revisión
quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario
correspondiente.”

Asimismo obra copia del Auto de 23 de mayo de 2012 (fl. 91-98), mediante el
cual la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmitió la demanda de
casación presentada por el apoderado del señor MAURICIO VALDEZ
CONCHA.

El anterior recuento cronológico muestra que por la fecha de la elección, no
se había proferido la sentencia de segunda instancia en el proceso penal.

El artículo 248 de la Constitución Política establece:

“ARTICULO 248. Únicamente las condenas proferidas en sentencias
judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales
y contravencionales en todos los órdenes legales.”

No obstante, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que no tendría
sentido que no pudiera inscribirse o resultar elegido quien tuviera una
condena pero sí pudiera ejercer el cargo si la sentencia condenatoria fue
posterior a la elección.

Por eso, en esta ocasión la Sala reitera lo consignado en sentencia de 15 de
agosto de 200264, en la que se precisó que cuando se presenta la causal de
inhabilidad consistente en haber sido condenado a pena privativa de la
libertad mediante sentencia, la cual fue proferida y ejecutoriada con
posterioridad a la elección como candidato, dicha causal tendría el carácter
de sobreviniente y, por lo tanto, ya no estaría dentro del cuadro de causales
de inhabilidad que, por su naturaleza, son anteriores al ejercicio del cargo. Al
momento de surtir ejecutoria la sentencia penal, el diputado demandado se
convirtió en inhábil para el ejercicio del cargo y en tal virtud, prospera la
causal endilgada en la demanda. Dijo la Sala:

“La parte demandada alega que como la sentencia penal condenatoria,
que se alega como causal de inhabilidad, fue proferida con
posterioridad a los eventos ya mencionados, el concejal no se
encuentra inhabilitado para el ejercer el cargo, pues en la práctica es
un hecho sobreviniente. El a quo decretó la Pérdida de la Investidura
con base en el razonamiento de que si la ley considera inhábil a un
sentenciado para ejercer el cargo de concejal municipal, con mucha
mayor razón debe prosperar la demanda si en ejercicio de tal cargo se

64Expediente: 2001-0725, Actor: Carlos Javier Gómez Figueroa Díaz, M.P. Dra. Olga Inés
Navarrete Barrero.

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Radicación: 50001 23 33 000 2025 00010 01
Solicitante: Saúl Onofre Villar Jiménez

profiere sentencia penal condenatoria. La Sala comparte el
razonamiento del Tribunal de primera instancia, pues la interpretación
por la que aboga el demandado llevaría al absurdo que quien se
encuentre sentenciado penalmente por delito diferente a los políticos o
culposos no puede ser inscrito como candidato al cargo de concejal
municipal, mientras que el ya elegido como tal estaría habilitado para
contravenir la ley penal y ser sentenciado, pues al presentarse la
causal de inhabilidad con posterioridad a la elección, ésta tendría el
carácter de sobreviniente y, por lo tanto, ya no estaría dentro del
cuadro de causales de inhabilidad que, por su naturaleza, son
anteriores al ejercicio del cargo. Y respecto de la inhabilidad
sobreviniente esta Sección se ha pronunciado en el siguiente sentido:
“En conclusión, según el artículo 43 de la Ley 136 (tal como fue
modificado por el artículo 40 de la Ley 617) la condena a pena privativa
de la libertad es inhabilidad para ser inscrito o elegido. Es decir, que
esta norma se ocupa de las condenas anteriores a la inscripción de la
candidatura. En cambio, el numeral 1 del artículo 43 de la Ley 200
considera las condenas impuestas a un servidor público en cualquier
tiempo, incluso estando en funciones, erigiéndola en inhabilidad para
«desempeñar» cargo público alguno, aun el que se venía
desempeñando. De manera que la condena al concejal en funciones lo
inhabilita para continuar sirviendo el cargo y es, por lo tanto, causal de
pérdida de investidura, comprendida en el numeral 6. del artículo 48 de
la Ley 136 esto es, en «las demás expresamente previstas en la Ley.»
Para la Sala, la pérdida de la investidura por haberse impuesto a un
concejal en funciones una condena a pena privativa de la libertad, no
solamente tiene fundamento en el numeral 6 del artículo 48 de la Ley
136 y en el numeral 1. del artículo 43 de la Ley 200. También deriva del
numeral 1. del artículo 43 de la Ley 136, interpretado a la luz de la
Constitución Política. En efecto, la inconsistencia que se advierte entre
las expresiones «no podrán ser congresistas» (utilizada por el artículo
179 de la Carta) y «no podrá ser inscrito como candidato ni elegido
concejal (utilizada por el artículo 43 de la Ley 136) no es más que
aparente, porque en la prohibición de inscribirse como candidato o ser
elegido está implícita la prohibición de «ser» concejal. Si los concejales
son elegidos para un período de tres años (art. 50, Ley 136), están en
el deber de preservar en todo este lapso las calidades que los habilitan
para servir tal dignidad, pues la Constitución los hace responsables
frente a la sociedad y sus electores por el cumplimiento de sus
funciones.”

Además, debe resaltarse la norma constitucional contenida en el artículo 299
de la Constitución Política según la cual “el régimen de inhabilidades e
incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser
menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que
corresponda.”

El artículo 179 de la Carta Política al establecer las inhabilidades de los
congresistas estableció:

“Artículo 179.- No podrán ser congresistas:

1. Quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia
judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos y
culposos. (…)”

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Solicitante: Saúl Onofre Villar Jiménez

La norma constitucional en tratándose de congresistas, no distingue los
momentos a los que se refiere el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, que trata
de la inscripción y la elección.

En el caso de los congresistas, la norma constitucional no distingue y cobija
no solo esos momentos, sino fundamentalmente el ejercicio del cargo, pues
resultaría contrario a los fines de la pérdida de investidura el que la persona
pudiera entrar a ejercer el cargo habiendo sido condenada, sólo porque en el
momento de la inscripción o en el de la elección, no existía la sentencia en
firme, que sí aparece días después cuando ya ha tomado posesión del
cargo.

De manera que, reitera la Sala que pese a que la sentencia penal
condenatoria quedó ejecutoriada con posterioridad a la elección, se está
frente a una inhabilidad sobreviniente y, por tanto, se configura la causal de
pérdida de investidura.

Por las razones expuestas, se confirmará la decisión del a quo»65 (Subrayas
de la Sala).

77. Así las cosas, en criterio de la Sala la providencia citada no resulta aplicable
al presente asunto toda vez que en aquella oportunidad se analizó una hipótesis
distinta en la que la inhabilidad sobreviniente derivaba de la aplicación directa de
normas de rango constitucional. En efecto, allí se concluyó que la condena penal
constituía una inhabilidad para el ejercicio del cargo con fundamento en los
artículos 299 y 179 numeral 1 de la Constitución Política, los cuales prevén que
la inhabilidad opera respecto de condenas penales proferidas en cualquier
tiempo. En ese sentido, la citada decisión no obedeció a un ejercicio
interpretativo de las causales legales de inhabilidad, sino a la aplicación directa
del mandato constitucional que proscribe el ejercicio del cargo en tales
condiciones.

78. En ese mismo sentido, esta Sección en providencia del 25 de agosto de
2016 indicó:

« La inhabilidad que se le endilga al demandado es la prevista en el artículo
122 de la Carta Política, que al tenor señala:

(…)

Nótese como la disposición constitucional establece el candidato “(…) no
podrá ser inscrito como candidato a cargos de elección popular, ni elegidos,

65Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera
Ponente: María Claudia Rojas Lasso. Sentencia del 20 de junio de 2013. Proceso radicado
número: 76001 23 31 000 2012 00739 01

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36

Radicación: 50001 23 33 000 2025 00010 01
Solicitante: Saúl Onofre Villar Jiménez

ni designados como servidores públicos (…)”, lo que quiere indicar que el
hecho que da lugar a la configuración, esto es, la existencia de una
sentencia ejecutoriada en la que (i) el Estado haya sido condenado
patrimonialmente, y (ii) la conducta del servidor público sea calificada como
dolosa o gravemente culposa, debe presentarse con anterioridad a la
inscripción o a la elección del candidato.

No le asiste razón al apelante, entonces, cuando indica que “(…) mientras
que la nulidad electoral las analiza solo en el momento en que el candidato
es inscrito y posteriormente elegido, se puede demandar en un término
perentorio de 30 días, la acción de pérdida de investidura, las analiza en
virtud de determinar de manera intemporal, si el congresista, diputado o
concejal, una vez en ejercicio del cargo, continúan teniendo las calidades
que la investidura del mismo, les exige la ley y la constitución (…), pues el
análisis de la conducta del demandado se realiza a la luz de la disposición
constitucional y legal que establece la inhabilidad, la cual, para el presente
caso, establece claramente que la misma debe darse con anterioridad a la
inscripción o a la elección del candidato.

Siguiendo la posición del demandante, expuesta en la demanda de pérdida
de investidura y en el recurso de apelación presentado en contra de la
decisión de primera instancia, las decisiones judiciales que dan lugar a la
configuración de la causal de pérdida de la investidura son las
sentencias de primera y segunda instancia proferidas por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Villavicencio y el Tribunal
Administrativo del Meta, en el trámite de la Acción de Repetición No. 50-
001-23-31-000-2006-00152-01 (Folios 316- 335, Cuaderno Ppal).

En esa medida, entonces, la inhabilidad prevista en dicha disposición no
se configuró, si tenemos en cuenta que la decisión de primera instancia que
se profirió el día 18 de diciembre de 2009 por el Juzgado Segundo
Administrativo del Meta, fue objeto del recurso de apelación el cual fue
resuelto mediante sentencia de 10 de septiembre de 2013, quedando
debidamente ejecutoriada “(…) el veinticuatro (24) de septiembre de 2013
(…)” (Folios 316-335, Cuaderno Ppal), esto es, con posterioridad a la
fecha de inscripción y elección del señor Luís Fernando Peña Riaño (5
de diciembre de 2011).

Esa tesis coincide con la expuesta por la primera instancia, al indicar que
«Con la anterior reseña probatoria se entiende que, si la sentencia en el
proceso de Repetición data del 10 de septiembre de 2013, dicha fecha es
muy posterior a la de la necesaria inscripción y a la de la elección, no
logrando probar el solicitante de la pérdida el referido supuesto de hecho de
la pre existencia de sentencia judicial ejecutoriada que estructure la causal
invocada».

Conforme lo ha indicado ésta Sala, “(…) El principio de hermenéutica jurídica
implica que las causales de pérdida de investidura “deban ser concebidas
como de derecho estricto, de orden público y de interpretación restrictiva,
pues no puede perderse de vista que la pérdida de investidura es una
sanción que impide al afectado el ejercicio pleno de sus derechos políticos
en el futuro y a perpetuidad” (…)”, por ello no puede aceptarse la
interpretación extensiva que de la causal de inhabilidad pretende realizar el
apelante puesto que de la forma en que está redactada la norma
constitucional que establece la inhabilidad, se descarta plenamente que
pueda configurarse como una inhabilidad sobreviniente, esto es, que la

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Radicación: 50001 23 33 000 2025 00010 01
Solicitante: Saúl Onofre Villar Jiménez

inscripción y elección precedan a la existencia de la decisión judicial
ejecutoriada.

Ahora bien, en sentencia 20 de junio de 2013, esta Sala reconoció la
existencia de inhabilidades sobrevinientes, lo hizo en relación con la causal
de pérdida de investidura prevista en los artículos 33 numeral 1º y 48
numeral 6º de la Ley 617 de 2000, referida a la existencia de sentencia
judicial de carácter penal, norma del siguiente tenor:

(…)

Al respecto, la Sala realizó una serie de argumentaciones referidas,
precisamente, a la existencia de una condena judicial de carácter penal, cuya
naturaleza es diferente de la que origina el debate judicial en esta acción de
pérdida de investidura, en la siguiente forma:

(…)

Encuentra la Sala, entonces, que tanto la causal como las reflexiones
propias de la existencia de una condena de carácter penal, son diversas a
las estudiadas en este proceso y, por ello, considera que no le son
aplicables»66 (Subrayas de la Sala, negrillas dentro del texto).

79. En suma, es evidente que en el presente asunto no se encuentra
acreditado el requisito objetivo en tanto la pérdida de investidura del accionado
como concejal se produjo luego de que este estaba en ejercicio de su cargo
como diputado, de modo que se revocará la sentencia de primera instancia y en
su lugar se denegarán las pretensiones de la demanda.

80. Por último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA67 no se condenará en costas ya que el medio de control de pérdida de
investidura es una acción pública en la que se ventila un interés general.

81. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

66 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 25

de agosto de 2016. Proceso radicado número 68001 23 33 000 2014 00076 01. Consejero
Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.
67 «Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés

público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

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Radicación: 50001 23 33 000 2025 00010 01
Solicitante: Saúl Onofre Villar Jiménez

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada por las razones expuestas en la
parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demandada por lo dispuesto en la
parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas por lo dispuesto en este
proveído.

CUARTO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente
digital al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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