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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2023-00611-02

Fecha
25 de abril de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2023-00611-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 27 de noviembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la solicitud, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría que, una vez en firme esta sentencia, DEVUELVA el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-15-000-2023-00611-02

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

25 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de diputado
Número único de radicación: 250002315000202300611-02
Solicitante: Yeny Yomaira Garzón
Diputado: Víctor Julio Sánchez Acosta

Asunto: Resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia
proferida en un proceso de pérdida de investidura

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la Solicitante
contra la sentencia de 27 de noviembre de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia.

La presente providencia contiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve: las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. La señora Yeny Yomaira Garzón –en adelante la Solicitante– pidió, en ejercicio
del respectivo medio de control, que se decrete la pérdida de investidura de Víctor
Julio Sánchez Acosta –en adelante el Diputado–, porque, a su juicio, incurrió en la
causal prevista en el numeral 1.° del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de

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20001 y en el numeral 1.° del artículo 60 de la Ley 2200 de 8 de febrero de 2022 2,
por violación al régimen de conflicto de intereses.

Pretensión

2. La Solicitante fundamentó la solicitud de pérdida de investidura en la siguiente
pretensión3:

“[…] Decretar la Pérdida de Investidura del Diputado por el Departamento de
Cundinamarca, ciudadano señor Víctor Julio Sánchez Acosta “Perico” […], cargo que
actualmente ejerce por el período comprendido por los años 2020 a 2023, miembro
del partido […], por incurrir en la violación del régimen de conflicto de intereses. […]”.

Presupuestos fácticos

3. La Solicitante indicó, en síntesis, los siguientes hechos y argumentos para
fundamentar su pretensión:

3.1. El señor Víctor Julio Sánchez Acosta fue elegido como Diputado del
Departamento de Cundinamarca, para el período constitucional 2020–2023.

3.2. En ejercicio de su cargo como Diputado y con “[…] los privilegios de su
investidura […]”, inició su campaña como pre candidato a la Alcaldía de Soacha–
Cundinamarca.

3.3. El Diputado solicitó ante el Presidente de la Asamblea Departamental de
Cundinamarca, el 20 de junio de 2023, que en la visita programada por parte de la
corporación pública para el 22 de junio de 2023, se realizara un recorrido por “[…]
los 4 proyectos que el mismo gestionó ante la Asamblea de Cundinamarca y que
son los mismos proyectos que publicita en su campaña política a la Alcaldía de
Soacha […]”.

1 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se

adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. […]”.
2 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los

departamentos. […]”.
3 Cfr. Índice 2 de SAMAI, documento denominado “002 Escrito Demanda”.

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3.4. El Diputado realizó campaña ante la población del Municipio de Soacha el 14
de marzo, el 30 de mayo, el 16, 21, 22 y 29 de junio de 2023, “[…] anunciando que
ha sido vocero de Soacha en el Departamento y que ha impulsado desde la
Asamblea Departamental como diputado, soluciones de recursos faltantes como
proyectos de inversión para la construcción del Hospital Mario Gaitán Yanguas de
III nivel; la continuación de las Fases II y III de Transmilenio; el polideportivo de la
veredita – Soacha; y gestionó los recursos que fueron aportados por el
Departamento para la avenida las torres entre otras obras para Soacha. […]”.

3.5. El Diputado inscribió su candidatura a la Alcaldía de Soacha, el 29 de julio de
2023, sin renunciar a su cargo en la corporación pública.

3.6. Citó y transcribió la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral
1.° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 y en el numeral 1.° del artículo 60 de la
Ley 2200 de 2022, según la cual los diputados perderán su investidura por violación
al régimen de conflicto de intereses.

3.7. La sesión plenaria descentralizada de la Asamblea Departamental de
Cundinamarca realizada el 22 de junio de 2023 es la “[…] base nuclear de la
presente demanda, toda vez que evidencia y tipifica los elementos del conflicto de
interés […]”.

3.8. El presupuesto de los proyectos de obra en Soacha aprobado “[…] por el
mismo diputado – demandado junto a sus colegas, con efectos de ejecución de
vigencias futuras corresponde al presupuesto y proyectos promocionado en videos,
discursos, publicidad y folletos de campaña política por el demandado […]” y le
representó un interés o beneficio electoral personal, directo y actual, consistente en
generar una opinión y votación favorable respecto a su candidatura.

3.9. El artículo 44 de la Ley 1952 de 28 de enero de 20194 prevé, sobre el conflicto
de intereses, que todo servidor público debe declararse impedido para actuar en un
asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o
decisión y cuando el interés general, propio de la función pública, entre en conflicto
con un interés particular y directo del servidor público.

4 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas

disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario. […]”.

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3.10. El artículo 40 de la Ordenanza núm. 078 de 31 de marzo de 2022 5 define el
conflicto de intereses como una situación donde la discusión o votación de un
proyecto de ordenanza pueda resultar en un beneficio particular, actual y directo a
favor del diputado.

3.11. Se cumplieron los requisitos establecidos por la jurisprudencia del Consejo
de Estado para que se configure la causal de conflicto de intereses, por cuanto:

3.11.1. Existe un interés directo, particular y actual por parte del Diputado “[…] en la
decisión votada el 22 de junio de 2023 en el pleno de la Asamblea de Cundinamarca
en Soacha, sobre el proyecto de ordenanza aprobado núm. 123/2023 (sic) y le trae
un beneficio electoral; particular, porque ningún otro candidato a la Alcaldía de
Soacha tiene voto para decidir sobre financiación de proyectos de obra a realizarse
en Soacha […] y estos proyectos aprobados por el mismo diputado en su
financiación forman parte nuclear de su campaña; actual, porque el uso de
privilegios como diputado surten efectos en favor de su campaña política; y directo,
porque es el demandado quien usufructúa estos beneficios sin intermediario alguno
[…]”.

3.11.2. El Diputado no manifestó impedimento alguno, a pesar de existir un interés
directo en la decisión que debatió y votó.

3.11.3. El Diputado intervino, conformó el quorum, debatió y votó el proyecto de
Ordenanza núm. 123 de 2023, sobre vigencias futuras para proyectos de obras en
Soacha, por medio del cual se aprobaron unos dineros públicos para las obras y
proyectos que promocionó en su campaña política a la Alcaldía de Soacha.

Contestación de la solicitud de pérdida de investidura

4. El Diputado Víctor Julio Sánchez Acosta6, dentro de la oportunidad procesal
correspondiente, se refirió a la solicitud de pérdida de investidura y solicitó que se
negaran sus pretensiones, así:

5 “[…] Reglamento Interno Asamblea Departamental de Cundinamarca. […]”.
6 Por intermedio de apoderado. Cfr. Índice 2 de SAMAI, documento denominado “035 CONTESTACION DE LA

DEMANDA”.

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4.1. No se configuró la causal de pérdida de investidura invocada, porque nunca
existió un conflicto de intereses particular, actual y directo y que el Diputado actuó
con apego estricto a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias,
sin incurrir en la violación alegada.

4.2. En relación con los hechos, precisó que: i) algunos son una “[…] apreciación
subjetiva de la accionante […]”; ii) respecto a la sesión plenaria descentralizada de
22 de junio de 2023, “[…] por tratarse de una actuación oficial de la Asamblea de
Cundinamarca […] me atengo al contenido del documento oficial […]”; iii) intervino,
debatió y votó en el proyecto de Ordenanza núm. 123 de 2023, sobre vigencias
futuras para el proyecto de continuación de las fases II y III de Transmilenio; iv) la
sesión descentralizada de 22 de junio de 2023 tuvo como objetivo, entre otros,
aprobar, en segundo debate, dicho proyecto e informar sobre los proyectos de obra
en ejecución; y v) para la época de los hechos, no era candidato a la Alcaldía de
Soacha.

4.3. No tenía el deber constitucional o legal de presentar renuncia previa a su
cargo como Diputado para ejercer su aspiración como Alcalde Municipal y cumplió
con el deber de ejercer las funciones propias de su cargo y darle prevalencia al
interés general de su electorado.

4.4. Los diputados son servidores públicos de elección popular directa que no
ostentan la calidad de empleados públicos, de conformidad con lo previsto en los
artículos 123 y 299 de la Constitución Política y en la jurisprudencia del Consejo de
Estado7.

4.5. No se configuró la causal de inhabilidad para ser alcalde prevista en el
numeral 2.° del artículo 37 de la Ley 617, por cuanto, aun cuando exige la renuncia
del empleado público que aspira ser alcalde, dentro de los doce meses anteriores a
la fecha de su elección, hace referencia a los servidores que son empleados
públicos y no a los diputados.

7 Sobre el particular, citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia

de 3 de julio de 2003, C.P. Reinaldo Chavarro Buriticá, proceso identificado con el número único de radicación:
47001-23-31-000-2000-0939-01(3077).

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4.6. El artículo 56 de la Ley 2200 define el conflicto de interés como una situación
donde la discusión o votación de un proyecto de ordenanza pueda resultar en un
beneficio particular, actual y directo a favor del diputado, teniendo en cuenta que los
miembros de los cuerpos colegiados de elección directa representan el pueblo y
deben actuar consultando la justicia y el bien común.

4.7. Su participación en la sesión plenaria descentralizada de 22 de junio de 2023
se realizó, en ejercicio de las funciones que los diputados tienen asignadas, según
lo previsto en el numeral 2.° del artículo 300 de la Constitución Política y en el
numeral 32 del artículo 19 de la Ley 2200.

4.8. El proyecto de Ordenanza núm. 123 de 2023 autoriza al Gobernador del
Departamento de Cundinamarca para comprometer el presupuesto de vigencias
futuras; el ordenador del gasto tiene la iniciativa en este tipo de asuntos y no la
Asamblea Departamental; el Diputado participó y votó en cumplimiento de las
funciones para las que fue elegido; y el proyecto fue aprobado de forma unánime
por la corporación.

4.9. La solicitud presentada ante el Presidente de la Asamblea Departamental
de Cundinamarca, el 20 de junio de 2023, se realizó con ocasión a la proposición
núm. 21 de 16 de mayo de 2023, la cual se presentó cuando aún no era candidato
a la Alcaldía, y tenía por objeto presentar un informe del avance de las obras de las
fases II y III del Transmilenio del Municipio de Soacha, la construcción de la Avenida
Las Torres y el Hospital Mario Gaitán Yanguas de Tercer Nivel, con el fin de
socializar asuntos que son de competencia de la Asamblea y que impactan a toda
la población de Soacha.

4.10. No hay conflicto de interés en la gestión de proyectos y recursos y no tuvo
un privilegio frente a los demás candidatos al participar en la decisión sobre la
financiación de proyectos en el municipio, porque “[…] el destino de dichas vigencias
presupuestales no está dado por la voluntad del demandante, sino que obedecer a
un estudio realizado por la Gobernación, sus diferentes secretarias, al Plan de
Desarrollo Vigente y al Banco de proyecto, quienes determinan que proyectos
requerirán una destinación de recursos que excedan la vigencia fiscal actual para
garantizar su ejecución […]”.

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4.11. El artículo 56 de la Ley 2220 prevé que no hay conflicto de interés cuando el
Diputado participe, discuta o vote un proyecto de ordenanza de carácter general,
por lo que destacó que “[…] la autorización que se le otorga al Gobernador para que
cumpla con el Presupuesto General del Departamento y pueda cofinanciar el
proyecto de extensión de la Troncal NQS del Sistema Integrado de Transporte
Masivo de Bogotá D.C. en el Municipio de Soacha Fases II y III […] no beneficia
particularmente al señor Sánchez sino a más de ochocientos mil ciudadanos que
actualmente tiene la Ciudad de Soacha […]”.

La audiencia pública prevista por el artículo 12 de la Ley 1881

5. La audiencia pública8 tuvo lugar el 14 de noviembre de 2023 con la asistencia y
participación de la Solicitante de la pérdida de investidura; la apoderada del
Diputado; y el Ministerio Público.

Sentencia proferida, en primera instancia

6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 27 de
noviembre de 20239, en primera instancia, resolvió “[…] NIÉGASE la solicitud de
pérdida de investidura formulada por la señora Yeny Garzón en contra del señor
Víctor Julián Sánchez Acosta, Diputado a la Asamblea del Departamento de
Cundinamarca. […]”.

Consideraciones del Tribunal

7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró lo siguiente:

8. El asunto a resolver consistía en “[…] determinar si hay lugar o no a decretar la
pérdida de investidura del señor Víctor Julián Sánchez Acosta como Diputado a la
Asamblea del Departamento de Cundinamarca, período 2020 2023, por haber
incurrido en la conducta de conflicto de interés en los términos formulados en la
demanda. […]”.

8 Cfr. Índice 2 de SAMAI, documento denominado “075 Acta de Audiencia Pública”.
9 Cfr. Índice 2 de SAMAI. Documento denominado “084 Sentencia de Primera Instancia”.

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9. Para la configuración de la causal se debían probar los supuestos del conflicto
de interés previstos en el artículo 56 de la Ley 2200, en particular, que exista una
situación que genere el conflicto de interés, esto es, la discusión o votación de un
proyecto de ordenanza y que dicha situación genere un beneficio particular, actual
y directo a favor del Diputado.

10. No se acreditó la configuración de la causal de pérdida de investidura por
violación del régimen de conflicto de intereses.

11. El artículo 5 de la Ley 1881 de 15 de enero de 2018 10 prevé que “[…] en la
solicitud de pérdida de investidura se debe invocar la causal por la cual se solicita
la pérdida y su debida explicación; lo que implica que el debate sobre la pérdida de
investidura se debe contraer a los términos de la causal y a los hechos invocados
como elementos fácticos que la configuran […]”.

12. La aspiración del Diputado a la Alcaldía Municipal no generó un conflicto de
intereses, porque el artículo 56 de la Ley 2200 no lo prevé como presupuesto para
su configuración.

13. La promoción de la aspiración del Diputado a la Alcaldía de Soacha con los
proyectos que discutió y aprobó en la Asamblea no configuró conflicto de intereses,
debido a que la causal no comprende dicho supuesto y el artículo 56 de la Ley 2200
prevé que no existe conflicto de interés cuando el Diputado participe, discuta y vote
un proyecto de ordenanza que otorgue beneficios de carácter general.

14. La participación del Diputado en la discusión y votación del proyecto de
Ordenanza núm. 123 de 2023 generó beneficios de carácter general, por lo que el
beneficio particular por dichas obras se fusionaría con el beneficio de los electores.

15. Dicha participación se realizó en ejercicio de las funciones previstas en el
artículo 300 de la Constitución Política y en el numeral 1.º y parágrafo 1.º del artículo
19 de la Ley 2220, “[…] no hacerlo, habría sido faltar a sus deberes como servidor
público […]” y se debía tener en cuenta que los proyectos se promovieron por
elementos externos a la voluntad del Diputado, en la medida que la iniciativa para

10 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas, se consagra

la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]".

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autorizar vigencias futuras es una potestad del Gobernador del Departamento,
según el artículo 12 de la Ley 819 de 9 de julio de 200311.

Recurso de apelación presentado por la Solicitante

16. La Solicitante interpuso y sustentó oportunamente, recurso de apelación contra
la sentencia proferida, en primera instancia, con fundamentó en los siguientes
argumentos:

17. Controvirtió la aplicación de la excepción relativa a que no existirá conflicto de
intereses cuando se trate de asuntos que afecten al diputado en igualdad de
condiciones a las de la ciudadanía en general prevista en el numeral 1.° del artículo
48 de la Ley 617 y en el artículo 56 de la Ley 2200, porque: i) el Diputado realizó
campaña política para la Alcaldía de Soacha con el privilegio que le otorgaba su
cargo como servidor público; ii) ningún otro candidato podía proponer, debatir y
votar proyectos de ordenanza; y iii) no podía “[…] inscribirse como candidato a un
cargo nominal en pleno ejercicio de un cargo de elección corporativo y como
servidor público sin violar el principio de igualdad […]”.

18. El Diputado debatió y votó proyectos de ordenanza del Municipio de Soacha
cuando era candidato a la Alcaldía Municipal, “[…] circunstancia de tiempo, modo y
lugar que descontextualizó el ponente asimilándola a una época sin elecciones ni
campañas electorales […]”.

19. El Diputado obtuvo un beneficio personal, actual y directo por tratarse de un
contexto de campaña electoral, en la cual no hubo igualdad de condiciones entre el
interés particular y el interés general, en la medida que el Diputado tenía ventaja
sobre los demás candidatos y utilizó su participación y voto en la sesión plenaria
descentralizada de la Asamblea Departamental de Cundinamarca realizada el 22
de junio de 2023, en la que se aprobó el proyecto de Ordenanza núm. 123 de 2023,
sobre vigencias futuras para proyectos de obras en el Municipio de Soacha, como
campaña para llegar a la Alcaldía de Soacha.

11 “[…] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal

y se dictan otras disposiciones. […]”.

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20. Indicó que el Diputado debió manifestar su impedimento para participar en los
debates y la votación del referido proyecto de ordenanza, por tratarse de época
preelectoral y electoral, en el cual en ejercicio del cargo como servidor público de
elección popular participó en las elecciones de 29 de octubre de 2023 y fue elegido
Alcalde de Soacha.

Traslado del recurso de apelación

21. Surtido el traslado del recurso de apelación, el Diputado Víctor Julio Sánchez
Acosta12 se opuso al recurso de apelación, manifestando que “[…] la pérdida de
investidura es un juicio de responsabilidad judicial disciplinario que procede
únicamente bajo causales taxativas, en razón a la limitación que impone al derecho
político fundamental, a elegir y ser elegido, y dada la severidad, las implicaciones y
los prolongados efectos de la sanción, derivados de la inhabilidad permanente para
desempeñar cargos de elección popular que aquella trae aparejada, y
descendiendo al caso objeto de litigio, se encuentra probado que no se configuraron
las causales alegadas en la demanda […]”. La Solicitante y el Ministerio Público
guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

22. La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala; ii) el problema
jurídico; iii) la calificación habilitante; iv) el marco normativo y desarrollos
jurisprudenciales del medio de control de pérdida de investidura; v) el marco
normativo y desarrollo jurisprudencial de la causal de pérdida de investidura por
violación del régimen de conflicto de intereses; vi) el análisis del caso concreto; y
vii) las conclusiones.

Competencia de la Sala

23. Vistos: i) el parágrafo 2.° del artículo 48 de la Ley 617, sobre pérdida de
investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de
juntas administradoras locales; ii) la Ley 1881, en especial, su artículo 22, sobre la
aplicación de esa normativa a los procesos de pérdida de investidura de concejales
y diputados; iii) el artículo 15013 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201114, sobre

12 Por intermedio de apoderado. Cfr. Índice 9 de SAMAI.
13 Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080.
14 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

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competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia; y iv) el artículo 13 del
Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 201915: la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer del
presente asunto.

24. Agotados los trámites inherentes a la solicitud de pérdida de investidura de que
trata este asunto y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo
actuado, se procede a decidir el caso sub lite.

25. Vistos los artículos 328 y 320 de la Ley 1564, la Sala se pronunciará únicamente
en relación con los reparos o argumentos planteados por el apelante.

Problema Jurídico

26. Corresponde a la Sala determinar, con fundamento en el recurso de apelación,
si el Diputado incurrió o no en la causal de pérdida de investidura prevista en el
numeral 1.° del artículo 48 de la Ley 617 y en el numeral 1.° del artículo 60 de la
Ley 2200, por violación al régimen de conflicto de intereses, al participar, debatir y
votar el proyecto de Ordenanza núm. 123 de 2023, “[…] por la cual se autoriza al
Gobernador del Departamento de Cundinamarca para comprometer presupuesto
de vigencias futuras excepcionales […]”.

27. En ese orden, si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia de 27 de
noviembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en
primera instancia.

La calificación habilitante

28. Vistos los artículos 5, literal “b”, y 22 de la Ley 1881, la Sala considera que se
encuentra probada la calidad de Diputado para el periodo 2020-2023 del señor
Víctor Julio Sánchez Acosta, según consta en el documento aportados como prueba
al proceso, en especial, el Formularios E-26 ASA suscrito por los miembros de la
Comisión Escrutadora Municipal, por medio de los cuales se declara la elección y
se expide la correspondiente credencial16.

15 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado
16 Cfr. Índice 2 de SAMAI, documento denominado “002 Escrito de demanda”.

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29. En este caso, la investidura del Diputado señalado supra se tiene por cierta en
la medida en que los documentos anteriormente indicados constituyen prueba de
dicha calidad y su condición no fue cuestionada durante el proceso ni en el recurso
de apelación, lo cual lo hace sujeto pasivo del medio de control de pérdida de
investidura.

Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales del medio de control de
pérdida de investidura

Marco normativo

30. Vistos los artículos 184 de la Constitución Política; 14317 de la Ley 1437 y las
leyes 136, y 617 1881 y 2003, en especial, el artículo 1 de la Ley 1881.

Desarrollos jurisprudenciales

31. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha
considerado que la pérdida de investidura es una acción pública que da origen a un
proceso de carácter jurisdiccional y sancionatorio18 de propósito ético, con
consecuencias políticas, que tiene por objeto el estudio de la conducta de los
miembros de corporaciones públicas de elección popular y como consecuencia la
pérdida de parte de los derechos políticos; y que tiene por fundamento la protección
y la preservación del principio de representación y de la dignidad en el ejercicio del
cargo que confiere el voto popular.

32. El fundamento de este proceso sancionatorio es preservar la dignidad del cargo
público de elección popular a través del control que ejercen los ciudadanos sobre
sus representantes cuando estos incurran en conductas contrarias al buen servicio,
al interés general o a la dignidad que ostentan. Se trata de conductas que comportan
la defraudación del principio de representación.

17 Ley 1437. Artículo 143. Pérdida de Investidura. A solicitud de la Mesa Directiva de la Cámara correspondiente

o de cualquier ciudadano y por las causas establecidas en la Constitución, se podrá demandar la pérdida de
investidura de congresistas.
Igualmente, la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental, del Concejo Municipal, o de la junta
administradora local, así como cualquier ciudadano, podrá pedir la pérdida de investidura de diputados,
concejales y ediles.
18 Sentencia de 27 de septiembre de 2016, proferida en el proceso con radicación número (SU) 11001-03-15-

000- 2014-03886-00, Consejero Ponente Alberto Yepes Barreiro.

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33. La Sala Plena19 puso de presente que, atendiendo la especial naturaleza de la
pérdida de investidura, esta acción tiene las siguientes características: i) constituye
un juicio de responsabilidad que conlleva la imposición de una sanción de carácter
jurisdiccional que castiga la transgresión al código de conducta que los miembros
de las corporaciones públicas de elección popular deben observar atendiendo la
naturaleza representativa de la investidura que ostenta; ii) es una sanción de
carácter jurisdiccional porque la competencia para decretarla es atribuida
exclusivamente al Consejo de Estado; iii) la pérdida de investidura es la sanción
más grave que puede imponerse a una persona que ha sido elegida en una
corporación pública de elección popular porque implica la separación inmediata de
las funciones que venía ejerciendo como integrante de esa corporación y, por
expresa disposición de la propia Constitución Política, la inhabilidad permanente
para serlo de nuevo en el futuro; iv) los procesos de pérdida de investidura limitan
o reducen algunos derechos fundamentales previstos en la Constitución como el de
ser elegido.

34. En esa misma orientación, la Corte Constitucional20 consideró que la pérdida de
investidura es una acción pública de carácter sancionatorio prevista en la
Constitución y la ley, que tiene como finalidad castigar a los miembros de las
corporaciones públicas que incurran en conductas consideradas reprochables por
ser incompatibles con la dignidad del cargo que ostentan.

35. En el proceso de pérdida de investidura se deben aplicar las garantías
constitucionales del debido proceso, conforme lo consideró la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia proferida el 23 de marzo de 201021. En ese orden,
las conductas sancionables deben estar plenamente determinadas en la
Constitución Política o en la ley con el objeto de excluir cualquier tipo de
arbitrariedad en la aplicación de los supuestos fácticos y normativos que realice el
juez, quien deberá estar siempre sometido al espectro conductual fijado por la
literalidad de la prohibición o circunstancia causante de la pérdida de investidura, lo
cual constituye una materialización del principio de interpretación restrictiva.

36. Asimismo, es importante resaltar que, por las particularidades del proceso de
pérdida de investidura y, en especial, a su carácter sancionador, en él se debe dar

19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; Sentencia de 29 de agosto de 2017,

Expediente: 110010315000201601700-00(PI), M.P. Milton Chaves García.
20 Sentencia SU-426 de 2016, Magistrada Ponente Gloria Stella Ortíz Delgado.
21 Número único de radicación 110010315000200900198-00(PI).

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plena aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso, en particular,
en cuanto se refiere a la observancia de, entre otros, los principios pro homine, in
dubio pro reo, y de legalidad.

37. Es de importancia resaltar que el juicio de responsabilidad que se realiza en el
marco de la pérdida de investidura no puede ser considerado de ninguna manera
como un juicio de responsabilidad objetiva; por el contrario, conforme con la
jurisprudencia de las altas cortes22, una vez verificada la configuración del elemento
objetivo, se debe proceder al estudio del elemento subjetivo23.

38. En efecto, el artículo 1.° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4 de la Ley
2003 de 19 de noviembre de 2019, establece que “[…] [e]l proceso sancionatorio de
pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se
ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente
culposa, hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura
establecidas en la Constitución […]”24.

39. En suma, el estudio de cada caso se debe realizar teniendo en cuenta que la
pérdida de investidura es un juicio de carácter sancionatorio, lo cual implica que el
juez debe realizar un análisis integral de la responsabilidad bajo una estricta
aplicación de los principios que gobiernan el debido proceso y, con fundamento en
ello, determinar si la conducta se subsume en el supuesto fáctico de la norma que
establece como consecuencia jurídica la pérdida de la investidura y si se configura
o no el elemento subjetivo25.

Principio de interpretación restrictiva de las causales de pérdida de investidura

40. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y la
Sección Primera han considerado que, en virtud de la naturaleza sancionatoria de la
pérdida de investidura, se exige la aplicación estricta de ciertas garantías dentro de

22
Corte Constitucional, Sentencia SU 424 de 2016.
23 En criterio de la Corte Constitucional “[…] atiende a las circunstancias particulares en las que se presentó la

conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se
enderezó a esa acción u omisión […]”.
24 Normativa aplicable a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados, de conformidad con

el artículo 22 de la Ley 1881, según el cual “[…] Las disposiciones contenidas en esta ley serán aplicables, en
lo que sea compatible, a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados […]”.
25 La Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU 424 de 2016, precisó que el juez de este proceso

sancionatorio debe determinar: i) si se configura la causal y ii) si a pesar de que ésta aparezca acreditada, existe
alguna circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya actuado de buena fe o,
en caso de que la causal lo admita, se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en general
exista alguna circunstancia que permita descartar la culpa.

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las cuales se encuentra que las normas aplicables para que se configuren las causales
son de aplicación restrictiva26; lo anterior en atención a que las prohibiciones, en tanto
limitan la libertad y los derechos de las personas, son de origen constitucional y legal;
y, en consecuencia, la tipificación de sus causas, vigencia, naturaleza y efectos es
rígida y taxativa y su aplicación es restrictiva, de manera que se excluye la analogía y
la interpretación extensiva.

41. En efecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia de 21
de julio de 2015, consideró que dentro de los procesos de pérdida de investidura son
aplicables diversas garantías, entre las cuales resulta relevante “[…] destacar la
atinente a que las causales de pérdida de investidura de los congresistas deban ser
concebidas como de derecho estricto, de orden público y de interpretación restrictiva,
pues no puede perderse de vista que la pérdida de investidura es una sanción que
impide al afectado el ejercicio pleno de sus derechos políticos en el futuro y a
perpetuidad […]”. Asimismo, señaló “[…] que en su jurisprudencia, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han puesto de presente que las normas
que establecen derechos y libertades constitucionales deben interpretarse de manera
que se garantice su más amplio ejercicio, y que aquellas normas que los limiten
mediante el señalamiento de inhabilidades, incompatibilidades y calidades para el
desempeño de cargos públicos, deben estar consagradas expresamente en la
Constitución o en la ley y no pueden interpretarse en forma extensiva sino siempre,
con la finalidad enunciada, en forma restrictiva […]”.

42. La Corte Constitucional en la sentencia SU-515 de 2013 consideró que, dado el
carácter sancionatorio del proceso de pérdida de investidura, la entidad del castigo,
así como los contenidos constitucionales que se encuentran en juego, a él le son
aplicables la totalidad de garantías del debido proceso sancionatorio, dentro de las
cuales tiene una importancia categórica los principios de reserva legal, taxatividad y
favorabilidad. Asimismo, consideró que estas causales “[…] son de orden público, de
interpretación restrictiva y “que no cabe su aplicación por analogía ni por
extensión”, ya que tienen por consecuencia una sanción “que impide al
afectado el ejercicio pleno de sus derechos políticos en el futuro y a perpetuidad
[…]” y reiteró que “[…] el legislador está obligado a describir la conducta o

26Ver: i) Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; número único de radicación:
110010315000201200059-00, sentencia de 21 de julio de 2015. C.P. doctora María Claudia Rojas Lasso; y ii)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; número único de radicación:
230012333004201500489-01; C.P. doctor Guillermo Vargas Ayala.

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comportamiento que se considera ilegal o ilícito, en la forma más clara y precisa
posible, de modo que no quede duda alguna sobre el acto, el hecho, la omisión o la
prohibición que da lugar a sanción […]” (Destacado fuera de texto).

43. Por último, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 3
de noviembre de 2016 consideró que “[…] la interpretación y aplicación restrictiva de
las normas aplicables al régimen de pérdida de investidura también obedece al
principio pro homine que obliga al juez a optar por aquella interpretación más favorable
al hombre y a sus derechos […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la causal de pérdida de
investidura por violación al régimen de conflicto de intereses

44. Visto el numeral 1.º del artículo 48 de la Ley 617, “[…] [l]os diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de las juntas administradoras
locales perderán su investidura: […] 1. Por violación del régimen de
incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No existirá conflicto de
intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o
diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general […]”
(Destacado fuera del texto).

45. Visto el numeral 1.º del artículo 60 de la Ley 2200, sobre pérdida de investidura,
–esta norma entró en vigencia en la fecha de su publicación en el Diario Oficial núm.
51.942 de 8 de febrero de 2022–, “[…] Se decretará la pérdida de investidura en los
siguientes casos: […] 1. Por violación del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades y conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses
cuando se trate de considerar asuntos que afecten al diputado en igualdad de
condiciones a las de la ciudadanía en general. […]” (Destacado fuera del texto).

46. Visto el artículo 5627 de la Ley 2200, sobre conflicto de intereses, que prevé:

“[…] Todos los diputados deberán declarar los conflictos de intereses que
pudieran surgir en ejercicio de sus funciones. Se entiende como conflicto de
interés una situación donde la discusión o votación de un proyecto de
ordenanza, pueda resultar en un beneficio particular, actual y directo a favor del
diputado.

27 Contenido en el Capítulo II de la Ley 2200, “[…] De los diputados […]”.

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a) Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea
indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del diputado de las
que no gozan el resto de los ciudadanos.

b) Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las circunstancias
presentes y existentes al momento en el que el diputado participa de la decisión.

c) Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica respecto del
diputado, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro
del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

Para todos los efectos se entiende que no hay conflicto de interés en las
siguientes circunstancias:

a) Cuando el diputado participe, discuta, vote un proyecto de ordenanza que
otorgue beneficios o cargos de carácter general, es decir cuando el interés del
diputado coincide o se fusiona con los intereses de los electores.

b) Cuando el beneficio podría o no configurarse para el diputado en el futuro.
[…]” (Destacado fuera del texto).

47. Visto el literal a) del inciso segundo del artículo 56 de la Ley 2200, no habrá
conflicto de interés cuando el diputado participe, discuta o vote un proyecto de
ordenanza que otorgue beneficios o cargos de carácter general, esto es, cuando el
interés del diputado coincide o se fusiona con los intereses de los electores;
disposición que coincide con la excepción prevista en el numeral 1. ° del artículo 48
de la Ley 617 y en el numeral 1.° del artículo 60 de la Ley 2200.

48. La Sala Plena ha definido el conflicto de intereses28 “[…] como aquella conducta
en que incurre un servidor público, contraria a la función pública, en la que, movido
por un interés particular prevalente o ausente del interés general, sin declararse
impedido, toma una decisión o realiza alguna gestión propia de sus funciones o
cargo, en provecho suyo, de un familiar o un tercero y en perjuicio de la función
pública. Por ello, la norma exige que, ante la pugna entre los intereses propios de
la función y los particulares del funcionario, éste deba declararse impedido, pues es
la manera honesta de reconocer la existencia de esa motivación y el deseo de
cumplir con las funciones del cargo de manera transparente e imparcial […]”.

28 Véase, por ejemplo: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. sentencia de 2 de abril

de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López; proceso identificado con el número único de radicación 11001-03-15-
000-2018-04626-00(PI); y Sentencia del 28 de noviembre de 2017. C.P. César Palomino Cortés. Expediente
radicación: 11001-03-25-000-2005-00068-00(IJ).

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49. La Sala Plena29 ha considerado que para la configuración del conflicto de
intereses deben demostrarse, de manera concurrente, los siguientes requisitos,
consideraciones que también resultan aplicables en los procesos de pérdida de
investidura de los diputados: “[…] a) Que la persona señalada de adelantar la
actuación violatoria del régimen de conflicto de intereses ejerza o haya ejercido la
investidura de Congresista de la República; b) La existencia de un interés directo,
particular y actual del Congresista, ya sea de orden moral o económico, en la
deliberación o decisión de un tema específico a cargo del Congreso; y, c) Que a
pesar de ello, el Congresista participe efectivamente del respectivo trámite, sin
haber manifestado su impedimento para actuar o sin haber sido recusado para los
efectos […]”30.

50. La Sección Primera31 ha considerado, respecto a lo previsto en el numeral 1. °
del artículo 48 de la Ley 617, que lo que identifica la existencia del conflicto de
intereses es que, aun cuando el servidor público de elección popular se encuentre
en ejercicio de sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias, al discutir
o votar un asunto, se acredite que no consulta el bien común ni la prevalencia del
interés general, sino que pretende obtener un beneficio personal para sí o para un
tercero.

Análisis del caso concreto

51. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales
expuestos en la parte considerativa de esta sentencia: la Sala procede a apreciar y
a valorar en su conjunto todas las pruebas decretadas, de conformidad con las
reglas de la sana crítica y aplicando las de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda para, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de noviembre de 2016,

C.P. MP: María Elizabeth García González, proceso identificado con el número único de radicación 11001-03-
15-000-2015-01571-00(PI).
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de abril de

2024, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, proceso identificado con el número único de radicación: 88001-
2333-000-2023-00047-01 (PI).
31 Ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de agosto

de 2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, proceso identificado con el número único de radicación:
470012333000202000690-01(PI); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 3 de octubre de 2019, C.P. Nubia Margoth Peña, proceso identificado con el número único de
radicación: 050012333000201703473-01(PI), entre otros.

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52. La Sala procede, en el caso sub examine, al estudio de los supuestos
necesarios para la configuración de la causal de pérdida de investidura prevista en
el numeral 1.° del artículo 48 de la Ley 617 y en el numeral 1.° del artículo 60 de la
Ley 2200, consistente en violación al régimen de conflicto de intereses.

Que se ostente la calidad de diputado

53. La Sala encuentra probado que el señor Víctor Julio Sánchez Acosta fue elegido
como Diputado del Departamento de Cundinamarca, según se explicó en el acápite
“[…] La calificación habilitante […]” de esta providencia. En consecuencia, el primer
supuesto del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura se encuentra
probado.

Que exista un interés directo, particular y actual en la deliberación o decisión
de un tema específico a cargo de la respectiva corporación pública

54. La Solicitante controvirtió, en el recurso de apelación, la aplicación del supuesto
relativo a que no existirá conflicto de intereses cuando se trate de asuntos que
afecten al diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general
prevista en el numeral 1.° del artículo 48 de la Ley 617 y en el artículo 56 de la Ley
2200, en el caso sub examine, porque: i) el Diputado realizó campaña política para
la Alcaldía de Soacha con el privilegio que le otorgaba su cargo como servidor
público; ii) ningún otro candidato podía proponer, debatir y votar proyectos de
ordenanza; y iii)“[…] está prohibido constitucional y legalmente inscribirse como
candidato a un cargo nominal en pleno ejercicio de un cargo de elección corporativo
y como servidor público sin violar el principio de igualdad […]”.

55. En ese sentido, indicó que el Diputado, al participar, debatir y votar el proyecto
de Ordenanza núm. 123 de 2023, “[…] por la cual se autoriza al Gobernador del
Departamento de Cundinamarca para comprometer presupuesto de vigencias
futuras excepcionales […]”, promocionó su candidatura a la Alcaldía de Soacha, lo
cual le generó un beneficio personal, actual y directo, por tratarse de un contexto de
campaña electoral, en la cual no hubo igualdad de condiciones entre el interés
particular y el interés general, por lo que el Diputado debió manifestar su
impedimento por el conflicto de intereses que surgió en ejercicio de sus funciones.

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56. Para el efecto, la Sala encuentra que al proceso se aportaron las siguientes
pruebas:

57. Copia de la exposición de motivos del proyecto de Ordenanza núm. 123 de
2023, “[…] por la cual se autoriza al Gobernador del Departamento de
Cundinamarca para comprometer presupuesto de vigencias futuras excepcionales
[…]”, presentado por el Gobernador del Departamento de Cundinamarca ante el
Presidente de la Asamblea Departamental, en el cual, luego de hacer referencia a
la competencia de la Asamblea para autorizar al gobierno departamental para
asumir obligaciones con cargo al presupuesto de vigencias futuras prevista en el
numeral 5.° del artículo 300 de la Constitución Política, el numeral 31 del artículo 19
de la Ley 2220, el artículo 98 de la Ordenanza 103 de 21 de febrero de 2023 y
demás normas legales y reglamentarias, se indica:

“[…] Se precisa que el proyecto de ordenanza tiene como objeto la aprobación de
vigencias futuras excepcionales, de conformidad con la solicitud presentada por la
Secretaría de Transporte y Movilidad […].
Justificación técnica, requisitos legales y estructura presupuestal de la solicitud de
vigencias futuras excepcionales […]

Descripción específica de la necesidad

Según lo expuesto por la Secretaría de Transporte y Movilidad, las razones que desde
el punto de vista técnico soportan la solicitud de las vigencias futuras para la
financiación de obras complementarias para la construcción del “Colector Pluvial Sur”,
se concreta en lo siguiente:

“El proyecto se encuentra ubicado sobre la autopista sur e inicia en la Calle 22 y
finaliza en la Calle 26 Sur con el Patio Portal. El tramo de Transmilenio ha sido dividido
en dos (2) sectores […] con una longitud aproximada de 600 metros, donde se
proyecta la construcción del Patio Portal para albergar la flota adicional necesaria
para operar la extensión de la troncal NQS hasta el Municipio de Soacha.

Una vez realizados los análisis necesarios para encontrar la solución al proyecto, se
determinó que se requiere la implementación de un sistema colector, que esta
condicionado por varios factores […]. En ese sentido, el resultado del diseño incluye
tanto las soluciones para el manejo de aguas pluviales propias del proyecto como las
aportadas por las áreas aledañas a este, proyectadas una vez se haya ejecutado el
desarrollo urbano de las mismas. […].

Con base en lo anterior, la solución planteada supone, de manera indirecta, un
impacto positivo, no solamente a las zonas aledañas al corredor, sino a la
comunidad de Soacha en las zonas de expansión localizadas en ambos lados
del corredor, por cuanto garantiza un nivel de servicio óptimo del sistema una
vez se haya construido el colector sur y evitará posibles inundaciones de la
Autopista Sur tanto en los carriles mixtos como en la calzada exclusiva para el
Sistema Transmilenio. […].

Solicitud del Gobernador del Departamento de Cundinamarca a la Asamblea

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Por las razones expuestas de tipo jurídico y presupuestal, y considerando la solicitud
y justificaciones técnicas, jurídica y financiera entregadas por la Secretaría de
Transporte y Movilidad del Departamento de Cundinamarca, para así, lograr el
oportuno financiamiento de la “Construcción de componentes complementarios para
redes, en el marco del proyecto Construcción de la Extensión de la Troncal NQS del
Sistema Integrado de Transporte Masivo a Soacha Fases II y III en el Departamento
de Cundinamarca […]”32 (Destacado fuera del texto).

58. Copia de la Proposición núm. 30 de 20 de junio de 202333 presentada por el
Diputado ante el Presidente de la Asamblea Departamental, con asunto “[…]
recorrido Soacha, Cundinamarca […]”, en la cual solicitó:

“[…] Teniendo en cuenta la Proposición 021 de 2023 aprobada previamente por la
Asamblea Departamental, donde se desarrollará el informe de avance de obra de las
fases II y III de Transmilenio en el Municipio de Soacha. Resulta pertinente durante la
visita programada para el día jueves 22 de junio de 2023, lo siguientes:

1. Invitar a la Dra. Nancy Valbuena Ramos para que se realice un informe sobre el
avance de la construcción de la Avenida Las Torres (entre Bosa Piamonte y límites
con Soacha), ello con ocasión a los recursos que se han aprobado para la
ejecución de la obra.
2. Invitar al Secretario de Salud, Dr. Luis Efraín Fernández Otálora para rendir un
informe a la Asamblea Departamental sobre el avance de obra del Hospital Mario
Gaitán Yanguas de Tercer Nivel, ubicado sobre la autopista sur, frente al C.C.
Ventura Terreros […], esto teniendo en cuenta la importante destinación de
recursos asignados.
3. Para el desarrollo de la presente proposición, se pretende iniciar el recorrido con
la Dra. Nancy Valbuena en la Avenida Las Torres, posteriormente, ir al lote donde
se proyecta la construcción del Hospital, junto con el Secretario de Salud […] y
realizar la Sesión Plenaria de la Asamblea en el Patio Taller el Vínculo para el
desarrollo del informe presentado por el Gerente de la Empresa Férrea Regional.
[…]”.

59. Video de la sesión plenaria descentralizada de la Asamblea de Cundinamarca
realizada en el Patio Taller el Vínculo del Municipio de Soacha, el 22 de junio de
202334, en la cual se advierte que se aprobó de forma unánime el proyecto de
Ordenanza núm. 123 de 2023 y el Diputado participó, discutió y votó la ponencia,
manifestando que “[…] Por supuesto que mi voto es positivo señorita secretaria por
las atribuciones y considerandos […]”.

60. Copia de la Ordenanza núm. 123 de 22 de junio de 202335, “[…] por la cual se
autoriza al Gobernador del Departamento de Cundinamarca para comprometer
presupuesto de vigencias futuras excepcionales […]”, expedida por la Asamblea de
Cundinamarca, en los siguientes términos:

32 Cfr. Índice 2 de SAMAI, documento denominado “053 Anexo”.
33 Cfr. Índice 2 de SAMAI, documento denominado “002 Escrito Demanda”,
34 Cfr. Índice 2 de SAMAI, documento denominado “002 Escrito Demanda”, “Video 8”.
35 Cfr. Índice 2 de SAMAI, documento denominado “056 Anexo”.

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“[…] LA ASAMBLEA DE CUNDINAMARCA

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas
en el numeral 5 del artículo 300 de la Constitución Política, el numeral 31 del artículo
19 de la Ley 2200 de 8 de febrero de 2022 y la Ley 1483 de 2011.

ORDENA

ARTÍCULO PRIMERO – Autorícese al Gobernador del Departamento de
Cundinamarca para comprometer presupuesto con cargo a Vigencias Futuras
Excepcionales, con el fin de cumplir con la ejecución de Gastos de Inversión del
Presupuesto General del Departamento, durante las vigencias fiscales 2024 – 2025
[…] para la financiación del proyecto “Construir la extensión de la Troncal NQS del
SITM a Soacha Fases II y III” enmarcado dentro del Plan Departamental de Desarrollo
2020-2024 […].

ARTÍCULO SEGUNDO – El Gobierno Departamental incluirá en el presupuesto de
las vigencias fiscales 2024 – 2025, las partidas necesarias para el cumplimiento de
los compromisos adquiridos y autorizados en la presente Ordenanza.

ARTÍCULO TERCERO – La presente Ordenanza rige a partir de la fecha de su
promulgación.

PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE. […]”.

61. Formato E-26 ACL suscrito por los miembros de la Comisión Escrutadora
Municipal, por medio del cual se declara la elección del Alcalde Municipal de
Soacha, para el período 2024-202736.

62. De conformidad con lo anterior, se precisa que en la sesión descentralizada de
22 de junio de 2023 se aprobó el proyecto de Ordenanza núm. 123 de 2023, que
autorizó vigencias futuras respecto a la construcción de las Fases II y III de
Transmilenio en el Municipio de Soacha y se realizó un informe sobre el avance de
las obras referentes a la construcción del Hospital Mario Gaitán Yanguas de III nivel
y la avenida las torres, realizadas con recursos aprobados previamente por la
Asamblea Departamental.

63. La Sala considera que, de conformidad con el artículo 167 de la Ley 1564,
aplicable a los procesos de pérdida de investidura en virtud del artículo 21 de la Ley
1881, al Solicitante de la pérdida de investidura le corresponde, dentro de las
oportunidades señaladas en la ley, probar los supuestos de hecho de las normas
que establecen el efecto jurídico que ellas persiguen.

36 Cfr. Índice 2 de SAMAI, documento denominado “088 Anexo”.

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64. Al respecto, la Sala reitera, como lo explicó el Tribunal, que en este caso no
está probado el interés calificado, en los términos señalados por la ley y la
jurisprudencia de esta Corporación, en la medida en que el trámite de aprobación
del proyecto de Ordenanza núm. 123 de 2023, “[…] por la cual se autoriza al
Gobernador del Departamento de Cundinamarca para comprometer presupuesto
de vigencias futuras excepcionales […]”, obedeció al ejercicio de las funciones
constitucionales, legales y reglamentarias de la Asamblea Departamental y se
orientó a autorizar unas vigencias futuras que correspondieron a una iniciativa del
Gobernador del Departamento de Cundinamarca, máxime, si se tiene en cuenta que
se trata de un asunto que genera un impacto que afecta al Diputado en igualdad de
condiciones que al conglomerado social del Municipio de Soacha, en la medida en
que se busca satisfacer y dar cumplimiento a los fines del Estado, por lo que se trata
de uno de los supuestos que no configuran conflicto de intereses, en los términos
del literal a) del inciso segundo del artículo 56 de la Ley 2200.

65. En ese sentido, la exposición de motivos del proyecto de Ordenanza, referida
supra, es clara en indicar que el proyecto de las Fases II y III de Transmilenio en el
Municipio de Soacha genera un impacto positivo para toda la comunidad de Soacha,
por cuanto garantiza el funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte y a
futuro evitará posibles inundaciones de la Autopista Sur, razón por la cual, en este
caso, no se acreditó la existencia de un interés directo, particular y actual del
Diputado.

66. En efecto, la Sala considera que la presunta campaña del Diputado a la Alcaldía
de Soacha con el proyecto de ordenanza referido supra no configuró conflicto de
intereses, por cuanto no se podría afirmar que le generó un beneficio actual, en los
términos del literal b) del inciso primero del artículo 56 de la Ley 2200, esto es, “[…]
aquel que efectivamente se configura en las circunstancias presentes y existentes
al momento en el que el diputado participa de la decisión […]”, y, por el contrario,
se trata de uno de los supuestos que no configuran conflicto de intereses, en los
términos del literal a) del inciso segundo del artículo 56 de la Ley 2200, “[…] Cuando
el beneficio podría o no configurarse para el diputado en el futuro […]”, habida
consideración que el Proyecto de Ordenanza núm. 123 de 2023 se discutió y aprobó
en la sesión descentralizada de 22 de junio de 2023 y el Diputado inscribió su
candidatura a la Alcaldía de Soacha, el 29 de julio de 2023, por lo que la

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interpretación de la recurrente implicaría extender la causal a un supuesto
expresamente no previsto por la ley37.

67. En ese sentido, respecto a la manifestación del recurrente de que el Diputado
tenía prohibido inscribirse como candidato a la Alcaldía de Soacha sin desconocer
el principio de igualdad, la Sala prohíja lo considerado por esta Sección, mediante
sentencia de 26 de agosto de 202138, en la cual se precisó que no constituye
prohibición para los diputados la inscripción y participación en la elección para el
cargo de alcalde municipal, como se expone a continuación:

“[…] En un asunto similar al aquí debatido, la Sala explicó que no constituye una […]
prohibición para los diputados la decisión de inscribirse y participar en la elección para
el cargo de alcalde municipal. Al efecto, en la sentencia del 18 de junio de 2021 se
dijo:

“[…] Vale la pena anotar que tampoco constituye […] prohibición para los diputados,
su decisión de inscribirse y participar en la contienda electoral para el cargo de alcalde
municipal, ni son aplicables al asunto bajo examen los efectos de la sentencia de
unificación de 7 de junio de 2016 […] habida cuenta que de acuerdo con lo señalado
en esa oportunidad la unificación jurisprudencial está dirigida, exclusivamente, a los
alcaldes y gobernadores, mas no a los diputados39. […]”.

68. Tampoco constituye prueba ni indicio de la existencia del precitado conflicto, el
hecho de que el Diputado no hubiera manifestado impedimento, porque el acto de
manifestación de impedimento es libre y voluntario y corresponde a cada miembro
de la corporación pública de elección popular la obligación de verificar si en el
ejercicio de alguna de sus funciones, constitucionales, legales y reglamentarias, se
verifica una colisión entre el interés general que debe orientar sus actos e intereses
particulares, caso en el cual se debe manifestar impedimento; situación que no se
configura en el caso sub examine.

69. En este caso, la Sala considera que la solicitante no demostró la existencia de
un interés directo, particular y actual por parte del Diputado, ya sea de orden moral
o económico, y con origen en la participación en el trámite del referido proyecto de

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Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 23 de noviembre
de 2021. C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, proceso identificado con el número único de radicación 11001-03-
15-000-2020-04535-01(PI).
38 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 18 de junio de

2021. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, proceso identificado con el número único de radicación
230012333000202000406-01(PI).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de agosto de
2021, C.P. Oswaldo Giraldo López, proceso identificado con el número único de radicación 50001-23-33-000-
2020-00035-01(PI).
39 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 18 de junio de

2021. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, proceso identificado con el número único de radicación
230012333000202000406-01(PI).

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ordenanza, digno de ser manifestado ante la Asamblea y con el fin de revisar la
posible separación de dicha actividad; por ende, lo procedente es la confirmación
de la sentencia proferida, en primera instancia, en cuanto negó las pretensiones de
la solicitud de pérdida de investidura.

70. La Sala reitera que la decisión de decretar la pérdida de investidura constituye
una medida excepcional que implica no solamente la separación inmediata y
definitiva del miembro de la corporación pública de elección popular que ha incurrido
en la causal prevista en el ordenamiento jurídico, sino que conlleva, además, la
imposibilidad de volver a ser elegido en un cargo de elección popular en el futuro.
Por ello, la Sala considera que el juzgador debe encontrar probado en el proceso la
configuración de los elementos objetivo y subjetivo de la causal de pérdida de
investidura invocada y solo en ese caso resulta procedente la declaratoria de
pérdida de investidura.

71. En suma, la Sala considera que no se probó la existencia del precitado interés
del Diputado en los asuntos que originaron la solicitud sub examine, lo cual implica
que no se configuró el segundo supuesto del elemento objetivo de la causal de
pérdida de investidura por violación al régimen de conflicto de intereses prevista en
en el numeral 1.° del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 200040 y en el
numeral 1.° del artículo 60 de la Ley 2200 de 8 de febrero de 2022.

72. En atención a todo lo expuesto y teniendo en cuenta que, conforme se indicó
supra, no se encuentra probado el elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura por violación del régimen de conflicto de intereses, esta Sala considera
que no es necesario realizar el estudio del elemento subjetivo.

Conclusiones de la Sala

73. La Sala considera que, en el caso, sub examine, no se probó que el Diputado
incurriera en el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por
violación del régimen de conflicto de intereses. En consecuencia, la Sala confirmará
la sentencia proferida, en primera instancia.

40 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se

adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. […]”.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 27 de noviembre de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la solicitud,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría que, una vez en firme esta sentencia,
DEVUELVA el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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