Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06440-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-06440-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06440-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06440-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
29 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06440-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: ERNESTO CUELLAR REINA
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR
FALTA DEL REQUISITO GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD. EL
ACTOR CUENTA CON OTRO MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL PARA
REPROCHAR LAS INCONFORMIDADES EXPUESTAS.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD
SOCIAL, IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra la CORTE CONSTITUCIONAL y su SECRETARÍA
GENERAL1.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
1
En adelante la Secretaría.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06440-00
Actor: ERNESTO CUELLAR REINA
El señor ERNESTO CUELLAR REINA, actuando en nombre propio,
en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad
y a la participación ciudadana, los cuales estima vulnerados por la
CORTE CONSTITUCIONAL y su SECRETARÍA, al haber proferido,
entre otros, el Auto 841 de 17 de junio de 2025, dentro del
expediente identificado con el número único de radicación D-15.989
y, además, por cuanto sus magistrados no se han pronunciado y/o
resuelto sobre el presunto conflicto de interés que tienen para
conocer del asunto y tampoco han dado trámite a la solicitud de
intervención que presentó el 10 de septiembre de ese año.
I.2. Hechos
Indicó que el 10 de septiembre de 2025, presentó ante la Corte
Suprema de Justicia un escrito en defensa de sus derechos frente a
la Ley 2381 de 16 de julio de 20242 que regula la reforma pensional.
Sostuvo que, mediante auto de 11 de septiembre de 2025, el
magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito remitió el documento
a la Corte Constitucional, al considerar que debía tramitarse como
intervención ciudadana.
2
"Por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y
muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones".
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06440-00
Actor: ERNESTO CUELLAR REINA
Señaló que la Corte Constitucional recibió el escrito y lo incorporó al
expediente D-15989, cuya ponencia está a cargo del magistrado
Jorge Enrique Ibáñez Najar, lo cual le fue informado por la Secretaría
mediante Oficio de 8 de octubre de 2025, pero sin otorgarle trámite
de acción de tutela ni garantizarle el derecho a ser oído.
Resaltó que los magistrados que integran la Corte Constitucional son,
en su mayoría, beneficiarios o potenciales favorecidos del régimen
pensional anterior, el cual precisamente es modificado o eliminado
por la Ley 2381 de 2024.
I.3. Fundamentos de la solicitud
El actor manifestó que la presente acción de tutela se apoya en la
necesidad de garantizar la imparcialidad judicial, principio esencial
del debido proceso, cuando el juez o magistrado tiene un interés
ideológico, institucional o personal en el resultado del proceso.
Afirmó que la parcialidad del magistrado Jorge Enrique Ibañez Najar
se puede ver afectada, toda vez que la eventual inexequibilidad de
la Ley 2381 de 2024, favorecería el mantenimiento de altos subsidios
pensionales en COLPENSIONES, de los cuales se benefician
directamente funcionarios públicos con altos ingresos -incluidos
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06440-00
Actor: ERNESTO CUELLAR REINA
magistrados de las Altas Cortes-, mientras ello perjudica la equidad
pensional de los colombianos de menores ingresos y en estado de
pobreza monetaria.
Adujo que: “[…] El magistrado Ibáñez ha manifestado públicamente
su convicción de no pensionarse mientras viva y su eventual
pertenencia a un fondo privado de pensiones, lo que evidencia una
postura ideológica marcada sobre el tema y un eventual interés
futuro en los efectos de la sentencia. En la práctica, de mantenerse
el esquema actual y no aplicarse la reforma, esa posición podría
favorecer una herencia económica considerable para sus allegados,
o incluso, si se encuentra aportando en COLPENSIONES, el
reconocimiento de una indemnización o beneficio pensional a su
cónyuge o beneficiarios. Eso ya constituiría, sino se subsano su
promesa, presunta mala fe manipuladora, por haber sido expresa y
verbal su promesa, que colinda con la transparencia en su actuación
[…]”.
Asimismo, aseguró que “[…] Al decir de la opinión pública y el mismo
ministerio público, el magistrado, por escudriñar minucias, alargó la
entrega de la ponencia, afectando gravemente la estabilidad jurídica
y fiscal, en una aparentemente y tácita protección del desequilibrado
régimen de los fondos privados de pensiones (el mayor número de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06440-00
Actor: ERNESTO CUELLAR REINA
pensionados en dichos fondos, requieren subsidio estatal, los de
mayores ingresos regresan por subsidios en el régimen de prima
media, y estos fondos gozan de una escalada de comisiones que les
rentan anualidades superiores al 30%, o cobran comisión sobre
inversiones en deuda pública de la Nación, además de la rentabilidad
asegurada, y todo con cargo a los aportantes afiliados, disminuyendo
su base pensional) […]”.
Finalmente, insistió en que se configura una duda razonable sobre la
imparcialidad del magistrado sustanciador del proceso, cuya
intervención en el caso puede afectar la confianza ciudadana en la
administración de justicia y vulnerar sus derechos fundamentales,
razón por la que, a su juicio, lo más razonable es que la Corte
Constitucional se declare inhibida para emitir un fallo de
constitucionalidad frente a la referida reforma pensional.
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados,
y, en consecuencia, pidió lo siguiente:
“[…] 3. Solicitud
Por lo expuesto, solicito respetuosamente:
1. Admitir la acción de tutela presentada, en tanto cumple los
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06440-00
Actor: ERNESTO CUELLAR REINA
requisitos formales y sustanciales.
2. Evaluar la imparcialidad del magistrado José Fernando Ibáñez,
por presunto interés ideológico y estructural en el resultado del
proceso.
3. Garantizar la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad material y seguridad social.
4. Velar por la preservación de la equidad y sostenibilidad del
sistema pensional colombiano, conforme a los principios
constitucionales.
5. Prever un esquema transaccional y transitorio, como ya ha
sucedido, para que se instrumente, desde ya, la reforma en lo
básico, y dando un término al gobierno nacional y al Congreso de
la República para que se subsanen los puntos que defina la Corte
en fallo de exequibilidad condicionada. En tal sentido, levantar el
auto que suspendió la vigencia de la reforma.
6. Reiterar la oportunidad al suscrito tutelante o peticionario de un
espacio para ampliar personalmente lo expuesto […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- La SECRETARÍA informó que remitió copia digital del
expediente D-15989, en cumplimiento de lo ordenado en el auto
admisorio de la presente acción constitucional.
Indicó que el 10 de septiembre de 2025, el actor presentó ante la
Corte Suprema de Justicia un escrito denominado “acción de tutela”
invocando la protección de sus derechos frente a la Ley 2381 de
2024, el cual fue tramitado como una intervención ciudadana y, por
lo tanto, se remitió a la Corte Constitucional.
Finalmente, aseguró que le informó al actor que debido a que su
solicitud no se trataba de una acción de tutela sino de un escrito
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06440-00
Actor: ERNESTO CUELLAR REINA
ciudadano relacionado con la reforma pensional, este había sido
incorporado al expediente D-15989.
I.5.2.- La CORTE CONSTITUCIONAL, a través de su
vicepresidenta la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera,
solicitó denegar el amparo deprecado, toda vez que no existió
vulneración alguna a los derechos fundamentales invocados por el
accionante, debido a que se ha actuado de conformidad con el
ordenamiento jurídico y la acción de tutela de la referencia no está
llamada a prosperar en tanto el Auto 841 de 17 de junio de 2025 se
adecua a los presupuestos procesales y a los principios
constitucionales aplicables.
Señaló que el 10 de septiembre de 2025, el accionante radicó en la
Corte Suprema de Justicia un escrito denominado “acción de tutela”
en defensa de sus derechos frente a la Ley 2381 de 2024 (reforma
pensional), el cual les fue remitido por considerarse que se trataba
de una intervención ciudadana y, por ende, se incorporó al
expediente D-15989, situación que fue informada al actor mediante
Oficio de 8 de octubre de 2025.
Indicó que el escrito presentado por el actor no solo fue atendido de
manera oportuna, sino que además se le impartió el trámite
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06440-00
Actor: ERNESTO CUELLAR REINA
correspondiente de acuerdo con su contenido, sin que ello comporte
un desconocimiento del “derecho a ser oído” invocado por aquel, en
tanto será valorado como una intervención ciudadana dentro del
citado expediente.
Sostuvo que, si en gracia de discusión se aceptara que el escrito
presentado por el actor no se trataba de una intervención ciudadana
sino de una acción de tutela, resultaba pertinente recordar que la
Corte Constitucional carece de competencia funcional para actuar
como juez de instancia en materia de tutela de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 9 del artículo 241 de la Constitución, que
faculta a dicha Corporación para la eventual revisión de las decisiones
adoptadas por los jueces competentes y no para el conocimiento
directo o inicial de las referidas acciones.
Frente a la inconformidad del actor relativa a la suspensión de
términos prevista en el Auto 841 del 17 de junio de 2025, advirtió
que las medidas adoptadas en la mencionada providencia se
fundamentaron en la configuración del fenómeno de prejudicialidad
que encontró el magistrado sustanciador del proceso en el marco del
control de constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024, lo cual se
ajusta a las reglas contenidas en los artículos 161 y 162 del Código
General del Proceso (CGP) y a criterios constitucionales como el
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06440-00
Actor: ERNESTO CUELLAR REINA
principio de economía procesal.
Por último, adujo que, en cumplimiento del auto admisorio de la
acción de tutela de la referencia, la SECRETARÍA envió copia del
expediente D-15989, así como una copia del informe solicitado sobre
el trámite impartido a la solicitud del accionante.
I.5.3.- El CONGRESO LA REPÚBLICA, a través del secretario
general del Senado, solicitó su desvinculación de la presente acción
de tutela, por cuanto las pretensiones del actor se dirigen contra la
Corte Constitucional en el marco del control abstracto de
constitucionalidad respecto de la Ley 2381 de 2024, tramitado dentro
del expediente D-15989, frente a lo cual no cuenta con competencia
alguna para influir, intervenir, orientar o revisar.
Asimismo, frente al reproche relativo a que se encuentra
comprometido el principio de imparcialidad judicial por el supuesto
interés personal de los magistrados que integran la Corte
Constitucional por ser eventualmente beneficiarios de regímenes
pensionales modificados por la citada ley, resaltó que no se cumple
el requisito general de la subsidiariedad, toda vez que el actor tiene
a su alcance otro medio de defensa judicial, esto es, el trámite de
impedimentos y recusaciones previsto en los artículos 25 y siguientes
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06440-00
Actor: ERNESTO CUELLAR REINA
del Decreto 2067 de 4 de septiembre de 19913, los cuales regulan de
manera expresa dichos procedimientos en procesos de control
abstracto de constitucionalidad.
I.5.4.- La PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN afirmó que
una vez revisado el sistema de información de la entidad -SIGDEA y
DOKUS- no se halló queja o solicitud alguna radicada por el
accionante que guarde relación con los hechos y pretensiones que
motivan la presente acción de tutela.
Por lo anterior, solicitó su desvinculación de la acción constitucional
de la referencia por falta de legitimación en la causa por pasiva, por
cuanto no le es atribuible acción u omisión alguna que vulnere los
derechos fundamentales invocados por el actor.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
3
“Por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la
Corte Constitucional”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06440-00
Actor: ERNESTO CUELLAR REINA
11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones; y
del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
Cuestiones previas
Antes de resolver la presente acción de tutela, la Sala se pronunciará
respecto de los siguientes aspectos concernientes a: i) las solicitudes
de desvinculacion por falta de legitimación en la causa por pasiva
presentadas por el CONGRESO DE LA REPÚBLICA y la
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y ii) el recurso de
reposición y, en subsidio, de apelación, interpuesto por el actor
contra el literal f del auto de 5 de noviembre de 2025.
i) De las solicitudes de desvinculacion por falta de
legitimación en la causa por pasiva
La Sala advierte que el CONGRESO DE LA REPÚBLICA y la
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN solicitaron su
desvinculación en la presente acción de tutela, por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06440-00
Actor: ERNESTO CUELLAR REINA
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06440-00
Actor: ERNESTO CUELLAR REINA
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que el CONGRESO DE LA REPÚBLICA y la
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN hacen parte del
proceso de constitucionalidad cuyo trámite es objeto de la presente
acción de tutela, como terceros les asiste interés, razón por la cual
la Sala denegará sus solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en
la parte resolutiva de la presente providencia.
i) Del recurso el recurso de reposición y, en subsidio, de
apelación, interpuesto por el actor contra el literal f
del auto admisorio
Mediante memorial de 11 de noviembre de 2025, el actor interpuso
recurso de reposición y, en subsidio apelación, contra la decisión
adoptada en el ordinal f) del auto admisorio de 5 de noviembre de
2025, mediante el cual no se accedió a la medida provisional
solicitada dentro de la presente acción de tutela.
Frente a este punto, se advierte que teniendo en cuenta la naturaleza
preferente y sumaria que caracteriza a las acciones de tutela, la cual
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06440-00
Actor: ERNESTO CUELLAR REINA
no puede verse comprometida por la interposición de recursos
abiertamente improcedentes y aunado al hecho de que en este
momento procesal se profiere el fallo de la solicitud de amparo, la
Sala se relevará de hacer pronunciamiento alguno al respecto.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19914. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso concreto
En el presente caso, el actor instauró acción de tutela con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la seguridad social, a la igualdad y a la participación
ciudadana, los cuales estima vulnerados por la CORTE
4
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06440-00
Actor: ERNESTO CUELLAR REINA
CONSTITUCIONAL y su SECRETARÍA, al haber proferido, entre
otros, el Auto 841 de 17 de junio de 2025, dentro del expediente
identificado con el número único de radicación D-15.989 y, además,
por cuanto sus magistrados no se han pronunciado y/o resuelto sobre
el presunto conflicto de interés que tienen para conocer del asunto y
tampoco han dado trámite a la solicitud de intervención que presentó
el 10 de septiembre de 2025.
En primera medida, resulta del caso aclarar que, pese a que el actor
en su escrito mencionó el Auto 841 de 17 de junio de 2025, proferido
por la Corte Constitucional, mediante el cual, entre otras órdenes, se
suspendió la entrada en vigencia de las normas de la Ley 2381 de
2024 hasta el día hábil siguiente a la fecha en la cual la Sala Plena
de dicha Corporación decida definitivamente sobre la
constitucionalidad de la citada ley, de los hechos y fundamentos de
derecho de la presente acción no se advierte argumento alguno que
busque controvertir dicha decisión o que le permitan al juez
constitucional hacer un estudio de la acción de tutela contra
providencia judicial, razón por la que no se hará pronunciamiento
alguno al respecto.
En efecto, de la lectura de los fundamentos de derecho y de las
pretensiones planteadas por el actor, la Sala advierte que lo
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06440-00
Actor: ERNESTO CUELLAR REINA
pretendido a través de la presente acción constitucional es
controvertir la presunta parcialidad de los magistrados de la Corte
Constitucional para conocer de la demanda de inconstitucionalidad
presentada contra la Ley 2381 de 2024.
Aclarado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en establecer si el presente caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela, en
especial, el requisito de la subsidiariedad y, de ser así, determinar si
las autoridades accionadas vulneraron los derechos deprecados por
el actor en el trámite surtido dentro del expediente D.15989, en el
que se estudia la demanda de inconstitucionalidad de la Ley 2381 de
2024.
De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del
requisito de subsidiariedad
El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por el
cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86
de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que
«existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06440-00
Actor: ERNESTO CUELLAR REINA
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y
negrillas fuera del texto).
Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo
tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en
aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.
Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los
derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural
idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las
competencias establecidas por el legislador.
No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06440-00
Actor: ERNESTO CUELLAR REINA
dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer
del fondo del asunto.»5 (Subrayas y negrillas fuera del texto).
Así las cosas, la Sala advierte que la presente acción de tutela es
improcedente por no cumplir el requisito general de la
subsidiariedad, comoquiera que el actor tiene otro medio de
defensa judicial, esto es, formular escrito de recusación dentro del
proceso de constitucionalidad que se está tramitando ante la Corte
Constitucional, expediente D.15982, a través del cual puede poner
de presente sus inconformidades frente a la presunta falta de
parcialidad de los magistrados alegada.
Lo anterior, teniendo en cuenta que, se reitera, las inconformidades
del accionante se limitan a insistir en que la parcialidad del
magistrado Jorge Enrique Ibañez Najar se puede ver afectada,
principalmente, porque la eventual inexequibilidad de la Ley 2381 de
2024 favorecería el mantenimiento de altos subsidios pensionales en
COLPENSIONES, de los cuales se benefician directamente
funcionarios públicos con altos ingresos, incluidos magistrados de las
Altas Cortes.
Al respecto, la Sala Plena de la Corporación ha señalado que tanto
los impedimentos como recusaciones “[…] están instituidos como
5 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio
Palacio.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06440-00
Actor: ERNESTO CUELLAR REINA
garantía de la imparcialidad e independencia que se le exige a los
funcionarios judiciales en el desempeño de su labor, y para que una
vez se compruebe su existencia se separe al funcionario del
conocimiento del respectivo proceso. Este instituto permite que en el
ejercicio de la función de administrar justicia se garanticen los
principios que rigen la función pública en general, artículo 209 de la
Constitución; y los de la administración de justicia en particular,
artículo 228 ibidem […]”6.
El trámite de impedimentos y recusaciones dentro de los procesos de
constitucionalidad que se surten en la Corte Constitucional se
encuentra regulado en los artículos 25 y siguientes del Decreto 2067
de 1991 y la misma debe proponerse ante dicha Corporación, razón
por la cual para la Sala resulta evidente que la acción de tutela de la
referencia no es el mecanismo judicial idóneo para estudiar las
pretensiones del actor.
Ahora, el actor también pone de presente que no se ha dado trámite
a la solicitud de intervención que presentó el 10 de septiembre de
2025, frente a la cual la Sala advierte que tampoco se cumple el
requisito de subsidiariedad, toda vez que la misma ya fue
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 25 de agosto de 2015, C.P.
Alberto Yepes Barrero (E), expediente IJ-2011-0013 (Acumulado), criterio reiterado en proveídos de
21 de abril de 2021, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, expediente núm.11001-03-15-000-2021-01221-
00, y 28 de septiembre de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente núm. 11001-03-15-000-
2019-01602-02.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06440-00
Actor: ERNESTO CUELLAR REINA
incorporada al expediente D.15989 y se le está impartiendo el
trámite pertinente, como se advierte del Oficio de 8 de octubre de
ese año, mediante el cual la Secretaría General de la Corte
Constitucional, le informó lo siguiente:
[…] El escrito que usted presentó inicialmente ante la Corte
Suprema de Justicia fue evaluado por dicha Corporación
mediante Auto del 11 de septiembre de 2025, proferido por el
Magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito, quien concluyó
que el contenido del documento no correspondía a una acción de
tutela, sino a una solicitud dirigida a la Corte Constitucional para
que se pronunciara sobre la exequibilidad de la Ley 2381 de
2024 (Reforma Pensional). Por esta razón, la Corte Suprema
remitió su escrito a la Corte Constitucional para que se le diera
el trámite correspondiente.
Una vez recibido su escrito en la Corte Constitucional, este fue
incorporado al expediente D 15989, el cual corresponde a una
demanda de inconstitucionalidad que actualmente cursa contra
la mencionada ley. Es decir, su escrito ciudadano fue incluido
dentro del proceso que ya se encuentra en curso sobre la
constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024.
Asimismo, le informamos que el 25 de septiembre de 2025, el
contenido de su escrito fue puesto en conocimiento del despacho
del Magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien es el
encargado de estudiar dicho expediente. En ese contexto, su
escrito —incluida la petición de que la Corte Constitucional se
declare inhibida en caso de existir conflicto de interés— será
valorado dentro del trámite del proceso, conforme a las reglas
establecidas en el Decreto 2067 de 1991, que regula los
procedimientos de control constitucional. […]”
Lo anterior demuestra de forma evidente que el actor pretende
utilizar la acción de tutela como un mecanismo paralelo y alternativo
al proceso ordinario para formular sus reproches, lo cual resulta
abiertamente improcedente.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06440-00
Actor: ERNESTO CUELLAR REINA
Aunado a lo anterior, la Sala no advierte la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela de la referencia
como mecanismo transitorio, dado que sobre tal aspecto ni siquiera
se hace mención en el escrito introductorio, sin que en todo caso de
las circunstancias fácticas probadas se pueda advertir tal situación.
Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente la
solicitud de amparo por incumplimiento del requisito general de la
subsidiariedad, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentadas por el CONGRESO
DE LA REPÚBLICA y la PROCURADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06440-00
Actor: ERNESTO CUELLAR REINA
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 29 de enero de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.