Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 66001-23-33-000-2025-00184-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 66001-23-33-000-2025-00184-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 66001-23-33-000-2025-00184-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación núm.: 66001-23-33-000-2025-00184-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
Accionado: Carlos Mario Gil Castañeda
Tema: Causal de pérdida de investidura por violación del régimen del
conflicto de intereses
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el accionante contra la
sentencia de 26 de agosto de 2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo de Risaralda, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la
demanda.
I. ANTECEDENTES
I.1. La solicitud de pérdida de investidura1
1. El señor Manuel Ricardo Rey Vélez en ejercicio del medio de control previsto en
el artículo 143 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20112, solicitó la pérdida de
investidura del señor Carlos Mario Gil Castañeda, concejal del municipio de Pereira
(Risaralda) para el período constitucional 2024-2027.
I.1.1. Los hechos
2.Informó que el señor Carlos Mario Gil Castañeda resultó elegido concejal del
municipio de Pereira, por el Partido de la U, para el período constitucional 2024-
2027 y tomó posesión de su investidura el 2 de enero de 2024.
3.Anotó que el accionado hizo parte de la misma lista de candidatos al Concejo
Municipal de Pereira con la señora Anyeline Sandoval Triana por el Partido de la U-
Partido Mira.
4. Relató que el 28 de junio de 2024, en sesión ordinaria del concejo, el acusado,
sin declararse impedido y sin salir del recinto, participó haciendo parte del cuórum
y votó la resolución de las recusaciones de los concejales Diego Alberto Agudelo
1
Cfr. índice 2 del expediente digital de primera instancia.
2
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
2
Radicación núm.: 66001-23-33-000-2025-00184-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
Cardona, Carlos Enrique Torres Jaramillo, Camilo Montoya Isaza, Elkin Alberto
Gutiérrez Agudelo, Gustavo Adolfo Villanueva Peláez, Joan Manuel Ríos Bedoya,
Maicol Lopera Cardona, Carolina Herrera Taborda, Carlos Hernán Muñoz Chávez,
Nelson Pulido Alarcón, Rodolfo José Martínez Barrios, Juan Alejandro de La Cruz
Méndez y Anyeline Sandoval Triana, a pesar de que se encontraba pendiente de
resolver la recusación formulada en su contra por idénticas razones.
5. Destacó que el accionado, en esa misma fecha, sin declararse impedido y sin
ausentarse del recinto hizo parte del cuórum para la resolución de la recusación de
la señora Anyeline Sandoval Triana, quien fue su compañera de lista.
I.1.2. La explicación de la causal de pérdida de investidura
6. El solicitante sostuvo que el accionado incurrió en la causal de pérdida de
investidura prevista en el numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136 de 2 de junio de
19943 y en el numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000 4
sobre violación del régimen de conflicto de intereses, en consonancia con los
numerales 1, 13 y 14 de la Ley 1437.
7. La solicitud de pérdida de investidura se fundamentó en que el accionado incurrió
en la causal prevista en el numeral 1. del artículo 11 de la Ley 1437, puesto que fue
recusado por la ciudadana Maritza Ladino Hernández por presuntamente tener
intereses contrapuestos en la elección del personero municipal. Sin embargo, el
accionado tenía el deber de declararse impedido y abstenerse de participar en la
no aceptación de la recusación ni podía quedarse en el recinto conformando el
cuórum para la adopción de esa decisión.
8. Añadió que el convocado incurrió en un conflicto de intereses derivado de la
causal de impedimento prevista en el numeral 13 del artículo 11 de la Ley 1417, en
razón a que el accionado, a pesar de que se encontraba pendiente una actuación
administrativa – la resolución de su propia recusación -, sin haberse declarado
impedido, participó y votó las recusaciones de los concejales Diego Alberto Agudelo
Cardona, Carlos Enrique Torres Jaramillo, Camilo Montoya Isaza, Elkin Alberto
Gutiérrez Agudelo, Gustavo Adolfo Villanueva Pelaez, Joan Manuel Rios Bedoya,
Maicol Lopera Cardona, Carolina Herrera Taborda, Carlos Hernán Muñoz Chavez,
Nelson Pulido Alarcón, Rodolfo José Martinez Barrios y Juan Alejandro de la Cruz
Méndez.
9. Planteó que igualmente incurrió en la causal de pérdida de investidura derivada
del conflicto de intereses previsto en el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437,
puesto que participó en la votación de la recusación de la señora Anyeline Sandoval
Triana, quien fue su compañera de lista por el mismo partido político para el período
constitucional 2024- 2027.
3
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]”.
4
“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley
orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. […]”.
3
Radicación núm.: 66001-23-33-000-2025-00184-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
10. En suma, estimó que el interés particular, directo y actual se deriva por haber
participado: i) en la resolución de su propia recusación; ii) en la resolución de la
recusación de los concejales Diego Alberto Agudelo Cardona, Carlos Enrique
Torres Jaramillo, Camilo Montoya Isaza, Elkin Alberto Gutiérrez Agudelo, Gustavo
Adolfo Villanueva Peláez, Joan Manuel Rios Bedoya, Maicol Lopera Cardona,
Carolina Herrera Taborda, Carlos Hernán Muñoz Chavez, Nelson Pulido Alarcón,
Rodolfo José Martinez Barrios y Juan Alejandro de La Cruz Méndez, quienes
estaban recusados por idénticas razones y; iii) en la resolución de la recusación de
su compañera de lista Anyeline Sandoval Triana.
11. Argumentó que el actuar del accionado resulta doloso, ya que conocía que
existía una recusación que estaba pendiente de resolverse y se trataba de resolver
la recusación de la señora Anyeline Sandoval Triana, quien fue su compañera de
lista, razón por la cual le asistía la obligación moral y ética de declararse impedido
y de ausentarse de la votación de dicha recusación, máxime si se tenía en cuenta
que el accionado había sido concejal en tres (3) períodos consecutivos y contaba
con formación y experiencia que le permitía conocer el régimen del conflicto de
intereses.
I.2. Admisión de la solicitud
12. A través de auto de 18 de julio de 20235, el magistrado sustanciador del proceso
admitió la demanda, ordenándose la notificación personal al accionado y a la
agente del Ministerio Público.
I.3. El escrito de oposición del concejal6
13. El accionado, por conducto de apoderado judicial, se opuso a la prosperidad de
las pretensiones.
14. Puso de presente que, durante el inicio de la sesión, el presidente del Concejo
Municipal de Pereira concedió el uso de la palabra al señor Sergio Martínez, asesor
jurídico de la corporación con el fin de que explicara el procedimiento legal aplicable
en el trámite de recusaciones con fundamento en la normativa vigente, así como el
concepto emitido por la Procuraduría General de la Nación.
15. Explicó que el referido asesor precisó que, conforme al procedimiento, cada
concejal recusado debía manifestar si aceptaba o no la causal de recusación y
posteriormente la plenaria debía votar sobre los argumentos expuestos por el
recusado. Igualmente explicó expresamente que, en aplicación del principio de
bancadas establecido en la Ley 974 de 22 de julio de 20057, los miembros del
mismo partido político del recusado no debían participar en la votación relacionada
5
Cfr. Índice 5 del expediente digital de primera instancia.
6
Cfr. Índice 9 del expediente digital de primera instancia.
7
“[…] Por la cual se reglamenta la actuación en bancadas de los miembros de las corporaciones públicas y se adecua el
Reglamento del Congreso al Régimen de Bancadas. […]”.
4
Radicación núm.: 66001-23-33-000-2025-00184-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
con esa recusación, con el fin de garantizar la transparencia e imparcialidad en el
trámite.
16. En relación con el primer supuesto, expuso que según el acta de la sesión de
28 de junio de 2024 y el video obrante en el expediente, el accionado no participó
en el trámite de su recusación.
17. En este punto, acotó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado
que la causal de pérdida de investidura por violación del régimen del conflicto de
intereses se configura siempre que se presenten los siguientes elementos: i) la
existencia de un interés directo, particular y actual; ii) la no manifestación de
impedimento; iii) no haber sido separado del asunto mediante recusación y; iv) la
participación en los debates y/o votación, para lo cual explicó que la mera presencia
en el recinto, sin un acto de votación o debate activo, no configura la participación
requerida para la materialización del conflicto de interés.
18. Explicó que según el numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617, no existirá
conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal
en igualdad de condiciones a la ciudadanía. Ergo, si las recusaciones afectan a un
grupo amplio de cabildantes se configuraba la referida excepción, quedando
desvirtuado el interés directo y particular exigido por la ley.
19. Refirió que en los procesos de pérdida de investidura el juez debe aplicar con
mayor rigor las garantías propias del derecho sancionatorio, entre ellas los
principios pro homine e in dubio pro reo. Ello implica que, ante la existencia de
dudas razonables sobre la comisión de la falta o sobre el grado de responsabilidad
subjetiva del servidor debe adoptarse la interpretación que resulte menos lesiva de
sus derechos fundamentales.
20. En relación con el segundo supuesto, resaltó que la concejal Anyeline Sandoval
Triana no pertenece a la misma bancada del demandado, por lo que no se configura
la causal de conflicto de intereses.
21. Precisó que el accionado no aportó elemento de prueba que demuestre el dolo
o la culpa grave, más allá de inferencias subjetivas y recordó que la Corte
Constitucional, en sentencia C- 1040 de 2005 avaló la participación de congresistas
en la votación de los impedimentos de otros y señaló que cuando varios
parlamentarios manifiestan simultáneamente sus impedimentos y estos son
debatidos conjuntamente, cada parlamentario debe abstenerse de votar sobre su
propio impedimento pero sí debe participar en la definición de los otros.
22.Manifestó que las recusaciones son mecanismos procesales para garantizar la
imparcialidad en la actuación de los concejales y no decisiones de fondo que
generen un beneficio personal o económico.
23. Adujo que el hecho de que estuviera en trámite una recusación en contra del
accionado no lo inhabilitaba automáticamente para participar en la votación de las
5
Radicación núm.: 66001-23-33-000-2025-00184-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
demás recusaciones, puesto que la pendencia de una recusación no implica
automáticamente un impedimento generalizado ya que cada recusación debe
analizarse de manera independiente considerando los hechos específicos que la
motivan.
24. Expuso que el solicitante no demostró que la conducta del accionado haya
vulnerado una norma específica ni que haya actuado con dolo o culpa grave,
además, que su participación en la votación en el trámite de las recusaciones se
enmarca en el cumplimiento de sus funciones como concejal en un acto de trámite
que no generó un beneficio personal ni afectó la imparcialidad del procedimiento.
25. En suma, advirtió que la demanda se fundamenta en interpretaciones
personales y apreciaciones subjetivas que no satisfacen el estándar de prueba
exigido en procesos de esta naturaleza.
I.4. La etapa probatoria y la audiencia pública
26. Por auto de 8 de agosto de 20258 se dio apertura al período probatorio y se fijó
fecha para la realización de la audiencia pública prevista en los artículos 11 y 12 de
la Ley 1881 de 15 de enero de 20189.
27. El 13 de agosto de 202510 se realizó la audiencia de pruebas, en la cual se
incorporaron al proceso los documentos aportados y se recibieron las declaraciones
de los señores Marco Antonio Echeverri Maury y Sergio Martínez López.
28. El 14 de agosto de 202511 se realizó la audiencia pública con la asistencia y
participación del demandante, el agente del Ministerio Público, el accionado y el
apoderado de la parte demandada.
I.5. La sentencia de primera instancia12
29. La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia de
26 de agosto de 2025, denegó las súplicas de la solicitud de pérdida de investidura.
30. Resaltó que el análisis del asunto litigioso se circunscribía en establecer si se
encuentran probados los elementos objetivo y subjetivo de la causal de pérdida de
investidura por conflicto de intereses con fundamento en el numeral 2. del artículo
55 de la Ley 136, en el numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617 del 2000, en
consonancia con los numerales 1., 13 y 14 del artículo 11 de la Ley 1437 y el artículo
12 del Acuerdo 14 del 2022 (Reglamento Interno del Concejo Municipal de Pereira),
por la participación del accionado en la sesión de 28 de junio de 2024, en la cual se
resolvieron las recusaciones dentro del trámite encaminado a la elección de
8
Cfr. Índice 11 del expediente digital de primera instancia.
9
“[…] POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA DE LOS CONGRESISTAS,
SE CONSAGRA LA DOBLE INSTANCIA, EL TÉRMINO DE CADUCIDAD, ENTRE OTRAS DISPOSICIONES. […]”.
10
Cfr. Índice 24 del expediente digital de primera instancia.
11
Cfr. Índice 25 del expediente digital de primera instancia.
12
Cfr. Índice 31 del expediente digital de primera instancia.
6
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Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
personero municipal, entre las cuales se encontraba la formulada en su contra y la
de los demás dieciséis (16) concejales integrantes de la corporación, incluida la de
su compañera de lista por el mismo partido político.
31. Explicó que el medio de control de pérdida de investidura se constituye en un
juicio de carácter jurisdiccional sancionatorio de tipo ético que hace parte del
denominado ius puniendi del Estado con consecuencias políticas, que castiga la
violación de un régimen que se le establece a los congresistas, diputados,
concejales y miembros de juntas administradoras locales, como manifestación del
principio de representación que impone el mandato que se confiere por virtud del
voto popular.
32. Argumentó que para decretar la pérdida de investidura de un miembro de una
corporación pública se requiere analizar, inicialmente, el elemento objetivo referido
a la tipicidad de la conducta que, a su vez, implica determinar si los hechos
invocados en la demanda y que se le imputan al denunciado encajan o no en la
causal invocada. Posteriormente, debe efectuarse un juicio de responsabilidad
subjetiva, estudiar si éste actuó de forma dolosa o gravemente culposa en la
comisión de la conducta configurativa de la causal y añadió que en esta clase de
procesos se debe dar plena aplicación a las garantías constitucionales del debido
proceso, en particular en lo que concierne a los principios pro homine, de legalidad,
de razonabilidad, de favorabilidad, proporcionalidad y culpabilidad; es decir, de la
manera menos restrictiva a sus derechos políticos.
33. Advirtió que el interés debe ser entendido como una razón subjetiva del
funcionario que lo inhabilita para aproximarse al proceso de toma de decisiones con
la ecuanimidad, la ponderación y el desinterés que se exigen y como el provecho,
conveniencia o utilidad que, atendidas sus circunstancias, derivarían en el servidor
público o los suyos de la decisión que pudiera tomarse en el asunto.
• Estudio del primer supuesto por haber participado en la resolución de
su propia recusación. Violación del numeral 1. del artículo 11 de la Ley
1437
34. El a quo efectuó un estudio detallado y riguroso de lo acaecido en la sesión de
28 de junio de 2024. A partir de su análisis concluyó que, según el acta de sesión,
el video obrante y los testimonios, el accionado no conformó el cuórum ni participó
en el debate o votación del asunto, esto es, la resolución de su propia recusación.
35. Sostuvo que no era de recibo el argumento esgrimido por la parte accionante,
en el sentido de que esta causal se configura de manera objetiva por la simple
presencia del concejal en el recinto, argumento fundado en la sentencia de 15 de
mayo de 2025 proferida por la Sección Primera, ya que esta decisión no era
aplicable al caso sub examine. Al respecto, señaló que en dicho asunto la
controversia no giró en torno a una recusación, sino a una manifestación de
impedimento por parte de las accionadas, quienes estuvieron presentes,
participaron en el trámite, conformaron el cuórum y votaron las proposiciones,
7
Radicación núm.: 66001-23-33-000-2025-00184-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
actuaciones que no se presentan en el caso bajo estudio, pues el señor Carlos
Mario Gil Castañeda no conformó el cuórum, ni votó sobre la aceptación o rechazo
de la recusación en su contra.
36. En suma, consideró que no obraba prueba que demuestre que el concejal
demandado incurrió en una conducta contraria a la función pública, motivado por
algún interés particular, en provecho suyo, de su familia o de un tercero y, por el
contrario, se demostró que el accionado se limitó a seguir las reglas previamente
establecidas para su trámite según lo ratificó el asesor jurídico en la declaración
rendida en el proceso.
• Segundo supuesto. La participación en la resolución de las
recusaciones de los otros concejales. Violación del numeral 13 del
artículo 11 de la Ley 1437
37. Explicó que la actuación encaminada a resolver la recusación de los otros
cabildantes era una decisión administrativa pendiente de resolverse en la cual se
controvertía la misma cuestión jurídica que el concejal debía resolver por lo que se
configuró la hipótesis prevista en el numeral 13 del artículo 11 de la Ley 1437.
38. En cuanto al estudio del elemento subjetivo, expuso que para que proceda la
pérdida de investidura debe demostrarse que el comportamiento fue doloso - con
conocimiento e intención de infringir la ley- o gravemente culposo -por falta de
diligencia inexcusable-. Además, el análisis debe ser individualizado, considerando
las circunstancias personales del demandado y las acciones que haya tomado para
cumplir con sus deberes legales.
39. Explicó que, de acuerdo con el acta, la grabación de la sesión y los testimonios
recaudados en el proceso, el accionado no actuó con dolo ni culpa grave, para lo
cual expuso que el procedimiento seguido por el concejo para tramitar las
recusaciones fue el resultado de una situación excepcional -recusación masiva de
sus miembros- dado que el Reglamento Interno no contemplaba un trámite
específico para tramitar las recusaciones masivas.
40. Argumentó que el accionado actuó conforme a las reglas previamente
establecidas por el asesor jurídico de la corporación, sin que se evidenciara
intención de beneficiarse o de favorecer a terceros.
41. A partir de los anteriores planteamientos, no encontró probado el elemento
subjetivo, dado que, el concejal Carlos Mario Gil Castañeda actuó al amparo del
Reglamento Interno, acorde a las explicaciones impartidas por el asesor jurídico de
la corporación y en cumplimiento de la remisión realizada por la Procuraduría
Regional de Risaralda.
42. En consecuencia, expuso que la actuación del accionado está desprovista del
dolo o culpa grave necesarios para la configuración de la causal de conflicto de
intereses con fines de pérdida de investidura e insistió en que la participación del
8
Radicación núm.: 66001-23-33-000-2025-00184-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
accionado se limitó a dar cumplimiento a las reglas previamente definidas por el
concejo para resolver las recusaciones masivas que pueden desembocar en una
parálisis institucional.
• Tercer supuesto. Haber participado en la resolución de la recusación
de la señora Anyeline Sandoval Triana, compañera de lista por el
mismo partido. Violación del numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437
43. Con sustento en las pruebas documentales explicó que la señora Anyeline
Sandoval Triana y el accionado se inscribieron en la misma lista por la coalición
entre el Partido de la U y Partido Político Mira.
44. Sin embargo, en cuanto al elemento subjetivo, explicó que el actuar desplegado
por el demandado frente al trámite de la recusación de su compañera de lista se
limitó a cumplir las reglas establecidas desde el inicio por el concejo, en atención a
las vicisitudes que se originan ante una recusación masiva de todos los concejales
y ante la ausencia de un trámite específico en dicho reglamento que regulase dicha
circunstancia excepcional para evitar el bloqueo institucional y al mismo tiempo dar
trámite célere a las recusaciones.
45. Esta situación, a su juicio, representaba un escenario confuso y novedoso que
justifica, en este caso particular, la equivocación del concejal, quien en un lapso
muy corto tuvo que decidir respecto de si se abstenía o no de votar la no aceptación
del escrito de recusación presentado por la señora Maritza Ladino en contra de
todos los cabildantes, conducta que, descartaba el dolo o la culpa grave para la
configuración de la causal de conflicto de intereses con fines de pérdida de
investidura.
46.Finalmente, el a quo se abstuvo de condenar en costas a la parte actora dado
que el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de naturaleza
pública, configurándose la excepción prevista en el artículo 188 de la Ley 1437.
I.6. El recurso de apelación13
47. El accionante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia para que sea revocada.
48. Expuso que el Tribunal Administrativo de Risaralda redujo indebidamente el
alcance de los artículos 11 de la Ley 1437 y 48 de la Ley 617, al haber exigido que
el accionado debía votar expresamente su recusación.
49. Al respecto, sostuvo que la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado ha
señalado que la integración del cuórum constituye una forma de participación que
resulta suficiente para configurar el régimen del conflicto de intereses. Además, el
a quo desconoció que los testimonios de los señores Marco Antonio Echverry
13
Cfr. Índice 35 del expediente digital de primera instancia.
9
Radicación núm.: 66001-23-33-000-2025-00184-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
Maury y Sergio Martinez López, fueron coincidentes en manifestar que el cuórum
decisorio se establece con los concejales asistentes.
50. Por esta razón, el accionado, al haber estado en el recinto y conformado el
cuórum decisorio para resolver la recusación formulada en su contra, sin haberse
declarado impedido, incurrió objetivamente en la conducta prevista en el numeral
1. del artículo 11 de la Ley 1437.
51. En relación con la conducta descrita en el numeral 14 del artículo 11 de la Ley
1437, sostuvo que el inculpado no se declaró impedido para participar en la
resolución de la recusación de la señora Anyeline Sandoval Triana, quien fuere su
compañera de lista por el mismo partido político, aclarando que la sola existencia
del vínculo político electoral resulta suficiente para estructurar el conflicto de
intereses, sin que resulte necesario probar el beneficio.
52. En cuanto a la conducta prevista en el numeral 13 del artículo 11 de la Ley
1437, cuestionó el procedimiento adelantado por el concejo municipal para la
resolución de las recusaciones dado que la asesoría brindada por el abogado
Sergio Martínez López tenía una serie de errores, entre los cuales enlistó los
siguientes:
53. i) Se interpretó incorrectamente el auto de la Procuraduría Regional de
Risaralda, quien se declaró incompetente para resolver los impedimentos
presentados en contra de todos los concejales del municipio.
54. ii) El Concejo Municipal de Pereira no tenía competencia para resolver las
recusaciones en virtud de lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 11 de la Ley
1437, dado que existía una causal objetiva que afectaba el cuórum.
55.iii) Se aplicó la Ley 5ª de 1992 de manera extensiva en lugar de las normas
especiales previstas en las Leyes 136 y 617 o, subsidiariamente, la Ley 1437.
56. iv) El procedimiento adoptado por el asesor jurídico no está contenido en
ninguna norma jurídica, incluso contraría normas obligatorias de la Ley 1437 y del
Reglamento Interno que establecen la obligación de la declaración de
impedimentos por causales objetivas y que la composición del cuórum decisorio se
adopta con los concejales asistentes a la sesión independientemente de si votan o
no.
57. v) Ignoró la causal prevista en el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437, que
prohíbe participar de la toma de decisiones donde el interesado en la actuación
haya hecho parte de la misma lista de candidatos a corporaciones públicas, como
ocurrió en el presente caso.
58.vi) El Acta 093 de 28 de junio de 2024 demuestra que el accionado sí integró el
cuórum decisorio y votó la recusación de su compañera de lista, sin declararse
impedido.
10
Radicación núm.: 66001-23-33-000-2025-00184-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
59. Planteó que el actuar del demandado es doloso con relación a la causal en
comento, ya que el conocía que estaba recusado, que tenía pendiente por resolver
una recusación y que se trataba de la resolución de la recusación de la concejal
Anyeline Sandoval Triana, quien es su compañera de lista, razón por la cual le
asistía el deber y la obligación legal, moral y ética de declararse impedido y
ausentarse de la votación de dicha recusación.
60. Relató que el accionado es abogado de profesión y exconcejal en varios
períodos, razón por la cual tenía pleno conocimiento de las normas sobre el
conflicto de intereses, por lo que su permanencia en la sesión no puede escudarse
en un error de interpretación.
61. Con sustento en el antecedente jurisprudencial consignado en la sentencia
proferida con el número de radicado 50001-2333-000-2024-00026-01, explicó que
la buena fe calificada solo tiene alcance exoneratorio cuando concurren dos
condiciones estrictas: (i) que el asunto debatido no tenga un criterio jurisprudencial
claro y consolidado, y (ii) que la consulta formulada a los profesionales del derecho
haya sido completa, precisa y soportada en los documentos relevantes, de manera
que produzca un convencimiento razonado y defendible.
62. En el caso concreto, argumentó que el accionado: i) no formuló una consulta
técnica y completa sobre la configuración del conflicto de intereses, sino que redujo
el análisis a si los concejales podían permanecer en el recinto o no; (ii) no contrastó
la respuesta obtenida con la jurisprudencia reiterada respecto a la integración del
cuórum como elemento configurativo del conflicto y; (iii) a pesar de su formación y
experiencia política, aceptó una interpretación contraria a la jurisprudencia
consolidada del Consejo de Estado. Dichas circunstancias descartaban la buena fe
calificada producto del error invencible.
63. Manifestó que permanecer en el recinto fue una elección consciente, no un
error excusable, máxime cuando no buscó otro concepto jurídico distinto al del
asesor jurídico del concejo. Esta situación, a su juicio, permitía demostrar la falta
de diligencia, configurándose por lo tanto la culpa grave.
I.7. Trámite del recurso de apelación
64.Mediante auto de 15 de septiembre de 202514, se concedió el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia.
65. En auto de 3 de diciembre de 202515, se resolvió admitir el recurso de apelación
y correr traslado del auto admisorio al accionante y al agente del Ministerio Público
por el término de tres (3) días.
14
Cfr. Índice 37 del expediente digital de primera instancia.
15
Cfr. Índice 4 del expediente digital de segunda instancia.
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Radicación núm.: 66001-23-33-000-2025-00184-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
66. A través de memorial radicado el 16 de diciembre de 202516, el agente del
Ministerio Público rindió concepto solicitando confirmar la sentencia apelada y
presentó solicitud de unificación jurisprudencial.
67. El agente del Ministerio Público explicó que el numeral 1. del artículo 11 de la
Ley 1437 no prevé que permanecer en el recinto del concejo mientras se decida la
recusación que recaía contra el demandado implique la configuración de la causal.
68. Agregó que el accionado no participó en la votación de su propia recusación y
el hecho de haber hecho parte del quorum como obligación de asistencia a las
sesiones del concejo no permite, ni siquiera de manera razonable, considerar que
tal conducta encaje en el supuesto de hecho de la norma que se alega como
violada.
69. Expuso que el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 es claro en referir a
las listas inscritas, sin hacer distinción al régimen de bancadas y compartió el
estudio que efectuó el a quo en relación con el elemento subjetivo de la conducta
toda vez que la actuación del concejo se enmarcó en la decisión de la Procuraduría
Regional de Risaralda y en el concepto emitido por el asesor jurídico.
70. Argumentó que el accionado incurrió objetivamente en la causal de conflicto de
interés prevista en el numeral 13 del artículo 11 del CPACA, al no haberse
declarado impedido para resolver las recusaciones formuladas contra el resto de
sus compañeros concejales y haber votado en ellas, pues existía una decisión
administrativa pendiente en que se controvertía la misma cuestión jurídica que el
inculpado debía resolver, esto es, la decisión de las recusaciones. Sin embargo,
advirtió que no se presentó una actuación dolosa o gravemente culposa por parte
del accionado.
71. Mediante auto de 29 de enero de 202617 se resolvió no avocar la solicitud de
proferir sentencia de unificación jurisprudencial presentada por el agente del
Ministerio Público.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
72. La Sala para resolver la presente controversia se pronunciará sobre los
siguientes aspectos: i) la competencia; ii) la acreditación de la condición del
accionado como concejal; iii) el problema jurídico; iv) el conflicto de intereses como
causal de pérdida de investidura de los concejales; v) el régimen de impedimentos
y recusaciones como expresión del principio de transparencia y su regulación en el
Reglamento Interno del Concejo Municipal de Pereira; vi) el estudio de los requisitos
concurrentes en el sub examine y; vii) conclusiones.
16
Cfr. Índice 8 del expediente digital de segunda instancia.
17
Cfr. Índice11 del expediente digital de segunda instancia.
12
Radicación núm.: 66001-23-33-000-2025-00184-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
II.1. La competencia
73. Esta Sala de Decisión es competente para decidir esta controversia en virtud
de lo dispuesto en el parágrafo 2. del artículo 48 de la Ley 617; en el artículo 150
de la Ley 1437 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de
201918.
II.2. La acreditación de la calidad del accionado como concejal
74. La calidad del señor Carlos Mario Gil Castañeda se encuentra acreditada con
el Formulario E- 2719 mediante el cual se expidió su credencial como concejal, así
como con el Acta 001 de 2 de enero de 2024, en la cual consta que el Concejo
Municipal de Pereira se reunió para su instalación, acto inaugural en el cual se
efectuó el acto de toma de posesión de los cabildantes que resultaron electos para
el período constitucional 2024-2027, incluido el accionado. Queda así demostrada
su condición como parte pasiva del presente mecanismo de control de pérdida de
investidura.
II.3. El problema jurídico
75. Conforme a los planteamientos expuestos por el solicitante en el recurso de
apelación, corresponde a la Sala determinar si se debe decretar o no la pérdida de
investidura al señor Carlos Mario Gil Castañeda, concejal del municipio de Pereira
para el período constitucional 2024-2027, por haber incurrido en la causal de
pérdida de investidura por violación del régimen del conflicto de intereses prevista
en el numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136 y en el numeral 1. del artículo 48 de
la Ley 617, en consonancia con los numerales 1., 13 y 14 de la Ley 1437, por haber
asistido, conformado el cuórum y haber participado en la sesión de 28 de junio de
2024, en la cual se resolvieron las recusaciones presentadas en contra de la
totalidad de cabildantes de dicho ente territorial, incluyendo el suyo propio, así como
el cuestionamiento ético formulado en contra de la señora Anyeline Sandoval
Triana, quienes se inscribieron por el mismo partido político.
76. En el evento de encontrarse configurado el elemento objetivo, la Sala debe
definir si se cumple o no el elemento subjetivo, en los términos definidos en la Ley
1881, modificado por el artículo 4. de la Ley 2003 de 19 de noviembre de 2019 20
que exige el análisis del dolo o la culpa grave.
II.4. El conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura de los
concejales
77. La violación del régimen del conflicto de intereses como causal de pérdida de
investidura se encuentra prevista en los artículos 55, numeral 2. y 70 de la Ley 136,
18
“[…] Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. […]”.
19
Cfr. índice 2 del expediente digital de primera instancia. «001EscritoDemandaYAnexos(.pdf) NroActua 2».
20
“[…] Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones. […]”.
13
Radicación núm.: 66001-23-33-000-2025-00184-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
precepto reiterado en el numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617, en el siguiente
sentido:
Ley 136 de 1994:
“[…] ARTÍCULO 55.- Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales
perderán su investidura por:
[…] 2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto
de intereses.
[…]”. (Negrilla del texto y subrayado fuera del texto)
“[…] Artículo 70º. Conflicto de interés. Cuando para los concejales exista interés
directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero
o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de
derecho o, de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o
votaciones respectivas. […]”. (Negrilla del texto).
Ley 617 de 2000:
“[…] ARTÍCULO 48.- Pérdida de investidura de diputados, concejales
municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los
diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras
locales perderán su investidura:
1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No
existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al
concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general.
[…]”. (Negrilla del texto y subrayado fuera del texto).
78. El interés ha sido definido como “[…] una razón subjetiva que torna al
funcionario y que lo inhabilita para aproximarse al proceso de toma de decisiones
con la ecuanimidad, la ponderación y el desinterés que la norma moral y la norma
legal exigen” y como “el provecho, conveniencia o utilidad que, atendidas sus
circunstancias, derivarían el congresista o los suyos de la decisión que pudiera
tomarse en el asunto […]”21.
79. El conflicto de interés según la jurisprudencia debe ser directo, particular y
actual. Es directo cuando surge automáticamente del cumplimiento de la función
constitucional o legal encomendada al concejal, sin que para su demostración
requiera de actos, hechos o desarrollos ulteriores. Es particular cuando recae en el
servidor público o en las personas cercanas a él en los grados previstos en la ley o
a favor de sus socios. Es actual el interés cuando es concurrente al cumplimiento
de las tareas encomendadas, lo cual comprende las funciones normativas,
electorales, de control político y demás asuntos administrativos. No es censurable
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 12 de junio de 2012, radicado: 11001-03-
15-000-2011-01112-00, MP: Maria Claudia Rojas Lasso. También: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, radicado: 11001-03-15-000-2009-01219-00, MP: Mauricio Fajardo Gómez.
14
Radicación núm.: 66001-23-33-000-2025-00184-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
el interés hipotético o eventual, lo cual ocurre, por ejemplo, cuando afecta en
igualdad de condiciones a la ciudadanía en general.
80. La jurisprudencia ha señalado que para la configuración del conflicto de
intereses deben acreditarse los siguientes requisitos concurrentes: i) que se
demuestre la calidad de concejal; ii) la existencia de un interés particular, actual o
inmediato y directo en el cabildante o en sus parientes cercanos señalados en la ley
en; iii) la no manifestación de impedimento o no haber sido separado del
conocimiento del asunto por recusación; y iv) que la participación tenga lugar en un
asunto de conocimiento funcional22.
II.5. Los impedimentos y recusaciones como expresión del principio de
transparencia y su regulación en el Reglamento Interno del Concejo Municipal
de Pereira
81. Los impedimentos han sido concebidos como la manifestación que realiza
directamente un concejal de manera espontánea cuando advierte que entra en
colisión el interés público y el interés privado para tramitar y decidir un determinado
asunto23.
82. La recusación ha sido definida como aquel instrumento que procede ante la
ausencia de falta de impedimento por parte del servidor público en quien recae, con
el fin de separarlo del conocimiento de un asunto.24
83. El Reglamento Interno del municipio de Pereira25 prevé, en relación con el
conflicto de interés y el trámite de las recusaciones lo siguiente:
“[…] Articulo 9. Aplicación: Todo y toda Concejal, cuando exista interés directo en
la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o
compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segunda de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho
o, de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o votaciones
respectivas.
No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten
al Concejal en igualdad de condiciones que las de la ciudadanía en general.
Cualquier integrante de la ciudadanía que tenga conocimiento de una causal de
impedimento de algún o alguna Concejal, que no se haya comunicado a la respectiva
Corporación, podrá recusar ante ella. (Articulo 70 de la Ley 136 de 1994, articulo 48,
numeral 6 de la Ley 617 de 2000, artículo 44 de la Ley 1952 de 2019 y numeral 10
del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011).
22
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia de 1° de noviembre de 2016, radicado: 11001-03-15-000-2015-01571-00(PI),
actor: Ricardo Antonio Mazenett Cantillo, demandado: Germán Bernardo Carlosama López, MP: María Elizabeth García
González. Sentencia reiterada a su vez por esta Sección: en varias oportunidades, ver: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de agosto de 2021, radicado: 47001-23-33-000-2020-00690-01,
MP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
23
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de febrero de 2019, CP: Ramiro Pazos
Guerrero, radicado núm.: 11001-03-15-000-2018-03779-00.
24
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 27 de julio de 2010, radicado: 11001-03-15-
000-2009-01219-00(PI), M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.
25
Cfr. Índice 2 del expediente digital de primera instancia. «001EscritoDemandaYAnexos(.pdf) NroActua 2».
15
Radicación núm.: 66001-23-33-000-2025-00184-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
[…]
Artículo 11. Recusación: Presentada la solicitud de recusación con la respectiva
motivación y citación de la causal que se invoca, se dará traslado al o a la Concejal
recusado para que se pronuncie sobre la solicitud y manifieste si la acepta o no.
Luego la Presidencia somete a consideración de la Plenaria la solicitud de recusación.
La Secretaria informa el resultado de la votación. Aprobada la recusación, el o la
Concejal deberá retirarse del recinto o Comisión y regresar sólo cuando se pase a un
punto o tema diferente del orden del día.
Parágrafo. Aceptada o negada una recusación a un o una Concejal en el trámite de
un Proyecto de Acuerdo en Comisión, no será necesario volver a considerarse en la
Plenaria de la Corporación a menos que se presenten circunstancias nuevas que
varíen los fundamentos de la misma. En todo caso el o la Presidente de la Comisión
Permanente informará por escrito a la Presidencia de la Corporación sobre la decisión
tomada. […]”. (Negrilla del texto y subrayado fuera del texto).
84. Según las normas transcritas, el trámite de la recusación se encuentra sujeto a
las siguientes reglas: i) presentada la solicitud de recusación con la respectiva
motivación y citación de la causal que se invoca se debe dar traslado al concejal
recusado para que se pronuncie sobre la solicitud y manifieste si la acepta o no; ii)
luego la plenaria somete a consideración la solicitud de recusación. En el evento de
ser aprobada, el concejal debe retirarse del recinto o comisión y regresar solo
cuando se pase a un punto o tema diferente del orden del día. La norma dispone
además que una vez aceptada o negada una recusación no será necesario volver
a considerarse en la Plenaria de la Corporación, a menos que se presenten
circunstancias nuevas que varíen los fundamentos de la misma. En todo caso el
presidente de la comisión permanente informará por escrito a la presidencia de la
Corporación sobre la decisión tomada.
II.6. Estudio de los requisitos concurrentes en el sub examine
i) Que la persona señalada de adelantar la actuación violatoria del
régimen del conflicto de intereses ejerza o haya ejercido la investidura de
concejal
85. El señor Carlos Mario Gil Castañeda resultó elegido concejal del municipio de
Pereira para el período constitucional 2024 – 2027, quedando demostrado este
primer elemento que resulta común a todo juicio de pérdida de investidura.
ii) La existencia de un interés directo, actual, particular o inmediato del
concejal o alguna de las personas señaladas en la ley, de orden moral o
económico
86. La solicitud de pérdida de investidura se fundamenta en que el accionado
infringió el régimen de conflicto de intereses por las siguientes situaciones: i) haber
asistido y conformado el cuórum en la resolución de la recusación formulada en su
contra, configurándose la causal de conflicto de interés prevista en el numeral 1.
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Radicación núm.: 66001-23-33-000-2025-00184-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
del artículo 11 de la Ley 1437; ii) haber participado y votado en la resolución de las
recusaciones de los concejales Diego Alberto Agudelo Cardona, Carlos Enrique
Torres Jaramillo, Camilo Montoya Isaza, Elkin Alberto Gutiérrez Agudelo, Gustavo
Adolfo Villanueva Pelaez, Joan Manuel Rios Bedoya, Maicol Lopera Cardona,
Carolina Herrera Taborda, Carlos Hernán Muñoz Chavez, Nelson Pulido Alarcón,
Rodolfo José Martinez Barrios y Juan Alejandro de La Cruz Méndez, a pesar de
que se encontraba pendiente de resolver la recusación propia dando lugar a la
causal prevista en el numeral 13 del artículo 11 de la Ley 1437 y; iii) haber
participado y votado por la resolución de la recusación de la señora Anyeline
Sandoval Triana, quien fue su compañera de lista por el mismo partido político para
el período constitucional 2024 -2027, infringiendo el numeral 14 del artículo 11 de
la Ley 1437.
87. En relación con la transgresión del numeral 1. del artículo 11 de la Ley 1437, el
a quo advirtió que, según el estudio de las pruebas aportadas al expediente como
el acta, el video y los testimonios rendidos en el proceso, el accionado no conformó
el cuórum ni participó en el debate o votación del asunto, esto es, la resolución de
su propia recusación, por lo que no se configuró el interés particular, directo y actual
constitutivo de pérdida de investidura.
88. En relación con la violación del numeral 13 del artículo 11 de la Ley 1437,
relativa a la existencia de una decisión administrativa pendiente sobre la misma
cuestión jurídica que deba resolver el servidor público, reconoció que el inculpado
sí participó en la votación de las recusaciones de otros miembros del concejo,
quienes fueron recusados por las mismas causales.
89. Sin embargo, al analizar el elemento subjetivo, concluyó que no se probó el
dolo o culpa grave, al considerar que el accionado se limitó a cumplir las reglas
establecidas desde el inicio por el concejo dadas las vicisitudes que se originaron
por la recusación masiva formulada en contra de todos los concejales, situación
que dio lugar a que la Procuraduría Regional de Risaralda ordenara devolver el
trámite de la misma a fin de que el concejo municipal decidiera según su
Reglamento Interno y ante la ausencia de un trámite específico en dicha normativa
que regulase dicha circunstancia excepcional, para evitar el bloqueo institucional y
al mismo tiempo dar trámite célere a las recusaciones.
90. Finalmente, en cuanto a la incursión de la causal prevista en el numeral 14 del
artículo 11 de la Ley 1437 encontró demostrado que el accionado y la concejal
Anyeline Sandoval Triana hicieron parte de la misma lista de candidatos inscritos
por el Partido Mira y U.
91. No obstante, en relación con el elemento subjetivo, precisó que el
procedimiento seguido por el concejo fue producto de una situación excepcional
puesto que se había presentado una recusación masiva en contra de todos sus
miembros, sumado al hecho de que el Reglamento Interno no contemplaba un
trámite específico. En consecuencia, en este escenario confuso y novedoso, el
17
Radicación núm.: 66001-23-33-000-2025-00184-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
accionado actuó conforme a las reglas previamente establecidas por la corporación
pública, conducta que, a juicio del a quo, se encuentra desprovista del dolo o culpa
grave necesarios para la demostración de la causal de pérdida de investidura por
violación del régimen del conflicto de intereses.
92. Agregó que la recusación presentada en contra de los concejales no cumplió
con los requisitos exigidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como
del Reglamento Interno, circunstancia que, por lo mismo, le impedía producir los
efectos propios de tal instrumento de censura al interior del comportamiento del
accionado.
93. Para demostrar lo anterior, en el expediente se encuentra acreditado lo
siguiente:
• La sesión de 28 de junio de 2024
94. El 28 de junio de 2024, según consta con el Acta 093 de 28 de junio de 202426
y el video obrante en el expediente, la plenaria del Concejo Municipal de Pereira,
dentro del trámite encaminado a efectuar la elección del Personero Municipal de
Pereira, sometió a discusión la recusación presentada por la señora Maritza Ladino
Hernández que recaía en todos los concejales de Pereira.
95. Este asunto había sido remitido inicialmente a la Procuraduría Regional de
Risaralda, dependencia del Ministerio Público que ordenó devolver el trámite del
expediente a la corporación a fin de que resolviera dicha recusación de acuerdo
con las reglas del Reglamento Interno. En este sentido, el asesor jurídico Sergio
Martínez López explicó que el concejo había enfrentado situaciones similares en
meses anteriores, con múltiples recursos judiciales que buscaban dilatar el proceso
de elección del personero, a tal punto que en el mes de enero la Procuraduría
Regional de Risaralda había rechazado una recusación presentada de manera
general por considerarse temeraria, ordenando continuar con el proceso de
elección del personero.
96. Así, de acuerdo con el video27 obrante en el expediente y el contenido del acta,
luego de que el presidente solicitara el retiro de la sesión plenaria de los concejales
Wilfor López Toro y Gustavo Andrés Montes Ayala quienes se encontraban
impedidos, el asesor jurídico de la corporación, Sergio Martínez López, intervino en
la sesión con el fin de explicar el procedimiento que se debía seguir para tramitar
el escrito de recusación presentado por la señora Maritza Ladino Hernández,
definiendo las siguientes reglas:
“[…] vamos entonces a explicar cuál es el proceso.:
La Procuraduría Regional de instrucción de Risaralda nos devuelve la recusación que
se les había enviado, la recusación presentada por la señora Maritza Ladino
26
Cfr. índice 2 del expediente digital de primera instancia. «001EscritoDemandaYAnexos(.pdf) NroActua 2».
27
Video anexo en el link de la demanda. https://www.youtube.com/watch?v=hvtbZGQYOjM&t=1922s.
18
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Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
Hernández, el 6 de mayo, manifestando que nosotros en plenaria debemos
resolver dicha recusación.
De acuerdo al procedimiento que se ha adoptar y lo que ha tenido la jurisprudencia y
las altas cortes donde le dan aplicación a la forma de votar y nos homologan a lo que
se asemeja en el Congreso de la República, nos dicen que cuando se presenta este
tipo de recusaciones lo que hemos de hacer es lo siguiente:
Primero, el concejal que se recuse se le informa las causales por las cuales lo
están recusando, posteriormente el concejal manifiesta si acepta o no acepta
dicha causal. Posteriormente la plenaria vota si acepta o no acepta los
argumentos dados por el concejal en el tema de aceptar o no aceptar dicha
recusación.
Como en el caso que nos ocupa están los 19 concejales recusados de los cuales dos
ya tienen autorización por plenaria para retirarse, por un conflicto que tiene, entonces
quedan los 17 restantes. Entonces los 17 tienen que entrar a votar y aquí vamos
a aplicar el concepto también de bancadas, cuando se recusa ejemplo al partido
liberal, a un concejal del partido liberal, este explicará si está de acuerdo o no está
de acuerdo con la recusación, plenaria vota sobre lo manifestado por este, si la
acepta o la rechaza, pero su partido no vota por ese concejal y así cada partido que
esté conformado o que tenga plenarias. Posterior a la votación de los 17 concejales
restantes se decide en plenaria entonces, si se acepta o si se rechaza la recusación,
si se acepta pues se el trámite necesario, si se rechaza se devolverá a la peticionaria
informándole que esta ha sido rechazada. […]”. (Negrilla de la Sala)
97. El secretario general de la corporación dio lectura de la parte resolutiva de la
decisión de la Procuraduría Regional de Risaralda, en los siguientes términos:
“[…] Resuelve
PRIMERO. Devolver el expediente contentivo de la recusación presentada por la
señora Maritza Ladino Hernández en contra de los señores Diego Alberto Agudelo
Gutiérrez, Sebastián Ciro Urrea, Juan Alejandro de la Cruz, John Esteban Gañan
Ospina, Carlos Mario Gil Castañeda, Elkin Gutiérrez, Héctor Augusto Hernández,
Carolina Taborda, Carolina Herrera Taborda, Rodolfo José Martínez Barrios,
Camilo Montoya Isaza, Carlos Hernán Muñoz Chávez, Nelson Pulido Alarcón,
Manuel Ríos Bedoya, Ányelina Triana Sandoval (sic), Carlos Enrique Torres
Jaramillo, Gustavo Adolfo Villanueva, Michael Lopera Cardona en contra de los
miembros del Concejo municipal de Pereira para que la plenaria delibere y decida
lo pertinente de conformidad con su reglamento y las razones expuestas en este
proveído
SEGUNDO. Téngase en cuenta respecto de los concejales Wilford López Toro y
Gustavo Andrés Montes Ayala que según el acta de sesión extraordinaria número
70 del 29 de mayo de 2024 ya se había agotado el procedimiento de aceptación de
impedimentos para participar en la elección del personero de Pereira, período 2024
2028, conforme al reglamento interno y previo a la radicación del escrito de
recusación presentado por Maritza Ladino Hernández.
TERCERO. Por la secretaría común de la Procuraduría Regional de Risaralda de
forma inmediata comuníquese el presente al presidente del Concejo municipal de
Pereira la presente decisión para que la haga extensiva a los señores concejales
Diego Alberto Agudelo Gutiérrez, Sebastián Ciro Urrea, Juan Alejandro de la Cruz,
John Esteban Gañan Ospina, Carlos Mario Gil Castañeda, Elkin Gutiérrez, Héctor
Augusto Hernández, Carolina Herrera Taborda, Rodolfo José Martínez Barrios
19
Radicación núm.: 66001-23-33-000-2025-00184-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
Camilo Montoya Isaza, Carlos Hernán Muñoz Chávez, Nelson Pulido Alarcón,
Manuel Ríos Bedoya, Ányelina Triana Sandoval (sic), Carlos Enrique Torres
Jaramillo, Gustavo Adolfo Villanueva, Michael Lopera Cardona.
CUARTO. Por la secretaría comuníquese el contenido de la presente Providencia
la señora Maritza Ladino Hernández.
QUINTO. Contra esta decisión no procede recurso. […]”. (Negrilla y subrayado de
la Sala).
• Sobre la forma en que se tramitaron las recusaciones
98. El secretario del concejo dio lectura al escrito de recusación presentada por la
señora Maritza Ladino Hernández en contra de los concejales Diego Alberto
Agudelo Gutiérrez, Sebastián Ciro Urrea, Juan Alejandro de la Cruz, John Esteban
Gañan Ospina, Carlos Mario Gil Castañeda, Elkin Gutiérrez, Héctor Augusto
Hernández, Carolina Taborda, Carolina Herrera Taborda, Rodolfo José Martínez
Barrios, Camilo Montoya Isaza, Carlos Hernán Muñoz Chávez, Nelson Pulido
Alarcón, Manuel Ríos Bedoya, Anyeline Sandoval Triana, Carlos Enrique Torres
Jaramillo, Gustavo Adolfo Villanueva, Michael Lopera Cardona, del siguiente modo:
“[…] Primera causal. La primera causal alegada consiste en primera: tener interés
particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión del asunto, o tenerlo
su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio
o socios de hecho o de derecho.
Segunda causal. La segunda causal alegada que consiste en ser el concejal su
cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral
anterior, socio de alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa
o su representante o apoderado en sociedad de personas.
Tercera causal. La tercera causal alegada haber hecho parte de listas de candidatos
a cuerpos colegiados de elección popular inscritas o integradas también por el
interesado en el período electoral coincidente con la actuación administrativa o en
alguno de los dos períodos anteriores.
Cuarta causal. La causal cuarta consiste en que dentro del año anterior, haber tenido
interés directo o haber actuado como representante, asesor, presidente, gerente,
director, miembro de Junta Directiva o socio de gremio, sindicato, sociedad,
asociación o grupo social o económico interesado en el asunto objeto de definición.
[…]”.
99. Seguidamente, se inició la votación por separado del escrito de recusación
presentado por la señora Maritza Ladino Hernández en contra de la totalidad de la
corporación y el accionado participó y votó en la decisión encaminada a resolver
los cuestionamientos de imparcialidad formulados en contra de cada uno de los
siguientes concejales, conforme se evidencia en la siguiente gráfica:
20
Radicación núm.: 66001-23-33-000-2025-00184-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
RECUSACIÓN PARTICIPACION DEL
ACCIONADO EN LA
VOTACIÓN DE LA
RECUSACIÓN
Diego Alberto Agudelo Cardona Sí
Carlos Enrique Torres Jaramillo Sí
Camilo Montoya Isaza Sí
Elkin Alberto Gutiérrez Agudelo Sí
Gustavo Adolfo Villanueva Peláez Sí
Joan Manuel Ríos Bedoya Sí
Maicol Lopera Cardona Sí
Carolina Herrera Taborda Sí
Carlos Hernán Muñoz Chávez Sí
Nelson Pulido Alarcón Sí
Rodolfo José Martínez Barrios Sí
Juan Alejandro de la Cruz Méndez Sí
100. Inmediatamente se sometió a estudio de la plenaria, la recusación del concejal
Carlos Mario Gil Castañeda, quien no aceptó la tacha de imparcialidad formulada
en su contra, así:
“[…] EL PRESIDENTE (E) H.C. CARLOS HERNÁN MUÑOZ CHÁVEZ: Preguntó: H.C.
CARLOS MARIO GIL CASTAÑEDA: ¿Acepta o no acepta la Recusación presentada
por la señora MARITZA LADINO HERNÁNDEZ28?
H.C. CARLOS MARIO GIL CASTAÑEDA: Respondió, no aceptó la recusación
presentada por la señora Maritza, debido a que no cumple con los requisitos de Ley,
ni mucho menos con las Jurisprudencias.
En el punto uno, no tengo interés en el caso concreto, ni mis familiares de acuerdo a
la Ley.
En el punto 10, no tengo no tengo ningún interés, ni soy socio de la persona a elegir,
tampoco mis familiares.
En el punto 14, no he participado en dicho listado, no tengo ningún interés, ni conozco
de su existencia, para organizar estas elecciones.
En el Punto 15, no tengo ningún interés directo, ni he asesorado a nadie y mucho
menos al interesado a ser elegido.
Por esta razón honorable plenaria pido la no aceptación de la recusación presentada
por la Señora Maritza, en mi contra como concejal.
[…]”.
101. Luego de ello, se sometió a votación la decisión de no aceptación de la
recusación presentada en contra del accionado, quien no participó en la votación
de su propia recusación:
28
Minuto 1:07:00 del video obrante en el expediente. https://www.youtube.com/watch?v=hvtbZGQYOjM&t=1922s
21
Radicación núm.: 66001-23-33-000-2025-00184-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
“[…] Puesta en consideración y sometida a votación nominal y pública, la respuesta,
del H.C. CARLOS MARIO GIL CASTANEDA, de no aceptar la recusación presentada
por la Señora MARITZA LADINO HERNANDEZ, el Secretario General, procede a
llamar a lista a los H. Concejales
[…]
[…]
16 votos afirmativos (SI)
2. H. Concejales Impedidos.
El Secretario General informó que fue aprobada la respuesta del concejal CARLOS
MARIO GIL CASTAÑEDA, de no aceptación de la recusación en su contra.
La plenaria acepta la posición del concejal CARLOS MARIO GIL CASTAÑEDA, de
no aceptación de la recusación presentada por la señora MARITZA LADIO
HERNÁNDEZ […]”. (Negrilla del texto).
102. Seguidamente, se sometió a estudio la recusación presentada en contra de la
señora Anyeline Sandoval Triana, quien manifestó que debía no ser aceptada, en
los siguientes términos:
22
Radicación núm.: 66001-23-33-000-2025-00184-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
“[…] EL PRESIDENTE H.C. CARLOS MARIO GIL CASTAÑEDA: Preguntó: H.C
ANYELINE SANDOVAL TRIANA, ¿Acepta o no acepta la Recusación presentada
por la señora MARITZA LADINO HERNÁNDEZ?
H.C. ANYELINE TRIANA SANDOVAL (sic): Respondió, no la acepto, respecto a
la primera causal, no estoy de acuerdo y la rechazo en razón a que no tengo ningún
interés particular, directo en el presente asunto, mi cónyuge no lo tiene tampoco y
ninguno de mis parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, se encuentra
con algún interés particular en el caso, por tal razón no me encuentro entre el
numeral uno del artículo 11 de la ley 1437.
Respecto del segundo, lo rechazo también porque no tengo ningún tipo de sociedad
con ninguna de las personas que conforman la lista de elegibles, no me encuentro
en el numeral 10 del artículo 11 de la ley 1437 del 2011.
Respecto del tercero, Lo rechazo y no comparto ninguna lista con ningún miembro
de la lista de elegibles en ningún periodo, por lo tanto no me encuentro dentro del
numeral 14 de la Ley 1437 del 2011.
En la cuarta causal, que expresa la recusante, no estoy de acuerdo con esta y la
rechazo, porque no ocupaba ningún cargo gerencial, ni directivo o de
representación dentro del año anterior, y menos tengo injerencia o interés en el
presente asunto; por lo tanto no me encuentro dentro del numeral 16 del artículo 11
de la Ley 1437 del 2011. […]”. (Negrilla del texto y subrayado fuera del texto).
103. El secretario sometió a votación la referida recusación, incluyendo el voto del
accionado, así:
“[…] Puesta en consideración y sometida a votación nominal y pública, la respuesta,
de la H.C. ANYELINE TRIANA SANDOVAL (sic), de no aceptar la recusación
presentada por la Señora MARITZA LADINO HERNÁNDEZ, el Secretario General,
procede a llamar a lista a los H. Concejales
[…]
23
Radicación núm.: 66001-23-33-000-2025-00184-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
[…]
La votación queda de la siguiente manera:
16 Votos afirmativos (SI)
2 H. Concejales Impedidos
El Secretario General, informó que fue aprobada la respuesta de la Concejal.
ANYELINE TRIANA SANDOVAL (sic), de no aceptación de la recusación en su
contra.
La Plenaria, acepta la posición del Concejal ANYELINE TRIANA SANDOVAL (sic),
de no aceptación de la recusación presentada por la señora MARITZA LADINO
HERNANDEZ. […]”. (Negrilla del texto).
104. Finalmente, el accionado participó en el trámite de las recusaciones de los
concejales Sebastián Ciro Urrea, Héctor Augusto Hernández Tobón y John Esteban
Gañán Ospina.
105. La Sala entrará a analizar los supuestos invocados por el actor, en el
siguiente orden:
• Del presunto conflicto de interés derivado del supuesto previsto en el
numeral 1. del artículo 11 de la Ley 1437
106. La solicitud de pérdida de investidura se fundamentó en que el accionado
asistió a la sesión y conformó el cuórum para la resolución del escrito de recusación
formulado en su contra configurándose así la infracción del numeral 1. del artículo
11 de la Ley 1437.
24
Radicación núm.: 66001-23-33-000-2025-00184-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
107. Como punto de partida, se debe precisar que la jurisprudencia de esta
Corporación ha señalado que se debe efectuar un análisis del escrito de recusación
para establecer si la misma corresponde a una recusación formalmente
considerada y, por lo mismo, si se le puede atribuir los efectos propios de un
instrumento de censura. Dicha carga de suficiencia surge de la necesidad de
mantener en cabeza de los funcionarios el cabal cumplimiento de sus deberes, sin
dilación alguna29.
108. Para ello, resulta pertinente traer a consideración los argumentos que sobre el
particular ha señalado esta Corporación30:
“[…] La Sección Quinta del Consejo de Estado ha dicho que los escritos de
recusación deben cumplir con los siguientes requisitos:
i (i) Identificación del solicitante, a menos de que exista una justificación seria
y creíble del peticionario para mantener la reserva de su identidad, de conformidad
con lo establecido en la sentencia C-951 de 2014 de la Corte Constitucional. (…).
i (ii) El señalamiento del servidor público o particular que ejerce función
pública, sobre el que recae el reproche y,
i (iii) Las razones por las que se estima que respecto de aquél existe un
conflicto entre el interés particular y el general, las cuales deben estar encaminadas
a ilustrar jurídica y probatoriamente si es del caso, la configuración de las causales
de impedimento legalmente establecidas.
En caso de que se verifique la falta de alguno de estos requisitos, no se debe
tramitar ni se le atribuye los efectos propios de la recusación, esto es, no se
suspende la actuación y por el simple hecho de su presentación no se ve afectado
el quorum. Lo anterior, puesto que lo que hacen los miembros del Consejo Directivo
es constatar que el escrito reúna los requisitos mínimos formales, y en caso de no
encontrarlos acreditados, de manera motivada podrán rechazarlo y no darle trámite.
Si el escrito cumple con los requisitos de forma, es procedente tramitarlo y producirá
los efectos correspondientes. […]”.
109. El artículo 16 de la Ley 1437 señala que toda petición debe contener, por lo
menos: i) la designación de la autoridad a la que se dirige; ii) los nombres y apellidos
completos del solicitante y de su representante y o apoderado, si es el caso, con
indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá
correspondencia; iii) el objeto de la petición; iv) las razones en las que se
fundamenta; v) la relación de los documentos que desee presentar para iniciar el
trámite y; vi) la firma del peticionario cuando fuere el caso.
110. El cumplimiento de los requisitos mínimos enlistados en el artículo 16 de la Ley
1437 “[…] (I) permite precisar el titular del derecho de petición que debe
garantizarse y (II) reviste de seriedad su ejercicio, “pues obliga a que quien lo
29
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. CP: Gloria María Gómez Montoya. Radicado
núm.: 11001-03-28-000-2025-00014-00 (Acumulado).
30 30
Consejo de Estado, Sección Quinta, M. P. Carlos Enrique Moreno Rubio, 3 de septiembre de 2020, rad. 11001-03-28-
000-2020-00031-00, demandado: Marcos Manuel Urquijo Collazos – director general CORPOGUAVIO.
25
Radicación núm.: 66001-23-33-000-2025-00184-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
suscribe se haga responsable de las afirmaciones que realice en sustento del
mismo e impide que se utilice para afectar impunemente derechos de terceros
como el buen nombre o la honra” , como lo precisó la Corte Constitucional en la
sentencia C-951 de 2014. […]31”.
111. Además, se ha señalado que las recusaciones “[…] encuentra límites en los
principios de proporcionalidad y razón suficiente, que reivindican la economía,
celeridad, eficacia y buena fe que orientan el ejercicio de la función pública hacia la
satisfacción del interés general de los administrados. […]32”.
112. En el presente caso, y según el acta de la sesión de 28 de junio de 2024, se
dio lectura al escrito de recusación presentado por la señora Maritza Ladino
Hernández en contra de todos los miembros del concejo. De acuerdo con su
contenido, si bien dicho escrito contiene una identificación de los concejales
recusados, se limitó a invocar de manera genérica las causales previstas en los
numerales 1, 10, 11 y 16 de la Ley 1437, sin explicar las razones para considerar
que los recusados se encontrarían incursos en dichas hipótesis normativas, más
allá de la simple referencia genérica.
113. Siguiendo los desarrollos jurisprudenciales de esta Corporación 33, el escrito
genérico formulado en contra de la totalidad de la corporación no corresponde al
de una recusación propiamente dicha, y por lo mismo, no puede producir los efectos
propios de censura en el comportamiento del servidor público. Así lo consideró esta
Sección en sentencia de 14 de septiembre de 202334 cuando señaló:
“[…] No obstante, como ya se advirtió, cualquier consideración en torno la conducta
desplegada por el concejal acusado durante su participación, deliberación y
votación en el referido asunto, debe tener como punto de partida imprescindible un
análisis detallado del escrito de 17 de mayo de 2022 para establecer si
correspondía, o no, a una recusación formalmente considerada […] En medio de
este contexto, en el que está involucrado una función pública de alto valor y peso
constitucional, no cualquier escrito constituye una recusación formal con el
potencial requerido para ser tramitada como tal, ni para lograr separar a la
mencionada concejal del cumplimiento del deber funcional que le subsiste en
calidad de servidora pública o apartarla de su intervención en el procedimiento
administrativo de elección del contralor, -como ocurrió en el asunto sub iudice-,
menos aun si el motivo de la censura es, precisamente, la existencia de supuestos
procesos activos de responsabilidad fiscal que puedan llegar a comprometer la
ecuanimidad de la cabildante. […]”.
114. Sin
perjuicio de lo anotado, se advierte que el concejal Carlos Mario Gil
Castañeda no votó en la resolución de la recusación formulada en su contra.
31
Consejo de Estado, Sección Quinta. Auto del 12 de marzo de 2020, Exp. 11001-03-28-000-2020-00009-00, M. P. Rocío
Araújo Oñate.
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, radicado: 11001-0324-000-2020-00056-00,
actor: María Aleyda Valencia Rojas, MP: Luis Alberto Álvarez Parra.
33
Ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.. CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
Radicado núm.: 25000-23-15-000-2022-00889-01. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Primera. CP: Nubia Margoth Peña Garzón. Radicado núm.: 25000-2315-000-2022-01014-01.
34
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. CP: Nubia Margoth Peña Garzón. Radicado
núm.: 25000-2315-000-2022-01014-01.
26
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Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
115. En efecto, de acuerdo con el estudio del Acta 093 de la sesión de 28 de junio
de 2024 y el video obrante en el expediente, se demostró que ante la existencia de
un cúmulo de recusaciones formuladas en contra de la totalidad de los miembros
integrantes y siguiendo la recomendación del asesor jurídico de la corporación, el
Concejo Municipal de Pereira efectuó el estudio del escrito de recusación de
manera separada e individual y de este se corrió traslado a los concejales para que
se pronuncien sobre la tacha y manifiesten si la aceptaban o no, situación que se
encontraba autorizada por el propio Reglamento Interno. Luego de ello, el
presidente del Concejo Municipal de Pereira sometió a consideración de la plenaria
el escrito cuyo resultado fue informado por la secretaría.
116. Igualmente, se demostró que el accionado no participó en la votación de su
propia recusación. Debe señalarse que la jurisprudencia ha señalado que el
régimen del conflicto de intereses busca separar a un servidor público del
conocimiento de un asunto cuando hay motivos serios y fundados para considerar
que podrían verse comprometidos los principios constitucionales de prevalencia del
interés general, la moralidad, la imparcialidad y transparencia, por lo que lo
censurable es que un concejal participe en la resolución de su recusación.
117. No puede dejarse de lado que la asistencia del concejal Carlos Mario Gil
Castañeda constituye un desarrollo de uno de los deberes de asistir a las sesiones,
cuya inobservancia incluso origina la causal de pérdida de investidura de
comprobarse la inasistencia en un mismo período de sesiones a cinco (5) reuniones
plenarias o de comisión en las que se voten proyectos de ordenanza o acuerdo,
según el caso, de conformidad con el numeral 2. del artículo 48 de la Ley 617.
118. Además, la presencia del concejal para conformar el cuórum deliberatorio
constituye un desarrollo lógico para que el concejo pueda abrir la sesión y deliberar.
En este sentido, el artículo 50 del Reglamento Interno señala que “[…] Tanto la
Plenaria de la Corporación como sus Comisiones Permanentes no podrán abrir
Sesiones, ni deliberar con menos de una cuarta parte de sus integrantes. […]”.
119. En los términos analizados, se advierte que el argumento formulado por el
solicitante en la demanda y reiterado en el recurso no tiene vocación de
prosperidad, toda vez que no se demostró la existencia de un interés directo,
particular y actual.
120. Así se comparte el argumento formulado por el Ministerio Público en cuanto
señaló que la simple presencia en el recinto del concejo no genera
automáticamente la pérdida de investidura puesto que esta circunstancia, por sí
misma, no demuestra la existencia de un interés directo, particular y actual.
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Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
121. Ahora, en cuanto a la invocación de la sentencia proferida por la Sección
Primera de 15 de mayo de 2025,35 se advierte que no resulta aplicable dada las
diferencias en cuanto a los presupuestos fácticos y jurídicos.
122. En efecto, en aquella oportunidad se analizó la conducta de las acusadas por
haber incurrido en la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 2. del
artículo 55 de la Ley 136 y en el numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617, esto es,
por violación del régimen de conflicto de intereses, al participar en la discusión y
aprobación de los proyectos de Acuerdo 014 de 2021 y 016 de 2022, que luego se
convirtieron en los Acuerdos 010 de 2021 y 010 de 2022, por medio de los cuales
se autorizó al alcalde del Municipio de Cubarral a realizar la cesión a título gratuito
o la enajenación de bienes fiscales ocupados ilegalmente, cuando dentro de la lista
de beneficiarios estaban unos parientes suyos dentro del 4º grado de
consanguinidad.
123. En dicha oportunidad, la Sección Primera encontró probado el elemento
objetivo de la causal de pérdida de investidura puesto que: “[…] las acusadas no se
separaron de la discusión del acuerdo; por el contrario, conformaron el quorum,
participaron en el debate y votaron la proposición sobre el título y los artículos 2, 3,
4 y 5 del proyecto de acuerdo. En ese escenario, se precisa que, si bien al momento
del llamado a lista para votar el artículo 1 las acusadas manifestaron “me declaro
impedida para votar este artículo y los parágrafos por conflicto de intereses”, y en
el llamado a lista para votar la aprobación del proyecto de acuerdo indicaron “me
abstengo de votar el acuerdo por conflicto de intereses”, no queda duda que el
impedimento y la abstención de votar no se predicó respecto de la totalidad del
proyecto de acuerdo, sino tan solo de una parte del trámite para su aprobación.
[…]”.
124. Sin embargo, la situación aquí analizada no comparte supuestos similares
puesto que en el presente caso se analiza si el concejal Carlos Mario Gil Castañeda,
incurrió en la causal de pérdida de investidura por violación del régimen del conflicto
de intereses prevista en el numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136 y en el numeral
1. del artículo 48 de la Ley 617, en consonancia con los numerales 1., 13 y 14 del
artículo 11 de la Ley 1437, por haber asistido, conformado el cuórum y haber
participado en la sesión de 28 de junio de 2024, en la cual se resolvieron las
recusaciones presentadas en contra de la totalidad de cabildantes de dicho ente
territorial, incluyendo el suyo propio, así como el cuestionamiento ético formulado
en contra de la señora Anyeline Sandoval Triana, quienes se inscribieron por el
mismo partido político.
125. Al no acreditarse la existencia de un interés directo, particular y actual en el
accionado, no resulta procedente abordar el análisis de los demás elementos que
integran el aspecto objetivo ni del elemento subjetivo de la conducta del accionado.
35
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de mayo de 2025. CP:
Oswaldo Giraldo López. Radicado núm.: 5000123 33 000 2024 00220 01.
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Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
• Del presunto conflicto de interés derivado del numeral 13 del artículo
11 de la Ley 1437
126. El solicitante argumentó que el convocado incurrió en un conflicto de intereses
derivado de la causal de impedimento prevista en el numeral 13 del artículo 11 de
la Ley 1417, puesto que, a pesar de que se encontraba pendiente una actuación
administrativa -la resolución de su propia recusación-, participó y votó las
recusaciones de los concejales Diego Alberto Agudelo Cardona, Carlos Enrique
Torres Jaramillo, Camilo Montoya Isaza, Elkin Alberto Gutiérrez Agudelo, Gustavo
Adolfo Villanueva Pelaez, Joan Manuel Rios Bedoya, Maicol Lopera Cardona,
Carolina Herrera Taborda, Carlos Hernán Muñoz Chavez, Nelson Pulido Alarcón,
Rodolfo José Martinez Barrios y Juan Alejandro de la Cruz Méndez, sin haberse
declarado impedido.
127. En relación con este aspecto se advierte que la Corte Constitucional, a través
de la sentencia C- 1040 de 200536, al efectuar el control de constitucionalidad por
vicios de procedimiento en la formación del Acto Legislativo 2 de 2004 “[…] Por el
cual se reforman artículos de la Constitución Política de Colombia y se dictan otras
disposiciones […]” indicó que en el ordenamiento jurídico se encuentra prohibido
que un congresista participe en la votación de su propio impedimento, pero no para
decidir los impedimentos de los demás congresistas, al señalar:
“[…] (2) Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que cada manifestación individual de
impedimento obedece a consideraciones subjetivas sobre circunstancias
eminentemente personales de los congresistas (artículo 291, Ley 5ª de 1992), lo cual
permite distinguir cada situación de las demás en la medida en que cada congresista
debe valorar, antes de manifestar un impedimento, si su situación particular tiene
sobre su voluntad una incidencia tal que le impide participar en el trámite de una ley
o, excepcionalmente, de una reforma constitucional. De ahí que el artículo 182 de la
Constitución señale que la declaración de impedimento ha de basarse en una
creencia, es decir, en una apreciación eminentemente subjetiva sobre la situación
individual en que se encuentre el congresista respecto de un proyecto determinado.
Por el sólo hecho de invocar la existencia de un conflicto de intereses, el
parlamentario no pierde la competencia para pronunciarse sobre otros impedimentos,
pues ellos son por naturaleza personalísimos, en la medida en que se refieren a la
afectación del fuero interno del funcionario al cual acceden (Ley 5ª de 1992, art. 291),
lo cual permite distinguir cada situación de las demás en la medida en que cada
congresista debe valorar, antes de manifestar un impedimento, si su situación
particular tiene sobre su voluntad una incidencia tal que le impide participar en el
trámite de una ley o, excepcionalmente, de una reforma constitucional. Por lo anterior,
es indiscutible que cada impedimento es diferente, pues obedece a la apreciación
36
La Corte Constitucional, sentencia C- 302 de 2021 se refirió a los parámetros consignados en la sentencia C- 1040 de 2005:
«22. En el ámbito del trámite para la aprobación de las reformas constitucionales, resulta de especial interés la Sentencia C-
1040 de 2005. En esta la Corte sostuvo, esencialmente, lo siguiente: i) la competencia para resolver los impedimentos
presentados por los congresistas se encuentra en cabeza de las comisiones o plenarias respectivas, sin que el asunto deba
remitirse a la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista; ii) no obstante, dicha Comisión sí es competente para resolver
las recusaciones en las que se denuncie un conflicto de intereses; iii) el congresista que se ha declarado impedido puede
participar en la decisión de los impedimentos presentados por otros congresistas, pues lo que le está vedado es participar en
la decisión de la propia solicitud de impedimento; iv) en todo caso, un congresista solo puede ser excusado del deber de
decidir los impedimentos formulados por otros legisladores después de que le haya sido aceptado el impedimento propio; v)
si varios congresistas presentan impedimento para conocer un asunto, nada se opone a que se realice un debate conjunto
de los mismos, sin perjuicio de que posteriormente la decisión de estos sea individual y separada; y vi) la falta de la declaratoria
del impedimento para discutir y votar un determinado tema no da lugar a invalidar la participación o la manifestación de
voluntad del congresista».
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sujetiva (sic) de circunstancias personales de un congresista que “cree” estar
impedido, y por lo mismo, alejado de los principios de transparencia y objetividad que
deben regir en el ejercicio de sus funciones37. En este sentido, si los impedimentos
no corresponden tan sólo a la valoración objetiva de un comportamiento, sino que,
por el contrario, priman en ellos las consideraciones personales que se tengan por el
funcionario que lo formula; es obvio que, bajo esa medida, cada cual está impedido
para participar en la votación de su propio impedimento, pero no para decidir
los impedimentos de los demás, ya que siempre se encontraran motivaciones
diferentes que deben ser resueltas de distinta manera, teniendo en cuenta la
variedad de matices que admite el comportamiento humano38. Ello no obsta para
que en casos concretos sea posible agrupar los conflictos de intereses por causas
similares para efectos de ser estudiados conjuntamente atendiendo a las respectivas
especificidades, por ejemplo, por una subcomisión conformada para ese propósito
específico (como ha tenido lugar en la práctica parlamentaria. Anexo I); simplemente
lo anterior indica que la naturaleza personalísima de cada impedimento permite a los
congresistas que los han formulado participar en la decisión de los impedimentos de
los demás.
(3) Adicionalmente, insiste la Corte en que los congresistas tienen el deber de asistir
a las sesiones del Congreso y votar en las decisiones que adopten las Cámaras (Ley
5ª de 1992. art. 127); el Reglamento del Congreso no efectúa distinción alguna en
cuanto al alcance de este deber de votar, es decir, no lo restringe exclusivamente a
los proyectos de ley o acto legislativo que se encuentren a consideración de las
Cámaras, se extiende, por lo tanto, a todos los asuntos cuya decisión se plantee a los
congresistas, incluyendo la definición de los impedimentos por conflictos de interés.
Los congresistas sólo pueden ser excusados de este deber de decidir efectivamente
después de que les haya sido aceptado el impedimento, como lo disponen
expresamente los artículos 124 y 293 de la Ley 5ª de 1992. Esto es entendible, dado
que los congresistas representan a sus electores y no pueden eludir su función de
representación política para la cual fueron elegidos sin que previamente se les haya
aceptado el impedimento por la plenaria o la comisión constitucional permanente de
cada cámara. De lo contrario, sería fácil evadir el cumplimiento de sus
responsabilidades y también se abrirá la puerta para paralizar la actividad del
Congreso. Así lo ha dicho también el Consejo de Estado e inclusive lo reiteró al decidir
sobre la demanda de pérdida de investidura contra la representante a la Cámara Yidis
Medina, demanda que no prosperó. […]”. (Negrilla fuera del texto).
128. En la citada sentencia de constitucionalidad, la Corte Constitucional explicó que
de llegar a admitirse la tesis de la imposibilidad de definir los impedimentos de los
otros podría llegarse a paralizar la función legislativa a cargo del Congreso de la
República, en contravía de los principios de representación democrática y
participación política:
“[…] Siendo ello así, no puede aceptarse la tesis de la imposibilidad de definir los
impedimentos de otros, pues en la práctica se podría llegar a un “callejón sin
salida”. En efecto, si el número de miembros del parlamento se redujera hasta
un quantum inferior al número necesario para conformar el quórum decisorio,
no podrían definirse los impedimentos, sacrificando la función legislativa y, por ende,
37
Sobre la materia, se sostuvo en la Asamblea Nacional Constituyente, al vincular los conflictos de intereses con la
declaración de impedimento: “En cuanto al conflicto de interés prácticamente se repite la norma que fue creada en el
Reglamento de la Asamblea Nacional Constituyente y es que; los congresistas estarán obligados a poner en conocimiento de
la respectiva Cámara sus conflictos de interés de carácter moral o económico, que los inhiba para decidir sobre asuntos
sometidos a su consideración, esta es una norma que no puede ser realmente más precisa, puesto que es muy difícil, definir
en qué consiste una situación tan subjetiva que inhiba para decidir libremente sobre un asunto, entonces se deja a la
consideración del mismo congresista, aunque obviamente si hay una razón objetiva que permita tipificarlo pueda recusarse
(...)”.
38
Tal y como ha sucedido, por ejemplo, en esta Corporación en los Autos 172 de 2003 y 080A de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar
Gil).
30
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desconociendo el principio democrático en la formación de las leyes, que se
manifiesta en que el pueblo pueda pronunciarse mediante la actividad legítima de
sus representantes. Hasta que un impedimento no es aceptado, no es posible
convocar a los miembros que siguen en la lista electoral (mal llamados suplentes),
pues no existe falta alguna en términos constitucionales, ya que sólo hay una
manifestación que per se no resulta vinculante. […]”. (Negrilla fuera del texto).
129. La Corte Constitucional, en sentencia C-337 de 200639, reiteró la regla de la
sentencia anterior en el siguiente sentido:
“[…] En efecto, en materia del procedimiento de resolución de los
impedimentos, ninguna norma de la Carta Política como de la Ley 5 de 1992,
expresamente prohíbe, y de manera general, que el Congresista que se ha
declarado impedido pueda participar en la decisión de los impedimentos
presentados por otros congresistas, pues lo que si les está vedado es participar
en la decisión de su propia solicitud de impedimento, así como cuando se les
acepta un impedimento, procede excusar del deber de votar que tienen. Un
entendimiento contrario de las disposiciones que regulan el tema, puede traer como
consecuencia la imposibilidad de definir los impedimentos que se presenten por
varios Congresistas a la vez, llegándose en la práctica a lo que se denominó un
“callejón sin salida”, pues podría en un momento dado reducirse el quórum decisorio
a un quantum inferior al necesario para resolverlos. Como también se determinó en
la Sentencia citada, debe valorarse la práctica parlamentaria que ha sido consistente
al respecto y armónica con cada uno de los casos que se han presentado, sin que
por ello se incurra en un vicio de procedimiento. […]”. (Negrilla fuera del texto).
130. La Sala Plena del Consejo de Estado, mediante sentencia de 11 de mayo de
200940, señaló lo siguiente:
“[…] los congresistas tienen el deber de manifestar su impedimento siempre que se
trate de “determinado proyecto o decisión trascendental” y dentro de estas
expresiones no cabe lo relativo a la decisión que ha de adoptarse en la respectiva
Cámara respecto de la declaración de impedimento de otro congresista. […] En otras
palabras, de conformidad con los preceptos constitucionales y legales antes
mencionados, el solo hecho de poner en conocimiento de la respectiva cámara el
impedimento, no releva al congresista de su obligación de asistencia, así no pueda
participar para resolver su propio impedimento. […]”.
131. La Sala Plena del Consejo de Estado, mediante sentencia de 27 de julio de
201041, sostuvo:
“[…] si el impedimento es negado subsiste para el Congresista el deber constitucional
de participar en el trámite del proyecto legislativo o asunto respecto del cual había
propuesto el impedimento.42 Ahora bien, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que
los congresistas no pueden intervenir para decidir su propio impedimento, aunque
pueden intervenir para decidir el impedimento de los otros. […]”.
39
Corte Constitucional, sentencia C- 337 de 2006, Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
40
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de mayo de 2009, MP: Alfonso Vargas
Rincon, radicado: 11001-03-15-000-2009-00043-00.
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Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 27 de julio de 2010, MP: Mauricio Fajardo
Gomez, radicado núm.: 11001-03-15-000-2009-01219-00.
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Sobre este aspecto cabe consultar lo expuesto por la Sala Plena en sentencia proferida el 21 de julio de 2009, expediente
00042, C.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
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Radicación núm.: 66001-23-33-000-2025-00184-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
132. En consecuencia, la Corte Constitucional, desde la sentencia C- 1040 de 2005
y hasta la fecha, al igual que esta Corporación Judicial han señalado que los
congresistas no pueden intervenir en el trámite de su propio impedimento, aunque
pueden intervenir para decidir el impedimento de los otros parlamentarios.
133. Resulta importante señalar que si bien estas consideraciones se esgrimieron
en relación con los impedimentos de los congresistas orientan el estudio de las
recusaciones de los concejales en el sub examine y, además de ello, esta
interpretación es la que resulta más compatible con los principios de eficacia y
economía en las funciones encomendadas por la Constitución Política y la ley a los
concejos municipales encaminadas hacia la satisfacción del interés general,
máxime aun si se tiene en cuenta que en el presente caso la Procuraduría Regional
de Risaralda había ordenado devolver la recusación formulada en contra de toda la
corporación para continuar con el trámite de elección del personero y recomendó
que, ante la ausencia de una regulación normativa en el Reglamento Interno se
debía acudir por analogía a la Ley 5ª de 1992, para evitar la parálisis institucional.
134. Así las cosas, y con sustento en los anteriores planteamientos, la Sala considera
que el argumento del apelante tampoco está llamado a prosperar, toda vez que no
se configuró la hipótesis prevista en el numeral 13 del artículo 11 de la Ley 1437.
135. Al no acreditarse la existencia de un interés directo, particular y actual en el
accionado, no resulta procedente abordar el análisis de los demás elementos que
integran el aspecto objetivo ni del elemento subjetivo de la conducta del accionado.
• Del presunto conflicto de interés derivado del numeral 14 del artículo
11 de la Ley 1437
136. El accionante señaló que el convocado incurrió en la causal de pérdida de
investidura derivada del conflicto de intereses previsto en el numeral 14 del artículo
11 de la Ley 1437, puesto que participó en la resolución de la recusación de la
señora Anyeline Sandoval Triana, quien fue su compañera de lista por el mismo
partido político para el período constitucional 2024 - 2027.
137. De acuerdo con los documentos Excel obrantes en el proceso, se advierte que
los concejales Anyeline Sandoval Triana y Carlos Mario Gil Castañeda se
inscribieron por la coalición integrada por el Partido de la U y el Partido Mira, según
se desprende del siguiente cuadro Excel43:
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Cfr. Índice 22 del expediente de primera instancia.
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Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
138. Para la Sala, las consideraciones expuestas con anterioridad según las cuales
un escrito de recusación debe satisfacer una carga mínima argumentativa que exige
la necesidad de que contenga las razones de hecho y de derecho en la que se
fundamenta, resultan suficientes para despachar desfavorablemente esta hipótesis.
139. En el sub examine, el incumplimiento de tal exigencia en relación con la
recusación presentada por la señora Maritza Ladino Hernández impide que pueda
servir de instrumento de censura para producir algún efecto y, con mayor razón,
para derivar el surgimiento de un eventual conflicto de intereses por el trámite de
esta.
140. En estos precisos términos, la sola participación del accionado en la resolución
de la recusación formulada en contra de su compañera de lista que, por demás, no
cumplía con los requisitos enlistados en el artículo 16 de la Ley 1437 para producir
efectos, no configura, por sí misma, conflicto de intereses y mucho menos causal
de pérdida de investidura.
141. La Sala se abstendrá de analizar los argumentos de la apelación relacionados
con el aspecto subjetivo, al no haberse demostrado los elementos objetivos de la
causal de pérdida de investidura.
142. Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia en cuanto
negó la solicitud de pérdida de investidura del señor Carlos Mario Gil Castañeda,
concejal del municipio de Pereira para el período constitucional 2024-2027.
II.7. Conclusiones
143. La Sala, luego de efectuar una valoración integral de las pruebas aportadas en
el expediente, considera que el señor Carlos Mario Gil Castañeda, concejal del
municipio de Pereira para el período constitucional 2024-2027 no incurrió en la
causal de pérdida de investidura por violación del régimen del conflicto de intereses
prevista en el numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136 y en el numeral 1. del artículo
48 de la Ley 617, en consonancia con los numerales 1., 13 y 14 de la Ley 1437,
razón por la cual se confirmará la sentencia de primera instancia.
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Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 26 de agosto de 2025, proferida por la
Sala Plena del Tribunal Administrativo de Risaralda, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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