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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06440-00

Fecha
29 de enero de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06440-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentadas por el CONGRESO DE LA REPÚBLICA y la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, de Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 22 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06440-00 Actor: ERNESTO CUELLAR REINA conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06440-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

29 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06440-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: ERNESTO CUELLAR REINA

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR
FALTA DEL REQUISITO GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD. EL
ACTOR CUENTA CON OTRO MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL PARA
REPROCHAR LAS INCONFORMIDADES EXPUESTAS.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD
SOCIAL, IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra la CORTE CONSTITUCIONAL y su SECRETARÍA

GENERAL1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

1
En adelante la Secretaría.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06440-00
Actor: ERNESTO CUELLAR REINA

El señor ERNESTO CUELLAR REINA, actuando en nombre propio,

en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la

Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad

y a la participación ciudadana, los cuales estima vulnerados por la

CORTE CONSTITUCIONAL y su SECRETARÍA, al haber proferido,

entre otros, el Auto 841 de 17 de junio de 2025, dentro del

expediente identificado con el número único de radicación D-15.989

y, además, por cuanto sus magistrados no se han pronunciado y/o

resuelto sobre el presunto conflicto de interés que tienen para

conocer del asunto y tampoco han dado trámite a la solicitud de

intervención que presentó el 10 de septiembre de ese año.

I.2. Hechos

Indicó que el 10 de septiembre de 2025, presentó ante la Corte

Suprema de Justicia un escrito en defensa de sus derechos frente a

la Ley 2381 de 16 de julio de 20242 que regula la reforma pensional.

Sostuvo que, mediante auto de 11 de septiembre de 2025, el

magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito remitió el documento

a la Corte Constitucional, al considerar que debía tramitarse como

intervención ciudadana.

2
"Por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y
muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones".

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Actor: ERNESTO CUELLAR REINA

Señaló que la Corte Constitucional recibió el escrito y lo incorporó al

expediente D-15989, cuya ponencia está a cargo del magistrado

Jorge Enrique Ibáñez Najar, lo cual le fue informado por la Secretaría

mediante Oficio de 8 de octubre de 2025, pero sin otorgarle trámite

de acción de tutela ni garantizarle el derecho a ser oído.

Resaltó que los magistrados que integran la Corte Constitucional son,

en su mayoría, beneficiarios o potenciales favorecidos del régimen

pensional anterior, el cual precisamente es modificado o eliminado

por la Ley 2381 de 2024.

I.3. Fundamentos de la solicitud

El actor manifestó que la presente acción de tutela se apoya en la

necesidad de garantizar la imparcialidad judicial, principio esencial

del debido proceso, cuando el juez o magistrado tiene un interés

ideológico, institucional o personal en el resultado del proceso.

Afirmó que la parcialidad del magistrado Jorge Enrique Ibañez Najar

se puede ver afectada, toda vez que la eventual inexequibilidad de

la Ley 2381 de 2024, favorecería el mantenimiento de altos subsidios

pensionales en COLPENSIONES, de los cuales se benefician

directamente funcionarios públicos con altos ingresos -incluidos

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magistrados de las Altas Cortes-, mientras ello perjudica la equidad

pensional de los colombianos de menores ingresos y en estado de

pobreza monetaria.

Adujo que: “[…] El magistrado Ibáñez ha manifestado públicamente

su convicción de no pensionarse mientras viva y su eventual

pertenencia a un fondo privado de pensiones, lo que evidencia una

postura ideológica marcada sobre el tema y un eventual interés

futuro en los efectos de la sentencia. En la práctica, de mantenerse

el esquema actual y no aplicarse la reforma, esa posición podría

favorecer una herencia económica considerable para sus allegados,

o incluso, si se encuentra aportando en COLPENSIONES, el

reconocimiento de una indemnización o beneficio pensional a su

cónyuge o beneficiarios. Eso ya constituiría, sino se subsano su

promesa, presunta mala fe manipuladora, por haber sido expresa y

verbal su promesa, que colinda con la transparencia en su actuación

[…]”.

Asimismo, aseguró que “[…] Al decir de la opinión pública y el mismo

ministerio público, el magistrado, por escudriñar minucias, alargó la

entrega de la ponencia, afectando gravemente la estabilidad jurídica

y fiscal, en una aparentemente y tácita protección del desequilibrado

régimen de los fondos privados de pensiones (el mayor número de

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pensionados en dichos fondos, requieren subsidio estatal, los de

mayores ingresos regresan por subsidios en el régimen de prima

media, y estos fondos gozan de una escalada de comisiones que les

rentan anualidades superiores al 30%, o cobran comisión sobre

inversiones en deuda pública de la Nación, además de la rentabilidad

asegurada, y todo con cargo a los aportantes afiliados, disminuyendo

su base pensional) […]”.

Finalmente, insistió en que se configura una duda razonable sobre la

imparcialidad del magistrado sustanciador del proceso, cuya

intervención en el caso puede afectar la confianza ciudadana en la

administración de justicia y vulnerar sus derechos fundamentales,

razón por la que, a su juicio, lo más razonable es que la Corte

Constitucional se declare inhibida para emitir un fallo de

constitucionalidad frente a la referida reforma pensional.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados,

y, en consecuencia, pidió lo siguiente:

“[…] 3. Solicitud

Por lo expuesto, solicito respetuosamente:
1. Admitir la acción de tutela presentada, en tanto cumple los

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requisitos formales y sustanciales.
2. Evaluar la imparcialidad del magistrado José Fernando Ibáñez,
por presunto interés ideológico y estructural en el resultado del
proceso.
3. Garantizar la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad material y seguridad social.
4. Velar por la preservación de la equidad y sostenibilidad del
sistema pensional colombiano, conforme a los principios
constitucionales.
5. Prever un esquema transaccional y transitorio, como ya ha
sucedido, para que se instrumente, desde ya, la reforma en lo
básico, y dando un término al gobierno nacional y al Congreso de
la República para que se subsanen los puntos que defina la Corte
en fallo de exequibilidad condicionada. En tal sentido, levantar el
auto que suspendió la vigencia de la reforma.
6. Reiterar la oportunidad al suscrito tutelante o peticionario de un
espacio para ampliar personalmente lo expuesto […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- La SECRETARÍA informó que remitió copia digital del

expediente D-15989, en cumplimiento de lo ordenado en el auto

admisorio de la presente acción constitucional.

Indicó que el 10 de septiembre de 2025, el actor presentó ante la

Corte Suprema de Justicia un escrito denominado “acción de tutela”

invocando la protección de sus derechos frente a la Ley 2381 de

2024, el cual fue tramitado como una intervención ciudadana y, por

lo tanto, se remitió a la Corte Constitucional.

Finalmente, aseguró que le informó al actor que debido a que su

solicitud no se trataba de una acción de tutela sino de un escrito

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ciudadano relacionado con la reforma pensional, este había sido

incorporado al expediente D-15989.

I.5.2.- La CORTE CONSTITUCIONAL, a través de su

vicepresidenta la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera,

solicitó denegar el amparo deprecado, toda vez que no existió

vulneración alguna a los derechos fundamentales invocados por el

accionante, debido a que se ha actuado de conformidad con el

ordenamiento jurídico y la acción de tutela de la referencia no está

llamada a prosperar en tanto el Auto 841 de 17 de junio de 2025 se

adecua a los presupuestos procesales y a los principios

constitucionales aplicables.

Señaló que el 10 de septiembre de 2025, el accionante radicó en la

Corte Suprema de Justicia un escrito denominado “acción de tutela”

en defensa de sus derechos frente a la Ley 2381 de 2024 (reforma

pensional), el cual les fue remitido por considerarse que se trataba

de una intervención ciudadana y, por ende, se incorporó al

expediente D-15989, situación que fue informada al actor mediante

Oficio de 8 de octubre de 2025.

Indicó que el escrito presentado por el actor no solo fue atendido de

manera oportuna, sino que además se le impartió el trámite

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correspondiente de acuerdo con su contenido, sin que ello comporte

un desconocimiento del “derecho a ser oído” invocado por aquel, en

tanto será valorado como una intervención ciudadana dentro del

citado expediente.

Sostuvo que, si en gracia de discusión se aceptara que el escrito

presentado por el actor no se trataba de una intervención ciudadana

sino de una acción de tutela, resultaba pertinente recordar que la

Corte Constitucional carece de competencia funcional para actuar

como juez de instancia en materia de tutela de conformidad con lo

dispuesto en el numeral 9 del artículo 241 de la Constitución, que

faculta a dicha Corporación para la eventual revisión de las decisiones

adoptadas por los jueces competentes y no para el conocimiento

directo o inicial de las referidas acciones.

Frente a la inconformidad del actor relativa a la suspensión de

términos prevista en el Auto 841 del 17 de junio de 2025, advirtió

que las medidas adoptadas en la mencionada providencia se

fundamentaron en la configuración del fenómeno de prejudicialidad

que encontró el magistrado sustanciador del proceso en el marco del

control de constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024, lo cual se

ajusta a las reglas contenidas en los artículos 161 y 162 del Código

General del Proceso (CGP) y a criterios constitucionales como el

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principio de economía procesal.

Por último, adujo que, en cumplimiento del auto admisorio de la

acción de tutela de la referencia, la SECRETARÍA envió copia del

expediente D-15989, así como una copia del informe solicitado sobre

el trámite impartido a la solicitud del accionante.

I.5.3.- El CONGRESO LA REPÚBLICA, a través del secretario

general del Senado, solicitó su desvinculación de la presente acción

de tutela, por cuanto las pretensiones del actor se dirigen contra la

Corte Constitucional en el marco del control abstracto de

constitucionalidad respecto de la Ley 2381 de 2024, tramitado dentro

del expediente D-15989, frente a lo cual no cuenta con competencia

alguna para influir, intervenir, orientar o revisar.

Asimismo, frente al reproche relativo a que se encuentra

comprometido el principio de imparcialidad judicial por el supuesto

interés personal de los magistrados que integran la Corte

Constitucional por ser eventualmente beneficiarios de regímenes

pensionales modificados por la citada ley, resaltó que no se cumple

el requisito general de la subsidiariedad, toda vez que el actor tiene

a su alcance otro medio de defensa judicial, esto es, el trámite de

impedimentos y recusaciones previsto en los artículos 25 y siguientes

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del Decreto 2067 de 4 de septiembre de 19913, los cuales regulan de

manera expresa dichos procedimientos en procesos de control

abstracto de constitucionalidad.

I.5.4.- La PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN afirmó que

una vez revisado el sistema de información de la entidad -SIGDEA y

DOKUS- no se halló queja o solicitud alguna radicada por el

accionante que guarde relación con los hechos y pretensiones que

motivan la presente acción de tutela.

Por lo anterior, solicitó su desvinculación de la acción constitucional

de la referencia por falta de legitimación en la causa por pasiva, por

cuanto no le es atribuible acción u omisión alguna que vulnere los

derechos fundamentales invocados por el actor.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de

3
“Por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la
Corte Constitucional”.

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11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones; y

del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de

tutela.

Cuestiones previas

Antes de resolver la presente acción de tutela, la Sala se pronunciará

respecto de los siguientes aspectos concernientes a: i) las solicitudes

de desvinculacion por falta de legitimación en la causa por pasiva

presentadas por el CONGRESO DE LA REPÚBLICA y la

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y ii) el recurso de

reposición y, en subsidio, de apelación, interpuesto por el actor

contra el literal f del auto de 5 de noviembre de 2025.

i) De las solicitudes de desvinculacion por falta de

legitimación en la causa por pasiva

La Sala advierte que el CONGRESO DE LA REPÚBLICA y la

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN solicitaron su

desvinculación en la presente acción de tutela, por falta de

legitimación en la causa por pasiva.

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Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,

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bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que el CONGRESO DE LA REPÚBLICA y la

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN hacen parte del

proceso de constitucionalidad cuyo trámite es objeto de la presente

acción de tutela, como terceros les asiste interés, razón por la cual

la Sala denegará sus solicitudes de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en

la parte resolutiva de la presente providencia.

i) Del recurso el recurso de reposición y, en subsidio, de

apelación, interpuesto por el actor contra el literal f

del auto admisorio

Mediante memorial de 11 de noviembre de 2025, el actor interpuso

recurso de reposición y, en subsidio apelación, contra la decisión

adoptada en el ordinal f) del auto admisorio de 5 de noviembre de

2025, mediante el cual no se accedió a la medida provisional

solicitada dentro de la presente acción de tutela.

Frente a este punto, se advierte que teniendo en cuenta la naturaleza

preferente y sumaria que caracteriza a las acciones de tutela, la cual

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no puede verse comprometida por la interposición de recursos

abiertamente improcedentes y aunado al hecho de que en este

momento procesal se profiere el fallo de la solicitud de amparo, la

Sala se relevará de hacer pronunciamiento alguno al respecto.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19914. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso concreto

En el presente caso, el actor instauró acción de tutela con el fin de

obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido

proceso, a la seguridad social, a la igualdad y a la participación

ciudadana, los cuales estima vulnerados por la CORTE

4
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

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CONSTITUCIONAL y su SECRETARÍA, al haber proferido, entre

otros, el Auto 841 de 17 de junio de 2025, dentro del expediente

identificado con el número único de radicación D-15.989 y, además,

por cuanto sus magistrados no se han pronunciado y/o resuelto sobre

el presunto conflicto de interés que tienen para conocer del asunto y

tampoco han dado trámite a la solicitud de intervención que presentó

el 10 de septiembre de 2025.

En primera medida, resulta del caso aclarar que, pese a que el actor

en su escrito mencionó el Auto 841 de 17 de junio de 2025, proferido

por la Corte Constitucional, mediante el cual, entre otras órdenes, se

suspendió la entrada en vigencia de las normas de la Ley 2381 de

2024 hasta el día hábil siguiente a la fecha en la cual la Sala Plena

de dicha Corporación decida definitivamente sobre la

constitucionalidad de la citada ley, de los hechos y fundamentos de

derecho de la presente acción no se advierte argumento alguno que

busque controvertir dicha decisión o que le permitan al juez

constitucional hacer un estudio de la acción de tutela contra

providencia judicial, razón por la que no se hará pronunciamiento

alguno al respecto.

En efecto, de la lectura de los fundamentos de derecho y de las

pretensiones planteadas por el actor, la Sala advierte que lo

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pretendido a través de la presente acción constitucional es

controvertir la presunta parcialidad de los magistrados de la Corte

Constitucional para conocer de la demanda de inconstitucionalidad

presentada contra la Ley 2381 de 2024.

Aclarado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala

consiste en establecer si el presente caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela, en

especial, el requisito de la subsidiariedad y, de ser así, determinar si

las autoridades accionadas vulneraron los derechos deprecados por

el actor en el trámite surtido dentro del expediente D.15989, en el

que se estudia la demanda de inconstitucionalidad de la Ley 2381 de

2024.

De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del

requisito de subsidiariedad

El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por el

cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86

de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que

«existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo

que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un

perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será

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apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las

circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y

negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de

un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se

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dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer

del fondo del asunto.»5 (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Así las cosas, la Sala advierte que la presente acción de tutela es

improcedente por no cumplir el requisito general de la

subsidiariedad, comoquiera que el actor tiene otro medio de

defensa judicial, esto es, formular escrito de recusación dentro del

proceso de constitucionalidad que se está tramitando ante la Corte

Constitucional, expediente D.15982, a través del cual puede poner

de presente sus inconformidades frente a la presunta falta de

parcialidad de los magistrados alegada.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, se reitera, las inconformidades

del accionante se limitan a insistir en que la parcialidad del

magistrado Jorge Enrique Ibañez Najar se puede ver afectada,

principalmente, porque la eventual inexequibilidad de la Ley 2381 de

2024 favorecería el mantenimiento de altos subsidios pensionales en

COLPENSIONES, de los cuales se benefician directamente

funcionarios públicos con altos ingresos, incluidos magistrados de las

Altas Cortes.

Al respecto, la Sala Plena de la Corporación ha señalado que tanto

los impedimentos como recusaciones “[…] están instituidos como

5 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio
Palacio.

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garantía de la imparcialidad e independencia que se le exige a los

funcionarios judiciales en el desempeño de su labor, y para que una

vez se compruebe su existencia se separe al funcionario del

conocimiento del respectivo proceso. Este instituto permite que en el

ejercicio de la función de administrar justicia se garanticen los

principios que rigen la función pública en general, artículo 209 de la

Constitución; y los de la administración de justicia en particular,

artículo 228 ibidem […]”6.

El trámite de impedimentos y recusaciones dentro de los procesos de

constitucionalidad que se surten en la Corte Constitucional se

encuentra regulado en los artículos 25 y siguientes del Decreto 2067

de 1991 y la misma debe proponerse ante dicha Corporación, razón

por la cual para la Sala resulta evidente que la acción de tutela de la

referencia no es el mecanismo judicial idóneo para estudiar las

pretensiones del actor.

Ahora, el actor también pone de presente que no se ha dado trámite

a la solicitud de intervención que presentó el 10 de septiembre de

2025, frente a la cual la Sala advierte que tampoco se cumple el

requisito de subsidiariedad, toda vez que la misma ya fue

6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 25 de agosto de 2015, C.P.
Alberto Yepes Barrero (E), expediente IJ-2011-0013 (Acumulado), criterio reiterado en proveídos de
21 de abril de 2021, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, expediente núm.11001-03-15-000-2021-01221-
00, y 28 de septiembre de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente núm. 11001-03-15-000-
2019-01602-02.

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incorporada al expediente D.15989 y se le está impartiendo el

trámite pertinente, como se advierte del Oficio de 8 de octubre de

ese año, mediante el cual la Secretaría General de la Corte

Constitucional, le informó lo siguiente:

[…] El escrito que usted presentó inicialmente ante la Corte
Suprema de Justicia fue evaluado por dicha Corporación
mediante Auto del 11 de septiembre de 2025, proferido por el
Magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito, quien concluyó
que el contenido del documento no correspondía a una acción de
tutela, sino a una solicitud dirigida a la Corte Constitucional para
que se pronunciara sobre la exequibilidad de la Ley 2381 de
2024 (Reforma Pensional). Por esta razón, la Corte Suprema
remitió su escrito a la Corte Constitucional para que se le diera
el trámite correspondiente.

Una vez recibido su escrito en la Corte Constitucional, este fue
incorporado al expediente D 15989, el cual corresponde a una
demanda de inconstitucionalidad que actualmente cursa contra
la mencionada ley. Es decir, su escrito ciudadano fue incluido
dentro del proceso que ya se encuentra en curso sobre la
constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024.

Asimismo, le informamos que el 25 de septiembre de 2025, el
contenido de su escrito fue puesto en conocimiento del despacho
del Magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien es el
encargado de estudiar dicho expediente. En ese contexto, su
escrito —incluida la petición de que la Corte Constitucional se
declare inhibida en caso de existir conflicto de interés— será
valorado dentro del trámite del proceso, conforme a las reglas
establecidas en el Decreto 2067 de 1991, que regula los
procedimientos de control constitucional. […]”

Lo anterior demuestra de forma evidente que el actor pretende

utilizar la acción de tutela como un mecanismo paralelo y alternativo

al proceso ordinario para formular sus reproches, lo cual resulta

abiertamente improcedente.

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Aunado a lo anterior, la Sala no advierte la existencia de un perjuicio

irremediable que haga procedente la acción de tutela de la referencia

como mecanismo transitorio, dado que sobre tal aspecto ni siquiera

se hace mención en el escrito introductorio, sin que en todo caso de

las circunstancias fácticas probadas se pueda advertir tal situación.

Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente la

solicitud de amparo por incumplimiento del requisito general de la

subsidiariedad, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentadas por el CONGRESO

DE LA REPÚBLICA y la PROCURADURÍA GENERAL DE LA

NACIÓN, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, de

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conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente

providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 29 de enero de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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