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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-01221-00

Fecha
29 de mayo de 2023
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
13 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-01221-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Niéganse las pretensiones de la demanda. 2°) Sin costas. 23 Expediente: 11001-03-15-000-2021-01221-00 (PI) Actor: Luis Alfredo Castro Barón Pérdida de investidura – sentencia de primera instancia 3°) Adviértese a las partes que contra la presente decisión de primera instancia procede el recurso de apelación en los términos del artículo 14 de la Ley 1881 de 2018. 4°) En firme esta providencia archívese el expediente previas las constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-01221-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

29 de mayo de 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA 12 ESPECIAL DE DECISIÓN

Bogotá DC, veintinueve (29) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2021-01221-00 (PI)
Demandante: LUIS ALFREDO CASTRO BARÓN
Demandado: GERMÁN ALCIDES BLANCO ÁLVAREZ
Medio de control: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Causal: VIOLACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONFLICTO DE
INTERESES

Síntesis del caso: el señor Luis Alfredo Castro Barón demandó la investidura del
congresista Germán Alcides Blanco Álvarez con fundamento en la causal de violación del
régimen de conflicto de intereses por considerar que actuó en calidad de integrante de la
Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes (CIACR) pese
a haber sido previamente recusado y tener supuesto interés en ocultar la comisión de
conductas punibles.

Decide la Sala en primera instancia la solicitud de pérdida de investidura
formulada por el señor Luis Alfredo Castro Barón en contra del representante a la
Cámara señor Germán Alcides Blanco Álvarez.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 25 de marzo de 2021 (índice 1), el señor Luis Alfredo Castro Barón demandó
la investidura del representante a la Cámara señor Germán Alcides Blanco
Álvarez1 con sustento en la causal de “violación del régimen de conflicto de
intereses” prevista en el artículo 183 de la Constitución; pese a que el escrito de
demanda es abultadamente farragoso y contiene en forma descontextualizada
diferentes imputaciones en contra de servidores y exservidores públicos de las
distintas Ramas del Poder Público y de los organismos de control, la Sala extracta

1 Mediante escrito que luego sustituyó (índice 63) con el fin de subsanar los defectos advertidos

en el auto inadmisorio (índice 9).

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-01221-00 (PI)
Actor: Luis Alfredo Castro Barón
Pérdida de investidura – sentencia de primera instancia

los siguientes hechos y fundamentos relevantes acerca del contenido y sustento
de la petición de pérdida de investidura elevada con la demanda:

1) El demandado fue elegido Representante a la Cámara para los períodos
constitucionales 2014–2018 y 2018–2022; en el segundo de dichos períodos fue
designado como integrante de la Comisión de Investigación y Acusación de la
Cámara de Representantes (CIACR).

2) El demandante fungió como empleado en la Personería Distrital de Bogotá
donde afirma haber sido víctima de persecución laboral por parte del entonces
personero Germán Varón Cotrino, a quien denunció por esos hechos ante la
Procuraduría General de la Nación; ante la supuesta inacción de este último ente
de control, el señor Castro Barón denunció al señor Alejandro Ordóñez Maldonado
(Procurador General de la Nación para esa época) ante el Consejo de Estado para
que lo investigara disciplinariamente, trámite que se radicó con el número
11001031500020140179400 y se archivó sin actuación alguna mediante
providencia del 21 de febrero de 2014.

3) El señor Castro Barón formuló una denuncia penal ante la Comisión de
Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes del Congreso de la
República (CIACR) en contra de los Consejeros de Estado de la época Roberto
Augusto Serrato Valdés, Jorge Octavio Ramírez Ramírez y Danilo Rojas
Betancourth por el hecho de no haberle impartido trámite a su denuncia en contra
del entonces Procurador General de la Nación, actuación que se tramitó con el
número de radicación 4862; en el curso de la esa investigación, el demandante
Luis Alfredo Castro Barón recusó a todos los miembros de la referida Comisión,
incluido el aquí demandado, por considerar que aquellos y este último tenían
interés en el resultado del proceso, pese a lo cual los integrantes de dicha
Comisión profirieron resolución inhibitoria en favor de los exconsejeros de Estado
investigados, sin apartarse del caso, con la finalidad de “tapar con el manto de la
impunidad la desaparición forzada del sacerdote y capellán de la Universidad
Javeriana Abel de Jesús Barahona Castro” (fl. 10 – índice 63).

4) A juicio del demandante, la causal de pérdida de investidura de violación del
régimen legal de conflicto de intereses invocada se configuró por lo siguiente:

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-01221-00 (PI)
Actor: Luis Alfredo Castro Barón
Pérdida de investidura – sentencia de primera instancia

a) La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes
tardó más de quince (15) meses en decidir el recurso de reposición que el
demandante interpuso en contra del auto por el cual decidió inhibirse para
investigar a los referidos consejeros de Estado en la citada investigación número
4862.

b) Existía enemistad grave entre el demandante y el demandado por razón de la
denuncia penal que instauró el primero en contra del segundo por la “desaparición
forzada y ejecución extrajudicial contra el suscrito en la modalidad de tentativa y
contra el Sacerdote y Capellán de la Universidad Javeriana (…) cuya motivación
fue el arrebatamiento de la finca El Carmen, hoy en manos del Estado” (fl. 11 –
índice 63).

c) El congresista demandado actuó, a pesar de que había sido previamente
recusado, en las siguientes investigaciones penales: (i) expediente 5024 en contra
del magistrado José Francisco Acuña Vizcaya; (ii) expediente 4915 en contra de
los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Luis Fernando Salazar Otero,
Éyder Patiño Cabrera, Fernando Alberto Castro Caballero y Eugenio Fernández
Carlier y, (iii) expediente 4863 en contra del expresidente Juan Manuel Santos
Calderón, no obstante que el artículo 108 de la Ley 600 de 2000 dispone que la
actuación penal se suspende con el escrito de recusación.

2. Contestación de la demanda

El congresista demandado se opuso a la prosperidad de las pretensiones con
fundamento en lo siguiente:

1) No obró con dolo ni culpa grave en ejercicio de sus funciones como integrante
de la CIACR; el pleno de dicha Comisión no encontró sustento para la
configuración de la causal de recusación invocada por el ahora demandante, por
lo cual no fue considerada.

2) La Constitución y la ley asignan competencia a la CIACR para investigar las
conductas de los aforados constitucionales y el demandante no probó que se
hubieran ejercido dichas competencias en forma dolosa o gravemente culposa.

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-01221-00 (PI)
Actor: Luis Alfredo Castro Barón
Pérdida de investidura – sentencia de primera instancia

3) La demanda no refiere cuál es el supuesto interés individual o subjetivo del
demandado en las referidas actuaciones como integrante de la CIACR ni señala
el beneficio personal que el demandado esperaba obtener.

4) Respecto de lo ocurrido en la investigación identificada con el número de
radicación 4862, el Representante investigador presentó ponencia de auto
inhibitorio y este fue aprobado por la CIACR en pleno el 26 de marzo de 2018 por
cuanto las denuncias carecían de fundamento de hecho y probatorio.

5) Los procesos penales promovidos por el ahora demandante se dirigieron a
realizar múltiples denuncias y peticiones sin ningún fundamento legal con las
cuales se afectó el trámite normal de las denuncias que correspondía conocer a
la CIACR.

6) Las apreciaciones del demandante son caprichosas y malintencionadas,
dirigidas a pervertir, calumniar y agredir a las autoridades judiciales, sin ningún
sustento probatorio.

7) Las recusaciones promovidas por el ahora demandante y a cargo de la CIACR
fueron resueltas y se declararon infundadas porque carecían de fundamento.

8) El demandado no ha sido autor de delitos de desaparición forzada, prevaricato,
no tuvo interés alguno en los procesos a su cargo ni conoce a los interesados.

9) Las causales de inhabilidad son taxativas y de interpretación restringida, por
lo cual el conflicto de intereses corre idéntica suerte; en este caso, no hay ningún
comportamiento del congresista contrario a la ética ni en la demanda se
formularon de manera concreta acusaciones sobre el presunto interés del
demandado que, según se afirma, determinó su actuación.

10) El juicio de pérdida de investidura implica un análisis subjetivo respecto de la
conducta del congresista y, por ende, para la prosperidad de la demanda debía
alegarse y acreditarse el supuesto interés particular y concreto que le asistía al
demandado y que obró para favorecerlo.

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-01221-00 (PI)
Actor: Luis Alfredo Castro Barón
Pérdida de investidura – sentencia de primera instancia

3. Audiencia pública

El 24 de abril de 2023 se adelantó la audiencia de que tratan los artículos 11 y 12
de la Ley 1881 de 2018, en la cual la Sala 12 Especial de Decisión de la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado escuchó las conclusiones
de las partes, quienes reiteraron los argumentos planteados en el curso del
proceso (índice 212 SAMAI).

El demandante se refirió nuevamente a supuestos delitos de desaparición forzada
y de despojo de tierras que, en su sentir, permiten advertir el interés indebido del
demandado en las investigaciones penales que conoció como integrante de la
CIACR; por su parte, la parte demandada adujo que no se aportó ninguna prueba
sobre el alegado interés y que la demanda se basa en múltiples y temerarias
acusaciones que no lograron demostrarse, así como en hechos que no guardan
relación con la causal invocada y sin la fuerza suficiente para soportar un juicio
ético en contra de un congresista. El Ministerio Público solicitó denegar las
pretensiones de la demanda, por considerar que no se presentó ninguna
evidencia del supuesto interés del congresista demandado en los asuntos a su
cargo como integrante del CIACR.

II. CONSIDERACIONES

Sin que se advierta causal de nulidad que invalide la actuación, decide la Sala en
primera instancia la solicitud de pérdida de investidura, para lo cual seguirá el
siguiente derrotero: (i) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, (ii)
naturaleza jurídica y finalidad del medio de control de pérdida de investidura de
congresistas (iii) contenido y alcance de la causal invocada, (iv) el caso concreto
y, (v) costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

El solicitante pretende que se despoje de su investidura de congresista al
Representante a la Cámara de Representantes del Congreso de la República,
(quien fue elegido para los períodos constitucionales 2014-2018 y 2018-2022)

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-01221-00 (PI)
Actor: Luis Alfredo Castro Barón
Pérdida de investidura – sentencia de primera instancia

Germán Alcides Blanco Álvarez por violación del régimen de conflicto de interés,
por el hecho de haber tomado decisiones en investigaciones penales en la
condición de integrante de la Comisión de Investigación y Acusación de la
Cámara de Representantes en las que había sido previamente recusado por la
supuesta finalidad de aquel de encubrir conductas punibles y de acoso cometidas
por quienes eran investigados; el demandado niega haber tenido cualquier tipo
de interés en dichos asuntos y sostiene que obró sin dolo o culpa grave.

La Sala mantendrá la investidura del demandado, porque no se acreditaron los
supuestos fácticos de la demanda ni su interés en las decisiones que estuvieron
a su cargo como integrante de la Comisión de Acusación e Investigación de la
Cámara de Representantes.

2. Naturaleza jurídica y finalidad del medio de control de pérdida de
investidura de congresistas

1) La acción pública de pérdida de investidura puede ser ejercida por cualquier
ciudadano como expresión del derecho fundamental de participación democrática
en el control del ejercicio del poder político establecido en el artículo 40 de la Carta
y su trámite en dos instancias está actualmente regulado en la ley 1881 de 2018 2.

2) Según lo ha precisado la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional3 como
del Consejo de Estado4 se trata de una acción ciudadana conducente a hacer
efectiva, a través de un proceso de orden jurisdiccional, una responsabilidad ética
y disciplinaria de los congresistas por razón de la comisión o configuración de una
cualquiera de las causales previstas para el efecto en la Constitución Política 5.

2 Con antelación a este cuerpo normativo el trámite estaba consagrado en la Ley 144 de 1994 la

cual fue expresa e integralmente derogada por el artículo 24 de la Ley 1881 de 2018.

3 Véanse, entre otras, las sentencias C-319 de 1994 y C-247 de 1995.

4 Véanse por ejemplo, las sentencias de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 30 de

mayo de 2000, expediente AC-9877; 13 de febrero de 2001, expediente AC-11.946 y 20 de
noviembre de 2001, expediente 2001-0130.

5 Aunque debe anotarse que, según el entendimiento dado por la jurisprudencia, la causal del

artículo 110 constitucional es aplicable a todos los miembros de las corporaciones de elección
popular.

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-01221-00 (PI)
Actor: Luis Alfredo Castro Barón
Pérdida de investidura – sentencia de primera instancia

La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la naturaleza disciplinaria de este
medio de control, en los siguientes términos:

“Por razón de su naturaleza y de los fines que la inspiran, la pérdida
de la investidura constituye un verdadero juicio de responsabilidad
política que culmina con la imposición de una sanción de carácter
jurisdiccional, de tipo disciplinario que castiga la transgresión al
código de conducta intachable que los congresistas deben observar por
razón del inapreciable valor social y político de la investidura que
ostentan. Para la Corte, el tipo de responsabilidad política de
carácter disciplinario exige al congresista que incurriere en la
comisión de unas de las conductas que el Constituyente erigió en causal
de pérdida de la investidura, es perfectamente diferenciable y separable
de la penal que la misma pudiere también originar, por haber incurrido
en un delito, independientemente de la acción penal.” (destaca la Sala).

En ese entendimiento también ha destacado el eminente carácter ético del juicio
de desinvestidura de los congresistas y su finalidad encaminada a preservar la
dignidad del cargo y de la corporación pública correspondiente:

“La Corte debe insistir en que las normas constitucionales sobre
pérdida de investidura tienen un sentido eminentemente ético.
Buscan preservar la dignidad del congresista y, aunque se refieran a
conductas que puedan estar contempladas en la legislación como
delictivas, su objeto no es el de imponer sanciones penales, sino el
de castigar la vulneración del régimen disciplinario impuesto a los
miembros del Congreso en razón de la función que desempeñan.
Al congresista no se lo priva de su investidura inhabilitándolo para volver
a ser elegido en tal condición, por el hecho de haber incurrido en un
determinado hecho punible y menos como consecuencia de haber sido
hallado penalmente responsable. Lo que el Consejo de Estado deduce
en el curso del proceso correspondiente es la violación, por parte del
implicado, de las normas especiales que lo obligan en cuanto miembro
del Congreso. Se trata de un juicio y de una sanción que no están
necesariamente ligados al proceso penal que, para los respectivos
efectos, lleve a cabo la jurisdicción, pues la Constitución exige más al
congresista que a las demás personas: no solamente está
comprometido a no delinquir sino a observar una conducta
especialmente pulcra y delicada que, si presenta manchas, así no sean
constitutivas de delito, no es la adecuada a la dignidad del cargo ni a la
disciplina que su ejercicio demanda.”6 (negrillas de la Sala).

3) Por su parte, el artículo 1º de la reciente Ley 1881 de 2018, la cual instauró la
doble instancia en el proceso de pérdida de investidura, establece que este se
corresponde con un juicio de tipo subjetivo y dispone, en forma expresa e
inequívoca, la necesaria acreditación del dolo o culpa grave en la actuación del

6 Ibidem.

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-01221-00 (PI)
Actor: Luis Alfredo Castro Barón
Pérdida de investidura – sentencia de primera instancia

servidor como presupuesto para la prosperidad de este medio de control, en los
siguientes términos:

“ARTÍCULO 1. El proceso sancionatorio de pérdida de investidura
es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en
contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o culposa,
hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura
establecidas en la Constitución.

Se observará el principio del debido proceso, conforme al artículo 29 de
la Constitución Política.

PARÁGRAFO. Se garantizará el non bis in ídem. Cuando una misma
conducta haya dado lugar a una acción electoral y a una de pérdida de
investidura de forma simultánea, el primer fallo hará tránsito a cosa
juzgada sobre el otro proceso en todos los aspectos juzgados, excepto
en relación con la culpabilidad del congresista, cuyo juicio es exclusivo
del proceso de pérdida de investidura. En todo caso, la declaratoria de
pérdida de investidura hará tránsito a cosa juzgada respecto del proceso
de nulidad electoral en cuanto a la configuración objetiva de la causal.”
(se resalta).

Sobre ese preciso punto, debe advertirse que aún antes de la entrada en vigencia
de la referida ley, la Corte Constitucional7 ya había enfatizado en la necesidad de
que se encuentre acreditada la culpa o el dolo del congresista para que prospere
el juicio de pérdida de investidura, sobre la consideración de que imponer tan
grave sanción sin acreditación del elemento subjetivo sería contrario a las
garantías fundamentales por tratarse de un juicio de carácter punitivo y que por
tanto la responsabilidad que en este se decide no puede ser de carácter objetivo,
lo cual explicitó en los siguientes términos:

“(viii) El análisis de responsabilidad que realiza el juez en el proceso
sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo, pues en un Estado
de Derecho los juicios sancionatorios, por regla general, no pueden
operar bajo un sistema de responsabilidad objetiva, y las sanciones que
se adopten en ejercicio del ius puniendi deberán verificar la ocurrencia
de una conducta típica, antijurídica y culpable.

(ix) Una sentencia proferida en un proceso de pérdida de investidura,
incurre en un defecto sustantivo, cuando sanciona a un Representante
a la Cámara sin analizar si su conducta se produjo con culpa o dolo.”.

3. Contenido y alcance de la causal invocada

1) Si bien el texto de la demanda no es precisamente un modelo de técnica
jurídica, es lo cierto también que la petición cumple en lo esencial con las

7 Corte Constitucional, sentencia SU-424 de 2016.

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Pérdida de investidura – sentencia de primera instancia

exigencias básicas que sobre el particular consagra el literal c) del artículo 5 de
la Ley 1881 de 2018, en el sentido de que el actor fundamenta la petición de
pérdida de investidura del congresista demandado en la causal conflicto de
intereses prevista en el numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política en
los siguientes términos:

“Artículo 183. Los congresistas perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o
del régimen de conflicto de intereses (…).” (se resalta).

2) El artículo 182 Superior dispone que los congresistas, en forma obligatoria,
deben informar a la respectiva Cámara aquellos conflictos de carácter moral o
económico que tengan la virtualidad de inhibir su participación en determinados
asuntos:

"Artículo 182. Los congresistas deberán poner en conocimiento de la
respectiva Cámara las situaciones de carácter moral o económico que
los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su
consideración. La ley determinará lo relacionado con los conflictos de
intereses y las recusaciones. "

3) La Ley 2003 de 2019 “por la cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y
se dictan otras disposiciones”, reglamentó la referida obligación de los
congresistas de declarar los conflictos de interés para aquellos eventos en los que
un proyecto de ley o de acto legislativo pueda representarles un beneficio
particular, actual y directo, de igual manera, definió los elementos que configuran
dichos conflictos en el ejercicio de la función legislativa; sin embargo, para el caso
preciso del ejercicio de funciones judiciales la norma remite a las disposiciones
especiales que regulan ese tipo de investigaciones, en los siguientes términos:

“Artículo 1. El artículo 286 de la Ley 5 de 1992 quedará así:
Artículo 286. Régimen de conflicto de interés de los
congresistas. Todos los congresistas deberán declarar los
conflictos de intereses que pudieran surgir en ejercicio de sus
funciones.

Se entiende como conflicto de interés una situación donde la
discusión o votación de un proyecto de ley o acto legislativo o
artículo, pueda resultar en un beneficio particular, actual y directo
a favor del congresista.

a) Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera
ganancias o crea indemnizaciones económicas o elimina obligaciones

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Actor: Luis Alfredo Castro Barón
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a favor del congresista de las que no gozan el resto de los ciudadanos.
Modifique normas que afecten investigaciones penales, disciplinarias,
fiscales o administrativas a las que se encuentre formalmente vinculado.

b) Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las
circunstancias presentes y existentes al momento en el que el
congresista participa de la decisión.

c) Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica
respecto del congresista, de su cónyuge, compañero o compañera
permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o primero civil.

Para todos los efectos se entiende que no hay conflicto de interés en
las siguientes circunstancias:

a) Cuando el congresista participe, discuta, vote un proyecto de ley o de
acto legislativo que otorgue beneficios o cargos de carácter general, es
decir cuando el interés del congresista coincide o se fusione con los
intereses de los electores.

b) Cuando el beneficio podría o no configurarse para el congresista en
el futuro.

c) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos
de ley o acto legislativo de carácter particular, que establezcan
sanciones o disminuyan beneficios, en el cual, el congresista tiene un
interés particular, actual y directo. El voto negativo no constituirá
conflicto de interés cuando mantiene la normatividad vigente.

d) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos
de ley o acto legislativo de carácter particular, que regula un sector
económico en el cual el congresista tiene un interés particular, actual y
directo, siempre y cuando no genere beneficio particular, directo y
actual.

Cuando el congresista participa en la elección de otros servidores
públicos mediante el voto secreto. Se exceptúan los casos en que se
presenten inhabilidades referidas al parentesco con los candidatos.

PARÁGRAFO 1o. Entiéndase por conflicto de interés moral aquel que
presentan los congresistas cuando por razones de conciencia se
quieran apartar de la discusión y votación del proyecto.

PARÁGRAFO 2o. Cuando se trate de funciones judiciales,
disciplinarias o fiscales de los congresistas, sobre conflicto de
interés se aplicará la norma especial que rige ese tipo de
investigación.

PARÁGRAFO 3o. Igualmente se aplicará el régimen de conflicto de
intereses para todos y cada uno de los actores que presenten, discutan
o participen de cualquier iniciativa legislativa, conforme al
artículo 140 de la Ley 5 de 1992.” (destaca la Sala).

3) De conformidad con lo expuesto, cuando se cuestiona el supuesto interés de
un congresista en asuntos en los cuales participa en el ejercicio de funciones

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judiciales de investigación, como ocurre en el presente caso, la norma legal remite
a las disposiciones especiales que rigen el ejercicio de estas competencias; con
todo, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y el Código de Procedimiento
Penal aplicable (Ley 600 de 2000) únicamente regulan el régimen de inhabilidades
e incompatibilidades, pero, no definen ni delimitan en forma expresa el conflicto
de interés8, por lo cual debe acudirse al alcance que la jurisprudencia ha otorgado
a la referida causal de pérdida de investidura, aspecto sobre el cual es relevante
observar lo siguiente:

a) Dispone el artículo 133 de la Constitución Política que los miembros de los
cuerpos colegiados de elección directa “representan al pueblo y deben actuar
consultando la justicia y el bien común” 9, lo cual pone en evidencia que no les
está autorizado anteponer frente a tan altos valores y cometidos estatales sus
propios intereses o los de algunas otras personas cercanas a ellos, como por
ejemplo por razón de parentesco, matrimonio o unión permanente, o de sociedad,
etc; por el contrario, en aplicación de lo preceptuado en el artículo 6 constitucional,
en su condición de servidores públicos tan solo pueden hacer aquello que
expresamente les está autorizado en la Constitución y en la ley y en la forma en
ellas mismas preestablecida, tal como lo ordena el artículo 3 de la Constitución,
so pena de responsabilidad por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus
funciones, corroborado ello por lo dispuesto en el inciso final del artículo 133 de la
Constitución en cuanto determina que el elegido es responsable políticamente
ante la sociedad y frente a sus electores por el cumplimiento de las obligaciones
propias de su investidura, todo ello aunado al desarrollo legal existente sobre la
materia.

8 Por su parte, las normas del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) son aplicables a

los empleados y funcionarios de la Rama Judicial, de la Fiscalía General de la Nación y a todos
los que administren justicia en forma temporal o permanente, excepto aquellos que gocen de fuero
especial, tal como ocurre con los congresistas: “Artículo 239. Alcance de la función
jurisdiccional disciplinaria. Mediante el ejercicio de la función jurisdiccional disciplinaria,
se tramitarán y resolverán los procesos que, por infracción al régimen disciplinario
contenido en el presente estatuto, se adelanten contra los funcionarios y empleados
judiciales, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, así como contra los particulares
disciplinables conforme a esta ley, y demás autoridades que administran justicia de manera
excepcional, temporal o permanente, excepto quienes tengan fuero especial.”.

9 Igual origen y naturaleza jurídica tienen los ediles de las juntas administradores locales (artículo

119 de la ley 136 de 1994), los diputados (artículo 299 constitucional, modificado por el artículo1º
del acto legislativo 01 de 1996) y los congresistas (artículos 132, 133, 171 y 176 de la Constitución,
este último modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 02 de 2005).

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b) De tal manera, el constituyente y el legislador han querido precaver que se
confundan o vean distorsionados o desconocidos esos sustanciales y preciados
intereses con los personales del servidor público en detrimento del interés general
que debe guiar la actuación de cada uno de los integrantes de la corporación de
elección popular de la que aquellos hacen parte y de esta en su conjunto; más
aún, en general se quiere evitar que los propósitos privados o egoístas de los
miembros de las corporaciones de elección popular afecten la necesaria y debida
imparcialidad con la que deben actuar en ejercicio de su investidura.

c) No obstante, el conflicto de intereses, como causal de pérdida de investidura,
no fue definido por el constituyente como tampoco determinó los hechos o
circunstancias que lo configuran, excepto la referencia general a las “situaciones
de índole moral o económico” que se hace en el artículo 182 de la Constitución
Política, en lo demás el tema fue deferido al legislador.

d) Esta corporación10, para efectos de deducir y predicar la violación del conflicto
de intereses y, consecuencialmente, sancionar al infractor con el despojo de la
investidura de los miembros de las corporaciones de elección popular, ha
precisado que corresponde al juez determinar, en cada caso en particular, si el
demandado posee o no un interés directo y privado en el acto o asunto objeto de
consideración por parte del miembro de la respectiva corporación de elección
popular.

4) En esa dirección, en sentencia de 27 de agosto de 2002, expediente PI-043,
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado sentó el
siguiente criterio:

“El “conflicto de intereses” se refiere a situaciones de carácter
particular, estrictamente personales en las que tenga interés el
Congresista, lo que implica, por demás, un aprovechamiento
personal de su investidura. Así, en el proceso de formación de las
leyes, habrá conflicto de intereses cuando la actuación del Congresista
esté influida por su propio interés, de tal suerte que éste se enfrenta a
las obligaciones propias de su investidura, que le imponen proceder
consultando la justicia y el bien común, lo que excluye cualquier

10 Véase: sentencia de 20 de noviembre de 2001, expediente 2001-0130.01, M.P. Dr. Germán
Rodríguez Villamizar.

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-01221-00 (PI)
Actor: Luis Alfredo Castro Barón
Pérdida de investidura – sentencia de primera instancia

influencia o prevalencia de su interés particular.”11 (negrillas
adicionales).

5) Se trata entonces de una situación fáctica que supone o presenta un
antagonismo o choque entre el interés privado del congresista y el general de la
comunidad, de la que aquel puede derivar beneficio o provecho en razón de su
posición de ventaja o privilegio constituida o derivada precisamente de su
investidura.

En ese sentido la jurisprudencia ha señalado lo siguiente:

“El Consejo de Estado ha sentado los criterios para que tal causal
se configure, los cuales son: la demostración clara de que existe
un interés directo, particular y concreto, que debe crear
situaciones de privilegio o ventaja, y que exista un verdadero
conflicto, es decir, una oposición o antagonismo entre el interés
particular y el general, ya que si no fuera así existiría conflicto de
intereses en todos los casos en que se debaten leyes sobre servicios
públicos, pues todos los congresistas, como los demás ciudadanos
también se sirven de ellos.”12 (se adicionan negrillas)

6) La ley también dispone que en cada una de las Cámaras del Congreso de la
República se llevará un libro de registro de intereses en el cual los congresistas
consignarán la información relacionada con su actividad privada13, así como
también el término para la inscripción, publicidad y modificación del registro 14, la
obligación de declarar y comunicar su impedimento15, los efectos del
impedimento16 y, el trámite de las recusaciones y sus efectos17.

7) De acuerdo con las referidas disposiciones, la jurisprudencia de esta
Corporación ha exigido, reiteradamente, para que se configure la causal de

11 Consejera Ponente Dra. Ana Margarita Olaya Forero. En igual sentido véase la sentencia de 3
de septiembre de 2002, expediente PI-044, M.P. Dr. Roberto Media López.

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 6 de octubre de

1998, M.P. Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, expediente AC- 6289.

13 ibidem, artículo 287.

14 ibidem, artículos 288, 298 y 290.

15 ibidem, artículos 291 y 292.

16 ibidem, artículo 293.

17 ibidem, artículos 294 y 295.

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-01221-00 (PI)
Actor: Luis Alfredo Castro Barón
Pérdida de investidura – sentencia de primera instancia

pérdida de investidura, que se presenten las siguientes condiciones o supuestos:
“(i) [q]ue exista un interés directo, particular y actual: moral o económico, (ii) [q]ue
el congresista no manifieste su impedimento a pesar de que exista un interés
directo en la decisión que se ha de tomar, (iii) [q]ue el congresista no haya sido
separado del asunto mediante recusación, (iv) [q]ue el congresista haya
participado en los debates y/o haya votado y (v) [q]ue la participación del
congresista se haya producido en relación con el trámite de leyes o de cualquier
otro asunto sometido a su conocimiento”18.

8) Como la expresión del interés personal puede configurarse por circunstancias
que, al tiempo, son definidas en el ordenamiento jurídico como causales de
impedimento o recusación, es natural que surjan importantes relaciones entre
estos dos fenómenos, conflicto de intereses (sustancial) e impedimento
(procesal); no obstante, el artículo 181 de la Constitución Política no sanciona con
pérdida de investidura el hecho de que un congresista no cumpla el deber de
declararse impedido una vez advierta la circunstancia que da lugar a ello o luego
de haber sido recusado, sino el hecho de votar o participar en una decisión en un
asunto que pueda reportarle beneficios19; para que pueda deducirse la
responsabilidad jurídica disciplinaria que implique la máxima sanción, esto es, la
pérdida de investidura, es indispensable que en el proceso y, finalmente, en la
respectiva sentencia, se pueda establecer que ocurrió la violación del régimen del
conflicto de intereses en cuanto que el Congresista votó anteponiendo intereses
personales suyos o de terceros a los intereses públicos.

9) En ese contexto, en cuanto al alcance del interés que exige la norma para que
el congresista incurra en la causal de conflicto de intereses, el pleno de esta
Corporación ha precisado lo siguiente20:

“Tal categoría implica, necesariamente, la realización de una práctica
concreta desarrollada por un sujeto en un ámbito específico que se
convierte en parámetro de referencia para analizar si se presenta

18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de febrero

de 2015, exp. 11001031500020120113900, MP María Claudia Rojas Lasso.

19 Cfr. Consejo de Estado, Sala 12 Especial de Decisión, exp. 11001031500020180377900, MP.

Ramiro Pazos Guerrero.

20 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 9 de julio de 2013, exp.
11001031500020110155900, MP Hernán Andrade Rincón.

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-01221-00 (PI)
Actor: Luis Alfredo Castro Barón
Pérdida de investidura – sentencia de primera instancia

conflicto con un sistema de valores que le exigía proceder de diferente
manera, mismo que tal persona habría desatendido por anteponer sus
preferencias personales a las necesidades colectivas que impregnan al
Estado Social de Derecho, toda vez que este se funda en la prevalencia
del interés general sobre el particular y guía al actuar de todos los
servidores públicos.

Descendiendo al plano de la jurisprudencia de la Sala, se tiene que esta
ha explicado que tal concepto debe ser entendido como “una razón
subjetiva que torna parcial al funcionario y que lo inhabilita para
aproximarse al proceso de toma de decisiones con la ecuanimidad, la
ponderación y el desinterés que la norma moral y la norma legal exigen”
e, igualmente, como “el provecho, conveniencia o utilidad que,
atendidas sus circunstancias, derivarían el congresista o los suyos de
la decisión que pudiera tomarse en el asunto”.

10) En esa directriz, el interés exigido para la configuración de la causal debe
tener tal entidad que lleve al congresista a incurrir en un ejercicio parcializado de
sus funciones, es decir, debe tratarse de una actuación no signada por la correcta
prestación de la función pública, sino por su propio beneficio o el de terceros; en
tal sentido, se ha exigido que el interés debe ser (i) directo, esto es, debe surgir
sin intermediación alguna respecto de algún asunto sometido a su consideración;
(ii) particular o, en otras palabras, radicarse en cabeza del congresista o de las
personas que tienen vínculos con este de los señalados por la ley; (iii) actual, es
decir, concurrente con el cumplimiento de las funciones por parte del
parlamentario; (iv) moral o económico, lo cual pone de manifiesto que no está
circunscrito al ámbito estrictamente monetario y; (v) real, no hipotético o eventual,
que “tenga por sí mismo la virtualidad de configurar el provecho de manera
autónoma, esto es, que no se requiera de actos, hechos, o desarrollos ulteriores
para cristalizar el beneficio personal”21.

4. El caso concreto

En el proceso de la referencia no se aportó ninguna evidencia que permita
determinar que el congresista demandado violó el régimen de conflicto de
intereses, como se explica a continuación:

1) El demandante estructuró la acusación sobre la base de afirmar que
funcionarios públicos de las diferentes Ramas del Poder Público y de organismos

21 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 19 de marzo de 1996, MP Joaquín Barreto Ruiz.

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-01221-00 (PI)
Actor: Luis Alfredo Castro Barón
Pérdida de investidura – sentencia de primera instancia

de control participaron en la desaparición forzada del sacerdote Abel de Jesús
Barahona Castro, en despojo de tierras y/o en el ocultamiento de esos crímenes
que el mismo demandante dice haber denunciado ante las autoridades
competentes; sostiene que el aquí demandado tuvo interés en las investigaciones
penales que conoció como integrante de la CIACR con el fin de permitir que se
ocultaran los mencionados delitos por lo cual dictó decisiones absolutorias pese
a que había sido previamente recusado.

2) Sin embargo, no se allegó al proceso ninguna prueba que permita establecer
que, efectiva e inequívocamente, el representante a la Cámara (2014 – 2018)
señor Germán Alcides Blanco Álvarez tuviera interés particular, subrepticio o
ilegítimo en las decisiones a cargo de la CIACR por medio de las cuales esa
instancia se inhibió de investigar a determinados funcionarios y ordenó el archivo
de las correspondientes diligencias; no obra en el expediente ningún elemento de
convicción ni de juicio que permita inferir que el demandado podía obtener algún
provecho indebido, ilegítimo o subalterno producto de las mencionadas
decisiones ni se presentaron elementos probatorios que permitan señalar que
tuvo la intención de favorecer a alguna persona de modo indebido, espurio o
ilegal.

3) El demandante afirma que el interés del demandado en los antes referidos
procesos judiciales a su cargo fue evidente porque actúo en estos pese a que
había sido previamente recusado; al respecto, se precisa que esa conducta por
sí misma e individualmente considerada no tendría la potencialidad de configurar
la causal de pérdida de investidura de violación del régimen de conflicto de
intereses, pues, para ello es necesario que se acredite efectivamente que el
congresista se interesó indebidamente en el resultado de los procesos.

4) En ese sentido, la pérdida de investidura de un congresista solo puede
sustentarse en las causales previa y expresamente previstas por el constituyente
y el legislador y, en este caso, no se demostró la alegada en la demanda ni el
supuesto de hecho en el cual se fundamenta, según se explica a continuación.

5) Las pruebas acopiadas durante este proceso dan cuenta de la existencia de
los siguientes procesos judiciales iniciados ante la Comisión de Investigación y

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-01221-00 (PI)
Actor: Luis Alfredo Castro Barón
Pérdida de investidura – sentencia de primera instancia

Acusación de la Cámara de Representantes del Congreso de la República por
denuncias promovidas por el señor Luis Alfredo Castro Barón y de lo ocurrido en
ellos en relación con algunas recusaciones formuladas, así:

Exp. CIACR Denunciados Denuncia Recusación Decisión relevante
4863 (Índice Juan Manuel No realizar El 14 de enero de El 10 de noviembre de
220 Santos ninguna actuación 2020 (fl. 15 cdno. 2021, el representante
SAMAI). Calderón. respecto de las 1), el señor Luis investigador rechazó de
denuncias del Alfredo Castro plano la recusación
señor Luis Alfredo Barón recuso a porque el señor Luis
Castro Barón por todos los Alfredo Castro Barón no
el delito de integrantes de la era sujeto procesal pese
desaparición CIACR por tener a que alegó su calidad de
forzada. supuesto interés en víctima en el proceso y no
el proceso; el 23 de alegó hechos concretos
enero de 2020 el que soporten la
referido señor recusación (fl. 191 cdno.
recusó al 2).
representante En providencia posterior
investigador Jaime se archivaron las
Armando Yepes diligencias.
Martínez, por tener
supuesto interés en
la actuación y haber
dejado vencer los
términos.
4793 (índice José Ovidio Prevaricato por No se presentó El 4 de junio de 2019 se
201 Claros haber archivado recusación. dictó decisión inhibitoria,
SAMAI). Polanco y la denuncia Fungieron como toda vez que los
demás disciplinaria que investigadores los magistrados denunciados
Magistrados instauró Luis representantes Ana fundamentaron su
de la Sala Alfredo Castro Cristina Paz providencia en las
Jurisdiccional Barón en contra Cardona y Ricardo normas aplicables y
Disciplinaria del fiscal 241 Alfonso Ferro pruebas recaudadas (fl.
del Consejo Antisecuestro que Lozano 278 cdno. 1).
Superior de la investigaba la
Judicatura. desaparición del
sacerdote Abel de
Jesús Barahona
Castro.
4915 (índice Luis Fernando Durante una El 27 de febrero de El 15 de marzo de 2021
222 Salazar Otero, conferencia 2021, el señor Luis se declaró infundada la
SAMAI). Eyder Patiño, dictada en el Alfredo Castro recusación (fl. 133 cdno.
Eugenio Tercer Encuentro Barón recusó al 1) y el 13 de septiembre
Fernández del Ministerio representante de 2021 se dictó decisión
Carlier, y Público, el investigador inhibitoria por la cual se

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-01221-00 (PI)
Actor: Luis Alfredo Castro Barón
Pérdida de investidura – sentencia de primera instancia

Fernando Magistrado Andrés David Calle dispuso el archivo de las
Alberto Castro Salazar Otero “fue Aguas porque “está diligencias (fl. 143 cdno.
Caballero – enfático en que no protegiendo a los 1).
magistrados debíamos servidores públicos
de la Sala de denunciar por aforados y está
Casación prevaricato a comprometido con
Penal de la jueces”, lo cual la desaparición del
Corte constituye sacerdote Abel de
Suprema de “instigación a Jesús Barahona
Justicia. delinquir Castro.”. (fl. 51
mediante el delito cdno. 1).
de prevaricato”.
5024 (índice José Rechazó El 10 de septiembre En providencia de 1° de
173 Francisco acciones de tutela de 2019, el Señor octubre de 2019 se
SAMAI). Acuña presentadas por Luis Alfredo Castro rechazó de plano la
Vizcaya, el señor Luis Barón recusó al recusación porque el
Magistrado de Alfredo Castro representante señor Luis Alfredo Castro
la Sala de Barón para investigador Oscar Barón no era sujeto
Casación obtener Leonardo procesal pese a que
Penal de la protección Villamizar Meneses invocó la calidad de
Corte personal debido a y a todos los demás víctima y ausencia de
Suprema de la desaparición integrantes de la soporte alguno respecto
Justicia. del sacerdote CIACR por tener de la presunta parcialidad
Abel de Jesús supuesto interés en de los integrantes de la
Barahona Castro, la investigación y Comisión (fl. 85 cdno. 1).
por considerarlas haber dejado
temerarias y lo vencer los términos El 14 de mayo de 2020, la
exhortó a (fl. 57 cdno. 1). CIACR profirió decisión
abstenerse de inhibitoria (fl. 83 cdno. 1)
formular nuevas porque no se fundamentó
acciones por los la denuncia en algún
mismos hechos, supuesto que permitiera
conducta que fue tener por configuradas las
denunciada como conductas punibles
falsedad denunciadas.
ideológica en
documento
público y
extorsión.
4862 (índice Danilo Rojas El señor Luis No se presentó El 26 de marzo de 2018 la
173 Betancourth, Alfredo Castro recusación para CIACR profirió resolución
SAMAI). Jorge Octavio Barón presentó este preciso asunto inhibitoria (fl. 86 cdno. 1),
Galindo queja disciplinaria en contra del por considerar que los
Ramírez y en contra del demandado; denunciados adelantaron
Roberto entonces fungieron como el proceso disciplinario y
Augusto Procurador investigadores los lo resolvieron de
Serrato General de la representantes

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-01221-00 (PI)
Actor: Luis Alfredo Castro Barón
Pérdida de investidura – sentencia de primera instancia

Valdez, Nación Alejandro Berner Zambrano conformidad con las
Magistrados Ordoñez Eraso y Andrés pruebas aportadas.
del Consejo Maldonado, por David Calle Aguas.
de Estado. decisiones El recurso de reposición
disciplinarias que formulado en contra de la
profirió en su decisión inhibitoria se
contra; se endilgó resolvió en forma
a los referidos desfavorable al
magistrados una recurrente el 19 de junio
supuesta omisión de 2019 (fl. 159 cdno. 1).
en el trámite de la
queja disciplinaria
y el delito de
prevaricato por
haber ordenado
su archivo.

De acuerdo con lo expuesto quedó acreditado lo siguiente:

4.1 Expediente número 4863

El aquí demandado fue recusado como integrante de la CIACR, al igual que lo
fue el Representante investigador, por tener supuesto interés en el proceso;
empero, la recusación fue presentada en el mes de enero de 2020 y rechazada
de plano el 10 de noviembre de 2021, sin que el Representante a la Cámara
Germán Alcides Blanco Álvarez hubiera participado en alguna actuación durante
dicho interregno.

4.2 Expedientes 4793 y 4915

En el expediente 4793 adelantado en contra de los magistrados de la extinta Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura no reposa
ninguna recusación formulada directamente en contra del congresista Germán
Alcides Blanco Álvarez, al igual que ocurre en el expediente 4915 en el cual fue
denunciado el Magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia Luis Fernando Salazar Otero, en el cual solo consta el escrito de
recusación en contra del Representante investigador.

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-01221-00 (PI)
Actor: Luis Alfredo Castro Barón
Pérdida de investidura – sentencia de primera instancia

La Sala advierte que el señor Luis Alfredo Castro Barón presentó un escrito
radicado el 14 de enero de 2020 dirigido a varios expedientes en cuya referencia
se señaló: “reiteración de recusaciones radicaciones 4904, 5072, 4836, 4915,
4989, 4793, 5024, 5051 y 5299” (fl. 74 cdno. 1) en contra de todos los integrantes
de la CIACR por tener supuesto interés en cada uno de dichos expedientes (fl.
100 cdno. 1), sin embargo, esto ocurrió cuando ya estaba archivada la
investigación adelantada con la radicación número 4793 (precluida el 4 de junio
de 2009); por su parte, en la providencia de 15 de marzo de 2021 proferida en el
curso de la investigación número 4915 queda claro que se resolvió no solo la
recusación en contra del Representante investigador, sino que, también se
rechazó la formulada en contra de todos los integrantes de la CIACR, tal como se
evidencia en el aparte final del auto:

“Para finalizar, y de lo que se puede apreciar del escrito en mención, el
señor CASTRO BARÓN presenta recusación contra ‘todos los
miembros de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara
de Representantes’ sin que medie prueba alguna más que su
inconformidad con las decisiones adoptadas” (fl. 130 cdno. 1 –
mayúsculas fijas originales).

4.3 Expediente 4862

No se encontró escrito de recusación alguno dirigido a este expediente.

5. Conclusiones

El examen fáctico probatorio permite concluir, sin hesitación, lo siguiente:

1) Está desvirtuado que el congresista Germán Alcides Blanco Álvarez hubiera
actuado en los expedientes penales que se trasladaron en su integridad como
pruebas a la presente actuación, pese a que fue recusado; por el contrario, lo
demostrado es que las referidas recusaciones que en su momento fueron
elevadas se rechazaron de plano antes de que la CIACR emitiera las decisiones
de archivo; por consiguiente, la ausencia de prueba del hecho indicador alegado
en la demanda impide aplicar la inferencia lógica propuesta por el demandante,
esto es, actuar pese a haber sido recusado = interés en el proceso.

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-01221-00 (PI)
Actor: Luis Alfredo Castro Barón
Pérdida de investidura – sentencia de primera instancia

2) Al respecto, debe igualmente precisarse que la sola circunstancia consistente
en que el demandado fue recusado en algunos procesos por tener supuesto
interés en ellos no es indicativa de que el demandado estuviera incurso en un
conflicto de interés; por el contrario, se demostró que ninguna de las recusaciones
presentadas estuvo acompañada de evidencias que las soportaran, lo cual fue
tenido en cuenta por la CIACR al momento de rechazarlas; en efecto, en los
expedientes penales legalmente trasladados a esta actuación no obra ningún
elemento de convicción que permita establecer, idónea y válidamente, que el
demandado se interesó indebidamente en los asuntos a su cargo y, menos aún,
que tuvo como finalidad favorecer a los servidores públicos investigados o
encubrir la comisión de hechos punibles.

3) Desde otro punto de vista, en cuanto al hecho atinente a que la CIACR tardó
15 meses en decidir el recurso de reposición en contra del auto inhibitorio dictado
en el curso del expediente número 4862, debe ponerse de presente que no es
una regla de la experiencia que pueda ser generalmente aceptada el hecho de
que la sola tardanza o retraso en la resolución de un asunto a cargo implique
interés indebido en este; por el contrario, se trató de una decisión colegiada que
no estaba únicamente a cargo del demandado quien, además, no fungía como
Representante investigador ni ponente de la decisión, de modo que su
participación estaba sujeta a que el asunto fuera sometido a discusión en el seno
de la Comisión; de igual manera, tampoco hay evidencia de la supuesta
enemistad grave entre el señor Luis Alfredo Castro Barón y el demandado; no hay
ninguna prueba en el proceso que indique tal circunstancia.

4) De igual manera, la Sala considera importante precisar que los hechos
referidos en la demanda que dio origen a este proceso de pérdida de investidura
alusivos a desaparición forzada, amenazas y despojo de tierras sobre los cuales
insistió vehementemente el demandante, no son objeto del presente litigio y solo
interesaban a este en tanto se afirmó que el demandado pudo tener participación
en estos y eventual interés de encubrirlos, de lo cual no hay ninguna prueba o
indicio en el presente expediente.

5) En esa línea argumentativa, se impone denegar las pretensiones de la parte
actora, porque no se probó la causal de pérdida de investidura consistente en la

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-01221-00 (PI)
Actor: Luis Alfredo Castro Barón
Pérdida de investidura – sentencia de primera instancia

violación del régimen de conflicto de intereses por parte del congresista Germán
Alcides Blanco Álvarez, pues, no se probó que tuviera interés actual, real, directo
y verificable en las decisiones con carácter penal en las cuales participó como
integrante de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de
Representantes.

5. Costas

La Ley 1881 de 2018 no regula la imposición de costas en los procesos de pérdida
de investidura y remite, en lo no regulado, a las normas del CPACA y en subsidio
de estas al CGP, por ende, en materia de costas debe aplicarse el artículo 188 del
primero de esos códigos el cual dispone:

“ARTÍCULO 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que
se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas
cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal.” (resalta la Sala).

En aplicación de la referida disposición no hay lugar a la imposición de condena
en costas, por cuanto el objeto del proceso fue el juicio sobre la conducta de un
congresista, asunto que reviste un claro interés público, en atención a la
naturaleza jurídica del medio de control jurisdiccional ejercido con la demanda y
la finalidad específica que con él se persigue, según lo preceptuado en el artículo
183 constitucional y en el artículo 143 de la Ley 1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SALA 12 ESPECIAL DE DECISIÓN,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Niéganse las pretensiones de la demanda.

2°) Sin costas.

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-01221-00 (PI)
Actor: Luis Alfredo Castro Barón
Pérdida de investidura – sentencia de primera instancia

3°) Adviértese a las partes que contra la presente decisión de primera instancia
procede el recurso de apelación en los términos del artículo 14 de la Ley 1881 de
2018.

4°) En firme esta providencia archívese el expediente previas las constancias
secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado
(Presidente de la Sala 12 Especial de Decisión)

(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Magistrado Magistrado

(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
WILSON RAMOS GIRÓN
Magistrado
Magistrado

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de
la Sala 12 Especial de Decisión de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con los
artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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