Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2025-00078-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 85001-23-33-000-2025-00078-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2025-00078-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 85001-23-33-000-2025-00078-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación 850012333000202500078011
Recursos de apelación contra la sentencia de 19 de septiembre de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
TESIS: INEXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES DE DIPUTADO POR
INTERVENIR EN EL QUORUM Y VOTAR RECUSACIÓN QUE FORMULÓ CONTRA
OTRA DIPUTADA DURANTE LA ELECCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DE LA
ASAMBLEA DE CASANARE. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. MEDIO DE
CONTROL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA NO ES CONTRARIO AL ARTÍCULO 23
DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procederá a decidir los recursos de apelación interpuestos
por el diputado de Casanare, señor WILDER ANDRÉS ÁVILA
TIBAVIJA, a través de apoderado, y el procurador 53 Judicial II
Administrativo de Casanare, contra la sentencia de 19 de septiembre
de 2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de
Casanare, mediante la cual se decretó la pérdida de investidura de
aquel por hechos ocurridos dentro del período constitucional 2024-
2027.
1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las
providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta
sentencia, pueden verificarse de forma virtual.
2
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
I.- ANTECEDENTES
I.1.- El ciudadano HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN,
actuando en nombre propio, solicitó decretar la pérdida de
investidura del señor WILDER ANDRÉS ÁVILA TIBAVIJA,
diputado de Casanare, por hechos sucedidos dentro del período
constitucional 2024-2027, al considerar que incurrió en la causal
prevista en los artículos 48, numeral 1, de la Ley 617 de 6 de octubre
de 20002, y 60, numeral 1, de la Ley 2200 de 8 de febrero de 20223,
esto es por violación al régimen de conflicto de intereses.
I.2.- En apoyo de su pretensión, el solicitante adujo, como hechos
relevantes para las resultas del proceso, que en la sesión plenaria
ordinaria 082 de la Asamblea Departamental, celebrada el 28 de
noviembre de 2024, se efectuó la elección del secretario general para
la vigencia 2025, reunión en la que se le aprobó impedimento a un
diputado, por lo que la corporación sesionó con diez (10) miembros,
conformándose así dos bloques políticos enfrentados por la elección
del referido funcionario.
Manifestó que el accionado es oriundo del municipio de Maní
(Casanare), profesional en Ingeniería Agronómica con
especialización en Gestión Ambiental Sostenible y que ha acumulado
sólida trayectoria en el sector público y privado, destacándose como
profesional universitario en la Secretaría de Agricultura del municipio
de Maní desde el 3 de marzo de 2008 hasta el 13 de febrero de 2014
2 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de
1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional […]”.
3 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de
los departamentos […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
(Código 219 Grado 08); y como concejal del mismo municipio
durante el período 2016-2019, experiencia que le permitió adquirir
conocimiento profundo del funcionamiento institucional y de la
administración pública, particularmente en las comisiones de
presupuesto y hacienda, crédito público y contratos, plan de obras y
programas de desarrollo, y medio ambiente, ornato, relaciones
públicas y comunitarias.
Indicó que en la sesión plenaria 082 de 28 de noviembre de 2024, el
accionado presentó recusación en contra de la diputada MARISELA
DUARTE RODRÍGUEZ, por presunto conflicto de intereses con una
de las participantes al cargo de secretario general de la duma, a
saber, la señora YINETH KATHERINE SALINAS GARCÍA, por la
supuesta relación sentimental entre esta última y un exfuncionario
de la Gobernación de Casanare cercano a la diputada, así como por
presuntos vínculos de ambas con el Partido Centro Democrático.
Sostuvo que el accionado incurrió en conflicto de intereses al actuar
como juez y parte dentro del trámite, discusión y votación de la
recusación que él mismo presentó, toda vez que no debió participar
en su análisis y votación, ante su interés directo en el resultado de
dicha actuación, lo cual comprometía su imparcialidad. Y que, no
obstante, conformó el quorum deliberatorio y decisorio, intervino en
la discusión y votó a favor de la recusación que él mismo había
formulado en dos oportunidades, votaciones nominales cuyo
resultado fue de empate (cinco votos a favor de declarar fundada la
recusación y cinco votos en contra).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
Reprochó que lo anterior sucedió a pesar de que el accionado es el
autor del actual Reglamento Interno de la Asamblea de Casanare,
previsto en la Ordenanza número 001 de 2024, expedida el 23 de
enero de 2024; y que, incluso, aquel argumentó la importancia de
esta iniciativa del reglamento teniendo en cuenta que es la ‘carta de
navegación’, lo que demuestra su conocimiento profundo de las
disposiciones que regulan el funcionamiento de la corporación y su
deber reforzado de cumplimiento y coherencia con los principios allí
establecidos, particularmente los relacionados con el régimen de
conflicto de intereses, el principio de imparcialidad, el deber de
abstención y la ética pública.
Señaló que el accionado era primer vicepresidente de la Asamblea de
Casanare para el año 2024, cargo que ejercía al momento de
presentar y votar la recusación contra la diputada MARISELA
DUARTE RODRÍGUEZ, lo que le imponía una carga reforzada de
responsabilidad, tanto en el conocimiento y aplicación del
Reglamento Interno de la Corporación como en la garantía de los
principios de legalidad, imparcialidad y transparencia en el desarrollo
de los procesos a cargo de la Asamblea.
Anotó que el accionado era presidente de la Comisión de Ética,
Gobierno y Asuntos Institucionales de la Asamblea de Casanare al
momento de presentar y votar la recusación en contra de la diputada
MARISELA DUARTE RODRÍGUEZ, circunstancia que reviste mayor
gravedad, en tanto su rol al frente de dicha comisión le imponía
especial responsabilidad en la promoción, vigilancia y garantía de los
principios de ética pública, transparencia, objetividad e imparcialidad
dentro de la corporación, al ser el órgano encargado de salvaguardar
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
el comportamiento ético de los miembros de la Asamblea y de
resolver precisamente las situaciones relacionadas con conflictos de
intereses y deberes de abstención.
Manifestó que la conducta del accionado evidenció falta de diligencia
y cuidado en el cumplimiento de sus deberes funcionales,
configurando así el elemento subjetivo a título de culpa grave
requerida para la pérdida de investidura, pues tenía pleno
conocimiento de las normas y principios que rigen el régimen de
conflicto de intereses y la necesidad de abstenerse en casos de
interés directo como el de la recusación que había formulado contra
la diputada MARISELA DUARTE RODRÍGUEZ.
I.3.- El diputado, a través de apoderado, contestó la solicitud de
pérdida de investidura con la que se opuso a dicha pretensión, para
lo cual arguyó, en síntesis, que la Ley 2200, en su artículo 56, define
el conflicto de intereses como la participación en discusión o votación
de proyecto de ordenanza cuando tal actuación genere beneficio
particular, actual y directo en favor del diputado, su cónyuge,
compañero o compañera permanente, o parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil; y que
el beneficio particular se refiere a privilegios, ganancias,
indemnizaciones económicas, eliminación de obligaciones que no
gozan otros ciudadanos, lo cual exige imputar y probar el provecho
económico o el beneficio particular, directo y actual, sin que admita
suposiciones o proyecciones.
Sostuvo que recusar a un diputado para que se aparte de un debate
o proceso decisorio en asuntos electorales de interés público, como
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
lo es elegir a un empleado de la misma corporación, no configura un
beneficio particular para el recusante si vota la decisión de la
recusación, pues los efectos propios de esa actuación administrativa
exceden claramente la órbita de las particularidades de quienes
decidan y, por el contrario, cobijan por igual a la comunidad
interesada en esas elecciones o nombramientos.
Argumentó que desde su primera intervención, en la sesión de 28 de
noviembre de 2024 para sustentar su recusación contra la diputada
MARISELA DUARTE RODRÍGUEZ, enfatizó en que su propósito era
blindar jurídicamente el proceso de elección que estaba en curso, al
margen de ojerizas personales, sin sacar provecho o beneficio
particular, actual y directo, pues el respeto al ordenamiento y la
intangibilidad de los procesos decisorios de la Asamblea son asuntos
de interés general, impersonal y abstracto.
Negó haber ejercido de juez y parte, debido a que las recusaciones
tienen su propia regulación; y las causales de impedimento que
podrían dar lugar a recusaciones, según el artículo 12 de la Ley 1437,
admiten que tanto quien recusa como el recusado tienen interés en
lo que se resuelva. Que por expresa definición del artículo 56 de la
Ley 2200, para configurar conflicto de intereses con fines de pérdida
de investidura no basta cualquier interés particular, sino que ese
interés debe estar acompañado de un provecho o beneficio particular
y concreto a favor del diputado, sin que otras personas alcancen
similares prerrogativas.
Alegó que debe imputarse, argumentarse y probarse en qué consiste
la antijuridicidad de la conducta reprochada, lo que implica la
contradicción jurídica del acto objeto de reproche; y que las
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
recusaciones solo surten efectos una vez declaradas fundadas por la
Comisión de Ética, que es de competencia privativa, pero que, en tal
sentido, el Reglamento de la Asamblea de Casanare es deficitario
porque el artículo 198 regula impedimentos por conflicto de
intereses, los artículos 200 y 291 desarrollan el trámite de los
impedimentos, pero el artículo 294 solo asigna competencia a la
Comisión Cuarta, sin desarrollar el trámite de las recusaciones, lo
que demuestra que la recusación tramitada en plenaria carecía de
competencia, con trámite viciado, y privó de efectos jurídicos al
análisis de injusto material.
Invocó el artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, que establece que la ley puede reglamentar el ejercicio de
los derechos políticos exclusivamente por razones de edad,
nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o
mental, o condena, por juez competente, en proceso penal; que la
conducta imputada debe tener relevancia penal (hecho típico,
antijurídico y culpable) para legitimar la restricción o privación de
derechos políticos; y que la imputación debe plasmarse desde la
solicitud con adecuación típica de un hecho punible, lo cual el actor
no identificó.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
El a quo, mediante sentencia de 19 de septiembre de 2025, decretó
la pérdida de investidura del señor WILDER ANDRÉS ÁVILA
TIBAVIJA, diputado de Casanare, para lo cual mencionó que el
accionado actuó como juez y parte en las dos votaciones de la
proposición para aprobar la recusación que él mismo formuló para
separar a la diputada MARISELA DUARTE RODRÍGUEZ de la
elección del secretario de esa Asamblea para la vigencia 2025, al
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
tratarse de una actuación parcializada, con un interés directo y
particular en la decisión adoptada.
Destacó que el accionado radicó la recusación por escrito, la ratificó
verbalmente en la sesión de 28 de noviembre de 2024, la diputada
MARISELA DUARTE RODRÍGUEZ no la aceptó, el presidente
sometió a votación en dos oportunidades la recusación y el accionado
votó afirmativo en ambas ocasiones; y que la dinámica de fuerzas
políticas dentro de la Asamblea refleja el pluralismo democrático,
siendo el equilibrio entre mayoría y oposición necesario para que las
decisiones sean representativas y legítimas, escenario en el que la
recusada fue elegida por el Centro Democrático en virtud del artículo
25 de la Ley 1909, por lo que al argumentarse en la recusación que
tenía cercanía con la candidata YINETH KATHERINE SALINAS
GARCÍA, también afín al Centro Democrático, fue una estrategia
dirigida a evitar la participación de la señora Duarte en el proceso
electoral.
Señaló que se evidencian dos fuerzas políticas enfrentadas, siendo la
recusación usada en varias oportunidades para debilitar al diputado
contrario, bajo la égida de garantizar la imparcialidad y legalidad del
proceso electoral, por lo que el accionado tenía un interés directo al
recusar a una diputada de la oposición e impedirle sumar su voto, lo
cual resulta contrario al interés general y se ubica en el plano
particular, donde las decisiones deben estar guiadas por la
imparcialidad y alejadas de intereses individuales o políticos.
Indicó que su conducta se desplegó a título de culpa grave por haber
actuado con falta de diligencia y cuidado en el cumplimiento de sus
funciones, considerando su formación profesional y su experiencia en
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
el sector público: profesional con posgrado, vinculado a la planta
municipal de Maní (Casanare) desde el 3 de marzo de 2008 hasta el
13 de febrero de 2014 como Profesional Universitario Código 219
Grado 08, y concejal de Maní (Casanare) durante el periodo 2016-
2019; y que el accionado tenía las condiciones personales,
profesionales y de experiencia necesarias para comprender los
hechos causantes del conflicto de intereses, conocía las causales
pues radicó la recusación por escrito y la ratificó verbalmente en
plenaria, lo cual implicaba capacidad para discernir las consecuencias
de su acción.
Sostuvo que el artículo 200 del Reglamento Interno de la Asamblea
Departamental de Casanare no faculta al recusante, impedido o
recusado a participar en la votación, sino que prevé el retiro del
recinto una vez aprobada por la plenaria; y que una interpretación
conforme a los principios constitucionales de imparcialidad y
transparencia permite concluir que permanecer en el recinto,
esperando la decisión, sin participar ni votar, es acorde a derecho,
pero que sumarse a la votación de manera parcializada sí afecta la
decisión colectiva.
Rechazó el argumento de la defensa según el cual el presidente de
la Asamblea indujo a error al llamar a votar porque, al ejercer
funciones de un cargo de elección popular, el deber de abstenerse de
participar en decisiones donde existe un claro interés directo es una
obligación que emerge de los principios constitucionales, los cuales
no están desprovistos de eficacia normativa por disposiciones de
menor grado.
Manifestó que el hecho de que el presidente de la Asamblea hubiese
impartido un trámite equivocado, antes y después, no tiene la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
entidad para enervar el cargo, toda vez que la experiencia del
accionado en cuerpos colegiados permite inferir su conocimiento
sobre la configuración de este tipo de situaciones, de modo que no
puede alegarse error en la apreciación a su favor.
III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS
III.1.- El accionado, a través de apoderado, interpuso recurso de
apelación con el que solicita que se revoque la sentencia impugnada
y, en su lugar, se deniegue la pérdida de investidura, para lo cual
insiste en los argumentos de su contestación y propone que, de
conformidad con el artículo 271 de la Ley 1437, la Sección remita el
proceso a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo para que en
ella se produzca la sentencia de segundo grado, por importancia
jurídica y por la necesidad de sentar jurisprudencia con alcances de
unificación.
Aduce, según las garantías de la cláusula 23.2 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, que no procede la declaratoria de
pérdida de investidura de un diputado por imputaciones que no están
descritas en el ordenamiento penal interno como hechos punibles,
puesto que la Convención solo habilita a los Estados para regular
derechos políticos por hechos penalmente relevantes.
Indica que para los solos efectos de la tipicidad del conflicto de
intereses que pueda imputarse a un diputado, con posterioridad a la
promulgación de la Ley 2200, la norma vigente es el artículo 56 de
ese estatuto, auto suficiente para establecer cuándo y por qué se
incurre en tal conflicto, de manera que no pueden coexistir dos
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
normas distintas para regular el mismo presupuesto objetivo de una
pérdida de investidura, ni ampliarse el tipo correctivo mediante
analogía ni por remisión a los preceptos del sistema de fuentes que
regulan otras consecuencias.
Manifiesta que el enunciado legal relativo al conflicto de intereses no
tiene cabida durante la votación secreta para elegir empleados de la
asamblea, por expresa exclusión de esa hipótesis en la literalidad del
artículo 56, literal e), de la Ley 2200, salvo que se demuestre que la
elección recayó en alguna de las personas a que se refieren las
prohibiciones del artículo 54 de la misma ley; y que el voto fue
secreto y no recayó la elección en ninguno de los familiares de sus
familiares con prohibición de los artículos 54 y 56, por lo que no hay
conflicto de intereses a pesar de lo que pudo ocurrir en el debate de
elección.
Insiste en que no estaba jurídicamente obligado, al recusar a otro
diputado, a separarse del debate de la recusación que él mismo
propuso porque, de no hacerlo, no transgrede bienes jurídicamente
tutelados por el ordenamiento vigente, para efectos de pérdida de
investidura por conflicto de intereses; y que las causales de pérdida
de investidura deben apegarse a estrictos parámetros de
configuración de la imputación, entre ellos, en la triada propia de los
hechos punibles, pues debe imputarse, argumentarse y probarse en
qué consistía la antijuridicidad de la conducta reprochada.
Comenta que el Reglamento de la Asamblea de Casanare se ocupó,
precariamente, de impedimentos por conflicto de intereses sin
desarrollar integralmente aspectos cruciales como causales
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
generales de recusación, procedimiento y competencia para
resolverlas, deficiencia técnica que hace irregular el trámite
administrativo surtido en el caso concreto.
Arguye que es imposible inferir dolo o culpa grave en su
comportamiento porque el presunto deber de conocimiento requiere
compleja integración y valoración del sistema de fuentes, cuya
conclusión exige del intérprete experto y del razonamiento judicial,
una profunda técnica hermenéutica; y que en las circunstancias
concretas de caso, con un reglamento de la asamblea deficitario en
el trámite y tratamiento de las recusaciones contra diputados, la
gestión incorrecta de estas, provocada por la dirección de la sesión,
da lugar a error común a todos los diputados, incompatible con la
configuración del ingrediente subjetivo de dicha sanción judicial.
Menciona que el acta 82 de la sesión de 28 de noviembre de 2024 de
la Asamblea de Casanare ofrece un contexto fáctico ineludible: la
recusación en sí misma, por presuntos defectos formales y de
contenido, el trámite que impulsó la presidencia, la intervención de
la diputada recusada, y la suya misma, conformaron un continuo de
equivocaciones, sin que pueda predicarse malicia, torcida intención
o propósito de obtener provecho o beneficio particular y directo con
su conducta.
III.2.- El procurador 53 Judicial II Administrativo de Casanare, de
igual forma interpuso recurso de apelación mediante el cual solicita
que se revoque la sentencia y se deniegue la pretensión de
desinvestidura, para lo cual sostiene que la verificación de los
requisitos de la recusación se realizó al momento de darle trámite,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
siendo al pleno de la Asamblea Departamental a quien legalmente le
competía hacerlo y no al juez, posteriormente, en actuación judicial
que no administrativa, máxime que no se trata de un medio de
control de simple nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho
donde se efectúa un juicio de legalidad y validez de las actuaciones
de la corporación administrativa de elección popular; y que el
Tribunal excedió su competencia y se arrogó la potestad que le
correspondía a otro organismo de naturaleza administrativa en su
momento adecuado, dado que si se le dio trámite a la recusación
propuesta contra la diputada MARISELA DUARTE RODRÍGUEZ fue
porque se encontró por el órgano competente que el escrito cumplía
con los requisitos necesarios.
Menciona que el procedimiento adecuado para el caso de la
recusación es el establecido en el artículo 12 del CPACA, como
correctamente lo señaló el Tribunal, pero no comparte la
argumentación referida al trámite impartido por la Presidencia y la
Plenaria de la Asamblea, así como la afirmación de que debía haberse
suspendido la actuación, porque no existió afectación en el qurum,
la recusación no fue contra todos los diputados y, conforme al
reglamento interno de la asamblea, su presidente no podía haber
remitido la misma a conocimiento y decisión de la Comisión de Ética,
pues el reglamento no le atribuye expresamente esa competencia,
siendo esta de la órbita exclusiva y excluyente de la plenaria de la
Asamblea, previo agotamiento del procedimiento tal y como se
hiciera.
Aduce que el Tribunal, al dar un alcance que no tienen los artículos
11 y 12 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 48
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
de la Ley 617, vulneró abiertamente el debido proceso judicial, por
cuanto aplicó dichas normas al presente asunto y les dio unos efectos
de los cuales carecen, al punto que de esa errada aplicación e
interpretación dedujo la configuración objetiva de la causal de
pérdida de investidura, sin percatarse o pasando por alto que las
mismas no tipifican la conducta descrita de votar la recusación
propuesta contra otro como una prohibición o circunstancia que
obligue al recusante a declararse impedido o apartarse de su
discusión y decisión.
Manifiesta que hubo una citación y análisis erróneos por parte del
Tribunal del contenido de la Ley 2200, particularmente de sus
artículos 56 y 60, pues, del propio contenido de esas normas y los
requerimientos legales y jurisprudenciales existentes sobre la
materia, resultaba palpable e incontrovertible que no se cumplía
ninguna de las exigencias, por las siguientes razones: el artículo 56
de la Ley 2200 que contiene el estatuto especial para diputados
expresamente circunscribe el conflicto de intereses a una situación
donde se discuta y vote un proyecto de ordenanza, situación que no
aconteció en ese momento; no se allegó prueba alguna que
demuestre que alguno de los parientes del diputado demandado
dentro de los grados señalados por la Ley se vería beneficiado con la
aprobación de la recusación planteada contra la diputada MARISELA
DUARTE RODRÍGUEZ; y no se aportó medio probatorio alguno que
demuestre fehacientemente la existencia del beneficio particular,
actual y directo conforme a la descripción y conceptualización del
artículo 56 de la Ley 2200, que le asistía al accionado en el trámite y
eventual aprobación de la citada recusación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
Enfatiza en que no existe ninguna norma de la Constitución Política
o de la Ley que prohíba expresamente que un congresista, diputado
o concejal que ha promovido una recusación contra otro de sus
colegas esté imposibilitado para poder participar en la discusión y
resolución mediante votación de esa recusación, siendo lo que sí está
prohibido es que ese servidor público participe en la decisión de su
propio impedimento; y que así lo ha establecido la Corte
Constitucional en la Sentencia C-337 de 2006 al indicar que en
materia de procedimiento de resolución de los impedimentos,
ninguna norma de la Carta Política como de la Ley 5ª de 17 de junio
de 19924 expresamente prohíbe, y de manera general, que el
congresista que se ha declarado impedido pueda participar en la
decisión de los impedimentos presentados por otros congresistas,
pues lo que sí está vedado es participar en la decisión de su propia
solicitud de impedimento, pronunciamiento judicial que es de
obligatorio acatamiento y aplicable por analogía a las recusaciones.
Señala que ni el actor solicitó ni el despacho sustanciador ordenaron
oficiosamente medios probatorios confirmatorios de que el accionado
poseía, para la fecha de la elección del secretario general de la
Asamblea, período 2025, los conocimientos jurídicos necesarios y
suficientes sobre la materia del procedimiento y trámite de una
recusación, sino que simplemente tanto el primero en su demanda
como la segunda en la sentencia se limitaron a presumirlo; y que
tampoco se probó que el diputado se haya negado a recibir asesoría
de la profesional del derecho que se hallaba presente en la sesión de
la Asamblea, por lo que acude a la figura del error invencible al ser
4 “[…] Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes
[…]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
una situación en la que una persona no puede evitar un error, incluso
con una diligencia media.
IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
IV.1.- El traslado de los recursos de apelación, previsto en el artículo
14, numeral 3, de la Ley 1881 de 15 de enero de 20185, fue
descorrido por el actor con escrito en el que solicita confirmar la
sentencia apelada, para lo cual reitera, in extenso, los argumentos
de la solicitud, así como las consideraciones del Tribunal. Y respecto
del recurso del procurador, adujo que no se está inhabilitando a una
bancada completa por sus ideas ni por su oposición; y que quien
promueve una recusación no puede, a la vez, decidir sobre su
viabilidad, pues se convierte en juez y parte, quebrando el mandato
de imparcialidad que inspira la institución, quedando los demás
integrantes de la bancada, no promotores de la recusación,
habilitados por la misma razón y así se protege que los mecanismos
de recusación no se conviertan en instrumentos de manipulación de
mayorías por parte de quienes los activan.
Insiste en que se oficie a la Procuraduría General de la Nación y a la
fiscalía general de la Nación, remitiendo copia de lo pertinente del
expediente, para que, si lo estiman procedente, adelanten las
actuaciones a que haya lugar frente a la posible configuración de
conductas de mala fe procesal o fraude procesal, derivadas de las
manifestaciones realizadas por el diputado en audiencia en contravía
de documentos y actos oficiales.
5 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se
consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
IV.2.- Con auto de 29 de enero de 2026, la Sala decidió no avocar
la solicitud de proferir sentencia de unificación jurisprudencial
presentada por el apoderado del accionado, al no satisfacer los
requisitos formales previstos por el artículo 271 del CPACA.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1.- Problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer, en los precisos términos de los
recursos de apelación, en consonancia con el escrito de la solicitud
inicial, si el diputado de Casanare, señor WILDER ANDRÉS ÁVILA
TIBAVIJA, incurrió en conflicto de intereses al intervenir, sin
declararse impedido, en la votación de la recusación que él mismo
formuló contra la diputada MARISELA DUARTE RODRÍGUEZ,
durante la sesión plenaria ordinaria 082 de la Asamblea de Casanare,
celebrada el 28 de noviembre de 2024, para elegir al secretario
general de esa corporación, vigencia 2025.
V.2.- La institución de la pérdida de investidura no es
contraria al artículo 23 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Pacto de San José)
Sostiene el accionado en su recurso de apelación que, según las
garantías de la cláusula 23.2 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Pacto de San José), no procede la declaratoria
de pérdida de investidura de un diputado por imputaciones que no
están descritas en el ordenamiento penal interno como hechos
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
punibles, puesto que la Convención solo habilita a los Estados para
regular derechos políticos por hechos penalmente relevantes.
Al respecto, la Sala reitera la posición de la Corporación, según la
cual, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha explicado que lo
dispuesto en el citado artículo 23 debe entenderse de manera
armónica con las normas que componen el bloque de
constitucionalidad y, por ello, ha entendido que una autoridad judicial
distinta a un juez penal puede tener la competencia para limitar los
derechos políticos.
La pérdida de investidura corresponde a un proceso judicial de índole
sancionatorio concebido como un mecanismo de control político o
acción pública que puede promover cualquier ciudadano o la mesa
directiva de la respectiva corporación pública de elección popular,
sometido a las reglas del ordenamiento interno previstas en la
Constitución Política y en la ley, cuyas causales deben estar
señaladas de manera taxativa en nuestra legislación.
Valga indicar que comoquiera que la pérdida de investidura es una
institución que se desprende del ius puniendi del Estado comparte
las categorías dogmáticas que son propias del derecho sancionador,
como son la tipicidad, la culpabilidad y la antijuridicidad, por lo que
el juicio de pérdida de investidura implica que se deban estudiar
estos elementos, aunque con un carácter diferenciador de las otras
instituciones del derecho sancionador, tales como el derecho penal y
el derecho disciplinario.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
La Corte Constitucional, sobre el particular, ha precisado6:
“[…] En este sentido, las tareas del Estado se cumplen a instancias
de una vocación de servicio que se nutre con los elementos del
Estado Social de Derecho, de suyo llamado a concretarse mediante
las políticas estatales, la planeación, la legislación, el reglamento, la
ejecución y los controles de todo orden. Escenario dentro del cual,
al lado de las reglas sobre reconocimiento y estímulo al mérito del
servidor público, las normas de derecho disciplinario cumplen
finalísticamente un rol preventivo y correctivo, en orden a garantizar
la efectividad de los principios y propósitos previstos en la
Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben
observar en el ejercicio de la función pública. Dichas normas, según
lo reconoce la jurisprudencia constitucional, constituyen una especie
del derecho sancionador del Estado.
En torno a este tema dijo la Corte en sentencia C-948 de 2002:
De tiempo atrás esta Corporación, siguiendo los criterios que ya
había enunciado la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercía la
guarda de la Constitución, ha señalado que el derecho sancionador
del Estado es una disciplina compleja pues recubre, como género,
al menos cinco especies, a saber: el derecho penal delictivo, el
derecho contravencional, el derecho disciplinario, el derecho
correccional y el derecho de punición por indignidad política o
“impeachment”.
También ha señalado la jurisprudencia que si bien hay elementos
comunes a los diversos regímenes sancionadores es lo cierto que
las características específicas de cada uno de ellos exigen
tratamientos diferenciales […]”.
No le asiste razón al apelante cuando afirma que el medio de control
de pérdida de investidura es contrario a lo previsto en el artículo 23
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la
interpretación que sobre esa disposición ha desarrollado la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional de
Colombia, si se tiene en cuenta que:
6 Corte Constitucional. Sentencia C- 1193 del 3 de diciembre de 2018. M.P. Jaime Araujo Rentería.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
“[…] (i) si bien es cierto uno de los derechos políticos que
protege tanto la Constitución como el Sistema Interamericano
de Derechos Humanos es el derecho a ser elegido, no puede
pasarse por alto que el artículo 40 Superior enlista otras
garantías que hacen parte de los derechos políticos; al efecto,
el numeral 6 de dicha disposición establece que todo ciudadano
tiene derecho a interponer acciones públicas en defensa de la
Constitución y de la ley; (ii) como se indicó líneas atrás, la
pérdida de investidura es una acción pública de carácter judicial
que le permite a los ciudadanos hacer control político, de donde
se desprende que, cuando un ciudadano promueve esta acción,
también está ejerciendo sus derechos políticos; (iii) hace parte
del derecho sancionador del Estado y por ende comparte
elementos comunes al derecho penal y al derecho disciplinario
(iv) los artículos 184 y 237 de la Constitución Política radicaron
la competencia para conocer de la acción de pérdida de
investidura en el Consejo de Estado y a su vez el parágrafo 2
del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 estableció en cabeza de
los Tribunales Administrativos del país la competencia para
conocer de esta acción judicial cuando se dirija contra
diputados, concejales y miembros de juntas administradoras
locales; (v) de otro lado, la jurisprudencia de la Corte
Interamericana, en relación con la interpretación del artículo 23
de la Convención y en particular la sentencia del caso Petro Vs.
Colombia, ha tratado el supuesto de hecho en el que un
funcionario de elección popular es destituido por una autoridad
que tiene carácter administrativo, indicando que ello solo es
posible si la decisión proviene de un juez; (vi) conforme con lo
explicado por la Corte Constitucional, lo dispuesto en el citado
artículo 23 debe leerse de manera armónica con las normas
que componen el bloque de constitucionalidad y, por ello, ha
entendido que cualquier autoridad judicial distinta a un juez
penal tiene la competencia para limitar los derechos políticos;
(vii) de manera que, lo que cabe distinguir es que la
jurisprudencia de la Corte Interamericana, interpretada en el
contexto de la complementariedad y aclarada por la Corte
Constitucional de Colombia, no ha dicho que la restricción de
derechos políticos no pueda hacerse por parte de los jueces en
el marco de sus competencias atribuidas constitucional y
legalmente en el ordenamiento interno, sino por las
autoridades administrativas […]”7.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de
noviembre de 2021, número único de radicación 05001-23-33-000-2020-00302-01, consejero
ponente Oswaldo Giraldo López.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
Comoquiera que este punto de la apelación no tiene vocación de
prosperidad, la Sala continuará con el análisis de los demás cargos
de las apelaciones.
V.3.- Del conflicto de intereses de diputados con fines de
pérdida de investidura
En el asunto bajo examen debe tenerse en cuenta que la causal de
desinvestidura de diputados, originada en la transgresión del
régimen de conflicto de intereses, está prevista en el artículo 60,
numeral 1, de la Ley 2200, la cual, cabe resaltar, trae incorporada
una excepción legal que impide su configuración cuando los hechos
censurados giren en torno al conocimiento y trámite de asuntos que
afecten al miembro de la duma departamental en igualdad de
condiciones a las de la ciudadanía en general, así:
“[…] Artículo 60. Pérdida de la investidura. Se decretará la
pérdida de investidura en los siguientes casos:
(…)
1. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades
y conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando
se trate de considerar asuntos que afecten al diputado en igualdad
de condiciones a las de la ciudadanía en general […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
Por su parte, el artículo 56 del mismo compendio:
• En primer lugar, hace una conceptualización inicial de lo que los
diputados deben entender por conflicto de intereses en el marco,
precisamente, de las normas tendientes a modernizar la
organización y el funcionamiento de los departamentos.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
• En segundo lugar, enlista los tipos de beneficio que, una vez
advertidos, pueden llegar a materializar el referido conflicto en el
desarrollo de las funciones de los diputados, así como también
define qué debe entenderse por cada uno de ellos, incluido el
denominado conflicto de interés moral.
• Y, por último, incorpora todo un régimen exceptivo con aquellas
conductas que, a pesar de tener la potencialidad de configurar un
eventual conflicto de intereses, quedaron desprovistas de tal
consecuencia jurídica por voluntad expresa del legislador.
La disposición lo determina así:
“[…] Artículo 56. Conflicto de intereses. Todos los diputados
deberán declarar los conflictos de intereses que pudieran surgir en
ejercicio de sus funciones. Se entiende como conflicto de interés una
situación donde la discusión o votación de un proyecto de
ordenanza, pueda resultar en un beneficio particular, actual y
directo a favor del diputado.
a) Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera
ganancias o crea indemnizaciones económicas o elimina
obligaciones a favor del diputado de las que no gozan el resto de los
ciudadanos.
b) Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las
circunstancias presentes y existentes al momento en el que el
diputado participa de la decisión.
c) Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica
respecto del diputado, de su cónyuge, compañero o compañera
permanente, o parientes dentro del segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
Para todos los efectos se entiende que no hay conflicto de interés
en las siguientes circunstancias:
a) Cuando el diputado participe, discuta, vote un proyecto de
ordenanza que otorgue beneficios o cargos de carácter general, es
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
decir cuando el interés del diputado coincide o se fusiona con los
intereses de los electores.
b) Cuando el beneficio podría o no configurarse para el diputado en
el futuro.
c) Cuando el diputado participe, discuta o vote Artículos de
proyectos de ordenanza de carácter particular, que establezcan
sanciones o disminuyan beneficios, en el cual, el diputado tiene un
interés particular, actual y directo. El voto negativo no constituirá
conflicto de interés cuando mantiene la normatividad vigente.
d) Cuando el diputado participe, discuta o vote Artículos de
proyectos de ordenanza de carácter particular, que regula un sector
económico en el cual el diputado tiene un interés particular, actual
y directo, siempre y cuando no genere beneficio particular, directo
y actual.
e) Cuando el diputado participa en la elección de otros servidores
públicos mediante el voto secreto. Se exceptúan los casos en que
se presenten inhabilidades referidas al parentesco con los
candidatos.
Parágrafo. Entiéndase por conflicto de interés moral aquel que
presentan los diputados cuando por razones de conciencia se
quieran apartar de la discusión y votación del proyecto […]”.
No obstante lo anterior, el análisis, revisión y aplicación del régimen
de conflicto de intereses de diputados, -por cierto, muy similar al
establecido para los congresistas en el artículo 286 de la Ley 5ª de
17 de junio de 19928, modificado por el artículo 1º de la Ley 2003 de
19 de noviembre de 20199-, no se agotan allí, sino que deben acudir
a los criterios y consideraciones de la jurisprudencia contenciosa para
su correcto entendimiento.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación
se ha pronunciado en múltiples ocasiones frente al alcance y
8 “[…] Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes
[…]”.
9 “[…] Por el cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
contenido de la causal en comento y su incursión en sede judicial,
consideraciones que, si bien son vertidas en el marco de
controversias de desinvestidura de congresistas de la República,
orientan su entendimiento, configuración y aplicación en los asuntos
que, como en el caso sub lite, examinan las conductas de diputados.
Así, en la sentencia de 12 de abril de 2011, de la Sala Plena, se
recogen en gran medida las diferentes providencias que abordan el
tema, de la cual se transcriben los apartes más significativos:
“[…] Ahora bien, no obstante, la generalidad del alcance que tienen
los arts. 182 y 183.1 de la C.P., poseen un contenido mínimo
clarificador, que es importante destacar a continuación antes de
abordar el caso concreto:
i) El conflicto de interés puede ser de orden económico o moral, de
manera que en estos dos conceptos se deben enmarcar todas las
circunstancias reprochables desde el punto de vista del interés en
su concreción. Sin embargo, la indeterminación de los mismos sigue
caracterizando la institución.
ii) La consecuencia inmediata de estar incurso en ellos es que se le
prohíbe al congresista participar de la deliberación y decisión del
tema puesto a consideración del Congreso.
En este sentido, la Sala Plena consideró en la sentencia del 11 de
mayo de 2009 –exp. P.I. 2009 00043-: “La Carta Política impone a
los congresistas el deber de poner en conocimiento de la respectiva
Cámara las situaciones de orden moral o económico que los inhiban
para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su
consideración. La Ley 5ª de 1992 -Sección IV-, reguló lo relativo a
la aplicación, declaración, comunicación y efectos del impedimento
y la recusación y el artículo 286 reitera el deber que tienen de
declararse impedidos ‘… de participar en los debates y votaciones
respectivas…’.”
iii) El conflicto de intereses afecta la posibilidad de participar en toda
clase de actuaciones y decisiones donde, en principio, debería actuar
el congresista, es decir, que está inhibido “para participar en el
trámite de los asuntos sometidos a su consideración.” Esto significa
que no puede intervenir en la deliberación ni en la votación de
proyectos de ley, de actuaciones judiciales, ni en la adopción de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
otras decisiones administrativas, electorales o políticas, siempre que
lo afecten.
De este criterio ha sido la Sala Plena en muchas ocasiones. Entre
ellas lo ha aplicado a la elección de funcionarios a su cargo, en cuyo
caso ha analizado si en el evento concreto se presenta un conflicto
de intereses del congresista demandado que participó en la
correspondiente elección: “Para la Sala, la situación de conflicto de
interés que puede presentarse en un asunto o materia de
conocimiento de los congresistas, no se circunscribe únicamente a
los relacionados con su labor legislativa, pues como antes lo ha
precisado la Sala Plena10, los miembros del Congreso tienen otras
funciones de naturaleza administrativa, electoral, judicial, de control
político y fiscal, atribuidas por la Constitución y la ley. Por esta razón,
ha dicho la Sala11, que la situación de conflicto debe analizarse en
cada caso específico, para determinar si las particulares
circunstancias del congresista, su cónyuge o compañero o
compañera permanente, o sus parientes, o socios, se contraponen
con el interés comprometido en el asunto o materia en el que
intervenga.” -sentencia del 10 de noviembre de 2009. Rad. 11001-
03-15-000-2008-01180-00(PI)-2008-01367. CP. Martha Teresa
Briceño-
En el mismo sentido manifestó: “Que el impedimento puede darse
por la participación o votación en una decisión o asunto de que
conozca el Congreso de la República, sea que se trate de
deliberaciones y votaciones relacionadas con proyectos de ley o
actos legislativos, o se trate de una decisión trascendental. En
efecto, es inequívoco el artículo 291 al señalar que el congresista
debe declararse impedido cuando observe que existe un conflicto de
intereses para conocer y participar ‘sobre determinado proyecto o
decisión trascendental’.
“Por tanto, el impedimento no solo puede darse cuando se trate del
ejercicio de las funciones puramente legislativas del Congreso sino
cuando se trate de las otras funciones de ese órgano como las
funciones de control político, las administrativas, las judiciales y las
electorales.
“La Sala no desconoce que el conflicto de intereses podría darse de
forma contundente cuando se trata de la intervención de los
congresistas en el proceso de formación de normas jurídicas que
luego vendrían a favorecerlos de forma particular y concreta, como
cuando se dictan normas relativas al régimen del derecho penal
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 10 de noviembre
de 2001, Expediente PI-0130, consejero ponente Germán Rodríguez Villamizar.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de17 de octubre de
2000, Expediente AC-11116, consejero ponente Mario Alario Méndez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
estando el congresista sometido efectivamente a una investigación
penal, cosa que no sucede en este caso. Este tema fue tratado por
la Sala de Consulta del Consejo de Estado en el concepto del 15 de
mayo de 200812, y así se concluyó en ese dictamen.” -sentencia del
23 marzo de 2010, rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI). CP.
Hugo Fernando Bastidas-
En forma concluyente también ha expresado que “Para que se
estructure la violación del régimen del conflicto de intereses es
suficiente que el congresista participe en los debates13, así sea
simplemente integrando el quórum de la sesión donde se discuta el
tema respectivo14.” –Sala Plena. Sentencia del 27 de julio de 2010.
Rad. 11001-03-15-000-2009-01219-00(PI). CP. Mauricio Fajardo
Gómez-
iv) Cuando se concreta alguna circunstancia que obliga al
congresista a separarse del tema que compete resolver al Congreso,
aquél debe ponerla en conocimiento de la Corporación, so pena de
ser recusado. En estos términos, tanto la institución del
impedimento como la recusación tienen apoyatura directa en el art.
182 de la CP.
v) Se le encomendó al legislador complementar la tarea que se
encuentra implícita en esta causal: identificar “lo relacionado con los
conflictos de intereses y las recusaciones”. Esta atribución para
ultimar los detalles de la materia, en lo no regulado en la
Constitución Política, constituye una típica reserva de ley.
vi) De lo expresado se deduce que los elementos que configuran el
conflicto de intereses son: a) la existencia de un interés particular
del congresista en la deliberación o decisión de un tema específico
12 “[…] ¿Debe un congresista declararse impedido de participar en los debates y votaciones respecto
del proyecto de Acto Legislativo números 047 de 2007 Cámara y 014 de 2007 Senado, porque la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal le ha abierto una investigación preliminar por
actos relacionados con la llamada "parapolítica"? De acuerdo con los fundamentos normativos y los
hechos analizados en el presente concepto, la Sala considera recomendable que proceda a declarar
su impedimento ante la respectiva Corporación, para que sea ésta la que decida sobre el mismo. En
caso de hacerlo y de votar el congresista favorablemente el mencionado proyecto de Acto legislativo,
¿qué consecuencias podrían sobrevenirle en materia disciplinaria y pérdida de investidura? De
acuerdo con lo expuesto en este concepto, en caso de que el congresista no declare su impedimento
ante la Corporación y de alguna manera participe en el debate y votación del proyecto, además de
la posibilidad de que pueda ser recusado, dicha participación podría dar lugar a que se le iniciara una
investigación disciplinaria y se configurara una causal para un eventual proceso de pérdida de
investidura […]”.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de abril de 2003,
número único de radicación 11001-03-15-000-2002-1127-01(PI-058), consejero ponente Alejandro
Ordóñez Maldonado.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de
2003, número único de radicación 11001-03-15-000-2003-0587-01(PI), consejero ponente
Alejandro Ordóñez Maldonado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
a cargo del Congreso, b) que efectivamente participe de ello, c) que
ese interés sea directo, no eventual o hipotético, d) que además el
interés sea actual, y e) que el beneficio recibido no sea general sino
particular […]”15.
A su vez, esta Sección ha acogido y reiterado, en múltiples
oportunidades, lo dicho en el concepto de 28 de abril de la Sala de
Consulta y Servicio Civil sobre la noción, finalidad, fundamento y
características que debe reunir el conflicto de interés, en el cual se
plasmaron las siguientes consideraciones16:
[…] 2. El conflicto de intereses. Es una institución de
transparencia democrática que por su alcance y fundamento debe
analizarse en forma concreta.
2.1. Noción. En términos generales es aquella cualidad de
concurrencia antagónica entre el interés particular y el interés
público que afecta la decisión a tomar y obliga a declararse impedido
a quien deba tomarla.
2.2. Finalidad. El instituto del conflicto de intereses trata de
impedir que prevalezca el interés privado del congresista [en este
caso entiéndase concejal] sobre los intereses públicos, el cual,
prevalido de su influencia, podría obtener provechos indebidos
para sí o para terceros, es decir, evitar favorecer intereses que
no sean los relativos al bien común o que la imparcialidad de sus
decisiones se comprometa y distorsione por motivos personales o
particulares. Se trata así de un asunto inherente al fuero interno del
congresista, a un aspecto esencialmente subjetivo, el que de existir
y no ser manifestado conforme al reglamento, da lugar a la
recusación.
2.3. Fundamento. De allí que el fundamento del impedimento
radica en que: a) el conflicto de interés afecta la transparencia de la
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 12 de abril de
2011, número único de radicación 11001-03-15-000-2010-01325-00 (PI), consejero ponente
Enrique Gil Botero y 2 de julio de 2013, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-00-
00322-00(PI), consejero ponente María Elizabeth García Gonzalez. Ver también, en el mismo
sentido, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 6 de junio
de 2017, número único de radicación 11001-03-15-000-2016-02279-00(PI) consejero ponente
Jaime Orlando Santofimio Gamboa y de 1o. de febrero de 2018 número único de radicación 66001-
23-33-000-2017-00089-01(PI), consejero ponente Oswaldo Giraldo López.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18
de marzo de 2021, número único de radicación 85001233300020200001602, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
decisión -para el caso, la motivación del voto-. En efecto, en toda
decisión siempre debe haber, en forma inequívoca, un solo interés:
el interés general de la ley. Por tanto, en caso de conflicto se
mezclan el interés privado y el público, con lo cual queda en duda
cuál fue el interés dominante. b) En que el impedimento evita que
la decisión sea determinada por el interés particular en detrimento
del interés público.
2.4 Necesidad de análisis en cada caso particular: La Sala
estima conveniente advertir que el tema, de por sí complejo,
requiere para su tratamiento del análisis de cada caso concreto,
pues la conducta humana admite de manera necesaria matices y,
por tanto, el instituto del conflicto de intereses, al ser del resorte del
fuero interno, debe ser valorado con especial cuidado para no
vulnerar los derechos del congresista o hacer inanes los alcances de
la ley.
3. Requisitos para la configuración del conflicto de intereses
en el caso de los congresistas. Como quiera que dicho conflicto
se configura por la concurrencia de interés privado e interés público,
se hace indispensable tener en cuenta, entre otros, los siguientes
requisitos:
3.1 Interés privado concurrente. De acuerdo con lo expuesto,
resulta indubitable que este interés debe aparecer en tal forma que
comprometa objetivamente la intangibilidad del interés general
perseguido, para lo cual la Sala estima necesario hacer las
siguientes precisiones:
a) Existencia: Se configura el interés privado cuando hay
“exigencia para la satisfacción de necesidades humanas” -Messineo,
Tomo II, p. 10 -, lo cual acontece cuando surgen v. gr.: ventajas
o provechos representados en derechos subjetivos, o en
ventajas de tipo reparativo positivo (como indemnización por daños
o detrimento de derechos) o negativo (reparación de gastos), o de
tipo enriquecedor (como ganancias, utilidades, provechos,
derechos, etc.), o cuando se refieren a la simple exoneración de
desventajas (exoneración de obligaciones, cargas, etc.).
b) Juridicidad: Se da cuando el interés privado, protegible de
ordinario, pero con la aptitud de afectar la transparencia, debido a
que siendo actual y estando amparado por la ley puede perturbar el
ánimo del interesado a actuar en su propio favor. Para ello debe
tenerse en cuenta que el interés: 1) Es actual, cuando se ha
adquirido y puede afectarse. De allí que por ausencia de éste (sic)
requisito quede excluido el interés futuro. 2) Es jurídico, porque se
encuentra amparado por la ley. Por tanto es inaceptable interés
originado en el roce meramente social (v. gr. el de comunicación o
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
trato) para generar conflicto de interés. y, 3) Es afectable, cuando
puede extinguirse o modificarse el que se tiene. En cambio, no se
da cuando el interés es inalienable (v. gr. La vida).
c) Privado: Se da cuando el interés es de naturaleza particular de
manera inequívoca y, por lo mismo, se descarta cuando se actúa
movido por el interés público o general -regulación abstracta en
general-. El interés puede ser individual o colectivo, referido en el
primer caso, por ej., a la propiedad particular y, en el segundo, al
interés común de los propietarios en una urbanización.
d) Titularidad: El interés debe radicar en el congresista [en este
caso entiéndase concejal] o en su cónyuge, compañero (a), pariente
hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en
el caso bajo estudio.
3.2 El interés público concurrente en la decisión pertinente.
Para que este interés público concurrente pueda verse
menoscabado, también se hace indispensable tener en cuenta
aquellos aspectos que puedan afectar que sea el único determinante
de la decisión; lo cual implica que en la misma persona que tiene un
interés privado, también concurran estos requisitos:
a) Calidad de congresista.
b) Intervención en las deliberaciones y votaciones.
c) Proyecto de decisión de interés público.
d) Afectación particular, consistente en que el proyecto a votar
pueda afectar el interés directo del congresista, arriba mencionado.
3.3 Conflicto de interés. De la concurrencia objetiva de los dos
intereses mencionados puede desprenderse inequívocamente la
existencia de un conflicto de interés como causal de impedimento o
recusación. En tanto que este fenómeno no se estructuraría, de una
parte, cuando no concurra alguno de los requisitos mencionados
para los referidos intereses, y, de otro, cuando simplemente se trata
de mera apreciación subjetiva de conflicto sin sustento en
elementos objetivos [...]”17.
17 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 28 de abril de 2004, radicación
núm. 1572, consejero ponente Flavio Augusto Arce Rodríguez. acogido y reiterado en Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 24 de agosto de 2006, Expediente
núm. 2006-0003, consejero ponente Camilo Arciniegas Andrade y de 22 de marzo de 2013,
Expediente núm. 2012-00054, consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
30
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
A partir de estos precisos elementos de juicio la Sección18 ha
determinado que con dicha causal se procura castigar la posibilidad
de que los concejales pretendan, con determinadas decisiones,
lucrarse u obtener beneficios, ventajas o privilegios personales, en
detrimento de la comunidad, desconociendo precisamente el interés
general que debe guiar el ejercicio de sus funciones; esto es, cuando
el accionado tiene interés directo en el asunto que se encuentra
conociendo porque le afecta en forma personal, ya sea de orden
moral o económico.
Lo que se pretende, en últimas, con el régimen de conflicto de
intereses, es garantizar la primacía de los principios propios de la
función pública, en particular, la moralidad como principio rector de
las actuaciones públicas, evitando que los móviles personales y/o
particulares de los miembros de las asambleas lesionen o desvirtúen
el mandato democrático y popular del que ellos han sido investidos 19.
El asunto puesto en conocimiento del miembro de la corporación
pública le plantea un enfrentamiento entre su interés personal y el
interés general o bien común que, se reitera, debe guiar el ejercicio
de todas sus funciones, lo que obliga a que aquél manifieste su
impedimento para efectos de que sea resuelto, so pena de incurrir
en la referida causal de desinvestidura.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 30 de
mayo de 2019, número único de radicación 05001-23-31-000-2017-02538-01(PI), consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés y de 28 de noviembre de 2013, número único de radicación
50001-23-33-000-2013-00027-02(PI), consejera ponente María Elizabeth García González.
19 Corte Constitucional, sentencia C-1056 de 6 de diciembre de 2012, magistrado ponente Nilson
Pinilla Pinilla.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
31
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
La causal de violación al régimen de conflicto de intereses en cabeza
de un diputado, supone la omisión en que se incurre cuando, en un
asunto sometido a su intervención, no advierte ante el resto del
órgano político-administrativo al cual pertenece, la connivencia entre
sus intereses particulares, –ya sean de orden moral y/o económico-
, y los ineludibles intereses públicos que, per se, está obligado a
proteger en desarrollo de sus funciones públicas corporativas, en
tanto que de dicha concurrencia de intereses resulta afectado de
alguna manera u obtiene un provecho privado.
Siendo consecuente con los antecedentes jurisprudenciales citados y
reiterados, la Sala hace hincapié en los presupuestos cuya presencia
debe quedar demostrada de forma suficiente y concurrente dentro
del proceso, en orden a verificar la configuración de la causal de
conflicto de intereses en diputados:
a) Que el accionado haya adelantado la actuación imputada en
ejercicio de su respectiva investidura de diputado.
b) Que exista, en los términos del artículo 56 de la Ley 2200, un
interés particular, actual y directo del diputado, o de su cónyuge o
compañero o compañera permanente, o de alguno de sus parientes
dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad
o primero civil, traducido en un beneficio de orden moral o
económico, durante el ejercicio de sus funciones, esto es, en asuntos
sometidos a su conocimiento en virtud de su investidura.
c) Que, con relación a la función electoral del diputado, cuando
participe en la elección de otros servidores públicos mediante el voto
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
32
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
secreto, no se configurará conflicto de interés alguno, lo que se
traduce en que no deberá manifestar impedimento en tal contexto,
a menos que tenga una inhabilidad referida al parentesco con los
candidatos sometidos al trámite electoral, evento en el que sí está
obligado a revelárselo a la corporación
d) Y que a pesar de la existencia real de un interés particular, actual
y directo, el diputado conforme el quorum o intervenga en el debate
del referido asunto, o lo vote o participe efectivamente del trámite,
sin haber manifestado el impedimento para actuar o sin haber sido
recusado para los efectos20, así como resuelta, a su favor, la
respectiva recusación.
El presupuesto ‘a)’, común a las causales de pérdida de investidura,
exige para este escenario la calidad cualificada del sujeto activo que
incurrió en un conflicto de intereses mediante el ejercicio irregular de
su investidura, esto es que debe acreditarse su condición de
diputado.
El presupuesto ‘b)’ encierra tres componentes principales que deben
destacarse: el interés particular, actual y directo del accionado, o de
su cónyuge o compañero o compañera permanente, o de alguno de
sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo
de afinidad o primero civil; su esencia moral y/o económica; y los
asuntos o temas que son puestos a consideración e intervención del
miembro de la corporación.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de febrero de
2015, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-01139-00(PI), consejera ponente
doctora María Claudia Rojas Lasso.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
33
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
El primer componente, ‘b)1.’, consiste en la presencia de una
inclinación real del miembro de la corporación pública hacia un tema,
objeto o aspecto supeditado a su estudio, decisión, debate, votación,
censura o participación en desarrollo de sus funciones como tal, con
el ánimo de materializar un provecho, utilidad, ventaja o
conveniencia propia, o de su cónyuge y familiares, que se aleja en
todo caso de la intención inicial de obtener el bien general 21 y afecta
la transparencia y objetividad de dicha actuación.
La Sala Plena22 se ha pronunciado afirmando que el interés debe ser
entendido como “[…] una razón subjetiva que torna al funcionario y
que lo inhabilita para aproximarse al proceso de toma de decisiones
con la ecuanimidad, la ponderación y el desinterés que la norma
moral y la norma legal exigen […]”23 y como “[…] el provecho,
conveniencia o utilidad que, atendidas sus circunstancias, derivarían
el congresista o los suyos de la decisión que pudiera tomarse en el
asunto […]”24.
21 Con relación al bien general, en la sentencia de 23 de marzo de 2010, proceso con núm. único de
radicación 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI), consejero ponente Hugo Fernando Bastidas, la
Sala Plena indicó: “[…] No hay que olvidar que el artículo 133 de la Constitución dice que los
miembros de los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo y que deberán actuar
consultando la justicia y el bien común. De modo que el día en que colisionan los intereses privados
del congresista con el interés público inmerso en el debate, en la decisión o en el voto habría un caso
de conflicto de intereses, conflicto que pretenden resolver las figuras del impedimento o de la
recusación. En efecto, de prosperar el impedimento o la recusación, el congresista queda separado
de la función para el caso específico, con lo cual el ordenamiento pretende que el interés privado o
particular del congresista no subordine al interés público […]”.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 27 de julio de 2010,
número único de radicación 11001-03-15-000-2009-01219-00(PI), consejero ponente Mauricio
Fajardo Gómez y cit. de 24 de febrero de 2015, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-
01139-00(PI), consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 19 de marzo de
1996, Expediente núm. AC-3300, consejero ponente Joaquín Barreto Ruiz.
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de octubre de
2000, Expediente núm. AC-1116, consejero ponente Mario Alario Méndez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
34
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
Igualmente, ese interés debe ser de tal entidad o magnitud que “[…]
lleve al congresista a incurrir en un ejercicio parcializado de sus
funciones, es decir, debe tratarse de una actuación no signada por la
correcta prestación de la función pública, sino por su propio beneficio
o el de terceros […]”25. Además, la jurisprudencia ha precisado que
el interés debe ser real o cierto, descartando así los meramente
hipotéticos o eventuales26.
El segundo componente, ‘b)2.’, atañe a la naturaleza económica o
moral del interés que procura reprimir esta causal, ante los cuales la
Sala Plena ha explicado los siguientes criterios que la Sección
prohíja:
“[…] El conflicto de intereses de índole económico tiene un
perfil mucho más claro habida cuenta de que los artículos
287 y 288 de la Ley 5ª de 1992 prescriben el deber de
registrar los intereses privados y la participación accionaria
que tenga el respectivo congresista, todo para que haya
transparencia respecto de la vida económica del congresista
frente al interés público que se debate en el Congreso y de
cara al pueblo.
No hay que olvidar que el artículo 133 de la Constitución dice que
los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa
representan al pueblo y que deberán actuar consultando la justicia
y el bien común. De modo que el día en que colisionan los intereses
privados del congresista con el interés público inmerso en el debate,
en la decisión o en el voto habría un caso de conflicto de intereses,
conflicto que pretenden resolver las figuras del impedimento o de la
recusación. En efecto, de prosperar el impedimento o la recusación,
el congresista queda separado de la función para el caso específico,
con lo cual el ordenamiento pretende que el interés privado o
particular del congresista no subordine al interés público.
El conflicto de intereses de índole moral, en cambio, no
aparece nítidamente definido ni tiene un perfil claro en las
25 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 19 de marzo de 1996, radicación 11-CE-SP-EXP1996-
NAC3300.
26 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-302 de 9 de septiembre de 2021, magistrado
ponente Cristina Pardo Schlesinger.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
35
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
normas constitucionales y legales, como sí ocurre con el
conflicto de intereses de índole económico, lo que no
significa que no exista o que no pueda presentarse. Es más,
no se descarta que una determinada situación fáctica derive
simultáneamente tanto en un conflicto económico como en
un conflicto de tipo moral. Por un lado, es totalmente admisible
que el congresista, como cualquier ciudadano, ejerza o haya
ejercido derechos fundamentales y de ahí que tenga intereses
privados que deba cuidar. Por otro lado, la Constitución le ordena
que como congresista vote en pos del bien común y la justicia, vale
decir, en pos del interés general. En esa dinámica es factible el
enfrentamiento de intereses que debe evitarse, tal como se explicó.
Como no resulta conforme con los paradigmas de la ética pública
que en un momento dado se superpongan esos intereses, la
Constitución castiga el hecho de que el congresista omita denunciar
la existencia del conflicto de intereses, cuestión que queda en
evidencia cuando justamente el congresista vota, participa en un
debate o en una decisión trascendental estando de por medio
intereses personales de tipo económico o moral francamente
incompatibles con el interés público relacionado con esa votación,
ese debate o esa decisión […]”27 (Negrillas y subrayas fuera de
texto).
El tercer componente, ‘b)3.’, se circunscribe a los asuntos o temas
que son sometidos a consideración e intervención del diputado en el
marco de sus funciones. Al respecto, y una vez revisado el primer
inciso del artículo 56 de la Ley 2200, la Sección advierte que la norma
prevé dos situaciones que deben entenderse de forma
complementaria, que no excluyente, bajo la interpretación
sistemática que, a su vez, impone la citada comprensión
jurisprudencial de la causal, así: “[…] Todos los diputados deberán
declarar los conflictos de intereses que pudieran surgir en ejercicio
de sus funciones […]”, sumado a que “[…] se entiende como conflicto
27 Cit. sentencia del 23 marzo de 2010 –Rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI). consejero
ponente Doctor Hugo Fernando Bastidas. Ver también sentencias AC-1499 de 26 de julio de 1994,
consejero ponente Doctor Delio Gómez Leyva; AC-3300 de 19 de marzo de 1996, consejero ponente
Doctor Joaquín Barreto Ruiz; AC-3302 de 5 de marzo de 1996, consejero ponente Doctor Amado
Gutiérrez Velásquez; AC-12262 de 26 de febrero de 2001, consejero ponente Doctor Jesús María
Carrillo Ballesteros; de 14 de mayo de 2002, Expediente núm. 2001-0211 (PI-031), consejero
ponente Doctor Nicolás Pájaro Peñaranda; y de 20 de noviembre de 2007, Expediente núm. 2007-
00286 (PI), consejero ponente Doctor Alejandro Ordóñez Maldonado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
36
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
de interés una situación donde la discusión o votación de un proyecto
de ordenanza, pueda resultar en un beneficio particular, actual y
directo a favor del diputado […]”.
De este modo, cuando el diputado, pese a tener un interés particular,
actual y directo en la aprobación o trámite de determinado asunto
funcional, -no únicamente el referido a la discusión o votación de un
proyecto de ordenanza-, no se aparta de este, sino que, por el
contrario, ejerce activamente su poder de investidura, incurre en la
causal siempre que se encuentren materializados tanto el aspecto
objetivo como el subjetivo de la conducta.
Al respecto, la Sala Plena de esta corporación ha discurrido así:
“[…] 95. A su turno, el artículo 286 de la referida Ley 5 de
1992, modificado por el artículo 1 de la Ley 2003 de 2019,
dispone que «[T]odos los congresistas deberán declarar los
conflictos de intereses que pudieran surgir en ejercicio de
sus funciones.»
96. Lo anterior, por cuanto es claro que puede haber casos
en que los congresistas tengan interés en los asuntos de los
que conocen en virtud de su investidura, por lo que lo
correcto es que declaren su impedimento para participar del
trámite de aquellos, con el fin de que su interés personal no afecte
el interés general que debe prevalecer en un Estado Social de
Derecho como el colombiano.
97. Al respecto, esta Corporación, ha tenido la oportunidad de
pronunciarse en múltiples ocasiones, en el siguiente sentido:
“[…] Habrá lugar a la pérdida de investidura de congresistas por
conflicto de intereses. Lo prevé el numeral 1° del artículo 183
constitucional así: «Los Congresistas perderán su investidura:
1. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades
o del régimen de conflicto de intereses» (Resaltado fuera del
texto) y esa preceptiva guarda estrecha relación sistemática con
el artículo 182 superior que manda a los congresistas poner en
conocimiento de las Cámaras las situaciones de carácter moral
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
37
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
o económico que los inhiba para participar en el trámite de
asuntos sometido su consideración (sic) y con lo regulado en los
artículos 286, 287, 288 y 291 de la Ley 5° de 1992 y el artículo
16 de la Ley 144 de 1994.
3.2.- Repárese que la noción de conflicto de intereses
presupone el deber del Congresista de suministrar información
relevante, veraz, auténtica y completa, lo que impone i)
revelar cualquier situación que lo inhiba de participar en
asuntos sometidos a su consideración, ii) registrar las
cuestiones relacionadas con su actividad privada en el libro que
para el efecto establece cada Cámara, donde se deberá incluir
la participación en sociedades anónimas o de responsabilidad
limitada, similares, o en cualquier organización o actividad con
o sin ánimo de lucro en el país o fuera de él, y iii) declararse
impedido cuando observe un conflicto de intereses en un
asunto en el que deba participar, bien sea por
desprenderse un interés para su cónyuge, compañera o
compañero permanente, parientes ubicados dentro del
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
primero civil, o de sus socios de hecho o derecho o por
tener incidencia directa el asunto objeto de
consideración con las actividades e intereses privados
del Congresista o su núcleo familiar.
3.3.- Así, una situación de conflicto de intereses se estructura
si, y solo si, en una o un congresista (o su círculo cercano de
personas), dotado de poder deliberativo y decisorio y
sujeto al cumplimiento de las obligaciones públicas
dispuestas por el derecho, concurre un interés privado
que objetivamente considerado, puede ejercer
influencia preponderante en la formación de su juicio
racional a la hora de intervenir en la deliberación y toma
de una decisión opuesta al deber de obrar consultando
la justicia, el bien común y el interés general.
(…)
3.7.- Finalmente, la jurisprudencia ha considerado que para la
estructuración de la sanción constitucional en comento por
ocurrir un conflicto de intereses es menester la reunión
favorable de los siguientes presupuestos: (i) La calidad de
congresista, elemento transversal y común a todo juicio de
desinvestidura, (ii) La concurrencia de un interés directo,
particular y actual o inmediato en cabeza de quien es
congresista o su círculo cercano, (iii) su no manifestación de
impedimento o no haber sido separado del conocimiento del
asunto por recusación, (iv) haber conformado el quorum o
participado el congresista en el debate o votación del asunto y
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
38
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
(v) que esa participación tenga lugar en un asunto de
conocimiento funcional del congresista, cualquiera sea
su naturaleza, lo que no circunscribe la causal a las
cuestiones legislativas, sino a toda materia que
conforme al ordenamiento sea de competencia del
Congreso de la República […]”28 (Negrillas y subrayas fuera
de texto).
98. En este orden de ideas, lo que se pretende es garantizar la
primacía de los principios propios de la función pública, en particular,
«la moralidad como principio rector de las actuaciones públicas,
evitando que los móviles personales y/o particulares de los
miembros del Congreso lesionen o desvirtúen el mandato
democrático y popular del que ellos han sido investidos.
(…)
101. En cuanto al objetivo, se trata, específicamente, de que
concurran los siguientes elementos29:
I. Que se demuestre la calidad de congresista; aspecto
consustancial a todo juicio de pérdida de investidura.
II. Que se acredite la existencia de un interés, siempre que éste, tal
y como lo establece el artículo 286 de la Ley 5 de 1992, sea
particular, actual y directo, entendiendo por interés aquel beneficio,
ya sea patrimonial o moral, que pueda desprenderse de la función
congresional30.
28 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de
Decisión 16, número único de radicación11001-03-15-000-2016-02279-00(PI). Providencia del 6 de
junio de 2017. M.P. Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
29 Sobre el punto, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 18, sentencia de 5 de junio de
2023, radicación 11001-03-15-000-2022-04507-00; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión
N° 12, sentencia del 29 de mayo de 2023, radicación 11001-03-15-000-2021-01221-00; Consejo
de Estado, Sala Especial de Decisión N° 25, sentencia del 29 de marzo de 2023, radicación 11001-
03-15-000-2022-06714-00; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 27, sentencia del 8 de
septiembre de 2021, radicación 11001-03-15-000-2021-00068-00 y Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión N° 9, sentencia del 14 de diciembre de 2021, radicación 11001- 03-15-000-
2021-05764-00.
30 Al respecto, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia del 23 de marzo de 2010 (radicado
11001-03-15-000-2009-00198-00) precisó que “[e]l conflicto de intereses de índole moral, en
cambio, no aparece nítidamente definido ni tiene un perfil claro en las normas constitucionales y
legales, como sí ocurre con el conflicto de intereses de índole económico, lo que no significa que no
exista o que no pueda presentarse. Es más, no se descarta que una determinada situación fáctica
derive simultáneamente tanto en un conflicto económico como en un conflicto de tipo moral. Por un
lado, es totalmente admisible que el congresista, como cualquier ciudadano, ejerza o haya ejercido
derechos fundamentales y de ahí que tenga intereses privados que deba cuidar. Por otro lado, la
Constitución le ordena que como congresista vote en pos del bien común y la justicia, vale decir, en
pos del interés general. En esa dinámica es factible el enfrentamiento de intereses que debe evitarse,
tal como se explicó. Como no resulta conforme con los paradigmas de la ética pública que en un
momento dado se superpongan esos intereses, la Constitución castiga el hecho de que el congresista
omita denunciar la existencia del conflicto de intereses, cuestión que queda en evidencia cuando
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
39
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
Igualmente, ese interés debe ser de tal entidad o magnitud que
«lleve al congresista a incurrir en un ejercicio parcializado de sus
funciones, es decir, debe tratarse de una actuación no signada por
la correcta prestación de la función pública, sino por su propio
beneficio o el de terceros». Además, la jurisprudencia ha precisado
que el interés debe ser real o cierto, descartando así los meramente
hipotéticos o eventuales.
III. Que, pese a lo anterior, se pruebe que el congresista participó
en el debate y/o votación del asunto cuestionado sin haber
presentado el impedimento correspondiente31.
IV. Que esa participación tenga lugar en un asunto de
conocimiento funcional del parlamentario, esto es, en el
marco de cualquier trámite en el que puedan participar los
congresistas32, incluso en el desarrollo de una actuación
administrativa33.
102. De esta forma, al encontrarse reunidos todos estos elementos
se entenderá satisfecho el aspecto objetivo de la causal de pérdida
de investidura […]”34.
Resulta evidente, entonces, que la participación del diputado que
podría ser materia de censura, ante la eventual presencia de un
conflicto de intereses, tendría lugar en un asunto de su conocimiento
funcional, esto es, en el marco de cualquier trámite en el que
participe, incluso si se trata del desarrollo de una actuación
justamente el congresista vota, participa en un debate o en una decisión trascendental estando de
por medio intereses personales de tipo económico o moral francamente incompatibles con el interés
público relacionado con esa votación, ese debate o esa decisión.” (Se resalta).
31 Así, el Consejo de Estado ha precisado que la causal no se configura por el “hecho de que un
congresista no cumpla el deber de declararse impedido una vez advierta la circunstancia que da
lugar a ello o luego de haber sido recusado, sino [por] el hecho de votar o participar en una decisión
en un asunto que pueda reportarle beneficios”. Al respecto, Consejo de Estado, Sala Especial de
Decisión No.12, sentencia del 29 de mayo de 2023, radicación 11001-03-15-000-2021-01221-00 y
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 12, sentencia del 18 de febrero de 2019, radicación
11001-03-15-000-2018-03779-00.
32 Al respecto, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 19 de
febrero de 2019, radicación 11001-03-15-000-2015-00546-00 y Consejo de Estado. Sala Especial
de Decisión No. 16, sentencia del 6 de junio de 2017, radicación 11001-03-15-000-2016-02279-00.
33 Idem.
34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de marzo de
2025, número único de radicación 11001-03-15-000-2024-03957-01, consejero ponente Omar
Joaquín Barreto Suárez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
40
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
administrativa.
Ello, claro está, sin desconocer el presupuesto ‘c)’, según el cual, en
tratándose de sus funciones electorales, cuando el diputado participe
en la elección de otros servidores públicos mediante el voto secreto,
no se configurará conflicto de interés alguno, lo que se traduce en
que no deberá manifestar impedimento ni ser objeto de recusación
en tal contexto, a menos que tenga una inhabilidad referida al
parentesco con los candidatos sometidos al trámite electoral, evento
en el que sí está obligado a informárselo al resto de la duma
departamental.
Por otra parte, el presupuesto ‘d)’ exige que, además de haberse
verificado la existencia del interés particular en cabeza del miembro
involucrado en el respectivo trámite, este participe efectivamente del
mismo, sin que hubiese manifestado su impedimento para actuar o
sin haber sido recusado y resuelta, a su favor, la respectiva
recusación.
La participación efectiva en el trámite se materializa con la
conformación del quorum, estudio, decisión, debate, votación,
censura y/o intervención en sus asuntos funcionales; en principio, el
miembro de la corporación pública está en la obligación de manifestar
el impedimento cuando advierta la existencia del eventual conflicto
de intereses, de tal modo que le permita al resto de sus compañeros
definirlo y decidirlo.
No se trata, como es obvio, de una decisión puramente discrecional
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
41
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
habida cuenta que, de todas las circunstancias de hecho que
pudieran configurar un interés particular de índole económico o
moral, surge la obligación de manifestar el consecuente
impedimento35, por lo que guardar silencio al respecto no impide la
activación de la causal.
V.4.- Caso concreto
A partir del acervo probatorio se tiene probado que el accionado fue
elegido diputado de Casanare, en representación del Partido
Colombia Renaciente, para el período constitucional 2024-2027,
según formulario E-26 ASA de 8 de noviembre de 2023, expedido por
la Comisión Escrutadora, así como también la diputada MARISELA
DUARTE RODRÍGUEZ, luego de ocupar el segundo lugar en las
elecciones a gobernador de Casanare, dando aplicación al artículo 25
de la Ley 1909. Según el Acta 001 de 1o. de enero de 2024, el
accionado y la señora MARISELA DUARTE RODRÍGUEZ se
posesionaron como diputados de Casanare para el referido período
constitucional.
El 28 de noviembre de 2024 se llevó a cabo sesión plenaria, según
da cuenta el acta 082, la cual tenía como finalidad la elección del
secretario general para la siguiente vigencia, en la cual fungió como
secretaria general ad hoc la diputada MARISELA DUARTE
RODRÍGUEZ y como presidente el diputado HEYDER ALEXANDER
SILVA GARCÍA.
35 Cit. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23 marzo de
2010, número único de radicación 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI), consejero ponente Hugo
Fernando Bastidas.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
42
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
Luego de aceptársele el impedimento a un diputado, el presidente de
la corporación dio continuación a la sesión e hizo alusión a que se
había radicado en la secretaría, ese mismo día por la mañana,
recusación por parte del accionado en contra de la diputada
MARISELA DUARTE RODRÍGUEZ, procediendo a dar lectura al
escrito recusante, así:
“[…] MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL-
DIPUTADOS
E. S. D.
REFERENCIA: Concurso de secretario general para la vigencia 2025.
ASUNTO: SOLICITUD DE RECUSACIÓN.
Yo Wilder Andrés Ávila, identificado como aparece al pie de mi
correspondiente firma, actuando en mi propio nombre, con el debido
respeto, me dirijo ante usted, con el propósito de elevar solicitud
RECUSACIÓN bajos los parámetros de la Ley 1437 de 2011 (Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo), artículo 11 y subsiguientes, conforme a los
siguientes argumentos:
ARTÍCULO 11. CONFLICTOS DE INTERÉS Y CAUSALES DE
IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN. Cuando el interés general propio de
la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo
del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor
público que deba adelantar o sustanciar actuaciones
administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o
pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta
su impedimento.
Que una de las participantes mantiene una relación sentimental con
el señor HUMBERTO ALIRIO MARTINEZ TAL COMO CONSTA EN LA
EVIDENCIA, que el señor siempre ha sido una persona de confianza
del señor Alirio Barrera esposo de la actual Diputada MARISELA
DUARTE ocupando el cargo como DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN manejando grandes proyectos de inversión en la
inversión del mismo de manejo del sistema de consta en la
evidencia la participante KATERINE SALINAS tiene un vínculo
cercano y público con la Diputada MARISELA DUARTE Y EL ACTUAL
SENADOR ALIRIO BARRERA Y QUE teniendo en cuenta la
jurisprudencia donde menciona la DUDA RAZONABLE Y DE LA
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
43
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
IMPARCIALIDAD SUBJETIVA TENIENDO LA DE DECIDIR O
FAVORECER O PERJUDICAR A UN POSTULADO.
Quedando la DIPUTADA MARISELA DUARTE con cedula No.
24.228.715 obligada y parcializada como miembro de la asamblea
departamental en no ser recíproca con su decisión teniendo en
cuenta la cercanía con KATERINA SALINAS la que está viciando las
decisiones de acuerdo con lo anterior la participante KATERINE
SALINAS en su calidad de imparcial la encuentra inmersa en un
conflicto de intereses.
QUE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN NUEVO ORIENTE MEDIO
RECONOCIDO A NIVEL REGIONAL MENCIONA LA CERCANÍA DE LA
PARTICIPANTE KATERINE SALINAS CON EL CENTRO
DEMOCRÁTICO PARTIDO DE LA DIPUTADA MARISELA DUARTE
CONFIRMANDO LA CERCANÍA.
(…)
PETICIÓN
Conforme a los anteriores argumentos facticos y jurídico dele
tramite a la RECUSACIÓN planteada, separándose del trámite de
secretario general vigencia 2025 o, en su defecto, darle el trámite
correspondiente, conforme a lo establecido en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que la diputada se retire del recinto mientras se da la elección […]”.
Luego ratificó la recusación en la plenaria, como da cuenta el
siguiente extracto:
“[…] Diputado WILDER ANDRÉS ÁVILA TIBAVIJA: “Gracias
presidente, buenos días para todos los presentes, colegas diputados
también postulados al cargo secretario, secretaria de la corporación
Asamblea Departamental, esta recusación la presento con el ánimo
de darle salud a este proceso y de blindarlo en la medida de que no
tenga vicios jurídicos en el futuro en la elección, por lo tanto, pues
presento este documento que ya se leyó algunas pruebas que creo
que saben en la recusación frente al vínculo y que está inmerso en
los numerales que la ley tipifica como causales de recusación e
impedimento y para este tipo de elecciones, entonces creo que ha
sido bastante clara la argumentación que hemos numerado los
contextos para que tomemos la decisión justa en plenaria de
acuerdo a sus propias conclusiones, a sus saberes y a su sabiduría
gracias presidente […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
44
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
A renglón seguido, la diputada MARISELA DUARTE RODRÍGUEZ
manifestó no aceptar la recusación. En atención a ello, el presidente
de la corporación abrió la discusión frente a la recusación y,
posteriormente, la sometió a votación nominal y pública, decisión en
la que el accionado intervino en la conformación del quorum y votó
afirmativamente en dos ocasiones ante el empate inicial 5 votos
contra 5.
Debido a que la segunda votación también terminó en empate 5
votos contra 5, la recusación fue negada en los términos del artículo
150 del reglamento interno de la Asamblea de Casanare, que prevé:
“[…] Artículo 150. Empates. En caso de empate en la votación
de un proyecto o proposición, se procederá a una segunda
votación en la misma sesión o en la inmediatamente
siguiente, según lo disponga la presidencia. De presentarse
nuevamente el empate, se entenderá negada la iniciativa y en
aprobación de proyectos de ordenanzas, esta se entenderá negada.
Si el empate se produce para una elección, esta se repetirá y si el
empate subsiste se decidirá por la suerte […]” (Negrillas y subrayas
fuera de texto).
La Sala advierte que son la recusación y su votación a cargo del
accionado, y no otra, la situación fáctica que el accionante censuró
en la solicitud de pérdida de investidura, razón por la cual es a ello a
lo que se cernirá el estudio del caso concreto.
V.4.1.- De la recusación de 28 de noviembre de 2024
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
45
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
En su defensa, el accionado en el recurso comenta que el Reglamento
de la Asamblea de Casanare se ocupó, precariamente, de
impedimentos por conflicto de intereses sin desarrollar integralmente
aspectos cruciales como causales generales de recusación,
procedimiento y competencia para resolverlas, deficiencia técnica
que hace irregular el trámite administrativo surtido en el caso
concreto.
Agrega que el acta 82 de la sesión de 28 de noviembre de 2024 de
la Asamblea de Casanare ofrece un contexto fáctico ineludible: la
recusación en sí misma, por presuntos defectos formales y de
contenido, el trámite que impulsó la presidencia, la intervención de
la diputada recusada, y la suya misma, conformaron un continuo de
equivocaciones, sin que pueda predicarse malicia, torcida intención
o propósito de obtener provecho o beneficio particular y directo con
su conducta.
Para resolverlo, se advierte que la Ley 2200 regula el funcionamiento
de las asambleas, específicamente en el Titulo II, Capítulo 1, y en su
artículo 36 las habilita para expedirse su propio reglamento en el que
pueden regular, en lo que concierne al caso concreto, la elección de
funcionarios, trámite de impedimentos, recusaciones y conflicto de
intereses, así:
“[…] Artículo 36 Reglamento. La asamblea departamental
expedirá, una ordenanza de reglamento para su
organización y funcionamiento, en el cual estarán
incluidas, entre otras, las normas referentes a las
comisiones, elección de funcionarios, funcionamiento de las
bancadas, la validez de las convocatorias, las sesiones,
formalidades para la presentación de los proyectos de
ordenanzas, control político, trámite de impedimentos,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
46
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
reglamentación de facultades, recusaciones y conflicto de
intereses, así como lo relativo a la actuación de los diputados.
Los reglamentos se tramitarán con las formalidades de todo
proyecto de ordenanza y no requerirá sanción ejecutiva.
Las asambleas departamentales deberán ajustar sus
reglamentos a lo prescrito en la presente ley, dentro de seis
(6) meses siguientes a su promulgación […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
Es así como la Ordenanza 001 de 23 de enero de 2024 de la Asamblea
de Casanare “[…] Por la cual se modifica el reglamento interno de la
asamblea departamental de Casanare y se compila un nuevo texto
[…]”, establece:
“[…] Artículo 148°. Modos de votación. En la Asamblea,
tanto en plenaria como en las comisiones permanentes, se
podrá votar:
(…)
3. Votación secreta. No permite identificar la forma como
vota el diputado. Las rectificaciones sólo serán procedentes
cuando el número de votos recogidos no sean igual al de los
votantes.
Esta votaci6n sólo se presentará cuando se deba hacer
elección.
El secretario llamará a cada diputado, según el orden alfabético
de su apellido, para que deposite la papeleta o balota, en la
urna dispuesta para el efecto.
Previamente el presidente designará una comisión escrutadora
[…]”.
“[…] Artículo 198°. Conflicto de intereses. Todos los
diputados deberán declarar los conflictos de intereses que
pudieran surgir en ejercicio de sus funciones. Se entiende como
conflicto de interés una situación donde la discusión o votación
de un proyecto de ordenanza, pueda resultar en un beneficio
particular, actual y directo a favor del diputado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
47
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
1. Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera
ganancias o crea indemnizaciones económicas o elimina
obligaciones a favor del diputado de las que no gozan el resto
de los ciudadanos.
2. Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en
las circunstancias presentes y existentes al momento en el que
el diputado participa de la decisión.
3. Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica
respecto del diputado, de su cónyuge, compañero o compañera
permanente, o parientes dentro del segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
Para todos los efectos se entiende que no hay conflicto de
interés en las siguientes circunstancias:
1. Cuando el diputado participe, discuta, vote un proyecto de
ordenanza que otorgue beneficios o cargos de carácter general,
es decir cuando el interés del diputado coincide o se fusiona
con los intereses de los electores.
2. Cuando el beneficio podría o no configurarse para el diputado
en el futuro.
3. Cuando el diputado participe, discuta o vote artículos de
proyectos de ordenanza de carácter particular, que establezcan
sanciones o disminuyan beneficios, en el cual, el diputado tiene
un interés particular, actual y directo. El voto negativo no
constituirá conflicto de interés cuando mantiene la
normatividad vigente.
4. Cuando el diputado participe, discuta o vote artículos de
proyectos de ordenanza de carácter particular, que regula un
sector económico en el cual el diputado tiene un interés
particular, actual y directo, siempre y cuando no genere
beneficio particular, directo y actual.
5. Cuando el diputado participa en la elección de otros
servidores públicos mediante el voto secreto. Se exceptúan los
casos en que se presenten inhabilidades referidas al parentesco
con los candidatos.
Parágrafo. Entiéndase por conflicto de interés moral aquel que
presentan los diputados cuando por razones de conciencia se
quieran apartar de la discusión y votación de proyecto. (Art. 56
Ley 2200 de 2022) […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
48
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
“[…] Artículo 199°. Declaración de impedimento. Todo
Diputado podrá declararse impedido para conocer y participar
sobre determinado proyecto o decisión trascendental, al
observar un conflicto de intereses […]”.
“[…] Artículo 200°. Comunicación del impedimento.
Advertido el impedimento el Diputado deberá comunicarlo por
escrito al presidente de la respectiva Comisión o de la
Asamblea, donde se trate el asunto que obliga al Impedimento,
el cual será discutido y votado en la plenaria, una vez aprobado
el diputado deberá retirarse del recinto durante el tiempo que
se trate el tema por el cual se declaró impedido […]”.
“[…] Artículo 201°. Efecto del impedimento. Aceptado el
impedimento se procederá a la designación de un nuevo
ponente, si fuere el caso. Si el conflicto lo fuere respecto del
debate y la votación, y aceptado así mismo el impedimento, el
respectivo presidente, excusará de votar al Diputado.
El secretario dejará constancia expresa en el acta de la
abstención […]”.
Se observa que, en el caso de la Asamblea de Casanare, si bien se
establecieron en el citado reglamento los elementos del conflicto de
intereses y sus consecuentes impedimentos, no se previó una
regulación específica para tramitar las recusaciones.
Es por ello por lo que, en este punto, la Sala prohíja sus
consideraciones36, en torno a que, (i) para el trámite de las
recusaciones de las corporaciones públicas territoriales, por mandato
del artículo 12 de la Ley 1437, este se debe aplicar ante la falta de
norma expresa para su instrucción37; y (ii) que una hermenéutica
sistemática de esa norma permite concluir que aquélla sí tiene
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de
agosto de 2023, número único de radicación 250002315000202200926011, consejera ponente
Nubia Margoth Peña Garzón.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 26 de
junio de 2016, número único de radicación 1100103280002016000800, consejero ponente Alberto
Yepes Barreiro.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
49
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
aplicación en las actuaciones administrativas, de carácter electoral,
que adelantan las corporaciones públicas territoriales:
“[…] Ley 1437. Artículo 12. Trámite de los impedimentos y
recusaciones. En caso de impedimento el servidor enviará dentro
de los tres (3) días siguientes a su conocimiento la actuación con
escrito motivado al superior, o si no lo tuviere, a la cabeza del
respectivo sector administrativo. A falta de todos los anteriores, al
Procurador General de la Nación cuando se trate de autoridades
nacionales o del Alcalde Mayor del Distrito Capital, o al procurador
regional en el caso de las autoridades territoriales.
La autoridad competente decidirá de plano sobre el impedimento
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de su recibo. Si
acepta el impedimento, determinará a quién corresponde el
conocimiento del asunto, pudiendo, si es preciso, designar un
funcionario ad hoc. En el mismo acto ordenará la entrega del
expediente.
Cuando cualquier persona presente una recusación, el
recusado manifestará si acepta o no la causal invocada,
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su
formulación. Vencido este término, se seguirá el trámite
señalado en el inciso anterior.
La actuación administrativa se suspenderá desde la
manifestación del impedimento o desde la presentación de la
recusación, hasta cuando se decida. Sin embargo, el cómputo
de los términos para que proceda el silencio administrativo se
reiniciará una vez vencidos los plazos a que hace referencia el inciso
1 de este artículo […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
De acuerdo con el Acta 082 de 28 de noviembre de 2024, en la que
consta la elección, como secretario general, del señor WILMER
ALONSO VEGA MENDOZA, la plenaria de la Asamblea de Casanare,
previo a dicha votación, tuvo que resolver varias recusaciones,
conforme lo ordena el artículo 200 del reglamento interno de la
corporación. La primera, como se vio, correspondió a la que formuló
el accionado en contra de su homóloga MARISELA DUARTE
RODRÍGUEZ y que es materia de análisis.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
50
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
V.4.1.1.- Requisitos de la recusación durante procedimiento
electoral adelantado por miembros de corporaciones públicas
territoriales38
Así pues, la Sala Electoral se ocupó de estructurar los requisitos
mínimos que debía cumplir este tipo de escritos recusantes para que
se avinieran a la teleología de las normas que prevén dicha figura, -
artículos 11 y 12 del CPACA-, con el fin de que dicho mecanismo de
control legítimo del poder público no se convirtiera en un medio para
entorpecer el curso normal del procedimiento electivo, a través de la
presentación indiscriminada de escritos carentes de los fundamentos
serios y creíbles que deben acompañar este tipo de manifestaciones.
Fue entonces que empezó a construir una línea jurisprudencial en
torno a este punto, tal y como se hizo en el auto de 27 de febrero de
2020, en el que se estudia una recusación que fue presentada en
forma anónima y se concluye:
“[…] De acuerdo con lo dicho por la Corte Constitucional, la regla
general consiste en que la persona que presente una petición
manifieste debidamente su identificación, y como excepción se
establece la posibilidad de que se presenten quejas anónimas
cuando exista una justificación seria y creíble del
peticionario para mantener la reserva de su identidad.
Revisado el escrito de recusación, se tiene que el mismo fue
presentado sin firma, por la señora María Fernanda Pérez Diago,
quien no declara más información personal que su correo
electrónico para notificaciones, con fundamento en el peligro que la
denuncia pública representa, sin embargo se advierte que en el
mismo se limita a hacer esa afirmación sin dar alguna justificación
seria y creíble de la misma, además debe tenerse en cuenta que no
aportó pruebas, ya que solicitó que se oficie para que se alleguen
los documentos que en su sentir, demuestran sus afirmaciones.
38 Ver en Cit., sentencia de 10 de agosto de 2023, número único de radicación
250002315000202200926011, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
51
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
A su vez, se encontró que el número de identificación que dio en
Servientrega para el envío del escrito corresponde al de otra
persona, tal como consta en la certificación en línea de la
Registraduría y Policía Nacional.
De acuerdo con lo anterior, en esta etapa del proceso se
tiene que de acuerdo con las pruebas que obran en el
expediente, el escrito de recusación presentado se hizo por
una persona anónima, sin que se hubiera dado alguna razón
que justificara tal anonimato, razón por la cual no debía
darse el trámite correspondiente […]”39 (Negrillas y subrayas
fuera de texto).
Posteriormente, mediante auto de 12 de marzo de 2020, la Sección
Quinta erigió unos requisitos formales en aras de otorgar efectos de
una recusación al respectivo escrito, lo que implicaba que:
“[…] la autoridad competente una vez tiene conocimiento de una
recusación, verifique si cumple con los requisitos mínimos para
catalogase como tal, los cuales se según se desprende de los
artículos 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011 (tratándose de actuaciones
administrativas) corresponden al (I) señalamiento del servidor
público o particular que ejerce función pública sobre el que recae el
reproche y, (II) las razones por las que se estima que
respecto de aquél existe un conflicto entre el interés
particular y el general, razones que deben estar
encaminadas a ilustrar jurídica y probatoriamente si es del
caso, la configuración de las causales de impedimento
legalmente establecidas.
A los mencionados requisitos debe añadirse a la luz del artículo 16
de la Ley 1437 de 2011, que describe las pautas mínimas que debe
contener una solicitud, la identificación del solicitante (salvo que
exista una justificación seria y creíble del peticionario para mantener
la reserva de su identidad40), en tanto tal exigencia (I) permite
precisar el titular del derecho de petición que debe
garantizarse y (II) reviste de seriedad su ejercicio, “pues
obliga a que quien lo suscribe se haga responsable de las
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto de 27 de febrero
de 2020, número único de radicación 11001-03-28-000-2020-00031-00, consejero ponente Carlos
Enrique Moreno Rubio.
40 Ver: Corte Constitucional, sentencia C-951 del 4 de diciembre de 2014, magistrada ponente
Martha Victoria Sáchica Méndez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
52
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
afirmaciones que realice en sustento del mismo e impide que
se utilice para afectar impunemente derechos de terceros
como el buen nombre o la honra”41, como lo precisó la Corte
Constitucional en la sentencia C-951 de 2014 […]”42 (Negrillas
y subrayas fuera de texto).
Luego, en la sentencia de 3 de septiembre de 202043, se hicieron
precisiones en torno a las anteriores reglas, así:
“[…] la Sección Quinta del Consejo de Estado ha dicho que los
escritos de recusación deben cumplir con los siguientes requisitos:
(I) Identificación del solicitante, a menos de que exista una
justificación seria y creíble del peticionario para mantener la reserva
de su identidad, de conformidad con lo establecido en la sentencia
C-951 de 2014 de la Corte Constitucional. (…).
(II) El señalamiento del servidor público o particular que ejerce
función pública, sobre el que recae el reproche y,
(III) Las razones por las que se estima que respecto de
aquél existe un conflicto entre el interés particular y el
general, las cuales deben estar encaminadas a ilustrar
jurídica y probatoriamente si es del caso, la configuración de
las causales de impedimento legalmente establecidas.
En caso de que se verifique la falta de alguno de estos
requisitos, no se debe tramitar ni se le atribuye los efectos
propios de la recusación, esto es, no se suspende la
actuación y por el simple hecho de su presentación no se ve
afectado el quorum. Lo anterior, puesto que lo que hacen
los miembros del Consejo Directivo es constatar que el
escrito reúna los requisitos mínimos formales, y en caso de
no encontrarlos acreditados, de manera motivada podrán
rechazarlo y no darle trámite.
Si el escrito cumple con los requisitos de forma, es procedente
tramitarlo y producirá los efectos correspondientes. Ante la falta de
41 Ídem.
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto de 12 de marzo
de 2020, número único de radicación 11001-0328-000-2020-00009-00, consejera ponente Rocío
Araújo Oñate.
43 Esta tesis fue reiterada en la Sentencia de 18 de marzo de 2021, número único de radicación
11001-03-28-000-2019-00084-00, consejera ponente Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
53
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
reglamentación del trámite de las recusaciones en los estatutos de
las corporaciones autónomas regionales, debe aplicarse lo
establecido en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, y seguirse el
siguiente procedimiento:
1. Presentado el escrito de recusación, la actuación administrativa
se suspende hasta cuando sea resuelta. Con la suspensión del
procedimiento administrativo, se busca que la recusación se decida
antes de que el funcionario recusado participe en la actuación
correspondiente, en este caso, votar en la elección del director
general.
2. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación de la
recusación, el servidor recusado debe manifestar si acepta o no la
causal invocada.
3. Surtido el trámite anterior, la autoridad competente debe decidir
de plano la recusación dentro de los diez (10) días siguientes a la
fecha de su recibo, esto es, sin acudir a trámites o procedimientos
adicionales.
Finalmente, esta norma establece que la autoridad competente para
decidir es el superior jerárquico del recusado, si no lo tuviere, lo será
la cabeza del respectivo sector administrativo y, a falta de los
anteriores, el Procurador General o Regional, según el caso […]”44
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
Finalmente, la Corporación se pronunció consolidando los requisitos
que deben verificarse en los escritos de recusación y que deben
cumplir mínimamente45:
“[…] (i) Identificación del solicitante, a menos de que exista una
justificación seria y creíble del peticionario para mantener la reserva
de su identidad, de conformidad con lo establecido en la sentencia
C-951 de 2014 de la Corte Constitucional (…)
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 3 de
septiembre de 2020, número único de radicación 11001-03-28-000-2020-00031-00, consejero
ponente Carlos Enrique Moreno Rubio.
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto de 12 de marzo
de 2020, número único de radicación 11001-0328-000-2020-00009-00, consejera ponente Rocío
Araújo Oñate; sentencia de 3 de septiembre de 2020, número único de radicación 11001-03-28-
000-2020-00031-00, consejero ponente Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 18 de marzo de
2021, número único de radicación 11001-03-28-000-2019-00084-00 (acum.), consejera ponente
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
54
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
(ii) El señalamiento del servidor público o particular que
ejerce función pública, sobre el que recae el reproche y,
(iii) Las razones por las que se estima que respecto de aquél
existe un conflicto entre el interés particular y el general, las
cuales deben estar encaminadas a ilustrar jurídica y
probatoriamente si es del caso, la configuración de las
causales de impedimento legalmente establecidas.
En caso de que se verifique la falta de alguno de estos
requisitos, no se debe tramitar ni se le atribuye los efectos
propios de la recusación, esto es, no se suspende la
actuación y por el simple hecho de su presentación no se ve
afectado el quórum. Lo anterior, puesto que lo que hacen los
miembros del Consejo Directivo es constatar que el escrito reúna
los requisitos mínimos formales, y en caso de no encontrarlos
acreditados, de manera motivada podrán rechazarlo y no darle
trámite.
Si el escrito cumple con los requisitos de forma, es
procedente tramitarlo y producirá los efectos
correspondientes. Ante la falta de reglamentación del
trámite de las recusaciones en los estatutos de las
corporaciones autónomas regionales, debe aplicarse lo
establecido en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, y seguirse el
siguiente procedimiento:
1. Presentado el escrito de recusación, la actuación administrativa
se suspende hasta cuando sea resuelta. Con la suspensión del
procedimiento administrativo, se busca que la recusación se decida
antes de que el funcionario recusado participe en la actuación
correspondiente, en este caso, votar en la elección del director
general.
2. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación de la
recusación, el servidor recusado debe manifestar si acepta o no la
causal invocada.
3. Surtido el trámite anterior, la autoridad competente debe decidir
de plano la recusación dentro de los diez (10) días siguientes a la
fecha de su recibo, esto es, sin acudir a trámites o procedimientos
adicionales.
Finalmente, esta norma establece que la autoridad competente para
decidir es el superior jerárquico del recusado, si no lo tuviere, lo será
la cabeza del respectivo sector administrativo y, a falta de los
anteriores, el Procurador General o Regional, según el caso (Énfasis
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
55
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
de la Sala) 46.
Así las cosas, los escritos de recusación al ser
manifestaciones que buscan separar del conocimiento de un
determinado asunto a la autoridad que por ley le
corresponde sustanciarlo y/o decidirlo, debe, al tenor del
artículo 12 de la Ley 1437, guardar una carga mínima de
seriedad que se materializa en el escrito motivado que exige
la ley, en determinar el sujeto que lo propone y sobre el que
recae, las razones de hecho en que se fundamenta y la
causal taxativa en la que se subsume. Dicha suficiencia,
deviene de la necesidad de mantener en cabeza de los funcionarios
y demás autoridades, el cabal cumplimiento de sus funciones,
sin dilación alguna, por lo que, cuando deben ser separados
del ejercicio de ellas, éstas razones deben enmarcarse en la
defensa del interés general, la transparencia, eficiencia,
imparcialidad y demás principios que rigen la función
pública.
Es por ello que, cuando se verifica que falta alguno de los
elementos formales, atrás aludidos, que cualifican la
existencia precisa de la recusación, el trámite administrativo
debe seguir su curso, dado que no puede dotarse de efectos
a una petición que no cumple con los requisitos que el
legislador previó para su materialización, por lo que de suyo
deviene que no debe suspenderse la actuación y menos
separarse de su función a sujeto alguno, lo que conlleva a
que en los cuerpos colegiados no se afecte su quorum […]”47
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
Así las cosas, la Sala Electoral señaló que “[…] la debida satisfacción
de los requisitos de procedibilidad de las recusaciones que se
desprenden de los artículos 11, 12 y 16 del CPACA, en los términos
en que han sido enunciados por esta Sección, esto es, (i)
identificación del peticionario o justificación de su anonimato; (ii)
identificación del servidor sobre el que recae el conflicto de interés
alegado; y, (iii) la exposición de las razones en que se funda
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 17 de
junio de 2021, número único de radicación 032800020190006100 (acum.), consejero ponente Luis
Alberto Álvarez Parra.
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de
septiembre de 2022, número único de radicación 68001233300020210084601, consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
56
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
aquel “encaminadas a ilustrar jurídica y probatoriamente si
es del caso, la configuración de las causales de impedimento
legalmente establecidas”, deben ser examinados como la
carga mínima exigible para dotarlas del grado de seriedad
necesario con el fin de darles trámite y que la autoridad
proceda a resolverlas de fondo […]”48.
V.4.1.2.- Por lo mismo, cualquier consideración en torno a la
conducta desplegada por el accionado durante su participación y
votación en la recusación de 28 de noviembre de 2024, debe tener
como punto de partida imprescindible el análisis de ese escrito para
establecer si correspondía, o no, a una recusación formalmente
considerada y, por lo mismo, si de esta se puede derivar la censura
argüida en la presente solicitud de desinvestidura: (i) identificación
del solicitante, a menos de que exista una justificación seria y creíble
del peticionario para mantener la reserva de su identidad, de
conformidad con lo establecido en la sentencia C-951 de 2014 de la
Corte Constitucional; (ii) el señalamiento del servidor público o
particular que ejerce función pública, sobre el que recae el reproche;
y (iii) las razones por las que se estima que respecto de aquél existe
un conflicto entre el interés particular y el general, las cuales deben
estar encaminadas a ilustrar jurídica y probatoriamente si es del
caso, la configuración de las causales de impedimento legalmente
establecidas.
En la recusación del accionado contra la diputada MARISELA
DUARTE RODRÍGUEZ, este se identificó claramente como
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 17 de
junio de 2021, número único de radicación 032800020190006100 (acum.), consejero ponente Luis
Alberto Álvarez Parra.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
57
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
solicitante; indicó a quién se dirigía el escrito e invocó las causales
por las cuales la recusaba (artículo 11, numerales 1 y 4 del CPACA),
así como las razones de hecho y de derecho que aparentemente
daban lugar a ello; y, finalmente, adujo las pruebas que, según su
dicho, demostraban el supuesto normativo que rompía la
imparcialidad de la referida diputada.
La Sala encuentra que si bien el escrito de recusación cumplía con
algunos de los presupuestos señalados anteriormente, lo cierto es
que fue formulado en contra de norma que expresamente prohibía la
configuración de conflicto de intereses cuando el diputado participa
en la elección de otros servidores públicos mediante el voto secreto,
tal como sucedió en la sesión de 28 de noviembre de 2024, en la
que, bajo lo determinado por el artículo 148, numeral 3, de su
reglamento interno, fue elegido secretario general de la Asamblea de
Casanare, para la vigencia 2025, al candidato WILMER ALONSO
VEGA MENDOZA.
En efecto, así lo prevén el artículo 56, segunda parte, literal e), de la
Ley 2200, reproducido en su integridad por el artículo 198, segunda
parte, numeral 5, de la Ordenanza 001 de 23 de enero de 2024 de
la Asamblea de Casanare (reglamento interno), lo que no solo
descartaba la obligación, en cabeza de los diputados de esa
asamblea, de manifestar impedimento alguno, -a menos que se
tratara de parentesco respecto de los candidatos-, sino que también
imposibilitaba presentar y tramitar recusaciones en contra de los
miembros de la duma departamental, como la de 28 de noviembre
de 2024, en la que el accionado carecía de habilitación legal y
reglamentaria para recusar a la diputada MARISELA DUARTE
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
58
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
RODRÍGUEZ.
A su vez, el accionado en su recusación tampoco invocó razones
relativas a un vínculo de parentesco entre la diputada MARISELA
DUARTE RODRÍGUEZ y alguno de los candidatos, que lo
habilitaran, por vía de excepción, a acudir al mecanismo recusante,
toda vez que se limitó a señalar que la candidata YINETH
KATHERINE SALINAS GARCÍA sostenía una supuesta relación
sentimental con el señor HUMBERTO ALIRIO MARTÍNEZ,
exfuncionario de la Gobernación de Casanare, cercano al senador de
la República, por el Partido Centro Democrático, señor JOSUÉ
ALIRIO BARRERA RODRÍGUEZ, quien a su vez es el esposo de la
diputada; y que por ese camino resultaba viciado de imparcialidad y
falta de transparencia el concurso, pues la recusada estaba inmersa
en un aparente conflicto de intereses.
Es por esto por lo que, a partir de los criterios expuestos, y de las
pruebas y normas examinadas, para la Sala no cabe duda de que el
escrito de 28 de noviembre de 2024, presentado por el accionado,
no correspondía al de una recusación formalmente considerada, y sí
a un mecanismo cuya radicación y trámite permanecían restringidos
por la legislación y el reglamento en el curso de la elección del
secretario general mediante el voto secreto de los miembros de la
Asamblea de Casanare, circunstancia que, por lo mismo, le impedía
producir los efectos propios de tal instrumento de censura, así como
tampoco tenía la virtualidad de separar del asunto a la diputada
MARISELA DUARTE RODRÍGUEZ.
A la misma conclusión arribó la Sección Quinta de esta Corporación,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
59
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
quien, para denegar la nulidad de la elección del secretario general
de la Asamblea de Casanare, vigencia 2025, señor WILMER
ALONSO VEGA MENDOZA, consideró lo siguiente:
“[…] No puede dejarse de lado que la votación para la elección del
secretario general es secreta, como lo dispone el numeral 3 del
artículo 148 del Reglamento Interno de la Asamblea Departamental
del Casanare. Luego, la conclusión a la que llegó el tribunal, según
la cual, la votación de la diputada Marisela Duarte Rodríguez resultó
decisiva para la elección del demandado, carece de sustento
probatorio, pues no es posible determinar por quién sufragó la
referida diputada.
Ahora bien, aun cuando hubo una irregularidad en el trámite
otorgado a la recusación formulada, pues es evidente que la
asambleísta no podía votar su propia recusación, lo cierto es que,
la causal invocada por el diputado Wilder Andrés Ávila no
tenía la virtualidad de separarla del asunto, porque el
legislador así lo dispuso en el art. 56 de la Ley 2200 de 2022.
Se reitera, al tratarse de una votación secreta, no había
razón para recusar a su homóloga, puesto que la situación
fáctica planteada, en la que presuntamente se afectaba la
imparcialidad por interés en la elección, no correspondía a la
excepción prevista por la norma: que la candidata tuviera un
parentesco con la diputada.
De modo que, la conclusión del tribunal pasó por alto la
regulación normativa especial que rige esta clase de
elecciones y, por lo tanto, no es posible afirmar que la
diputada Marisela Duarte Rodríguez debió ser excluida de la
votación para la elección del secretario general de la
Asamblea Departamental del Casanare, puesto que, se
insiste, su imparcialidad no se veía comprometida por el
supuesto de hecho y la causal invocada por su homólogo
Wilder Andrés Ávila, por expresa disposición del legislador.
Visto así el asunto, los argumentos del recurrente sí deben
prosperar y, por lo tanto, la providencia del 3 de septiembre de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare, se
revocará, para en su lugar denegar las pretensiones de la demanda
[…]”49 (Negrillas y subrayas fuera de texto).
49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 13 de
noviembre de 2025, número único de radicación 85001-23-33-000-2025-00002-01 (acumulado
85001-23-33-000-2024-00136-00), consejero ponente Luis Alberto Álvarez Parra.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
60
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
Al descartarse la naturaleza de recusación del escrito de 28 de
noviembre de 2024, no tenerse como una recusación formalmente
considerada, y ante su inviabilidad jurídica en el contexto reseñado,
la Sala observa, contrario a lo sostenido por el Tribunal, que la
votación que de esta hizo el propio recusante, esto es el diputado
accionado, señor WILDER ANDRÉS ÁVILA TIBAVIJA, no
constituyó conflicto de interés alguno, menos aún susceptible de
configurar, objetivamente, la causal de pérdida de investidura
alegada en la solicitud.
V.4.2.- Diputado sí está habilitado para votar la recusación
que formula contra otro diputado
Sin perjuicio de lo anteriormente considerado, y aun cuando basta lo
expresado para denegar la pérdida de investidura del accionado en
el caso concreto, la Sala, solo en aras de un discernimiento final, no
dejará de reiterar que los miembros de una corporación pública de
elección popular no están impedidos para votar las recusaciones que
ellos mismos hubieren formulado contra otro de sus compañeros de
trabajo, por ese solo hecho.
Desde luego, en la sentencia C-1040 de 19 de octubre de 2005,
proferida por la Corte Constitucional50 en el marco de una acción
pública de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo núm. 02 de
27 de diciembre de 2004 “[…] Por el cual se reforman algunos
artículos de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones
[…]”, se determinó lo siguiente:
50 Magistrados ponentes Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy
Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
61
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
“[…] El segundo tema de procedimiento sobre el cual es necesario
que la Corte se pronuncie es el de la discusión y votación de los
impedimentos ante las plenarias y comisiones permanentes de las
Cámaras. Uno de los principales cargos formulados por el actor a
este respecto, así como uno de los puntos planteados por el señor
Procurador General en su intervención, se relaciona con estos
temas: se afirma, por un lado, que los impedimentos fueron
aprobados en muchos casos sin ser debatidos
individualmente, y por otro, que la forma en que fueron
votados estuvo viciada, porque se permitió la participación
de los demás congresistas que se habían declarado
impedidos, en particular de quienes habían formulado
impedimentos por causas similares a las de los que se
estaban decidiendo.
Para poder determinar si un congresista que manifiesta un
impedimento se encuentra inhabilitado para decidir los
impedimentos propuestos por otros, esta Corporación debe
inicialmente responder el siguiente interrogante, a saber: ¿Existe en
el régimen constitucional y legal actualmente aplicable al trámite de
los actos legislativos una disposición específica que regule estos
temas? Como se puede inferir de las normas que se han enumerado
en los párrafos precedentes, la respuesta es negativa: se trata de
un tema procedimental que no ha sido regulado específicamente ni
en la Constitución, ni en la Ley 5ª de 1992; y en relación con el cual
no existen pronunciamientos judiciales específicamente aplicables
como precedente.
(1) Se plantea la Corte, en este orden de ideas, el interrogante sobre
si este silencio en la legislación hace procedente acudir, como
sugiere el ministro del Interior invocando el artículo 3° del
Reglamento del Congreso, a las normas que regulan asuntos afines,
en particular al Código de Procedimiento Civil. Indica el Ministro
del Interior en este sentido que el Consejo de Estado, al
decidir sobre este punto específico en el fallo del proceso de
pérdida de investidura de la representante Yidis Medina,
aplicó el inciso cuarto del artículo 151 del Código de
Procedimiento Civil -en virtud del cual “[n]o serán
recusables, ni podrán declararse impedidos, los magistrados
o jueces a quienes corresponde conocer de la recusación”-,
para concluir que durante el proceso de aprobación de una
reforma constitucional por el Congreso se aplica la regla
según la cual no hay impedimento ni recusación para
resolver sobre impedimentos y recusaciones, por lo cual en
este caso no existió vicio al permitir la participación de los
congresistas que habían presentado declaraciones de impedimento
en la votación de los demás impedimentos.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
62
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
Sin embargo, la Corte no puede aceptar esta interpretación del
Ministro. Es claro que en principio existe un silencio en el régimen
legal aplicable a los impedimentos y recusaciones de los
congresistas, en cuanto a los detalles específicos del trámite de su
discusión y votación. También es cierto que el artículo 3° de la Ley
5ª de 1992, sobre fuentes de interpretación del Reglamento del
Congreso, establece que “cuando en el presente Reglamento no se
encuentre disposición aplicable, se acudirá a las normas que regulen
casos, materias o procedimientos semejantes y, en su defecto, la
jurisprudencia y la doctrina constitucional”. Pero la Corte se
aparta de las conclusiones del Ministro por cuatro razones:
(a) no es cierto que ninguna norma del Reglamento del
Congreso no resulte aplicable a este tema; (b) sin perjuicio
de lo anterior, no es válido afirmar que en virtud del artículo
3° de la Ley 5ª de 1992 se haya de aplicar a este caso el
régimen establecido en el Código de Procedimiento Civil
sobre impedimentos y recusaciones de los jueces, que -a
juicio de esta Corporación- no es un ámbito normativo
semejante; (c) incluso si se hubiese de aceptar en gracia de
discusión que el régimen del Código de Procedimiento Civil
efectivamente es aplicable a este tema, considera la Corte
que las normas que invocan el Ministro no es la
correctamente aplicable a este tema; y (d) en cualquier
caso, ésta es una interpretación de lo acaecido efectuada a
posteriori tanto por el Ministro, que no afecta el hecho de
que durante el trámite mismo de los impedimentos y
recusaciones durante el proceso de aprobación de este acto
legislativo, no sólo no se invocó el régimen del Código de
Procedimiento Civil, sino que se visualizó el tema de los
impedimentos y las recusaciones desde una óptica
procedimental completamente distinta, que cobra mayor
relevancia para efectos del control constitucional. Estas
cuatro razones se explicarán con mayor detalle a continuación.
(…)
La Corte concluye, a la luz de las anteriores consideraciones,
que no es de recibo la tesis, en el sentido de que es aplicable
al tema del debate y votación de los impedimentos en el
Congreso el régimen procedimental establecido por el
Código de Procedimiento Civil para las recusaciones de los
jueces, ni otro establecido en códigos aplicables en el ámbito
judicial. Es así como ninguna norma de la Constitución o de
la Ley 5ª de 1992 prohíbe que quien se ha declarado
impedido participe en la decisión de los impedimentos
manifestados por otros congresistas. Lo que está vedado es
que el congresista que ha solicitado ser declarado impedido,
vote a favor o en contra de su propio impedimento. No
obstante, nada prohíbe que decida sobre los impedimentos
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
63
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
manifestados por otros congresistas. En efecto, no hay
prohibición expresa al respecto y no se pueden trasladar al
proceso legislativo reglas típicas de los procesos judiciales.
Mucho menos puede hacerse ese traslado cuando ello
implica separar al congresista del ejercicio de sus funciones
de representación política, lo cual sólo procede cuando se le
ha ‘aceptado el impedimento’, como lo establecen
expresamente los artículos 124 y 293 de la Ley 5ª de 1992.
Sólo cuando se le ha aceptado el impedimento, cabe excusar
a un congresista del deber de votar. Además, como se
mencionó, existen normas de alcance general, como las relativas a
las funciones y potestades de las Mesas Directivas de las Cámaras
Legislativas, que son relevantes para examinar, desde la
perspectiva del control constitucional, la forma como se
desenvuelve la discusión y la votación sobre los impedimentos
presentados por los congresistas (Ley 5ª de 1992. art. 43-4).
(…)
Adicionalmente, insiste la Corte en que los congresistas
tienen el deber de asistir a las sesiones del Congreso y votar
en las decisiones que adopten las Cámaras (Ley 5ª de 1992.
art. 127); el Reglamento del Congreso no efectúa distinción
alguna en cuanto al alcance de este deber de votar, es decir,
no lo restringe exclusivamente a los proyectos de ley o acto
legislativo que se encuentren a consideración de las
Cámaras, se extiende, por lo tanto, a todos los asuntos cuya
decisión se plantee a los congresistas, incluyendo la
definición de los impedimentos por conflictos de interés. Los
congresistas sólo pueden ser excusados de este deber de decidir
efectivamente después de que les haya sido aceptado el
impedimento, como lo disponen expresamente los artículos 124 y
293 de la Ley 5ª de 1992. Esto es entendible, dado que los
congresistas representan a sus electores y no pueden eludir
su función de representación política para la cual fueron
elegidos sin que previamente se les haya aceptado el
impedimento por la plenaria o la comisión constitucional
permanente de cada cámara. De lo contrario, sería fácil
evadir el cumplimiento de sus responsabilidades y también
se abrirá la puerta para paralizar la actividad del Congreso.
Así lo ha dicho también el Consejo de Estado e inclusive lo
reiteró al decidir sobre la demanda de pérdida de investidura
contra la representante a la Cámara Yidis Medina, demanda
que no prosperó.
Así las cosas, los argumentos expuestos en la demanda parten
entonces de un supuesto equivocado, pues bajo ninguna
circunstancia la manifestación personal de un impedimento
equivale directamente a estar impedido para decidir de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
64
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
fondo respecto de otras materias, así las mismas guarden
una relación de conexidad material con el asunto que
fundamentó dicha declaración, como lo es, en este caso,
participar en la decisión de otros impedimentos. La razón
para que ello ocurra se encuentra en que mientras la
situación de la persona que manifiesta un impedimento no
se resuelva por la autoridad competente, ella puede proferir
todos los actos que correspondan al ámbito ordinario de su
competencia, ya que no existe una decisión que
formalmente la inhabilite para el efecto, como
manifestaciones de los principios constitucionales de buena
fe y celeridad de los procedimientos.
(…)
La tesis de la pérdida de la capacidad o competencia de los
congresistas para resolver los otros impedimentos conduce
al absurdo que cuando la mayoría de los miembros de una
Comisión o Cámara declaran su impedimento, se afectaría
no sólo el quórum sino que se paralizaría la actividad
legislativa por la falta de congresistas para resolver los
impedimentos comunes. Ya el Consejo de Estado ha reseñado
que las causales que conducen a la disolución del quórum son
taxativas, y dentro de las mismas, no se encuentra referenciada la
proposición de impedimentos. Por otra parte, esa misma
Corporación fue clara en establecer que los miembros que siguen
en la lista electoral solamente pueden ser convocados cuando strictu
sensu existe una falta temporal o absoluta (C.P. art. 261), la cual
en materia de impedimento solamente puede ocurrir (sobre
la hipótesis de la fuerza mayor) cuando el impedimento es
aceptado, antes solo existe una manifestación que no
produce otro efecto que suspender el trámite del proyecto
de ley o de acto legislativo mientras se define su
procedencia.
(…)
Siendo ello así, no puede aceptarse la tesis de la
imposibilidad de definir los impedimentos de otros, pues en
la práctica se podría llegar a un “callejón sin salida”. En
efecto, si el número de miembros del parlamento se redujera
hasta un quantum inferior al número necesario para
conformar el quórum decisorio, no podrían definirse los
impedimentos, sacrificando la función legislativa y, por
ende, desconociendo el principio democrático en la
formación de las leyes, que se manifiesta en que el pueblo
pueda pronunciarse mediante la actividad legítima de sus
representantes. Hasta que un impedimento no es aceptado, no es
posible convocar a los miembros que siguen en la lista electoral (mal
llamados suplentes), pues no existe falta alguna en términos
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
65
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
constitucionales, ya que sólo hay una manifestación que per se no
resulta vinculante.
Finalmente, la Corte también valora que, según la práctica
parlamentaria, tal y como se ilustra con los setenta (70)
casos reseñados en el Anexo I, cuando varios congresistas
manifiestan simultáneamente sus impedimentos y éstos son
debatidos conjuntamente, cada congresista solo se abstiene
de votar sobre su propio impedimento. Fue con base en dicha
práctica parlamentaria que los presidentes de las plenarias o de las
Comisiones Constitucionales permanentes, dejaron en libertad a los
congresistas de decidir si participaban o no en la decisión de los
impedimentos expresados por sus colegas. Las decisiones de los
respectivos presidentes no fueron objeto de ninguna apelación ante
las plenarias o comisiones correspondientes (artículo 44 Ley 5ª de
1992). Era razonable, pues, que dicha práctica parlamentaria se
mantuviera en este caso.
Por las anteriores razones, considera la Corte que no vulnera
ni el Reglamento del Congreso ni la Carta Política el que los
congresistas que se han declarado impedidos en relación
con un determinado asunto participen en el trámite de
resolución de los demás impedimentos formulados en
relación con el mismo asunto, aun cuando la causal invocada
es semejante […]”51 (Negrillas y subrayas fuera de texto)
A su vez, en sentencia C-337 de 3 de mayo de 2006, la Corte explicó:
“[…] En efecto, en materia del procedimiento de resolución
de los impedimentos, ninguna norma de la Carta Política
como de la Ley 5 de 1992, expresamente prohíbe, y de
manera general, que el Congresista que se ha declarado
impedido pueda participar en la decisión de los
impedimentos presentados por otros congresistas, pues lo
que si les está vedado es participar en la decisión de su
propia solicitud de impedimento, así como cuando se les
acepta un impedimento, procede excusar del deber de votar
que tienen. Un entendimiento contrario de las disposiciones
que regulan el tema puede traer como consecuencia la
imposibilidad de definir los impedimentos que se presenten
por varios Congresistas a la vez, llegándose en la práctica a
lo que se denominó un “callejón sin salida”, pues podría en
51 Corte Constitucional, sentencia C-1040 de 19 de octubre de 2005, magistrados ponentes Manuel
José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra
Porto, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
66
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
un momento dado reducirse el quórum decisorio a un
quantum inferior al necesario para resolverlos. Como también
se determinó en la Sentencia citada, debe valorarse la práctica
parlamentaria que ha sido consistente al respecto y armónica con
cada uno de los casos que se han presentado, sin que por ello se
incurra en un vicio de procedimiento […]”52 (Negrillas y subrayas
fuera de texto).
Y, consecuente con este pronunciamiento constitucional, la Sala
Plena del Consejo de Estado, en sentencia de pérdida de investidura
de 11 de mayo de 2009, reiteró que:
“[…] La Carta Política impone a los congresistas el deber de poner
en conocimiento de la respectiva Cámara las situaciones de orden
moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de
los asuntos sometidos a su consideración. La Ley 5ª de 1992 -
Sección IV, reguló lo relativo a la aplicación, declaración,
comunicación y efectos del impedimento y la recusación y el artículo
286 reitera el deber que tienen de declararse impedidos “… de
participar en los debates y votaciones respectivas …”.
El artículo 291 ibídem indica en concreto el trámite que debe
imprimirse a la manifestación, señalando que todo Senador o
Representante solicitará ser declarado impedido para conocer y
participar sobre determinado proyecto o decisión trascendental al
observar un conflicto de interés.
De acuerdo con el contenido de estas disposiciones, es claro para
la Sala que los congresistas tienen el deber de manifestar su
impedimento siempre que se trate de “determinado
proyecto o decisión trascendental” y dentro de estas
expresiones no cabe lo relativo a la decisión que ha de
adoptarse en la respectiva Cámara respecto de la
declaración de impedimento de otro congresista.
Lo planteado por el libelista resulta contrario a los preceptos
constitucionales y legales que regulan la materia. En efecto, de un
lado, la normatividad a que se ha venido haciendo mención,
prescribe la obligación que tiene la respectiva Cámara de resolver
los impedimentos y de otro, la Ley 5ª de 1992, artículo 293 al
señalar los efectos del impedimento dispone que aceptado, el
respectivo presidente excusará de votar al congresista y que la
excusa así aceptada se entenderá válida para los efectos del
52 Corte Constitucional, sentencia C-337 de 3 de mayo de 2006.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
67
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
parágrafo del artículo 183 constitucional. Obsérvese más bien que
la inasistencia en los términos del numeral 2º del artículo 183 de la
C.N. es causal de pérdida de investidura.
En otras palabras, de conformidad con los preceptos
constitucionales y legales antes mencionados, el solo hecho
de poner en conocimiento de la respectiva cámara el
impedimento, no releva al congresista de su obligación de
asistencia, así no pueda participar para resolver su propio
impedimento.
En esta misma dirección la Corte Constitucional al resolver sobre la
exequibilidad del acto legislativo 2 de 2004, expresó:
“[…] Es así como ninguna norma de la Constitución o de la
Ley 5ª de 1992 prohíbe que quien se ha declarado impedido
participe en la decisión de los impedimentos manifestados
por otros congresistas. Lo que está vedado es que el
congresista que ha solicitado ser declarado impedido, vote a
favor o en contra de su propio impedimento. No obstante,
nada prohíbe que decida sobre los impedimentos
manifestados por otros congresistas […]”53 (Se destaca).
Con fundamento en lo expuesto, la Sala llega a la convicción de que
en el sub-lite, el Representante FERNANDO DE LA PEÑA MÁRQUEZ,
no incurrió en violación del régimen de conflicto de intereses. En
consecuencia, se denegará la solicitud de pérdida de investidura
[…]”54 (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Con fundamento en lo analizado, la Sala tiene entonces que ninguna
disposición normativa o entendimiento jurisprudencial le impedía al
accionado participar en la conformación del quorum y votación de la
recusación formulada por él en contra de la diputada MARISELA
DUARTE RODRÍGUEZ, durante el proceso de la elección del
secretario general para la vigencia 2025, habida cuenta que lo que sí
les está vedado es participar en la decisión de su propia
manifestación de impedimento o trámite de recusación en su contra,
53 Idem.
54 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de mayo de
2009, número único de radicación 11001-03-15-000-2009-00043-00(PI), consejero ponente
Alfonso Vargas Rincón.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
68
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
así como cuando ya se le hubiere aceptado un impedimento y
procede el abandono del recinto.
La del asunto bajo examen, no es una situación de aquellas que
permitiera al accionado excusarlo de su deber constitucional de
asistir a las sesiones y votar todos los asuntos sometidos a su
conocimiento. Un entendimiento contrario de las disposiciones que
regulan el tema, puede traer como consecuencia, en los términos de
las jurisprudencias constitucionales y contencioso administrativas, la
imposibilidad de definir los impedimentos que se presenten por
varios diputados a la vez, llegándose en la práctica a lo que se
denomina un “callejón sin salida” o un bloqueo en el funcionamiento
natural de la corporación, luego de reducirse el quorum decisorio a
un número inferior al necesario para resolverlos.
En suma, ante el supuesto de que el escrito de 28 de noviembre de
2024 sí hubiese constituido una recusación formalmente
considerada, la Sala tampoco pudo comprobar la existencia de un
interés particular, actual y directo del accionado, o de su cónyuge o
compañero o compañera permanente, o de alguno de sus parientes
dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
primero civil, de orden moral o económico, durante la decisión de la
referida recusación en el trámite de la elección del secretario general
de la Asamblea de Casanare, vigencia 2025.
V.5.- A partir de las razones expuestas, y encontrándose desvirtuado
el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura
consistente en la supuesta transgresión del conflicto de intereses, la
Sala procederá a revocar la sentencia apelada y, en consecuencia,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
69
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
denegará la desinvestidura del señor WILDER ANDRÉS ÁVILA
TIBAVIJA, diputado de Casanare, sin que resulte necesario
adentrarse en los restantes argumentos de los recursos de apelación.
V.6.- Por último, la Sala se abstendrá de compulsar copias a la
Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación,
por cuanto no observa la eventual comisión de faltas disciplinarias o
delitos por parte del accionado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 19 de septiembre de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare y, en su lugar,
DENEGAR la pérdida de investidura del señor WILDER ANDRÉS
ÁVILA TIBAVIJA, diputado de Casanare.
SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de 23 de abril de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
70
Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00078 01
Solicitante: HERNÁN MATEO TARQUINO RINCÓN
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.