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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-33-000-2020-00690-01

Pérdida de investidura

Fecha
5 de agosto de 2021
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-33-000-2020-00690-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 20 de noviembre de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 47001-23-33-000-2020-00690-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés

5 de agosto de 2021

PÉRDIDA DE INVESTIDURA / RÉGIMEN DE CONFLICTO DE INTERESES - Concejal / PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL POR VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE CONFLICTO DE INTERESES - Presupuestos para su configuración / PÉRDIDA DE INVESTIDURA – Elemento objetivo / CONFLICTO DE INTERESES COMO CAUSAL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA - Existencia de interés directo, personal y actual / CONCEJAL - Participación en discusión y aprobación de proyecto de acuerdo / CONCEJAL – Vínculo en cuarto grado de consanguinidad con personero municipal / RÉGIMEN SALARIAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES – Determinación / CONCEJO MUNICIPAL – Aprobación del salario del alcalde y el personero municipal / PERSONERO MUNICIPAL – Derecho al reconocimiento de su salario por mandato constitucional y legal / PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL POR VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE CONFLICTO DE INTERESES - No se configura al no estar demostrado el interés particular en la discusión y aprobación de acuerdo que establece el salario del personero municipal

La Sala de Decisión procede a analizar si, en el presente caso concurren o no los presupuestos objetivos y el subjetivo para la configuración de la causal de pérdida de investidura que se le atribuye al acusado: a) Que la persona señalada de adelantar la actuación violatoria del régimen de conflicto de intereses ejerza o haya ejercido la investidura de concejal Tal y como se indicó en el acápite precedente, quedó demostrado el primer presupuesto exigido para la estructuración de la causal que se le atribuyó al acusado, al quedar probada la investidura del concejal Jorge Isaac Pérez Carrascal, según la prueba documental arrimada al proceso, en especial, el Acta contentiva de la sesión inaugural del concejo municipal de Santa Ana, Magdalena, para el período constitucional 2020-2023 y, en la cual se aprecia que tal servidor público tomó posesión de su cargo. b) La existencia de un interés directo, particular y actual del concejal, ya sea de orden moral o económico, en la deliberación o decisión de un tema específico a cargo del concejo […] [E]l Acuerdo No. 006 de 27 de mayo de 2020 «Por el cual se fija el salario del Alcalde Municipal de Santa Ana, Magdalena, para la vigencia fiscal 2020», dispuso reconocer, a favor del Alcalde municipal de Santa Ana, Magdalena, para la vigencia fiscal 2020, el límite máximo salarial fijado por el Gobierno Nacional, en el Decreto 314 del 27 de febrero de 2020, a lo que se agrega que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 136 de 1994, norma modificada por el artículo 22 de la Ley 617 de 2000 así como el artículo 1° del Decreto 314 de 27 de febrero de 2020, disposición antes referida, se señaló expresamente que el monto del salario asignado al personero no podía superar el ciento por ciento (100%) del salario del alcalde. El Acuerdo No. 006 de 27 de mayo de 2020 en lo pertinente dispuso: […] Acorde con lo anterior, el concejal Jorge Isaac Pérez Carrascal, no obstante estar amparado en el ejercicio de una función constitucional y legal como es la concerniente a la atribución para la fijación de las escalas salariales y emolumentos de los empleados públicos de la administración municipal [ello dentro de los límites previstos por el Gobierno nacional, fijados en el Decreto 314 de 27 de febrero de 2020], resulta evidente que su intervención en el trámite y aprobación de la iniciativa de origen gubernamental que culminó con la aprobación del Acuerdo No. 006 de 27 de mayo de 2020 [el cual como quedó visto incluyó la escala salarial del personero municipal] se realizó en defensa del interés general que debe guiar el ejercicio de sus funciones y no en interés particular. En efecto, lo que identifica la existencia del conflicto de intereses es que, no obstante que, el servidor público de elección popular se encuentre en el ejercicio de la función pública, su participación en un asunto que le corresponde no consulte el bien común y la prevalencia del interés general, sino que pretenda obtener un lucro, beneficio o ventaja personal para sí o para favorecer a un tercero, aspecto que debe quedar debidamente demostrado según el caudal probatorio arrimado al proceso. […] En definitiva, para la Sala, no se encuentra acreditada la existencia de una situación constitutiva de conflicto de intereses que le impidiera, al acusado, participar en el trámite y en la discusión del proyecto que culminó con la aprobación del Acuerdo No.

006 de 17 de mayo de 2020, mediante el cual se fijó la escala salarial del alcalde y del personero municipal, a pesar de que el personero de dicho municipio, el señor Jorge Luis Reyes Pérez, es su primo hermano, pues, el solo parentesco o vínculo con dicho servidor público no da lugar a la configuración, per se, de dicha causal de desinvestidura, pues como lo reafirmó la Corte Constitucional, en sentencia SU- 379 de 2019, «[…]si bien es clara la existencia de un factor objetivo, como lo es el vínculo de consanguinidad entre los señores Escobar González y Uribe Escobar -primos hermanos-, es preciso señalar que la propia jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que esto no es suficiente para decretar la pérdida de investidura, pues dado el contenido indeterminado del concepto de ‘conflicto de interés’ es necesario analizar la subjetividad de la conducta que se reprocha». Así las cosas, y siguiendo la caracterización del interés exigido para la configuración de la causal de pérdida de investidura este debe ser directo, particular e inmediato y, por el contrario, en el presente caso resulta evidente que este se torna en hipotético y aleatorio, esto es, no es actual ni real. Lo anterior, en la medida que, no obstante que el concejal accionado se encontraba amparado en el ejercicio de una función pública, su intervención en el trámite, discusión y aprobación de la referida norma no se hizo en beneficio particular sino en interés general; la fijación de la escala salarial no se realizó para una persona específica sino para un cargo, a lo que se agrega que, dicha competencia se ejerció por el concejo municipal de Santa Ana, Magdalena, dentro de los límites trazados por el Gobierno Nacional, especialmente, lo regulado en el Decreto 314 de 27 de febrero de 2020.

FUENTE FORMAL: LEY 617 DE 2000 – ARTÍCULO 48 NUMERAL 1 / LEY 136 DE 1994 – ARTÍCULO 55 NUMERAL 2 / LEY 136 DE 1994 – ARTÍCULO 70

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 47001-23-33-000-2020-00690-01(PI)

Actor: HENRY PABA MANCERA

Demandado: JORGE ISAAC PÉREZ CARRASCAL

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA

Tema: VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE CONFLICTO DE INTERESES COMO CAUSAL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de 20 de noviembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la cual se denegaron las súplicas de la demanda.

ANTECEDENTES

I.1. La solicitud de pérdida de investidura

El ciudadano Henry Paba Mancera, actuando en nombre propio y en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [en adelante CPACA], solicitó a esta jurisdicción que se despoje de su investidura al concejal del municipio de Santa Ana, Magdalena, Jorge Isaac Pérez Carrascal, quien resultó elegido para el período constitucional 2020-2023.

I.1.1. La causal de pérdida de investidura invocada por el solicitante

El solicitante consideró que el concejal acusado transgredió el régimen de conflicto de intereses, previsto como causal de pérdida de investidura de los concejales, según lo dispuesto en los artículos 55, numeral 2°, y 70 de la Ley 136 de 1994, en consonancia con el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, por haber participado en el estudio, debate y aprobación del proyecto de Acuerdo No. 007 de 18 de mayo de 2020, mediante el cual se fijó la escala salarial del personero municipal, sin haber manifestado su impedimento, pese a que le asistía un interés directo, particular y actual toda vez que su pariente en cuarto grado de consanguinidad, el señor Jorge Luis Reyes Pérez, era el Personero Municipal de Santa Ana, Magdalena, quien resultó beneficiado con la aprobación de esa norma.

I.1.2. Los hechos juzgados

Los hechos que sirven de sustento a las pretensiones son los siguientes:

Indicó que, según consta en el Acta No. 001 de 2 de enero de 2020, se efectuó la instalación y toma de juramento de los concejales electos para el período constitucional 2020-2023 del municipio de Santa Ana, Magdalena, y entre ellos, el concejal Jorge Isaac Pérez Carrascal tomó posesión de su investidura como cabildante.

Subrayó que, de acuerdo con el Acta No. 060 de 28 de febrero de 2020 del concejo municipal de Santa Ana, fue elegido Personero Municipal, el señor Jorge Luis Reyes Pérez, quien tiene un vínculo, en cuarto grado de consanguinidad con el concejal Jorge Isaac Pérez Carrascal, es decir, son primos hermanos.

Aseguró que, el día 18 de mayo de 2020, se presentó a consideración del concejo, el proyecto de Acuerdo No. 007 de 18 de mayo de 2020 «Por el cual se fija el salario del Alcalde Municipal de Santa Ana, Magdalena, para la vigencia fiscal 2020», iniciativa que tuvo como objeto, además, fijar la escala salarial del personero municipal.

Anotó que, el referido proyecto de acuerdo fue tramitado, en primer debate, en la Comisión Tercera Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública, y aprobado por unanimidad por los miembros integrantes de dicha comisión, esto es, los concejales Minelvis Aragón Gómez, Pedro José Arrieta Nájera, Liliana del Carmen Gil Morales, Lenis Jiménez Medina y Yeselis Martínez Arévalo.

Afirmó que, conforme al contenido del Acta No. 33 de 27 de mayo de 2020, el mencionado proyecto de acuerdo fue aprobado en segundo y último debate por la plenaria del concejo municipal de Santa Ana, Magdalena, con once (11) votos positivos y dos (2) negativos, a lo que agregó que, el concejal acusado fue uno de los concejales que votó por el sí.

Con todo, enfatizó que el concejal Jorge Isaac Pérez Carrascal no se declaró impedido para participar del estudio, debate y aprobación del proyecto en mención, a pesar de tener conocimiento del conflicto de interés existente, en tanto que: (a) el Personero Municipal, Jorge Luis Reyes Pérez, tomó posesión de su cargo ante el concejo municipal el día 28 de febrero de 2020; (b) el proyecto de Acuerdo No.007 de 18 de mayo 2020, tenía como finalidad la fijación del salario del personero municipal, y (c) dicho servidor público es primo hermano del concejal demandado.

Destacó que, el Alcalde del municipio de Santa Ana, Magdalena, el día 2 de junio de 2020, sancionó el Acuerdo 006 de 27 de mayo de 2020 «Por el cual se fija el salario del alcalde municipal de Santa Ana, Magdalena, para la vigencia fiscal del 2020».

I.1.3. La explicación de la causal de pérdida de investidura alegada

El demandante consideró que el concejal Jorge Isaac Pérez Carrascal incurrió en la causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 55, numeral 2° y el 70 de la Ley 136 de 1994, en consonancia con el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, por haber transgredido el régimen de conflicto de intereses, la cual se sustenta en el hecho consistente en que intervino en la discusión y votación del proyecto de Acuerdo No. 007 de 18 de mayo de 2020, mediante el cual se fijó la escala salarial del personero municipal, pues le asistía un interés directo, particular y actual, en tanto que su primo hermano, el señor Luis Pérez Reyes Pérez, funge como Personero Municipal y resultó beneficiado con la aprobación de esa norma.

Indicó que, en el presente caso, se encuentran satisfechos los presupuestos trazados por la jurisprudencia para la configuración de dicha causal, como son: (1) en primer lugar, la calidad del señor Jorge Isaac Pérez Carrascal como concejal municipal de Santa Ana, Magdalena; (2) en segundo lugar, que el concejal acusado participó en el debate y votación del proyecto de Acuerdo No. 007 de 2020, mediante el cual se fijó la escala salarial del personero municipal, sin haberse declarado impedido; (3) en tercer lugar, a los concejos municipales les corresponde establecer las escalas de remuneración de los empleados públicos, entre ellos, de los personeros municipales, respetando los límites máximos fijados por el Gobierno Nacional, por lo que, era evidente que el citado servidor público se encontraba en ejercicio de funciones públicas propias de su cargo; (4) en cuarto lugar, el concejal Jorge Isaac Pérez Carrascal tiene un vínculo, en cuarto grado de consanguinidad, con el señor Jorge Luis Reyes Pérez, Personero Municipal, es decir, es su primo hermano y; (5) finalmente, al concejal acusado le asistía un interés directo en participar en el trámite y aprobación del citado proyecto de acuerdo, representado en la obtención de un beneficio directo y exclusivo a favor del señor, Jorge Luis Reyes Pérez.

También estimó probado el elemento subjetivo, en atención a que al acusado le asistía un interés directo y, además, tenía pleno conocimiento de los hechos como de la ilicitud, esto es, conocía que su comportamiento resultaba contrario al ordenamiento jurídico y que beneficiaría a su familiar, agregando que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento (artículo 9° del Código Civil).

I.2. Trámite de la solicitud de pérdida de investidura en la primera instancia

El magistrado sustanciador del proceso de la primera instancia, mediante auto de 20 de octubre de 2020, admitió la demanda y ordenó la notificación de rigor al demandado y al agente del Ministerio Público en la forma prevista en los artículos 8° y 9° de la Ley 1881 de 2018, en consonancia con el Decreto Legislativo 806 de 2020. Surtido el trámite anterior, el concejal accionado contestó oportunamente la demanda.

I.3. La contestación de la demanda por el concejal Jorge Isaac Pérez Carrascal

El concejal Jorge Isaac Pérez Carrascal, por conducto de apoderado judicial, contestó oportunamente la demanda esgrimiendo, en síntesis, los siguientes reparos de inconformidad:

Entendió que el problema jurídico que debía analizarse tenía como objeto establecer si, en efecto, el concejal Jorge Isaac Pérez Carrascal incurrió en la violación al régimen del conflicto de intereses al no declararse impedido para participar y votar el proyecto de Acuerdo No. 007 de 18 de mayo de 2020, mediante el cual se fijó la escala salarial del personero municipal, pese a que le asistía un interés directo, pues el Personero Municipal, Jorge Luis Reyes Pérez, con quien tiene un vínculo, en cuarto grado de consanguinidad, resultó beneficiado con la aprobación de dicha norma, para lo cual precisó que el juez de la pérdida de investidura no podía detenerse, exclusivamente en la existencia del factor objetivo -vínculo de consanguinidad-, sino también valorar la subjetividad de la conducta.

Subrayó que el Acuerdo No. 007 de 18 de mayo de 2020, por medio del cual se fijó el salario del alcalde y del personero municipal de Santa Ana, Magdalena, fue discutido y aprobado por el pleno del concejo, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, razón por la cual y siguiendo la caracterización del interés exigido para la configuración de la causal de pérdida de investidura invocada en la demanda a partir de los derroteros trazados por la jurisprudencia, en el presente caso este se tornaba en hipotético o aleatorio, pues la naturaleza de la fijación salarial de los empleados públicos, entre ellos, del personero municipal emana de la Constitución Política y de la ley, especialmente de los artículos 150 (numeral 19, literal e) y 313 (numeral 6) del Estatuto Superior; el artículo 2°, literal c), inciso 2°, de la Ley 136 de 1994; el artículo 37 de la Ley 1551 de 2012; y el artículo 1° del Decreto 314 de 2020.

Así pues, sostuvo que la obligación constitucional y legal de fijar, mediante acuerdo, el régimen salarial de los personeros se predica del cargo, más no de la persona que lo ocupa y emana del cumplimiento de un deber constitucional y legal asignado a las corporaciones públicas del orden municipal o territorial, enfatizando en el argumento según el cual:

«[…] el Acuerdo aprobado fija la asignación salarial de todos los empleados de la administración municipal, incluidos entre ellos el del Alcalde y el del Personero, ya no en incidencia directa sobre la persona que ocupe el cargo sino sobre el cargo en si (sic), como parte de la estructura organizacional del ente territorial, además, no fija una asignación salarial de un solo cargo en sí, sino la de todas las categorías de empleos de la administración municipal».

Planteó las excepciones las que tituló <<inepta demanda por ausencia de lesión al bien jurídico tutelado por la ley>>; <<inexistencia de causal por pérdida de investidura>>; <<buena fe y cumplimiento de un deber legal en la actuación del Concejal Jorge Isaac Pérez Carrascal>> y la <<innominada y/o genérica>>.

En relación con la excepción denominada <<inepta demanda por ausencia de lesión al bien jurídico tutelado por la ley>>, argumentó que el demandante no manifestó con claridad en qué consistía el interés directo, particular o actual, moral o económico, ni tampoco explicó la forma en que el concejal Jorge Isaac Pérez Carrascal comprometió su independencia e imparcialidad en el trámite y aprobación del proyecto de Acuerdo No. 007 de 18 de mayo de 2020, y por el contrario, afirmó que la demanda era temeraria, por apoyarse en hechos infundados que carecen de la virtualidad de comprobar la causal de pérdida de investidura alegada.

Alegó, igualmente, la excepción de <<inexistencia de causal por pérdida de investidura>> la cual sustentó con el argumento consistente en que el proyecto de Acuerdo No. 007 de 18 de mayo de 2020, fue discutido y aprobado por el concejo municipal en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y no creó beneficios exclusivos a favor del primo hermano del accionado, dado que se trata de la fijación salarial creada por la Constitución Política y la ley.

Finalmente, la excepción de <<buena fe y cumplimiento de un deber legal en la actuación del Concejal Jorge Isaac Pérez Carrascal>> se edificó en la tesis atinente a que el concejal acusado actuó de buena fe y en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales y, en apoyo a su dicho, citó un pronunciamiento reciente de esta jurisdicción que guarda idénticos presupuestos fácticos y jurídicos.

I.4. Trámite del proceso judicial en primera instancia

El magistrado sustanciador del proceso en primera instancia, mediante auto de 11 de noviembre de 2020, abrió el proceso a pruebas y, dispuso incorporar las pruebas documentales aportadas por las partes y, fijó para el día 18 de noviembre de 2020, hora 9:00 am, la realización de la audiencia de que tratan los artículos 11 y 12 de la Ley 1881 de 2018.

La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Magdalena, en el día y hora programada realizó la audiencia de que tratan los artículos 11 y 12 de la Ley 1881 de 2018, en la cual se escucharon las intervenciones de todos los sujetos procesales quienes allegaron sus intervenciones por escrito.

Intervención del apoderado del demandante

El demandante por conducto de su apoderada principal insistió en que, en el presente caso, se encuentran probados los requisitos objetivos de la causal de pérdida de investidura por violación al régimen de conflicto de intereses, en tanto que: (1) el señor Jorge Isaac Pérez Carrascal es concejal del municipio de Santa Ana, Magdalena; (2) el concejal acusado no manifestó su impedimento para discutir y votar el Proyecto de Acuerdo No. 007 de 18 de mayo de 2020, (3) el concejal accionado conformó el cuórum y participó en el debate y votación del proyecto en mención y, (4) dicha participación se realizó en un asunto de conocimiento funcional.

Encontró demostrado, igualmente, el elemento subjetivo, como quiera que el proyecto de acuerdo tiene efectos directos e inmediatos sobre el estatus y salario del Personero Municipal, Jorge Luis Reyes Pérez, primo hermano del acusado, y este, en su condición de servidor público de elección popular estaba obligado a conocer las situaciones constitutivas de conflicto de intereses, máxime si ostenta como profesión la abogacía.

Para terminar y contrario a lo argumentado por el demandante, afirmó que (1) la demanda sí cumple con los requisitos formales exigidos por la Ley 1881 de 2018, tal y como lo indicó el auto admisorio de la solicitud de pérdida de investidura; (2) la función encomendada a los concejales consistente en fijar el régimen salarial del personero municipal se encuentra sujeta al régimen de conflicto de intereses con el fin de salvaguardar el ejercicio de la función pública, por lo que, el cumplimiento de un deber legal no puede justificar su inobservancia; y (3) la temeridad requiere un análisis de la pretensión y los elementos probatorios los cuales, en el presente caso, brillan por su ausencia.

Intervención del agente del Ministerio Público

El Procurador 43 Judicial II para Asuntos Administrativos, agente del Ministerio Público, luego de hacer un análisis riguroso de los medios de prueba aportados al plenario subrayó que el concejal Jorge Isaac Pérez Carrascal no incurrió en la causal de desinvestidura prevista en el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, en armonía con el artículo 70 de la Ley 136 de 1994, pues no se logró demostrar que, efectivamente, hubiere violado el régimen de conflicto de intereses por el simple hecho de haber omitido declararse impedido para participar en la aprobación de la remuneración del personero municipal, cargo que viene siendo ejercido por su primo hermano.

Bajo tal cuerda argumental, sostuvo que no se logró demostrar que el concejal accionado pretendió anteponer un interés privado, directo y actual frente al interés público con miras a favorecer a su primo hermano, pues, aclaró que el proyecto de Acuerdo 007 de 2020, fue presentado por iniciativa del alcalde de ese municipio y tampoco se demostró que, al votar positivamente, lo haya hecho con el ánimo de materializar un provecho, utilidad, ventaja o conveniencia propia o en favor de su primo contraria al interés general.

Por el contrario, y en concepto de la vista fiscal, la intervención del acusado en el trámite de dicho proyecto de acuerdo se dio en cumplimiento de un deber constitucional, aclarando que, según el artículo 159 de la Ley 136 de 1994, norma modificada por el artículo 22 de la Ley 617 de 2000, el salario de los personeros en ningún caso puede superar el salario del Alcalde, por lo que, aseguró que «[…] ningún reproche merece la participación e intervención del demandado en el debate y aprobación del Acuerdo No. 006 del 27 de mayo de 2020, pues con ello no beneficiaba a su primo, ni rompía el principio de imparcialidad consagrado en el artículo 209 de la Constitución».

Intervención del apoderado del accionado

Finalmente, el apoderado del acusado reiteró los mismos argumentos esgrimidos en la contestación de la demanda. En definitiva, adujo que, el concejal Jorge Isaac Pérez Carrascal no incurrió en la causal de pérdida de investidura por haber violado el régimen de conflicto de intereses, pues la participación en el trámite y aprobación del proyecto de Acuerdo No. 007 de 2020, se dio en cumplimiento de una competencia reglada en la Constitución Política y en la ley lo cual descarta, en definitiva, la existencia de un interés directo y particular.

Resaltó la importancia de que, el juez de la pérdida de investidura efectúe el análisis del elemento subjetivo o de la culpa, tal y como lo reconoció la Corte Constitucional en sentencia SU-424 de 2016 y, de manera más reciente, la SU – 379 de 2019.

En esa medida, indicó que «[…] [n]o se cumple ni hubo forma de probar, con las arrimadas al proceso, ese primer requisito definido por la jurisprudencia (interés privado concurrente), y los elemento (sic) que lo conforman (existencia, juridicidad, privado, titularidad), como tampoco el segundo (interés público concurrente), pues el proyecto de acuerdo como tal, no implica un interés público; simplemente es un mero trámite surtido en todos los concejos del país para el cumplimiento de un deber constitucional y legal de estos cuerpos colegiados – se reitera- la fijación salarial del personero municipal emana de la Ley, dicha facultad no es potestad de los concejales, y el acto de aprobación de dichos salarios, se predica del cargo mas no de la persona que lo ocupa».

I.5. La sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena

El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia de 20 de noviembre de 2020, resolvió denegar las súplicas de la demanda.

El problema jurídico que ocupó la atención del a quo, se centró en establecer si se debía declarar o no la pérdida de investidura del señor Jorge Isaac Pérez Carrascal, en su calidad de concejal electo para el municipio de Santa Ana, Magdalena, por presuntamente haber incurrido en la causal prevista en el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, sobre violación del régimen de conflicto de intereses, con fundamento en que el demandado participó en el debate, votación y aprobación del proyecto de Acuerdo No. 007 de 18 de mayo de 2020 «Por el cual se fija el salario del Alcalde Municipal de Santa Ana, Magdalena para la vigencia fiscal 2020», el cual comprendió también la fijación del salario del Personero Municipal, el señor Jorge Luis Reyes Pérez, sin haberse declarado impedido, pues aquel servidor público es su primo hermano. El a quo precisó que, solo en el evento de encontrar cumplidos los presupuestos normativos de esa causal y, con ello, el elemento objetivo, debía entrar a analizarse el elemento subjetivo, para lo cual se debía demostrar si la conducta desplegada por el acusado lo fue con dolo o culpa grave.

Planteó, como tesis la consistente en que, las pruebas aportadas al proceso no demuestran el interés directo, particular y actual del demandado en la fijación del régimen salarial del personero municipal, siendo este un requisito indispensable para acreditar la causal de pérdida de investidura invocada por el actor.

Para tales efectos, abordó lo concerniente a la naturaleza jurídica, alcance y finalidad de la institución de la pérdida de investidura, el análisis de la causal específica por violación al régimen de conflicto de intereses según los derroteros jurisprudenciales y las condiciones o supuestos exigidos para su configuración, para luego proceder al estudio de los medios de prueba aportados al proceso y, finalmente, descender al caso en concreto.

Encontró probado el primer requisito para la configuración de la causal [relativo a la calidad de concejal], al quedar acreditado que el señor Jorge Isaac Pérez Carrascal fue elegido cabildante del municipio de Santa Ana, Magdalena, para el período constitucional 2020-2023.

Sin embargo, no encontró demostrado el segundo supuesto para la configuración de la causal analizada [relativo a la existencia de un interés directo, particular y actual del concejal en la deliberación o decisión de un tema específico a cargo de la respectiva corporación pública, es decir un asunto de conocimiento funcional del corporado, cualquiera sea su naturaleza, lo que no circunscribe la causal, únicamente a las cuestiones político- administrativas, sino a toda materia que sea competencia del órgano], pues la participación del concejal demandado en el estudio, discusión y aprobación del proyecto de Acuerdo No. 007 de 18 de mayo de 2020 «Por el cual se fija el salario del alcalde municipal de Santa Ana, Magdalena para la vigencia fiscal de 2020», [dentro del cual se encontraba incluido el salario del personero municipal] se hizo en cumplimiento de las funciones constitucionales y legales asignadas a los concejos municipales.

En efecto, explicó que según lo dispuesto en el literal e) del numeral 19 del artículo 150 y 313, numeral 6°, de la Constitución Política y el literal c) del artículo 2° de la Ley 136 de 1994, a los concejos les corresponde la fijación del incremento salarial para los distintos cargos de la administración municipal, facultad que debe realizarse atendiendo los parámetros establecidos por el Gobierno Nacional, a quien le compete trazar los límites máximos para determinar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de las entidades territoriales.

Además, agregó que:

«[…] Sumado a lo anterior, es importante destacar por parte de esta Sala que, la fijación de la remuneración que se realizó a través del proyecto de acuerdo citado en líneas anteriores, no fue para una persona en particular, sino que se realizó para unos cargos específicos que hacen parte de los empleados de la Administración Municipal, como son el alcalde y el personero municipal, con independencia de la persona que los ostenta.

En consecuencia, es posible concluir que, el actor no desplegó esfuerzo alguno que permitiera demostrar cual (sic) era el presunto interés directo, particular y actual en cabeza del concejal demandado, ya sea de orden moral o económico, que le asistía al momento de participar en el debate del acuerdo que fijaba el régimen salarial del personero municipal; por el contrario, a juicio de esta Colegiatura, se descarta cualquier interés del concejal Jorge Isaac Pérez Carrascal en la actuación analizada en el asunto de la referencia, pues se insiste, éste se encontraba amparado en una competencia que le otorgó la constitución y la ley.

Por lo tanto, al no concurrir los presupuestos requeridos para la causal de conflicto de intereses, el demandado no estaba obligado a manifestar impedimento alguno, como en efecto no lo hizo, conducta esta que no lo hace incurso en la citada causal como lo estima la parte actora».

Finalmente, al no encontrar reunidos los presupuestos objetivos de la causal de pérdida de investidura por violación al régimen de conflicto de intereses se abstuvo de entrar al análisis del elemento subjetivo o la culpabilidad.

I.6. El recurso de apelación interpuesto por el demandante

El demandante, inconforme con esa decisión, presentó recurso de apelación con el fin de obtener la revocatoria de la sentencia de primera instancia, en especial frente al análisis del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura que efectuó el a quo en el fallo cuestionado.

Consideró que en el caso sub examine y contrario a lo argumentado por el Tribunal estaban presentes los elementos objetivos de la causal de pérdida de investidura que se le atribuyó al acusado, a saber (1) la calidad de concejal que ostenta el demandado; (2) su participación en el trámite y aprobación del proyecto de Acuerdo No. 007 de 18 de mayo de 2020, mediante el cual se fijó la escala salarial del personero municipal, sin haberse declarado impedido a pesar de que (3) dicha norma afectaba directamente al señor Jorge Luis Reyes Pérez, Personero Municipal, con quien tiene un vínculo dentro del cuarto grado de consanguinidad.

Luego de hacer alusión al contenido del artículo 150, numeral 19, literal e) y 313, numeral 6°, de la Carta Política, así como el parágrafo del artículo 12 de la Ley 4 de 1994, consideró que si bien la fijación del salario del personero municipal es una función constitucional y legal a cargo del concejo municipal, «[…] no puede desconocerse el carácter discrecional que reposa en el órgano colegiado para la fijación de los salarios allí mencionados, y, en consecuencia, la sujeción que persiste al régimen de inhabilidades, incompatibilidad y conflicto de interés» y, en desarrollo de ese argumento, adujo que:

«[…] La Constitución Política en su artículo 150, numeral 19, literal e) dispone que corresponde al Congreso dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para fijar el régimen salarial de los empleados públicos. A su vez, el artículo 313, numeral 7 (sic), de la Constitución dispone que es función del Concejo Municipal establecer las escalas de remuneración de los empleados públicos del municipio.

La Ley 4 de 1992 consagra en el Parágrafo del artículo 12 que el Gobierno Nacional deberá establecer topes máximos salariales a los que deben acogerse las autoridades territoriales competentes para fijar salarios; y en concordancia con ello, el Decreto 314 de 2020 fijó los límites máximos salariales de los Gobernadores, Alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales, dentro del cual se dispone:

[…]

De conformidad con la norma precitada, no hay lugar a dudas que dentro de las funciones del Concejo Municipal se encuentra la de fijar, a través de acuerdo, el salario del alcalde, de los contralores y del personero municipal, todo ello, dentro del límite impuesto por la norma; es decir, la norma jurídica impone dos acciones: (i) la función que recae sobre el concejo municipal de fijar los salarios de los empleados públicos antes mencionados y, (ii) ejercer la función No. 1 en los términos dispuestos por la norma, es decir, acatando el límite allí contemplado.

Por lo que, si bien la fijación del salario del personero municipal es una función legal dispuesta para el concejo municipal, como lo son, todas las atribuciones que ostentan los servidores públicos, no puede desconocerse el carácter discrecional que reposa en el órgano colegiado para la fijación de los salarios allí mencionados, y, en consecuencia, la sujeción que persiste al régimen de inhabilidades, incompatibilidad y conflicto de interés.

Así entonces, para el juzgador de primera instancia, no hay lugar a dudas que el señor JORGE ISAAC PEREZ CARRASCAL actuó en el ejercicio de sus funciones, requisito que, tal y como el honorable Consejo de Estado ha establecido, debe cumplirse para la configuración de la causal de pérdida de investidura. No obstante, ello no implica que el régimen de conflicto de interés no sea aplicable, pues es justamente en el ejercicio de la función pública donde dicho régimen despliega su aplicabilidad; en otras palabras, toda causal de conflicto de interés se da en el marco del uso de las funciones legalmente atribuidas al funcionario público, por lo que actuar “en ejercicio de las funciones constitucionales y legales que el cargo le impone”, en palabras del a quo, no es el motivo por el cual no se está en presencia del conflicto de interés […]».

En síntesis observó que, si bien el concejal Jorge Isaac Pérez Carrascal actuó en cumplimiento de las competencias constitucionales y legales, entre ellas, la consistente en la fijación del salario de los empleados públicos, lo cierto era que en el ejercicio de dicha función de naturaleza discrecional, el concejal no podía sustraerse del deber de declararse impedido para participar en el debate y votación del proyecto de Acuerdo No. 007 de 18 de mayo de 2020, a través del cual se fijó el salario del Personero Municipal, Jorge Luis Reyes Pérez, con quien tiene un vínculo en el cuarto grado de consanguinidad, y en apoyo a su tesis se sustentó en lo consignado en el concepto 145221 de 2016 del Departamento Administrativo de la Función Pública y la sentencia de 20 de noviembre de 2001, sobre la finalidad que está llamada a cumplir el instituto del régimen de conflicto de intereses que no es otro que la salvaguarda del interés general.

Pasó a abordar el análisis del elemento subjetivo y, para ello precisó que quedó probado el interés directo del concejal, pues el proyecto de Acuerdo No. 007 de 18 de mayo de 2020, generó un beneficio inmediato a favor de su primo hermano, precisando que el interés puede recaer en el cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil.

Agregó que, el acuerdo que fijó el salario no requería de otro acto administrativo para que se materializara dicha decisión «[…] puesto que por si (sic) solo tenía la capacidad de generar un efecto inmediato sobre la remuneración del mismo»; y, precisó que, la fijación del salario no fue para un cargo en abstracto sino para una persona específica, es decir, el señor Jorge Luis Reyes Pérez, quien para la fecha en que se aprobó el acuerdo había tomado posesión del cargo como personero.

Argumentó que, de acogerse la interpretación del a quo «[…] nunca podría configurarse la causal de conflicto de interés en casos de fijación de salarios de funcionarios públicos, puesto que ella suele realizarse a nombre del cargo y no de la persona natural que en su momento lo ocupa. Lo que resulta relevante en el presente caso es que, pese a que a tenor literal no se mencionara el nombre del funcionario que ocupaba el cargo en el acto administrativo, la naturaleza de este es particular, comoquiera que sus efectos son particulares y genera la modificación de un derecho patrimonial sobre una persona en específico que, al momento de decidir, ya era conocida».

De lo expuesto afirmó que el interés era particular, actual «[…] puesto que se realizó la conducta en virtud de las funciones propias del cargo ocupado», real, «[…] bajo el entendido de que el mero acto administrativo en firme es capaz de generar los efectos sobre el beneficiado, sin que su eficacia o ejecución sea hipotética o eventual por estar condicionada a otro acto», y patrimonial, «[…] comoquiera que la materia sobre la cual recae la decisión del Concejal es de contenido económico, como lo es el salario que recibiría su familiar».

Igualmente, y para finalizar, encontró probado el elemento de la culpabilidad, en atención a que el acusado (1) estaba en plenas condiciones para comprender su actuar al momento de deliberar el proyecto de Acuerdo No. 007 de 18 de mayo de 2020, que benefició a su familiar, puesto que sabía que su primo hermano era personero municipal; además estaba en capacidad de comprender el régimen de conflicto de intereses en que se encontraba incurso puesto que era un profesional en la abogacía; (2) conocía y debía conocer de su actuación, su voluntad se enderezó a violar tal régimen, agregando que, en todo caso, el accionado no demostró una situación constitutiva de caso fortuito o de fuerza mayor como eximentes de responsabilidad.

I.7. Trámite del recurso de apelación

El magistrado sustanciador del proceso en primera instancia, mediante providencia de 17 de febrero de 2021, concedió, en el efecto suspensivo, el recurso de apelación interpuesto por el demandante.

Repartido el proceso en segunda instancia, el despacho sustanciador del proceso, a través de auto de 5 de marzo de 2021, admitió el recurso de apelación y corrió traslado del auto, en los términos del artículo 14 de la Ley 1881 de 2018, a las partes y al agente del Ministerio Público.

Notificada a las partes la precitada providencia judicial, todos los sujetos procesales guardaron silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala de Decisión, a efectos de resolver la presente controversia, abordará el análisis de los siguientes tópicos: (1) competencia de la Sala; (2) la acreditación de la condición del concejal acusado; (3) el problema jurídico a resolver; (4) el desarrollo legal y jurisprudencial de la causal de pérdida de investidura que se le atribuye al accionado; (4) los medios de prueba arrimados al proceso; (5) el análisis del caso en concreto y de los motivos de impugnación del acusado, para finalmente, hacer alusión a (6) las conclusiones.

II.1. La competencia

Esta Sala de Decisión es competente para decidir esta controversia en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 48 de la Ley 617; en el artículo 13 del Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 2019; y en el artículo 150 del CPACA.

II.2. La acreditación de la condición del concejal para la época de los hechos

El Acta 001 de 2 de enero de 2020, contentiva de la sesión inaugural del concejo municipal de Santa Ana, Magdalena, correspondiente al período constitucional 2020-2023, da cuenta que el señor Jorge Isaac Pérez Carrascal tomó posesión de su investidura de concejal, quedando acreditada la condición del demandado como sujeto pasivo del presente mecanismo de control de pérdida de investidura con dicha prueba documental, en tanto que siguiendo los derroteros jurisprudenciales de esta Corporación dicho documento público es un medio de prueba idóneo para acreditar la calidad o el estatus de servidor público de elección popular.

Así las cosas, se encuentra satisfecho el requisito previsto en el literal b) del artículo 5° de la Ley 1881 de 2018, aplicable a los procesos de pérdida de investidura de los concejales por así disponerlo expresamente el artículo 22 de la misma ley.

II.3. El problema jurídico

La Sala de Decisión, una vez se han agotado los trámites propios de este medio de control sin que se observe irregularidad o causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, considera que el problema jurídico que se debe resolver tiene como finalidad establecer si se configuran los elementos -objetivos y el subjetivo- que permitan despojar de su investidura de concejal del municipio de Santa Ana, Magdalena, al señor Jorge Isaac Pérez Carrascal, por haber transgredido el régimen de conflicto de intereses que le impedía participar en el trámite, discusión y aprobación del proyecto de Acuerdo No. 007 de 18 de mayo de 2020, mediante el cual se fijó la escala salarial del personero municipal, en tanto que le asistía un interés directo, particular y actual toda vez que tiene un vínculo en cuarto grado de consanguinidad con el señor Jorge Luis Reyes Pérez, Personero Municipal de Santa Ana, Magdalena, quien resultó beneficiado con la aprobación de esa norma.

II.4. La causal de pérdida de investidura que se le atribuye al acusado, su desarrollo legal y jurisprudencial

A juicio del demandante, el acusado transgredió el régimen de conflicto de intereses, causal de pérdida de investidura de los concejales descrita en los artículos 55, numeral 2°, y 70 de la Ley 136 de 1994, en armonía con el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000.

El numeral 2° del artículo 55 de la Ley 136 de 1994 es del siguiente tenor:

«[…] ARTÍCULO   55.- Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales perderán su investidura por:

[…] 2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses.
[…]».

El artículo 70 de la Ley 136 de 1994, define el conflicto de intereses de la siguiente manera:

«[…] Artículo 70º. Conflicto de interés. Cuando para los concejales exista interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o, de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o votaciones respectivas […]» (Destacado de la Sala).

Por su parte, el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 prescribe que:

«[…] ARTÍCULO  48.- Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general».

Sea lo primero indicar que esta causal de pérdida de investidura desarrolla los mandatos constitucionales previstos en los artículos 1° y 133 de la Carta Política, modificado por el artículo 5° del Acto Legislativo 1 de 2009, preceptos que establecen que Colombia es un Estado Social de Derecho, fundado en la prevalencia del interés general, y que los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo y deberán actuar consultando la justicia y el bien común.

De esa forma, lo que se castiga con esta causal de pérdida de investidura es la posibilidad de que quienes resulten elegidos popularmente para integrar corporaciones públicas pretendan, con determinadas decisiones, lucrarse u obtener beneficios, ventajas o privilegios personales, en detrimento de la comunidad, desconociendo precisamente el interés general que debe guiar el ejercicio de sus funciones.

Siguiendo la disposición legal que prevé la causal de pérdida de investidura, el conflicto de intereses se presenta cuando el concejal tiene interés directo en el asunto que se encuentra conociendo porque el mismo le beneficia o afecta de forma personal o a alguno de sus parientes en los grados indicados en la norma o a sus socios.

Así, el asunto puesto en conocimiento del concejal le plantea un enfrentamiento entre su interés personal y el interés general o el bien común que, se reitera, deben guiar el ejercicio de sus competencias, lo cual le obliga a manifestar su impedimento para efectos de que este sea resuelto, so pena de incurrir en la causal de pérdida de investidura.

Esta Sección, en reciente sentencia de 18 de marzo de 2021, al referirse al concepto, finalidad y requisitos exigibles para la configuración de la violación del régimen de conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura sostuvo que:

«[…] 91. La causal de pérdida de investidura por violación al régimen de conflicto de intereses permite dar cumplimiento al mandato constitucional previsto en el artículo 133 de la Constitución Política que señala que constituye un imperativo de los miembros de los cuerpos colegiados de elección popular, actuar consultando la justicia y el bien común y, en esa medida, resulta exigible que en un determinado momento, cuando se produzca una colisión entre el interés general con el particular o privado que pueda tener un servidor público sobre un asunto que deba conocer manifieste de manera oportuna dicha situación, mediante la declaratoria de su impedimento, pues no hacerlo compromete el ejercicio transparente, probo y ponderado del ejercicio de la función pública que están llamados a cumplir en la democracia representativa.}

92. La jurisprudencia de esta Corporación ha cumplido un papel preponderante a la hora de definir las reglas para el desarrollo de este concepto «jurídico indeterminado» y para tal efecto ha señalado que el interés debe ser entendido como «[…] aquellas situaciones de carácter particular en las cuales puede verse comprometida la independencia, la ecuanimidad, la imparcialidad y la ponderación de los servidores públicos llamados a proferir una decisión que les compete y de cuya adopción pueden derivarse beneficios directos, particulares y concretos para ellos mismos, sus cónyuges o compañero/as permanentes, alguno de sus parientes dentro del grado de parentesco que en cada caso establezca la ley, o alguno de sus socios».

93. El interés exigido debe ser directo, esto es, que surja del cumplimiento de una función encomendada al servidor público de elección popular constitucional y legalmente; particular pues debe recaer directamente en él porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho; real, que se opone a lo hipotético o eventual y puede ser de orden económico o moral, lo que significa que no es netamente patrimonial.

94. En este sentido esta Sección ha acogido y reiterado, en múltiples oportunidades, lo dicho en concepto de 28 de abril de la Sala de Consulta y Servicio Civil sobre la noción, finalidad, fundamento y características que debe reunir el conflicto de interés, en el cual se plasmaron las siguientes consideraciones:

[…] 2. El conflicto de intereses. Es una institución de transparencia democrática que por su alcance y fundamento debe analizarse en forma concreta.

2.1. Noción. En términos generales es aquella cualidad de concurrencia antagónica entre el interés particular y el interés público que afecta la decisión a tomar y obliga a declararse impedido a quien deba tomarla.

2.2. Finalidad. El instituto del conflicto de intereses trata de impedir que prevalezca el interés privado del congresista [en este caso entiéndase concejal] sobre los intereses públicos, el cual, prevalido de su influencia, podría obtener provechos indebidos para sí o para terceros, es decir, evitar favorecer intereses que no sean los relativos al bien común o que la imparcialidad de sus decisiones se comprometa y distorsione por motivos personales o particulares. Se trata así de un asunto inherente al fuero interno del congresista, a un aspecto esencialmente subjetivo, el que de existir y no ser manifestado conforme al reglamento, da lugar a la recusación.

2.3. Fundamento. De allí que el fundamento del impedimento radica en que: a) el conflicto de interés afecta la transparencia de la decisión -para el caso, la motivación del voto-. En efecto, en toda decisión siempre debe haber, en forma inequívoca, un solo interés: el interés general de la ley. Por tanto, en caso de conflicto se mezclan el interés privado y el público, con lo cual queda en duda cuál fue el interés dominante. b) En que el impedimento evita que la decisión sea determinada por el interés particular en detrimento del interés público.

2.4 Necesidad de análisis en cada caso particular: La Sala estima conveniente advertir que el tema, de por sí complejo, requiere para su tratamiento del análisis de cada caso concreto, pues la conducta humana admite de manera necesaria matices y, por tanto, el instituto del conflicto de intereses, al ser del resorte del fuero interno, debe ser valorado con especial cuidado para no vulnerar los derechos del congresista o hacer inanes los alcances de la ley.

3. Requisitos para la configuración del conflicto de intereses en el caso de los congresistas. Como quiera que dicho conflicto se configura por la concurrencia de interés privado e interés público, se hace indispensable tener en cuenta, entre otros, los siguientes requisitos:

3.1 Interés privado concurrente. De acuerdo con lo expuesto, resulta indubitable que este interés debe aparecer en tal forma que comprometa objetivamente la intangibilidad del interés general perseguido, para lo cual la Sala estima necesario hacer las siguientes precisiones:

a) Existencia: Se configura el interés privado cuando hay “exigencia para la satisfacción de necesidades humanas” -Messineo, Tomo II, p. 10-, lo cual acontece cuando surgen v. gr.: ventajas o provechos representados en derechos subjetivos, o en ventajas de tipo reparativo positivo (como indemnización por daños o detrimento de derechos) o negativo (reparación de gastos), o de tipo enriquecedor (como ganancias, utilidades, provechos, derechos, etc.), o cuando se refieren a la simple exoneración de desventajas (exoneración de obligaciones, cargas, etc.).

b) Juridicidad: Se da cuando el interés privado, protegible de ordinario, pero con la aptitud de afectar la transparencia, debido a que siendo actual y estando amparado por la ley puede perturbar el ánimo del interesado a actuar en su propio favor. Para ello debe tenerse en cuenta que el interés: 1) Es actual, cuando se ha adquirido y puede afectarse. De allí que por ausencia de éste (sic) requisito quede excluido el interés futuro. 2) Es jurídico, porque se encuentra amparado por la ley. Por tanto es inaceptable interés originado en el roce meramente social (v. gr. el de comunicación o trato) para generar conflicto de interés. y, 3) Es afectable, cuando puede extinguirse o modificarse el que se tiene. En cambio, no se da cuando el interés es inalienable (v. gr. La vida).

c) Privado: Se da cuando el interés es de naturaleza particular de manera inequívoca y, por lo mismo, se descarta cuando se actúa movido por el interés público o general -regulación abstracta en general-. El interés puede ser individual o colectivo, referido en el primer caso, por ej., a la propiedad particular y, en el segundo, al interés común de los propietarios en una urbanización.

d) Titularidad: El interés debe radicar en el congresista [en este caso entiéndase concejal] o en su cónyuge, compañero (a), pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en el caso bajo estudio.

3.2 El interés público concurrente en la decisión pertinente. Para que este interés público concurrente pueda verse menoscabado, también se hace indispensable tener en cuenta aquellos aspectos que puedan afectar que sea el único determinante de la decisión; lo cual implica que en la misma persona que tiene un interés privado, también concurran estos requisitos:

a) Calidad de congresista.
b) Intervención en las deliberaciones y votaciones.
c) Proyecto de decisión de interés público.
d) Afectación particular, consistente en que el proyecto a votar pueda afectar el interés directo del congresista, arriba mencionado.

3.3 Conflicto de interés. De la concurrencia objetiva de los dos intereses mencionados puede desprenderse inequívocamente la existencia de un conflicto de interés como causal de impedimento o recusación. En tanto que este fenómeno no se estructuraría, de una parte, cuando no concurra alguno de los requisitos mencionados para los referidos intereses, y, de otro, cuando simplemente se trata de mera apreciación subjetiva de conflicto sin sustento en elementos objetivos [...]».

De los apartes transcritos, se evidencia que el interés se estructura cuando (1) el concejal esté participando en la deliberación o en la toma de decisión de un asunto que le corresponda conocer por mandato constitucional o legal, lo cual abarca la función normativa, electoral y de control político; (2) que el interés sea directo, no eventual o hipotético, porque el mismo le afecta de forma personal o a sus familiares cercanos en los grados indicados en la norma, esto es, a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a alguno de sus socios de hecho o de derecho; (3) que puede ser de orden económico o moral y, (4) plantea una colisión entre el interés general con el particular.

Igualmente, cabe anotar que para la configuración de la causal de pérdida de investidura por violación al régimen de conflicto de intereses es necesario que concurran los siguientes supuestos:

(1) que la persona señalada de adelantar la actuación violatoria del régimen de conflicto de intereses ejerza o haya ejercido la investidura de concejal;

(2) la existencia de un interés directo, particular y actual del concejal ya sea de orden moral o económico, en la deliberación o decisión de un tema específico a cargo del cabildo municipal y;

(3) que, a pesar de ello, el concejal participe efectivamente del respectivo asunto sometido a su consideración, sin haber manifestado su impedimento para actuar o sin haber sido recusado.

Además de lo anterior y en el evento de que se encuentre que la conducta encuadra en la causal de pérdida de investidura es necesario evaluar, seguidamente, si el servidor público de elección popular actuó de forma dolosa o gravemente culposa, ya que, el artículo 1° de la Ley 1881 de 2018, norma modificada por el artículo 4° de la Ley 2003 de 2019, concibe la pérdida de investidura como un proceso sancionatorio en el cual se debe efectuar el análisis de responsabilidad subjetiva, por lo que, dicho proceso no se agota con el análisis de la tipicidad de la conducta pues es deber del juez evaluar el aspecto de la culpabilidad del accionado.

II.5. Pruebas recaudadas en el proceso

En el proceso, se arrimaron los siguientes medios de prueba:

Copia del Acta No. 001 de 2 de enero de 2020, contentiva de la sesión inaugural del concejo municipal de Santa Ana, para el período constitucional 2020-2023 y, en la cual se evidencia que el concejal Jorge Isaac Pérez Carrascal tomó posesión de su investidura de concejal.

Copia del Acta de Posesión No. 060 de 28 de febrero de 2020, en virtud de la cual el señor Jorge Luis Pérez Reyes tomó posesión del cargo de personero del municipio de Santa Ana, Magdalena.

Copia del proyecto de Acuerdo No. 007 de 18 de mayo de 2020 «Por medio del cual se fija el salario del alcalde municipal de Santa Ana, Magdalena, para la vigencia fiscal de 2020», en el cual se esgrimieron las siguientes motivaciones:

«[…] CONSIDERANDO:

Que el salario del Alcalde municipal, y consecuentemente el del Personero, debe ser establecido por el Concejo Municipal teniendo en cuenta el límite máximo salarial que señale el Gobierno Nacional de conformidad con la Ley 4ª de 1992 y el respectivo Decreto Reglamentario expedido por el Gobierno Nacional.

Que mediante el artículo 3° del Decreto No. 314 del 27 de febrero de 2020, se fijó el límite máximo salarial que podrán autorizar las Corporaciones de elección popular como asignación mensual a los Alcaldes municipales y distritales de las diferentes categorías en la vigencia fiscal 2020, acorde con la Ley 617 de 2000;

Que igualmente, el decreto en mención en su artículo (1°), parágrafo 2°, estableció que el salario de los Contralores y Personeros Municipales no podrá ser superior al cien por ciento (100%) del salario mensual del Gobernador o Alcalde;

Que además, el Decreto No. 314 del 27 de febrero de 2020, estableció como límite máximo a aprobar por parte de los Concejos municipales para los municipios de Sexta (6ª) categoría la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ($4.261.640), a la cual corresponde el municipio de Santa Ana […]».

71.1. Por su parte, la parte resolutiva del citado proyecto de Acuerdo dispuso que:

«[…] ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Fíjese el salario del Alcalde Municipal de Santa Ana, Magdalena, para la vigencia fiscal de 2020, en la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ($4.261.640), de conformidad con los lineamientos establecido (sic) por el artículo 3° del Decreto Nacional No. 314 del 27 de Febrero de 2020.

PARÁGRAFO: El salario establecido mediante el presente artículo surtirá efectos fiscales del primero (1°) de Enero al treinta y uno (31) de Diciembre de 2020.

ARTICULO SEGUNDO: El salario del Personero Municipal, acorde con lo que señala el artículo (1°), parágrafo segundo del mismo decreto, y como consecuencia de este acuerdo, corresponderá al cien por ciento (100%) del salario del Alcalde.

ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y publicación y deroga las normas que le sean contrarias».

Copia de la exposición de motivos del proyecto de Acuerdo No. 007 de 18 de mayo de 2020 «Por medio del cual se fija el salario del alcalde municipal de Santa Ana, Magdalena, para la vigencia fiscal de 2020».

Copia del Informe de ponencia para primer debate del proyecto de Acuerdo No. No. 007 de 18 de mayo de 2020 «Por medio del cual se fija el salario del alcalde municipal de Santa Ana, Magdalena, para la vigencia fiscal de 2020», el cual fue tramitado y aprobado ante la Comisión Tercera Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública.

Copia del Acta No. 007 de 23 de mayo de 2020 de la Comisión Tercera Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública, en la cual se evidencia que en dicha fecha se realizó el estudio, discusión y aprobación, en primer debate, del proyecto de Acuerdo No. 007 de 18 de mayo de 2020 «Por medio del cual se fija el salario del alcalde municipal de Santa Ana, Magdalena, para la vigencia fiscal de 2020».

Copia del Acta No. 033 de 27 de mayo de 2020, en la cual se constata que en dicha sesión celebrada de forma virtual se realizó el estudio, discusión y aprobación, en segundo y último debate, del proyecto de Acuerdo. No. 007 de 18 de mayo de 2020 «Por medio del cual se fija el salario del alcalde municipal de Santa Ana, Magdalena, para la vigencia fiscal de 2020»; iniciativa que fue aprobada con el voto favorable de once (11) concejales y dos (2) votos negativos de los cabildantes, Milton Aguilar Padilla y Casimiro Medina Brochero y, a la que asistió, el concejal Jorge Isaac Pérez Carrascal.

Sanción y publicación del Acuerdo No. 006 de 27 de mayo de 2020, por parte del Alcalde municipal de Santa Ana, Magdalena.

Copia del texto definitivo del Acuerdo No. 006 de 27 de mayo de 2021 «Por el cual se fija el salario del Alcalde Municipal de Santa Ana, Magdalena, para la vigencia fiscal de 2020».

Registro Civil de Nacimiento del señor Jorge Isaac Pérez Carrascal, en el cual se evidencia que es hijo de los señores Jorge Isaac Pérez Tapia e Imelda Carrascal Santiago.

Registro Civil de Nacimiento del señor Jorge Isaac Pérez Tapia, padre del concejal Jorge Isaac Pérez Carrascal, en el cual se aprecia que es hijo de los señores Prudencio Pérez y Graciela Tapia.

Registro Civil de Nacimiento del señor Jorge Luis Pérez Reyes, Personero del Municipio de Santa Ana, Magdalena, en el cual consta que es hijo de los señores Darío Reyes Badillo y Lusmarinna Pérez Tapia.

Registro Civil de Nacimiento de la señora Lusmarinna Pérez Tapia, madre del Personero del Municipio de Santa Ana, el señor Jorge Luis Pérez Reyes, en el cual consta que es hijo de los señores Prudencio Pérez y Graciela Tapia.

Certificado de Antecedentes Disciplinarios de Abogados en el cual se señala que no consta sanción disciplinaria alguna en contra del señor Jorge Isaac Pérez Carrascal.

II.6. Análisis de los presupuestos objetivos para la configuración de la causal de pérdida de investidura por violación al régimen de conflicto de intereses

La Sala de Decisión procede a analizar si, en el presente caso concurren o no los presupuestos objetivos y el subjetivo para la configuración de la causal de pérdida de investidura que se le atribuye al acusado:

a) Que la persona señalada de adelantar la actuación violatoria del régimen de conflicto de intereses ejerza o haya ejercido la investidura de concejal

Tal y como se indicó en el acápite precedente, quedó demostrado el primer presupuesto exigido para la estructuración de la causal que se le atribuyó al acusado, al quedar probada la investidura del concejal Jorge Isaac Pérez Carrascal, según la prueba documental arrimada al proceso, en especial, el Acta contentiva de la sesión inaugural del concejo municipal de Santa Ana, Magdalena, para el período constitucional 2020-2023 y, en la cual se aprecia que tal servidor público tomó posesión de su cargo.

b) La existencia de un interés directo, particular y actual del concejal, ya sea de orden moral o económico, en la deliberación o decisión de un tema específico a cargo del concejo

El Tribunal Administrativo del Magdalena, en la sentencia impugnada, y luego de realizar un análisis integral de los medios de prueba arrimados al plenario, anotó que la participación del concejal demandado en el estudio, discusión y aprobación del proyecto de Acuerdo No. 007 de 18 de mayo de 2020 «Por el cual se fija el salario del alcalde municipal de Santa Ana, Magdalena para la vigencia fiscal de 2020», [dentro del cual se encontraba incluido el salario del personero municipal] se hizo en cumplimiento de las funciones constitucionales y legales asignadas a los concejos municipales. Para tales efectos, recordó que, por mandato constitucional y legal, a los concejos municipales les corresponde la fijación del incremento salarial para los distintos cargos de la administración municipal, función que debe realizarse atendiendo los parámetros establecidos por el Gobierno Nacional, a quien le compete trazar los límites máximos para determinar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de las entidades territoriales.

Además, agregó que, la fijación de la remuneración efectuada mediante el proyecto de Acuerdo No. 007 de 18 de mayo de 2020, no se realizó para una persona en particular, sino para unos cargos específicos que hacen parte de los empleados de la Administración Municipal, como son el de la máxima autoridad local y el del personero municipal; lo anterior, para destacar que se efectuó con independencia de la persona que los ostenta.

Para el Tribunal de primera instancia, era evidente que el actor no cumplió con la carga argumentativa de demostrar en qué consistía el presunto interés directo, particular y actual en cabeza del concejal demandado, ya sea de orden moral o económico, que le asistía al momento de participar en el debate del acuerdo que fijaba el régimen salarial del personero municipal y; por el contrario, era claro que la actuación desplegada por el accionado se encontraba amparada en el ejercicio de una competencia constitucional y legal.

Finalmente, al descartar la existencia del interés directo, particular y actual que se exige para entender configurado el conflicto de interés, se abstuvo de entrar a analizar la culpabilidad del accionado.

Se debe advertir que el impugnante, mostró su inconformismo frente a lo decidido por el Tribunal Administrativo del Magdalena, ya que a su juicio quedó acreditada la existencia de un interés directo, particular y actual o inmediato en cabeza del acusado, al haber participado en el trámite, discusión y aprobación del proyecto de Acuerdo No. 007 de 18 de mayo de 2020. El recurrente, tras reconocer que los concejos municipales tienen a su cargo, la fijación del salario de los empleados de la administración municipal, como ocurre con los alcaldes y los personeros municipales, dicha función debe realizarse con sujeción a las normas que establecen el deber de los servidores públicos de elección popular de declararse impedidos cuando adviertan la existencia de una situación constitutiva de conflicto de intereses.

Entendió que al accionado le asistía un interés particular, actual, real y de tipo patrimonial, en la medida en que se trataba de la aprobación de un asunto de conocimiento del concejo municipal consistente en la aprobación del régimen salarial del personero municipal, lo cual reportó un beneficio para su primo hermano, el señor Jorge Luis Pérez Reyes.

También y bajo dicha cuerda argumental, encontró probado el elemento de la culpabilidad, en vista de que el accionado: (1) estaba en plenas condiciones para comprender su actuar al momento de deliberar el Proyecto de Acuerdo No. 007 de 2020, puesto que sabía que su primo hermano era personero municipal; además estaba en capacidad de comprender el régimen de conflicto de intereses en que se encontraba incurso puesto que era un profesional en la abogacía; (2) conocía y debía conocer de su actuación, su voluntad se enderezó a violar el régimen de conflicto de intereses, agregando que, en todo caso, el accionado no demostró una situación constitutiva de caso fortuito o de fuerza mayor como eximentes de responsabilidad.

Como de manera acertada lo indicó el Tribunal de primera instancia, el artículo 150, numeral 19, literal e), establece que le corresponde al Congreso de la República dictar las normas generales, señalando los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos.

De otro lado, según el artículo 313, numeral 6°, del Estatuto Superior, a los concejos municipales les corresponde determinar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos.

Finalmente, el artículo 2°, literal c), inciso 2°, de la Ley 136 de 1994, señala que el régimen municipal aparece determinado por lo dispuesto en la Constitución y la ley, y específicamente, en lo concerniente a los regímenes salariales y prestacionales de sus empleados públicos este se encuentra definido por «[…] las normas generales que dicte el Congreso y las disposiciones que en desarrollo de ellas expida el Gobierno, los trabajadores oficiales por las normas vigentes de contratación colectiva y las mínimas del régimen de prestaciones sociales que dicte el Congreso de conformidad con lo dispuesto en los literales e) y f) del numeral 19 del Artículo 150 de la Constitución Política».

Por su parte, y en relación con el salario de los personeros, el artículo 159 de la Ley 136 de 1994, norma modificada por el artículo 22 de la Ley 617 de 2000, señala que el monto de los salarios de los contralores y personeros de los municipios y distritos, en ningún caso, puede ser superior al ciento por ciento (100%) del salario del alcalde.

En nuestro ordenamiento jurídico existe una competencia concurrente en la determinación del régimen salarial de los empleados públicos de las entidades territoriales. En primer término, al Congreso de la República le corresponde definir los principios y parámetros que debe seguir el Gobierno Nacional en la determinación del régimen salarial, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 19, literal e), del artículo 150 de la Constitución Política. En segundo lugar, al Gobierno Nacional, a quien por mandato expreso del parágrafo del artículo 12 de la Ley 4ª de 1992 y siguiendo los lineamientos de la Corte Constitucional consignados en sentencia C- 315 de 1995, le corresponde de forma exclusiva determinar los límites máximos salariales de dichos servidores, con sujeción a los principios de economía, eficiencia y eficacia del gasto público. Finalmente, los gobernadores y alcaldes deben fijar los emolumentos de los empleos de sus dependencias, teniendo en cuenta, para tales efectos, las estipulaciones que dicten las asambleas departamentales y los concejos municipales, respetando los límites establecidos por el Gobierno Nacional. Lo anterior encaja dentro de lo «[…] que se ha denominado un proceso de definición armónica entre las distintas autoridades que intervienen en el mismo» en el cual se incorpora una fórmula que armoniza el principio de Estado Unitario y de la autonomía de las entidades territoriales.

Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia C- 510 de 1999, al resolver la demanda de constitucionalidad presentada por un ciudadano en contra de los artículos 87, 88 y 89 de la Ley 136 de 1994, indicó:

«[…] 4.2.2. En cuanto a la asignación salarial, la respuesta se encuentra en el parágrafo del artículo 12 de la ley 4ª de 1992, cuando señala que “El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores -se refiere a los de las entidades territoriales- guardando equivalencia con cargos similares en el orden nacional”.

Esta atribución que radicó la ley general de salarios y prestaciones en cabeza del Gobierno Nacional fue declarada exequible por esta Corporación en sentencia C-315 de 1995. En esa oportunidad, la Corte consideró que la competencia del Gobierno para fijar el límite máximo salarial de la remuneración de los empleados de los entes territoriales, armonizaba con los principios de economía, eficacia y eficiencia que rigen el gasto público, y no desconocía ni la competencia que la Constitución expresamente otorgó a las autoridades de estos entes para fijar, por una parte, las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos dentro de su jurisdicción (artículos 300, numeral 7 y 313, numeral 6 de la Constitución) y, por otra, para determinar  los emolumentos de los empleos de sus dependencias (artículos 305, numeral 7 y 315, numeral 7 de la Constitución), como tampoco cercenaba el principio de autonomía de que trata el artículo 287 de la Constitución. Se dijo en la mencionada providencia.

“No obstante que las autoridades locales tienen competencias expresas para determinar la estructura de sus administraciones, fijar las escalas salariales y los emolumentos de sus empleados públicos (C.P. arts. 287, 300-7, 305-7, 313-6 y 315-7), no puede desconocerse la atribución general del Congreso en punto al régimen salarial y prestacional de los empleados públicos territoriales (C.P. arts. 150-5, 150-19-e y 287). Del artículo 150-19 de la C.P., se deduce que la función de dictar las normas generales sobre el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos puede ser delegado a las Corporaciones públicas territoriales, lo que no sería posible si en este asunto el Congreso careciera de competencia. Desde luego, la competencia del Congreso y la correlativa del Gobierno, no puede en modo alguno suprimir o viciar las facultades específicas que la Constitución ha concedido a las autoridades locales y que se recogen en las normas citadas.

“La determinación de un límite máximo salarial, de suyo general, si bien incide en el ejercicio de las facultades de las autoridades territoriales, no las cercena ni las torna inocuas. Ni el Congreso ni el Gobierno sustituyen a las autoridades territoriales en su tarea de establecer las correspondientes escalas salariales y concretar los emolumentos de sus empleados. Dentro del límite máximo, las autoridades locales ejercen libremente sus competencias. La idea de límite o de marco general puesto por la ley para el ejercicio de competencias confiadas a las autoridades territoriales, en principio, es compatible con el principio de autonomía. Lo contrario, llevaría a entronizar un esquema de autonomía absoluta, que el Constituyente rechazó al señalar: “Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley” (C.P. art. 287).

“La economía, eficacia y eficiencia en el gasto público, en todos los ámbitos, es un principio que tiene pleno sustento constitucional y sobre su importancia en una sociedad democrática, soportada en la tributación equitativa y en el correlativo deber de las autoridades de hacer un uso adecuado de los recursos aportados por la comunidad, no es necesario abundar. La fijación a este respecto de un límite máximo al gasto burocrático, constituye un medio idóneo para propugnar la eficiencia y economía del gasto público y, de otro lado, estimular que los recursos del erario nacional y de las entidades territoriales en mayor grado se destinen a la atención material de los servicios públicos.

“La razonabilidad de la medida legislativa se descubre también si se tiene en cuenta que el patrón de referencia - los sueldos de los cargos semejantes del nivel nacional -, garantiza que el anotado límite no sea en sí mismo irracional y desproporcionado.” (Cfr. sentencia C-315 de 1995. Magistrado ponente, doctor Eduardo Cifuentes Muñoz).

Dentro de este contexto, ha de colegirse que la competencia para determinar el régimen salarial de los empleados de las entidades territoriales, en el marco de la Constitución de 1991, requiere una interpretación sistemática y coherente de sus mandatos, a efectos de hacer compatible la autonomía que se reconoce a los entes territoriales, en especial, el que hace referencia a la facultad de gobernarse por autoridades propias (artículo 287, numeral 1), con el esquema del Estado colombiano definido como una República unitaria, para lograr que las atribuciones de los distintos órganos a nivel central y territorial no resulte anulada. En otros términos, que la forma como llegue a ejercer uno cualesquiera de estos órganos su función, no niegue o invalide la de los otros.

4.3. En estos términos, para la Corte es claro que existe una competencia concurrente para determinar el régimen salarial de los empleados de las entidades territoriales, así: Primero, el Congreso de la República, facultado única y exclusivamente para señalar los principios y parámetros generales que ha de tener en cuenta el Gobierno Nacional en la determinación de este régimen. Segundo, el Gobierno Nacional, a quien corresponde señalar sólo los límites máximos en los salarios de estos servidores, teniendo en cuenta los principios establecidos por el legislador. Tercero, las asambleas departamentales y concejos municipales, a quienes corresponde determinar las escalas de remuneración de los cargos de sus dependencias, según la categoría del empleo de que se trate. Cuarto, los gobernadores y alcaldes, que deben fijar los emolumentos de los empleos de sus dependencias, teniendo en cuenta las estipulaciones que para el efecto dicten las asambleas departamentales y concejos municipales, en las ordenanzas y acuerdos correspondientes. Emolumentos que, en ningún caso, pueden desconocer los límites máximos determinados por el Gobierno Nacional] […]». (destacado es original de la sentencia).

Cabe destacar que, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 314 de 27 de febrero de 2020 «Por el cual se fijan los límites máximos salariales de los Gobernadores, Alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia prestacional», el cual fijó el límite máximo salarial mensual de los alcaldes, según la categoría del municipio al que pertenecen las autoridades locales, a lo que se suma que, la citada norma dispuso que el salario mensual de los Personeros Municipales y Distritales no podía ser superior al cien por ciento (100%) del salario mensual del Alcalde. En lo pertinente, dispone dicha norma:

«[…] ARTÍCULO 1. Monto máximo del salario mensual de los Gobernadores y Alcaldes. El monto máximo que podrán autorizar las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales y Distritales como salario mensual de los Gobernadores y Alcaldes estará constituido por la asignación básica mensual y los gastos de representación, y en ningún caso podrán superar el límite máximo salarial mensual, fijado en el presente Decreto.

El salario mensual de los Contralores y Personeros Municipales y Distritales no podrá ser superior al cien por ciento (100%) del salario mensual del Gobernador o Alcalde.
[…]

ARTÍCULO 3. Límite máximo salarial mensual para Alcaldes. A partir del 1º de enero del año 2020 y atendiendo la categorización establecida en la Ley 617 de 2000, modificada por la Ley 1551 de 2012, el límite máximo salarial mensual que deberán tener en cuenta los Concejos Municipales y Distritales para establecer el salario mensual del respectivo Alcalde será:

CATEGORÍA
LÍMITE MÁXIMO SALARIAL MENSUAL
ESPECIAL
17.040.962
PRIMERA
14.439.012
SEGUNDA
10.436.837
TERCERA
8.372.006
CUARTA
7.003.533
QUINTA
5.640.542
SEXTA
4.261.640».

En efecto y en el sub examine, se tiene que, el proyecto de Acuerdo 007 de 18 de mayo de 2020 «Por medio del cual se fija el salario del alcalde municipal de Santa Ana, Magdalena, para la vigencia fiscal de 2020» fue presentado por iniciativa del alcalde del municipio de Santa Ana, Magdalena, y en la exposición de motivos del referido proyecto quedó consignada la siguiente motivación que se transcribe in extenso:

«[…] En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 4ª de 1992 y en la sentencia C- 510 de la Honorable Corte Constitucional, que declaró inexequibles los artículos 87, 88 y 89 de la Ley 136 de 1994, el Gobierno Nacional, expidió el Decreto No. 314 del 27 de Febrero de 2020, “Por el cual se fijan los límites salariales de los Gobernadores, Alcaldes y empleados públicos de las Entidades Territoriales y se dictan otras disposiciones en materia prestacional”.

El artículo 3° del mencionado Decreto estableció como límite salarial mensual para la vigencia fiscal del primero (1°) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de 2020, la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ($4.261.640), para los Alcaldes de los municipios de Sexta (6ª) Categoría, a la cual pertenece el Municipio de Santa Ana, Magdalena.

Que se hace necesario dar cumplimiento al mandato del Gobierno Nacional, expresado en el Decreto No. 314 del 27 de Febrero de 2020 y a lo cual deben sujetarse los Concejos Municipales.

Por todas las consideraciones anteriormente expuestas, les solicito a los miembros de esa Honorable Corporación, se sirvan darle el respectivo estudio y aprobación al presente proyecto de acuerdo […]».

En igual sentido, el Informe de Ponencia para primer debate del Proyecto de Acuerdo No. 007 de 2020, esgrimió las siguientes razones:

«[…] Jurisprudencia.

La Sentencia C- 510 de 1999, existe una competencia concurrente en materia de salarios de los empleados territoriales, la cual asigna responsabilidades al Congreso de la República, el Presidente, los Concejos y el Alcalde Municipal, en cada una de sus órbitas […]

A partir de la vigencia de dicha sentencia corresponde al Gobierno Nacional fijar el límite máximo y mínimo de reajuste para los empleados territoriales, límite que servirá de fundamento a los Concejos Municipales para fijar cada año el salario del Alcalde, Personero y Contralor Municipal y funcionarios de las Personerías, Contralorías y del mismo Concejo.

Es por ello que cada año el gobierno nacional expide un decreto mediante el cual fija el límite máximo y mínimo salarial que pueden devengar los empleados públicos territoriales, para que conforme a los mismos límites los Alcaldes y Concejos expidan los respectivos actos administrativos mediante los cuales decretan al interior de cada entidad los reajustes respectivos, es decir, el Gobierno Nacional no puede decretar o fijar el salario o reajuste salarial para los empleados, sino que fija solamente los límites, correspondiéndole en todo caso a cada Alcalde, con los empleados del nivel central o Concejo con los empleados de la Corporación y organismos de control, decretar los reajustes de acuerdo a su capacidad económica sin que pueda en todo caso sobrepasar el límite máximo fijado por el Gobierno Nacional.

A lo anterior se hace necesario adicionar una nueva subregla Constitucional elaborada a partir de las sentencias expedidas por la Corte Constitucional frente a la obligación del Gobierno Nacional de incluir en el presupuesto general de la Nación las partidas suficientes para pagar los salarios de sus empleados.

En materia de reajuste de los salarios de los servidores públicos territoriales, la Corte Constitucional ordenó en la sentencia C- 1017 de 2013 al gobierno nacional reajustar los salarios de los empleados públicos para el año 2003 que devengasen menos de 2 salarios mínimos legales vigentes, un valor o porcentaje que no fuese inferior al índice de precios al consumidor causado en la vigencia anterior, estableciendo que para quienes devengasen una suma superior a los 2 salarios mínimos el reajuste podría ser inferior al IPC, sin que en todo caso estuviese por debajo del 50% del IPC antes citado.

[…]

III.- OBJETO DEL PROYECTO

El objetivo primordial de este Proyecto de Acuerdo, es reconocer al Alcalde de Santa Ana, Magdalena, el salario correspondiente a la vigencia fiscal 2020, tomando como base el límite máximo salarial establecido por el Gobierno Nacional a través del artículo 3° del Decreto 314 de 27 de febrero de 2020.

IV.- CONTENIDO DEL PROYECTO

El proyecto de acuerdo No. 007 de 2020, remitido para estudio al Concejo Municipal, consta de dos (02) cuerpos, uno conformado por la parte motiva, representada en los considerandos y la parte resolutiva que consta de tres (3) artículos y un párrafo.

En el artículo primero se busca establecer el salario del Alcalde para la vigencia fiscal 2020, en la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ($4.261.640), acorde con lo que prescribe el decreto 314 de 2020 en su artículo 3°., para Alcaldes de Municipios de Sexta (6ª) Categoría como es el caso del Municipio de Santa Ana, Magdalena.

V.- CONSIDERACIONES DEL PROYECTO

Sin duda alguna, todos los servidores públicos que prestan sus servicios al Estado tienen derecho a una remuneración digna, en igualdad de condiciones y conforme a los parámetros establecidos por las normas nacionales y los tratados internacionales, lo que permite a este, una remuneración mensual incrementada año a año, según el costo de vida y los fundamentos legales que para ello el gobierno nacional haya tenido en cuenta.

En el caso que nos ocupa, el gobierno nacional dictó el Decreto 314 del 27 de Febrero de 2020, el cual fija entre otras cosas los límites salariales para Gobernadores y alcaldes acordes con la categoría de cada Departamento y Municipio, normatividad que deberá tener en cuenta para el caso de los Alcaldes el respectivo concejo Municipal.

Cabe señala, como lo establece el texto del proyecto de acuerdo que la vigencia de éste salario tiene efectos fiscales del primero (1°) de Enero al treinta y uno (31) de Diciembre de la vigencia fiscal correspondiente.

[…]» (destacado es nuestro).

Fue así como, el Acuerdo No. 006 de 27 de mayo de 2020 «Por el cual se fija el salario del Alcalde Municipal de Santa Ana, Magdalena, para la vigencia fiscal 2020», dispuso reconocer, a favor del Alcalde municipal de Santa Ana, Magdalena, para la vigencia fiscal 2020, el límite máximo salarial fijado por el Gobierno Nacional, en el Decreto 314 del 27 de febrero de 2020, a lo que se agrega que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 136 de 1994, norma modificada por el artículo 22 de la Ley 617 de 2000 así como el artículo 1° del Decreto 314 de 27 de febrero de 2020, disposición antes referida, se señaló expresamente que el monto del salario asignado al personero no podía superar el ciento por ciento (100%) del salario del alcalde. El Acuerdo No. 006 de 27 de mayo de 2020 en lo pertinente dispuso:

«[…] ARTICULO PRIMERO: Fíjese el salario del Alcalde Municipal de Santa Ana, Magdalena, para la vigencia fiscal de 2020, en la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ($4.261.640), de conformidad con los lineamientos establecido (sic) por el artículo 3° del Decreto Nacional No. 314 del 27 de Febrero de 2020.

PARÁGRAFO: El salario establecido mediante el presente artículo surtirá efectos fiscales del primero (1°) de Enero al treinta y uno (31) de Diciembre de 2020.

ARTICULO SEGUNDO: El salario del Personero Municipal, acorde con lo que señala el artículo (1°), parágrafo segundo del mismo decreto, y como consecuencia de este acuerdo, corresponderá al cien por ciento (100%) del salario del Alcalde.

ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y publicación y deroga las normas que le sean contrarias» (destacado fuera de texto).

Acorde con lo anterior, el concejal Jorge Isaac Pérez Carrascal, no obstante estar amparado en el ejercicio de una función constitucional y legal como es la concerniente a la atribución para la fijación de las escalas salariales y emolumentos de los empleados públicos de la administración municipal [ello dentro de los límites previstos por el Gobierno nacional, fijados en el Decreto 314 de 27 de febrero de 2020], resulta evidente que su intervención en el trámite y aprobación de la iniciativa de origen gubernamental que culminó con la aprobación del Acuerdo No. 006 de 27 de mayo de 2020 [el cual como quedó visto incluyó la escala salarial del personero municipal] se realizó en defensa del interés general que debe guiar el ejercicio de sus funciones y no en interés particular. En efecto, lo que identifica la existencia del conflicto de intereses es que, no obstante que, el servidor público de elección popular se encuentre en el ejercicio de la función pública, su participación en un asunto que le corresponde no consulte el bien común y la prevalencia del interés general, sino que pretenda obtener un lucro, beneficio o ventaja personal para sí o para favorecer a un tercero, aspecto que debe quedar debidamente demostrado según el caudal probatorio arrimado al proceso.

Al respecto, cabe precisar que, esta Sección, en sentencia de 9 de marzo de 2017, estudió una situación idéntica a la analizada en el presente caso, y en ella se planteó como problema jurídico, el consistente en determinar si el concejal acusado se encontraba incurso en la causal de pérdida de investidura por violación al régimen de conflicto de intereses, por haber participado en la discusión del proyecto de Acuerdo No. 012 de 2015, el cual tuvo como objeto establecer los incrementos salariales para los funcionarios públicos de la Alcaldía municipal de Honda, a pesar de que el hermano del acusado laboraba en dicha entidad y, por ende, resultó beneficiado con la aprobación de dicha norma. Esta colegiatura en dicha oportunidad sostuvo lo siguiente:

«[…] [D]icha causal solo se configura ante la posibilidad de un interés directo, particular y concreto del parlamentario, en este caso, del Concejal, en el asunto objeto de estudio, frente al cual tiene poder de decisión, en razón de sus funciones.

De igual manera, la Jurisprudencia de esta Corporación ha advertido, que el interés que puede generar conflicto con el asunto de que se trate debe ser directo, al punto de que el efecto que pueda tener sobre las personas relacionadas en el artículo 70 de la Ley 136 de 1994, resulte inmediato, sin consideración a circunstancias o elementos externos a la decisión y que se produzca de forma especial, particular y concreta, respecto de las mismas, ya sea en su beneficio o en su perjuicio y que no obstante esa situación no se manifieste el impedimento en cualquiera de las dos etapas por las que atraviesa un proyecto, es decir, en la de debate o en la de votación.
Aplicando dichos lineamientos jurisprudenciales al caso bajo examen, la Sala advierte que no se configura la causal de pérdida de investidura de conflicto de intereses, que se le endilga al demandado, por lo siguiente:

Conforme lo señaló el a quo, el artículo 150, numeral 19, literal e), de la Constitución Política, prevé que al Congreso de la República le corresponde dictar normas generales a través de las cuales establezca objetivos y criterios a los cuales debe someterse el Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos.

Por su parte, el artículo 313, ibidem, consagra las competencias de los Concejos Municipales, entre las que se encuentra, en su numeral 6, como ya se indicó, la de “Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos…”. (Negrilla fuera de texto).

Ahora, el artículo 2°, literal c), inciso 2°, de la Ley 136 de 1994, consagra que el régimen municipal estará definido por lo dispuesto en la Constitución Política y establecido en la Ley; y en lo relativo a los regímenes salariales y prestacionales de sus empleados públicos, “por las normas generales que dicte el Congreso y las Disposiciones que en desarrollo de ellas expida el Gobierno, los trabajadores oficiales por las normas vigentes de contratación colectiva y las mínimas del régimen de prestaciones sociales que dicte el Congreso de conformidad con lo dispuesto en los literales e) y f) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política”.

Del contenido de las disposiciones antes mencionadas se colige, como lo advirtió el a quo, que la fijación del incremento salarial para los distintos cargos de la Administración Municipal le corresponde a los Concejos Municipales de acuerdo con los Decretos que anualmente expida el Gobierno Nacional, en los que se precisan los límites máximos para determinar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de las entidades territoriales, es decir que la Corporación Edilicia debe ceñirse a lo señalado por el Gobierno en dicho aspecto.

Lo anterior, pone de manifiesto que el Concejal demandado al participar en la discusión y aprobación del Proyecto que fijó los salarios de los servidores del Municipio de Honda (Tolima) para el año 2015, lo hizo en ejercicio de las funciones constitucionales y legales que el cargo le impone, amén de que, como lo resaltó el demandado, la fijación de la remuneración a través del Proyecto de Acuerdo núm. 012 de 2015, no fue para un cargo específico, sino para las distintas categorías de empleos de la Administración Municipal, en igualdad de condiciones. Así lo admite el propio actor en el escrito contentivo del recurso de apelación, cuando señala que el beneficio del incremento salarial no es exclusivamente para el hermano del demandado, sino de todos los que conforman la planta de personal de la entidad territorial en comento.

En esa medida se descarta cualquier interés particular del Concejal demandado, señor ORLANDO SOTOMAYOR GARCÍA, al participar en la discusión y aprobación del Proyecto de Acuerdo 012 de 2015, “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS INCREMENTOS SALARIALES PARA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE HONDA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, en la sesión llevada a cabo el 28 de mayo de 2015 por el Concejo de dicho ente territorial. Por tanto, al no concurrir los presupuestos requeridos para la configuración de la causal de conflicto de intereses, el demandado no estaba obligado a manifestar impedimento alguno, como en efecto no lo hizo, conducta esta que no lo hace incurso en la citada causal como lo estima el actor […]» (resaltado es original y subrayado de la Sala).

En definitiva, para la Sala, no se encuentra acreditada la existencia de una situación constitutiva de conflicto de intereses que le impidiera, al acusado, participar en el trámite y en la discusión del proyecto que culminó con la aprobación del Acuerdo No. 006 de 17 de mayo de 2020, mediante el cual se fijó la escala salarial del alcalde y del personero municipal, a pesar de que el personero de dicho municipio, el señor Jorge Luis Reyes Pérez, es su primo hermano, pues, el solo parentesco o vínculo con dicho servidor público no da lugar a la configuración, per se, de dicha causal de desinvestidura, pues como lo reafirmó la Corte Constitucional, en sentencia SU- 379 de 2019, «[…]si bien es clara la existencia de un factor objetivo, como lo es el vínculo de consanguinidad entre los señores Escobar González y Uribe Escobar -primos hermanos-, es preciso señalar que la propia jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que esto no es suficiente para decretar la pérdida de investidura, pues dado el contenido indeterminado del concepto de ‘conflicto de interés’ es necesario analizar la subjetividad de la conducta que se reprocha» (destacado es original).

Así las cosas, y siguiendo la caracterización del interés exigido para la configuración de la causal de pérdida de investidura este debe ser directo, particular e inmediato y, por el contrario, en el presente caso resulta evidente que este se torna en hipotético y aleatorio, esto es, no es actual ni real. Lo anterior, en la medida que, no obstante que el concejal accionado se encontraba amparado en el ejercicio de una función pública, su intervención en el trámite, discusión y aprobación de la referida norma no se hizo en beneficio particular sino en interés general; la fijación de la escala salarial no se realizó para una persona específica sino para un cargo, a lo que se agrega que, dicha competencia se ejerció por el concejo municipal de Santa Ana, Magdalena, dentro de los límites trazados por el Gobierno Nacional, especialmente, lo regulado en el Decreto 314 de 27 de febrero de 2020.

Ahora bien, el apelante no acreditó cuál es el interés, provecho, beneficio o utilidad que derivaría con la toma de dicha decisión, que imposibilitaba al concejal Jorge Isaac Pérez Carrascal para participar en el trámite y aprobación de la norma en virtud de la cual se fijó la escala salarial del alcalde y del personero municipal; máxime si se tiene en cuenta que tales servidores públicos, por mandato constitucional y legal tienen derecho al reconocimiento de los salarios de acuerdo con los límites trazados por el Gobierno nacional, ni tampoco se logró demostrar que haya quedado comprometida la ecuanimidad, la transparencia y la probidad en el ejercicio de sus funciones.

Colofón de lo expuesto, no se debe perder de vista que el Personero Municipal de Santa Ana, Magdalena, tiene derecho al reconocimiento de su salario por mandato constitucional y legal, pues basta recordar que, a voces del artículo 159 de la Ley 136 de 1994, norma modificada por el artículo 22 de la Ley 617 de 2000, el monto de los salarios de los personeros de los municipios y distritos, en ningún caso, puede ser superior al ciento por ciento (100%) del salario del alcalde.

Por todo lo expuesto, al no quedar demostrados los supuestos objetivos de la causal de pérdida de investidura que se le atribuyó al acusado, esta Sala de Decisión no abordará el análisis de la culpabilidad.

II.7 Conclusiones

La Sala, conforme con los argumentos expuestos en esta providencia, no encuentra acreditados los elementos objetivos de la causal de pérdida de investidura que se le atribuyó al concejal Jorge Isaac Pérez Carrascal, consistente en la violación al régimen de conflicto de intereses, razón por la cual, confirmará la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 20 de noviembre de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejera de Estado Consejero de Estado

P:5
1.2. DEMANDA PÉRDIDA DE INVESTIDURA. PDF.
«Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios».
«Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional». 1.6. AUTO ADMITE LA DEMANDA. PDF. 2. Contestación (28 de octubre). PDF. En el escrito de adición a la contestación (29 de octubre), agregó como petición que se condene en costas a la parte demandante. 2.8. AutoIncorporaPruebasYFichaFechaDeAudiencia. PDF. 3.5. ACTA AUDIENCIA- PI 2020-69.-HENRY PABA VS CONCEJAL SANTA ANA Y 3.6. AUDIENCIA PÚBLICA PÉRDIDA DE INVESTIDURA. (AUDIO). 3.9. AlegatosDemandante.PDF
3.7. AlegadosMinisterioPublico. PDF. 3.8. AlegatosDemandado. PDF. 4.1. SentenciaPerdidaDeInvestiduraPrimeraInstancia, PDF. Pasó a refutar el argumento del acusado, quien en el escrito de contestación de la demanda asintió que no constaba en el acta del cuerpo colegiado el debate de dicho proyecto de acuerdo debido a que el mismo no fue debatido, puesto que:«[…] la causal de pérdida de investidura se materializa a través del debate y/o votación del proyecto de acuerdo. El hecho que no se haya debatido el proyecto, tal y como fue alegado por el demandado, no lo exime del deber que ostenta de declararse impedido para participar en ambas etapas del proyecto de acuerdo, es decir, debate y/o votación del mismo. Finalmente, el concejal JORGE ISAAC PEREZ CARRASCAL votó favorablemente en el proyecto de acuerdo No. 007 de 2020, fijando así el salario de su pariente en cuarto grado de consanguinidad, el personero municipal, JORGE LUIS REYES PEREZ. Conforme lo certifica la secretaría del concejo municipal (Anexo 8,10,11), y que ni él, ni ningún otro miembro de la corporación se declaró impedido. En suma, con base en las actas emitidas por el concejo municipal se encuentra probado que el concejal JORGE ISAAC PEREZ CARRASCAL, estuvo presente, debatió y votó sobre el proyecto de acuerdo No. 007 del dieciocho (18) de mayo de 2020 “por el cual se fija el salario del Alcalde Municipal de Santa Ana, Magdalena, para la vigencia fiscal de 2020”, el que contenía en su parte resolutiva la fijación del salario del personero municipal, su pariente en cuarto grado de consanguinidad. Hechos que son suficientes para demostrar que el señalado participó en una decisión que afectaba a su primo hermano, incurriendo en un manifiesto conflicto de interés […]». Expediente IP-0130, CP: Germán Rodríguez Villamizar. 4.9. AutoConcedeApelación. PDF. Índice 1 de SAMAI. Índice 4 de SAMAI. Índice 6 de SAMAI.
«Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado».
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo». En este sentido, puede consultarse la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, radicado: 16001 2331 000 2009 00764 01(PI), MP: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, también citada por el tribunal, en la cual se indicó: « En ese orden, la credencial no es más que un instrumento para acreditar la calidad o el estatus que se adquiere con el acto administrativo que declara la elección o que lo llama a ocupar la curul que quede vacante, de modo que es un documento que resulta del hecho de haber sido declarado elegido por la autoridad electoral del caso, y nada obsta para que quien hubiere sido posesionado por llamamiento a ocupar la curul, solicite su expedición a dicha autoridad. Pero como tal es apenas uno de los posibles instrumentos válidos para acreditar ese status o la tenencia de la investidura de que se trate, en este caso, de concejal, de modo que no es la única, ni es absustantian (sic) actus, como lo pretende la apoderada del encausado, sino meramente ad probationem.

En ese orden, otros documentos públicos pueden servir para ese mismo fin, como en efecto lo son las actas de escrutinio donde se indica la votación obtenida por cada candidato y quiénes de ellos resultaron elegidos; la certificación de la autoridad electoral donde haga constar que determinada persona fue elegida para el cargo de elección popular de que se trate; la certificación del Secretario de la respectiva corporación, en este caso, del concejo municipal, sobre la ocupación o desempeño de cargo de concejal por alguna persona, así como copia auténtica del acta de toma de posesión de dicha dignidad. Así las cosas, la acreditación que se exige en el artículo 4º, literal b), de la Ley 144 de 1994, en cuanto señala que cuando la solicitud sea presentada ante el Consejo de Estado por un ciudadano, ésta deberá formularse por escrito y contener, al menos "Nombre del Congresista y su acreditación expedida por la Organización Electoral Nacional", no puede tomarse de manera literal o restrictiva, en el sentido de que esa acreditación sólo pueda darse mediante la credencial o por la organización electoral, sino como un requisito susceptible de cumplir con cualquier prueba idónea, como la atrás anotada» (destacado de la Sala).
«ARTÍCULO  5. Cuando la solicitud sea presentada ante el Consejo de Estado por un ciudadano, esta deberá formularse por escrito y contener, al menos: […] b) Nombre del Congresista y su acreditación expedida por la Organización Electoral Nacional […]».
«ARTÍCULO  22. Las disposiciones contenidas en esta ley serán aplicables, en lo que sea compatible a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados».
«Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional».
“(…) ARTICULO 1o. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general (…)”
“(…) ARTICULO 133. <Artículo modificado por el artículo 5 del Acto Legislativo 1 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común. El voto de sus miembros será nominal y público, excepto en los casos que determine la ley. El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura (…)”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Número de Radicado: 85001 2333 000 2020 000160 2, actor: Camilo Andrés Delgado Garzón, demandada: Lady Patricia Bohórquez Cuevas, MP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
(cita es original): La Corte Constitucional, mediante SU-379 de 2019 dijo: «[…] aunque el Consejo de Estado de manera reiterada ha señalado que el conflicto de intereses es un conflicto jurídico indeterminado, en modo alguno ello puede entenderse como una habilitación para que los jueces, quienes están llamados a dotarlo de contenido concreto, puedan hacerlo de cualquier manera, o en forma arbitraria, sino que por el contrario, habida cuenta de dicha indeterminación, ello requiere una exigente carga de motivación, clara y que se ajuste a las subreglas que en desarrollo de este concepto ha desarrollado el juez contencioso administrativo».
(Cita es original): Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2014. Expediente 2013-00902-01. Magistrado Ponente Guillermo Vargas Ayala.
(Cita es original): Sala Plena del Consejo de Estado, número de radicado:

11001-03-15-000-2015- 01333-00, actor: Edwin Gabriel Díaz, demandado: Elda Lucy Contento Sanz, MP: Ramiro Pazos Guerrero.
(Cita es original): C.P. Flavio Augusto Arce Rodríguez. Expediente 1572. Actor Ministro del Interior y de Justicia. Referencia: Congresistas. Conflicto de intereses. Proyecto de Acto Legislativo para restablecer la institución de la reelección presidencial. Consejo de Estado, Sala Plena, radicado: 11001-03-15-000-2019-02135-00, MP: Gabriel Valbuena Hernández, actor: Ayda Yolanda Avella Esquivel y otros, demandado: Jonatan Tamayo Pérez.
«Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones”. ARTÍCULO 4o. Modifíquese el artículo 1o de la Ley 1881 de 2018, que quedará así: Artículo 1o. El proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura establecidas en la Constitución. Se observará el principio del debido proceso conforme al artículo 29 de la Constitución Política. 1.3. Anexos Demanda de Perdida de Investidura. Pdf. 1.3. Anexos Demanda de Perdida de Investidura. Pdf. 1.3. Anexos Demanda de Perdida de Investidura. Pdf. 1.3. Anexos Demanda de Perdida de Investidura. Pdf. 1.3. Anexos Demanda de Perdida de Investidura. Pdf. 1.3. Anexos Demanda de Perdida de Investidura. Pdf. 1.3. Anexos Demanda de Perdida de Investidura. Pdf. 1.3. Anexos Demanda de Perdida de Investidura. Pdf. Ibidem
Ibidem. Ibidem. Ibidem. 1.3. Anexos Demanda de Perdida de Investidura. Pdf.
«ARTÍCULO 12.- El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente Ley. En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta facultad. PARÁGRAFO. - El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional». NOTA: (El artículo 12 fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-315 de 1995 siempre que se entienda que las facultades conferidas al Gobierno se confieren en forma exclusiva, a la fijación del régimen prestacional de los empleados públicos territoriales, al régimen prestacional mínimo de los trabajadores oficiales territoriales y al límite máximo salarial de los empleados públicos de las entidades territoriales.)
Corte Constitucional, sentencia C-1218 de 01. MP: Alfredo Beltrán Sierra. En dicha sentencia se resolvió declarar inexequibles los artículos 87, 88 y 89 de la ley 136 de 1994. Salvo la expresión “Los salarios y prestaciones de los alcaldes se pagarán con cargo a los respectivos presupuestos municipales” contenida en el artículo 87, que por no referirse al tema estudiado en esta providencia, la Corte se inhibe para emitir cualquier pronunciamiento sobre la misma. En dicha oportunidad, la Corte Constitucional analizó, como problema jurídico, el consistente en establecer si «el legislador estaba facultado para regular en la ley que expidió para la modernización y organización de los municipios -ley 136 de 1994-, la materia relativa a los salarios de los alcaldes, señalando como lo hizo, los mínimos y máximos que estos funcionarios pueden devengar, teniendo como criterio para su determinación y diferenciación, la categoría del municipio para el que fueron elegidos» o si por el contrario «[…]esa facultad es exclusiva del Gobierno Nacional y de las corporaciones públicas de elección popular de la entidad territorial correspondiente».

La conclusión a la que se arribó fue la siguiente: «Si bien el Congreso podía establecer que la categorización de los municipios era un  criterio a tener en cuenta para fijar la asignación salarial de los alcaldes, tal como se expuso anteriormente, correspondía al Gobierno Nacional y no aquél, con base en la competencia que le asigna el artículo 150, numeral 19, literal e), determinar los límites mínimos y máximos ha devengar por estos servidores, teniendo como punto de referencia la clasificación de los municipios elaborada por el propio legislador. No puede entenderse que la fijación de esos mínimos y máximos salariales estén comprendidos en la órbita de competencia del legislador, por cuanto la Constitución sólo le atribuye a éste la facultad de fijar principios o parámetros que debe tener en cuenta el Gobierno Nacional, y la determinación de límites mínimos y máximos salariales, en el ámbito de la ley general de salarios, desborda la naturaleza de esta atribución». El presidente de la República expidió la citada norma en desarrollo de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las previstas en la Ley 4ª de 1992. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de marzo de 2017, número de radicado: 73001-23-33-001-2016-00180-01, actor: Carlos Arturo Fernández Trujillo, demandado: Orlando Sotomayor García, MP: María Elizabeth García González.

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