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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03323-00

Fecha
16 de junio de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03323-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional, de conformidad con las razones ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-03323-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

16 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03323-00
Accionante: José Edilson Chalá Ortega
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Tema: Acción de tutela. Subtema 1: Carencia actual de objeto – hecho superado. Sentido
del fallo de tutela: Se declara improcedente.

La Sala decide la acción de tutela1 presentada por José Edilson Chalá Ortega en
contra de la Sección Primera del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1.- La solicitud de tutela

El 30 de abril de 20262, el tutelante interpuso esta acción constitucional en procura
de la protección de los derechos al debido proceso, al acceso efectivo y eficaz a la
administración de justicia, a obtener decisión judicial dentro de un plazo razonable
y a la igualdad procesal, los cuales considera vulnerados por una supuesta mora
judicial por parte de la autoridad accionada en el proceso de pérdida de investidura
identificado con el radicado No. 50001-23-33-000-2025-00113-01.

2.- Hechos

2.1.- El 8 de abril de 2025, el actor promovió demanda de pérdida de investidura
contra el señor Héctor Fabio Vélez Bermúdez, en su calidad de diputado del
Departamento del Meta para el periodo constitucional 2024-2027.

2.2.- La demanda fue radicada ante el Tribunal Administrativo del Meta bajo el
número 50001-23-33-000-2025-00113-00.

2.3.- Mediante sentencia del 24 de julio de 2025, la Sala Plena del Tribunal
Administrativo del Meta negó la solicitud de pérdida de investidura presentada
contra el señor Héctor Fabio Vélez Bermúdez.

1 Obra escrito de tutela a folios 1-13 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado
D42A38DDE4540252 0B725E1EE05D878A 0C1FBF48861612E8 24D04D01AF0D50F7.
2 Obra información en SAMAI, en el índice 1.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03323-00
Accionante: José Edilson Chalá Ortega
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

2.4.- Dentro del término legal, el Señor Chalá Ortega interpuso recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia.

2.5.- Mediante auto del 26 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo del Meta
concedió ante el Consejo de Estado el recurso de apelación promovido por la parte
demandante contra la sentencia del 24 de julio de 2025.

2.6.- El proceso fue repartido en segunda instancia al Consejo de Estado, Sección
Primera, bajo el radicado 50001-23-33-000-2025-00113-01.

2.7.- Mediante auto del 4 de septiembre de 2025, la Sección Primera del Consejo
de Estado admitió el recurso de apelación.

2.8.- Según la historia del proceso en SAMAI, el expediente pasó al despacho para
sentencia el 22 de septiembre de 2025.

2.9.- Con base en la misma historia del proceso, el 16 de diciembre de 2025 se
registró la actuación “REGISTRA PROYECTO”.

2.10.- A la fecha de presentación de esta acción de tutela, la Sección Primera del
Consejo de Estado no ha discutido, aprobado, improbado ni decidido el proyecto de
fallo registrado dentro del proceso de pérdida de investidura de la referencia.

2.11.- El término legal para decidir la segunda instancia en los procesos de pérdida
de investidura es de veinte días hábiles, conforme a la Ley 1881 de 2018, aplicable
a los procesos de pérdida de investidura de diputados. Dicho término legal se
encuentra superado con creces.

2.12.- La mora resulta especialmente grave porque la pérdida de investidura no es
un proceso ordinario más dentro del inventario judicial. Se trata de un proceso
constitucional sancionatorio, de interés público, diseñado por el legislador con
términos breves precisamente para preservar la legitimidad democrática, la
transparencia en el ejercicio de la función pública y la eficacia del control ciudadano.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03323-00
Accionante: José Edilson Chalá Ortega
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

3.- Fundamentos de la acción de tutela

El tutelante considera que la Sección Primera del Consejo de Estado ha vulnerado
sus derechos fundamentales al mantener sin decisión un recurso de apelación
dentro de un proceso de pérdida de investidura, pese a que el legislador fijó un
término breve y perentorio para resolver esta clase de asuntos. El actor considera
que el término corto de la Ley 1881 de 2018 no es una cortesía legislativa, sino que
busca salvaguardar la legitimidad de la representación democrática, la
transparencia de la función pública, la responsabilidad política y jurídica de los
servidores elegidos popularmente, y el derecho ciudadano a ejercer control sobre el
poder público.

Para el señor Chalá Ortega, la mora resulta más grave en la medida en que ya hay
proyecto de fallo, pero no se ha decidido el asunto por aplazamientos sucesivos en
su discusión; en otras palabras, el expediente no está paralizado por falta de
sustentación del recurso, falta de traslado, necesidad de pruebas o ausencia de
actividad de las partes.

Sumado a lo anterior, los aplazamientos reiterados, sin motivación objetiva,
vulneran el derecho al plazo razonable, al acceso efectivo a la administración de
justicia y a la igualdad procesal.

Finalmente, en el presente caso, la mora perjudica además el interés público. La
ciudadanía tiene derecho a saber, oportunamente, si un servidor de elección popular
incurrió o no en una causal que compromete su permanencia en el cargo. La
incertidumbre prolongada debilita el control ciudadano y erosiona la confianza en la
administración de justicia.

4.- Pretensiones de la acción

La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:

“(i) Que se AMPAREN mis derechos fundamentales al debido proceso sin
dilaciones injustificadas, al acceso efectivo y eficaz a la administración de
justicia, al plazo razonable y a la igualdad procesal.

(ii) Que se DECLARE que la Sección Primera del Consejo de Estado ha
incurrido en mora judicial constitucionalmente relevante dentro del proceso de
pérdida de investidura radicado 50001-23-33-000-2025-00113-01, al no discutir

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03323-00
Accionante: José Edilson Chalá Ortega
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

ni decidir oportunamente el recurso de apelación pese a existir proyecto de fallo
registrado desde diciembre de 2025.

(iii) Que se ORDENE a la Sección Primera del Consejo de Estado que, dentro
de un término máximo de tres (3) días hábiles contados a partir de la
notificación del fallo de tutela, discuta y decida el recurso de apelación
interpuesto dentro del proceso de pérdida de investidura radicado 50001-23-
33-000-2025-00113-01, sin que la orden implique orientación alguna sobre el
sentido de la decisión.

(iv) Subsidiariamente, si la Sección Primera considera que existe una razón
objetiva que impide decidir dentro del término anterior, que se le ORDENE
motivar de manera concreta, pública y verificable la causa del aplazamiento,
fijar fecha cierta para la discusión y decisión del asunto y adoptar las medidas
necesarias para superar el obstáculo, incluyendo, de ser procedente, la
integración de quorum, designación de conjueces o cualquier otra medida
institucional pertinente.

(v) Que se ORDENE a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de
Estado certificar el estado actual del proceso, la fecha exacta de registro del
proyecto de fallo, las fechas en que ha sido programado para Sala, las fechas
en que ha sido aplazado y las razones registradas, si existen, para cada
aplazamiento.

(vi) Que se PREVENGA a la autoridad accionada para que, en adelante,
cuando se trate de procesos de pérdida de investidura con términos legales
vencidos y proyecto registrado, los aplazamientos sean excepcionales,
motivados y compatibles con los derechos fundamentales de las partes y con
la naturaleza constitucional sancionatoria del medio de control”3.

5.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición

5.1.- Mediante auto4 del 05 de mayo de 2026, el despacho ponente admitió la acción
de tutela y notificó a la Sección Primera del Consejo de Estado para que ejerciera
su derecho de defensa.

5.2.- La Sección Primera del Consejo de Estado5 allegó respuesta a la tutela, en la
cual solicitó negar el amparo constitucional, pues considera que no se ha vulnerado
derecho fundamental alguno, y si bien ha existido una demora en tomar la decisión
que dirima esta instancia, esta no se debe a una dilación injustificada.

Este proyecto de sentencia ha sido sometido a discusión durante las sesiones del
22 y 29 de enero; 5, 12, 19 y 26 de febrero; 7, 19 y 26 de marzo; y 16, 23 y 30 de

3 Folios 10 y 11 del certificado D42A38DDE4540252 0B725E1EE05D878A 0C1FBF48861612E8
24D04D01AF0D50F7, índice 2.
4 Obra auto en el certificado 054A6D128515BF01 CC1CC79A8CF80BA9 673F74328077EEE9
DFA66969BB9CC6CF, índice 4.
5 Obra respuesta en el certificado 93DB4465EC812CE1 A6705E71C5C809D6 0E7379A8439466AE
69DD89F8A3315898, índice 9.

5
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03323-00
Accionante: José Edilson Chalá Ortega
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

abril de 2026, sin que dicho debate y análisis haya finalizado aún, debido a que no
se ha logrado un consenso sobre la ponencia sometida a consideración de los
magistrados que conforman la Sección Primera del Consejo de Estado,
circunstancia esta que no puede considerarse como una mora o negligencia
injustificada.

Manifiesta la accionada que en el proceso que dio origen a la acción de tutela de la
referencia no se evidencia inactividad alguna por el hecho de que no se haya
proferido la sentencia que dirima la segunda instancia, pues, precisamente, como
ya se indicó, el proyecto de fallo ha sido discutido en varias sesiones. Asimismo,
para el despacho accionado, estos debates resultan necesarios, en algunos casos,
en aras de garantizar el derecho de los administrados y el principio de seguridad
jurídica, lo cual desvirtúa cualquier presunción de mora.

II. CONSIDERACIONES

1.- Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por José
Edilson Chalá Ortega en contra de la Sección Primera del Consejo de Estado, de
conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto
2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.- Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se vulneraron los derechos fundamentales
reclamados por la parte actora o si, por el contrario, existe carencia actual de objeto
por configurarse un hecho superado.

3.- Carencia actual de objeto por hecho superado en el caso concreto

3.1.- Se debe destacar, en primer lugar, que la Corte Constitucional, en repetidas
ocasiones6, ha indicado que la carencia actual de objeto se configura cuando, frente
a las pretensiones esbozadas en la acción de tutela, cualquier orden emitida por el

6 Corte Constitucional, sentencia T-038 de 2019.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03323-00
Accionante: José Edilson Chalá Ortega
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

juez se torna inane. Específicamente, esta figura ocurre cuando se presenta un
daño consumado7, un hecho superado8 o una situación sobreviniente9.

3.2.- En el caso concreto, el tutelante cuestiona, en esencia, que la Sección Primera
del Consejo de Estado incurrió en (i) una mora judicial injustificada, pues desde el
16 de diciembre de 2025 se registró la actuación “REGISTRA PROYECTO”, sin que
a la fecha se haya emitido sentencia, situación con la que se supera ampliamente
el término de veinte (20) días hábiles de la Ley 1881 de 2018; y (ii) una omisión en
el cumplimiento del deber funcional de proferir sentencia en segunda instancia,
máxime cuando el asunto ha sido aplazado sin justificación en distintas salas de
decisión de la Sección Primera del Consejo de Estado.

3.3.- Sin embargo, se advierte que la sentencia de pérdida de investidura en
segunda instancia, que es objeto de debate, fue emitida el 28 de mayo de 2026 y
comunicada a la parte actora el 09 de junio de 202610.

3.4.- Con base en lo anterior, se concluye que en el caso concreto se configuró la
carencia actual de objeto por la ocurrencia de un hecho superado, en tanto que, con
posterioridad a la interposición de la acción de tutela, la autoridad accionada tomó
una decisión definitiva en el caso. Tal determinación le resta relevancia jurídica a
los argumentos esgrimidos en esta sede constitucional, en la medida en que se
evidencia una resolución definitiva del trámite de pérdida de investidura en el cual
fungió como demandante el señor Chalá Ortega. Esto hace inocuo cualquier
pronunciamiento de fondo sobre los cargos elevados por la parte actora.

7 Se da cuando se materializa la afectación que se pretendía evitar con la acción de tutela, de tal manera que

el juez no puede emitir una orden al respecto, con el fin de hacer que cese la vulneración o impedir que se
consume el peligro. Sobre el asunto, consultar la sentencia SU-225 de 2013, dictada por la Corte Constitucional.
M.P. Alexei Julio Estrada.
8 Tiene cabida entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo. Se apercibe cuando, como

consecuencia del obrar de la accionada, cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el
accionante. Se configura si se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la
afectación, por lo que resulta inocua cualquier intervención del juez constitucional en aras de proteger derecho
fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado. Sobre los casos en que cesó la vulneración de
derechos fundamentales ver las sentencias de la Corte Constitucional T-970 de 2014 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva), T-597 de 2015 (M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-669 de 2016 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio),
T021 de 2017 (M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-382 de 2018 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), entre
otras. En lo relacionado con la terminación de la afectación, el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 establece
“[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda
la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de
costas, si fueren procedentes”.
9 Se evidencia en aquellos casos en que, sin que haya una actuación previa de la accionada, la protección

solicitada no se hace relevante, ya sea porque el accionante asumió la carga que no le correspondía o porque
la nueva situación no da lugar a conceder el derecho. La Corte empezó a diferenciar, a través de su
jurisprudencia, una tercera modalidad de carencia actual de objeto, cuando acaece un hecho posterior a la
demanda. Por ejemplo, las sentencias T-988 de 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-585 de 2010
(M.P Humberto Antonio Sierra Porto), T-200 de 2013 (M.P. Alexei Julio Estrada), T-481 de 2016 (M.P. Alberto
Rojas Ríos), entre otras.
10 Como consta en los índices 15 y 19 del expediente 50001233300020250011301.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03323-00
Accionante: José Edilson Chalá Ortega
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

4.- En consecuencia, la Sala declarará improcedente el amparo.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional, de conformidad
con las razones ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado
Aclara voto

ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado

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