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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2024-00026-01

Fecha
3 de octubre de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
9 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2024-00026-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 11 de abril de 2024 por el Tribunal Administrativo del Meta, y, en su lugar, DECRETAR LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA del señor Carlos Andrés Collazos Silva 34 Vistoen el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 50001 2333 000 2024 00026 01. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 33 Radicación: 50001 23 33 000 2024 00026 01 Solicitante: Carlos Alberto Martínez Patiño como concejal del Municipio de Villavicencio, Meta, período constitucional 2020 – 2023, conforme las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al Tribunal de origen. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 50001-23-33-000-2024-00026-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

3 de octubre de 2024

Radicación: 50001 23 33 000 2024 00026 01
Solicitante: Carlos Alberto Martínez Patiño

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 50001-23-33-000-2024-00026-01
Solicitante: CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ PATIÑO
Concejal acusado: CARLOS ANDRÉS COLLAZOS SILVA

Tesis: Incurre en causal de pérdida de investidura
el concejal que, dentro del año anterior a la
elección, celebró un contrato que se ejecutó
en el municipio en el que resultó elegido, y
su conducta no está amparada en la buena
fe calificada.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación presentado por el solicitante en
contra de la sentencia proferida el 11 de abril de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Meta que negó la solicitud de pérdida de investidura
del señor Carlos Andrés Collazos Silva como concejal del Municipio de
Villavicencio, Meta, período constitucional 2020- 2023.

I.- SÍNTESIS DEL CASO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicación: 50001 23 33 000 2024 00026 01
Solicitante: Carlos Alberto Martínez Patiño

1.1.- La causal de pérdida de investidura invocada1

El señor Carlos Alberto Martínez Patiño, actuando en nombre propio,
solicitó se decretara la pérdida de investidura del señor Carlos Andrés
Collazos Silva como concejal del Municipio de Villavicencio, Meta, período
constitucional 2020 – 2023, por considerar que incurrió en “violación al
régimen de inhabilidades e incompatibilidades”, en consonancia con la
inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

1.2.- Los hechos que dan sustento a la causal alegada2

El solicitante informó que el 27 de octubre de 2019 se eligió concejal de
Villavicencio al señor Carlos Andrés Collazos Silva, período constitucional
2020 – 2023.

Explicó que el señor Collazos Silva tomó posesión del cargo de concejal el
1 de enero de 2020, “cargo que ejerció hasta el 2 de octubre de 2020, fecha
en la cual el Tribunal Administrativo del Meta, decretó la nulidad de su
elección como Concejal de Villavicencio”.

Expuso que el señor Collazos Silva firmó el contrato de prestación de
servicios nro. 0943 el 7 de mayo de 2019 con la Gobernación del Meta, es
decir, dentro del término inhabilitante para aspirar al Concejo de

1 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 2333 000 2024 00026 01.
2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 50001 2333 000 2024 00026 01.

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Solicitante: Carlos Alberto Martínez Patiño

Villavicencio, razón por la cual el Tribunal Administrativo del Meta decretó
la nulidad de la elección.

Aseguró que el contrato nro. 0943 tenía por objeto “contratar los servicios
profesionales de un abogado en asesoría jurídica externa para el apoyo en
la secretaría de salud de la Gobernación del Meta”.

Alegó que, aunque el señor Collazos Silva estaba incurso en la causal de
inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000,
decidió inscribirse como candidato al concejo de Villavicencio.

Resaltó que el contrato de prestación de servicios nro. 0943 debía
ejecutarse “en la ciudad de Villavicencio, territorio del cual fue elegido
Concejal el 27 de octubre de 2019, lo cual es causal de pérdida de
investidura”.

Manifestó que el señor Collazos Silva participó en las pasadas elecciones del
29 de octubre de 2023 como candidato a la Asamblea Departamental del
Meta en las que resultó elegido, por lo que tomó posesión del cargo de
diputado el 1 de enero de 2024, el cual viene desempeñando hasta la fecha.

1.3.- Contestación del señor Carlos Andrés Collazos Silva3

Alegó que no estaba cumplido el elemento territorial de la inhabilidad, dado
que “se refiere a situaciones que acontezcan en la circunscripción en la cual

3 Vistoen el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 2333 000 2024 00026 00.

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deba efectuarse la respectiva elección, es por esto, que el señor Carlos
Andrés Collazos Silva, aun cuando habiendo ejecutado un contrato de
servicios profesionales, este se suscribió para el Departamento del Meta, el
cual no pertenece a la estructura administrativa de la Alcaldía de
Villavicencio, ni mucho menos al Concejo Distrital”.

En cuanto a la configuración del elemento subjetivo para decretar la pérdida
de investidura, sostuvo que no estaba configurado, por cuanto, “con
antelación a la inscripción de la candidatura para ocupar el cargo de concejal
en el municipio de Villavicencio, Meta, el señor Carlos Andrés Collazos Silva,
busco asesoría experta en derecho público electoral con el fin de verificar si
existía algún tipo de impedimento legal para desempeñarse en el
mencionado cargo. Si bien es cierto que mi representado ostenta la
profesión de abogado, también lo es que, no es de su experticia el campo
electoral”.

Acotó que, producto de lo anterior, el señor Collazos Silva acudió a la firma
de abogados “Germán Muñoz Murcia & Abogados Asociados S.A.S” y al
abogado Juan Eugenio Pinzón Ortiz como expertos en derecho público
electoral.

Indicó que, “tanto la firma de abogados como el abogado en particular
mencionado, le expidieron un concepto verbal a mi representado dándole
la viabilidad, por estar su candidatura acorde con la normatividad y
jurisprudencia expedida por las altas cortes. // Si bien, dichos conceptos no
fueron entregados a mi representado de forma escrita, lo cual no es
obligatorio en el ejercicio de una profesión liberal, el suscrito apoderado
manifiesta expresamente que dicha situación existió y que los mismos
profesionales del derecho están a plena disposición del presente proceso
judicial con el fin de declarar bajo la gravedad de juramento en un

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testimonio que los hechos relatados corresponden a la verdad. Lo anterior,
es indicativo de la ausencia de una conducta dolosa por parte de mi
representado en la inscripción de la candidatura al Concejo de Villavicencio,
y a la posterior posesión en el cargo. Es por ello que, el factor subjetivo que
debe analizarse en cada caso en concreto, donde se examina la conducta
del miembro de determinada corporación pública no puede ser desfavorable
aquí, sino que, por el contrario, llevaría a la exoneración de cualquier tipo
de causal de pérdida de investidura que pueda prosperar”.

En cuanto al dolo, expuso que, “para el momento de la inscripción como
candidato al Concejo del Municipio de Villavicencio, Carlos Andrés Collazos
Silva, no conocía que la celebración del Contrato 0943 del 7 de mayo de
2019 con la Gobernación del Meta, podría generar una presunta inhabilidad,
pues, siempre tuvo la convicción de buena fe y de acuerdo con la asesoría
legal recibida, que no se configuraba el elemento territorial al ser el
Departamento del Meta una entidad distinta al Municipio de Villavicencio y
porque se ejecutó en el Municipio de Restrepo, es decir, no se estructura el
conocimiento ni mucho menos la intención de vulnerar el régimen de
inhabilidades”.

En relación con la culpa grave, anotó que, “previo a la inscripción como
candidato al Concejo de Villavicencio, mi representado fue diligente, pues,
solicitó conceptos a los abogados señalados, quienes son personas con
gran prestigio y conocimiento en materia de inhabilidades electorales y
todos coincidieron en que no se estructuraba el factor territorial y por lo
tanto no estaba inhabilitado para postularse a la elección como Concejal
del Municipio de Villavicencio”.

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Solicitante: Carlos Alberto Martínez Patiño

2.- La sentencia de primera instancia4

El Tribunal Administrativo del Meta negó la solicitud de pérdida de
investidura en sentencia proferida el 11 de abril de 2024.

Como razones de la decisión, explicó que estaba probado que el señor
Collazo Silva suscribió el 7 de mayo de 2019 el contrato de prestación de
servicios nro. 0943 con el Departamento del Meta; que resultó elegido
concejal del Municipio de Villavicencio para el período constitucional 2020-
2023 y que el 2 de octubre de 2020 el Tribunal Administrativo del Meta
declaró la nulidad de la elección como concejal (decisión que no fue
apelada) por estar reunidos los requisitos de la inhabilidad prevista en el
numeral 3 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

Expuso que el elemento objetivo estaba configurado porque el señor
Collazos Silva “violó el régimen de inhabilidades cuando aspiró y resultó
elegido como concejal de Villavicencio; intelección que se advierte por lo
decidido por este mismo Tribunal en la sentencia del 2 de octubre de
2020, donde se estudió la demanda de nulidad electoral (Radicación
50001233300020190045600) en la cual se estableció que al celebrar el
Contrato de Prestación de Servicios nro. 0943 del 7 de mayo de 2019 con
el Departamento del Meta, incurrió en la causal prevista en el numeral 3
del artículo 40 de la Ley 617 de 2000 que modificó el artículo 43 de la Ley
136 de 1994, lo que conlleva, en principio, la configuración de la causal
de pérdida de investidura consagrada en el numeral 6º del artículo 48 de
la Ley 617 de 2000”.

4 Vistoen el índice 51 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 2333 000 2024 00026 00.

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Manifestó que “acreditada la estructuración fáctica de la causal”, era
procedente examinar la configuración del elemento subjetivo y, para ello,
señaló que, si bien el señor Collazos Silva celebró el contrato de prestación
de servicios nro. 0943 el 7 de mayo de 2019 con el Departamento del
Meta dentro del año anterior a la elección como concejal del Municipio de
Villavicencio, también lo es que dentro del plenario se demostró que “su
actuación se encuentra justificada en la buena fe calificada, por cuanto,
acreditó que previo a la firma del referido contrato realizó gestiones
tendientes a establecer si la suscripción de dicho acto contractual le podría
acarrear inhabilidad alguna para acceder a un cargo político de elección
popular, esto es, indagó con dos (2) abogados especialistas en materia
penal y de derecho público, sobre dicha situación, los cuales le indicaron
que de acuerdo con sus conocimientos en materia electoral no existía
inhabilidad alguna; específicamente, porque el contrato se suscribiría con
el Departamento del Meta y el cargo de concejal sería en el Municipio de
Villavicencio”.

Agregó que, en efecto, los abogados Germán Muñoz Murcia y Juan
Eugenio Pinzón Ortiz, “a quienes elevó sus consultas, fueron llamados a
declarar en este proceso, quienes en la audiencia de pruebas llevada a
cabo el 13 de marzo de 2024, rindieron sus testimonios”.

Luego de transcribir los precitados testimonios, consideró que “dichas
declaraciones no fueron tachadas por la parte actora; segundo, fueron
contestes en indicar que el demandado acudió a ellos previo a suscribir el
contrato de prestación de servicios con el Departamento del Meta, con el
fin de absolver la duda que le asistía sobre la posibilidad de que al celebrar
el citado acto contractual pudiera quedar inhabilitado para aspirar al cargo
de Concejal del Municipio de Villavicencio, frente a lo cual los citados
abogados, de acuerdo con su experticia y conocimiento del tema electoral,

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le afirmaron de manera categórica que no se inhabilitaba, con tal
proceder, por la independencia que se daba entre los dos entes
territoriales”.

Resaltó que “para la Sala surge de manera clara que el demandado actuó
bajo buena fe calificada, pues, a pesar de ostentar la profesión de
abogado, fue diligente y cuidadoso para proceder a suscribir el contrato
acudiendo a buscar el consejo o concepto de otros profesionales que, de
acuerdo con los testimonios rendidos, eran expertos y asesoraban sobre
el mismo tema”.

En consecuencia, concluyó que “el demandado actuó convencido de que
su conducta no resultaba contraria al ordenamiento jurídico -es decir, no
se configura el elemento cognoscitivo del dolo-, esto es, no se dio un
vínculo intelectivo entre el agente infractor y su conducta en calidad de
dolo, que excusablemente actuó bajo la buena fe calificada por el
asesoramiento previo buscado el cual, de contera, implica que su
conducta tampoco puede ser entendida como gravemente culposa, pese
a que incurrió en la inhabilidad prevista en numeral 3º del artículo 40 de
la Ley 617 de 2000, como objetivamente lo sentenció el Tribunal
Administrativo del Meta en el correspondiente proceso electoral”.

Por último, añadió que “para afianzar la anterior intelección de la Sala
basta referir que, incluso, el Tribunal Administrativo del Meta en
providencia de enero 17 de 2020 optó por una interpretación afín con lo
vislumbrado por los abogados que asesoraron al demandando, en el
sentido de interpretar que no era claro que concurriera el factor territorial
para configurar la causal de inhabilidad y, por ello, al momento de resolver
la medida de suspensión provisional de la elección del señor Collazos Silva
como Concejal del Municipio de Villavicencio, período 2020-2023,

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despachó negativamente este pedimento, pues de acuerdo con los
informes de actividades del referido contrato las mismas fueron
ejecutadas en el Municipio de Restrepo, Meta”.

3.- El recurso de apelación presentado por el solicitante5

Alegó que, tal como lo manifestó el tribunal de instancia, el señor Collazos
Silva pidió un “consejo” a los profesionales del derecho con los que
conversó, de manera que, “(…) de haberles solicitado “un concepto
jurídico” muy seguramente los abogados (…) hubieran emitido un
“diagnostico” con mayor profundidad, basados en lo normado por la
Constitución, la ley y jurisprudencia, como fuente formal y material del
derecho, pero dichos profesionales dieron su concepto, según su
interpretación, que para el caso que nos ocupa lo hicieron de manera
errónea (…)”.

Sostuvo que el acusado es abogado y tiene 16 años de experiencia
profesional, por lo que actuó con ignorancia supina, desatención
elemental y violación manifiesta de las reglas de obligatorio cumplimiento.

Afirmó que si el señor Collazos Silva hubiese estado seguro sobre el
“consejo” dado por los abogados que consultó “(…) hubiera contratado los
servicios profesionales de éstos togados para que asumieran la defensa
de sus intereses y así defendieran la tesis o su postura sobre la “ausencia
de inhabilidad” dentro de la demanda de nulidad electoral, pero ello no
ocurrió, ya que buscó los servicios profesionales de otro abogado (…)”.

5 Vistoen el índice 54 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 2333 000 2024 00026 00.

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Solicitante: Carlos Alberto Martínez Patiño

Reprochó que el elemento subjetivo sí estaba configurado puesto que el
señor Collazos Silva es abogado desde hace 16 años, por lo que “debía
saber cuáles eran las causales de inhabilidad establecidas por la
Constitución y la Ley para las personas que aspiran o aspiraban a ser
elegidas como concejales (…) , o al menos haber hecho un análisis o
estudio de las mismas, y para ello debió acudir a la jurisprudencia, como
fuente formal y material del derecho, que es el conjunto de providencias
o normas dictadas por los altos tribunales, los cuales desatan casos
iguales y deciden de manera uniforme los mismos, lo que le confiere una
gran importancia y fuerza vinculante, es decir para el caso que nos ocupa,
el señor collazos silva actuó de manera negligente”.

4.- El recurso de apelación fue concedido el 9 de mayo de 20246.

5.- Trámite de segunda

5.1. El expediente fue asignado a esta Sección por acta de reparto del 21
de mayo de 20247 e ingresó al despacho el 24 de mayo de 20248.

5.2. Por auto del 28 de mayo de 2024 se admitió el recurso de apelación
y se rechazaron las pruebas allí pedidas9.

6
Visto en el índice 57 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 2333 000 2024 00026 00.
7
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 2333 000 2024 00026 01.
8 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 50001 2333 000 2024 00026 01.
9
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 2333 000 2024 00026 01.

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5.3. Por escrito del 31 de mayo de 202410, el apoderado del acusado se
pronunció frente al recurso de apelación y señaló que el objeto del litigio
radicó en determinar si debía sancionarse al señor Collazos Silva con
pérdida de investidura por obrar con dolo o culpa grave al momento de
inscribirse como candidato al concejo de Villavicencio.

Precisó que con los testimonios decretados y practicados en el proceso,
quedó probado que el señor Collazos Silva no obró con dolo o culpa grave
al momento de inscribir su candidatura al Concejo de Villavicencio “pues
buscó, antes de celebrar el contrato de prestación de servicios
profesionales número 0943 de 2019 suscrito con la Gobernación del Meta,
la asesoría de dos abogados expertos en derecho público y electoral, para
consultarles si su celebración podría ser una causal de inhabilidad en el
futuro para aspirar con posterioridad al mencionado cargo. // Los testigos
que rindieron testimonio, ambos abogados, por su idoneidad, experiencia
y competencia en el tema objeto de la consulta contestaron que no se
configuraba ninguna causal de inhabilidad para aspirar al cargo y que
podía, bajo su concepto, suscribir el mencionado contrato”.

Controvirtió que “corroboran los testigos, como abogados con amplia
experiencia en el derecho público, trayectorias en cargos públicos
importantes en las distintas ramas del poder, experiencia académica y
experticia en derecho electoral, que resulta imposible en el mundo del
derecho moderno que un abogado por el simple hecho de serlo sea
experto en todas las áreas o especialidades, lo que lleva a desvirtuar la
presunción del demandante de que el Sr. Collazos, por el simple hecho de
ser un profesional en derecho tenía que conocer con exactitud el régimen

10 Vistoen el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 2333 000 2024 00026 01.

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de inhabilidades e incompatibilidades, así como las interpretaciones sobre
la aplicación de los distintos factores objetivos y subjetivos al respecto”.

Afirmó que no existe prueba que permita inferir que el señor Collazos
Silva al momento de inscribirse como candidato al Concejo de
Villavicencio actuó con dolo o culpa grave.

Adujo que, por el contrario, y a pesar de que la carga de la prueba
corresponde al solicitante, la defensa del acusado demostró con los
testimonios de los señores Germán Muñoz y Juan Eugenio Pinzón que el
acusado “no obró con dolo pues no conocía la infracción (es decir, la
inhabilidad futura) y tampoco quiso su realización”.

Afirmó que los conceptos rendidos por los abogados produjeron en el
señor Collazos Silva “el convencimiento genuino y de buena fe que no
había inconveniente alguno en celebrar un contrato con la Gobernación
del Meta dado que no se configuraba el factor territorial ante una eventual
candidatura la Concejo de Villavicencio”.

Acotó que “el Sr. Collazos siempre tuvo la convicción de buena fe y de
acuerdo con la asesoría legal recibida, que no se configuraba el elemento
territorial al ser el Departamento del Meta una entidad distinta al
Municipio de Villavicencio. No se estructura entonces el conocimiento ni
mucho menos la intención de vulnerar el régimen de inhabilidades. Más
aún, si se tiene en cuenta que los hechos en su momento no tenían una
interpretación clara, pues, nótese que el mismo Tribunal en primera
Instancia al resolver la suspensión provisional del acto de elección dentro
del medio de control de nulidad electoral con radicado nro.
50001233300020190045600 mediante auto del 17 de enero de 2020,

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negó la suspensión del acto administrativo como medida cautelar al
considerar que no se cumplía con el presupuesto territorial”.

5.4. El expediente ingresó a despacho para fallo el 17 de junio de 202411.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.- Competencia de la Sección

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación
interpuesto contra las sentencias proferidas en procesos de pérdida de
investidura de concejales y diputados, acorde con lo previsto por el
parágrafo 2 del artículo 48 de la Ley 617 de 200012 y con base en lo
establecido por el numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12
de marzo 201913 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones14.

2.- Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura

11
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 2333 000 2024 00026 01.
12 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario

1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para
la racionalización del gasto público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48, establece
que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las pérdidas de
investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales Administrativos.
13
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1° de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
14
“Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de
repartimiento, los asuntos de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se
distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen
de trabajo, así: Sección Primera: (…)5. El recurso de apelación contra las sentencias de
los Tribunal es sobre pérdida de investidura (…)”.

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Radicación: 50001 23 33 000 2024 00026 01
Solicitante: Carlos Alberto Martínez Patiño

Para acreditar que el señor Carlos Andrés Collazos Silva fue elegido
concejal del Municipio de Villavicencio, Meta, para el período
constitucional 2020 – 2023, la parte actora aportó copia del formulario E-
26 CON15 en el que consta que se declararon electos como concejales de
dicho municipio, entro otros, al señor Carlos Andrés Collazos Silva.

3.- Análisis de la Sala

En el asunto bajo examen, el solicitante pretende que se decrete la
pérdida de investidura del señor Carlos Andrés Collazos Silva como
concejal del Municipio de Villavicencio para el período constitucional 2020
– 2023 por incurrir en la inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo
40 de la Ley 617 de 2000, por cuanto el 7 de mayo de 2019 suscribió el
contrato de prestación de servicios nro. 0943 con el Departamento del
Meta, el cual se ejecutó en el Municipio de Villavicencio.

El Tribunal Administrativo del Meta, en sentencia proferida el 11 de abril
de 2024, negó el decreto de la pérdida de investidura. En relación con el
elemento objetivo señaló que estaba cumplido porque en sentencia
proferida por dicho tribunal el 2 de octubre de 2020 se declaró la nulidad
de la elección como concejal del señor Collazos Silva por estar incurso en
la inhabilidad prevista por el numeral 3 del artículo 40 de la Ley 617 de
2000. Sin embargo, frente al elemento subjetivo indicó que no estaba
configurado, dado que se probó que el señor Collazos Silva actuó con
buena fe calificada por cuanto, previó a suscribir el contrato nro. 0943,
consultó a los abogados Germán Muñoz Murcia y Juan Eugenio Pinzón
Ortiz, quienes en los testimonios rendidos en este proceso aseguraron

15 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 50001 2333 000 2024 00026 01.

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Radicación: 50001 23 33 000 2024 00026 01
Solicitante: Carlos Alberto Martínez Patiño

que le manifestaron que la suscripción del contrato no lo inhabilitaba para
ser candidato al concejo por el Municipio de Villavicencio.

El solicitante apeló la decisión, con el fin de controvertir que el elemento
subjetivo sí está configurado, puesto que el señor Collazos Silva pidió un
“consejo”, por lo que de haber pedido un “concepto jurídico”,
seguramente los abogados hubiesen emitido un “diagnóstico” con
fundamento en la ley y la jurisprudencia, pero lo hicieron teniendo en
cuenta su propia interpretación que era errónea. Agregó que el señor
Collazos Silva debía conocer cuáles eran las causales de inhabilidad, o al
menos, analizarlas con fundamento en la jurisprudencia.

En ese contexto, el objeto de apelación radica en la configuración del
elemento subjetivo, para lo cual se deberá examinar si la conducta del
señor Collazos Silva estuvo justificada o no en la buena fe calificada con
ocasión de los conceptos que solicitó a los precitados abogados.

Sobre la configuración del elemento subjetivo

La Corte Constitucional, en la sentencia SU-424 de 2016, explicó que,
“(…) debido al carácter sancionatorio de la pérdida de investidura, esta
figura “está sujeta, de manera general a los principios que gobiernan el
debido proceso en materia penal, con las modulaciones especiales que
son necesarias para la realización de sus fines constitucionales”. En ese
orden de ideas, las garantías básicas del debido proceso, son aplicables
en estos trámites, siempre bajo una interpretación adecuada a los fines
propios que lo caracterizan (…)”16.

16 Corte Constitucional. Sentencia SU- 424 del 11 de agosto de 2016. M.P. Gloria Stella

Ortíz Delgado.

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15

Radicación: 50001 23 33 000 2024 00026 01
Solicitante: Carlos Alberto Martínez Patiño

En la referida sentencia, la Corte Constitucional precisó que “los principios
del derecho sancionatorio incluyen el principio de legalidad, tipicidad,
aplicación de la ley más favorable, non bis in ídem, y la presunción de
inocencia hasta no ser declarado culpable. De este último principio, se ha
derivado el principio de culpabilidad, que en el ámbito penal hace
referencia a la necesidad de demostrar una responsabilidad subjetiva en
la comisión de un delito”17. (destacado en la providencia)

En ese sentido, el elemento subjetivo de la pérdida de investidura deriva
de la presunción de inocencia que tiene su fundamento en el artículo 29
de la Constitución Política; entonces, la culpabilidad implica que deba
estar acreditada la responsabilidad subjetiva del acusado para la
estructuración de la causal, por ello, la culpabilidad consiste en efectuar
un juicio de reproche sobre la conducta del implicado18.

Con la entrada en vigencia de la Ley 1881 del 15 de enero de 2018 y la
modificación introducida por la Ley 2003 de 2019, el análisis de la
conducta debe hacerse bajo los parámetros de dolo o culpa grave. El
primer concepto atañe a la intención positiva de realizar la conducta que
lesiona el interés jurídico; entretanto, el segundo está ligado a la
diligencia debida para el desarrollo de determinada actividad.

Al respecto, el artículo 63 del Código Civil define la culpa grave así: “(…)
no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas
negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios”,

17
Ibidem.
18
Corte Constitucional. Sentencia C-181 del 13 de abril de 2016. M.P. Gloria Stella Ortíz
Delgado.

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16

Radicación: 50001 23 33 000 2024 00026 01
Solicitante: Carlos Alberto Martínez Patiño

y el dolo como “la intención positiva de inferir injuria a la persona o
propiedad de otro”.

En este caso, la solicitud de pérdida de investidura fue radicada el 25 de
enero de 202419, por ende, ya había entrado en vigor la Ley 2003 del 19
de noviembre de 2019, que modificó el artículo 1 de la Ley 1881 de
201820, la cual dispuso que el proceso sancionatorio de pérdida de
investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva, y que la acción se
ejercerá contra los congresistas [léase para el caso concejal] que con su
conducta dolosa o gravemente culposa hubieran incurrido en una de las
causales de pérdida de investidura previstas en la Constitución. A su vez,
el artículo 22 de la Ley 1881 de 2018 estableció que las disposiciones
contenidas en esta ley se aplicarán en lo que sea compatible a los
procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados.

De contera, el caso debe estudiarse a la luz de dicha regla, toda vez que
este proceso judicial sancionatorio implica en la actualidad un juicio de
responsabilidad subjetivo que obliga al juzgador a hacer un análisis de la
culpabilidad del investigado21.

En ese escenario, la Sala advierte que el señor Collazos Silva suscribió
voluntariamente el contrato de prestación de servicios nro. 0943 con el
Departamento del Meta, por lo que el acusado incurrió en la conducta
reprochada [suscripción del contrato] de manera intencional.

19 Vistoen el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 2333 000 2024 00026 01.
20
“Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los
Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras
disposiciones”.
21
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 8 de
octubre de 2019. C.P. Alberto Montaña Plata. Expediente radicación nro. 11001 03 15
000 2018 02417 01 (PI).

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17

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Solicitante: Carlos Alberto Martínez Patiño

Ahora, el tribunal de primera instancia consideró que, si bien el acusado
suscribió el contrato de prestación de servicios nro. 0943, actuó con
buena fe calificada, dado que, de manera previa a la suscripción, consultó
a dos abogados que le refirieron que dicha circunstancia no lo inhabilitaba
para ser concejal del Municipio de Villavicencio.

Al respecto, la Sección Primera de la Corporación ha explicado que,
aunque, al tenor del artículo noveno del Código Civil, la ignorancia de la
ley no sirve para excusar su transgresión, hay por lo menos dos eventos
en los cuales sí se configura una razón que puede justificar la conducta
prohibida, porque implican que el accionado actúa con buena fe calificada
y en presencia de un error invencible, verbigracia: (i) cuando los jueces
han interpretado la disposición de una manera y luego modifican su
criterio, lo que puede afectar el principio de confianza legítima, y (ii)
cuando, precisamente para evitar esa ignorancia, la persona se asesora
de un profesional idóneo y este le aconseja mal; ello siempre y cuando
no haya claridad en relación con el punto que se discute para la
configuración de la causal de pérdida de investidura, dado que, si ésta es
clara, no suple la falta de diligencia el hecho de solicitar un concepto.

Valga indicar que no basta para exonerarse argumentar la buena fe
simple, pues quien aspira a ser elegido a un cargo de elección popular
está en la obligación de conocer y asesorarse adecuadamente de los
deberes que el cargo le impone, cuáles son las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y de conflicto de intereses, más cuando se trata de
verificar que no se incurra en conductas que tienen como consecuencia la
nulidad de la elección, o la pérdida de investidura. Es esa la razón por la
cual la Sala exige que, para acreditar esta falta de conocimiento, el actor
no alegue simplemente que obró de buena fe, sino que debe acreditar que

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Radicación: 50001 23 33 000 2024 00026 01
Solicitante: Carlos Alberto Martínez Patiño

obró de buena fe calificada, motivado por un error invencible, en la
medida en que actuó́ de conformidad con la jurisprudencia que estaba
vigente para la época, o que se asesoró́ adecuadamente de abogados
idóneos en un asunto que es objeto de debate, no obstante, lo cual
incurrió en la conducta reprochable.

Para determinar si en este caso está acreditada la buena fe calificada, la
Sala examinará los testimonios recibidos en este proceso por los
abogados consultados por el acusado22:

En cuanto al testimonio del abogado Germán Muñoz Murcia23:

“[…] Manifestó que era abogado, especialista en derecho
administrativo, derecho público, contratación pública, penal y
criminología, que tenía una firma de abogados en el Departamento del
Meta. Preguntado por el magistrado si conocía el motivo de la
declaración, respondió que en el año 2019 el señor Collazos Silva lo
llamó para que le diera una cita en la oficina, y solicitó que si le puede
atender una consulta frente a un contrato que iba a realizar, en su
momento le otorgué una cita en mi oficina y ese fue el objeto de la
cita en su momento. Preguntando en qué fecha se produjo, contestó
que eso fue a inicios del año 2019, no le podría decir la fecha exacta,
pero fue entre abril y mayo de 2019 más o menos. Preguntado por si
para esa época el señor Collazos ya era candidato al concejo,
respondió que no. Preguntado por el concepto que se solicitó,
respondió que el objeto de la consulta fue que él iba a suscribir un
contrato con el Departamento del Meta y él quería tener la certeza de
que si él deseaba aspirar a un cargo de elección popular por
Villavicencio, que si suscribía un contrato con el Departamento del
Meta lo inhabilitaba para poder aspirar, ese fue el objeto de la consulta
concretamente, o sea para la época incluso no había firmado ni
siquiera el contrato. Preguntado por lo que le dijo al señor Collazos,
respondió que tenía que remitirse a las inhabilidades e
incompatibilidades para aspirar a ser concejal, lógicamente en su
momento leímos la norma, artículo 43 de la Ley 136 de 1994, donde
taxativamente dice el evento que él me estaba preguntando, para mí
fue una respuesta, en mi concepto muy sencilla, la consulta se la di,

22 Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 2333 000 2024 00026 00.
23 Ibidem.

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Radicación: 50001 23 33 000 2024 00026 01
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le coloqué ejemplos, pues lógicamente él tenía la discusión si él podía
aspirar al concejo suscribiendo un contrato con el Departamento del
Meta y pues lógicamente mi conclusión en este escenario de mi
profesión liberal que tengo como abogado y asesor pues le dije que
para mí la norma no lo inhabilitaba porque él no iba a suscribir un
contrato ni a ejecutar un contrato ni en la ciudad de Villavicencio ni el
contratante iba a ser el Municipio de Villavicencio, sino que el
contratante y el ordenador del gasto iba a ser el Departamento del
Meta, por lo tanto la norma era muy clara cuando hablaba en el
numeral 3 de que pues no había lugar pues para ese efecto hay
conceptos de la Función Pública donde habla que se puede incurrir en
esta inhabilidad cuando se suscribe un contrato en el lugar por el cual
usted va a ser elegido, digamos que la consulta fue muy sencilla, muy
breve porque es una cosita que yo a menudo en estos tiempos que yo
asesoro es fácil para mí darla porque me consultan mucho sobre
inhabilidad e incompatibilidades para aspirar bien sea a concejal, bien
sea para ser alcalde, diputado, gobernador (…) ese fue el objeto de la
respuesta.

Preguntado por el apoderado de la parte acusada sobre las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que el señor Collazos
acude hacer una consulta jurídica, respondió que reitero nuevamente,
prácticamente es lo mismo que dije al inicio de la diligencia, a
comienzos de 2019, creo que fue entre abril y mayo, no recuerdo la
fecha, el objeto fue una llamada del doctor Collazos que si yo le podía
recibir en la oficina que necesitaba hacerme una consulta, coordiné la
fecha, no fue inmediata, pero recuerdo que concretamos la cita, fue
en mi oficina, y la pregunta del doctor Collazos estaba encaminada
que él tenía algunas aspiraciones al concejo, pero que de pronto y es
normal que en el escenario laboral que de pronto le salía un contrato
para suscribir con el Departamento del Meta y que si ese contrato lo
inhabilitaba para aspirar a cargo de concejal en Villavicencio,
automáticamente le dije que para mi concepto no le genera ninguna
inhabilidad ni incompatibilidad, e incluso analizamos la posibilidad de
inhabilidades sobrevinientes, pero revisé la norma, le expliqué,
textualmente le leí, y le dije desde mi concepto profesional como
abogado porque consideraba que no estaba inhabilitado porque el
contrato lo iba a suscribir con el Departamento del Meta y no con el
Municipio de Villavicencio.

Preguntado por el magistrado de conocimiento sobre cuál es el
fundamento normativo para esa postura, indicó que se remite al
artículo 43 de la Ley 136 de 1994 que fue modificado por el artículo
40 de la Ley 617 de 2000, numeral 3, que dice claramente que quien
haya celebrado contrato de prestación de servicios un año anterior y
que deba ejecutarse en el lugar del territorio donde vaya aspirar, pues
lógicamente quedaría inhabilitado para ejercer ese cargo de elección

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Radicación: 50001 23 33 000 2024 00026 01
Solicitante: Carlos Alberto Martínez Patiño

popular y pues lógicamente acá la situación era muy clara, sobre eso
hay mucho pronunciamiento sobre el tema del factor territorial, tanto
el Consejo de Estado ha manifestado para traerlo acá a colación
tendría que investigarlo, pero ha sido claro con los conceptos de la
Función Pública que el único escenario para que se genere la
inhabilidad es que el contrato se suscriba y ejecute en el lugar por el
cual va a ser elegido, él tenía aspiración para la corporación pública
del Concejo Municipal de Villavicencio, el nominador no era
Villavicencio, el Municipio de Villavicencio no lo estaba contratando,
digamos que en el curso tuve conocimiento yo de que se hablaba eso
fue conocimiento público independientemente de donde se ejecutara
las actividades o no, aquí la suscripción del contrato y el ordenador
del gasto era el Departamento del Meta, no el municipio, por lo tanto
esa causal del numeral 3 de la Ley 136 de 1994, artículo 43, pues no
operaba para la preocupación que él refleja y creo, no estoy seguro,
él ya lo había consultado y creo que coincidía con lo que en su consulta
anterior ya le habían dado.

Preguntado por el apoderado de la parte solicitante que había
mencionado que el doctor Collazos lo consultó antes de suscribir el
contrato, es decir, ¿usted no conoció los términos del contrato o si los
conoció posteriormente?, respondió que la consulta estaba
encaminada a qué pasaría si suscribía un contrato con el
Departamento, independiente del contrato, solamente hablamos de
un contrato de prestación de servicios de asesoría externa, yo en su
momento sí le pregunté que cuál era el objeto del contrato, ahí en la
charla me dice que es con la secretaría de salud, pero decir que en el
momento conocí el contrato, no porque era una consulta previa y se
supone en la practica quienes estén interesados en los contratos no
les van a dar copia, ni en los estudios previos, ni de la minuta porque
lógicamente todavía no había nacido la elaboración del contrato de lo
que entendí ese día, hasta ahora pensaba era en suscribir un contrato.

Preguntado por el magistrado de conocimiento sobre que la
jurisprudencia ha dicho que el solo hecho de celebrar un contrato y
tener como producto de ese contrato unos dineros públicos ya genera
una ventaja en la contienda electoral y, de otra parte, la otra premisa
que ha tenido la jurisprudencia del Consejo de Estado es que el factor
territorial está definido por el lugar donde se ejecuta el contrato y en
el contrato se vislumbraba y es obvio que la sede principal de la
Gobernación del Meta era la ciudad de Villavicencio, entonces qué
sabía usted respecto de estas dos premisas y qué información le
traslado al doctor Collazos, respondió que en los conceptos del
Consejo de Estado, pero yo siempre he manejado mi tesis que hay un
equivoco en la interpretación del factor territorial, porque una cosa es
que las oficinas del Departamento del Meta sean Villavicencio, pero
otra cosa es que para efectos de la inhabilidad e incompatibilidad se

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21

Radicación: 50001 23 33 000 2024 00026 01
Solicitante: Carlos Alberto Martínez Patiño

ejecute un contrato en la ciudad de Villavicencio, es que la causal dice
que siempre y cuando que el contrato vaya a ejecutarse en la ente
territorial en donde va a ser concejal, esa causal daría lugar la persona
que vaya a ser diputado, por eso es taxativo (…) cosa diferente y
apartándonos de las tesis del Consejo de Estado es que usted suscriba
un contrato con el Departamento del Meta y la sede esté en
Villavicencio, la Sede es un tema administrativo (…) eso no tiene
porque afectar el factor territorial (…) incluso, posteriormente yo me
enteré que el contrato había sido ejecutado en Restrepo, mire puede
ser ejecutado en Restrepo, en Granada, Puerto López, San Martín, en
donde quiera, pero el ordenador del gasto es el Departamento del
Meta, el contrato se ejecutó con el Departamento del Meta (…) yo sí
me aparto mucho de esa tesis. Preguntado si esa crisis se la traslado
al señor Collazos, contestó claro […]”.

Frente al testimonio rendido por el abogado Muñoz Murcia, la Sala
advierte que no tiene la aptitud de justificar la conducta del acusado,
puesto que la jurisprudencia de la Sección Primera de la Corporación ha
explicado que “los conceptos jurídicos y opiniones solicitados a entidades
públicas, cuerpos u órganos consultivos, así como las asesorías jurídicas
requeridas a profesionales del derecho, se debe propender por la
formulación correcta y completa de las preguntas, con el
acompañamiento, de ser necesario, de la documentación y elementos que
permitan su debida comprensión, inquietud que debe coincidir con los
supuestos fácticos y jurídicos que son verdaderos motivos de duda y que
podrían encuadrar en la causal de pérdida de investidura; y de la
respuesta del asunto que se ha encomendado, las apreciaciones o
recomendaciones jurídicas vertidas en los conceptos y asesorías deben
ser conclusivas y contener medianos criterios de idoneidad, congruencia,
pertinencia y sustentación razonada en su elaboración, de modo tal que
de estos se desprenda un convencimiento justificado, defendible y
razonable de no estar incurso en una conducta constitutiva de pérdida de
investidura”24.

24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia

del 11 de marzo de 2021. C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón. Expediente radicado nro.
15001 2333 000 2020 00065 01.

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Radicación: 50001 23 33 000 2024 00026 01
Solicitante: Carlos Alberto Martínez Patiño

En ese contexto, del testimonio rendido por el abogado Muñoz Murcia se
desprende que el acusado lo consultó de manera previa a suscribir el
contrato y para emitir el concepto aseguró que no conoció las cláusulas
pactadas. En efecto, frente al pregunta del apoderado del solicitante,
sobre si “(…) ¿conoció los términos del contrato o si los conoció
posteriormente?, respondió que la consulta estaba encaminada a qué
pasaría si suscribía un contrato con el Departamento, independiente del
contrato, solamente hablamos de un contrato de prestación de servicios
de asesoría externa, yo en su momento sí le pregunté que cuál era el
objeto del contrato, ahí en la charla me dice que es con la secretaría de
salud, pero decir que en el momento conocí el contrato, no porque era
una consulta previa (…)”25. (Se destaca)

De modo que el abogado, al momento de emitir el concepto, desconocía
si se pactó un lugar de ejecución contractual o si las funciones pudieran
ejecutarse en el Municipio de Villavicencio, por lo que la consulta no contó
con los elementos necesarios para determinar la configuración de la
inhabilidad, más cuando está probado en este expediente que en los
estudios previos del contrato se indicó como lugar de ejecución la ciudad
de Villavicencio26.

Adicionalmente, del testimonio rendido es posible desprender que la
pregunta que formuló el acusado al abogado estuvo mal planteada, por
cuanto lo que indagó es si “suscribir” un contrato con el Departamento
del Meta lo inhabilitada para ser concejal del Municipio de Villavicencio. Al

25 Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del procesocon
radicado nro. 50001 2333 000 2024 00026 00.
26 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 50001 2333 000 2024 00026 01.

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23

Radicación: 50001 23 33 000 2024 00026 01
Solicitante: Carlos Alberto Martínez Patiño

respecto, nótese que, cuando el magistrado de conocimiento en primera
instancia le preguntó sobre el objeto de la consulta, el abogado respondió
que “la consulta fue que él iba a suscribir un contrato con el Departamento
del Meta y él quería tener la certeza de que si él aspiraba a un cargo de
elección popular por Villavicencio, que si suscribía un contrato con el
Departamento del Meta lo inhabilitaba para poder aspirar, ese fue el
objeto de la consulta”27. (Se destaca)

Sin embargo, la inhabilidad que en el medio de control de nulidad electoral
como en este proceso se le endilga al acusado y a la cual el propio
abogado Muñoz Murcia se refirió en el testimonio, es la prevista en el
numeral 3 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000 que establece que no
podrá ser concejal quien, dentro del año anterior a la elección, haya
celebrado contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés
propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o
cumplirse en el respectivo municipio o distrito. De manera que,
independientemente de la entidad pública con la que se celebre el
contrato, lo que da lugar a la inhabilidad es que, además, el mismo se
ejecute en el municipio en el que se aspira a ser concejal; así mismo, se
insiste, la propia norma resalta el hecho que puede ser una entidad de
cualquier nivel.

Explicado en otras palabras, el acusado preguntó si la inhabilidad se
configuraba por “suscribir” un contrato con el Departamento del Meta,
cuando la inhabilidad, de acuerdo con lo previsto en la ley, se configura
teniendo también en cuenta el lugar de ejecución del contrato, por lo que
la pregunta sobre la entidad con la que se iba a suscribir el contrato no

27 Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 2333 000 2024 00026 00.

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Radicación: 50001 23 33 000 2024 00026 01
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era determinante para la estructuración de la inhabilidad; en esa medida,
es que la consulta estuvo mal formulada por parte del acusado.

Asimismo, pese a la experticia que el abogado Muñoz Murcia manifestó
tener sobre estos asuntos, frente a la pregunta del magistrado de
conocimiento de primera instancia sobre el fundamento normativo para
sustentar el concepto, el abogado respondió que “el Consejo de Estado
ha manifestado para traerlo acá a colación tendría que investigarlo, pero
ha sido claro con los conceptos de la Función Pública que el único
escenario para que se genere la inhabilidad que el contrato se suscriba y
ejecute en el lugar por el cual va a ser elegido, él tenía aspiración para la
corporación pública del Concejo Municipal de Villavicencio, el nominador
no era Villavicencio, el Municipio de Villavicencio no lo estaba contratando,
digamos que en el curso tuvo conocimiento yo de que se hablaba eso fue
conocimiento público independientemente de donde se ejecutara las
actividades o no, aquí la suscripción del contrato y el ordenador del gasto
era el Departamento del Meta, no el municipio, por lo tanto esa causal del
numeral 3 de la Ley 136 de 1994, artículo 43, pues no operaba”28 (se
destaca).

Lo anterior quiere significar que, como fundamento jurídico del concepto,
el abogado no tuvo en cuenta el lugar de ejecución del contrato, pese a
que de manera previa manifestó en el testimonio que el Consejo de Estado
“ha sido claro con los conceptos de la Función Pública que el único
escenario para que se genere la inhabilidad que el contrato se suscriba y
ejecute en el lugar por el cual va a ser elegido”. De este modo, lo que
tuvo en cuenta fue con qué entidad se suscribió el contrato y quién era el
ordenador del gasto.

28 Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 2333 000 2024 00026 00.

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Hasta lo aquí expuesto, es posible concluir que el concepto emitido por el
profesional del derecho partió de una formulación incorrecta de la
pregunta; no estuvo acompañado de la documentación necesaria para
emitirlo, puesto que no se revisó los estudios previos y el clausulado del
contrato, lo cual evidentemente sí era posible antes de suscribirlo;
adicionalmente, se advierte que la consulta no radicó en los elementos
para la configuración de la inhabilidad, esto es, el lugar de ejecución del
contrato, sino que la asesoría radicó en observar cuál era la entidad con
la que se suscribió el contrato, aspecto que no comprende todos los
supuestos para determinar si estaba o no inhabilitado, por lo que,
siguiendo el criterio jurisprudencial de la Sección Primera citado en
precedencia, dicho concepto no tiene la entidad para justificar la conducta
del acusado en la buena fe calificada.

Por último, la Sala observa que le asiste razón al apelante cuando
controvirtió que el concepto se fundamentó en la interpretación del
profesional del derecho, y no en la ley y la jurisprudencia sobre la
configuración de la inhabilidad, dado que el abogado Muñoz Murcia, en el
testimonio frente a la pregunta del magistrado de conocimiento sobre lo
que ha dicho la jurisprudencia respecto de la inhabilidad, respondió que
“en los conceptos del Consejo de Estado, pero yo siempre he manejado
mi tesis que hay un equivoco en la interpretación del factor territorial,
porque una cosa es que las oficinas del Departamento del Meta sean
Villavicencio, pero otra cosa es que para efectos de la inhabilidad e
incompatibilidad se ejecute un contrato en la ciudad de Villavicencio, es
que la causal dice que siempre y cuando que el contrato se ejecute en la
ente territorial en donde va a ser concejal, esa causal daría lugar la
persona que vaya a ser diputado, por eso es taxativo (…) cosa diferente
y apartándonos de las tesis del Consejo de Estado es que usted suscriba

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un contrato con el Departamento del Meta y la sede esté en Villavicencio
(…) eso no tiene porque afectar el factor territorial (…) yo sí me aparto de
esa tesis. Preguntado si esa crisis se la traslado al señor Collazos, contestó
claro”29.

En ese sentido, la asesoría jurídica se fundamentó en el propio
entendimiento que el abogado tiene sobre la configuración de la
inhabilidad aquí endilgada, además, con la plena conciencia que su
interpretación y el concepto emitido era contraria a la jurisprudencia del
Consejo de Estado, como bien lo indicó en el testimonio, circunstancia
que, como lo aseguró, se la comentó al acusado. Es decir, lo que permite
evidenciar el propio testimonio del abogado Murcia Muñoz es que el
acusado actuó a sabiendas que el concepto jurídico que le indicaba que
no estaba inhabilitado era contrario a la jurisprudencia, lo que de ninguna
manera puede justificarse en la buena fe calificada proveniente de un
error invencible.

En cuanto al testimonio del abogado Juan Eugenio Pinzón Ortiz30:

“[…] Preguntado por el magistrado de conocimiento sobre qué
contacto tuvo con el señor Collazos respecto del tema de la posible
inhabilidad en la época de la campaña de 2019, respondió que en una
ocasión eso fue creo que fue como en febrero o marzo de 2019 antes
de inscribirse, él me comentó que de pronto iba a celebrar un contrato
como asesoría externa de la secretaría creo que era de salud si no
estoy mal, era como una secretaría y que era del departamento que
si de pronto eso lo inhabilitaba para de pronto aspirar al concejo de
Villavicencio, entonces yo le manifesté, de acuerdo al conocimiento
que tengo, que eso no lo inhabilitaba porque la tarea que él iba hacer
era una asesoría externa y esto era con el departamento que no tenía
jurisdicción dentro del municipio porque incluso el municipio tiene su
propia secretaría de salud, entonces que esto no tenía nada que ver

29 Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 2333 000 2024 00026 00.
30 Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 50001 2333 000 2024 00026 00.

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con las funciones del municipio, por lo tanto, en mi concepto no lo
inhabilitaba, yo le dije usted qué ha averiguado, y él me dijo yo he
leído y la verdad no me inhabilita pero pues quería estar muy seguro,
incluso me dijo por ahí estuve hablando con otro abogado que también
maneja el asunto y él me dijo que también no había, pero me dijo yo
quiero doctor estar muy seguro para de pronto hacer las cosas bien,
yo le pregunté usted que dice, me dijo yo estoy completamente seguro
que no, le dije ah bueno pues efectivamente no la hay, esa fue la
charla que tuvimos. Preguntado por cuál fue el fundamento normativo
de esa apreciación y si se lo explicó al señor Collazos, sostuvo que el
aspecto normativo es que el Código Electoral indica que está
inhabilitada para ocupar estos cargos públicos la persona (…), uno de
los numerales creo que es el tercero, que no haya ocupado cargos
dentro del municipio ni haya ejercido ningún empleo público con
jurisdicción en el municipio dentro del año inmediatamente anterior,
con base en esa apreciación y base normativa fue que yo le di el
concepto.

Preguntado por el apoderado del acusado por qué el doctor Collazos
acudió a él, en qué fecha, que le consultó, respondió que el señor
Collazos le comentó que quería aspirar al concejo, pero me están
ofreciendo un cargo en el departamento y pues quiero saber si no me
inhabilita para mis aspiraciones, le dije qué cargo es, me dijo no es
una asesoría externa y le dije ah no y en qué secretaría, entonces me
comentó y le dije no eso no lo inhabilita, me dijo seguro, yo le dije no,
usted qué piensa, y me dijo yo leí y que no, y pues yo hablé con creo
que era el doctor Muñoz, si no estoy mal, lo vi ahorita acá cuando nos
presentaron, el doctor Muñoz ya le había dado un concepto, entonces
yo le dije si ya el doctor Muñoz le había dado el concepto y usted está
seguro de eso para qué me pregunta y dijo no doctor porque de todas
maneras yo quiero estar seguro, yo sé y estoy seguro, pero el
concepto suyo me ayuda mucho, entonces yo le di mi concepto y le
dijo que no que no había ninguna inhabilidad.

Preguntado por el apoderado del solicitante sobre si la consulta se hizo
antes de firmar el contrato, contestó que creo que no la había firmado.

Preguntado nuevamente sobre el magistrado de conocimiento que en
la línea jurisprudencia del Consejo de Estado para la configuración de
esta causal se han utilizado dos elementos, uno el territorial, que
incide en la inhabilidad el hecho de que se ejecute en el territorio (…)
es decir que si el contrato se ejecuta en Villavicencio se configura la
inhabilidad y también el otro elemento de la jurisprudencia es que el
solo hecho de percibir dineros públicos producto de una contratación
pública ya genera una ventaja, la pregunta entonces va dirigida a si
eso lo estudió, lo tuvo en cuenta y si se lo traslado o no al señor
Collazos, respondió que yo sí lo he estudiado, con todo respeto del
Consejo de Estado, me aparto de ese concepto (…) la respeto y sí la

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conozco, para mi concepto, yo no me acuerdo si se lo trasmití, pero
creo que no porque no lo tocamos muy a fondo, sino que él
únicamente me indicó que lo que él iba hacer era una asesoría externa
con la gobernación y que era con la secretaría de salud y como le digo
yo sí tengo conocimiento que la secretaría de salud departamental no
tiene nada que ver con el municipio, porque ni siquiera las ESE, las
ESE las maneja el municipio mismo (…) por eso fue que le emití el
concepto, pues ya las partes no lo recuerdo muy bien porque eso fue
en el 2019 a principios de 2019 hace 5 años […]”.

Iguales consideraciones pueden hacerse frente al concepto emitido por el
abogado Pinzón Ortiz, dado que del testimonio se desprende que el
acusado nuevamente preguntó sobre si la suscripción del contrato con el
Departamento del Meta lo inhabilitaba, ello, por cuanto el abogado en
relación con la pregunta formulada por el magistrado sobre el objeto de
la consulta, respondió que consistió en que “iba a celebrar un contrato
como asesoría externa de la secretaría creo que era de salud si no estoy
mal, era como una secretaría y que era del departamento que si de pronto
eso lo inhabilitaba para de pronto aspirar al concejo de Villavicencio”.

Asimismo, el concepto tampoco versó sobre los elementos de la
estructuración de la causal, en especial, el lugar de ejecución del contrato,
dado que, como el mismo abogado lo mencionó, el concepto consistió en
indicarle que no estaba inhabilitado porque “la tarea que él iba hacer era
una asesoría externa y esto era con el departamento que no tenía
jurisdicción dentro del municipio”, y frente a la pregunta sobre el
fundamento normativo, contestó que “el Código Electoral indica que está
inhabilitada para ocupar estos cargos públicos la persona (…) que no haya
ocupado cargos dentro del municipio ni haya ejercido ningún empleo
público con jurisdicción en el municipio dentro del año inmediatamente
anterior, con base en esa apreciación y base normativa fue que yo le di
el concepto”, lo que denota a simple vista que la asesoría no tuvo relación
con los supuestos fácticos de la inhabilidad prevista en el numeral 3 del
artículo 40 de la Ley 617 de 2000, puesto que dicha causal no se refiere

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a “cargos”, sino a contratos, ni tampoco hace alusión a “jurisdicción”, sino
al lugar de ejecución de los contratos.

Cabe agregar a las razones sobre la idoneidad de los conceptos rendidos,
que la buena fe calificada se desprende del principio general “error
communis facit ius” que implica la existencia de un error que, además de
ser invencible, debe ser común a la colectividad. Al respecto, la Corte
Constitucional ha explicado que “el principio general según el cual el error
común e invencible crea derecho, constituye uno de los casos,
excepcionales dentro de nuestro ordenamiento, en los que se admite que
de la creencia errónea y de buena fe sobre la legalidad de un acto, se
puedan derivar consecuencias jurídicas avaladas por el propio
ordenamiento. La ficción de que nadie ignora la ley, no tiene alcance
absoluto, ni siquiera en derecho privado. Si en ocasiones se le reconoce
relevancia a una situación que en apariencia armoniza con el derecho
aunque en realidad lo contraviene, derivada de un error particular (como
en el caso del matrimonio putativo), el error colectivo o común genera
efectos aún más significativos, pues puede convalidar situaciones
generales que en principio son contrarias al ordenamiento. Tal es el caso
del error comunis, reconocido desde el derecho romano como fuente
generadora de derechos. La jurisprudencia ha delimitado el alcance de
este principio exigiendo, para su aplicabilidad, que el error sea
"invencible", queriendo significar con ello que, además de ser común a
muchos, hasta el más prudente de los hombres habría podido
cometerlo”31.

En ese escenario, es que la jurisprudencia de la Sección Primera de la
Corporación ha explicado que una conducta que desde el punto de vista

31 Corte Constitucional. Sentencia T – 090 de 1995. M.P.: Carlos Gaviria Díaz.

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objetivo es contraria al ordenamiento jurídico, puede estar justificada
cuando una persona busca asesoría jurídica idónea y el profesional del
derecho le aconseja mal, pero ha precisado, como se indicó en líneas
precedentes, que dicha circunstancia justifica la conducta siempre y
cuando no haya claridad en relación con el punto que se discute para la
configuración de la causal de pérdida de investidura, dado que, si ésta es
clara, no suple la falta de diligencia el hecho de solicitar un concepto; ello
es así, porque, si los elementos para la estructuración de la causal son
claros, no se trataría de un error que es común a la colectividad, principio
del cual se desprende la buena fe calificada.

Conforme con lo anotado, los conceptos pedidos por el acusado no tienen
la entidad para justificar la conducta en la buena fe calificada, no solo
porque, como se explicó, no fueron idóneos según los parámetros fijados
por la jurisprudencia de la Sección Primera, sino que tampoco se evidencia
que se trate de un “error communis facit jus”, principio del cual se
desprende la buena fe calificada, en tanto que la inhabilidad prevista en
el numeral 3 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000 es clara en establecer
que aquella se estructura teniendo en cuenta el lugar de ejecución del
contrato y refiere a contratos celebrados con entidades públicas de
cualquier nivel.

De otro lado, el tribunal de instancia, para negar la configuración del
elemento subjetivo, consideró que “incluso, el Tribunal Administrativo del
Meta en providencia de enero 17 de 2020 optó por una interpretación afín
con lo vislumbrado por los abogados que asesoraron al demandando, en
el sentido de interpretar que no era claro que concurriera el factor
territorial para configurar la causal de inhabilidad y, por ello, al momento
de resolver la medida de suspensión provisional de la elección del señor
Collazos Silva como Concejal del Municipio de Villavicencio, período 2020-

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2023, despachó negativamente este pedimento, pues de acuerdo con los
informes de actividades del referido contrato las mismas fueron
ejecutadas en el Municipio de Restrepo, Meta”32.

Al respecto, la Sala aclara que, revisada dicha providencia, el fundamento
para negar la medida cautelar en el proceso de nulidad electoral fue que
no estaba probado que el lugar de ejecución del contrato era el Municipio
de Villavicencio, pero de ninguna manera se evidencia que el tribunal
tuviese el mismo entendimiento que los abogados consultados en el
sentido que la inhabilidad no se configuraba porque el contrato se
suscribió con el Departamento del Meta; por el contrario, el tribunal refirió
como elemento que compone la inhabilidad el lugar de ejecución del
contrato, el cual estimó no estaba probado. Adicionalmente, se pone de
presente que la precitada decisión fue revocada por la Sección Quinta del
Consejo de Estado en auto del 12 de marzo de 2020, que indicó que en
los estudios previos figuraba como lugar de ejecución del contrato la
ciudad de Villavicencio y “para el cumplimiento de algunas de las
obligaciones el contrato debía ser ejecutado en Villavicencio, puesto que
la asistencia a las reuniones y comités contractuales debían realizarse en
las oficinas tanto de la Secretaría de Salud como en la Secretaría Jurídica
que quedan situadas en Villavicencio”33.Posteriormente, como se indicó,
el tribunal profirió sentencia de primera instancia, que no fue apelada, en
la que declaró la nulidad de la elección bajo consideraciones similares a
las expuestas por el Consejo de Estado.

32 Visto en el índice 51 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 50001 2333 000 2024 00026 00.

33 Vistoen el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 2333 000 2024 00026 01.

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Por último, en el escrito de pérdida de investidura, el solicitante pidió que,
como consecuencia de decretar la pérdida de investidura, “se oficie a la
Asamblea Departamental del Meta y demás autoridades
correspondientes, para que se cancele la Credencial de Diputado para el
Periodo 2024 – 2027, cargo que ostenta en la actualidad el
demandado”34; sin embargo, la Sala precisa que el objeto del proceso de
pérdida de investidura radica en determinar si está configurada o no la
causal endilgada, sin que ello implique un pronunciamiento sobre los
efectos de la declaratoria de pérdida de investidura. A lo que se agrega
que la Ley 1881 de 2018 no dispone que la sentencia deba contener un
pronunciamiento sobre los efectos de la decisión.

Conforme con lo expuesto, la Sala revocará la sentencia proferida el 11
de abril de 2024 por el Tribunal Administrativo del Meta y, en su lugar,
decretará la pérdida de investidura del señor Carlos Andrés Collazos Silva
como concejal del Municipio de Villavicencio, Meta, para el período
constitucional 2020 – 2023.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 11 de abril de 2024 por
el Tribunal Administrativo del Meta, y, en su lugar, DECRETAR LA
PÉRDIDA DE INVESTIDURA del señor Carlos Andrés Collazos Silva

34 Vistoen el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 2333 000 2024 00026 01.

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como concejal del Municipio de Villavicencio, Meta, período constitucional
2020 – 2023, conforme las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al
Tribunal de origen.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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