Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2025-00113-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2025-00113-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 50001-23-33-000-2025-00113-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación 500012333000202500113011
Recurso de apelación contra la sentencia de 24 de julio de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta
Solicitante: JOSÉ EDILSON CHALÁ ORTEGA
TESIS: CAUSALES DE IMPEDIMENTO PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 11,
NUMERALES 1 Y 4, DE LA LEY 1437 DE 2011. NO SE CONFIGURA CONFLICTO
DE INTERESES EN CABEZA DEL PRESIDENTE DE ASAMBLEA DEL META QUE
DECLARÓ LA VACANCIA ABSOLUTA DE LA CURUL DE DIPUTADO A QUIEN LE
SOBREVINO UNA INHABILIDAD, LUEGO DE QUE A AQUEL LE PRESENTARAN
SOLICITUD DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA POR HECHOS RELACIONADOS CON
DICHO TRÁMITE. SE CONFIGURA CONFLICTO DE INTERESES LUEGO DE QUE
EL DIPUTADO TRANSGREDIERA LA CAUSAL DE IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 11, NUMERAL 4, DE LA LEY 1437, Y SE
ENCONTRARA PROBADO UN INTERÉS PARTICULAR, ACTUAL Y DIRECTO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el solicitante,
a través de apoderado, contra la sentencia de 24 de julio de 2025,
proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta,
mediante la cual denegó la pérdida de investidura del señor JOSÉ
EDILSON CHALÁ ORTEGA, diputado del Meta, por hechos ocurridos
dentro del período constitucional 2024-2027.
1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las
providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta
sentencia podrán confrontarse de forma virtual.
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Número único de radicación: 50001 23 33 000 2025 00113 01
Solicitante: JOSÉ EDILSON CHALÁ ORTEGA
I.- ANTECEDENTES
I.1.- El ciudadano JOSÉ EDILSON CHALÁ ORTEGA, actuando a
través de apoderado, solicitó decretar la pérdida de investidura del
señor HÉCTOR FABIO VÉLEZ BERMÚDEZ, diputado del Meta, por
hechos sucedidos dentro del período constitucional 2024-2027, al
considerar que incurrió en la causal prevista en los artículos 48,
numeral 1, de la Ley 617 de 6 de octubre de 20002; 56 y 60, numeral
1, de la Ley 2200 de 8 de febrero de 20223; y 11, numerales 1 y 4,
de la Ley 1437 de 18 de enero de 20114, esto es por violación al
régimen de conflicto de intereses.
I.2.- En apoyo de su pretensión, el solicitante adujo, en síntesis, que
el accionado inició labores el 1o. de enero de 2025 como presidente
de la Asamblea del Meta; y que en el proceso de pérdida de
investidura con radicación 50001-23-33-000-2024-00026-01, el
Consejo de Estado, mediante sentencia de 3 de octubre de 2024,
decretó la pérdida de investidura del concejal de Villavicencio (Meta),
señor CARLOS ANDRÉS COLLAZOS SILVA, por hechos ocurridos
durante el período constitucional 2020-2023.
Relató que el 20 de enero de 2025, el accionado expidió la Resolución
10 de 20 de enero de 2025, por medio de la cual se inició
procedimiento administrativo para determinar la existencia de una
2 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de
1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional […]”.
3 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de
los departamentos […]”.
4 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo […]”.
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Número único de radicación: 50001 23 33 000 2025 00113 01
Solicitante: JOSÉ EDILSON CHALÁ ORTEGA
inhabilidad sobreviniente y la declaratoria de vacancia absoluta de la
curul del diputado CARLOS ANDRÉS COLLAZOS SILVA, lo que, a
su juicio, se hizo sin competencia y sin tener facultad constitucional,
legal o reglamentaria, pues no existe una disposición normativa que
establezca que en casos de sentencias ejecutoriadas de pérdida de
investidura deba adelantarse un procedimiento administrativo para
la determinación de una inhabilidad sobreviniente, y al no estar ello
tipificado no podía surgir un mecanismo creado por vía de
interpretación de la sentencia T-132 de 2019.
Sostuvo que el 23 de enero de 2025, el accionado, en su calidad de
presidente de la Asamblea del Meta, suscribió el contrato de
prestación de servicios 016 de 2025 con el señor JAIME ANDRÉS
LÓPEZ GUTIÉRREZ para la asesoría jurídica de la presidencia, a
pesar de que la duma ya contaba con el señor JAVIER FRANCISCO
ROMERO HERNÁNDEZ como asesor jurídico, quien se encontraba
vinculado contractualmente desde el 8 de enero de 2025.
Manifestó que el 5 de febrero de 2025, el accionado recibió
notificación, por parte del señor JOSÉ ENRIQUE MOLINA ROJAS,
de la solicitud de pérdida de investidura instaurada en su contra, con
radicación 50001-23-33-000-2025-00056-00, en la que se le
cuestionaba el procedimiento administrativo que determinaría la
existencia de una inhabilidad sobreviniente y la declaratoria de
vacancia absoluta de la curul del diputado CARLOS ANDRÉS
COLLAZOS SILVA, así como los pagos que el diputado le autorizó,
como presidente de la Asamblea del Meta, luego de la ejecutoria de
la sentencia de desinvestidura de 3 de octubre de 2024.
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Solicitante: JOSÉ EDILSON CHALÁ ORTEGA
Señaló que luego de la notificación mencionada, el accionado tenía
la obligación de declararse impedido para continuar con el
procedimiento establecido en la Resolución 10 de 2025, y, aun así,
expidió las resoluciones 33 de 24 de febrero de 2025 y 65 de 12 de
marzo de 2025, esta última después de la admisión de la solicitud de
pérdida de investidura con radicación 50001-23-33-000-2025-
00056-00, cuando debió apartar del cargo al diputado CARLOS
ANDRÉS COLLAZOS SILVA, razón por la que incumplió sus deberes
en el cargo y realizó pagos indebidos a dicho diputado.
Afirmó que el 17 de marzo de 2025, el accionado contestó la solicitud
por medio de su apoderado, el abogado JAIME ANDRÉS LÓPEZ
GUTIÉRREZ, indicando que él había adelantado el procedimiento
administrativo en contra del diputado CARLOS ANDRÉS COLLAZOS
SILVA, y en una excepción de fondo señaló que “[…] 3.2. A la fecha
de contestación de la demanda el señor Carlos Andrés Collazos Silva
aun ostenta el cargo de diputado al no haberse culminado la
actuación administrativa tendiente a declarar la vacancia definitiva
de su curul […]”. Y que el señor CARLOS ANDRÉS COLLAZOS
SILVA promovió una acción de tutela contra la Asamblea del Meta,
radicación 50001400401220250005600, respecto de la cual se
aprecian contradicciones del accionado a causa del conflicto de
intereses.
Mencionó que el abogado JAIME ANDRÉS LÓPEZ GUTIÉRREZ fue
apoderado del accionado y, a su vez, contratista de la Asamblea del
Meta; y que dentro del procedimiento administrativo del contrato 016
de 23 de enero de 2025, el accionado realizó actuaciones
administrativas sin declarar su impedimento, tales como la
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Solicitante: JOSÉ EDILSON CHALÁ ORTEGA
autorización de pago de dos períodos a su apoderado, así: i) del 24
de enero al 23 de febrero de 2025; y ii) del 24 de febrero al 23 de
marzo 2025.
Indicó que el accionado declaró la inhabilidad sobreviniente del
diputado CARLOS ANDRÉS COLLAZOS SILVA a través de la
Resolución 069 de 2025; que de esta forma incumplió los deberes
propios de su cargo, al no declararse impedido en asuntos en los que
tenía interés particular directo o indirecto; y que como el accionado
se había convertido en el ‘juez’ del diputado CARLOS ANDRÉS
COLLAZOS SILVA, luego de iniciarle el procedimiento de la
inhabilidad sobreviniente, tenía el deber ético y moral de declararse
impedido porque, a su vez, JOSÉ ENRIQUE MOLINA ROJAS solicitó
su desinvestidura en el proceso con radicación 50001-23-33-000-
2025-00056-00, por sus omisiones frente a la situación sobreviniente
del diputado CARLOS ANDRÉS COLLAZOS SILVA.
Comentó que se configuró el conflicto de interés al ser: (i) actual, ya
que se encontraba desde el día 5 de febrero de 2025, y el accionado
actuó dentro del procedimiento administrativo el 24 de febrero y 12
de marzo de 2025; (ii) particular y moral, pues también es accionado
en el proceso de pérdida de investidura adelantado en su contra por
el señor JOSÉ ENRIQUE MOLINA ROJAS, por la omisión en el caso
de CARLOS ANDRÉS COLLAZOS SILVA y el pago indebido de sus
honorarios, y que el procedimiento administrativo creado no tenía un
sustento normativo constitucional, legal o reglamentario del cual se
desprendiera un interés superior y/o general, máxime cuando el
mismo fue utilizado para su defensa en ese proceso de
desinvestidura; y (iii) directo, porque involucra de manera frontal al
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Número único de radicación: 50001 23 33 000 2025 00113 01
Solicitante: JOSÉ EDILSON CHALÁ ORTEGA
diputado presidente de la Asamblea del Meta, quien dio apertura al
procedimiento administrativo señalado y, a su vez, estaba
demandado.
Resaltó que las decisiones que el accionado expidió en el
procedimiento administrativo por la inhabilidad sobreviniente, lo
beneficiaban para robustecer su defensa dentro del proceso de
pérdida de investidura que le inició en su contra el ciudadano JOSÉ
ENRIQUE MOLINA ROJAS, toda vez que podía haber determinado
que no existía una inhabilidad sobreviniente en contra del diputado
CARLOS ANDRÉS COLLAZOS SILVA y así demostrar que los pagos
que le hizo fueron legales y no se configuraba la causal de indebida
destinación de recursos públicos en el proceso con radicación 50001-
23-33-000-2025-00056-00.
Hizo alusión al elemento subjetivo del dolo, manifestando que el
accionado mantuvo una participación activa en la expedición de las
resoluciones que integran el procedimiento administrativo
sancionatorio, que es una persona con la capacidad de
autodeterminar el grado de ilegalidad o no de su conducta y, por
ende, tenía la intención positiva de beneficiarse con su actuar en el
procedimiento administrativo para luego utilizar su actuación como
una herramienta defensiva en el proceso de pérdida de investidura
adelantado en su contra; y que el accionado actuó de manera
negligente y sin prudencia por no haberse declarado impedido en el
caso objeto de controversia.
Adujo, en cuanto a la causal de conflicto de intereses prevista en el
artículo 11, numeral 4, de la Ley 1437, que está acreditada al revisar:
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(i) el poder otorgado por el accionado al abogado JAIME ANDRÉS
LÓPEZ GUTIÉRREZ en el proceso de pérdida de investidura 50001-
23-33-000-2025-00056-00; (ii) el contrato de prestación de
servicios 016 de 2025, suscrito entre el accionado como presidente
de la Asamblea del Meta y el señor JAIME ANDRÉS LÓPEZ
GUTIÉRREZ; (iii) los documentos que para las cuentas de cobro
presentó el abogado JAIME ANDRÉS LÓPEZ GUTIÉRREZ a la
Asamblea del Meta; y, (iv) las autorizaciones de pago realizadas por
el accionado a favor de su apoderado JAIME ANDRÉS LÓPEZ
GUTIÉRREZ; y que el diputado ha actuado dentro del proceso del
contrato de prestación de servicios 016 de 2025 de la Asamblea del
Meta, estando incurso en un conflicto de intereses, teniendo en
cuenta que su apoderado tiene un interés particular, actual, directo
y económico en dicho contrato, de ahí que ha debido declararse
impedido para adelantar cualquier actuación administrativa en este.
Respecto a las cuentas de cobro del contrato, afirmó que no podían
ser pagadas al encontrarse errores e inconsistencias que debían ser
saneadas antes de proceder con el respectivo pago y aun así este se
llevó a cabo; y que era una situación previsible, pues se trataba de
una persona a la cual se encomendó, a través de un poder especial,
amplio y suficiente, la defensa de sus derechos e intereses en una
pérdida de investidura que en su contra había iniciado el señor JOSÉ
ENRIQUE MOLINA ROJAS, razón indiscutible para concluir que el
accionado tenía la obligación legal de declarar su impedimento para
adelantar cualquier actuación con relación al contrato 016 de 2025.
I.3.- El diputado, a través de apoderado judicial, se opuso a las
pretensiones de la solicitud de pérdida de investidura, para lo cual
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adujo, en síntesis, que no está probado el beneficio particular, directo
y actual del cual sería favorecido por no haberse declarado impedido
para adelantar el proceso administrativo para declarar la vacancia
absoluta de la curul del señor CARLOS ANDRÉS COLLAZOS SILVA.
Sostuvo que tal beneficio no existe teniendo en cuenta que el trámite
y la decisión del procedimiento administrativo, iniciado a través de la
Resolución 10 de 20 de enero de 2025, fue en garantía de los
derechos fundamentales del señor CARLOS ANDRÉS COLLAZOS
SILVA; y que la Asamblea del Meta se encontraba ante un caso
difícil, en el que debía determinar si existía o no inhabilidad
sobreviniente; y si se debía o no declarar la vacancia absoluta de su
curul, debido a su pérdida de investidura como concejal en diciembre
de 2024.
Mencionó que el actor pretende generar confusión trayendo una
causal de impedimento y recusación como causal de conflicto de
intereses y encuadrarla en una causal de pérdida de investidura; y
que el artículo 11 de la Ley 1437, en su numeral 1, prevé una única
causal de conflicto de intereses, mientras que los demás numerales
establecen las causales de impedimento y recusación, como el
numeral 4 que trae el solicitante erróneamente para sustentar la
causal de pérdida de investidura.
Recordó, no obstante, que la causal de impedimento no
necesariamente trae consigo un beneficio particular, directo y actual
al funcionario, por lo que expresamente no es de conflicto de
intereses y, por ende, tampoco de pérdida de investidura; y que no
todas las causales suponen que el servidor tenga un interés
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Número único de radicación: 50001 23 33 000 2025 00113 01
Solicitante: JOSÉ EDILSON CHALÁ ORTEGA
particular, directo, actual y real en la actuación administrativa, pues,
en algunos casos, las causales de impedimento o recusación están
orientadas a garantizar la imparcialidad y transparencia en la
respectiva actuación y no a separar al funcionario o empleado por
existir, necesariamente, un conflicto de intereses, razón por la que
todo conflicto de interés conduce a que el servidor público deba
manifestar su impedimento o pueda ser recusado, pero no todas las
causales de impedimento o recusación emergen de un conflicto
intereses.
Adujo que resulta errónea la apreciación del actor al sostener que la
causal de recusación, prevista en el artículo 11, numeral 4, de la Ley
1437, constituye un conflicto de intereses por sí misma, pues
considera que dicho numeral no lo define; y que, por el contrario, el
artículo 11 determina las causales de impedimento y/o recusación al
interior de un procedimiento administrativo, siendo la primera de
estas el conflicto de intereses.
Indicó que tampoco hubo conflicto de intereses por haber autorizado
pago de honorarios al abogado JAIME ANDRÉS LÓPEZ GUTIÉRREZ
como contratista de la Asamblea del Meta, pues el artículo 11,
numeral 4, de la Ley 1437 no es causal de conflicto de intereses,
refiriendo que ese abogado celebró el contrato de prestación de
servicios 016 el 23 de enero de 2025, con acta de inicio de 24 de
enero de 2025, cuando aún no era su apoderado, ya que solo hasta
el día 10 de marzo de 2025 suscribió el poder y celebró un contrato
de prestación de servicios profesionales para representarlo en el
proceso de pérdida de investidura 50001-23-33-000-2025-00056-
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Señaló que de probarse los pagos ordenados por él al abogado
JAIME ANDRÉS LÓPEZ GUTIÉRREZ, estos se debieron al
cumplimiento de su deber funcional como ordenador del gasto, a un
contratista que ha cumplido con sus obligaciones contractuales; y
que ello no produce en sí mismo la pérdida de investidura, pues se
debe acreditar que tenía un interés directo, particular e inmediato en
el pago por resultarle beneficioso de alguna manera, lo cual no fue
demostrado.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
El a quo, mediante sentencia de 24 de julio de 2025, denegó la
solicitud de pérdida de investidura, para lo cual mencionó que no
resulta fundada la apreciación del actor relacionada con que al
conocer el accionado de la solicitud de pérdida de investidura que se
presentaría en su contra, -radicación 50001233300020250004900-,
debía haberse declarado impedido para intervenir en las respectivas
actuaciones administrativas, teniendo en cuenta que las resoluciones
10 y 11 de 2025, que definieron la situación jurídica del diputado
CARLOS ANDRÉS COLLAZOS SILVA, se expidieron con
anterioridad a la comunicación de la solicitud de desinvestidura, pues
datan del 20 y 24 de enero de 2025; y que la comunicación de
presentación de esa solicitud no supuso la radicación de la misma,
máxime si se tiene en cuenta que la litis se traba en estos asuntos
desde su admisión y traslado al accionado, lo cual no ocurrió debido
a que el escrito se retiró y, por ende, no hubo notificación ni
contestación de la solicitud.
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Anotó que, sumado a ello, si bien la causal invocada en esa solicitud
se relacionaba con el acatamiento de la decisión de desinvestidura
del señor CARLOS ANDRÉS COLLAZOS SILVA, tenía como hechos
concretos los pagos de las sesiones del 4 al 8 de diciembre de 2024,
-indebida destinación de recursos públicos-, mas no se dirigía
propiamente a la omisión en la adopción de decisiones o a cuestionar
las que se habían proferido, pues para ese momento ya existían la
que ordenaba la apertura de la actuación administrativa para la
determinación de la inhabilidad sobreviniente (Resolución 010 de
2025) y la que disponía la suspensión temporal (Resolución 011 de
2025).
Sostuvo que frente al registro noticioso que allegó el solicitante,
publicado el 10 de enero de 2025 por el portal ‘Noticiero del Llano’,
en el que se indicaba que el señor SAÚL ONOFRE VILLAR JIMÉNEZ
había promovido solicitud de pérdida de investidura contra el
diputado MIGUEL OSWALDO AVELLANEDA LIZCANO por no
haber acatado el fallo de desinvestidura proferido por el Consejo de
Estado contra el señor CARLOS ANDRÉS COLLAZOS SILVA, debía
indicarse, de una parte, que la emisión de la noticia no implica que
la corporación pública y, particularmente, el accionado, tuvieran
conocimiento de esta; y, por la otra, que el destinatario de la solicitud
fue el diputado MIGUEL OSWALDO AVELLANEDA LIZCANO, lo
que desestima la apreciación del actor, en el entendido de que la
misma tendría un carácter o destinación distinta a enjuiciar la
intervención del accionado en el procedimiento administrativo.
Adujo, respecto del proceso con radicación 50001233300020250005600,
que en este se solicitó la pérdida de investidura del diputado
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HÉCTOR FABIO VÉLEZ BERMÚDEZ, también accionado en el caso
concreto, en su calidad de presidente de la mesa directiva para la
vigencia 2025, toda vez que, presuntamente, inició un procedimiento
administrativo disciplinario mediante la Resolución 10 de 20 de enero
de 2025, sin ningún respaldo normativo; y porque a pesar de que la
Procuraduría Regional del Meta suspendió del cargo de diputado al
señor CARLOS ANDRÉS COLLAZOS SILVA, dicho trámite fue
utilizado como distractor para evitar la aplicación de la inhabilidad
sobreviniente y permitir que el diputado sancionado percibiera
honorarios por su actividad, por lo que habría incurrido en indebida
destinación de recursos públicos, prevista en los artículos 188,
numeral 4, de la Constitución Política, y 48, numerales 4 y 6, de la
Ley 617 de 2000.
Indicó que mediante sentencia de 22 de mayo de 2025, proferida por
ese mismo Tribunal, se denegó su desinvestidura porque no podía
suponerse que las actuaciones administrativas realizadas por el
enjuiciado hubiesen tenido un interés para alivianar su
responsabilidad en el juicio de pérdida de investidura que se
adelantaba, pues se trató de un trámite innecesario y cuestionable
frente al cumplimiento de los efectos de la sentencia que sancionó al
señor CARLOS ANDRÉS COLLAZOS SILVA, lo que permite concluir
que no hubo un interés indebido en el desarrollo del procedimiento
administrativo por parte del diputado enjuiciado.
Finalmente, resaltó que si bien existía un contrato de prestación de
servicios entre la Asamblea del Meta y el profesional JAIME ANDRÉS
LÓPEZ GUTIÉRREZ, -contrato 016 de 2025-, con posterioridad al
mismo, y debido a que el accionado fue enjuiciado en un asunto de
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pérdida de investidura, fue que este acudió a los servicios
profesionales de aquel para que lo representara, negocio jurídico
particular que surgió de manera privada entre ambos, por lo que la
defensa de sus derechos se hizo de manera personal y, asimismo,
los recursos para sufragar las obligaciones fueron propios.
Agregó que, en el mismo sentido, la certificación expedida por el
secretario general de la Asamblea del Meta hizo constar que el
contrato del abogado JAIME ANDRÉS LÓPEZ GUTIÉRREZ, con la
corporación, no incluyó ni contempló la defensa judicial del accionado
en el proceso de pérdida de investidura; y que la ordenación de pago
al contratista de la entidad tampoco estructura la causal de conflicto
de intereses denunciada, al tratarse de una mera acción de
ejecución, consecuente con los certificados del supervisor, -
secretario de la Corporación-, luego de haber prestado sus servicios,
sin que ello implique que el accionado incurrió en conflicto alguno.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO
El solicitante interpuso recurso de apelación con el cual pretende que
se revoque la sentencia de 24 de julio de 2025 y, en su lugar, se
decrete la pérdida de investidura del accionado, para lo cual aduce
que el Tribunal sostuvo que por haberse iniciado el procedimiento
administrativo antes de la notificación de la solicitud de pérdida de
investidura con radicación 50001233300020250005600, no existía
deber de declararse impedido, razonamiento que califica de falaz y
contrario a la finalidad del régimen de impedimentos, que no se limita
al momento de inicio de la actuación, sino que se activa cuando
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Solicitante: JOSÉ EDILSON CHALÁ ORTEGA
sobrevienen circunstancias que comprometen la imparcialidad, tal
como lo exige el artículo 11, numeral 1, del CPACA.
Menciona que el procedimiento administrativo iniciado contra el
diputado CARLOS ANDRÉS COLLAZOS SILVA fue utilizado por el
accionado como herramienta de defensa en el proceso con radicación
50001233300020250005600, configurando un beneficio personal,
actual y directo, como el propio escrito de contestación de ese
proceso y sus alegatos lo prueban: el accionado argumentó que su
actuación administrativa respaldaba su buena fe y legitimidad de
pagos cuestionados, ventajas procesales y jurídicas que favorecieron
directamente la posición del servidor; y que una vez notificado de
ese proceso de pérdida de investidura, el accionado debió apartarse
del procedimiento administrativo que él mismo conducía sobre
hechos nucleares de ese proceso y no continuar expidiendo actos
administrativos que materializaron el conflicto de intereses.
Sostiene que desde el momento en que JAIME ANDRÉS LÓPEZ
GUTIÉRREZ asumió la defensa del accionado en el proceso
50001233300020250005600, este debió abstenerse de autorizar
pagos o tomar decisiones contractuales que lo beneficiaran en
desarrollo del contrato 016 de 2025; y que el pago autorizado el 28
de marzo de 2025, con observaciones técnicas para devolver la
cuenta, materializa el interés directo y actual prohibido por los
artículos 56 de la Ley 2200 y 11, numeral 4, del CPACA.
Manifiesta que el Tribunal le trasladó la responsabilidad a su
apoderado, cuando obró como abogado del diputado CARLOS
ANDRÉS COLLAZOS SILVA durante el trámite administrativo, al
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afirmar que debió recusar al accionado, lo cual desconoce que la
recusación es potestativa para las partes, mientras que el
impedimento es un deber legal imperativo para el servidor, omisión
que sí constituye la infracción que da lugar a la pérdida de
investidura.
Alega que las resoluciones 10, 33, 65 y 69 de 2025, el contrato 016
de 2025, las cuentas de cobro y los testimonios evidencian que el
procedimiento administrativo ‘inventado’ contra el diputado CARLOS
ANDRÉS COLLAZOS SILVA fue usado como eje de defensa en el
proceso de pérdida de investidura contra el accionado, -
50001233300020250005600-, con el fin de legitimar su inacción
previa y justificar pagos cuestionados; y que el contrato 016 de 2025
permitió que su apoderado, señor JAIME ANDRÉS LÓPEZ
GUTIÉRREZ, en calidad de contratista, participara en la
estructuración de actos administrativos que posteriormente serían
usados en su defensa judicial.
Señala que el accionado fue diputado desde el año 2024, por lo que
tuvo pleno conocimiento de la situación del diputado CARLOS
ANDRÉS COLLAZOS SILVA, máxime si se tiene en cuenta que
debió haber un proceso de empalme con el presidente anterior, antes
del 1o. de enero de 2025, cuando el accionado asumió el cargo de
presidente de la duma, y aun así persistió en decidir y expedir actos
en el procedimiento administrativo contra el diputado despojado de
su investidura, y en autorizar pagos a su apoderado, incluso después
de advertencias de posible conflicto de intereses y su falta de
competencia, lo que llevó a que robusteciera su defensa en el proceso
50001233300020250005600.
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Anota que el propio abogado contratista en su testimonio manifestó
que fue vinculado por su experiencia en procesos de pérdida de
investidura y claramente dentro de las funciones constitucionales y
legales de la Asamblea del Meta no es necesario el conocimiento y la
experiencia en esa materia, máxime si se tiene en cuenta que dichos
procesos son de naturaleza sancionatoria y personal, sumado a que
los pagos autorizados coincidieron temporalmente con su actuación
como apoderado personal, coexistencia apoderado–contratista que
constituyó un interés directo prohibido y un incumplimiento
sistemático a los deberes del cargo que le imponían la obligación de
la declaración de impedimento.
Reitera que no existe disposición que faculte al presidente de una
Asamblea para adelantar procedimiento administrativo alguno por
inhabilidad sobreviniente en casos de pérdida de investidura, incluso
no existe una previsión legal taxativa que establezca una inhabilidad
sobreviniente producto de una sentencia ejecutoriada de pérdida de
investidura en otro cargo diferente al que se encuentra, amén de que
a la hora de la elección y posesión en el cargo de diputado no tenía
ninguna inhabilidad o incompatibilidad para el ejercicio del cargo y,
convencionalmente, es inaceptable la interpretación para la
restricción de derechos políticos. Y que su actuar sin competencia es
indicio de dolo y de intención de manipular el proceso en beneficio
propio para robustecer su defensa en el proceso de pérdida de
investidura 50001233300020250005600, lo que constituye ventaja
procesal moral, no necesariamente pecuniaria.
IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN
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IV.1.- El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,
numeral 3, de la Ley 1881 de 15 de enero de 20185, fue descorrido
por el diputado mediante escrito en el que reitera los argumentos de
defensa expuestos en la contestación de la solicitud; en especial,
manifiesta que es evidente la pertinencia del procedimiento
administrativo adelantado por la Asamblea del Meta, el cual fue
oportuno, coherente, ajustado a derecho y respetuoso de las
garantías constitucionales del señor CARLOS ANDRÉS COLLAZOS
SILVA, por lo que no representó rédito ni beneficio personal, actual
o directo para él, como quedó plenamente demostrado en la
sentencia de primera instancia del caso concreto, así como definido
en la sentencia de 4 de septiembre de 2025, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, radicación 50001233300020240038801
(acumulado 50001233300020250000300).
Aduce que no existe prueba alguna de que se haya vulnerado la
moralidad administrativa, la confianza legítima de los electores, ni el
correcto ejercicio de la función pública; y que debió acreditarse que
su conducta afectó principios fundamentales como la buena fe, la
ética, la honestidad, la confianza legítima de los ciudadanos y,
especialmente, que tuvo un propósito orientado a desviar el
cumplimiento del interés general en beneficio propio, de un tercero
o de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o de alguno
de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo
de afinidad o primero civil, así como de sus socios de hecho o de
derecho.
5 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se
consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.
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Menciona que el actor no identifica cuáles serían esas supuestas
ventajas que lo habrían favorecido, simplemente porque no existen,
ni hay forma de obtener ventaja alguna de un procedimiento
administrativo cuyo único propósito fue declarar la vacancia absoluta
de una curul, como consecuencia de una sentencia de pérdida de
investidura dictada por el Consejo de Estado y que guarda relación
con la infundada acusación de indebida destinación de recursos
públicos.
Finalmente, insiste en que el contrato celebrado entre el abogado
JAIME ANDRÉS LÓPEZ GUTIÉRREZ y la Asamblea del Meta se
suscribió antes de la radicación y admisión de la demanda promovida
contra él, mientras que su defensa se contrató de manera particular,
con recursos propios (privados), en ejercicio de su autonomía como
ciudadano, razón por la que ni el objeto ni las obligaciones
contractuales, previstas en el contrato de prestación de servicios 016
de 2025, incluyeron su representación judicial ni se derivó de dicho
vínculo beneficio personal alguno.
IV.2.- Por su parte, el procurador Quinto Delegado ante esta
Corporación, en representación del Ministerio Público, rinde concepto
de 17 de septiembre de 2025, mediante el cual solicita que se
confirme la sentencia apelada con fundamento en que el apelante no
acreditó que con ocasión del procedimiento administrativo para la
determinación de una inhabilidad sobreviniente de un diputado, ni
que con la suscripción del contrato de prestación de servicio 016 de
2025 con el abogado JAIME ANDRÉS LÓPEZ GUTIÉRREZ y la
contratación del mismo abogado con posterioridad, para la defensa
personal del accionado, este hubiese incurrido en un interés directo,
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particular y actual que le hubiese generado beneficio, provecho o
utilidad, económica o moral; y que, en consecuencia, deba conducir
a su desinvestidura.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1.- Problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer, en los precisos términos del
recurso de apelación, en consonancia con el escrito de la solicitud
inicial, si el diputado del Meta, señor HÉCTOR FABIO VÉLEZ
BERMÚDEZ, incurrió en la causal prevista en los artículos 48,
numeral 1, de la Ley 617; 56 y 60, numeral 1, de la Ley 2200; y 11,
numerales 1 y 4, de la Ley 1437, esto es por violación al régimen de
conflicto de intereses, luego de intervenir, sin declararse impedido,
en el procedimiento administrativo que definía la situación de
desinvestidura del diputado CARLOS ANDRÉS COLLAZOS SILVA,
cuando ya se le había notificado una solicitud de pérdida de
investidura en la que, precisamente, se denunciaba su omisión
funcional, -radicación 50001233300020250005600-, lo que le habría
permitido manipular el proceso en beneficio propio para robustecer
su defensa judicial, preconstituyendo así una ventaja procesal y
moral; así como por haber actuado, sin declararse impedido, en el
trámite del contrato de prestación de servicios 016 de 2025, suscrito
con quien ejerció su defensa en aquel proceso judicial, autorizando
pagos y tomando decisiones contractuales que lo beneficiarían.
V.3.- Del conflicto de intereses de diputados con fines de
pérdida de investidura
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En el asunto bajo examen debe tenerse en cuenta que la causal de
desinvestidura de diputados, originada en la transgresión del
régimen de conflicto de intereses, está prevista en el artículo 60,
numeral 1, de la Ley 2200, la cual, cabe resaltar, trae incorporada
una excepción legal que impide su configuración cuando los hechos
censurados giren en torno al conocimiento y trámite de asuntos que
afecten al miembro de la duma departamental en igualdad de
condiciones a las de la ciudadanía en general, así:
“[…] Artículo 60. Pérdida de la investidura. Se decretará la
pérdida de investidura en los siguientes casos:
(…)
1. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades
y conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando
se trate de considerar asuntos que afecten al diputado en igualdad
de condiciones a las de la ciudadanía en general […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
Por su parte, el artículo 56 del mismo compendio, prevé:
• En primer lugar, hace una conceptualización inicial de lo que los
diputados deben entender por conflicto de intereses en el marco,
precisamente, de las normas tendientes a modernizar la
organización y el funcionamiento de los departamentos.
• En segundo lugar, enlista los tipos de beneficio que, una vez
advertidos, pueden llegar a materializar el referido conflicto en el
desarrollo de las funciones de los diputados, así como también
define qué debe entenderse por cada uno de ellos, incluido el
denominado conflicto de interés moral.
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• Por último, incorpora todo un régimen exceptivo con aquellas
conductas que, a pesar de tener la potencialidad de configurar un
eventual conflicto de intereses, quedaron desprovistas de tal
consecuencia jurídica por voluntad expresa del legislador.
La disposición lo determina así:
“[…] Artículo 56. Conflicto de intereses. Todos los diputados
deberán declarar los conflictos de intereses que pudieran surgir en
ejercicio de sus funciones. Se entiende como conflicto de interés una
situación donde la discusión o votación de un proyecto de
ordenanza, pueda resultar en un beneficio particular, actual y
directo a favor del diputado.
a) Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera
ganancias o crea indemnizaciones económicas o elimina
obligaciones a favor del diputado de las que no gozan el resto de los
ciudadanos.
b) Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las
circunstancias presentes y existentes al momento en el que el
diputado participa de la decisión.
c) Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica
respecto del diputado, de su cónyuge, compañero o compañera
permanente, o parientes dentro del segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
Para todos los efectos se entiende que no hay conflicto de interés
en las siguientes circunstancias:
a) Cuando el diputado participe, discuta, vote un proyecto de
ordenanza que otorgue beneficios o cargos de carácter general, es
decir cuando el interés del diputado coincide o se fusiona con los
intereses de los electores.
b) Cuando el beneficio podría o no configurarse para el diputado en
el futuro.
c) Cuando el diputado participe, discuta o vote Artículos de
proyectos de ordenanza de carácter particular, que establezcan
sanciones o disminuyan beneficios, en el cual, el diputado tiene un
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interés particular, actual y directo. El voto negativo no constituirá
conflicto de interés cuando mantiene la normatividad vigente.
d) Cuando el diputado participe, discuta o vote Artículos de
proyectos de ordenanza de carácter particular, que regula un sector
económico en el cual el diputado tiene un interés particular, actual
y directo, siempre y cuando no genere beneficio particular, directo
y actual.
e) Cuando el diputado participa en la elección de otros servidores
públicos mediante el voto secreto. Se exceptúan los casos en que
se presenten inhabilidades referidas al parentesco con los
candidatos.
Parágrafo. Entiéndase por conflicto de interés moral aquel que
presentan los diputados cuando por razones de conciencia se
quieran apartar de la discusión y votación del proyecto […]”.
No obstante, lo anterior, el análisis, revisión y aplicación del régimen
de conflicto de intereses de diputados —por cierto, muy similar al
establecido para los congresistas en el artículo 286 de la Ley 5ª de
17 de junio de 19926, modificado por el artículo 1º de la Ley 2003 de
19 de noviembre de 20197 — no se agotan allí, sino que deben acudir
a los criterios y consideraciones de la jurisprudencia contenciosa para
su correcto entendimiento.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación
se ha pronunciado en múltiples ocasiones frente al alcance y
contenido de la causal en comento y su incursión en sede judicial,
consideraciones que, si bien son vertidas en el marco de
controversias de desinvestidura de congresistas de la República,
orientan su entendimiento, configuración y aplicación en los asuntos
que, como en el caso sub lite, examinan las conductas de diputados.
6 “[…] Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes
[…]”.
7 “[…] Por el cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones […]”.
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Así, en la sentencia de 12 de abril de 2011, de la Sala Plena, se
recogen en gran medida las diferentes providencias que abordan el
tema, de la cual se transcriben los apartes más significativos:
“[…] Ahora bien, no obstante, la generalidad del alcance que tienen
los arts. 182 y 183.1 de la C.P., poseen un contenido mínimo
clarificador, que es importante destacar a continuación antes de
abordar el caso concreto:
i) El conflicto de interés puede ser de orden económico o moral, de
manera que en estos dos conceptos se deben enmarcar todas las
circunstancias reprochables desde el punto de vista del interés en
su concreción. Sin embargo, la indeterminación de los mismos sigue
caracterizando la institución.
ii) La consecuencia inmediata de estar incurso en ellos es que se le
prohíbe al congresista participar de la deliberación y decisión del
tema puesto a consideración del Congreso.
En este sentido, la Sala Plena consideró en la sentencia del 11 de
mayo de 2009 –exp. P.I. 2009 00043-: “La Carta Política impone a
los congresistas el deber de poner en conocimiento de la respectiva
Cámara las situaciones de orden moral o económico que los inhiban
para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su
consideración. La Ley 5ª de 1992 -Sección IV-, reguló lo relativo a
la aplicación, declaración, comunicación y efectos del impedimento
y la recusación y el artículo 286 reitera el deber que tienen de
declararse impedidos ‘… de participar en los debates y votaciones
respectivas…’.”
iii) El conflicto de intereses afecta la posibilidad de participar en toda
clase de actuaciones y decisiones donde, en principio, debería actuar
el congresista, es decir, que está inhibido “para participar en el
trámite de los asuntos sometidos a su consideración.” Esto significa
que no puede intervenir en la deliberación ni en la votación de
proyectos de ley, de actuaciones judiciales, ni en la adopción de
otras decisiones administrativas, electorales o políticas, siempre que
lo afecten.
De este criterio ha sido la Sala Plena en muchas ocasiones. Entre
ellas lo ha aplicado a la elección de funcionarios a su cargo, en cuyo
caso ha analizado si en el evento concreto se presenta un conflicto
de intereses del congresista demandado que participó en la
correspondiente elección: “Para la Sala, la situación de conflicto de
interés que puede presentarse en un asunto o materia de
conocimiento de los congresistas, no se circunscribe únicamente a
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los relacionados con su labor legislativa, pues como antes lo ha
precisado la Sala Plena8, los miembros del Congreso tienen otras
funciones de naturaleza administrativa, electoral, judicial, de control
político y fiscal, atribuidas por la Constitución y la ley. Por esta razón,
ha dicho la Sala9, que la situación de conflicto debe analizarse en
cada caso específico, para determinar si las particulares
circunstancias del congresista, su cónyuge o compañero o
compañera permanente, o sus parientes, o socios, se contraponen
con el interés comprometido en el asunto o materia en el que
intervenga.” -sentencia del 10 de noviembre de 2009. Rad. 11001-
03-15-000-2008-01180-00(PI)-2008-01367. CP. Martha Teresa
Briceño-
En el mismo sentido manifestó: “Que el impedimento puede darse
por la participación o votación en una decisión o asunto de que
conozca el Congreso de la República, sea que se trate de
deliberaciones y votaciones relacionadas con proyectos de ley o
actos legislativos, o se trate de una decisión trascendental. En
efecto, es inequívoco el artículo 291 al señalar que el congresista
debe declararse impedido cuando observe que existe un conflicto de
intereses para conocer y participar ‘sobre determinado proyecto o
decisión trascendental’.
“Por tanto, el impedimento no solo puede darse cuando se trate del
ejercicio de las funciones puramente legislativas del Congreso sino
cuando se trate de las otras funciones de ese órgano como las
funciones de control político, las administrativas, las judiciales y las
electorales.
“La Sala no desconoce que el conflicto de intereses podría darse de
forma contundente cuando se trata de la intervención de los
congresistas en el proceso de formación de normas jurídicas que
luego vendrían a favorecerlos de forma particular y concreta, como
cuando se dictan normas relativas al régimen del derecho penal
estando el congresista sometido efectivamente a una investigación
penal, cosa que no sucede en este caso. Este tema fue tratado por
la Sala de Consulta del Consejo de Estado en el concepto del 15 de
mayo de 200810, y así se concluyó en ese dictamen.” -sentencia del
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 10 de noviembre de
2001, Expediente PI-0130, consejero ponente Germán Rodríguez Villamizar.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de17 de octubre de
2000, Expediente AC-11116, consejero ponente Mario Alario Méndez.
10 “[…] ¿Debe un congresista declararse impedido de participar en los debates y votaciones respecto
del proyecto de Acto Legislativo números 047 de 2007 Cámara y 014 de 2007 Senado, porque la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal le ha abierto una investigación preliminar por
actos relacionados con la llamada "parapolítica"? De acuerdo con los fundamentos normativos y los
hechos analizados en el presente concepto, la Sala considera recomendable que proceda a declarar
su impedimento ante la respectiva Corporación, para que sea ésta la que decida sobre el mismo. En
caso de hacerlo y de votar el congresista favorablemente el mencionado proyecto de Acto legislativo,
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23 marzo de 2010, rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI). CP.
Hugo Fernando Bastidas-
En forma concluyente también ha expresado que “Para que se
estructure la violación del régimen del conflicto de intereses es
suficiente que el congresista participe en los debates11, así sea
simplemente integrando el quórum de la sesión donde se discuta el
tema respectivo12.” –Sala Plena. Sentencia del 27 de julio de 2010.
Rad. 11001-03-15-000-2009-01219-00(PI). CP. Mauricio Fajardo
Gómez-
iv) Cuando se concreta alguna circunstancia que obliga al
congresista a separarse del tema que compete resolver al Congreso,
aquél debe ponerla en conocimiento de la Corporación, so pena de
ser recusado. En estos términos, tanto la institución del
impedimento como la recusación tienen apoyatura directa en el art.
182 de la CP.
v) Se le encomendó al legislador complementar la tarea que se
encuentra implícita en esta causal: identificar “lo relacionado con los
conflictos de intereses y las recusaciones”. Esta atribución para
ultimar los detalles de la materia, en lo no regulado en la
Constitución Política, constituye una típica reserva de ley.
vi) De lo expresado se deduce que los elementos que configuran el
conflicto de intereses son: a) la existencia de un interés particular
del congresista en la deliberación o decisión de un tema específico
a cargo del Congreso, b) que efectivamente participe de ello, c) que
ese interés sea directo, no eventual o hipotético, d) que además el
interés sea actual, y e) que el beneficio recibido no sea general sino
particular […]”13.
¿qué consecuencias podrían sobrevenirle en materia disciplinaria y pérdida de investidura? De
acuerdo con lo expuesto en este concepto, en caso de que el congresista no declare su impedimento
ante la Corporación y de alguna manera participe en el debate y votación del proyecto, además de
la posibilidad de que pueda ser recusado, dicha participación podría dar lugar a que se le iniciara una
investigación disciplinaria y se configurara una causal para un eventual proceso de pérdida de
investidura […]”.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de abril de 2003,
número único de radicación 11001-03-15-000-2002-1127-01(PI-058), consejero ponente Alejandro
Ordóñez Maldonado.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de
2003, número único de radicación 11001-03-15-000-2003-0587-01(PI), consejero ponente
Alejandro Ordóñez Maldonado.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 12 de abril de
2011, número único de radicación 11001-03-15-000-2010-01325-00 (PI), consejero ponente
Enrique Gil Botero y 2 de julio de 2013, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-00-
00322-00(PI), consejero ponente María Elizabeth García Gonzalez. Ver también, en el mismo
sentido, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 6 de junio
de 2017, número único de radicación 11001-03-15-000-2016-02279-00(PI) consejero ponente
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A su vez, esta Sección ha acogido y reiterado, en múltiples
oportunidades, lo dicho en el concepto de 28 de abril de la Sala de
Consulta y Servicio Civil sobre la noción, finalidad, fundamento y
características que debe reunir el conflicto de interés, en el cual se
plasmaron las siguientes consideraciones14:
[…] 2. El conflicto de intereses. Es una institución de
transparencia democrática que por su alcance y fundamento debe
analizarse en forma concreta.
2.1. Noción. En términos generales es aquella cualidad de
concurrencia antagónica entre el interés particular y el interés
público que afecta la decisión a tomar y obliga a declararse impedido
a quien deba tomarla.
2.2. Finalidad. El instituto del conflicto de intereses trata de
impedir que prevalezca el interés privado del congresista [en este
caso entiéndase concejal] sobre los intereses públicos, el cual,
prevalido de su influencia, podría obtener provechos indebidos
para sí o para terceros, es decir, evitar favorecer intereses que
no sean los relativos al bien común o que la imparcialidad de sus
decisiones se comprometa y distorsione por motivos personales o
particulares. Se trata así de un asunto inherente al fuero interno del
congresista, a un aspecto esencialmente subjetivo, el que de existir
y no ser manifestado conforme al reglamento, da lugar a la
recusación.
2.3. Fundamento. De allí que el fundamento del impedimento
radica en que: a) el conflicto de interés afecta la transparencia de la
decisión -para el caso, la motivación del voto-. En efecto, en toda
decisión siempre debe haber, en forma inequívoca, un solo interés:
el interés general de la ley. Por tanto, en caso de conflicto se
mezclan el interés privado y el público, con lo cual queda en duda
cuál fue el interés dominante. b) En que el impedimento evita que
la decisión sea determinada por el interés particular en detrimento
del interés público.
2.4 Necesidad de análisis en cada caso particular: La Sala
estima conveniente advertir que el tema, de por sí complejo,
Jaime Orlando Santofimio Gamboa y de 1o. de febrero de 2018 número único de radicación 66001-
23-33-000-2017-00089-01(PI), consejero ponente Oswaldo Giraldo López.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18
de marzo de 2021, número único de radicación 85001233300020200001602, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Número único de radicación: 50001 23 33 000 2025 00113 01
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requiere para su tratamiento del análisis de cada caso concreto,
pues la conducta humana admite de manera necesaria matices y,
por tanto, el instituto del conflicto de intereses, al ser del resorte del
fuero interno, debe ser valorado con especial cuidado para no
vulnerar los derechos del congresista o hacer inanes los alcances de
la ley.
3. Requisitos para la configuración del conflicto de intereses
en el caso de los congresistas. Como quiera que dicho conflicto
se configura por la concurrencia de interés privado e interés público,
se hace indispensable tener en cuenta, entre otros, los siguientes
requisitos:
3.1 Interés privado concurrente. De acuerdo con lo expuesto,
resulta indubitable que este interés debe aparecer en tal forma que
comprometa objetivamente la intangibilidad del interés general
perseguido, para lo cual la Sala estima necesario hacer las
siguientes precisiones:
a) Existencia: Se configura el interés privado cuando hay
“exigencia para la satisfacción de necesidades humanas” -Messineo,
Tomo II, p. 10 -, lo cual acontece cuando surgen v. gr.: ventajas
o provechos representados en derechos subjetivos, o en
ventajas de tipo reparativo positivo (como indemnización por daños
o detrimento de derechos) o negativo (reparación de gastos), o de
tipo enriquecedor (como ganancias, utilidades, provechos,
derechos, etc.), o cuando se refieren a la simple exoneración de
desventajas (exoneración de obligaciones, cargas, etc.).
b) Juridicidad: Se da cuando el interés privado, protegible de
ordinario, pero con la aptitud de afectar la transparencia, debido a
que siendo actual y estando amparado por la ley puede perturbar el
ánimo del interesado a actuar en su propio favor. Para ello debe
tenerse en cuenta que el interés: 1) Es actual, cuando se ha
adquirido y puede afectarse. De allí que por ausencia de éste (sic)
requisito quede excluido el interés futuro. 2) Es jurídico, porque se
encuentra amparado por la ley. Por tanto, es inaceptable interés
originado en el roce meramente social (v. gr. el de comunicación o
trato) para generar conflicto de interés. y, 3) Es afectable, cuando
puede extinguirse o modificarse el que se tiene. En cambio, no se
da cuando el interés es inalienable (v. gr. La vida).
c) Privado: Se da cuando el interés es de naturaleza particular de
manera inequívoca y, por lo mismo, se descarta cuando se actúa
movido por el interés público o general -regulación abstracta en
general-. El interés puede ser individual o colectivo, referido en el
primer caso, por ej., a la propiedad particular y, en el segundo, al
interés común de los propietarios en una urbanización.
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d) Titularidad: El interés debe radicar en el congresista [en este
caso entiéndase concejal] o en su cónyuge, compañero (a), pariente
hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en
el caso bajo estudio.
3.2 El interés público concurrente en la decisión pertinente.
Para que este interés público concurrente pueda verse
menoscabado, también se hace indispensable tener en cuenta
aquellos aspectos que puedan afectar que sea el único determinante
de la decisión; lo cual implica que en la misma persona que tiene un
interés privado, también concurran estos requisitos:
a) Calidad de congresista.
b) Intervención en las deliberaciones y votaciones.
c) Proyecto de decisión de interés público.
d) Afectación particular, consistente en que el proyecto a votar
pueda afectar el interés directo del congresista, arriba mencionado.
3.3 Conflicto de interés. De la concurrencia objetiva de los dos
intereses mencionados puede desprenderse inequívocamente la
existencia de un conflicto de interés como causal de impedimento o
recusación. En tanto que este fenómeno no se estructuraría, de una
parte, cuando no concurra alguno de los requisitos mencionados
para los referidos intereses, y, de otro, cuando simplemente se trata
de mera apreciación subjetiva de conflicto sin sustento en
elementos objetivos [...]”15.
A partir de estos precisos elementos de juicio la Sección16 ha
determinado que con dicha causal se procura castigar la posibilidad
de que los concejales pretendan, con determinadas decisiones,
lucrarse u obtener beneficios, ventajas o privilegios personales, en
detrimento de la comunidad, desconociendo precisamente el interés
general que debe guiar el ejercicio de sus funciones; esto es, cuando
15 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 28 de abril de 2004, radicación
núm. 1572, consejero ponente Flavio Augusto Arce Rodríguez. acogido y reiterado en Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 24 de agosto de 2006, Expediente
núm. 2006-0003, consejero ponente Camilo Arciniegas Andrade y de 22 de marzo de 2013,
Expediente núm. 2012-00054, consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 30 de
mayo de 2019, número único de radicación 05001-23-31-000-2017-02538-01(PI), consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés y de 28 de noviembre de 2013, número único de radicación
50001-23-33-000-2013-00027-02(PI), consejera ponente María Elizabeth García González.
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el accionado tiene interés directo en el asunto que se encuentra
conociendo porque le afecta en forma personal, ya sea de orden
moral o económico.
Lo que se pretende, en últimas, con el régimen de conflicto de
intereses, es garantizar la primacía de los principios propios de la
función pública, en particular, la moralidad como principio rector de
las actuaciones públicas, evitando que los móviles personales y/o
particulares de los miembros de las asambleas lesionen o desvirtúen
el mandato democrático y popular del que ellos han sido investidos 17.
El asunto puesto en conocimiento del miembro de la corporación
pública le plantea un enfrentamiento entre su interés personal y el
interés general o bien común que, se reitera, debe guiar el ejercicio
de todas sus funciones, lo que obliga a que aquél manifieste su
impedimento para efectos de que sea resuelto, so pena de incurrir
en la referida causal de desinvestidura.
La causal de violación al régimen de conflicto de intereses en cabeza
de un diputado, supone la omisión en que se incurre cuando, en un
asunto sometido a su intervención, no advierte ante el resto del
órgano político-administrativo al cual pertenece, la connivencia entre
sus intereses particulares, –ya sean de orden moral y/o económico-
, y los ineludibles intereses públicos que, per se, está obligado a
proteger en desarrollo de sus funciones públicas corporativas, en
tanto que de dicha concurrencia de intereses resulta afectado de
alguna manera u obtiene un provecho privado.
17 Corte Constitucional, sentencia C-1056 de 6 de diciembre de 2012, magistrado ponente Nilson
Pinilla Pinilla.
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Siendo consecuente con los antecedentes jurisprudenciales citados y
reiterados, la Sala hace hincapié en los presupuestos cuya presencia
debe quedar demostrada de forma suficiente y concurrente dentro
del proceso, en orden a verificar la configuración de la causal de
conflicto de intereses en diputados:
a) Que el accionado haya adelantado la actuación imputada en
ejercicio de su respectiva investidura de diputado.
b) Que exista, en los términos del artículo 56 de la Ley 2200, un
interés particular, actual y directo del diputado, o de su cónyuge o
compañero o compañera permanente, o de alguno de sus parientes
dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad
o primero civil, traducido en un beneficio de orden moral o
económico, durante el ejercicio de sus funciones, esto es, en asuntos
sometidos a su conocimiento en virtud de su investidura.
c) Que, con relación a la función electoral del diputado, cuando
participe en la elección de otros servidores públicos mediante el voto
secreto, no se configurará conflicto de interés alguno, lo que se
traduce en que no deberá manifestar impedimento en tal contexto,
a menos que tenga una inhabilidad referida al parentesco con los
candidatos sometidos al trámite electoral, evento en el que sí está
obligado a revelárselo a la corporación
d) Y que, a pesar de la existencia real de un interés particular, actual
y directo, el diputado conforme el quorum o intervenga en el debate
del referido asunto, o lo vote o participe efectivamente del trámite,
sin haber manifestado el impedimento para actuar o sin haber sido
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recusado para los efectos18, así como resuelta, a su favor, la
respectiva recusación.
El presupuesto ‘a)’, común a las causales de pérdida de investidura,
exige para este escenario la calidad cualificada del sujeto activo que
incurrió en un conflicto de intereses mediante el ejercicio irregular de
su investidura, esto es que debe acreditarse su condición de
diputado.
El presupuesto ‘b)’ encierra tres componentes principales que deben
destacarse: el interés particular, actual y directo del accionado, o de
su cónyuge o compañero o compañera permanente, o de alguno de
sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo
de afinidad o primero civil; su esencia moral y/o económica; y los
asuntos o temas que son puestos a consideración e intervención del
miembro de la corporación.
El primer componente, ‘b)1.’, consiste en la presencia de una
inclinación real del miembro de la corporación pública hacia un tema,
objeto o aspecto supeditado a su estudio, decisión, debate, votación,
censura o participación en desarrollo de sus funciones como tal, con
el ánimo de materializar un provecho, utilidad, ventaja o
conveniencia propia, o de su cónyuge y familiares, que se aleja en
todo caso de la intención inicial de obtener el bien general 19 y afecta
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de febrero de
2015, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-01139-00(PI), consejera ponente
doctora María Claudia Rojas Lasso.
19 Con relación al bien general, en la sentencia de 23 de marzo de 2010, proceso con núm. único de
radicación 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI), consejero ponente Hugo Fernando Bastidas, la
Sala Plena indicó: “[…] No hay que olvidar que el artículo 133 de la Constitución dice que los
miembros de los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo y que deberán actuar
consultando la justicia y el bien común. De modo que el día en que colisionan los intereses privados
del congresista con el interés público inmerso en el debate, en la decisión o en el voto habría un caso
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la transparencia y objetividad de dicha actuación.
La Sala Plena20 se ha pronunciado afirmando que el interés debe ser
entendido como “[…] una razón subjetiva que torna al funcionario y
que lo inhabilita para aproximarse al proceso de toma de decisiones
con la ecuanimidad, la ponderación y el desinterés que la norma
moral y la norma legal exigen […]”21 y como “[…] el provecho,
conveniencia o utilidad que, atendidas sus circunstancias, derivarían
el congresista o los suyos de la decisión que pudiera tomarse en el
asunto […]”22.
Igualmente, ese interés debe ser de tal entidad o magnitud que “[…]
lleve al congresista a incurrir en un ejercicio parcializado de sus
funciones, es decir, debe tratarse de una actuación no signada por la
correcta prestación de la función pública, sino por su propio beneficio
o el de terceros […]”23. Además, la jurisprudencia ha precisado que
el interés debe ser real o cierto, descartando así los meramente
hipotéticos o eventuales24.
El segundo componente, ‘b)2.’, atañe a la naturaleza económica o
de conflicto de intereses, conflicto que pretenden resolver las figuras del impedimento o de la
recusación. En efecto, de prosperar el impedimento o la recusación, el congresista queda separado
de la función para el caso específico, con lo cual el ordenamiento pretende que el interés privado o
particular del congresista no subordine al interés público […]”.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 27 de julio de 2010,
número único de radicación 11001-03-15-000-2009-01219-00(PI), consejero ponente Mauricio
Fajardo Gómez y cit. de 24 de febrero de 2015, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-
01139-00(PI), consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 19 de marzo de
1996, Expediente núm. AC-3300, consejero ponente Joaquín Barreto Ruiz.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de octubre de
2000, Expediente núm. AC-1116, consejero ponente Mario Alario Méndez.
23 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 19 de marzo de 1996, radicación 11-CE-SP-EXP1996-
NAC3300.
24 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-302 de 9 de septiembre de 2021, magistrado
ponente Cristina Pardo Schlesinger.
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moral del interés que procura reprimir esta causal, ante los cuales la
Sala Plena ha explicado los siguientes criterios que la Sección
prohíja:
“[…] El conflicto de intereses de índole económico tiene un
perfil mucho más claro habida cuenta de que los artículos
287 y 288 de la Ley 5ª de 1992 prescriben el deber de
registrar los intereses privados y la participación accionaria
que tenga el respectivo congresista, todo para que haya
transparencia respecto de la vida económica del congresista
frente al interés público que se debate en el Congreso y de
cara al pueblo.
No hay que olvidar que el artículo 133 de la Constitución dice que
los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa
representan al pueblo y que deberán actuar consultando la justicia
y el bien común. De modo que el día en que colisionan los intereses
privados del congresista con el interés público inmerso en el debate,
en la decisión o en el voto habría un caso de conflicto de intereses,
conflicto que pretenden resolver las figuras del impedimento o de la
recusación. En efecto, de prosperar el impedimento o la recusación,
el congresista queda separado de la función para el caso específico,
con lo cual el ordenamiento pretende que el interés privado o
particular del congresista no subordine al interés público.
El conflicto de intereses de índole moral, en cambio, no
aparece nítidamente definido ni tiene un perfil claro en las
normas constitucionales y legales, como sí ocurre con el
conflicto de intereses de índole económico, lo que no
significa que no exista o que no pueda presentarse. Es más,
no se descarta que una determinada situación fáctica derive
simultáneamente tanto en un conflicto económico como en
un conflicto de tipo moral. Por un lado, es totalmente admisible
que el congresista, como cualquier ciudadano, ejerza o haya
ejercido derechos fundamentales y de ahí que tenga intereses
privados que deba cuidar. Por otro lado, la Constitución le ordena
que como congresista vote en pos del bien común y la justicia, vale
decir, en pos del interés general. En esa dinámica es factible el
enfrentamiento de intereses que debe evitarse, tal como se explicó.
Como no resulta conforme con los paradigmas de la ética pública
que en un momento dado se superpongan esos intereses, la
Constitución castiga el hecho de que el congresista omita denunciar
la existencia del conflicto de intereses, cuestión que queda en
evidencia cuando justamente el congresista vota, participa en un
debate o en una decisión trascendental estando de por medio
intereses personales de tipo económico o moral francamente
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incompatibles con el interés público relacionado con esa votación,
ese debate o esa decisión […]”25 (Negrillas y subrayas fuera de
texto).
El tercer componente, ‘b)3.’, se circunscribe a los asuntos o temas
que son sometidos a consideración e intervención del diputado en el
marco de sus funciones. Al respecto, y una vez revisado el primer
inciso del artículo 56 de la Ley 2200, la Sección advierte que la norma
prevé dos situaciones que deben entenderse de forma
complementaria, que no excluyente, bajo la interpretación
sistemática que, a su vez, impone la citada comprensión
jurisprudencial de la causal, así: “[…] Todos los diputados deberán
declarar los conflictos de intereses que pudieran surgir en ejercicio
de sus funciones […]”, sumado a que “[…] se entiende como conflicto
de interés una situación donde la discusión o votación de un proyecto
de ordenanza, pueda resultar en un beneficio particular, actual y
directo a favor del diputado […]”.
De este modo, cuando el diputado, pese a tener un interés particular,
actual y directo en la aprobación o trámite de determinado asunto
funcional, -no únicamente el referido a la discusión o votación de un
proyecto de ordenanza-, no se aparta de este, sino que, por el
contrario, ejerce activamente su poder de investidura, incurre en la
causal siempre que se encuentren materializados tanto el aspecto
objetivo como el subjetivo de la conducta.
25 Cit. sentencia del 23 marzo de 2010 –Rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI). consejero
ponente Doctor Hugo Fernando Bastidas. Ver también sentencias AC-1499 de 26 de julio de 1994,
consejero ponente Doctor Delio Gómez Leyva; AC-3300 de 19 de marzo de 1996, consejero ponente
Doctor Joaquín Barreto Ruiz; AC-3302 de 5 de marzo de 1996, consejero ponente Doctor Amado
Gutiérrez Velásquez; AC-12262 de 26 de febrero de 2001, consejero ponente Doctor Jesús María
Carrillo Ballesteros; de 14 de mayo de 2002, Expediente núm. 2001-0211 (PI-031), consejero
ponente Doctor Nicolás Pájaro Peñaranda; y de 20 de noviembre de 2007, Expediente núm. 2007-
00286 (PI), consejero ponente Doctor Alejandro Ordóñez Maldonado.
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Al respecto, la Sala Plena de esta corporación ha discurrido así:
“[…] 95. A su turno, el artículo 286 de la referida Ley 5 de
1992, modificado por el artículo 1 de la Ley 2003 de 2019,
dispone que «[T]odos los congresistas deberán declarar los
conflictos de intereses que pudieran surgir en ejercicio de
sus funciones.»
96. Lo anterior, por cuanto es claro que puede haber casos
en que los congresistas tengan interés en los asuntos de los
que conocen en virtud de su investidura, por lo que lo
correcto es que declaren su impedimento para participar del
trámite de aquellos, con el fin de que su interés personal no afecte
el interés general que debe prevalecer en un Estado Social de
Derecho como el colombiano.
97. Al respecto, esta Corporación, ha tenido la oportunidad de
pronunciarse en múltiples ocasiones, en el siguiente sentido:
“[…] Habrá lugar a la pérdida de investidura de congresistas por
conflicto de intereses. Lo prevé el numeral 1° del artículo 183
constitucional así: «Los Congresistas perderán su investidura:
1. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades
o del régimen de conflicto de intereses» (Resaltado fuera del
texto) y esa preceptiva guarda estrecha relación sistemática con
el artículo 182 superior que manda a los congresistas poner en
conocimiento de las Cámaras las situaciones de carácter moral
o económico que los inhiba para participar en el trámite de
asuntos sometido su consideración (sic) y con lo regulado en los
artículos 286, 287, 288 y 291 de la Ley 5° de 1992 y el artículo
16 de la Ley 144 de 1994.
3.2.- Repárese que la noción de conflicto de intereses
presupone el deber del Congresista de suministrar información
relevante, veraz, auténtica y completa, lo que impone i)
revelar cualquier situación que lo inhiba de participar en
asuntos sometidos a su consideración, ii) registrar las
cuestiones relacionadas con su actividad privada en el libro que
para el efecto establece cada Cámara, donde se deberá incluir
la participación en sociedades anónimas o de responsabilidad
limitada, similares, o en cualquier organización o actividad con
o sin ánimo de lucro en el país o fuera de él, y iii) declararse
impedido cuando observe un conflicto de intereses en un
asunto en el que deba participar, bien sea por
desprenderse un interés para su cónyuge, compañera o
compañero permanente, parientes ubicados dentro del
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
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primero civil, o de sus socios de hecho o derecho o por
tener incidencia directa el asunto objeto de
consideración con las actividades e intereses privados
del Congresista o su núcleo familiar.
3.3.- Así, una situación de conflicto de intereses se estructura
si, y solo si, en una o un congresista (o su círculo cercano de
personas), dotado de poder deliberativo y decisorio y
sujeto al cumplimiento de las obligaciones públicas
dispuestas por el derecho, concurre un interés privado
que objetivamente considerado, puede ejercer
influencia preponderante en la formación de su juicio
racional a la hora de intervenir en la deliberación y toma
de una decisión opuesta al deber de obrar consultando
la justicia, el bien común y el interés general.
(…)
3.7.- Finalmente, la jurisprudencia ha considerado que para la
estructuración de la sanción constitucional en comento por
ocurrir un conflicto de intereses es menester la reunión
favorable de los siguientes presupuestos: (i) La calidad de
congresista, elemento transversal y común a todo juicio de
desinvestidura, (ii) La concurrencia de un interés directo,
particular y actual o inmediato en cabeza de quien es
congresista o su círculo cercano, (iii) su no manifestación de
impedimento o no haber sido separado del conocimiento del
asunto por recusación, (iv) haber conformado el quorum o
participado el congresista en el debate o votación del asunto y
(v) que esa participación tenga lugar en un asunto de
conocimiento funcional del congresista, cualquiera sea
su naturaleza, lo que no circunscribe la causal a las
cuestiones legislativas, sino a toda materia que
conforme al ordenamiento sea de competencia del
Congreso de la República […]”26 (Negrillas y subrayas fuera
de texto).
98. En este orden de ideas, lo que se pretende es garantizar la
primacía de los principios propios de la función pública, en particular,
«la moralidad como principio rector de las actuaciones públicas,
evitando que los móviles personales y/o particulares de los
miembros del Congreso lesionen o desvirtúen el mandato
democrático y popular del que ellos han sido investidos.
(…)
26 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de
Decisión 16, número único de radicación11001-03-15-000-2016-02279-00(PI). Providencia del 6 de
junio de 2017. M.P. Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
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101. En cuanto al objetivo, se trata, específicamente, de que
concurran los siguientes elementos27:
I. Que se demuestre la calidad de congresista; aspecto
consustancial a todo juicio de pérdida de investidura.
II. Que se acredite la existencia de un interés, siempre que éste, tal
y como lo establece el artículo 286 de la Ley 5 de 1992, sea
particular, actual y directo, entendiendo por interés aquel beneficio,
ya sea patrimonial o moral, que pueda desprenderse de la función
congresional28.
Igualmente, ese interés debe ser de tal entidad o magnitud que
«lleve al congresista a incurrir en un ejercicio parcializado de sus
funciones, es decir, debe tratarse de una actuación no signada por
la correcta prestación de la función pública, sino por su propio
beneficio o el de terceros». Además, la jurisprudencia ha precisado
que el interés debe ser real o cierto, descartando así los meramente
hipotéticos o eventuales.
III. Que, pese a lo anterior, se pruebe que el congresista participó
en el debate y/o votación del asunto cuestionado sin haber
presentado el impedimento correspondiente29.
27 Sobre el punto, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 18, sentencia de 5 de junio de
2023, radicación 11001-03-15-000-2022-04507-00; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión
N° 12, sentencia del 29 de mayo de 2023, radicación 11001-03-15-000-2021-01221-00; Consejo
de Estado, Sala Especial de Decisión N° 25, sentencia del 29 de marzo de 2023, radicación 11001-
03-15-000-2022-06714-00; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 27, sentencia del 8 de
septiembre de 2021, radicación 11001-03-15-000-2021-00068-00 y Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión N° 9, sentencia del 14 de diciembre de 2021, radicación 11001- 03-15-000-
2021-05764-00.
28 Al respecto, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia del 23 de marzo de 2010 (radicado
11001-03-15-000-2009-00198-00) precisó que “[e]l conflicto de intereses de índole moral, en
cambio, no aparece nítidamente definido ni tiene un perfil claro en las normas constitucionales y
legales, como sí ocurre con el conflicto de intereses de índole económico, lo que no significa que no
exista o que no pueda presentarse. Es más, no se descarta que una determinada situación fáctica
derive simultáneamente tanto en un conflicto económico como en un conflicto de tipo moral. Por un
lado, es totalmente admisible que el congresista, como cualquier ciudadano, ejerza o haya ejercido
derechos fundamentales y de ahí que tenga intereses privados que deba cuidar. Por otro lado, la
Constitución le ordena que como congresista vote en pos del bien común y la justicia, vale decir, en
pos del interés general. En esa dinámica es factible el enfrentamiento de intereses que debe evitarse,
tal como se explicó. Como no resulta conforme con los paradigmas de la ética pública que en un
momento dado se superpongan esos intereses, la Constitución castiga el hecho de que el congresista
omita denunciar la existencia del conflicto de intereses, cuestión que queda en evidencia cuando
justamente el congresista vota, participa en un debate o en una decisión trascendental estando de
por medio intereses personales de tipo económico o moral francamente incompatibles con el interés
público relacionado con esa votación, ese debate o esa decisión.” (Se resalta).
29 Así, el Consejo de Estado ha precisado que la causal no se configura por el “hecho de que un
congresista no cumpla el deber de declararse impedido una vez advierta la circunstancia que da
lugar a ello o luego de haber sido recusado, sino [por] el hecho de votar o participar en una decisión
en un asunto que pueda reportarle beneficios”. Al respecto, Consejo de Estado, Sala Especial de
Decisión No.12, sentencia del 29 de mayo de 2023, radicación 11001-03-15-000-2021-01221-00 y
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Solicitante: JOSÉ EDILSON CHALÁ ORTEGA
IV. Que esa participación tenga lugar en un asunto de
conocimiento funcional del parlamentario, esto es, en el
marco de cualquier trámite en el que puedan participar los
congresistas30, incluso en el desarrollo de una actuación
administrativa31.
102. De esta forma, al encontrarse reunidos todos estos elementos
se entenderá satisfecho el aspecto objetivo de la causal de pérdida
de investidura […]”32.
Resulta evidente, entonces, que la participación del diputado que
podría ser materia de censura, ante la eventual presencia de un
conflicto de intereses, tendría lugar en un asunto de su conocimiento
funcional, esto es, en el marco de cualquier trámite en el que
participe, incluso si se trata del desarrollo de una actuación
administrativa.
Ello, claro está, sin desconocer el presupuesto ‘c)’, según el cual, en
tratándose de sus funciones electorales, cuando el diputado participe
en la elección de otros servidores públicos mediante el voto secreto,
no se configurará conflicto de interés alguno, lo que se traduce en
que no deberá manifestar impedimento ni ser objeto de recusación
en tal contexto, a menos que tenga una inhabilidad referida al
parentesco con los candidatos sometidos al trámite electoral, evento
en el que sí está obligado a informárselo al resto de la duma
departamental.
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 12, sentencia del 18 de febrero de 2019, radicación
11001-03-15-000-2018-03779-00.
30 Al respecto, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 19 de
febrero de 2019, radicación 11001-03-15-000-2015-00546-00 y Consejo de Estado. Sala Especial
de Decisión No. 16, sentencia del 6 de junio de 2017, radicación 11001-03-15-000-2016-02279-00.
31 Idem.
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de marzo de
2025, número único de radicación 11001-03-15-000-2024-03957-01, consejero ponente Omar
Joaquín Barreto Suárez.
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Número único de radicación: 50001 23 33 000 2025 00113 01
Solicitante: JOSÉ EDILSON CHALÁ ORTEGA
Por otra parte, el presupuesto ‘d)’ exige que, además de haberse
verificado la existencia del interés particular en cabeza del miembro
involucrado en el respectivo trámite, este participe efectivamente del
mismo, sin que hubiese manifestado su impedimento para actuar o
sin haber sido recusado y resuelta, a su favor, la respectiva
recusación.
La participación efectiva en el trámite se materializa con la
conformación del quorum, estudio, decisión, debate, votación,
censura y/o intervención en sus asuntos funcionales; en principio, el
miembro de la corporación pública está en la obligación de manifestar
el impedimento cuando advierta la existencia del eventual conflicto
de intereses, de tal modo que le permita al resto de sus compañeros
definirlo y decidirlo.
No se trata, como es obvio, de una decisión puramente discrecional
habida cuenta que de todas las circunstancias de hecho que pudieran
configurar un interés particular de índole económico o moral surge la
obligación de manifestar el consecuente impedimento 33, por lo que
guardar silencio al respecto no impide la activación de la causal.
V.3.- Del caso concreto
La Sala, con fundamento en el acervo probatorio allegado al
proceso34, y que guarda estrecha relación con el asunto a resolver
en esta instancia, pudo verificar que el accionado, señor HÉCTOR
33 Cit. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23 marzo de
2010, número único de radicación 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI), consejero ponente Hugo
Fernando Bastidas.
34 Tal como fue advertido al inicio de esta providencia, todas las pruebas recaudadas en el proceso
reposan en el en el sistema para la gestión judicial SAMAI.
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Solicitante: JOSÉ EDILSON CHALÁ ORTEGA
FABIO VÉLEZ BERMÚDEZ, de conformidad con el Acuerdo 001 de
27 de noviembre de 202335, expedido por el Consejo Nacional
Electoral, fue elegido diputado del Meta, período constitucional 2024-
2027, por la Coalición Llaneros por el Meta, al igual que el señor
CARLOS ANDRÉS COLLAZOS SILVA, por el Partido de la Unión por
la Gente, Partido de la U.
V.3.1.- De los hechos relacionados con la causal de
impedimento y recusación prevista en el artículo 11, numeral
1, de la Ley 143736
Contra el señor CARLOS ANDRÉS COLLAZOS SILVA se presentó
solicitud de pérdida de investidura, identificada con el número único
de radicación 50001233300020240002600, por la violación de la
inhabilidad prevista en el artículo 40, numeral 3, de la Ley 617,
durante el período constitucional 2020-2023 en que se desempeñó
como concejal de Villavicencio (Meta), proceso en el que esta Sección
profirió sentencia de 3 de octubre de 2024, -
50001233300020240002601-, con constancia de ejecutoria de 3 de
diciembre de 2024, mediante la cual decretó su desinvestidura luego
de verificarse los elementos objetivo y subjetivo en la celebración de
35 “[…] Por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la resolución No 7 de 6 de
noviembre de 2023, proferida por los Miembros de la Comisión Escrutadora General del
departamento del Meta, y se declara la elección de la ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DEL META,
para el periodo constitucional de 2024-2027 […]”.
36 “[…] Artículo 11. Conflictos de interés y causales de impedimento y recusación. Cuando
el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del
servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o
sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar
decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por:
1. Tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión del asunto, o tenerlo
su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado
de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho
[…]”.
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Solicitante: JOSÉ EDILSON CHALÁ ORTEGA
un contrato con el departamento del Meta, dentro del año anterior a
las elecciones territoriales de 27 de octubre de 2019, el cual se
ejecutó en el municipio de Villavicencio.
Se evidencian derechos de petición de 9 de diciembre de 2024, con
los que el señor SAÚL ONOFRE VILLAR JIMÉNEZ puso de presente
esa decisión ante la Asamblea del Meta, y solicitaba información
frente a la participación en las sesiones del señor CARLOS ANDRÉS
COLLAZOS SILVA. El presidente de esa Corporación, para ese
momento, era el diputado MIGUEL OSWALDO AVELLANEDA
LIZCANO, y, de acuerdo con lo informado por el secretario general
de la Asamblea del Meta, entre el 7 de diciembre de 2024 y el 10 de
febrero de 2025, se realizaron consultas y solicitudes relacionadas
con la declaratoria de desinvestidura del diputado CARLOS ANDRÉS
COLLAZOS SILVA a distintas entidades, entre ellas el Consejo
Nacional Electoral, Departamento Administrativo de la Función
Pública, Corte Constitucional, Ministerio del Interior y Procuraduría
Regional, entre otros.
Están el certificado de antecedentes de la Procuraduría de 22 de
diciembre de 2024, según el cual el señor CARLOS ANDRÉS
COLLAZOS SILVA presentaba inhabilidad especial permanente
aplicada al cargo de diputado; y el auto de 23 de enero de 2025, por
medio del cual la Procuraduría Regional de Instrucción Meta en el
proceso con radicado D-2024-3896349 decretó la suspensión
provisional del mencionado diputado, decisión confirmada el 20 de
febrero de 2025 por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servicios
Públicos de Elección Popular de la Procuraduría.
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Solicitante: JOSÉ EDILSON CHALÁ ORTEGA
El accionado asumió la presidencia de la Asamblea del Meta para el
período fiscal 2025 y, para ese momento, la Corporación ya había
realizado gestiones consultivas con el fin de determinar el
procedimiento a seguir para definir la situación del diputado CARLOS
ANDRÉS COLLAZOS SILVA.
Con la Resolución 010 de 20 de enero de 2025, “[…] Por medio de la
cual se inicia un procedimiento administrativo para la determinación
de una inhabilidad sobreviniente de un Diputado y la declaratoria de
vacancia absoluta de la curul de un diputado […]”, el accionado, en
su calidad de presidente de la Asamblea del Meta, resolvió iniciar la
actuación administrativa prevista en el artículo 34 y subsiguientes
del CPACA para la determinación de la presunta inhabilidad
sobreviniente, de conformidad con lo ordenado en el artículo 6º,
inciso 2º, de la Ley 190, y la consecuente declaratoria de vacancia
absoluta del diputado CARLOS ANDRÉS COLLAZOS SILVA para el
ejercicio del cargo de diputado del Meta.
Allí mismo se le corrió traslado al diputado CARLOS ANDRÉS
COLLAZOS SILVA, por el término de quince (15) días hábiles, a
partir de la notificación de la resolución, para que, conforme a lo
establecido en el artículo 6º de la Ley 190 de 6 de junio de 199537,
se pronunciara sobre la presunta configuración de inhabilidad
sobreviniente para ejercer su cargo, como resultado del fallo de 3 de
octubre de 2024. Y se decretaron las siguientes pruebas de oficio: (i)
oficiar al Tribunal Administrativo del Meta para que certificara si el
referido fallo judicial de pérdida de investidura se encuentra en firme
37 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública
y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa […]”.
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Solicitante: JOSÉ EDILSON CHALÁ ORTEGA
y ejecutoriado y si dicho proceso judicial ya se encuentra archivado
y desde cuándo; y (ii) oficiar a la Procuraduría General de la Nación
Regional Meta para que certificara si existe o no inhabilidad especial
para ocupar el cargo de diputado establecida en el artículo 49,
numeral 2, de la Ley 2200, de acuerdo con sus bases de datos y los
antecedentes disciplinarios del citado diputado.
Mediante la Resolución 011 de 24 de enero de 2025, “[..] Por medio
de la cual se declara la vacancia temporal de un diputado como
consecuencia de la suspensión provisional decretada por la
Procuraduría Regional del Meta […]”, el accionado presidente de la
Asamblea del Meta declaró la vacante temporal del diputado
CARLOS ANDRÉS COLLAZOS SILVA, por el término de tres meses,
de conformidad con el auto por el cual se decretó su suspensión
provisional, expediente IUS-E-2024-767022-IUC-D-2024-3896349,
proferido por la Procuraduría Regional del Meta.
Por su parte, el 13 de febrero de 2025, el apoderado del diputado
CARLOS ANDRÉS COLLAZOS SILVA presentó solicitud de nulidad
del trámite iniciado mediante la Resolución 10 de 2025, así como que
se decretara la terminación de este, lo cual fue resuelto por el
accionado como presidente de la Asamblea del Meta mediante la
Resolución 033 de 24 de febrero de 2025, en el sentido de rechazar
y negar la solicitud de nulidad, decisión contra la cual se
interpusieron los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación,
que fueron denegado y rechazado, respectivamente, a través de la
Resolución 065 de 12 de marzo de 2025, expedida por el accionado,
luego de lo cual se surtió el traslado de las pruebas allegadas al
procedimiento administrativo.
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Fue entonces como, con la Resolución 069 de 27 de marzo de 2025,
suscrita por el accionado, se declaró la inhabilidad sobreviniente del
señor CARLOS ANDRÉS COLLAZOS SILVA, con ocasión de la
sentencia de desinvestidura de 3 de octubre de 2024, proferida por
esta Sección, -50001233300020240002601- y, como consecuencia
de ello, la vacancia absoluta de su curul en la Asamblea del Meta.
El 9 de abril de 2025 se interpusieron recursos de reposición y, en
subsidio, de apelación, contra tal decisión, los que fueron denegado
y rechazado, respectivamente, con la Resolución 077 de 21 de abril
2025, expedida por el accionado, y allí mismo se ordenó la adopción
de medidas administrativas para llamar a ocupar la curul que
quedaba vacante, decisión última con la que se finalizó el referido
procedimiento administrativo.
Paralelo al desarrollo de este procedimiento administrativo con el que
la Asamblea del Meta declaró la vacancia absoluta de la curul del
diputado CARLOS ANDRÉS COLLAZOS SILVA, debido a la
inhabilidad que le sobrevino, fue presentada el 6 de febrero de 2025,
ante el Tribunal Administrativo del Meta —subsanada con memorial
de 19 de febrero de 2025— solicitud de pérdida de investidura en
contra del accionado, identificada con radicación
50001233300020250005600, con fundamento en que inició un
procedimiento administrativo mediante la Resolución 10 de 20 de
enero de 2025, presuntamente, sin ningún respaldo normativo y
pese a que la Procuraduría Regional del Meta ya había suspendido
del cargo al diputado CARLOS ANDRÉS COLLAZOS SILVA, trámite
calificado por el actor como un distractor para evitar la aplicación de
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la inhabilidad sobreviniente y permitir que el diputado sancionado
recibiera los honorarios derivados de su actividad en la Corporación,
por lo que había incurrido en indebida destinación de dineros
públicos.
V.3.1.1.- Para la Sala, contrario a lo sostenido por el apelante, el
accionado, en calidad de presidente de la Asamblea del Meta, y a
pesar de haber sido involucrado en la solicitud de pérdida de
investidura con radicación 50001233300020250005600, no tenía la
obligación constitucional, legal, ni reglamentaria, de declararse
impedido para adelantar o continuar el trámite que culminó con la
expedición de la Resolución 069 de 27 de marzo de 2025, mediante
la cual se declaró la inhabilidad sobreviniente y la vacancia absoluta
de la curul del diputado CARLOS ANDRÉS COLLAZOS SILVA, con
ocasión de la sentencia de desinvestidura de 3 de octubre de 2024,
proferida por esta misma Sección, -50001233300020240002601-.
Ello, por cuanto, en primer lugar, en esa otra solicitud de pérdida de
investidura presentada en su contra, el actor, señor JOSÉ ENRIQUE
MOLINA ROJAS, invocó la causal de indebida destinación de dineros
públicos, -causal disímil a la del caso concreto-, y la sustentó en que
el accionado presidente de la Asamblea del Meta, vigencia 2025, dejó
transcurrir, aparentemente, 25 días sin separar del cargo al diputado
CARLOS ANDRÉS COLLAZOS SILVA, a pesar de haber perdido su
investidura, así como que también autorizó el pago de la totalidad de
sus vacaciones y prima de vacaciones, circunstancias fácticas que
fueron censuradas por lo ocurrido hasta el 19 de febrero de 2025,
momento en que fue radicada y subsanada ante el Tribunal
Administrativo del Meta, sin que la conducta posterior del diputado
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Solicitante: JOSÉ EDILSON CHALÁ ORTEGA
HÉCTOR FABIO VÉLEZ BERMÚDEZ tuviera la capacidad de alterar
la configuración, o no, de la causal aludida.
Esto es que ese proceso se falló a partir de los hechos narrados hasta
el instante de su presentación, tal como se observa en la sentencia
de 30 de octubre de 2025, mediante la cual esta Sala denegó la
pérdida de investidura del accionado, -radicación
50001233300020250005601-, sin que su actuación posterior al 19
de febrero de 2025, consistente en la expedición de las resoluciones
033, 065, 069 y 077 de 2025, entre otras, tuviera la virtualidad de
modificar, a su favor, las conclusiones del análisis del Juez, menos
aún le generaban una ventaja, beneficio personal, actual y directo,
capaz de colisionar con el interés público por el que debía propugnar
en su calidad de diputado.
Incluso, si se aceptara que a partir de la presentación de esa solicitud
de pérdida de investidura el accionado optó por acelerar el trámite
para definir cuanto antes la vacancia absoluta de la curul del diputado
CARLOS ANDRÉS COLLAZOS SILVA, para así retirarlo de las
actividades de la Asamblea del Meta, ese escenario tampoco reñía
con sus deberes como presidente de la duma, toda vez que la
supuesta indebida destinación de dineros públicos ya se habría
configurado con el transcurso de 25 días sin separarlo del cargo y el
pago de la totalidad de sus vacaciones y prima de vacaciones.
En segundo lugar, tampoco se avizora un conflicto de intereses en
los términos manifestados por el apelante, pues el procedimiento
administrativo iniciado y culminado por el accionado, con el fin de
determinar la vacancia absoluta de la curul del diputado CARLOS
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Solicitante: JOSÉ EDILSON CHALÁ ORTEGA
ANDRÉS COLLAZOS SILVA, resultó validado recientemente por
esta Sala, así como descartada una intención fraudulenta, artificiosa
o injustificada en su ejecución, en un caso similar al actual, desatado
por los hechos del presidente de la Asamblea del Meta, vigencia
2024, diputado MIGUEL OSWALDO AVELLANEDA LIZCANO, así:
“[…] Pues bien, a partir de lo examinado, para la Sala resulta
evidente que el reconocimiento y pago de las sesiones
extraordinarias de 4, 5, 6, 7 y 8 de diciembre de 2024, por parte del
accionado MIGUEL OSWALDO AVELLANEDA LIZCANO, en su
calidad de presidente de la Asamblea del Meta durante la vigencia
fiscal de 2024, a favor del diputado CARLOS ANDRÉS COLLAZOS
SILVA, no constituyeron indebida destinación de dineros públicos,
habida cuenta que se probó su asistencia y respuesta al llamado a
lista durante esos días, así como su calidad de diputado susceptible
de percibir la respectiva remuneración, elementos suficientes para
justificar la referida erogación presupuestal.
Si bien para la época de los hechos la Sección ya había
proferido en su contra la sentencia de desinvestidura de 3
de octubre de 2024, cuya ejecutoria se materializó el 3 de
diciembre de 2024, lo cierto es que dicha providencia no
estableció efectos jurídicos con incidencia directa e
inmediata en los dineros públicos de la Asamblea del Meta,
sumado a que la desvinculación del diputado CARLOS
ANDRÉS COLLAZOS SILVA fue el resultado de un
procedimiento administrativo al interior de la duma
departamental en el que se analizó la inhabilidad
sobreviniente, de forma posterior a la ocurrencia de los
hechos censurados.
En el marco de la causal de indebida destinación de dineros públicos
del asunto bajo examen, carece de relevancia alguna la
discusión traída al plenario en torno a determinar en qué
momento y circunstancia tenía el deber el accionado de
trasladar los efectos judiciales de la desinvestidura del señor
CARLOS ANDRÉS COLLAZOS SILVA, por hechos relacionados
con su desempeño como concejal de Villavicencio (Meta),
período 2020-2023, al actual ejercicio de su investidura
como diputado del Meta, período 2024-2027, toda vez que,
para el 4, 5, 6, 7 y 8 de diciembre de 2024, este aún era
diputado y tenía la obligación constitucional y legal de asistir
a las reuniones extraordinarias citadas por la Gobernación
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del Meta, así como el derecho a percibir la respectiva remuneración
[…]”38 (Negrillas y subrayas fuera de texto).
En definitiva, la Sala no observa, en los términos del artículo 11,
numeral 1, del CPACA, que al accionado le hubiera surgido, desde el
momento en que fue vinculado a la solicitud de pérdida de investidura
con radicación 50001233300020250005600, un interés particular y
directo en la regulación, gestión, control o decisión del asunto
consistente en definir la vacancia absoluta de la curul del diputado
del Meta, señor CARLOS ANDRÉS COLLAZOS SILVA, luego que
este perdiera su investidura por hechos relacionados con sus labores
como concejal de Villavicencio (Meta), período constitucional 2020-
2023, lo que aquel materializó a través de la expedición de las
resoluciones 010 de 20 de enero, 011 de 24 de enero, 033 de 24 de
febrero, 065 de 12 de marzo, 069 de 27 de marzo y 077 de 21 de
abril de 2025, sin que le fuese exigible declararse impedido.
V.3.1.2.- De los restantes motivos de censura
Finalmente, no es de recibo la censura del apelante relativa a que,
en cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato 016 de
23 de enero de 2025, la estructuración de actos administrativos por
parte del abogado JAIME ANDRÉS LÓPEZ GUTIÉRREZ,
relacionados con la declaratoria de vacancia absoluta de la curul del
diputado CARLOS ANDRÉS COLLAZOS SILVA, -por inhabilidad
sobreviniente-, constituyó conflicto de intereses en cuanto fueron
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de
septiembre de 2025, número único de radicación 50001233300020240038801 (acumulado
50001233300020250000300), consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
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usados como eje de la defensa judicial del accionado en el referido
proceso de desinvestidura.
Ello, habida cuenta que, como ya fue establecido, ese contrato no
tenía como fin adelantar la defensa del presidente de la Asamblea del
Meta, sumado a que los hechos involucrados en la solicitud de
desinvestidura 50001233300020250005600, fueron expuestos con
corte a su presentación el 6 de febrero de 2025, subsanada con
memorial de 19 de febrero de 2025, por lo que toda la actividad
posterior adelantada por la Asamblea del Meta y sus asesores
jurídicos, así como su presidente, para declarar la vacancia absoluta
de la curul del diputado CARLOS ANDRÉS COLLAZOS SILVA,
carecía del potencial necesario para alterar o modificar los cargos que
le habían sido endilgados al accionado en ese otro proceso,
consistentes en que, supuestamente, incurrió en indebida
destinación de dineros públicos al dejar transcurrir 25 días sin
separar del cargo al citado diputado, a pesar de haber perdido su
investidura, y al autorizar el pago de la totalidad de sus vacaciones
y prima de vacaciones.
V.3.2.- De los hechos relacionados con la causal de
impedimento y recusación prevista en el artículo 11, numeral
4, de la Ley 143739
39 “[…] Artículo 11. Conflictos de interés y causales de impedimento y recusación. Cuando
el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del
servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o
sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar
decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por:
(…)
4. Ser alguno de los interesados en la actuación administrativa: representante, apoderado,
dependiente, mandatario o administrador de los negocios del servidor público […]”.
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En un primer escenario de este extremo del proceso, la Sala
encuentra que la Asamblea del Meta, representada por el accionado,
y el abogado JAIME ANDRÉS LÓPEZ GUTIÉRREZ, suscribieron el
contrato de prestación de servicios 016 de 23 de enero de 2025, cuyo
objeto consistió en la “[…] prestación de servicios profesionales de
asesoría jurídica de apoyo a la gestión a la presidencia de la
Asamblea Departamental del Meta […]”, por el término de 3 meses,
un valor de $30.000.000 —a razón de $10.000.000 mensuales— con
fecha de inicio de 24 de enero de 2025 y de finalización de 23 de
abril de 2025, siendo su supervisor el secretario general de la
corporación, señor JORGE ELIÉCER PARRADO GUERRERO.
En la solicitud de desinvestidura, el actor sostuvo que el accionado
“[…] actuó sin declararse impedido para adelantar cualquier
actuación administrativa en dicho contrato […]”, refiriéndose,
en general, a su intervención en el procedimiento administrativo
contractual a través del cual se celebró y ejecutó el contrato de
prestación de servicios 016 de 23 de enero de 2025. Para ello, aportó
como pruebas, en su capítulo denominado ‘MEDIOS DE PRUEBA’, los
‘19. Documentos contractuales del contrato de prestación de
servicios 016 del 2025’.
A su vez, el Ministerio Público, mediante concepto 51 de 24 de abril
de 2025, señaló que sería conveniente oficiar a la Asamblea del Meta,
para que allegara “[…] la carpeta contractual completa
correspondiente al contrato de prestación de servicios No. 16
de 2025, con el doctor JAIME ANDRÉS LÓPEZ GUTIÉRREZ. Es
decir, si los hay, se deben allegar los estudios de precios de mercado,
de justificación, de conveniencia de razonabilidad, que se hubieren
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surtido sobre el particular, la propuesta de prestación de servicios
del mencionado doctor, su hoja de vida, etc. (…) considero que el
material probatorio a pesar de ser amplio, podría ser
enriquecido con los medios probatorios impetrados, por lo
que me permito en este concepto hacerlo […]”.
Fue así como, a través de auto de 20 de mayo de 2025, el Tribunal
abrió a pruebas el proceso, y accedió a esta solicitud de pruebas del
Ministerio Público, para lo cual ofició a la Asamblea del Meta para que
aportara “[…] copia del expediente contractual del contrato de
prestación de servicios No. 16 de 2025, celebrado con el
abogado JAIME ANDRÉS LÓPEZ GUTIÉRREZ; y certifique si dicho
profesional surtió la defensa judicial del Presidente de la Asamblea
del Meta, HÉCTOR FABIO VÉLEZ BERMÚDEZ, en el proceso 50 001
23 33 000 2025 00056 00, en desarrollo del aludido contrato de
prestación de servicios […]”.
En esa misma providencia, y a título de ‘pruebas de oficio’, el Tribunal
volvió a requerir el expediente contractual completo del citado
contrato, así: “[…] El Despacho considera pertinente decretar
pruebas de oficio, de conformidad con lo señalado en el
artículo 213 del C.P.A.C.A, que señala que el juez o magistrado
puede solicitar las pruebas que considere pertinentes. Conforme a lo
anterior, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1881
de 2018, se dispone por Secretaría, oficiar: 1. A la Asamblea del
Departamento del Meta para que en el término de tres (3)
días, aporte los documentos e información que a continuación
se indica, en la cual se incluye la solicitud probatoria elevada
por el Ministerio Público y previamente decretada: (…) b.
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Aporte copia del expediente contractual completo
correspondiente al contrato de prestación de servicios No. 16
de 2025, celebrado con el abogado JAIME ANDRÉS LÓPEZ
GUTIÉRREZ […]”.
La Asamblea del Meta, a través de comunicación de 30 de mayo de
2025, remitida al Tribunal, en respuesta al oficio SGTAM 25-1045 de
27 de mayo de 2025, aportó la carpeta del contrato de prestación de
servicios 016 de 2025, en la que incluyó todos los documentos
pertenecientes al mismo desde la etapa precontractual hasta su
ejecución; asimismo, informó que esta se encuentra cargada en el
Sistema Electrónico para la Contratación Pública–SECOP II con la
identificación ICD_016_2025.
Mediante auto de 17 de junio de 2025, el Tribunal dejó constancia
del arribo de ese expediente contractual, del cual corrió traslado a
las partes, y procedió a fijar fecha para la audiencia pública, en los
siguiente términos: “[…] Las anteriores solicitudes fueron
cumplidas por parte de la Asamblea Departamental del Meta,
como consta en el documento unificado obrante en el índice
30 de la plataforma SAMAI, aportando las consultas concernientes
a la desinvestidura del señor CARLOS ANDRÉS COLLAZOS, y copia
de los documentos que integran la carpeta del contrato de
prestación de servicios No. 016 de 2025, y la certificación
relacionada con el objeto del aludido contrato con el abogado JAIME
ANDRÉS LÓPEZ GUTIÉRREZ (…) De esta manera, habiéndose
obtenido la información y documentos requeridos, se
incorpora y se deja a disposición de las partes y del Ministerio
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Público, de conformidad con lo señalado en los artículos 110
y 269 del C.G.P […]”.
En la carpeta administrativa de dicho contrato, se evidencia lo
siguiente:
Solicitud de 22 de enero de 2025 suscrita por el secretario general
de esa corporación, señor JORGE ELIÉCER PARRADO GUERRERO,
del certificado de disponibilidad presupuestal, por valor de
$30.000.000, para respaldar los recursos de esa contratación, tal
como ocurrió con el certificado de disponibilidad presupuestal 410 de
22 de enero de 2025 —rubro de gastos de funcionamiento 01-
2.1.2.02.02.009-20— expedido por la gerente de Presupuesto,
señora JAIDY ELAIKA NIETO.
Documento denominado ‘ESTUDIO PREVIO PARA LA CONTRATACIÓN
DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA
JURÍDICA DE APOYO A LA GESTIÓN A LA PRESIDENCIA DE LA
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL META’ de 22 de enero de 2025,
mediante el cual el secretario general de la Asamblea del Meta, señor
JORGE ELIÉCER PARRADO GUERRERO, justificó la necesidad de
contratar esos servicios jurídicos externos, así:
“[…] La Asamblea Departamental del Meta tiene la necesidad de
contratar la presente prestación de servicios para brindar apoyo
jurídico a la gestión que adelanta la Asamblea Departamental del
Meta, debido a que en la planta de funcionarios de la Corporación
no se cuenta con personal disponible para realizar las siguientes
actividades, asesoría jurídica a la presidencia de la asamblea
departamental del Meta en todos los asuntos de
competencia de la corporación; asesorar a la asamblea
departamental y emitir conceptos jurídicos en el estudio de
los proyectos de ordenanza que se radiquen para trámite
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ante la corporación; revisar, asesorar y orientar la defensa
jurídica de la corporación en todos los procesos que
actualmente tiene parte la misma y asesorar y apoyar el
proceso de peticiones, quejas y reclamos con orientaciones
hacia la mejora continua.
La presente contratación es conveniente ya que la Asamblea
Departamental del Meta requiere darle solución a la necesidad
anteriormente descrita y para ello no cuenta en su planta con
personal suficiente y se requiere de este personal para ejecutar
dicho apoyo.
Adicionalmente la presente contratación es oportuna ya que
los servicios a contratar se requieren actualmente en forma
temporal solo para llevar a cabo el apoyo jurídico a la gestión
que adelanta la Asamblea Departamental del Meta de
acuerdo con la necesidad de la entidad, y además existen los
recursos para dicha contratación, tareas que forman parte
del giro ordinario de la entidad y que son necesarias para el
cumplimiento de los fines de la corporación.
Es claro que los contratos de prestación de servicios profesionales
se celebran cuando se trata de fines específicos o no existe personal
de planta suficiente para prestar el servicio a contratar, al tenor de
lo dispuesto por el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993, que
define el contrato de prestación de servicios como el que celebran
las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con
la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos,
según lo dispuesto por la norma descrita, “solo podrán celebrarse
con personas naturales cuando dichas actividades no puedan
realizarse con personal de planta” […]” (Negrillas y subrayas fuera
de texto).
Con oficio de 22 de enero de 2025, el accionado HÉCTOR FABIO
VÉLEZ BERMÚDEZ, en su calidad de presidente de la Asamblea del
Meta, remitió invitación al abogado JAIME ANDRÉS LÓPEZ
GUTIÉRREZ, para que presentara propuesta económica y de
servicios, de acuerdo con el asunto en referencia, con presupuesto
oficial de $30.000.000, y le advirtió que los alcances y
responsabilidades reposaban en los estudios previos que podrían ser
consultados en los documentos del proceso en la plataforma SECOP
II.
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En respuesta a dicha invitación, el abogado remitió su propuesta
acompañada de soportes de formación y experiencia profesional,
sumados a la presentación de las siguientes actividades específicas:
“[…] 1. Asesoría jurídica a la presidencia de la asamblea
departamental del Meta en todos los asuntos de competencia de la
corporación.
2. Asesorar a la asamblea departamental y emitir conceptos
jurídicos en el estudio de los proyectos de ordenanza que se
radiquen para trámite ante la corporación.
3. Revisar, asesorar y orientar la defensa jurídica de la corporación
en todos los procesos que actualmente tiene parte la misma.
4. Asesorar y apoyar el proceso de peticiones, quejas y reclamos
con orientaciones hacia la mejora continua […]”.
Además, propuso llevar a cabo las siguientes labores para el cabal
cumplimiento del objeto contractual:
“[…] • Utilizar todos sus conocimientos en el apoyo a la gestión de
la presidencia de la asamblea y ejercer sus actividades con
honestidad, eficiencia y calidad, dentro de un ambiente de
cordialidad y respeto para los demás.
• Guardar la debida reserva y confidencialidad sobre los
documentos que le sean entregados o tenga conocimiento con
ocasión de la ejecución del contrato.
• Afiliarse al sistema de seguridad social integral (Salud, Pensión y
Riesgos Profesionales).
• Realizar los pagos mensuales por concepto de seguridad social
integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) sobre el 40%
bruto del valor mensual. En ningún caso la base gravable podrá
ser menor al salario mínimo mensual legal vigente.
• Entregar al supervisor del contrato junto con el informe
mensual, copia legible del comprobante de pago del aporte
mensual al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión y
Riesgos Profesionales) en los términos señalados en la Ley.
• El contratista debe demostrar buen manejo de las relaciones
interpersonales, ser diligente y responsable.
• El contratista dentro del valor del contrato debe garantizar los
gastos de transporte, materiales, insumos de apoyo logístico
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necesarios para el desarrollo del objeto del contrato. Por ningún
motivo se reconocerá viáticos, transporte o subsidios para el
cumplimiento del contrato.
• Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales,
evitando dilaciones […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Con el documento denominado ‘VERIFICACIÓN DE IDONEIDAD Y
EXPERIENCIA’, el secretario general de la Asamblea del Meta, señor
JORGE ELIÉCER PARRADO GUERRERO, certificó que el abogado
JAIME ANDRÉS LÓPEZ GUTIÉRREZ cumplió con todos los
requisitos para que procediera a celebrar el respectivo contrato de
prestación de servicios con el accionado en calidad de presidente y
representante legal de la asamblea, lo que en efecto sucedió con el
consecutivo 016 de 23 de enero de 2025 y registro presupuestal 217
de igual fecha.
En la cláusula novena de la minuta del contrato 016 de 23 de enero
de 2025, relativa a la supervisión, se estableció al secretario general
de la Asamblea del Meta, señor JORGE ELIÉCER PARRADO
GUERRERO para llevar a cabo esta labor bajo las siguientes
condiciones:
“[…] CLÁUSULA NOVENA: SUPERVISIÓN. La Asamblea del
Meta ejercerá la supervisión del presente contrato a través
del secretario general al cual se le está prestando el apoyo
en la gestión, quien tendrá las siguientes funciones: 1) Rendir
informes escritos los cuales deben contener el resumen del
desarrollo del contrato. 2). Informar oportunamente a la presidencia
cualquier anomalía o incumplimiento por parte del contratista. 3)
Todas aquellas actividades que garanticen la normal
ejecución y cumplimiento del contrato de acuerdo con el
programa establecido y las demás contenidas en la ley. 4) El
supervisor responderá disciplinaria, civil y penalmente por
sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los
términos de la Constitución Política y artículo 51 de la Ley 80
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de 1993 y artículo 84 del Estatuto Anticorrupción-Ley 1474
de 2011) […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Acorde con ello, en la cláusula octava del citado contrato, una de las
obligaciones del abogado contratista fue entregar los respectivos
informes mensuales al supervisor, junto con los comprobantes de la
seguridad social, en aras de cobrar los respectivos honorarios:
“[…] CLÁUSULA OCTAVA: DERECHOS Y OBLIGACIONES
GENERALES DEL CONTRATISTA. (…) Son obligaciones generales
del contratista: (…) 5. Entregar al supervisor del contrato junto
con el informe mensual, copia legible del comprobante de
pago del aporte mensual al Sistema de Seguridad Social
(Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) en los términos
señalados en la Ley […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Con acta suscrita entre el abogado contratista, JAIME ANDRÉS
LÓPEZ GUTIÉRREZ, y el secretario general de la Asamblea del
Meta, señor JORGE ELIÉCER PARRADO GUERRERO, en su calidad
de supervisor, se estableció como fecha de inicio del contrato, el 24
de enero de 2025, así como la fecha de finalización, el 23 de abril de
2025.
Aparece el informe de actividades 1 suscrito por el abogado
contratista, correspondiente al período comprendido entre el 24 de
enero de 2025 y el 23 de febrero de 2025, dirigido al secretario
general de la Asamblea del Meta, en su calidad de supervisor del
contrato, quien a su vez elaboró: (i) formato de ‘INFORME DE
SUPERVISIÓN CÓDIGO F-BS-23’ de 4 de marzo de 2025, por dicho
período, en el que certificó que: “[…] De acuerdo con la información
anteriormente suministrada y la contenida en el F-BS-16 certificado
del supervisor autorizando el pago, certifico que durante el periodo
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objeto de este informe, el contratista cumplió a satisfacción las
obligaciones del contrato, y cumplió con el pago del sistema de
seguridad social, la cual fue verificada física y documentalmente por
el suscrito […]”; y (ii) formato de ‘CERTIFICADO DEL SUPERVISOR
AUTORIZANDO PAGO CÓDIGO F-BS-16’ de 4 de marzo de 2025, por
valor de $10.000.000, en el que expresó que: “[…] Se expide como
requisito esencial para que se efectúe el pago correspondiente […]”.
A su vez, está el formato ‘RECONOCIMIENTO Y PAGO (PAGO PARCIAL
O FINAL) CÓDIGO F-BS-15’ de 4 de marzo de 2025, suscrito por el
secretario general de la corporación, en su calidad de supervisor del
contrato, y por el accionado en calidad de presidente y ordenador del
gasto.
Este pago fue cobrado por el contratista con factura electrónica de
venta FEJA 78 de 4 de marzo de 2025 y pagada con la orden de pago
1914 de 10 de marzo de 2025, firmada por la secretaria de Hacienda,
el gerente de Contaduría y el profesional universitario; la operación
fue respaldada con comprobante de egreso 2416 de 10 de marzo de
2025, suscrito por el gerente de Tesorería, y comprobante de
transacción de Davivienda de la misma fecha.
Se encuentra el informe de actividades 2 suscrito por el abogado
contratista, correspondiente al período comprendido entre el 24 de
febrero de 2025 y el 23 de marzo de 2025, dirigido al secretario
general de la Asamblea del Meta, en su calidad de supervisor del
contrato, quien a su vez elaboró: (i) formato de ‘INFORME DE
SUPERVISIÓN CÓDIGO F-BS-23’ de 28 de marzo de 2025, por dicho
período, en el que certificó que: “[…] De acuerdo con la información
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anteriormente suministrada y la contenida en el F-BS-16 certificado
del supervisor autorizando el pago, certifico que durante el periodo
objeto de este informe, el contratista cumplió a satisfacción las
obligaciones del contrato, y cumplió con el pago del sistema de
seguridad social, la cual fue verificada física y documentalmente por
el suscrito […]”; y (ii) formato de ‘CERTIFICADO DEL SUPERVISOR
AUTORIZANDO PAGO CÓDIGO F-BS-16’ de 28 de marzo de 2025,
por valor de $10.000.000, en el que expresó que: “[…] Se expide
como requisito esencial para que se efectúe el pago correspondiente
[…]”.
De igual forma, está el formato ‘RECONOCIMIENTO Y PAGO (PAGO
PARCIAL O FINAL) CÓDIGO F-BS-15’ de 28 de marzo de 2025,
suscrito por el secretario general de la corporación, en su calidad de
supervisor del contrato, y por el accionado en calidad de presidente
y ordenador del gasto.
Este pago fue cobrado por el contratista con factura electrónica de
venta FEJA 83 de 28 de marzo de 2025 y pagada con la orden de
pago 3473 de 3 de abril de 2025, firmada por la secretaria de
Hacienda, el gerente de Contaduría y el profesional universitario; la
operación fue respaldada con comprobante de egreso 4415 de 3 de
abril de 2025, suscrito por el gerente de Tesorería, y comprobante
de transacción de Davivienda de la misma fecha.
Está el informe de actividades 3 suscrito por el abogado contratista,
correspondiente al período comprendido entre el 24 de marzo de
2025 y el 23 de abril de 2025, dirigido al secretario general de la
Asamblea del Meta, en su calidad de supervisor del contrato, quien a
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su vez elaboró: (i) formato de ‘INFORME DE SUPERVISIÓN CÓDIGO
F-BS-23’ de 24 de abril de 2025, por dicho período, en el que certificó
que: “[…] De acuerdo con la información anteriormente suministrada
y la contenida en el F-BS-16 certificado del supervisor autorizando el
pago, certifico que durante el periodo objeto de este informe, el
contratista cumplió a satisfacción las obligaciones del contrato, y
cumplió con el pago del sistema de seguridad social, la cual fue
verificada física y documentalmente por el suscrito […]”; y (ii)
formato de ‘CERTIFICADO DEL SUPERVISOR AUTORIZANDO PAGO
CÓDIGO F-BS-16’ de 24 de abril de 2025, por valor de $10.000.000,
en el que expresó que: “[…] Se expide como requisito esencial para
que se efectúe el pago correspondiente […]”.
A su vez, está el formato ‘RECONOCIMIENTO Y PAGO (PAGO PARCIAL
O FINAL) CÓDIGO F-BS-15’ de 24 de abril de 2025, suscrito por el
secretario general de la corporación, en su calidad de supervisor del
contrato, y por el accionado en calidad de presidente y ordenador del
gasto.
Este pago fue cobrado por el contratista con factura electrónica de
venta FEJA 87 de 24 de abril de 2025 y pagada con la orden de pago
5142 de 29 de abril de 2025, firmada por la secretaria de Hacienda,
el gerente de Contaduría y el profesional universitario; la operación
fue respaldada con comprobante de egreso 6147 de 29 de abril de
2025, suscrito por el gerente de Tesorería, y comprobante de
transacción de Davivienda de la misma fecha.
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Posteriormente, con memorial de 21 de abril de 2025, a escasos días
de finalizar el contrato 016 de 2025, el secretario general de la
Asamblea del Meta le solicitó al accionado autorizar su adición, así:
“[…] En mi calidad de supervisor del Contrato de Prestación de
Servicios No. 016 del 23 de enero de 2025, que tiene por objeto
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA
JURÍDICA DE APOYO A LA GESTIÓN A LA PRESIDENCIA DE LA
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL META” suscrito entre la
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL META y JAIME ANDRES LÓPEZ
GUTIÉRREZ, en razón a la necesidad y permanencia del contratista
por medio de la presente le solicito a usted como ordenador
del gasto para que se tenga en cuenta la adición del contrato
en mención […]”.
Fue expedido el certificado de disponibilidad presupuestal 1971 de
21 de abril de 2025, por la gerente de Presupuesto, cuyo objeto fue
la: “[…] ADICIÓN AL CONTRATO 016 DE 2025 PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA DE APOYO A
LA GESTIÓN A LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
DEL META […]”.
El 21 de abril de 2025, se celebró la ‘ADICIÓN Y/O PRÓRROGA
CONTRATO NO. 016 DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL DEL META Y JAIME ANDRÉS LÓPEZ GUTIÉRREZ’,
entre el abogado contratista y el accionado en su calidad de
presidente, representante legal y ordenador del gasto de la duma,
con la que: (i) se prorrogó en 1 mes y 15 días la vigencia del contrato
016 de 2025, a partir del día siguiente a la finalización del término
inicial; y (ii) se adicionó su valor en $15.000.000, pagaderos con un
primer desembolso mensual por valor de $10.000.000 y con un
segundo desembolso mensual por una suma de $5.000.000. A esta
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actuación contractual le correspondió el registro presupuestal 4152
de 21 de abril de 2025.
Cabe resaltar, sin perjuicio de lo anterior, que, respecto del contrato
016 de 23 de enero de 2025, aparece certificación SEC2025-219 de
30 de mayo de 2025, suscrita por el secretario general de la
Asamblea del Meta, según la cual, allí no se estableció actividad u
obligación alguna relativa a evacuar la defensa judicial del accionado
en el proceso de pérdida de investidura
50001233300020250005600, en los siguientes términos: “[…]
Finalmente, nos permitimos certificar que el Dr. Jaime Andrés López
Gutiérrez celebró con la Asamblea Departamental del Meta, en el mes
de enero de 2025 Contrato de Prestación de Servicios No. 016 de
2025, cuyo objeto es: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
DE ASESORÍA JURÍDICA DE APOYO A LA GESTIÓN A LA
PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL META”; sin
embargo, y como lo podrá evidenciar en la copia remitida del referido
contrato, ni el objeto contractual, ni las obligaciones, ni la ejecución
del mismo no contempló la defensa judicial del diputado Héctor Fabio
Vélez Bermúdez dentro del proceso 50 001 23 33 000 2025 0005600,
así mismo se evidencia de los informes de actividades presentados
por el contratista, dentro de las cuales no se evidencia alguna
actividad relacionada con el citado proceso judicial […]”.
En un segundo escenario, se evidencia que en el proceso de pérdida
de investidura con radicación 50001233300020250005600, el
accionado del caso concreto también aparece como acusado. Para
atender su defensa, este decidió contratar al mismo abogado
contratista de la Asamblea del Meta, JAIME ANDRÉS LÓPEZ
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GUTIÉRREZ, según contrato de prestación de servicios profesionales
de 11 de marzo de 2025 —celebrado entre ambos por un valor de
honorarios de $15.000.000— y poder especial de 10 de marzo de
2025, otorgado el 11 de marzo de 2025 en la Notaría 3 del Círculo
de Villavicencio (Meta), profesional que contestó esa solicitud de
desinvestidura el 17 de marzo de 2025, y le fue reconocida
personería con auto de pruebas de 1o. de abril de 2025.
El abogado actuó en ejercicio del poder especial durante el curso de
ese proceso, tal como consta en el sistema de gestión judicial SAMAI
del proceso de pérdida de investidura con radicación
50001233300020250005600; asistió en representación del
accionado a la audiencia pública de 28 de abril de 2025, presentó un
resumen de su intervención y, finalmente, renunció al poder el 10 de
julio de 2025, época en la que cesó su actuación judicial.
De igual manera, aparecen tres comprobantes de depósito en
efectivo del Banco Davivienda de 10 de marzo de 2025, por las sumas
de $1.500.000 (aprobación 4824), $7.450.000 (aprobación 4792) y
$6.050.000 (aprobación 4816), para un total de $15.000.000; así
como un recibo de caja de 11 de marzo de 2025, en el que consta
que el apoderado recibió del accionado la suma global de
$15.000.000, por concepto de ‘pago de honorarios defensa PI 2025-
00056’.
Un paralelo de estos dos contratos permite observar lo siguiente:
Cláusulas Contrato 016 de 23 de enero Contrato de prestación de
de 2025 servicios de abogado de 11 de
marzo de 2025
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(Término inicial: 24 de enero
hasta 23 de abril de 2025)
(Adición de 21 de abril de 2025,
lo prorrogó: 1 mes y 15 días)
Partes Contratante: Asamblea Contratante: Héctor Fabio Vélez
Departamental del Meta. Bermúdez.
Contratista: Jaime Andrés López Contratista: Jaime Andrés López
Gutiérrez. Gutiérrez.
Objeto Prestación de servicios El abogado se compromete con el
profesionales de asesoría contratante a prestar sus servicios
jurídica de apoyo a la profesionales en la defensa jurídica
gestión a la Presidencia de de éste, dentro del proceso
la Asamblea contencioso administrativo de
departamental del Meta pérdida de investidura radicado
bajo número 2025-00056 el cual se
está adelantando ante el Honorable
Tribunal Administrativo del Meta de
Villavicencio.
Alcance del objeto: La defensa
jurídica que adelantará el abogado
al interior de los procesos
contencioso administrativo, implica
la realización de los siguientes
actos: i) Revisar el expediente y
analizar el contenido de la
demanda, sus anexos y los autos
que profiera el Honorable Tribunal
Administrativo del Meta; (ii)
asesorar una estrategia de
defensa, (iii) servir de apoderado al
interior del proceso, analizar los
escritos a radicar, recursos; (iv)
asesorar, acompañar y servir de
apoderado de defensa en todos los
actos procesales; (v) actuación
jurídica en las audiencias
programadas; (vi) análisis,
asesoría y presentación en la
solicitud de pruebas; (vii)
proyección y elaboración de escrito
de contestación de la demanda,
presentación y solicitud de
pruebas, contradicción de pruebas
existentes, elaboración de escrito
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Solicitante: JOSÉ EDILSON CHALÁ ORTEGA
de alegatos de conclusión; (viii)
eventual interposición de recurso
de apelación; (ix) eventual solicitud
de pruebas en segunda instancia,
elaboración de escrito de alegatos
de conclusión de segunda
instancia; (x) notificación de fallos
de primera y segunda instancia;
(xi) en general, preparar una
estrategia jurídica de defensa al
interior del proceso de pérdida de
investidura.
Obligaciones El contratista desarrollará las El abogado se obliga mediante el
siguientes actividades: 1. presente contrato de prestación de
Asesoría jurídica a la presidencia servicios a: 1. Poner todo su
de la Asamblea departamental conocimiento en materia jurídica y
del Meta en todos los asuntos de de derecho constitucional,
competencia de la corporación; administrativo y procesal al servicio
2. Asesorar a la asamblea del contratante, 2. Servir de
departamental y emitir apoderado del contratante dentro
conceptos jurídicos en el estudio de los procesos contencioso
de los proyectos de ordenanza administrativo de pérdida de
que se radiquen para trámite investidura radicados bajo los
ante la corporación; 3. Revisar, números 2024-00388 y 2025-
asesorar y orientar la defensa 00003 los cuales se están
jurídica de la corporación en adelantando ante el Honorable
todos los procesos que Tribunal Administrativo del Meta,
actualmente tiene parte la 3. Interponer recursos, presentar
misma y 4. Asesorar y apoyar el pruebas, asistir a audiencias y en
proceso de peticiones, quejas y general realizar todos los actos
reclamos con orientaciones propios de la defensa del
hacia al mejora continua. contratante; 4. Estará a disposición
del contratante para llevar a cabo
reuniones necesarias para afrontar
la defensa jurídica del mismo. 5.
Darle información completa al
contratante de defensa jurídica del
mismo. Parágrafo: Se aclara que la
obligación del abogado es de
gestión más no resultado, razón
por la que el abogado se abstiene
de garantizar un resultado sobre el
proceso objeto del presente
contrato.
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Solicitante: JOSÉ EDILSON CHALÁ ORTEGA
La Sala, a partir de las pruebas analizadas, evidencia que, contrario
a lo sostenido por el Tribunal, en este caso sí está probada la causal
de impedimento y recusación prevista en el artículo 11, numeral 4,
de la Ley 1437, toda vez que el abogado contratista de la Asamblea
del Meta, JAIME ANDRÉS LÓPEZ GUTIÉRREZ, en su calidad de
interesado en el procedimiento contractual surtido durante el
contrato 016 de 23 de enero de 2025 —pues era una de las partes
de ese negocio jurídico y pactó el pago de honorarios por actividades
de asesoría jurídica— fungió, simultáneamente, como apoderado del
diputado en el proceso de pérdida de investidura con radicación
50001233300020250005600.
De allí que el accionado, en su calidad de servidor público, debió
manifestar la presencia de esta circunstancia para someterla a
consideración y votación de la Asamblea del Meta, ante la posible
configuración de un conflicto de intereses durante su intervención en
la actuación administrativa que se desprendió de la celebración y
ejecución del contrato 016 de 23 de enero de 2025, trámite que,
como quedó visto, exigió su participación en calidad de presidente,
representante legal y ordenador del gasto de la duma para firmar el
reconocimiento y pago de los honorarios del abogado y celebrar la
adición al contrato.
Al haber omitido este deber de revelación, sin lugar a duda, el
accionado transgredió el presupuesto establecido, en materia de
impedimentos y recusaciones, por el artículo 11, numeral 4, de la
Ley 1437.
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Solicitante: JOSÉ EDILSON CHALÁ ORTEGA
V.3.2.1.- Del interés particular, actual y directo del diputado
HÉCTOR FABIO VÉLEZ BERMÚDEZ
Ahora bien, identificada, como quedó, la pretermisión de la referida
causal de impedimento y recusación, cierto es que subyace la
configuración de un conflicto de intereses en cabeza del accionado,
habida cuenta que confluyó un beneficio particular, actual y directo
durante su actuación como presidente y ordenador del gasto en el
contrato 016 de 23 de enero de 2025 y su adición de 21 de abril de
2025.
En efecto, tal como se constató, el diputado decidió contratar al
mismo abogado contratista de la Asamblea del Meta, JAIME
ANDRÉS LÓPEZ GUTIÉRREZ, según contrato de prestación de
servicios profesionales de 11 de marzo de 2025 —celebrado por un
valor de honorarios de $15.000.000— firmó poder especial de 10 de
marzo de 2025, otorgado el 11 de marzo de 2025 en la Notaría 3 del
Círculo de Villavicencio (Meta); y, desde el momento en que este
procedió a contestar la solicitud de desinvestidura con radicación
50001233300020250005600 —el 17 de marzo de 2025— el
accionado:
(i) Suscribió los formatos de ‘RECONOCIMIENTO Y PAGO (PAGO
PARCIAL O FINAL) CÓDIGO F-BS-15’ de 28 de marzo y 24 de abril
de 2025, en calidad de presidente y ordenador del gasto de la duma
del Meta.
(ii) Y, celebró, en esa misma calidad de presidente de la Asamblea
del Meta y ordenador del gasto, la ‘ADICIÓN Y/O PRÓRROGA
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Solicitante: JOSÉ EDILSON CHALÁ ORTEGA
CONTRATO NO. 016 DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL DEL META Y JAIME ANDRÉS LÓPEZ GUTIÉRREZ’ de
21 de abril de 2025, con el abogado contratista, con la que prorrogó
en 1 mes y 15 días la vigencia del contrato 016 de 2025, a partir del
día siguiente a la finalización del término inicial y también adicionó
su valor en $15.000.000.
En cuanto a los formatos para reconocimiento y pago de honorarios,
la Sala pone de presente, a diferencia de lo expuesto por el Tribunal,
que en el caso concreto no se trató de una mera ‘acción de ejecución’,
producto de los certificados del supervisor, sino que, por el contrario,
el accionado sí hizo parte de una actuación administrativa de aquellas
censuradas por el artículo 11, numeral 4, de la Ley 1437, en la cual
participó a través de la habilitación del respectivo desembolso,
aprobando, con su firma, los formularios requeridos para tal fin, en
consonancia con la labor previa de certificación de actividades llevada
a cabo por el secretario de la corporación, en su calidad de supervisor
del contrato 016 de 23 de enero de 2025.
Ocurre lo mismo con la adición al contrato 016 de 2025, celebrada el
21 de abril de 2025, porque allí el accionado manifestó su voluntad
libre, en representación de la Asamblea del Meta, de aceptar la
solicitud del abogado JAIME ANDRÉS LÓPEZ GUTIÉRREZ,
respecto a prorrogarle el trato inicial en tiempo (1 mes y 15 días) y
apropiar y afectar dineros públicos para aumentar su valor
($15.000.000), adición realizada hasta el tope de lo permitido —
50%— cuando este ya era su apoderado judicial y como contratista
le persistía un interés en dicho trámite contractual.
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Solicitante: JOSÉ EDILSON CHALÁ ORTEGA
El accionado, en su defensa, manifestó que la celebración de esta
prórroga contractual no implicó conflicto de interés alguno, así:
“[…] Por lo anterior es dable afirmar que las entidades públicas a
través de sus representantes legales pueden celebrar contratos de
prestación de servicios con personas naturales para que coadyuven
con el apoyo a la gestión pública por el término estrictamente
necesario, tal y como lo hizo la Asamblea Departamental del Meta
con el señor JAIME ANDRÉS LÓPEZ GUTIÉRREZ a través del bilateral
No 016 de enero de 2025, sin que existiera prohibición legal para
ello, contrato que a la fecha se encuentra terminado, luego
de que legalmente fuera adicionado por mes y medio en
virtud a la necesidad que tenía la Asamblea Departamental
de contar con un profesional del derecho para que
continuara con la asesoría y acompañamiento jurídico en los
temas administrativos funcionales de la Duma
Departamental, sin que ello per se demuestre tampoco un
conflicto de intereses […]”40.
Contrario a lo alegado por el diputado, tanto el reconocimiento y pago
de honorarios de 28 de marzo y 24 de abril de 2025, en el marco del
contrato 016 de 23 de enero de 2025, como la adición o prórroga
suscrita el 21 de abril de 2025, corresponden a actuaciones
administrativas que sí redundaron en un beneficio particular, actual
y directo suyo, así como de su apoderado, luego de aprobar el pago
y gestionar y perfeccionar nuevas condiciones en el referido negocio
jurídico, con quien ostentaba la doble condición de abogado personal
y de la corporación.
Las decisiones judiciales de esta Sección41, por demás, han
establecido que la ley entiende que en las situaciones descritas en el
40 Citado del resumen escrito de la defensa del accionado durante su intervención en la audiencia
pública de 7 de julio de 2025, allegada al expediente a través de correo electrónico de igual fecha,
con destino al Tribunal Administrativo del Meta.
41 Aspecto desarrollado en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2025, número único de radicación 50001-23-33-000-
2024-00175-02, consejero ponente Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Ver también Cfr. Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Roberto
Augusto Serrato Valdés. Sentencia de 19 de septiembre de 2019. Radicación núm.: 13001-23-33-
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Número único de radicación: 50001 23 33 000 2025 00113 01
Solicitante: JOSÉ EDILSON CHALÁ ORTEGA
artículo 11 de la Ley 1437 se encuentra comprometida la
imparcialidad y objetividad de los servidores públicos y, por ello, se
presenta conflicto de intereses ante la existencia de intereses
personales y directos con relación a la decisión que se pretende
adoptar.
Se precisa que el interés, no solo es entendido, como lo indica el
apelante, como el provecho, conveniencia o utilidad, sino también
como:
“[…] La Sala Plena42 se ha pronunciado afirmando que el interés
debe ser entendido como “[…] una razón subjetiva que torna al
funcionario y que lo inhabilita para aproximarse al proceso de toma
de decisiones con la ecuanimidad, la ponderación y el desinterés que
la norma moral y la norma legal exigen […]”43 […]”44.
En efecto, la sentencia de 26 de septiembre de 202445 expone el
criterio de la Sala, así:
000-2018-00738-01(PI). Reiterada en: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia de 3 de marzo de 2023.
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2022-01015-01. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia de 11
de mayo de 2023. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2022-01016-01. Consejo de Estado. Sala de
lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña Garzón.
Sentencia de 14 de septiembre de 2023. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2022-01014-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente:
Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia de 26 de septiembre de 2024. Radicación núm.: 05001-23-
33-000-2024-00237-01. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia de 6 de marzo de 2025. Radicación
núm.: 50001-23-33-000-2024-00321-01.
42 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 27 de julio de 2010,
número único de radicación 11001-03-15-000-2009-01219-00(PI), consejero ponente Mauricio
Fajardo Gómez y cit. de 24 de febrero de 2015, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-
01139-00(PI), consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso.
43 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 19 de marzo de
1996, Expediente núm. AC-3300, consejero ponente Joaquín Barreto Ruiz.
44 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera ponente:
Nubia Margoth Peña Garzón. Sentencia de 14 de septiembre de 2023. Radicación núm.: 25000-23-
15-000-2022-01014-01
45 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente:
Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia de 26 de septiembre de 2024. Radicación núm.: 05001-23-
33-000-2024-00237-01.
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Número único de radicación: 50001 23 33 000 2025 00113 01
Solicitante: JOSÉ EDILSON CHALÁ ORTEGA
“[…] 108. La Sección Primera46 ha considerado que la ley entiende
que en las situaciones descritas en el artículo 11 de la Ley 1437 se
encuentra comprometida la imparcialidad y objetivad de los
servidores públicos, precisamente, porque el legislador deduce que
de esa situación surge un conflicto de interés ante la existencia de
intereses personales, directos y actuales en relación con la decisión
que debe adoptarse, derivados concretamente del hecho de haber
integrado la misma lista con quien tiene interés en la actuación
administrativa, en periodos electorales coincidentes.
109. La previsión del legislador tiene sentido, toda vez que las
causales de impedimento buscan precaver que el interés directo,
personal y actual del servidor público, en este caso de elección
popular, se mezcle con el interés general y prevalezca sobre este;
circunstancia que, se reitera, el legislador deduce, previa y
objetivamente, y, para el caso sub examine, la previsión ocurre en
los casos en que integrantes de una misma lista a cargos de elección
popular de las corporaciones públicas, tengan la posibilidad de
participar y/o votar un asunto en el que tenga interés alguna
persona de aquellas con las que integró la lista, siempre que exista
coincidencia de períodos […]”.
Y es que la norma asume que, en las situaciones descritas en ese
artículo, se presenta un interés directo y particular del servidor
público que tiene a su cargo el adelantamiento o sustanciación de
actuaciones administrativas, la realización de investigaciones, la
práctica de pruebas o la emisión de decisiones definitivas y, por ello,
entiende que se presenta conflicto de intereses.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo47de esta Corporación,
con relación a la violación del régimen de conflicto de intereses ha
destacado que:
46 Ver, entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo; sentencia de 19 de
septiembre de 2019. MP. Roberto Augusto Serrato Valdés; expediente 13001-23-33-000-2018-
00738-01(PI); sentencia de 27 de abril de 2023. MP. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente
25000231500020220092701(PI); sentencia de 11 de mayo de 2023. MP. Hernando Sánchez
Sánchez, expediente 250002315000202201016-01; sentencia de 10 de agosto de 2023. MP. Nubia
Margoth Peña Garzón, expediente 25000231500020220092601(PI).
47 Cfr. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejero ponente: Gerardo
Arenas Monsalve. Sentencia de 20 de octubre de 2015. Radicación núm.: 11001-03-15-000-2014-
03169-00(PI).
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Número único de radicación: 50001 23 33 000 2025 00113 01
Solicitante: JOSÉ EDILSON CHALÁ ORTEGA
“[…] La jurisprudencia de la Sala ha reiterado la tesis ab initio
expresada respecto del conflicto de intereses, así48:
La presencia del conflicto de intereses no es en sí misma censurable.
Por lo general los hombres están expuestos a soportar y a resolver
en sus relaciones familiares, sociales y políticas, conflictos de
intereses de las más variadas características. Lo que es censurable
y lo que determina un tratamiento legal, es la forma como el
individuo resuelve el conflicto de intereses que se le presenta frente
a una situación concreta. El individuo puede, en efecto, hacer un
pacto de paz con su conciencia y admitir la resolución del conflicto
aceptando, por ejemplo, que lo que es bueno para él (sic) todo lo
es también para la parte, aun así no tome una posición
determinante en la adopción de la decisión que le favorece; pero
puede también advertir, y es su obligación moral y legal hacerlo,
que participar en la adopción de la decisión correspondiente cuando
de ella derivaría un beneficio personal particularizado, no sólo
contrariaría normas morales (en cualquier sistema ético) sino que
vulneraría disposiciones del derecho positivo (como las que aquí se
han citado).
Por ello, para evitar que se dé una participación viciada de
parcialidad en el proceso de toma de decisiones (judiciales,
legislativas, administrativas, etc.), el ordenamiento positivo
establece un mecanismo de una gran racionalidad y de una
impresionante sencillez: El juez, el legislador, el administrador, que
debiendo participar en la adopción de una determinada decisión, ya
sea mediante sentencia, ley, decreto, acto administrativo, etc., si
encuentra que su adopción es susceptible de generarle un beneficio
particular específico, debe ser separado de dicho proceso, bien en
forma voluntaria porque advertido el conflicto, lo haga manifiesto
mediante la declaratoria del impedimento, ora por iniciativa de
terceras personas, utilizando el mecanismo de la recusación […]”.
A su vez, prohijando una decisión de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de la Corporación, esta Sala49 estableció que:
48 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia 19 de marzo de 1996,
expediente AC – 3300, demandante: Emilio Sánchez Alsina, demandado: Gustavo Espinosa
Jaramillo, consejero ponente Joaquín Barreto Ruiz.
49 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero
ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés (E1). Sentencia de 30 de junio de 2017. Radicación núm.
66001-23-33-002-2016-00291-01(PI).
En el mismo sentido: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Consejera ponente: María Claudia Rojas Lasso. Sentencia de 2 de junio de 2016. Radicación núm.:
66001-23-33-000-2015-00177-01(PI).
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“[…] La misma Sala Plena, en reciente sentencia precisó que “el
conflicto de intereses afecta la posibilidad de participar en toda clase
de actuaciones y decisiones donde, en principio, debería actuar el
congresista, es decir, que está inhibido para participar en el trámite
de los asuntos sometidos a su consideración. Esto significa que no
puede intervenir en la deliberación ni en la votación de proyectos de
ley, de actuaciones judiciales, ni en la adopción de otras decisiones
judiciales, electorales o políticas, siempre que lo afecten” […]”50.
Esta Sección, igualmente, se ha pronunciado en relación con la
intrascendencia, para efectos de la configuración de la causal de
pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de
intereses, del sentido en que se haya participado en el trámite
respectivo.
Así, en la sentencia de 18 de marzo de 202151, destacó que:
“[…] c) Que, a pesar de ello, el Congresista [diputado] participe
efectivamente del respectivo trámite, sin haber manifestado su
impedimento para actuar o sin haber sido recusado
De conformidad con el Acta de Sesión 3 de 7 de enero de 2020 fue
elegida Contralora Departamental encargada la ciudadana, Carmen
Lucía Bernal Niño, en la cual se consignó que la votación fue secreta
y no obra constancia de que la ciudadana Lady Patricia Bohórquez
Cuevas haya manifestado su impedimento.
Para la Sala, contrario a lo manifestado por la recurrente y como de
manera acertada lo indicó el a quo, para efectos de la configuración
de la causal de pérdida de investidura no interesa que haya votado
a favor de la ciudadana Carmen Lucía Bernal Niño, pues el conflicto
de interés puede darse por la participación o votación en un asunto
que conozca la asamblea, lo cual comprende la función normativa,
de control político, las administrativas, y electorales52 […]” (negrilla
del texto).
50 Sentencia de 12 de abril de 2012, Expediente: 2010-1325, M.P. Dr. Enrique Gil Botero.
51 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero
ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Sentencia de 18 de marzo de 2021. Radicación núm.:
85001-23-33-000-2020-00016-02(PI).
52 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 1° de noviembre de 2016, número de radicado:
11001-0315-000-2015-01571-00, actor: Ricardo Antonio Mazenett Cantillo, demandado: Germán
Bernardo Carlossama, MP: María Elizabeth García González.
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Número único de radicación: 50001 23 33 000 2025 00113 01
Solicitante: JOSÉ EDILSON CHALÁ ORTEGA
En sentencia de 11 de marzo de 202153, se resaltó que:
“[…] 70. Esta Sala de Decisión54, siguiendo los lineamientos de
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, ha señalado lo siguiente en relación con la causal en
comento:
(…)
35. El conflicto de interés se configura cuando el miembro de
la corporación pública de elección popular, en este caso el
concejal, en ejercicio de sus funciones constitucionales, legales
y reglamentarias, participa en la discusión o votación de un
asunto en el cual tiene un interés directo, particular y concreto.
36. Asimismo, es indiferente para la configuración de la causal
que la participación tenga lugar únicamente durante la etapa
de discusión o en la etapa de votación en la medida en que la
sola participación en cualquiera de esas etapas estructura el
conflicto de intereses y, en consecuencia, la causal de
desinvestidura […]”.
De esta manera, la Sala ratifica el criterio expuesto en precedencia
que proscribe la participación, votación, intervención o adopción de
decisiones por parte del servidor público —entre ellos, los diputados
— en los asuntos relacionados con sus funciones, cuando se presente
una situación que configure la violación del régimen de conflicto de
intereses.
V.3.2.2.- Son estas razones por las que la Sala, a diferencia de lo
decidido por el a quo, logró constatar la configuración del elemento
objetivo de la causal de violación al régimen de conflicto de intereses
53 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero
ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Sentencia de 11 de marzo de 2021. Radicación núm.:
47001-23-33-000-2020-00550-01(PI).
54 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA,
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Bogotá D.C., tres (3) de diciembre de dos mil
veinte (2020). Radicación número: 25000-23-15-000-2019-00212-01(PI). Actor: HERNANDO
GONZÁLEZ. Demandado: ÁLVARO SERRATO ROSSI.
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Número único de radicación: 50001 23 33 000 2025 00113 01
Solicitante: JOSÉ EDILSON CHALÁ ORTEGA
previsto en los artículos 48, numeral 1, de la Ley 617; y 56 y 60,
numeral 1, de la Ley 2200, en consonancia con la transgresión del
artículo 11, numeral 4, de la Ley 1437, por lo que procederá con el
estudio del elemento subjetivo de la conducta llevada a cabo por el
diputado HÉCTOR FABIO VÉLEZ BERMÚDEZ.
V.3.3.- Análisis subjetivo de la conducta del accionado
En cuanto al análisis de culpabilidad del diputado HÉCTOR FABIO
VÉLEZ BERMÚDEZ, se reiteran, de forma previa, los criterios
elaborados por la Sala en sentencia de 25 de mayo de 201755, que
al tenor indicó:
“[…] En cuanto al análisis subjetivo de la conducta desplegada por
el señor MARIO HINESTROZA ANGULO, en medio del respeto a sus
garantías al Debido Proceso sancionatorio y en aras de establecerse
si en aquélla estuvo presente o no el elemento de la culpabilidad en
los términos explicados, se recuerda y reitera lo considerado
recientemente por la Corte Constitucional en su sentencia SU424 de
2016:
“[…] 33. De este capítulo resultan relevantes las siguientes
conclusiones:
• La pérdida de investidura es una acción pública56, que comporta
un juicio de naturaleza ética que tiene como propósito
proteger la dignidad del cargo que ocupan los miembros de
cuerpos colegiados, y permite imponer como sanción no solo la
desvinculación de un congresista de su cargo de elección popular,
sino también la imposibilidad futura de volver a ocupar un
cargo de la misma naturaleza, si éste llega a incurrir en
alguna de las causales de procedencia de la figura señaladas
en la Carta Política.
55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente
María Elizabeth García González, sentencia de 25 de mayo de 2017, número único de radicado
81001-23-39-000-2015-00081-01(PI).
56 Corte Constitucional Sentencia SU-1159 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
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• Son causales de pérdida de investidura57: el incumplimiento de los
deberes inherentes a su cargo, la violación del régimen de
inhabilidades e incompatibilidades58; la indebida destinación de
dineros públicos59; el conflicto de intereses60 y el tráfico de
influencias debidamente comprobado61.
• La gravedad de la sanción que se impone, exige que el proceso de
pérdida de investidura se lleve a cabo con observancia del
debido proceso, particularmente, de los principios pro
homine, in dubio pro reo, de legalidad (las causales son
taxativas y no hay lugar a aplicar normas por analogía),
objetividad, razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y
culpabilidad.
34. Los presupuestos anteriores permiten a la Corte concluir que el
análisis de responsabilidad que realiza el juez en el proceso
sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo, pues en un
Estado de Derecho los juicios que implican un reproche sancionador,
por regla general, no pueden operar bajo un sistema de
responsabilidad objetiva, y las sanciones que se adopten en
ejercicio del ius puniendi deberán verificar la ocurrencia de
una conducta regulada en la ley (principio de legalidad o
tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico (principio de
antijuridicidad) y culpable.
Así pues, en lo aquí pertinente, tras verificar la configuración de la
causal, el juez de pérdida de investidura examina si en el caso
particular se configura el elemento de culpabilidad (dolo o
culpa) de quien ostenta la dignidad, esto es, atiende a las
circunstancias particulares en las que se presentó la
conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer
de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó
a esa acción u omisión.
En ese sentido, el juez de este proceso sancionatorio debe
determinar si se configura la causal y si a pesar de que ésta
aparezca acreditada, existe alguna circunstancia que
excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya
actuado de buena fe o, en caso de que la causal lo admita,
se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o
57 Art. 183 de la Carta Política. Sin embargo, otra causal también es la consagrada en el artículo 110
constitucional relacionada con la prohibición a quienes desempeñan funciones públicas, de hacer
contribuciones a partidos, candidatos o movimientos políticos.
58 Art. 179 (El numeral 8 de este artículo fue modificado por el Acto Legislativo 01 de 2003); 180,
181 y 183 de la Constitución Política.
59 Art. 183 de la Constitución Política.
60 Art. 182 y 183 de la Constitución Política.
61 Art. 183 C.P. Al respecto puede consultarse la sentencia C-207 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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en general exista alguna circunstancia que permita
descartar la culpa.
(…)
Así pues, en el primero de estos se juzga la ruptura del pacto político
existente entre el elector y el elegido, que es un elemento
fundamental de la democracia representativa. En efecto, cuando
el candidato se presenta ante el electorado hace una
declaración de no estar incurso en causal de inhabilidad que
impida su elección y si tal declaración no es cierta, el elegido
viola ese pacto político, evento en el que procede la pérdida
de la investidura, cuya finalidad es preservar la legitimidad
de las instituciones de la sociedad política.
(…)
85. Así, la Sala encuentra que la sanción de pérdida de investidura
impuesta por la Sala Plena del Consejo de Estado a los ahora
accionantes generó un defecto sustantivo en la sentencia porque
omitió la aplicación de una norma claramente aplicable al caso. En
efecto, como se vio en los fundamentos jurídicos 24 a 34 de
esta providencia, el proceso sancionador de pérdida de
investidura exige la aplicación del principio de culpabilidad,
pese a lo cual ese elemento no fue valorado en los procesos
y, por el contrario, se impuso la responsabilidad objetiva en
este asunto. Son cuatro las premisas que apoyan esa conclusión:
La primera: en virtud de lo dispuesto en el artículo 29
Superior, por regla general, los procesos sancionadores
proscriben la responsabilidad objetiva. En efecto, salvo algunos
casos propios del derecho administrativo sancionador en los que aún
se ha admitido la responsabilidad únicamente por el resultado, en
los procesos que tienen por objeto reprochar y castigar la realización
de una conducta prohibida o restringida, la valoración de la culpa es
determinante e ineludible, pues no hay pena ni sanción sin culpa.
En consecuencia, si el proceso de pérdida de investidura
impone la sanción más gravosa para el ejercicio del derecho
a ser elegido de un ciudadano y el derecho a elegir al
candidato del electorado, tal es la prohibición vitalicia para
aspirar a cargos de elección popular, es lógico entender que
las garantías del debido proceso sancionador también deben
ser aplicadas al proceso de pérdida de investidura. Luego, el
principio de culpabilidad en el proceso de pérdida de
investidura constituye una norma aplicable, de inevitable
observancia.
La segunda: el hecho de que una misma causal de inhabilidad pueda
interpretarse y aplicarse a la misma situación fáctica en dos
procesos distintos (el de nulidad electoral y el de pérdida de
investidura), exige reglas de coherencia y certeza en el derecho que
otorgue un sentido útil a la autonomía de los procesos diseñados
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para el efecto. De esta manera, la diferencia sustancial, y no
solo formal, entre los procesos electoral y de pérdida de
investidura, consistiría en valorar el tipo de reproche a
efectuar, pues mientras en el primero la consecuencia puede
medirse únicamente por el resultado, en el segundo es
indispensable evaluar la conducta y la intención en la
producción del resultado. Dicho en otras palabras, mientras
el juicio electoral evalúa la adecuación de la causal de
inhabilidad en forma objetiva (estaba o no estaba
inhabilitado), el juicio constitucional de pérdida de
investidura analiza la adecuación de la causal de inhabilidad
en forma subjetiva, esto es, con culpa del demandado (sabía
o debía saber que estaba inhabilitado).
La tercera: la Sala Plena del Consejo de Estado impuso la sanción
de pérdida de investidura a los accionantes sin valorar la ausencia
de culpa en la configuración de la causal de inhabilidad aplicada. Por
la conducta asumida por los demandantes en este caso es
fácil inferir que se inscribieron al cargo de elección popular
con la convicción de que no se encontraban inhabilitados
para su ejercicio. Las sentencias reprochadas soslayaron el
hecho de que los accionantes no solo fueron diligentes en la
averiguación del estado actual de la jurisprudencia en torno
a la interpretación de la causal en debate, sino también
actuaron con sujeción al precedente vigente y vinculante de
la Sección Quinta del Consejo de Estado.
(…)
La cuarta: si como se expuso anteriormente, en el proceso de
pérdida de investidura deben aplicarse los principios del derecho
sancionatorio, dado que la sanción impone la restricción perpetua
de los derechos políticos, era obligatorio dotar de amplias garantías
el procedimiento jurisdiccional. En ese sentido, en virtud del artículo
29 de la Constitución, que dispone el principio de presunción de
inocencia, del cual se desprende la culpabilidad, es necesario
verificar culpa o dolo en la conducta reprochable para
imponer el castigo de inhabilitación para ser elegido a
perpetuidad, razón por la cual la jurisprudencia del Consejo
de Estado ha indicado que el proceso de pérdida de
investidura se desarrolla en el ámbito de la responsabilidad
subjetiva […]”62 (Negrillas y subrayas por fuera de texto).
El proceso de pérdida de investidura exige, entonces, a partir de
estos claros parámetros, la observancia del derecho fundamental al
debido proceso del demandado, particularmente, de los principios
62 Corte Constitucional, sentencia SU424 de 11 de agosto de 2016, magistrada ponente Gloria Stella
Ortiz Delgado. Providencia ratificada recientemente por la Sala en sentencia de 9 de marzo de 2017,
radicado nro. 76001-23-33-007-2016-00267-01(PI), consejero ponente Carlos Enrique Moreno
Rubio (E).
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pro homine, in dubio pro reo, de legalidad (las causales son
taxativas y no hay lugar a aplicar normas por analogía), objetividad,
razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y culpabilidad.
Se recuerda que, desde la perspectiva de los fines constitucionales
que se protegen, es clara la autonomía sustancial entre el juicio de
pérdida de investidura y el electoral: “[…] el primero, conlleva la
ponderación de la ética pública y los derechos del elegido,
pues su núcleo de protección es la dignidad que implica el
mandato otorgado en ejercicio de la democracia; y el
segundo, pondera la regularidad del proceso democrático y los
derechos de los elegidos y los electores, es decir, busca preservar la
validez del voto popular […]”.63
Es en ese entorno en el cual debe escudriñarse la conducta
desplegada por el demandado -la celebración de un contrato
público-, en aras de establecer si él sabía o debía saber que estaba
inhabilitado para inscribirse y ser elegido Concejal del Municipio de
Arauca (Arauca), pues el asunto se contrae a demostrar que optó
por inscribirse y participar de los comicios, muy a pesar de que
conocía o debía conocer esa actuación vetada para los
ciudadanos que pretendieran inscribirse y ser elegidos Concejales,
esto es, la intervención en la celebración de contratos con entidades
públicas dentro del año anterior a su elección.
Cabe señalar que la Corte Constitucional en la sentencia SU-501 de
6 de agosto de 2015 (Magistrada ponente doctora Myriam Ávila
Roldán), señaló que como quiera que en los procesos de pérdida
investidura no es posible calificar el grado de culpabilidad (dolo,
culpa grave o leve), y por tanto tampoco es posible modular la
sanción, se requiere acreditar un mínimo de culpabilidad para que
sea impuesta la sanción.
En efecto, al respecto sostuvo:
“[…] 51. Sobre este especial énfasis, la jurisprudencia ha delimitado
varios de los aspectos más relevantes que caracterizan al proceso
de pérdida de investidura como un proceso jurisdiccional especial.
No obstante, existen ciertos elementos de la pérdida de investidura
que no han sido fijados por la doctrina constitucional debido a la
escasa regulación que la propia Constitución realizó sobre su
procedimiento, el cual, adicionalmente, debe ser observado con
estricto rigor dado su carácter estricto y restringido. Como explicó
la sentencia C-237 de 201264 “la pérdida de la investidura tiene a la
Constitución de 1991 como fuente principalísima en su regulación,
63 Ídem.
64 Magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto.
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lo que hace relevante el hecho que algunas de las disposiciones
constitucionales tienen eficacia jurídica directa”.
52. Así por ejemplo, se ha controvertido la necesidad de establecer
el grado de culpabilidad del procesado, teniendo en cuenta que se
trata de un proceso que juzga el incumplimiento de obligaciones
disciplinarias sobre la conducta del representante popular.65 En
efecto, en el proceso de pérdida de investidura no es posible
calificar el grado de culpabilidad (dolo, culpa grave o leve),
y por tanto tampoco es posible modular la sanción, pues como
ha señalado la jurisprudencia constitucional, se trata de un sistema
que establece una sanción de manera rígida y única, la pérdida de
investidura.
53. Para la Corte, la justificación de esta particularidad del
sistema de responsabilidad de la pérdida de investidura se
deriva de su carácter excepcional dentro de “ius puniendi
estatal”66, carácter cuya excepcionalidad deriva en una
sanción rígida en el que se requiere el mínimo de
culpabilidad para que sea impuesta la sanción más severa a
los derechos políticos. En síntesis, tratándose del proceso de
pérdida de investidura, se trata de un sistema excepcional de
juzgamiento de carácter político-disciplinario el cual establece una
sanción rígida y única, la pérdida de la investidura […] (Negrillas
fuera de texto)”.
Precisado lo anterior, el abordaje del aspecto subjetivo requiere el
análisis del dolo y la culpa, entendido el primero como la intención
positiva de lesionar un interés jurídico, entretanto la segunda atañe
a un concepto que está ligado a la diligencia debida para el
desarrollo de determinada actividad.
Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa,
deben analizarse los elementos que constituyen el aspecto subjetivo
de la misma, los cuales corresponden al conocimiento tanto de los
hechos como de la ilicitud, esto es, si el sujeto conocía o debía
65 Sobre esta discusión vale la pena resaltar la aclaración de voto del consejero de estado Hugo
Fernando Bastidas Bárcenas a la sentencia de pérdida de investidura PI-2009-00708-00, en la que
señaló que la acción de pérdida de investidura tiene un carácter punitivo dentro del cual es necesario
la comprobación previa de los elementos subjetivos de la falta. En el voto concurrente se señaló:
“[l]a acción de pérdida de investidura debe desencadenar un proceso gobernado por esos principios,
en especial, el principio de presunción de inocencia. El dolo y la culpa son lo incorrecto de una
conducta que, por ende, merece el reproche jurídico pertinente, vale decir, la condigna sanción.
Imponer una sanción solo por el mero resultado es injusto.” En igual sentido: Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 23 de marzo de 2010, radicado PI 11001-03-
15-000-2009-00198-00, consejero ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
66 Sentencias SU-400 de 2012 (M.P. Adriana M. Guillén Arango) y SU-399 de 2012 (M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto).
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conocer que su comportamiento resultaba contrario al
ordenamiento jurídico.
En los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía
plenamente que su comportamiento era constitutivo de una causal
de pérdida de investidura, estaríamos ante una situación de total
intención en la realización de la misma y, por ende, de un grado de
culpabilidad doloso. En aquellos eventos en los que se concluya que
el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta, pero que en virtud de
la diligencia requerida para el desarrollo de su actividad debía saber
que la misma resultaba contraria a derecho, se está ante un
comportamiento culposo, de no mediar sólidas circunstancias que
se lo hubieran impedido.
Para definir este elemento subjetivo entonces, el análisis de la
conducta debe dirigirse a establecer si el señor MARIO HINESTROZA
ANGULO conocía o debía conocer que la suya era constitutiva de
inhabilidad, con miras a determinar si existió dolo o culpa en su
comportamiento.
En el caso del dolo, el objeto de prueba corresponde a determinar
el pleno conocimiento que tiene el sujeto sobre que determinada
conducta (en este caso la celebración del contrato), genera la
inhabilidad, pues ante dicho conocimiento, la ejecución de la
conducta demuestra la intención en la misma.
Entretanto para determinar si la conducta fue culposa, tiene que
estar demostrado, al menos, que el sujeto debía conocer su ilicitud
en virtud de la diligencia que para la inscripción como candidato al
Concejo del Municipio de Arauca (Arauca), le era menester
desplegar.
Ahora bien, para establecer esta diligencia acudiremos a los
presupuestos señalados en el artículo 63 del Código Civil, el cual
prevé:
“Artículo 63. Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa
o descuido.
Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no
manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las
personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus
negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.
Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella
diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en
sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa
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culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia
o cuidado ordinario o mediano.
El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia,
es responsable de esta especie de culpa.
Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia
que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios
importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o
cuidado.
El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona
o propiedad de otro”.
En el caso concreto, la revisión de los requisitos y el marco
normativo que rige el cargo al cual se aspira, es una
obligación general para quien pretende acceder a la función
pública, incluso en los eventos de elección popular, sin
embargo el entendimiento de dichos requisitos debe
analizarse de acuerdo con las condiciones personales del
sujeto, esto es el grado de formación, su profesión, las
circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que
haya realizado para conocer dicho marco normativo, por
ejemplo solicitar conceptos o asesorarse frente a la
configuración o no de la referida inhabilidad, para con base
en ello, determinar si se obró con el cuidado requerido y así
definir si su conducta es culposa o si, por el contrario, se está
ante una situación de buena fe exenta de culpa que impida
el reproche subjetivo de su obrar.
Esta conducta corresponde, según el citado artículo 63, a la falta de
cuidado que los hombres emplean ordinariamente en los negocios
propios. La Ley 136 establece en su artículo 42 las calidades o
requisitos positivos con los que debe contar un candidato para ser
elegido concejal Municipal, esto es, ser ciudadano en ejercicio y
haber nacido o ser residente del respectivo municipio o de la
correspondiente área metropolitana durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de la inscripción o durante un período mínimo
de tres (3) años consecutivos en cualquier época.
A su vez, en su artículo 43, esta Ley prevé las inhabilidades o
requisitos negativos de los que debe carecer el candidato al Concejo
para ser elegido y ejercer la curul, dentro de las cuales se encuentra,
como ya se ha explicado, haber intervenido en el año anterior a las
elecciones, en la celebración de contratos con entidades públicas en
interés propio o de terceros, para ser ejecutados en el mismo
Municipio al cual aspira a ser concejal.
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Ambos tipos de requisitos son de obligatoria observancia, revisión y
análisis previos por parte de todo ciudadano que pretenda ser
elegido concejal Municipal. Esa, es una diligencia que surge como
debida en el ordinario transcurrir del proceso de inscripción del
respectivo candidato, siéndole por demás exigible en medio de las
normales medidas de cuidado y precaución que tenía que adelantar
para llegar a la certeza del cumplimiento de los mismos y, por ende,
de una candidatura reglamentaria y sometida a las condiciones
legales para ejercer el cargo de Cabildante.
Al respecto, el artículo 9º del Código Civil, según el cual, “la
ignorancia de las leyes no sirve de excusa”, fue objeto de examen
de constitucionalidad por la Corte Constitucional, que en dicha
ocasión explicó lo siguiente, que ahora se prohíja:
“[…] Precisamente la disposición que hoy se cuestiona, fue
demandada como contraria al contenido del artículo 16 de la Carta
anterior, que implícitamente recogía el principio de igualdad. Y al
desechar el cargo, dijo la Corte Suprema, en fallo elaborado por el
Magistrado Luis Carlos Sáchica: “Es la igualdad jurídica, que otorga
iguales facultades e impone idénticos deberes, y da igual protección
a unos y a otros. Esto es, se repite, una igualdad de derechos y no
de medios. Si no se acepta este principio, se rompe la unidad y
uniformidad del orden jurídico, atomizado en múltiples estatutos
particulares, o sea, en un sistema de estatutos privados
privilegiados (…)
(…) Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora
equivale a establecer un privilegio a su favor violatorio de la
igualdad constitucional y generador del caos jurídico”67
[…]68” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
La revisión de los requisitos y el estudio del marco normativo que
rige el cargo al cual se aspira, son una obligación general para quien
pretende acceder a la función pública, en los que están comprendidos
los cargos de elección popular; sin embargo, el entendimiento de
dichos requisitos podría analizarse de acuerdo con las condiciones
personales del sujeto, esto es, el grado de formación, su profesión,
las circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya
67 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, marzo 30 de 1978.
68 Corte Constitucional, sentencia C-651 de 1997, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz.
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realizado para conocer dicho contexto normativo, por ejemplo,
solicitar conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de la
referida inhabilidad, para con base en ello determinar si se obró con
el cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por
el contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa
que impida el reproche subjetivo de su obrar69.
Lo anterior, sin dejar de lado que, tal como se previno, la ignorancia
de la ley no sirve para excusar su transgresión, al tenor del artículo
9° del Código Civil, habida cuenta que las disposiciones que regulan
el ejercicio del cargo que se pretende ocupar, o que se está
ocupando, son de obligatoria observancia y diligente entendimiento
a la luz de cada circunstancia en particular, con el fin de determinar,
al menos con certeza promedio, si el individuo está inmerso, o no,
en las prohibiciones ordenadas por la Constitución Política y la ley.
Por su parte, la Ley 2003 de 19 de noviembre de 201970, que modificó
el artículo 1º de la Ley 1881 de 15 de enero de 201871, estableció
que el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio
de responsabilidad subjetiva y la acción se ejercerá en contra de los
congresistas que con su conducta dolosa o gravemente culposa
hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura
establecidas en la Constitución, lo que aporta, significativamente, en
aquellos factores que también deben verificarse en el
69 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de
mayo de 2019, número único de radicado 81001-23-39-000-2016-00056-01, consejera ponente
Nubia Margoth Peña Garzón.
70 “[…] Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5ª de 1992 y se dictan otras disposiciones […]”.
71 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se
consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.
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comportamiento desplegado por los miembros de las corporaciones
públicas territoriales, -dolo o culpa grave-.
Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que el
comportamiento del accionado sí estuvo precedido de la falta de
cuidado que se exhibe al no manejar los negocios ajenos con aquel
cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen
emplear en sus negocios propios.
En efecto, el accionado, al margen de las veces en que ha ocupado
el empleo público de diputado, sí estaba en condiciones cognitivas de
comprender el hecho o la circunstancia configurativa de la referida
causal de pérdida de investidura, pues se advierte que el
conocimiento del marco normativo del cargo que ejercía es una
obligación general para aquel.
Dentro de ese marco normativo que ha debido conocer el accionado,
se encuentra precisamente el conflicto de intereses, según el cual,
conforme al artículo 56 de la Ley 2200, los diputados deberán
declarar los conflictos de intereses que pudieran surgir en ejercicio
de sus funciones y se entiende por conflicto de interés una situación
sometida a su conocimiento funcional que pueda resultarle en un
beneficio particular, actual y directo a favor del diputado; así como
el previsto en el artículo 11, numeral 4, de la Ley 1437, en tanto se
encuentra contenido en una disposición legal, que hace parte del
marco normativo que regula su actividad como diputado.
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La Sala72 ha destacado la importancia de esta obligación general en
cabeza de quien pretende desempeñar cargos de elección popular,
en la siguiente forma:
“[…] Y es que, para cualquier profesión u oficio, es indispensable
que quien quiera desempeñarlo tenga los conocimientos que se
requieren, y más cuando la profesión u oficio compromete el interés
de una colectividad. El ejercicio de un cargo de elección popular
exige entonces que quien se presente al mismo se entere de las
condiciones en que debe desempeñarlo, pues su comportamiento
compromete seriamente el bienestar de la población. Por ello,
alegar que no se incurre en culpa porque se desconoce la ley,
dada la formación que el elegido tiene, es pretender que se
admita que quien desempeña tan delicadas funciones en una
democracia llegue a ocupar el cargo sin los conocimientos
que debe tener para ello, lo que resulta inadmisible […]”
(Negrillas y subrayas fuera del texto).
Igualmente, la Sección73 ha advertido que:
“[…] 137. Es importante tener en cuenta que no es suficiente que el
concejal ponga de presente la convicción que tenía sobre la rectitud
o validez de su conducta, sino que es necesario que el juez de la
pérdida de investidura analice si la persona estaba, o no, en
condiciones de superar el error74, en virtud de la diligencia requerida
para el desarrollo de su actividad; en ese marco, no basta con que
se alegue por el miembro de la corporación pública de elección
popular que obró de buena fe o bajo una íntima convicción, sino que
debe acreditar la buena fe calificada, motivada por un error
invencible, ya porque actuó al amparo de la jurisprudencia vigente
para la época, o se asesoró adecuadamente, y pese a ello incurrió
en la conducta reprochable […]”.
Incluso, el accionado no acreditó, según lo han previsto las decisiones
de esta Sección, que actuó conforme a la jurisprudencia vigente para
72 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15
de mayo de 2025, número único de radicación 50001233300020240022001, consejero ponente
Oswaldo Giraldo López.
73 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5
de septiembre de 2024, número único de radicación 81001233900020240001401, consejero
ponente Hernando Sánchez Sánchez.
74 O, en otras palabras, si incurrió en la conducta por un error invencible, del cual no es posible
sustraerse.
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la época que sucedieron los hechos o que procuró tener una asesoría
adecuada frente a la situación en la que se encontraba o que se
hubiere presentado otra circunstancia que lo haya hecho incurrir en
error.
Al respecto, durante la audiencia pública, el accionado, a través de
su apoderado, invocó lo manifestado por los testigos durante las
diligencias practicadas en primera instancia por el Tribunal, en aras
de demostrar que actuó exonerado por las orientaciones jurídicas
entregadas por los asesores de la corporación, así:
“[…] También se demostró que fue el propio abogado (JAIME
ANDRÉS LÓPEZ GUTIÉRREZ) quien ofreció sus servicios ante la
consulta del presidente sobre la viabilidad de su contratación. El
abogado y los otros profesionales consultados confirmaron que no
existía inhabilidad, incompatibilidad ni conflicto de intereses, dado
que se trataba de dos relaciones jurídicas distintas e independientes.
Esta tesis fue ratificada por los testigos en audiencia. Sobre esto al
despacho comparecieron los siguientes testigos, JAVIER
FRANCISCO ROMERO HERNÁNDEZ, JAIME ANDRÉS LÓPEZ
GUTIÉRREZ, MIGUEL OSWALDO AVELLANEDA y, y, disculpe, y
JORGE ELIÉCER PARRADO, todos con formación especializada y
experiencia en derecho administrativo, quienes, bajo juramento,
coincidieron en que el diputado consultó previamente sobre
los hechos que hoy se le reprochan y que en ningún caso
existía conflicto de intereses en sus actuaciones como
presidente de la duma.
Veamos, el doctor JAVIER FRANCISCO ROMERO, al ser
interrogado sobre si en su calidad de asesor jurídico,
consideró la posibilidad de que existiera un conflicto de
intereses por parte del presidente Héctor Fabio Vélez, al
tramitar el procedimiento administrativo mientras
enfrentaba una demanda de pérdida de investidura,
contestó de manera textual, y abro comillas, en absoluto,
doctor, cierro comillas. Asimismo, ante la pregunta de si en
algún momento el señor Héctor Fabio Vélez le consultó
sobre la posible existencia de alguna inhabilidad, conflicto
de intereses o impedimento derivado y de haber suscrito un
contrato de prestación de servicio de profesionales con el
doctor JAIME ANDRÉS LÓPEZ, quien además era su abogado
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y confiesa en el proceso de perdida de investidura, contestó
textualmente, abro comillas, doctor, sí me lo preguntó y le
manifesté que no había ningún conflicto de intereses, él me
lo preguntó, cierro comillas. A la pregunta si tuvo conocimiento de
que el diputado HÉCTOR FABIO VÉLEZ tenía algún interés
personal y directo propio o de algún familiar cercano en la
declaratoria de inhabilidad sobreveniente del señor CARLOS
ANDRÉS COLLAZOS contestó, abro comillas, no existían, no
existía ninguna clase de interés, y más adelante apuntó: pero lejos
de cualquier situación particular del interés o motivación alguna, el
proceso debía haberse llevado, cierro comillas.
Ahora bien, respecto del presunto conflicto de intereses
atribuido al presidente de la Asamblea por el pago de
honorarios al doctor JAIME ANDRÉS LÓPEZ, contratista de la
entidad y a su vez apoderado en el proceso de pérdida de
investidura, el testigo manifestó lo siguiente, abro comillas
textual: nunca doctor, ninguna clase de interés, es más, fue
de su peculio que cubrió sus obligaciones, cierro comillas. El
testigo finalizó su intervención manifestando que el otorgamiento
del poder fue posterior a la celebración del contrato con la Asamblea
Departamental.
Por su parte, el doctor JAIME ANDRÉS LÓPEZ GUTIÉRREZ, al ser
interrogado sobre si el diputado HÉCTOR FABIO VÉLEZ le consultó
acerca de la posible existencia de un conflicto de intereses al conocer
el procedimiento administrativo relacionado con el caso Collazos,
mientras enfrentaba de forma paralela un proceso de pérdida de
investidura por hechos relacionados, respondió, señor magistrado,
abro comillas: el señor Héctor siempre me manifestó que él no tenía
ningún interés personal, en el caso de CARLOS ANDRÉS
COLLAZOS, él me dice, él no pertenece a mí partido, si él se queda
bien, si él se va bien, yo realmente no tengo ningún interés en el
tema. Javier recomendó el inicio de un procedimiento administrativo
y pues lo que en derecho corresponda se ha de decidir, pero nunca
me manifestó que tuvieron interés directo y personal en las
respuestas de ese procedimiento administrativo que se inició con
respecto al señor CARLOS ANDRÉS COLLAZOS. Más adelante
agrega el doctor JAIME ANDRÉS LÓPEZ, yo nunca encontré
donde podía existir un interés de HÉCTOR FABIO de tomar una
decisión determinada para beneficiarse o perjudicarse en su pérdida
de investidura. Entonces jamás observé ni ni él, jamás me expresó
un interés que tuviera en el procedimiento administrativo y en el
resultado final de ese procedimiento y, de hecho, pues, valga la
advertencia y la claridad, que el señor HÉCTOR FABIO ni
siquiera es abogado, y yo a veces siento que cuando se le
habla jurídicamente sobre algunos temas, él trata como de
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comprender, pero a veces se le dificulta. Entonces él no tenía
ningún interés en este sentido (…).
Asimismo, en relación con las consultas realizadas sobre la
inhabilidad de contratar al doctor JAIME ANDRÉS LÓPEZ
como abogado defensor, teniendo en cuenta que también
era contratista de la Asamblea, y respecto a la posibilidad
jurídica de autorizar el pago de sus horarios en dicha calidad,
contestó, abro comillas: él nos consultaba y nos preguntaba,
y específicamente si había algún inconveniente frente a la
celebración de ese contrato particular y privado para yo
defenderlo, si había alguna inhabilidad, alguna
incompatibilidad o algún inconveniente que le podía
generar, yo le manifesté que no había ningún inconveniente.
El doctor MIGUEL OSWALDO AVELLANEDA, también llamado a
este proceso, al ser preguntado si el señor HÉCTOR FABIO
VÉLEZ le manifestó la posibilidad de incurrir en un conflicto
de intereses, puede adelantar el procedimiento
administrativo mientras enfrentaba una demanda de
pérdida de investidura por hechos similares, respondió, abro
comillas: nuestro interés siempre fue estar ajustados a
derecho, entonces lo que siempre se ha buscado y se busca
ha sido dictaminar y ajustarnos a derecho en todas las
circunstancias y más adelante, apunta: el derecho es lo que
siempre nos ha asistido y ha asistido al presidente de la
corporación, HÉCTOR FABIO VÉLEZ, cierro comillas.
El doctor JORGE ELICÉCER PARRADO GUERRERO a la
pregunta si el presidente de la de la Asamblea del señor
Vélez le consultó o alguno de los jurídicos si tenía algún
impedimento por tener el mismo tiempo, la pérdida al mismo
tiempo, la pérdida de investidura y el proceso administrativo
de la definición de la lectura, vacancia contestó, abro
comillas: sí doctor, nosotros en algún momento revisamos el
tema, inclusive se discutió el tema y consideramos que en
materia de procedimiento administrativo que él estaba
cumpliendo con su responsabilidad como representante
legal y que consideramos que no le generaba ningún
conflicto de intereses frente a esa situación, cierro comillas.
Honorables magistrados, nada resulta más complejo en nuestro
ordenamiento jurídico que la comprensión y aplicación del régimen
de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses,
especialmente para quienes no cuentan con formación jurídica. En
este contexto, el diputado HÉCTOR FABIO VÉLEZ BERMÚDEZ,
ingenierario de profesión, ha actuado con diligencia, responsabilidad
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y prudencia en el ejercicio de sus funciones como presidente de la
Asamblea.
Por otra peor parte, el proceso de pérdida de investidura, por su
naturaleza sancionatoria y sus consecuencias irreversibles, debe
regirse por principios garantistas que protejan los derechos
fundamentales del demandado. En este sentido, esta defensa
solicita la aplicación estricta de los siguientes principios,
interpretación restrictiva de las causales de perdida de investidura
dada su naturaleza excepcional. Aplicación del principio de pro
homine que impone interpretar y aplicar la norma de la manera más
favorable a los derechos fundamentales del implicado.
El principio de in dubio pro reo o prodisciplinado o proinvestido, que
exige resolver toda duda en favor del demandado, y el principio de
culpabilidad que obliga a demostrar la existencia de dolor, culpa
grave para imponer la sanción, así como los principios de
objetividad, razonabilidad, favorabilidad y proporcionalidad
esenciales en todo juicio sancionatorio, en conclusión, ha quedado
plenamente demostrado, y lo digo con el debido respeto, que el
demandante no logró acreditar los elementos objetivo ni subjetivo
de la causal de conflicto de intereses.
Por el contrario, se demostró que el diputado actuó conforme a
derecho, de manera transparente, asesorada y sin interés personal
alguno, por lo que solicitamos honorable tribunal administrativo del
meta, que en aplicación de los principios rectores del proceso de
pérdida de investidura y con fundamento en las pruebas obrantes
en este expediente, niegue las pretensiones de la demanda al no
encontrarse acreditado a los elementos requeridos para declarar la
pérdida de investidura del señor HÉCTOR FABIO VÉLEZ
BERMÚDEZ en su calidad de diputado del meta […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
En este punto, la Sala reitera que no es cualquier gestión la que
permite demostrar diligencia y cuidado por parte de quien se le
atribuye haber incurrido en una causal de pérdida de investidura; no
por el solo hecho de haber elevado una consulta o formulado una
inquietud a una entidad de derecho público o a un particular, se deba
tener por superada la censura de su conducta. Precisamente, como
se ha hecho referencia en líneas atrás, el análisis de la culpabilidad
del accionado no se agota allí, sino que el Juez tiene la obligación de
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auscultar las singularidades de cada caso en aras de calificar el
comportamiento desplegado por aquel.
En los conceptos jurídicos y opiniones solicitados a entidades
públicas, cuerpos u órganos consultivos, así como las asesorías
jurídicas requeridas a profesionales del derecho, se debe propender
por la formulación correcta y completa de las preguntas, con el
acompañamiento, de ser necesario, de la documentación y demás
elementos para su debida comprensión, inquietud que debe coincidir
con los supuestos fácticos y jurídicos que son verdaderos motivos de
duda y que podrían encuadrar en la causal de pérdida de investidura.
Por su parte, para responder el asunto que se ha encomendado, las
apreciaciones o recomendaciones jurídicas incluidas en los conceptos
y asesorías, deben ser conclusivas y contener medianos criterios de
idoneidad, congruencia, pertinencia y sustentación razonada en su
elaboración, de modo tal que de estos se desprenda un
convencimiento justificado, defendible y razonable de no estar
incurso en una conducta constitutiva de pérdida de investidura75.
Descendiendo al asunto bajo examen, se tiene que el testigo, JAIME
ANDRÉS LÓPEZ GUTIÉRREZ, estando involucrado en los hechos
que se censuran en el presente asunto, por haber fungido como
abogado, tanto de la Asamblea del Meta como de su presidente en
un asunto judicial de índole particular, no le provee a la Sala, con su
75 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 11 de
marzo de 2021, número único de radicado 15001233300020200006501, consejera ponente Nubia
Margoth Peña Garzón; de 21 de mayo de 2021, número único de radicado
68001233300020200017201 (PI), consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón; y de 24 de junio
de 2021, número único de radicación 68001233300020190094201, consejera ponente Nubia
Margoth Peña Garzón.
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declaración, una manifestación objetiva ni desligada de un interés
genuino de que no se decrete la pérdida de investidura de su cliente
y ordenador del gasto, lo que conlleva desecharla. Lo mismo se
advierte de lo depuesto por el abogado JAVIER FRANCISCO
ROMERO HERNÁNDEZ, quien, siendo asesor jurídico de la
Asamblea del Meta, también mantuvo una relación con el accionado
(ordenador del gasto – contratista) que impide apreciar su alegación
con la objetividad requerida en este juicio sancionatorio.
Ahora bien, de la declaración de los testigos que alega en su defensa
el diputado no se desprende la consolidación de una opinión jurídica
conclusiva ni contentiva de medianos criterios de idoneidad,
congruencia, pertinencia y sustentación razonada en su elaboración,
de modo tal que es ilógico que se desprenda un convencimiento
justificado, defendible y razonable de no estar incurso en una
conducta constitutiva de conflicto de intereses.
Tampoco se observa, más allá de las aseveraciones de los
declarantes, un documento o cualquier otro elemento de prueba que
permita corroborar la presunta elaboración de un concepto jurídico
en los términos exigidos por la jurisprudencia de esta Sección y con
los elementos propios para su verificación. Aunque, al tenor del
artículo 9º del Código Civil, la ignorancia de la ley no sirve para
excusar su transgresión, hay por lo menos dos eventos en los cuales
sí se configura una razón que puede justificar la conducta prohibida,
porque implican que el accionado actúa con buena fe calificada y en
presencia de un error invencible, verbigracia: (i) cuando los jueces
han interpretado la disposición de una manera y luego modifican su
criterio, lo que puede afectar el principio de confianza legítima, y (ii)
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cuando, precisamente, para evitar esa ignorancia, la persona se
asesora de un profesional idóneo y este le aconseja mal, ello siempre
y cuando no haya claridad en relación con el punto que se discute
para la configuración de la causal de pérdida de investidura, dado
que si esta es clara no suple la falta de diligencia el hecho de solicitar
un concepto76.
En ese sentido, los argumentos expuestos por el accionado no logran
desvirtuar la configuración del elemento subjetivo, porque su
conducta no estuvo amparada en la jurisprudencia de esta
Corporación —la cual no era contradictoria ni estuvo sometida a
rectificaciones en la materia— ni demostró que hubiese solicitado
conceptos o asesorías y que estos fuesen idóneos, lo que implica que
su actuar no estuvo amparado en la buena fe calificada proveniente
de un error invencible.
La Sala, precisamente, ha ahondado así:
“[...] Valga indicar que no basta para exonerarse argumentar
la buena fe simple, pues quien aspira a ser elegido a un
cargo de elección popular está en la obligación de
conocer y asesorarse adecuadamente de los deberes que
el cargo le impone, cuáles son las causales de
inhabilidad, incompatibilidad y de conflicto de intereses,
más cuando se trata de verificar que no se incurra en
conductas que tienen como consecuencia la nulidad de
la elección, o la pérdida de investidura, de manera que los
argumentos referidos a que el Estado no capacita a los
aspirantes a cargos de elección popular y que la concejal
acusada es una persona del común a la que se le dificulta
entender la jurisprudencia de las altas cortes no son de recibo
y, por el contrario, demuestran la falta de diligencia en la
76 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de
noviembre de 2021, número único de radicación 05001-23-33-000-2020-00302-01, consejero
ponente Oswaldo Giraldo López.
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búsqueda de asesorías idóneas, ante el desconocimiento que
alega [...]”77 (Negrillas y subrayas fuera de texto).
En su defensa, el diputado insistió en que el contrato celebrado entre
el abogado JAIME ANDRÉS LÓPEZ GUTIÉRREZ y la Asamblea del
Meta se suscribió antes de la radicación y admisión de la demanda
promovida contra él, mientras que su defensa se contrató de manera
particular, con recursos propios (privados), en ejercicio de su
autonomía como ciudadano, razón por la que ni el objeto ni las
obligaciones contractuales, previstas en el contrato de prestación de
servicios 016 de 2025, incluyeron su representación judicial, ni se
derivó de dicho vínculo beneficio personal alguno.
En este punto, no se desconoce que del objeto contractual, las
obligaciones y la ejecución del contrato 016 de 23 de enero de 2025,
no se desprende actividad alguna para llevar a cabo la defensa
judicial del diputado dentro del proceso
50001233300020250005600, así mismo tampoco se evidencia de los
informes de actividades presentados por el contratista, que hubiese
alguna actividad relacionada con el citado proceso judicial.
No obstante, lo que la Sala reprocha es que debido al reconocimiento
y pago de honorarios de 28 de marzo y 24 de abril de 2025, en el
marco del contrato 016 de 23 de enero de 2025, así como a la adición
al citado contrato, suscrita el 21 de abril de 2025, el accionado, sin
declararse impedido, manifestó su voluntad libre, en representación
de la Asamblea del Meta, para intervenir en la actuación
administrativa que benefició con el desembolso de honorarios a su
77 Ídem.
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apoderado JAIME ANDRÉS LÓPEZ GUTIÉRREZ; y para aceptar su
solicitud de prorrogarle el trato inicial en tiempo (1 mes y 15 días) y
aumentarle el valor de sus honorarios ($15.000.000) —adición
realizada hasta el tope de lo permitido (50%)— cuando este ya era
su apoderado judicial.
Ello, por lo tanto, redundó en un beneficio particular, actual y directo
del diputado al gestionar el pago de facturas por concepto de
honorarios y perfeccionar un nuevo negocio con quien ostentaba la
doble condición de abogado personal y de la duma. La conducta
propia de una persona diligente, prudente y cuidadosa debió conducir
al accionado a apartarse de toda la actuación administrativa
adelantada, en su calidad de ordenador del gasto, dentro del
expediente del contrato 016 de 23 de enero de 2025 celebrado con
señor JAIME ANDRÉS LÓPEZ GUTIÉRREZ, abogado tanto de la
asamblea como suyo.
Lo anterior pone de manifiesto que el accionado, definitivamente, no
obró con la diligencia requerida, puesto que, se reitera, no hizo una
verificación de las normas que establecían el régimen de conflicto de
intereses del procedimiento administrativo en el que participaba y en
el cual adoptó la decisión de celebrar una adición al contrato 016 de
23 de enero de 2025, lo cual constituye una conducta inexcusable y
por consiguiente gravemente culposa que, según se ha explicado por
esta Sección78:
“[…] “[…] es la propia de las personas negligentes o de poca
prudencia […] que desconoce normas constitucionales y legales
78 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1o.
de agosto de 2024, número único de radicación 05001233300020240001901 y
05001233300020240003801 (acumulado), consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.
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[que] […] los concejales deben conocer, de un lado, porque la
ignorancia de la ley no sirve de excusa al tenor del artículo 9° del
Código Civil y, por el otro, porque son disposiciones que regulan
[…]”, en este caso, el ejercicio del cargo de elección popular […]”.
Se reitera que la jurisprudencia de la Sección Primera ha sido
consistente y armónica en relación con cada uno de los supuestos
constitutivos del conflicto de intereses, en especial, al considerar que
una de las formas en que se transgrede ese régimen consiste en que
el diputado, estando incurso en alguna de las hipótesis previstas por
la ley como causal de impedimento, de aquellas aplicables al asunto
del que conoce y decide, pese a no haber sido recusado, omite
manifestarse impedido; esto, toda vez que los impedimentos con su
correspondiente deber de manifestación, constituyen garantía
irrestricta de la prevalencia del interés general sobre el particular o
privado del diputado, o de su círculo cercano, familiar o de negocios.
V.3.4.- A partir de las razones expuestas y encontrándose
demostrados los aspectos objetivo y subjetivo de la causal prevista
en los artículos 48, numeral 1, de la Ley 617; 56 y 60, numeral 1, de
la Ley 2200; y 11, numeral 4, de la Ley 1437, esto es por violación
al régimen de conflicto de intereses, la Sala procederá a revocar la
sentencia de 24 de julio de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta, y, en su lugar, decretará la pérdida de
investidura del diputado del Meta, señor HÉCTOR FABIO VÉLEZ
BERMÚDEZ, y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
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F A L L A:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 24 de julio de 2025, proferida
por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta y, en su lugar,
DECRETAR la pérdida de investidura del señor HÉCTOR FABIO
VÉLEZ BERMÚDEZ, diputado del Meta, por hechos ocurridos dentro
del período constitucional 2024-2027.
SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de 28 de mayo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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