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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-33-000-2025-00117-01

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-33-000-2025-00117-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: 57 Radicado número: 47001 23 33 000 2025 00117 01 Demandante: Rafael de Jesús Rebolledo Gil y otros PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el numeral primero de la sentencia proferida el 6 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo del Magdalena respecto a los accionados Ángela María Cedeño Ruíz y Alberto Mario Gutiérrez Uribe. SEGUNDO: DECLARAR la configuración de la cosa juzgada respecto de la sentencia del 17 de octubre de 2025 proferida dentro del proceso de pérdida de investidura con radicado núm. 47001 23 33 000 2025 00134 01, en relación con la accionada Ángela María Cedeño Ruíz, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: DECLARAR la configuración de la cosa juzgada respecto de la sentencia del 19 de marzo de 2026 proferido dentro del proceso de pérdida de investidura con radicado núm. 47001 23 33 000 2025 00127 01, en relación con el accionado Alberto Mario Gutiérrez Uribe, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. CUARTO: CONFIRMAR la sentencia de 6 de agosto de 2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Magdalena, respecto de los accionados Mallath Paola Martínez Cantillo, Marta Liliana García Rivera y Amed José Zawady Pupo, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. QUINTO: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEXTO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente digital al Tribunal de origen. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado 58 Radicado número: 47001 23 33 000 2025 00117 01 Demandante: Rafael de Jesús Rebolledo Gil y otros GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Consejera de Estado La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 47001-23-33-000-2025-00117-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

28 de mayo de 2026

Radicado número: 47001 23 33 000 2025 00117 01
Demandantes: Rafael de Jesús Rebolledo Gil y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de diputado
Radicado: 47001 23 33 000 2025 00117 01
Demandantes: Rafael de Jesús Rebolledo Gil y otros
Demandados: Alberto Mario Gutiérrez Uribe y otros
Tesis: No procede decretar la pérdida de investidura por violación del régimen de
conflicto de intereses respecto de diputados que participaron en la elección de la
mesa directiva de la Asamblea Departamental, por cuanto la sola circunstancia de
haber actuado en contravía de decisiones judiciales o directrices de sus partidos
políticos no acredita, por sí misma, la existencia de un interés directo, particular y
actual.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por los accionantes contra la
sentencia proferida en primera instancia por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo del Magdalena el 6 de agosto de 2025.

I. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud

1. Carlos Mario Rojas Centeno1, Rafael de Jesús Rebolledo Gil2, Roberto
Carlos Correa Muñoz3 y Adriana Cristina Trujillo Arias4, en adelante accionantes,
en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 de la Ley 1437 de 2011

1 En nombre propio.
2 En nombre propio.
3 En nombre propio.
4 En nombre propio.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado número: 47001 23 33 000 2025 00117 01
Demandante: Rafael de Jesús Rebolledo Gil y otros

(en adelante CPACA)5, solicitaron que se declarara la pérdida de investidura de
los diputados del Departamento de Magdalena para el período 2024-2027, Alberto
Mario Gutiérrez Uribe, Mallath Paola Martínez Cantillo, Ángela María Cedeño
Ruíz, Martha Liliana García Rivera, Candy Sánchez Vásquez, Rosa Idalia Jiménez
Rodríguez y Amed José Zawady Pupo, en adelante los accionados, por
presuntamente haber incurrido en la conducta prevista en el numeral 1 del artículo
60 de la Ley 2200 de 20226 y en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 de
20007.

2. Los accionantes presentaron sus fundamentos fácticos y jurídicos a través
de diferentes radicados que fueron posteriormente acumulados a los expedientes
principales núm. 47001 23 33 000 2025 00117 00, 47001 23 33 000 2025 00115
00 y 47001 23 33 000 2025 00122 008.

1.2. Presupuestos fácticos y argumentos de las solicitudes de pérdida de
investidura para cada uno de los expedientes

1.2.1. Expediente No. 47-001-2333-000-2025-00117-00

3. Dentro del referido expediente, el ciudadano Carlos Mario Rojas Centeno
solicitó que se decretara la pérdida de investidura de Alberto Mario Gutiérrez
Uribe, Rosa Idalia Jiménez Rodríguez, Mallath Paola Martínez Cantillo, Ángela
María Cedeño Ruíz, Marta Liliana García Rivera, Candy Julieth Sánchez Vásquez
y Amed José Zawady Pupo.

5 “ARTÍCULO 143. PÉRDIDA DE INVESTIDURA. […] Igualmente, la Mesa Directiva de la
Asamblea Departamental, del Concejo Municipal, o de la junta administradora local, así como
cualquier ciudadano, podrá pedir la pérdida de investidura de diputados, concejales y ediles.”
6 “Artículo 60.- Pérdida de la investidura. Se decretará la pérdida de investidura en los siguientes

casos: 1. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses.
No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al diputado en
igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general”.
7 “Artículo 48.- Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y

de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y
distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura: 1. Por violación
del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses
cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de
condiciones a las de la ciudadanía en general”.
8 Cfr. con el capítulo III de la presente providencia.

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Demandante: Rafael de Jesús Rebolledo Gil y otros

4. Como fundamento de la solicitud indicó que el sábado 16 de noviembre de
2024 la Mesa Directiva de la Asamblea del Magdalena citó a los diputados por
correo electrónico para el 18 de noviembre de 2024 a las 9:00 a.m., con el fin de
elegir la mesa directiva para el período 2025.

5. Indicó que el domingo 17 de noviembre de 2024 la Mesa Directiva de la
Asamblea le informó a los diputados por vía telefónica que la sesión citada para el
18 de noviembre de 2024 sería reprogramada para el 21 de noviembre de dicho
año a las 9:00 a.m.

6. Expuso que el 19 de noviembre de 2024 el diputado Rafael Emilio Noya
García interpuso acción de tutela al considerar que se habían vulnerado sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la participación política, por cuanto
la convocatoria la había realizado la mesa directiva y no la plenaria. El 20 de
noviembre de 2024 se admitió la solicitud de amparo y se ordenó a la mesa
directiva suspender la realización de la sesión del 21 de noviembre de 2024.

7. Precisó que la mesa directiva cumplió lo ordenado y citó a una reunión para
el 22 de noviembre de 2024, en cuyo desarrollo se aprobó la proposición 108 y se
convocó a la plenaria para el 26 de noviembre de 2024 a las 9:00 a.m. con el fin
de elegir al órgano directivo de la Corporación para el período 2025. Adujo que en
esa misma reunión se aprobó el acta con únicamente la lectura del título, sin dar
a conocer su contenido a los diputados debido a que se encontraba en
elaboración, con lo cual se desconoció el artículo 42 del reglamento interno de la
Asamblea del Magdalena.

8. Señaló que, en razón de lo anterior, la diputada Margarita Guerra interpuso
acción de tutela con el fin de amparar sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la participación política. Precisó que el Juzgado Sexto Penal Municipal
de Santa Marta, mediante auto del 25 de noviembre de 2024, admitió la solicitud
de amparo y ordenó a la duma departamental suspender la realización de la sesión
del 26 de noviembre de 2024.

9. Manifestó que no obstante lo anterior, la presidente de la Asamblea solicitó
la aclaración del auto del 25 de noviembre de 2024, la cual fue resuelta y notificada

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el 26 de noviembre de 2024 a las 9:20 a.m.; sin embargo, quien presidía la duma
departamental instaló de todas formas la sesión de ese día con el fin de realizar la
elección de la mesa directiva para el período 2025.

10. Narró que, al iniciarse la sesión del 26 de noviembre de 2024, antes de la
lectura y aprobación del orden del día, la diputada Margarita Guerra pidió la
palabra para poner de presente que había sido notificado el auto que admitió la
acción de tutela y ordenó suspender la reunión, por lo que solicitó que se levantara
la sesión. La presidente negó el requerimiento al considerar que la notificación no
había sido realizada a través de los canales institucionales.

11. Añadió que el secretario general de la Asamblea aseguró que en la tarde del
25 de noviembre de 2024 había recibido un correo electrónico con el auto
admisorio de la acción de tutela y que también había sido notificado
personalmente por un funcionario del despacho judicial, razón por la cual remitió
a los miembros de la corporación el respectivo oficio. Con todo, la presidente
insistió en que la notificación no se había realizado en debida forma, por cuanto
no fue enviada al representante legal de la Asamblea, y advirtió que los diputados
que no estuvieran de acuerdo con adelantar la reunión podían retirarse y promover
las acciones que consideraran pertinentes.

12. Sostuvo que el diputado Yohan Alfonso Pinedo Panetta, actuando como
vocero del Partido Demócrata Colombiano, intervino para poner de presente que
el 25 de noviembre de 2024 se había notificado a la Asamblea del Magdalena la
decisión de esa colectividad de suspender el derecho a tener voz y voto del
diputado Alberto Mario Gutiérrez Uribe, por cuanto se le había formulado pliego
de cargos por desconocer los artículos 76 y 80 de los estatutos del partido,
relacionados con la obligación de votar en bancada y observar las directrices de
los niveles decisorios de la agrupación.

13. Manifestó que, al abrirse la votación para aprobar el orden del día, el
secretario general realizó el llamado a lista sin incluir al diputado Alberto Mario
Gutiérrez Uribe, en razón de la comunicación enviada por el Partido Demócrata
Colombiano. La presidente intervino para advertir que dicho diputado no había

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sido llamado, a lo que el secretario respondió que no lo había hecho precisamente
por esa comunicación.

14. Agregó que la presidente consideró que la mesa directiva no había tramitado
la comunicación del partido y que, en consecuencia, esta no podía surtir efectos.
El secretario general señaló que el respectivo oficio había sido enviado a los trece
diputados e insistió en que no podía cumplir «órdenes ilegales» y que solo actuaría
conforme al ordenamiento jurídico. Por lo anterior, la presidente aseguró que se
habían desacatado sus órdenes, lo relevó de sus funciones y le pidió al diputado
Amed José Zawady Pupo asumir como secretario ad hoc.

15. Relató que, con el diputado Zawady Pupo como secretario ad hoc, se
continuó la votación para la aprobación del orden del día, se llamó al diputado
Alberto Mario Gutiérrez Uribe, quien votó positivo, y se certificó que el orden del
día había sido aprobado con siete votos. Continuó señalando que al seguir
adelante con el orden del día varios miembros de la Corporación se opusieron y
que el debate culminó con la suspensión del derecho a intervenir en el resto de la
sesión de los diputados Rafael Emilio Noya García, Yohan Alfonso Pinedo Panetta
y Linda Luz Cabarcas Suárez, conforme al artículo 47 del reglamento interno de
la duma departamental.

16. Refirió que la presidente dispuso retomar el orden del día y continuar con la
elección de la mesa directiva del período 2025, razón por la cual se retiraron de la
sesión los diputados Margarita Guerra, Édgar Arias, Linda Cabarcas, María
Charris, Rafael Noya y Yohan Pinedo. En ese contexto, la diputada Marta Liliana
García Rivera postuló a su colega Ángela María Cedeño Ruíz como nueva
presidente de la Asamblea y, al no presentarse más candidaturas, esta fue elegida
mediante votación ordinaria o «pupitrazo». El secretario ad hoc repitió la votación
en modalidad nominal con el siguiente resultado: Ángela Cedeño, Marta García,
Alberto Gutiérrez, Rosa Jiménez, Mallath Martínez y Candy Sánchez votaron
positivo, y el propio secretario ad hoc se llamó a sí mismo y certificó su propio voto
positivo, para un total de siete votos. Para las primera y segunda vicepresidencias
se postularon únicamente las diputadas Marta Liliana García Rivera y Candy
Julieth Sánchez Vásquez, respectivamente, quienes obtuvieron igualmente siete
votos a favor.

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17. Informó que como consecuencia de lo anterior la diputada Margarita Guerra
interpuso acción de nulidad electoral contra la recién elegida mesa directiva,
proceso que correspondió al despacho del magistrado Adonay Ferrari del Tribunal
Administrativo del Magdalena. Adujo que, mediante auto del 26 de febrero de
2025, dicho Tribunal admitió la demanda y accedió a la medida cautelar de
suspensión provisional del acto de elección de la mesa directiva, al concluir que
en esa etapa procesal estaba acreditaba que no había tenido lugar cuórum
decisorio para realizar la elección cuestionada.

18. Advirtió que, en desobediencia de las órdenes impartidas por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, el día 6 de marzo de 2025, en sesión convocada y
realizada de forma irregular, los accionados actuaron de forma desafiante y en
pleno desconocimiento de la medida de suspensión provisional, reprodujeron el
acto suspendido y eligieron nuevamente a las señoras Ángela María Cedeño Ruíz,
Marta Liliana García Rivera y Candy Julieth Sánchez Vásquez como presidente,
primera vicepresidente y segunda vicepresidente, respectivamente, de manera
provisional para el período 2025 de la Asamblea del Departamento del Magdalena.

19. Precisó que los diputados Yohan Pinedo y Margarita Guerra iniciaron
incidente de desacato contra la mesa directiva para que dieran cumplimiento
integral al fallo judicial, y que como consecuencia de esas solicitudes el Tribunal
Administrativo del Magdalena confirmó la suspensión de la mesa directiva de la
Asamblea departamental. El Consejo de Estado, a su vez, confirmó la decisión de
la medida cautelar de suspensión provisional del acto de elección de la mesa
directiva de la asamblea departamental del Magdalena.

20. Con fundamento en los anteriores hechos, el accionante consideró que se
habría configurado la causal de pérdida de investidura por violación del régimen
de conflicto de intereses, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias: i) los
accionados sobrepusieron sus intereses particulares y personales por encima de
órdenes judiciales, la Constitución, la Ley y el Reglamento, con el propósito de
escoger una mesa directiva acorde a sus pretensiones; ii) la presidente de la
corporación, Rosa Idalia Jiménez Rodríguez, desconoció el pronunciamiento del

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Partido Demócrata Colombiano que suspendía la voz y el voto del diputado Alberto
Mario Gutiérrez Uribe, relevó al secretario general por negarse a ejecutar lo que
consideró una orden ilegal, y habilitó la participación de un diputado suspendido
cuyo voto resultó determinante para la aprobación del orden del día y la posterior
elección de la mesa directiva; iii) los accionados realizaron la sesión del 26 de
noviembre de 2024 en desconocimiento de la orden judicial de suspensión, pese
a que el notificador del juzgado se encontraba en las afueras del recinto; y iv) el 6
de marzo de 2025, con pleno conocimiento de la medida cautelar de suspensión
decretada por el Tribunal Administrativo del Magdalena, los accionados
reprodujeron el acto suspendido y eligieron nuevamente la misma mesa directiva
con la participación del diputado Alberto Mario Gutiérrez Uribe, quien para
entonces contaba con un fallo sancionatorio del Consejo de Control Ético del
Partido Demócrata Colombiano que le suspendía la voz y el voto.

1.2.2. Expedientes núm. 47-001-2333-000-2025-00123-00, No. 47 001-2333-000-
2025-00124-00, No. 47-001-2333-000-2025-00125-00 y No. 47-001-2333-000-
2025-00129-00

21. En los referidos radicados el ciudadano Rafael de Jesús Rebolledo Gil
solicitó en escritos separados que se decretara la pérdida de investidura de los
diputados Ángela María Cedeño Ruíz, Marta Liliana García Rivera, Mallath Paola
Martínez Cantillo y Amed José Zawady Pupo.

22. Como fundamento de esa solicitud el accionante narró los mismos hechos
expuestos por Carlos Mario Rojas Centeno en relación con las sesiones del 26 de
noviembre de 2024 y del 6 de marzo de 2025. Adicionalmente, expuso hechos y
argumentos para cada uno de los accionados.

23. Respecto de Ángela María Cedeño Ruíz, señaló que el 28 de febrero de
2025, mismo día en que fue notificada la medida cautelar de suspensión
provisional, la accionada suscribió el contrato de prestación de servicios número
21-2025 por el valor de cuarenta y cinco millones de pesos ($45.000.000),
arrogándose la calidad de representante legal de la Corporación pese a
encontrarse suspendida. De igual forma, indicó que la accionada el 4 de marzo de

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2025 celebró un contrato adicional por el valor de treinta y nueve millones de pesos
($39.000.000), sin contar con las facultades para ejercer dicha representación.

24. Por otra parte, advirtió que el mismo 28 de febrero de 2025 comunicó
irregularmente a los diputados el orden del día de la sesión del 1 de marzo de
2025, y que además el 3 de marzo presidió la correspondiente sesión y adelantó
entrevistas para elegir al secretario general de la duma, actuando de manera
sistemática con el propósito de permanecer en el cargo. Además, afirmó que, en
la sesión del 6 de marzo de 2025, tras un aparente acatamiento de la medida
cautelar, aceptó la postulación que le realizó la diputada Marta García para la
presidencia de la mesa directiva provisional, cargo del cual estaba suspendida y
respecto del cual debió declararse impedida.

25. Con fundamento en lo anterior, consideró que se habría configurado la causal
de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de intereses, en
tanto la accionada actuó de manera sistemática para permanecer en el cargo del
que había sido suspendida, suscribiendo contratos y presidiendo sesiones sin
facultades para ello, y aceptando una nueva postulación al mismo cargo sin
declararse impedida.

26. En cuanto a Marta Liliana García Rivera, precisó que la accionada continuó
ejerciendo como primera vicepresidente en las sesiones del 1 y 3 de marzo de
2025 pese a estar debidamente notificada de la medida cautelar desde el 28 de
febrero de 2025, amparada en una solicitud de aclaración que no suspendía el
cumplimiento inmediato de la medida.

27. En la sesión del 6 de marzo de 2025, fue ella quien postuló a Ángela Cedeño
para la presidencia de la mesa directiva provisional, teniendo pleno conocimiento
de que esta se encontraba suspendida. Acto seguido aceptó su propia postulación
al cargo de primera vicepresidente realizada por el diputado Alberto Gutiérrez,
también suspendido, debiendo en ambos momentos declararse impedida.

28. Con fundamento en lo anterior, consideró que se habría configurado la causal
de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de intereses, en
tanto la accionada participó en la elección de servidores suspendidos y aceptó su

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propia postulación al cargo del cual estaba suspendida, actuando en beneficio
propio y en favor de terceros que a su vez votaron por ella.

29. Frente a Mallath Paola Martínez Cantillo, indicó que en la sesión del 26 de
noviembre de 2024 fue ella quien postuló a Candy Julieth Sánchez Vásquez para
el cargo de segunda vicepresidente, y fungió en ambas sesiones como secretaria
temporal, permitiendo en esa calidad la participación del diputado Alberto
Gutiérrez pese a tener suspendidos su voz y voto.

30. Expuso que el 5 de marzo de 2025, a las 7:56 p.m., la accionada convocó
junto con la diputada Candy Sánchez la sesión del 6 de marzo de 2025 con apenas
catorce horas de antelación, desconociendo el artículo 5 numeral 5.6 del
reglamento interno que exigía tres días calendario de anticipación para los actos
de elección, y el artículo 38 que requería un mínimo de veinticuatro horas para
cualquier sesión. Añadió que dicha convocatoria pretendía ampararse en el
artículo 19 del Estatuto de Oposición, sin que se hubiera cumplido el requisito de
realizarse de común acuerdo entre todos los miembros declarados en oposición,
pues el diputado Yohan Pinedo no participó de ella. En esa sesión volvió a postular
a Candy Sánchez para el cargo de segunda vicepresidente pese a que esta se
encontraba suspendida, sin declararse impedida.

31. Con fundamento en lo anterior, aseveró que se habría configurado la causal
de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de intereses, en
tanto la accionada orquestó una convocatoria irregular, postuló en dos ocasiones
a una accionada suspendida sin declararse impedida, y facilitó en ambas sesiones
la participación de un diputado con voz y voto suspendidos.

32. Respecto de Amed José Zawady Pupo, destacó que su conducta particular
consistió en haber aceptado la designación como secretario ad hoc en la sesión
del 26 de noviembre de 2024, luego de que la presidenta Rosa Idalia Jiménez
Rodríguez relevara al secretario titular por negarse a incluir en el llamado a lista al
diputado Gutiérrez. Al asumir esa función, procedió de inmediato a llamar al
diputado suspendido, habilitando su participación en la votación que resultó
determinante para la elección de la mesa directiva. Señaló que el secretario titular
permaneció en el recinto durante toda la sesión, por lo que no existía justificación
para su reemplazo distinta a la de hacer posible ese voto irregular.

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Demandante: Rafael de Jesús Rebolledo Gil y otros

33. El 1 de marzo de 2025 continuó participando en sesiones presididas por la
mesa directiva suspendida, y en la sesión del 6 de marzo de 2025 emitió su voto
para conformar la mayoría necesaria para la elección de la mesa provisional, a
sabiendas de que tres de las elegidas estaban suspendidas y de que el voto del
diputado Gutiérrez tampoco era válido.

34. Considerando lo anterior, señaló que se habría configurado la causal de
pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de intereses, en tanto
el accionado aceptó ejercer funciones de secretario ad hoc con el propósito de
habilitar el voto de un diputado suspendido, participó en la elección de los
miembros de la mesa directiva con pleno conocimiento de las irregularidades que
la rodeaban, y contribuyó a reproducir el acto administrativo suspendido en la
sesión del 6 de marzo de 2025, sin haberse declarado impedido en ninguno de
esos momentos.

1.2.3. Expediente núm. 47-001-2333-000-2025-00131-00

35. Dentro del referido expediente, el ciudadano Roberto Carlos Correa Muñoz
solicitó que se decretara la pérdida de investidura de Alberto Mario Gutiérrez
Uribe, Rosa Idalia Jiménez Rodríguez, Mallath Paola Martínez Cantillo, Ángela
María Cedeño Ruíz, Marta Liliana García Rivera, Candy Julieth Sánchez Vásquez
y Amed José Zawady Pupo.

36. Como fundamento de esa solicitud, el accionante narró los mismos hechos
expuestos por Carlos Mario Rojas Centeno en relación con las sesiones del 26 de
noviembre de 2024 y del 6 de marzo de 2025.

37. Adicionalmente, indicó que el interés particular de los accionados no se
agotaba en el control de la mesa directiva, sino que también estaba encaminado
a asegurar la elección del secretario general de la Asamblea en favor del señor
Daniel Hernández Meneses, quien guardaba una estrecha relación con la diputada
Marta Liliana García Rivera y fue efectivamente elegido en ese cargo con el
respaldo de los siete accionados y la participación del diputado Alberto Mario
Gutiérrez Uribe pese a tener suspendidos su voz y voto.

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Demandante: Rafael de Jesús Rebolledo Gil y otros

38. Argumentó además que ese entramado de intereses también facilitó una
oposición sistemática y sin sustento a los proyectos de ordenanza presentados
por el ejecutivo departamental, entre ellos, el presupuesto departamental, que tuvo
que adoptarse mediante decreto ante el bloqueo de la Corporación, con el
consecuente retraso en la ejecución de recursos en áreas de interés comunitario
para los habitantes del Magdalena.

39. Con fundamento en lo anterior, el accionante consideró que se habría
configurado la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de
conflicto de intereses, en tanto los accionados sobrepusieron sus intereses
particulares y políticos por encima de las órdenes judiciales, las decisiones de los
partidos, la Constitución, la Ley y el Reglamento, con el propósito no solo de elegir
una mesa directiva a su conveniencia sino de consolidar un control sobre la
Corporación que les permitía favorecer la elección del secretario general y obstruir
la gestión del ejecutivo departamental.

1.2.4. Expedientes núm. 47-001-2333-000-2025-00135-00 y No. 47 001-2333-
000-2025-00136-00

40. Por último, en los referidos expedientes Adriana Cristina Trujillo Arias solicitó
que se declarara la pérdida de investidura de Marta Liliana García Rivera, diputada
de la Asamblea del Departamento del Magdalena elegida por la coalición Liberal-
MIRA para el período 2024-2027,

41. Como fundamento de esa solicitud, la accionante nuevamente narró los
mismos hechos expuestos por Carlos Mario Rojas Centeno en relación con las
sesiones del 26 de noviembre de 2024 y del 6 de marzo de 2025.

42. Sumado a ello, precisó que el conflicto de interés se configuró en el momento
en que la accionada aceptó la postulación al mismo cargo del cual se encontraba
suspendida por orden judicial, pues ese acto constituyó por sí solo la
materialización del interés particular. Sostuvo que los actos de desacato a las
medidas cautelares anteriores a la sesión del 6 de marzo de 2025 convergían en
ese único propósito: regresar al cargo del que había sido suspendida,

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Demandante: Rafael de Jesús Rebolledo Gil y otros

favoreciendo al mismo tiempo a quienes habían votado por ella y que se
encontraban en idéntica situación de suspensión.

43. Con fundamento en lo anterior, la accionante consideró que se habría
configurado la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de
conflicto de intereses, al haber participado la accionada en la elección de otros
servidores estando suspendida del cargo que le generaba el interés, sin haberse
declarado impedida en ninguno de los momentos en que debió hacerlo.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

44. El 17 de junio de 2025 los accionados presentaron contestación9 de las
solicitudes de pérdida de investidura acumuladas y expusieron los argumentos
que se presentan a continuación.

45. Los accionados sostuvieron que no existió un interés particular, actual y
directo en cabeza de los accionados, pues la participación en la elección de la
mesa directiva es una competencia inherente a la condición de diputado cuya
finalidad es garantizar la operatividad de la Asamblea, sin que ninguna prueba
demuestre que obtuvieron ventajas personales del ejercicio del voto.

46. Plantearon que no existió una omisión del deber de declararse impedido,
argumentando que no existía para los accionados un deber de abstención o
manifestación de impedimento al no concurrir un interés directo y actual, y que la
participación en la elección de la mesa directiva en ejercicio del cargo no
constituye una actuación sujeta a ese deber.

47. Afirmaron que el ejercicio del voto y la postulación en la mesa directiva no
constituyen conflicto de intereses, señalando que el ejercicio del voto por parte de
un diputado, incluso en su propio favor o en favor de compañeros de bancada, no
configura per se una situación de conflicto de intereses conforme a la
jurisprudencia del Consejo de Estado.

9 Cfr. Índice núm. 24 del expediente digital, cuaderno del Tribunal Administrativo del Magdalena.

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Radicado número: 47001 23 33 000 2025 00117 01
Demandante: Rafael de Jesús Rebolledo Gil y otros

48. Señalaron que actuaron bajo una interpretación jurídica razonable
respaldada en asesoría especializada, particularmente frente a la ejecutoriedad
de la medida cautelar y a la validez del voto del diputado Gutiérrez Uribe, y que la
buena fe y la confianza legítima en la legalidad de sus actuaciones excluyen la
existencia de dolo o culpa grave.

49. Argumentaron que las diferencias interpretativas sobre la ejecutoriedad de la
medida cautelar no constituyen desobediencia dolosa ni conflicto de intereses,
pues las controversias jurídicas sobre el alcance de una decisión judicial son
propias de un sistema jurídico abierto a la deliberación y no configuran per se un
acto ilícito.

50. Indicaron que los hechos ya fueron objeto de análisis en el proceso de
nulidad electoral adelantado por el Tribunal Administrativo del Magdalena, en el
que no se evidenció una conducta personalísima, dolosa o interesada por parte
de los accionados, por lo que pretender estructurar una causal de pérdida de
investidura con base en actos ya revisados en sede de nulidad electoral, sin
nuevos elementos probatorios que evidencien beneficio personal, supone
desconocer la naturaleza excepcional y restrictiva de este medio de control. En
apoyo de esta posición citó una sentencia del Consejo de Estado del 11 de
noviembre de 2021, relacionada con una diputada de la Asamblea Departamental
del Magdalena.

51. Finalmente, agregaron que no existía una sanción disciplinaria o penal en
firme que comprometiera la investidura de los accionados, recordando que la
pérdida de investidura es una sanción de carácter excepcional y de última ratio
que requiere la demostración clara y contundente de una conducta grave.

52. Con fundamento en todo lo anterior solicitaron el rechazo de las pretensiones
de la solicitud de pérdida de investidura.

53. Además, los accionados presentaron escritos separados en los que dieron
respuesta de forma específica a las demandas presentadas dentro de algunos de
los expedientes acumulados.

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Radicado número: 47001 23 33 000 2025 00117 01
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2.1. Contestación del accionado Amed José Zawady Pupo para el expediente
núm. 47001-23-33-000-2025-00125-00

54. Amed José Zawady Pupo presentó contestación a la solicitud de pérdida de
investidura promovida por Rafael de Jesús Rebolledo Gil y solicitó que se negaran
en su totalidad las pretensiones de la demanda10, con base en los mismos
fundamentos de la contestación principal.

55. Añadió que la demanda adolece de múltiples deficiencias estructurales, pues
no identifica ni prueba cuál sería el interés personal o beneficio específico que
habría motivado al accionado a participar en la elección de la mesa directiva, ni
explica en qué consistiría ese interés directo ni cómo se traduce en un beneficio
tangible o jurídicamente relevante. Precisó que en ningún momento se le atribuye
al accionado una relación de parentesco, sociedad, subordinación, afecto, interés
patrimonial o ventaja directa con las personas elegidas o con el resultado de la
elección, y que la sola coincidencia ideológica o política no es suficiente para
configurar conflicto de intereses.

56. Reconoció que el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante
providencia del 28 de abril de 2025, consideró que en la sesión del 6 de marzo de
2025 se configuró una reproducción del acto suspendido, pero precisó que dicha
reproducción no se derivó del hecho de haber sido elegidas nuevamente las
mismas diputadas, sino de una irregularidad relacionada con el quórum decisorio
por la participación del diputado Gutiérrez Uribe. Sostuvo que esa circunstancia
no tiene incidencia alguna en la responsabilidad individual del accionado desde la
perspectiva del conflicto de intereses.

57. Planteó que la suspensión provisional del acto de elección no genera
inhabilidad ni impedimento posterior, señalando que el motivo central de la medida
cautelar fue la presunta irregularidad en la conformación del quórum y no la
existencia de un vicio en las calidades personales de las elegidas, razón por la
cual no existía norma que proscribiera su postulación o elección en un nuevo acto.
Concluyó que el accionado no tenía ningún impedimento para participar en la

10
Cfr. Índice núm. 45 del expediente digital, cuaderno del Tribunal Administrativo del Magdalena.

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Radicado número: 47001 23 33 000 2025 00117 01
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elección del 6 de marzo de 2025 ni recaía sobre él obligación alguna de
abstenerse.

58. Sostuvo además la improcedencia de la pérdida de investidura en ausencia
de dolo, culpa grave o beneficio personal, indicando que la jurisprudencia del
Consejo de Estado exige acreditar que el servidor público tenía conocimiento del
conflicto y aun así decidió intervenir obteniendo una ventaja indebida,
circunstancia que no se configura en el caso, pues el accionado se limitó a ejercer
su derecho al voto dentro del escenario institucional que le correspondía sin que
exista prueba de que hubiera debido abstenerse por razón alguna.

2.2. Contestación de los accionados Alberto Mario Gutiérrez Uribe, Mallath Paola
Martínez Cantillo, Ángela María Cedeño Ruíz, Martha Liliana García Rivera,
Candy Julieth Sánchez Vásquez y Amed José Zawady Pupo para el expediente
núm. 47001-23-33-000-2025-00131-00

59. Los accionados presentaron contestaciones a la solicitud de pérdida de
investidura promovida por Roberto Carlos Correa Muñoz, señalando como
cuestión previa que los distintos procesos promovidos contra los accionados
fueron objeto de acumulación procesal y que ya se había presentado contestación
oportuna y detallada en el proceso promovido por Carlos Mario Rojas Centeno,
con base en los hechos y fundamentos jurídicos plenamente coincidentes. En
consecuencia, solicitaron que los argumentos, fundamentos de hecho y de
derecho, pronunciamientos frente a las pretensiones y hechos, y las pruebas y
solicitudes formuladas en aquella contestación fueran tenidos en cuenta como
parte integral de la defensa en este proceso.

60. Reiteraron que los accionados no actuaron guiados por intereses
particulares, actuales, directos y personales, sino en cumplimiento de sus deberes
funcionales, con sustento en autorizaciones de la Mesa Directiva y bajo asesoría
jurídica competente, y rechazaron toda imputación de desobediencia judicial por
cuanto la participación de los accionados se dio dentro del margen de
interpretación legítima de las decisiones judiciales, sin configuración de dolo ni
culpa grave.

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Radicado número: 47001 23 33 000 2025 00117 01
Demandante: Rafael de Jesús Rebolledo Gil y otros

2.3. Contestaciones de la accionada Martha Liliana García Rivera para los
expedientes núm. 47001-23-33-000-2025-00135-00 y 47001-23-33-000-2025-
00124-00

61. Esta contestación comparte los mismos fundamentos jurídicos de la
contestación principal y de la presentada por Amed José Zawady Pupo, con la
particularidad de que cada una se centra en los cargos específicos que fueron
formulados contra la respectiva accionada.

62. Consideró que las actuaciones cuestionadas son materia exclusiva del
proceso de nulidad electoral y no pueden trasladarse automáticamente al proceso
de pérdida de investidura, pues el Consejo de Estado ha reiterado que este no
puede convertirse en un escenario paralelo para juzgar formalidades, vicios de
procedimiento o el cumplimiento de medidas cautelares en otros trámites
judiciales. Señaló que existió incertidumbre sobre la ejecutoria de la suspensión
provisional del acto de elección de la mesa directiva y sobre si era necesario
resolver recursos o solicitudes de aclaración para su cumplimiento, y que esta
situación fue objeto de análisis por el juez natural en el proceso de nulidad
electoral, quien incluso compulsó copias a la Procuraduría General de la Nación.

63. Sostuvo que la medida cautelar decretó la suspensión de un acto
administrativo anterior y no impuso una inhabilidad personal o funcional a las
accionadas, y que la reproducción del acto suspendido advertida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena obedeció no al hecho de que las mismas diputadas
fueran elegidas nuevamente, sino a la irregularidad en el cuórum por la
participación del diputado Gutiérrez Uribe. Concluyó que postularse, ser elegida y
votar en el marco de una elección interna de mesa directiva forma parte de las
competencias funcionales normales de todo diputado en ejercicio, y que pretender
derivar de esa conducta un interés particular sin prueba alguna supone acudir a
conjeturas inadmisibles.

III. ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES

64. El Despacho 01 del Tribunal Administrativo del Magdalena profirió auto
del 17 de junio de 2025 en el que ordenó la remisión del presente proceso (47001
23 33 000 2025 00117 00) y de los expedientes núm. 47001 23 33 000 2025 00122

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Radicado número: 47001 23 33 000 2025 00117 01
Demandante: Rafael de Jesús Rebolledo Gil y otros

00, 47001 23 33 000 2025 00123 00, 47001 23 33 000 2025 00124 00, 47001 23
33 000 2025 00125 00, 47001 23 33 000 2025 00129 00, 47001 23 33 000 2025
00131 00, 47001 23 33 000 2025 00135 00 y 47001 23 33 000 2025 00136 00, al
Despacho de la Magistrada Elsa Mireya Reyes Castellanos con el fin de que se
evaluara su eventual acumulación con el proceso núm. 47001 23 33 000 2025
00115 00 que cursaba a su cargo.

65. En atención a dicha remisión, mediante auto del 20 de junio de 2025, el
Despacho de la Magistrada Elsa Mireya Reyes Castellanos examinó la
procedencia de la acumulación y dispuso acceder a ella únicamente respecto de
las demandas de pérdida de investidura con los radicados núm. 47001 23 33 000
2025 00117 00 y 47001 23 33 000 2025 00131 00 en lo concerniente a las
pretensiones formuladas contra la diputada Rosa Idalia Jiménez Rodríguez. En
cuanto a las demás pretensiones y expedientes, la magistrada negó su
acumulación.

66. Posteriormente, mediante auto del 2 de julio de 2025 proferido dentro del
presente radicado (47001 23 33 000 2025 00117 00), el Despacho 01 del Tribunal
se pronunció sobre la acumulación de los procesos relacionados con las
pretensiones de pérdida de investidura dirigidas contra los demás diputados —
Alberto Mario Gutiérrez Uribe, Mallath Paola Martínez Cantillo, Ángela María
Cedeño Ruíz, Martha Liliana García Rivera, Candy Julieth Sánchez Vásquez y
Amed José Zawady Pupo— y ordenó acumular a este expediente los radicados
núm. 47001 23 33 000 2025 00122 00, 47001 23 33 000 2025 00123 00, 47001
23 33 000 2025 00124 00, 47001 23 33 000 2025 00125 00, 47001 23 33 000 2025
00129 00, 47001 23 33 000 2025 00131 00, 47001 23 33 000 2025 00135 00 y
47001 23 33 000 2025 00136 00.

67. Inconforme con dicha decisión, el accionante Rafael de Jesús Rebolledo Gil
presentó solicitud de control de legalidad, específicamente sobre la acumulación
de las pretensiones formuladas contra la diputada Candy Julieth Sánchez
Vásquez. Sostuvo que, antes de la admisión de la demanda dentro del presente
proceso (47001 23 33 000 2025 00117 00) y de la referida acumulación, ya se
había proferido el auto admisorio de la demanda en contra de la referida diputada
dentro del expediente núm. 47001 23 33 000 2025 00122 00.

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Radicado número: 47001 23 33 000 2025 00117 01
Demandante: Rafael de Jesús Rebolledo Gil y otros

68. La anterior solicitud fue resuelta en la audiencia de pruebas del 31 de julio
de 2025, a través de la cual el Despacho 01 del Tribunal declaró parcialmente la
ilegalidad del auto del 2 de julio de 2025, en lo relativo a las pretensiones dirigidas
contra Candy Julieth Sánchez Vásquez. Por lo tanto, durante dicha diligencia
ordenó devolver el expediente núm. 47001 23 33 000 2025 00122 00 al Despacho
de origen11. Así mismo, dispuso la acumulación en dicho radicado (47001 23 33
000 2025 00122 00), de los expedientes núm. 47001 23 33 000 2025 00117 00 y
47001 23 33 000 2025 00131 00, exclusivamente respecto a las pretensiones
formuladas contra la diputada Candy Julieth Sánchez Vásquez.

69. Así las cosas, los expedientes quedaron repartidos y acumulados en el
Tribunal de la siguiente forma:

DESPACHO DEL
TRIBUNAL
EXPEDIENTE PRINCIPAL EXPEDIENTES ACUMULADOS
ADMINISTRATIVO
DEL MAGDALENA

47001 23 33 000 2025 00123 00,
47001 23 33 000 2025 00124 00,
Despacho 01,
47001 23 33 000 2025 00125 00,
Magistrada María
47001 23 33 000 2025 00117 0012 47001 23 33 000 2025 00129 00,
Victoria Quiñones
47001 23 33 000 2025 00131 00,
Triana
47001 23 33 000 2025 00135 00 y
47001 23 33 000 2025 00136 00

47001 2333 000 2025 00117 00 y
47001 23 33 000 2025 00131 00
Despacho 04,
(únicamente sobre las
Magistrada Elsa 47001 23 33 000 2025 00115 00
pretensiones en contra de la
Mireya Castellanos
accionada Rosa Idalia Jiménez
Rodríguez)

47001 2333 000 2025 00117 00 y
47001 23 33 000 2025 00131 00
Despacho 02,
(únicamente sobre las
Magistrado Adonay 47001 23 33 000 2025 00122 00
pretensiones en contra de la
Ferrari Padilla
accionada Candy Julieth Sánchez
Vásquez)

11 Despacho 02 del Tribunal Administrativo del Magdalena.
12 Expediente bajo cual se emite la presente decisión.

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Radicado número: 47001 23 33 000 2025 00117 01
Demandante: Rafael de Jesús Rebolledo Gil y otros

70. De los referidos expedientes el radicado núm. 47001 23 33 000 2025 00122
00 cuenta con sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena y actualmente se encuentra en segunda instancia
ante esta Corporación, al igual que el expediente objeto de la presente decisión.

71. En cuanto al radicado núm. 47001 23 33 000 2025 00115 00, se precisa que
dentro del mismo se profirió sentencia de segunda instancia el 7 de noviembre de
2025, a través de la cual se confirmó la decisión del Tribunal que negó la solicitud
de pérdida de investidura de la diputada Rosa Idalia Jiménez Rodríguez.

72. Por otra parte, se precisa que en el curso del presente trámite la Sala
identificó tres expedientes adicionales –núm. 47001 23 33 000 2025 00134 01,
47001 23 33 000 2025 00127 01 y 47001 23 33 000 2025 00012 01– que no habían
sido relacionados por el a quo y en los cuales se examinó la conducta de los
accionados Ángela María Cedeño Ruíz, Alberto Mario Gutiérrez Uribe y Amed
José Zawady Pupo, respectivamente. En consecuencia, en la presente
providencia la Sala verificará si respecto de dichos accionados se configuró el
fenómeno de la cosa juzgada total o parcialmente.

IV. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

73. El Tribunal Administrativo del Magdalena en sentencia proferida el 6 de
agosto de 202513, resolvió la controversia y decidió lo siguiente:

«[…] PRIMERO. Negar la solicitud de pérdida de investidura de los diputados
del Magdalena Alberto Mario Gutiérrez Uribe, Mallath Paola Martínez Cantillo,
Ángela María Cedeño Ruíz, Martha Liliana García Rivera y Amed José
Zawady Pupo, elegidos para el período constitucional 2024-2027 […]».

74. Como fundamento de esta decisión el Tribunal analizó los argumentos
invocados por las partes y concluyó que en el presente caso no se encontraban
probados los elementos para la configuración de la causal de pérdida de
investidura por violación del régimen de conflicto de intereses.

13 Cfr. Índice núm. 71 del expediente digital, cuaderno del Tribunal Administrativo del Magdalena.

El radicado correspondiente al presente trámite estaba asignado al Despacho de la Magistrada
María Victoria Quiñones Triana.

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Radicado número: 47001 23 33 000 2025 00117 01
Demandante: Rafael de Jesús Rebolledo Gil y otros

75. En primer lugar, el Tribunal recordó que el Consejo de Estado ha delimitado
el medio de control de pérdida de investidura a partir de las siguientes
características: Es un proceso de naturaleza sancionatoria; el objeto del proceso
es de carácter ético; es de naturaleza jurisdiccional; la sanción de desinvestidura
no es redimible y es de carácter permanente; es una acción pública con amplia
legitimación por activa; es un juicio de responsabilidad subjetiva; es de doble
instancia; tiene un término de caducidad de cinco años contados a partir del día
siguiente al de la ocurrencia del hecho generador; y es una acción autónoma.

76. Sobre el marco jurídico aplicable, precisó que el proceso de pérdida de
investidura no puede ser asimilado a un proceso disciplinario de corte
jurisdiccional, pues se trata de un juicio de naturaleza sancionatoria con una
finalidad eminentemente ética. Señaló que este mecanismo tiene como
fundamento un juicio de responsabilidad subjetiva, de manera que no toda
conducta irregular da lugar a la sanción de pérdida de investidura, sino únicamente
aquella que se configure con dolo o culpa grave por parte del servidor público.

77. En ese sentido, recordó que la verificación del elemento objetivo de la causal
no es suficiente por sí sola para imponer la sanción, sino que exige adicionalmente
que el juez analice de manera rigurosa el componente subjetivo de la conducta, y
que solo en presencia de ambos elementos resulta procedente la declaratoria de
pérdida de investidura.

78. Precisó que para que se configure válidamente la causal de pérdida de
investidura por violación al régimen de conflicto de intereses deben acreditarse de
manera concurrente tres elementos esenciales: que el sujeto ostente la investidura
de servidor público de elección popular en calidad de diputado; la existencia de un
interés directo, particular y actual, ya sea de orden moral o económico, por parte
del encausado en relación con la decisión o actuación adoptada; y que pese a
dicha situación el diputado haya participado efectivamente en la respectiva
actuación u omitido manifestar su impedimento.

79. En ese sentido, apoyándose en una sentencia del Consejo de Estado del 25
de abril de 2024 con ponencia del consejero Hernando Sánchez Sánchez14, señaló

14 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 25 de abril de 2024. Exp:
250002315000202300611-02. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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Radicado número: 47001 23 33 000 2025 00117 01
Demandante: Rafael de Jesús Rebolledo Gil y otros

que el conflicto de intereses no se presume y su configuración exige prueba
concreta tanto del interés como de la participación consciente en el acto
cuestionado, y que no basta con la mera existencia de un interés abstracto,
eventual o general, sino que debe tratarse de un beneficio específico, personal y
actual que comprometa el deber de imparcialidad que rige la función pública.

80. Asimismo, citó una sentencia del Consejo de Estado del 19 de junio de 2025
con ponencia del consejero Germán Eduardo Osorio Cifuentes15, en la que se
precisó que el elemento objetivo implica que la conducta desplegada por el
acusado se ajuste a la descrita en la norma invocada, y que el elemento subjetivo
da cuenta de si la conducta era conocida por el implicado, esto es, si sabía que se
encontraba inmerso en ella y aun así decidió realizarla, lo que requiere un claro
estudio de culpabilidad en grado de dolo o culpa grave.

81. Establecido el marco jurídico aplicable, el Tribunal formuló la tesis del fallo
en los siguientes términos: negar las súplicas de la demanda, por cuanto no se
acreditó la configuración de la causal de inhabilidad invocada, en la medida en que
no se alegó con la demanda ni se logró demostrar dentro del proceso un beneficio
particular, actual y directo a favor de los diputados demandados, precisando que
la elección en sí misma no puede ser considerada como tal, sino el ejercicio de las
funciones propias del órgano departamental para elegir a los miembros que lo
presidirán.

82. Al analizar el caso concreto, el Tribunal advirtió que el análisis de las pruebas
allegadas al expediente no permitía concluir que los accionados hubieran actuado
movidos por un interés particular, directo y actual, ni que su conducta hubiera
implicado una afectación concreta a los principios de imparcialidad y
transparencia. Señaló además que lo que se evidenciaba era que las decisiones
adoptadas se enmarcaron en la autonomía funcional de la Asamblea
Departamental, y que no se había acreditado la existencia de vínculos familiares,
económicos o societarios entre los diputados elegidos y los accionados que
permitieran inferir un beneficio personal o de un tercero.

15 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 19 de junio de 2025. Exp: 73001-23-33-000-

2024-00164-01. C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.

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Demandante: Rafael de Jesús Rebolledo Gil y otros

83. Indicó que tampoco obraba prueba de que los actos realizados hubieran
reportado ventajas indebidas, ni que existiera un interés patrimonial, político o de
cualquier otra índole que alterara el deber funcional de los diputados. Agregó que
las decisiones judiciales que ordenaban suspender la elección de la mesa directiva
fueron objeto de discusión interpretativa sobre su ejecutoriedad y alcance, y que
los accionados contaron con asesoría jurídica durante el trámite, lo que refuerza
la tesis de que no existió dolo ni culpa grave.

84. Precisó que la controversia sobre la legalidad de las actuaciones
administrativas de la Asamblea no puede resolverse en el marco del proceso de
pérdida de investidura, el cual exige un juicio de responsabilidad individual,
autónomo y sancionatorio, de naturaleza subjetiva. Añadió que la elección de la
mesa directiva constituye un acto político y colegiado donde la participación en
votaciones o postulaciones internas no genera por sí sola una situación de
conflicto de intereses, salvo que exista prueba directa del interés particular, lo que
en el caso no se acreditó.

85. El Tribunal señaló que esta postura era concordante con lo ya decidido por
esa misma Corporación en dos precedentes previos: el proceso 2025-00134
adelantado contra la diputada Ángela María Cedeño Ruíz, resuelto en sentencia
del 30 de julio de 2025 con ponencia de la magistrada Martha Lucía Mogollón
Saker, y el proceso 2025-00127 adelantado contra el diputado Alberto Mario
Gutiérrez Uribe, resuelto en sentencia del 23 de julio de 2025 con ponencia de la
magistrada Elsa Mireya Reyes Castellanos, en los que igualmente concluyó que
no se configuraron los elementos objetivo y subjetivo de la causal invocada.

86. Con fundamento en lo anterior, concluyó que, aunque se evidenciaron
irregularidades relacionadas con la elección y mantenimiento de la mesa directiva
de la Asamblea Departamental del Magdalena, dichas conductas no acreditaron
un interés particular, directo y actual, ni una actuación dolosa o gravemente
culposa por parte de los accionados, elementos indispensables para estructurar
válidamente la causal alegada, razón por la cual negó las pretensiones de todas
las solicitudes acumuladas.

V. RECURSO DE APELACIÓN

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Radicado número: 47001 23 33 000 2025 00117 01
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87. Los accionantes Rafael de Jesús Rebolledo Gil y Adriana Cristina Trujillo
Arias, interpusieron recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia
y solicitaron su revocatoria para que, en su lugar, se decrete la pérdida de
investidura de los diputados accionados.

88. Como sustento del recurso, señalaron que contrario a lo argumentado por el
Tribunal, en el presente proceso se habían acreditado plenamente los elementos
objetivo y subjetivo de la causal de pérdida de investidura por conflicto de
intereses.

89. En cuanto al elemento objetivo, argumentaron que este se encontraba
debidamente acreditado con la participación de los accionados en la elección de
la mesa directiva para el período 2025 y las actuaciones irregulares en que
incurrieron para facilitarla. Además, indicaron que los accionados permitieron que
los postulados fueran reelegidos para los mismos cargos en la mesa directiva
provisional a pesar estar suspendidos por el Tribunal Administrativo del
Magdalena.

90. En cuanto al elemento subjetivo expusieron que se encontraba igualmente
acreditado puesto que los diputados accionados habrían actuado en contra de
órdenes judiciales y a pesar de la suspensión de voz y voto del diputado Alberto
Gutiérrez. Adicionalmente, los recurrentes incluyeron argumentos respecto del
elemento subjetivo de manera individualizada para cada uno de los accionados.

91. Primero, respecto del accionado Alberto Mario Gutiérrez Uribe, afirmaron que
se habría acreditado el interés personal. Concretamente, consideraron que con el
hecho de haber desatendido la ley de bancadas se habría declarado en oposición
al gobierno departamental y habría irrespetado la sanción que le impuso su
partido. Según los recurrentes esto habría tenido como consecuencia una
desatención de las obligaciones como miembro de la Asamblea Departamental
que le asistían.

92. Así pues, indicaron que esa postura individual asumida por el diputado
generó que las diputadas Ángela Cedeño Ruiz, Martha García y Candy Sánchez
resultaran elegidas nuevamente. Agregó que el accionado fue el mismo que

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Demandante: Rafael de Jesús Rebolledo Gil y otros

postuló en dos ocasiones a la diputada Martha García para ocupar el cargo de
vicepresidenta.

93. Adujeron que la participación y el voto del diputado accionado en la sesión
del 26 de noviembre fue determinante para conformar la mayoría requerida de 7
diputados y elegir a la mesa directiva para periodo 2025.

94. Por lo tanto, arguyeron que se configuró un conflicto de interés pues, a pesar
de que el diputado accionado tenía la obligación de declararse impedido con
ocasión de la sanción impuesta por su mismo partido, decidió volver a participar
en la sesión del 6 de marzo de 2025 estando suspendido y postuló a la diputada
Marta García para primera vicepresidente además de votar por Ángela Cedeño
para presidenta y por Candy Sánchez para segunda vicepresidente, siendo
nuevamente su voto indispensable para la mayoría.

95. Seguidamente afirmaron que, mediante auto del 26 de febrero de 2025, el
Tribunal Administrativo de Magdalena admitió la demanda presentada en contra
del acto de elección en el que participó el diputado accionado, decretó como
medida cautelar su suspensión provisional y ordenó que la Asamblea del
Departamento del Magdalena adelantara el procedimiento establecido en su
reglamento para la elección de la mesa directiva provisional. Precisaron que ese
auto fue comunicado a las partes procesales el 28 de febrero de 2025.

96. Señalaron que, a pesar de lo anterior, el diputado accionado motivado por su
interés personal participó en las sesiones de la asamblea precedidas por las
diputadas accionadas –Ángela Cedeño Ruiz, Martha García y Candy Sánchez– y
realizó intervenciones para convalidar la elección de la mesa directiva.
Reprocharon que estas diputadas se ampararon en una solicitud de aclaración
ante el Tribunal para no dar cumplimiento a la decisión, la cual fue resuelta el 3 de
marzo de 2025.

97. Adicionalmente, apuntaron que el diputado accionado participó en la sesión
para la elección de la mesa directiva provisional el 6 de marzo de 2025 a pesar de
que esta se convocó de forma arbitraria el 5 de marzo de 2025. Argumentaron que
esta circunstancia iría en contra del numeral 5.6. del artículo 5 del reglamento
interno de la asamblea según el cual debía citarse a sesiones con una antelación

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no menor a 3 días. Para los recurrentes esta circunstancia vulneró el debido
proceso en la medida en que el orden del día fue enviado tan solo 14 horas antes
de la sesión.

98. Sobre esta sesión reprocharon que el diputado guardó silencio sobre dicha
irregularidad en la convocatoria y votó nuevamente por las diputadas accionadas
Ángela Cedeño Ruiz, Martha García y Candy Sánchez para la mesa directiva
provisional a pesar de que estas se encontraban suspendidas.

99. Sumado a ello, manifestaron que el diputado accionado incurrió en un
conflicto de intereses toda vez que en la sesión del 26 de marzo de 2025 presentó
una recusación contra el diputado Yohan Pinedo y además votó positivamente
dicha recusación sin previamente haberse declarado impedido.

100. Finalmente señalaron que la conducta habría vulnerado igualmente el
artículo 237 del CPACA pues el diputado permitió la reproducción del acto
administrativo suspendido al promover el regreso de su protegida, Martha García,
y de las demás diputadas accionadas a los cargos de la mesa directiva, pese a
tener pleno conocimiento de que estas se encontraban suspendidas.

101. Por todo lo anterior, concluyeron que el actuar del accionado fue consciente
y sistemático, y que en todo su proceder existió un interés directo para apartarse
de la ley y convertirlo en pieza clave para lograr unas elecciones irregulares y
beneficiar a terceros. Afirmaron que no compartían que el tribunal hubiese
descartado la configuración de la causal “desvirtuando el espectro de la causal y
limitando la verdadera connotación que tiene el acto político de elección de la
mesa directiva de la duma departamental”.

102. En segundo lugar, con relación a Marta Liliana García Rivera indicaron que
el Tribunal desatendió el hecho de que, pese a estar suspendida del cargo de
primera vicepresidente, la accionada aceptó una nueva postulación al mismo
cargo sin declararse impedida, teniendo un interés directo de regresar a él.

103. Añadieron que la diputada accionada facilitó en conjunto con los demás
accionados que el diputado Alberto Gutiérrez participara en la elección de la mesa
directiva a pesar de estar suspendido su voto por parte de su partido político.

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Además, reiteraron que el voto de Alberto Gutiérrez fue determinante para
conformar el quórum de mayorías de 7 de los 13 diputados.

104. Indicaron que desde el primer momento de su elección el 26 de noviembre
de 2024 existía un interés particular de llegar al cargo y permanecer en él.
Sostuvieron que el conflicto de interés se configuró en el preciso momento en que
la accionada aceptó la postulación al mismo cargo del cual estaba suspendida por
orden judicial, pues ese acto constituyó la materialización del interés particular.

105. Por otra parte, afirmaron que ese interés continúo materializándose el 1 y 3
de marzo de 2025 cuando realizó las entrevistas para nombrar el secretario
general de la asamblea departamental. Lo anterior a pesar de la suspensión de
los efectos del acto administrativo, por lo cual debía declararse impedida de tomar
decisiones toda vez que su primera investidura de vicepresidente se encontraba
suspendida.

106. Precisaron que el mismo Tribunal a través del auto que resolvió la solicitud
de aclaración le hizo saber a la accionada que las medidas cautelares debían
ejecutarse de forma inmediata y que dicha solicitud no suspendía su cumplimiento.

107. Destacaron que, a pesar de lo anterior, en la sesión del 6 de marzo de 2025
la accionada postuló a Ángela Cedeño para la presidencia de la mesa provisional
pese a estar suspendida del mismo cargo, y que acto seguido debiéndose declarar
impedida aceptó su propia postulación al cargo del cual estaba suspendida.
Insistieron que la accionada adoptó esas decisiones de forma consciente y que se
configuró un interés y un beneficio particular en su favor al momento de aceptar la
postulación.

108. Advirtieron nuevamente que ese acto habría vulnerado el artículo 237 del
CPACA.

109. En tercer lugar, frente a la diputada Ángela María Cedeño Ruíz, reprocharon
que pese a recaer sobre ella una suspensión para ejercer el cargo de presidenta,
la accionada aceptó su nueva postulación sin declararse impedida y
desobedeciendo las órdenes del trámite de tutela y de nulidad electoral, teniendo
un interés personal de regresar al mismo. Además, señalaron que la accionada

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continuó ejecutando acciones a pesar de estar suspendida y no tener facultades
para ello.

110. Precisaron que desde el 26 de noviembre de 2024 la accionada contravino
la decisión del juez de tutela y celebró la sesión para la elección de la mesa
directiva de la asamblea departamental. Al igual que la anterior accionada, facilitó
que el diputado Alberto Gutiérrez participara en la elección de la mesa directiva a
pesar de estar suspendido su voto por parte de su partido político.

111. Posteriormente, insistieron que la accionada se abstuvo de dar cumplimiento
a la medida cautelar ordenada por el tribunal que la suspendía del cargo.
Adicionalmente, afirmaron que la accionada sobreponiendo su interés particular
decidió en su calidad de representante de la asamblea departamental suscribir el
contrato de prestación de servicios número 21-2025 por el valor de cuarenta y
cinco millones de pesos ($45.000.000), y el 4 de marzo de 2025 celebró otro por
valor de treinta y nueve millones de pesos ($39.000.000), sin tener facultades para
ello.

112. Indicaron que el 28 de febrero de 2025 la señora Cedeño comunicó
irregularmente a los diputados el orden del día de la sesión del 1 de marzo, y que
el 3 de marzo presidió esa sesión y adelantó entrevistas para elegir al secretario
general, materializando un actuar sistemático y consciente con intención de
permanecer en el cargo.

113. Concluyeron que la accionada debió declararse impedida y que su actuación
configuró un conflicto de interés que desconoció de manera intencionada las
órdenes judiciales.

114. En cuarto lugar, respecto al diputado Amed José Zawady Pupo aseveraron
que este habría actuado con dolo al aceptar la designación como secretario ad
hoc en la sesión del 26 de noviembre de 2024, con el propósito de burlar las
medidas cautelares y facilitar la elección de la mesa directiva habilitando el voto
del diputado Alberto Gutiérrez, quien se encontraba suspendido.

115. Precisaron que el secretario titular de la Asamblea, José Fernández de
Castro, permaneció en el recinto disponible durante toda la sesión, lo que
evidencia que el reemplazo no obedeció a ninguna necesidad institucional sino al

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propósito de permitir que se realizarán los actos que desconocieron las órdenes
judiciales y del partido político. Por ello, indicaron que el accionado dejó de atender
las obligaciones que le correspondían como miembro de la Asamblea
Departamental y desconoció la ética y los principios democráticos.

116. En particular, indicaron que el accionado dejó que la presidenta Rosa
Jiménez no aplicara lo ordenado por la medida cautelar del partido político.

117. Por otra parte, aseveraron que el accionado permitió que se vulnerara lo
dispuesto en el artículo 38 del reglamento interno sobre el término mínimo para la
convocatoria de la asamblea departamental y que además facilitó que el diputado
Alberto Gutiérrez participara en la elección de la mesa directiva a pesar de tener
suspendido el voto por parte de su partido político. Recalcaron que en este caso
el diputado José Fernández de Castro se abstuvo de llamar a lista a Alberto
Gutiérrez por las razones expuestas y que por esa razón se le relevó del cargo y
se nombró al accionado para que permitiera desconocer las medidas cautelares
ordenadas.

118. Concluyeron que todas las actuaciones del accionado configuraron un
conflicto de interés en nombre propio y de terceros para la elección de la mesa
directiva provisional, vulnerando el artículo 237 del CPACA. Advirtieron que el
diputado accionado debió abstenerse de elegir a las postuladas que se
encontraban suspendidas.

119. En quinto lugar, respecto de Mallath Paola Martínez Cantillo arguyeron que
participó activa y tendenciosamente en las elecciones irregulares de la mesa
directiva para el período 2025, fungiendo como secretaria temporal en ambas
sesiones y permitiendo en esa calidad el voto del diputado Alberto Gutiérrez pese
a encontrarse suspendido.

120. Señalaron que la accionada actuó movida por un interés personal y
desobedeciendo órdenes judiciales de forma intencional para favorecer a las
diputadas postuladas para conformar la mesa directiva. Además, adujeron que la
accionada fungió como secretaria general temporal y durante su labor
convenientemente permitió que la presidenta Rosa Jiménez facilitara la
participación de Alberto Gutiérrez a pesar de que este se encontraba suspendido.

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121. Advirtieron que la accionada fue la que postuló a la diputada Candy Julieth
Sánchez Vásquez en ambas ocasiones pese a que esta se encontraba
suspendida.

122. De igual forma, manifestaron que la accionada permitió que se realizara una
convocatoria irregular del 5 de marzo de 2025 con apenas catorce horas de
antelación, desconociendo las disposiciones del reglamento interno y vulnerando
de forma flagrante el debido proceso.

123. Añadieron que dicha convocatoria pretendía ampararse en el artículo 19 del
Estatuto de Oposición sin cumplir el requisito de realizarse de común acuerdo
entre todos los miembros declarados en oposición, pues el diputado Yohan Pinedo
no participó de ella.

124. Concluyeron que la accionada estuvo motivada por un interés personal,
desplegando acciones para que fuera elegida nuevamente Candy Sánchez como
segunda vicepresidente de la mesa directiva provisional pese a estar suspendida
del cargo.

VI. ACTUACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA

125. Mediante auto de 21 de agosto de 202516 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte actora, y se ordenó el traslado según lo previsto en el
numeral 3 del artículo 14 de la Ley 1881 de 15 de enero de 201817.

126. Mediante comunicación del 2 de octubre de 2025 el Ministerio Público allegó
su concepto en los siguientes términos18:

127. Como punto de partida, precisó que de conformidad con el artículo 56 de la
Ley 2200 de 2022 el conflicto de intereses se configura cuando el diputado
participa en la discusión o votación de un asunto en el cual tiene un interés directo,
particular y actual.

16 Cfr. Índice núm. 4 del expediente digital, Samai.
17 Cfr. “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se

consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.
18 Cfr. Índice núm. 8 del expediente digital, Samai.

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128. Recalcó que no cualquier interés configura la causal de desinvestidura, pues
solo lo será aquel del que se pueda predicar que es directo, particular e inmediato,
además de concurrente para el momento en que ocurrió la participación o
votación, sin que sean suficientes sucesos contingentes, futuros o imprevisibles.

129. Al analizar el caso concreto, indicó que no se acreditó la existencia de un
interés reflejado en un beneficio particular, actual y directo de los accionados por
los hechos relacionados con la elección de la mesa directiva 2025 de la Asamblea
del Departamento, que condujera a la pérdida de su investidura. Señaló que no se
demostró que los accionados estuviesen obligados a declararse impedidos para
votar y que, en consecuencia, hubieran incurrido en la vulneración del régimen de
conflicto de intereses.

130. Precisó que el incumplimiento de una medida cautelar, la inobservancia de
las reglas sobre cuórum deliberatorio y decisorio en el marco de la elección de la
mesa directiva y las irregularidades relacionadas con la elección y mantenimiento
de la misma, eventualmente pueden conducir a afectar la legalidad de la decisión
de la Asamblea o incluso configurar una falta disciplinaria, pero que tales aspectos
desbordan el ámbito de análisis del medio de control de pérdida de investidura y
no permiten evidenciar la existencia de un interés directo, actual y particular que
materialice un provecho, utilidad, ventaja o conveniencia que entre en conflicto
con el interés general.

131. Concluyó que, en razón a las graves consecuencias de una decisión de
pérdida de investidura, que afecta de manera sensible los derechos políticos del
ciudadano accionado, se requiere demostrada certeza sobre la ocurrencia de los
hechos que darían lugar a ella, además de la clara concurrencia del elemento
subjetivo en grado de dolo o culpa grave, y que ante la ausencia de elementos
demostrativos sobre dichos requisitos la acción no estaba llamada a prosperar.

132. En consecuencia, solicitó confirmar la sentencia de primera instancia y negar
los cargos presentados en el recurso de apelación.

VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

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7.1. Competencia

133. La Sala es competente para proferir esta providencia en segunda instancia,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 15019 del CPACA, el parágrafo 2 del
artículo 48 de la Ley 617 de 9 de octubre 200020 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de
12 de marzo de 201921, sobre distribución de los procesos entre las secciones del
Consejo de Estado.

7.2. Cuestión previa: el fenómeno de la cosa juzgada y el principio del non
bis in idem

134. El principio del non bis in idem, consagrado en el artículo 29 de la
Constitución Política, proscribe que una persona sea juzgada más de una vez por
el mismo hecho. La jurisprudencia constitucional22 lo ha caracterizado como un
derecho fundamental autónomo y de aplicación inmediata, que hace parte del
grupo de garantías que conforman el derecho al debido proceso. En su dimensión
sustancial, este principio prohíbe tanto la duplicidad de juicios como la imposición
de más de una sanción a una misma persona con fundamento en los mismos
supuestos fácticos

135. Sobre esta garantía, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que
el principio no se limita al derecho penal sino abarca todo el derecho
sancionatorio23:

« […] La aplicación del principio non bis in idem no está restringida al derecho
penal, sino, como lo ha dicho esta Corporación, “se hace extensivo a todo el
universo del derecho sancionatorio del cual forman parte las categorías del
derecho penal delictivo, el derecho contravencional, el derecho disciplinario,

19 En el que se prevé que esta corporación conocerá de las apelaciones interpuestas contra las

sentencias de los tribunales administrativos en primera instancia.
20 Cfr. “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de

1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras
normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del
gasto público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48, establece que corresponde al Consejo de
Estado conocer en segunda instancia de las pérdidas de investidura que conozcan en primera
instancia los Tribunales Administrativos.
21 Reglamento Interno del Consejo de Estado, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 de

2024, que regula la distribución de negocios entre las secciones.
22 Corte Constitucional, sentencia C-914 del 4 de diciembre 2013. Exp. D-9573. M.P. Luis

Ernesto Vargas Silva.
23 Corte Constitucional, sentencia C-870 del 15 de octubre de 2002. Exp. D-3987. M.P. Manuel

José Cepeda Espinosa.

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el derecho correccional, el derecho de punición por indignidad política
(impeachment) y el régimen jurídico especial ético - disciplinario aplicable a
ciertos servidores públicos (pérdida de investidura de los Congresistas).
[…]

El principio non bis in idem prohíbe que una persona, por el mismo hecho, (i)
sea sometida a juicios sucesivos o (ii) le sean impuestas varias sanciones en
el mismo juicio, salvo que una sea tan solo accesoria a la otra».

136. De esta manera, la garantía del non bis in idem opera como límite al ejercicio
de las facultades sancionatorias del Estado en todas sus manifestaciones,
incluidos los procesos de pérdida de investidura.

137. En efecto, el artículo 1.º de la Ley 1881 de 2018 dispone que en los procesos
de pérdida de investidura, como juicios de responsabilidad subjetiva, la garantía
del non bis in idem se protege, entre otras, con la institución de la cosa juzgada:

«Artículo 1º. El proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio
de responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en contra de los
congresistas que, con su conducta dolosa o culposa, hubieren incurrido en
una de las causales de pérdida de investidura establecidas en la Constitución.
Se observará el principio del debido proceso, conforme al artículo 29 de la
Constitución Política.

PARÁGRAFO. Se garantizará el non bis in ídem. Cuando una misma conducta
haya dado lugar a una acción electoral y a una de pérdida de investidura de
forma simultánea, el primer fallo hará tránsito a cosa juzgada sobre el otro
proceso en todos los aspectos juzgados, excepto en relación con la
culpabilidad del congresista, cuyo juicio es exclusivo del proceso de pérdida
de investidura. En todo caso, la declaratoria de pérdida de investidura hará
tránsito a cosa juzgada respecto del proceso de nulidad electoral en cuanto a
la configuración objetiva de la causal».

138. El alcance de esta garantía fue precisado por la Sala Plena de esta
Corporación, en sentencia del 28 de noviembre de 2023:

"Al respecto, el Consejo de Estado ha resaltado que, como se desprende del
tenor literal de esta disposición, con ella se busca salvaguardar el principio de
non bis in idem como garantía fundamental del derecho al debido proceso del
congresista, elemento transversal de los procesos sancionatorios y derecho
fundamental de aplicación inmediata de quien está sometido a esta clase de
juicios. De ahí que, si se dan los supuestos para ello, el juez está obligado,
incluso de oficio, a analizar si en el asunto sometido a su consideración se
materializa la excepción de cosa juzgada"24.

24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 28 de noviembre

de 2023, exp. 11001-03-15-000-2022-05556-02. M.P. Nicolás Yepes Corrales

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139. En consecuencia, es claro que cuando concurren los presupuestos
normativos para su configuración, el operador judicial está en la obligación de
declarar la cosa juzgada con independencia de que las partes la hayan invocado
expresamente.

140. Ahora bien, para la aplicación de la figura de la cosa juzgada en materia
procesal el artículo 303 del Código General del Proceso dispone lo siguiente:

“[…] Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en
proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo
proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el
anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.

Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo
proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero
o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al
registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al
secuestro en los demás casos.

En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que
comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá
efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.

La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión […]”.

141. Por ello, para su configuración se requiere que en los procesos objeto de
análisis concurran tres elementos: La identidad de objeto, la identidad de causa y
la identidad jurídica de las partes. Sobre estos elementos, la Sala Plena ha
precisado:

«El objeto se refiere a la relación o situación jurídica sobre la cual versa el
derecho que se pretende en la sentencia y que se somete a la decisión del
juez (qué se litiga); es decir, la identidad de objeto se refiere a que el derecho
o pretensión que se ha solicitado en la nueva demanda (petitum), coincida
con el del otro proceso previamente resuelto, toda vez que no se configura
esta institución procesal sobre pretensiones que no han sido materia de
pronunciamiento en una sentencia.

La causa de pedir (causa petendi) es el hecho jurídico que sirve de razón,
motivo y fundamento de la pretensión (el por qué del litigio); es decir, la
identidad de causa consiste en que los supuestos fácticos y los fundamentos
jurídicos en virtud de los cuales se demanda sean en esencia los mismos
expuestos en el primer proceso, de manera que si varían, el segundo proceso
es diferente y no existe cosa juzgada. Sin embargo, la causa, no puede
confundirse con los medios de prueba que se pretendan hacer valer en el
proceso, pues la cosa juzgada no se predica del valor que pueda otorgar el
juez a las pruebas.

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La identidad jurídica de partes, se presenta cuando se trata de los mismos
sujetos que en nombre propio o por medio de representante comparecieron
al proceso anterior -bien en calidad de demandante o de demandado- y
actúan en el nuevo; es decir, dado que la sentencia no obliga sino a quienes
tuvieron calidad de parte en el proceso (excepto que la ley consagre un efecto
erga omnes, como ocurre, por ejemplo, con la que declara la nulidad de los
actos administrativos), se impone analizar quiénes son los sujetos litigantes y
la calidad en que actúan en ambos procesos, sin que se exija una identidad
física sino jurídica, como tampoco una posición procesal en uno y otro como
demandante o demandado»25.

142. Ahora bien, en el marco de los procesos de pérdida de investidura, la Sala
Plena Contencioso Administrativa ha aclarado lo siguiente:

«La figura de la cosa juzgada tiene por objeto impedir que entre las mismas
partes se promueva un proceso con base en los mismos hechos y con
idénticas pretensiones de otro proceso que ya ha sido decidido de fondo, con
la finalidad de que dicha providencia lleve inmerso un carácter inmutable o
definitivo que garantice la seguridad jurídica e impida que la controversia se
perpetúe […]»26.

143. En la misma línea, la Sección Primera ha precisado lo siguiente respecto a
sus elementos de configuración:

«[…] La cosa juzgada es una institución de tipo procesal que se predica de las
sentencias que adquieren el carácter de firmeza, a fin de salvaguardar el principio
de la seguridad jurídica. Desde esta perspectiva, es un efecto que se produce por
la firmeza que cobra una decisión judicial que pone fin a un proceso y resuelve el
fondo del asunto planteado en él, de forma tal que se genera la imposibilidad de
dictar una nueva decisión sobre un asunto que tenga el mismo objeto y la misma
causa.

La identidad de objeto y de causa se presenta cuando coinciden tanto en la
decisión que está en firme como en el nuevo proceso puesto a conocimiento del
juez, los hechos y fundamentos de derecho (causa petendi) y la situación jurídica
o pretensión procesal (objeto). En este mismo sentido, la jurisprudencia de esta
Sección ha señalado:

“El objeto es, en general, la situación jurídica sometida a decisión del juzgador. La
causa son los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya la pretensión
[…]”»27.

25 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 21 de abril de

2009, Exp. 11001-03-15-000-2007-00581-00(PI). M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
26 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 13 de febrero de 2024, rad. 11001-03-15-

000-2022-06769-01 (PI)
27 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 18 de julio de 2012. Exp. 07001-23-31-000-

2011-00065-01(PI). C.P. Marco Antonio Velilla Moreno (E).

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144. En consecuencia, para que se configure el fenómeno de la cosa juzgada en
los procesos de pérdida de investidura se requiere: i) identidad de partes: el
accionado vinculado en la sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada debe
concurrir en el nuevo proceso; ii) identidad de objeto: las causales invocadas en
el nuevo proceso deben ser idénticas a las del proceso anterior; e iii) identidad de
causa: los hechos y fundamentos que sustentaron la primera acción deben ser los
mismos invocados en la segunda demanda.

145. Con fundamento en estos elementos, la Sala encontró que, respecto de
algunos de los accionados del presente asunto, ya se han proferido decisiones por
esta Sección que aparentemente podrían compartir identidad de objeto y causa
con lo debatido en el presente trámite. En razón de lo anterior, en los siguientes
numerales la Sala pasará a analizar si las decisiones proferidas por esta Sección
podrían configurar el fenómeno de la cosa juzgada respecto de los diputados
Ángela María Cedeño Ruíz, Alberto Mario Gutiérrez Uribe y Amed José Zawady
Pupo.

7.2.1. Sobre la cosa juzgada frente a las imputaciones hechas en este trámite
respecto a la accionada Ángela María Cedeño Ruíz

146. Respecto de la accionada Ángela María Cedeño Ruíz, la Sala verificó que
dentro del radicado 47001 23 33 000 2025 00134 01 se profirió sentencia el
pasado 17 de octubre de 2025 y que dicho proceso comparte identidad de objeto
y causa con lo analizado en el presente trámite.

147. En cuanto a la identidad de partes, se constató que tanto en este proceso
como en el radicado núm. 47001 23 33 000 2025 00134 01 las pretensiones
estuvieron dirigidas en contra de la diputada del Magdalena Ángela María Cedeño
Ruíz. Por tratarse de una acción pública no resulta necesario que los accionantes
sean los mismos.

148. Tratándose de la identidad de objeto se evidenció que en ambos procesos
la causal de pérdida de investidura invocada fue la violación al régimen de conflicto
de intereses, prevista en el numeral 1 del artículo 60 de la Ley 2200 de 2022.

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149. En relación con la causa petendi, la accionante dentro del proceso 2025
00134 01 señaló que el 26 de noviembre de 2024 la accionada fue elegida
presidenta de la mesa directiva para la vigencia fiscal 2025, pese a la existencia
de una orden de tutela que impedía la celebración de dicha sesión. Además,
señaló que a pesar de que el acto de elección fue posteriormente suspendido en
el marco de un proceso de nulidad electoral, la accionada: i) presidió la sesión de
la asamblea el 3 de marzo de 2025 en la que se adelantaron entrevistas para elegir
al secretario general de la corporación; ii) envió irregularmente el orden del día de
la sesión del 1 de marzo de 2025; iii) fue postulada y elegida nuevamente para
presidir la mesa directiva provisional el 6 de marzo de 2025, reproduciendo el acto
suspendido; y iv) suscribió contratos de prestación de servicios como
representante de la corporación, mientras se encontraba suspendida del ejercicio
del cargo. Por lo que argumentó que se configuró un interés particular en beneficiar
a terceros y que debió declararse impedida en razón de la medida de suspensión
que pesaba sobre ella al momento de su elección.

150. Así pues, confrontados estos supuestos fácticos, la identidad de causa
queda verificada por cuanto en ambos expedientes el reproche versa sobre los
mismos hechos y se plantean bajo la misma causal.

151. Ahora bien, se precisa que en la sentencia de segunda instancia del
radicado núm. 47001 23 33 000 2025 00134 01 se confirmó la negativa de la
pérdida de investidura de la accionada por no haberse acreditado el elemento
objetivo de la conducta en los siguientes términos:

«La Sala, a partir de lo examinado, encuentra que de su conducta no está
probado conflicto de interés alguno en cabeza de la diputada ANGELA MARÍA
CEDEÑO RUÍZ, fundamentalmente porque el argumento de la solicitante,
según el cual aquella actuó en contra de providencias judiciales que le
impedían ser elegida presidente de la Asamblea del Magdalena durante las
sesiones de 26 de noviembre de 2024 y 6 de marzo de 2025, carecen de
certeza alguna.»28

152. Todo lo anteriormente señalado puede evidenciarse con mayor precisión
en el siguiente cuadro comparativo:

28 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 17 de octubre de 2025. Exp.
47001233300020250013401. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

36

Radicado número: 47001 23 33 000 2025 00117 01
Demandante: Rafael de Jesús Rebolledo Gil y otros

Expediente 2025-00134 (dentro del cual
Expediente 2025-00117 (actual) se profirió la sentencia el 17 de octubre
de 2025)

Sujetos procesales

Accionantes: Carlos Mario Rojas Centeno,
Rafael de Jesús Rebolledo Gil, Roberto Carlos
Correa Muñoz y Adriana Cristina Trujillo
Arias Accionante: Adriana Cristina Trujillo Arias

Accionados: Alberto Mario Gutiérrez Uribe, Accionada: Ángela María Cedeño Ruíz
Mallath Paola Martínez Cantillo, Ángela María
Cedeño Ruíz, Martha Liliana García Rivera,
Candy Sánchez Vásquez, Rosa Idalia Jiménez
Rodríguez y Amed José Zawady Pupo.

Pretensiones

Que se declare la pérdida de investidura de los Que se declare la PERDIDA DE INVESTIDURA
diputados del Departamento de Magdalena de la señora ÁNGELA MARÍA CEDEÑO RUIZ, d
para el período 2024-2027, Alberto Mario diputada de la Asamblea del Magdalena,
Gutiérrez Uribe, Mallath Paola Martínez perteneciente al partido Centro Democrático
Cantillo, Ángela María Cedeño Ruíz, Martha electa por la coalición MAGDALENA GRANDE
Liliana García Rivera, Candy Sánchez periodo comprendido 2024-2027, en ocasión a la
Vásquez, Rosa Idalia Jiménez Rodríguez y conducta dolosa en la cual éste incurrió, por
Amed José Zawady Pupo, por presuntamente VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE CONFLICTOS
haber incurrido en la conducta prevista en el DE INTERESES el cual está consagrado en el
numeral 1 del artículo 60 de la Ley 2200 de numeral primero del artículo 60 de la Ley 2200 de
2022 y en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 2022 en concordancia con el subliteral e) del
617 de 2000. literal c del articulo 56 ibidem.

Normas invocadas como vulneradas

• Numeral 1 del artículo 60 de la Ley 2200 de
2022:
Numeral 1 del artículo 60 de la Ley 2200 de 2022:
“Artículo 60.- Pérdida de la investidura. Se
decretará la pérdida de investidura en los
siguientes casos: 1. Por violación del régimen
“Artículo 60.- Pérdida de la investidura. Se
de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto
decretará la pérdida de investidura en los
de intereses. No existirá conflicto de intereses
siguientes casos: 1. Por violación del régimen de
cuando se trate de considerar asuntos que
inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de
afecten al diputado en igualdad de condiciones
intereses. No existirá conflicto de intereses
a las de la ciudadanía en general […].
cuando se trate de considerar asuntos que
afecten al diputado en igualdad de condiciones a
• Y numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 de
las de la ciudadanía en general […].
2000:

“Artículo 48.- Pérdida de investidura de
diputados, concejales municipales y
distritales y de miembros de juntas

37

Radicado número: 47001 23 33 000 2025 00117 01
Demandante: Rafael de Jesús Rebolledo Gil y otros

administradoras locales. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros
de juntas administradoras locales perderán su
investidura: 1. Por violación del régimen de
incompatibilidades o del de conflicto de
intereses. No existirá conflicto de intereses
cuando se trate de considerar asuntos que
afecten al concejal o diputado en igualdad de
condiciones a las de la ciudadanía en general”.

Fundamentos fácticos de las solicitudes de pérdida de investidura (Causa petendi)

Sobre la solicitud de pérdida de investidura de En resumen, la accionante alegó que la diputada
Ángela María Cedeño Ruíz en el presente incurrió en violación al régimen de conflicto de
expediente y en sus acumulados se intereses al ser elegida presidenta de la mesa
consideraron los siguientes hechos: directiva de la Asamblea del Magdalena el 26 de
noviembre de 2024, pese a que un juzgado había
En primer lugar, los accionantes reprocharon ordenado suspender dicha sesión mediante
que participó en la sesión del 26 de noviembre tutela. Esa elección fue posteriormente
de 2024 en la que fue elegida presidenta de la suspendida por el Tribunal Administrativo del
Asamblea del Magdalena para el período 2025, Magdalena por ausencia de quórum
sesión que se realizó pese a existir una orden reglamentario.
judicial que suspendía su celebración por no
haber quórum decisorio suficiente, pues el voto Argumentó que a pesar de las suspensiones
del diputado Alberto Mario Gutiérrez Uribe no judiciales de su elección, la diputada continuó
era válido. ejerciendo funciones como presidenta de la
corporación. Concretamente, mencionó que el 28
En segundo lugar, los accionantes relataron de febrero de 2025 habría comunicado de forma
que el 28 de febrero de 2025, mismo día en que irregular a los diputados el orden del día de la
fue notificada de la medida cautelar de sesión del 1 de marzo de 2025, suscribió dos
suspensión provisional de su elección, la contratos de prestación de servicios en nombre
diputada suscribió un contrato de prestación de de la Asamblea, y el 3 de marzo presidió la
servicios. Igualmente, advirtieron que el 4 de correspondiente sesión y adelantó entrevistas
marzo de 2025 celebró un contrato adicional sin para elegir al secretario general de la
contar con facultades para ejercer dicha corporación, todo ello mientras los efectos de su
representación. designación estaban suspendidos.

Señalaron que la diputada estando suspendida Además, reprochó que cuando el Tribunal ordenó
comunicó irregularmente a los diputados el elegir una nueva mesa directiva provisional, la
orden del día de la sesión del 1 de marzo de diputada aceptó una nueva postulación y fue
2025, y el 3 de marzo presidió dicha sesión y elegida presidenta nuevamente el 6 de marzo de
adelantó entrevistas para elegir al secretario 2025, elección que también fue suspendida
general de la duma estando suspendida. judicialmente.

Finalmente, recriminaron que en la sesión del 6 Por lo tanto, la accionante consideró que en
de marzo de 2025, la diputada aceptó la ambas ocasiones la diputada debió declararse
postulación para la presidencia de la mesa impedida, pues tenía un interés personal directo
directiva provisional a pesar de que estaba en conservar el cargo.
suspendida de ese cargo y respecto del cual
debió declararse impedida.

Por lo tanto, los accionantes consideraron que
se configuró la causal de pérdida de investidura
por violación al régimen de conflicto de
intereses para Ángela María Cedeño Ruíz, al
haber presuntamente actuado de manera
sistemática para permanecer en el cargo del
que había sido suspendida, suscribiendo
contratos y presidiendo sesiones sin facultades

38

Radicado número: 47001 23 33 000 2025 00117 01
Demandante: Rafael de Jesús Rebolledo Gil y otros

para ello, y aceptando una nueva postulación
sin declararse impedida.

153. En este orden de ideas, para la Sala es evidente que lo resuelto dentro del
proceso con radicado núm. 47001 23 33 000 2025 00134 01 cubre íntegramente
el debate planteado en este proceso respecto a la diputada Ángela María Cedeño
Ruíz y, en consecuencia, que la sentencia del 17 de octubre de 2025 hizo tránsito
a cosa juzgada.

154. Ahora bien, frente a los reparos que el recurrente formuló en el presente
proceso relacionados con la participación de la diputada Ángela María Cedeño
Ruíz en las sesiones de elección de la mesa directiva en contravía de decisiones
judiciales, la supuesta facilitación de la participación del accionado Alberto Mario
Gutiérrez Uribe y su permanencia en el cargo sin declararse impedida, se precisa
que estos hechos fueron igualmente resueltos en el fallo del 17 de octubre de
2025, en los siguientes términos:

"Revisadas, como se hizo, las providencias judiciales proferidas por el
Tribunal Administrativo del Magdalena y del Consejo de Estado, se advierten
que estas giraron en torno a la ausencia del quorum requerido para elegir
mesa directiva, pero sin acudir a las condiciones individuales de la accionada
como impedimento para acceder a tal postulación y designación.

[…]

Aun así, estas circunstancias previstas por la legislación, no se observan
plasmadas en la conducta de la accionada, toda vez que no se probó la
omisión en la que se incurre cuando, en un asunto sometido a su intervención,
no se advierte ante el resto del órgano político-administrativo al cual
pertenece, la connivencia entre intereses particulares, -ya sean de orden
moral y/o económico-, y los ineludibles intereses públicos que están obligados
a proteger en desarrollo de sus funciones públicas corporativas, en tanto que
de dicha concurrencia de intereses resulta afectado de alguna manera u
obtiene un provecho privado"29.

155. Respecto al cargo relativo a la suscripción de contratos de prestación de
servicios en calidad de presidenta de la mesa directiva pese a encontrarse
suspendida su elección, esta Corporación en el fallo del 17 de octubre de 2025
consideró lo siguiente:

29 Ibidem.

39

Radicado número: 47001 23 33 000 2025 00117 01
Demandante: Rafael de Jesús Rebolledo Gil y otros

"En este caso, tampoco existió un interés directo, particular y actual del
diputado, o de su cónyuge o compañero o compañera permanente, o de
alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad o primero civil, o de su socio o socios de derecho o de hecho, de
orden moral o económico, en la postulación y designación como presidente
de la corporación, así como tampoco en la celebración de los referidos
contratos mientras fungió como tal"30.

156. En consecuencia, para la Sala se encuentran configurados los tres
elementos de la cosa juzgada, la identidad de partes, objeto y causa respecto de
la accionada Ángela María Cedeño Ruíz, estando además los reparos del recurso
de apelación atendidos en lo ya decidido por esta Corporación dentro del proceso
con radicado núm. 47001 23 33 000 2025 00134 01.

157. Por lo tanto, la Sala se abstendrá de emitir un pronunciamiento sobre la
conducta de la accionada y, en la parte resolutiva de la presente decisión,
declarará la cosa juzgada en relación con el proceso de pérdida de investidura con
radicado núm. 47001 23 33 000 2025 00134 01.

7.2.2. Sobre la cosa juzgada frente a las imputaciones hechas en este trámite
respecto del accionado Alberto Mario Gutiérrez Uribe

158. Respecto del accionado Alberto Mario Gutiérrez Uribe, la Sala encontró que
dentro del radicado 47001 23 33 000 2025 00127 01 se profirió sentencia el 19 de
marzo de 2026 y que dicho proceso comparte identidad de objeto y causa con lo
analizado en el presente trámite.

159. En cuanto a la identidad de partes, se constató que tanto en este proceso
como en el radicado núm. 47001 23 33 000 2025 00127 01 las pretensiones
estuvieron dirigidas en contra del diputado Alberto Mario Gutiérrez Uribe.

160. La identidad de objeto también se verificó toda vez que en los dos procesos
la causal invocada fue la violación al régimen de conflicto de intereses, prevista en
el numeral 1 del artículo 60 de la Ley 2200 de 2022.

30 Ibidem.

40

Radicado número: 47001 23 33 000 2025 00117 01
Demandante: Rafael de Jesús Rebolledo Gil y otros

161. En relación con la causa petendi, la accionante dentro del proceso bajo el
radicado núm. 47001 23 33 000 2025 00127 01, reprochó que Alberto Mario
Gutiérrez Uribe: i) participó en la elección de la mesa directiva de la Asamblea del
Magdalena para la vigencia 2025, a pesar de que se había ordenado como medida
cautelar la suspensión de dicha sesión; ii) participó en la votación y constituyó la
mayoría a pesar de que para esa fecha tenía provisionalmente suspendido su
derecho de voz y voto por parte de su partido político ante la presunta violación al
régimen de bancadas; iii) estaba obligado a declararse impedido dado el
conocimiento que tenía de la sanción impuesta por su partido; iv) el accionado
volvió a participar y a votar en favor de las mismas personas elegidas en la sesión
anterior pese a que, mediante auto del 26 de febrero de 2025, el Tribunal
Administrativo del Magdalena suspendió provisionalmente el acto de elección de
la mesa directiva; v) recusó al diputado Yohan Pinedo y participó en la votación
correspondiente, lo que a juicio del accionante configuró igualmente la causal de
conflicto de intereses; y vi) manipuló las circunstancias de ambas sesiones con el
deliberado propósito de garantizar la elección de las personas que respaldaba,
anteponiendo su interés particular al interés general en una elección limpia y
transparente.

162. Así pues, confrontados los supuestos fácticos de ambos expedientes la
identidad de causa petendi se encuentra en su mayor parte acreditada.

163. La identidad de los señalados elementos puede evidenciarse con mayor
precisión en el siguiente cuadro comparativo:

Expediente 2025-00127 (dentro del
Expediente 2025-00117 (actual) cual se profirió la sentencia el 19 de
marzo de 2026

Sujetos procesales

Accionantes: Carlos Mario Rojas Centeno,
Rafael de Jesús Rebolledo Gil, Roberto Accionante: Rafael de Jesús Rebolledo Gil
Carlos Correa Muñoz y Adriana Cristina Trujillo
Arias Accionada: Alberto Mario Gutiérrez Uribe

Accionados: Alberto Mario Gutiérrez Uribe,
Mallath Paola Martínez Cantillo, Ángela María

41

Radicado número: 47001 23 33 000 2025 00117 01
Demandante: Rafael de Jesús Rebolledo Gil y otros

Cedeño Ruíz, Martha Liliana García Rivera,
Candy Sánchez Vásquez, Rosa Idalia Jiménez
Rodríguez y Amed José Zawady Pupo.

Pretensiones

Que se declare la PERDIDA DE
Que se declare la pérdida de investidura de los INVESTIDURA del señor ALBERTO MARIO
diputados del Departamento de Magdalena GUTIÉRREZ URIBE, diputado de la
para el período 2024-2027, Alberto Mario Asamblea del Magdalena, perteneciente al
Gutiérrez Uribe, Mallath Paola Martínez partido político demócrata colombiano y
Cantillo, Ángela María Cedeño Ruíz, Martha electo por coalición Magdalena Grande para
Liliana García Rivera, Candy Sánchez el periodo comprendido 2024-2027, en
Vásquez, Rosa Idalia Jiménez Rodríguez y ocasión a la conducta dolosa en la cual, ésta
Amed José Zawady Pupo, por presuntamente incurrió, por VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE
haber incurrido en la conducta prevista en el CONFLICTOS DE INTERESES el cual, está
numeral 1 del artículo 60 de la Ley 2200 de consagrado en el numeral primero del artículo
2022 y en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 60 de la Ley 2200 de 2022 en concordancia
617 de 2000. con el subliteral e) del literal c (sic) del articulo
56 ibidem.

Normas invocadas como vulneradas

• Numeral 1 del artículo 60 de la Ley 2200 de
2022:

“Artículo 60.- Pérdida de la investidura. Se
decretará la pérdida de investidura en los
siguientes casos: 1. Por violación del régimen
de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto
de intereses. No existirá conflicto de intereses Numeral 1 del artículo 60 de la Ley 2200 de
cuando se trate de considerar asuntos que 2022:
afecten al diputado en igualdad de condiciones
a las de la ciudadanía en general […].
“Artículo 60.- Pérdida de la investidura. Se
• Y numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 de decretará la pérdida de investidura en los
2000: siguientes casos: 1. Por violación del régimen
de inhabilidades, incompatibilidades y
“Artículo 48.- Pérdida de investidura de conflicto de intereses. No existirá conflicto de
diputados, concejales municipales y intereses cuando se trate de considerar
distritales y de miembros de juntas asuntos que afecten al diputado en igualdad
administradoras locales. Los diputados y de condiciones a las de la ciudadanía en
concejales municipales y distritales y miembros general […].
de juntas administradoras locales perderán su
investidura: 1. Por violación del régimen de
incompatibilidades o del de conflicto de
intereses. No existirá conflicto de intereses
cuando se trate de considerar asuntos que
afecten al concejal o diputado en igualdad de
condiciones a las de la ciudadanía en general”.

Fundamentos fácticos de las solicitudes de pérdida de investidura (Causa
petendi)

42

Radicado número: 47001 23 33 000 2025 00117 01
Demandante: Rafael de Jesús Rebolledo Gil y otros

En resumen, el accionante alegó que el
diputado Alberto Mario Gutiérrez Uribe
incurrió en violación al régimen de conflicto de
intereses al participar en la sesión del 26 de
noviembre de 2024 para elegir la mesa
directiva de la Asamblea del Magdalena para
el período 2025, pese a que existía una orden
Sobre la solicitud de pérdida de investidura de judicial de tutela que ordenaba suspender
Alberto Mario Gutiérrez Uribe en el presente dicha sesión, y pese a que su partido político
expediente y en sus acumulados se le había suspendido provisionalmente el
consideraron los siguientes hechos: derecho a voz y voto ante la presunta
violación al régimen de bancadas. Reprochó
Consideraron que el diputado accionado, junto que el voto del accionado fue determinante
con otros seis miembros de la corporación, para conformar la mayoría de 7 de 13
sobrepuso sus intereses particulares por diputados que hizo posible dicha elección.
encima de las órdenes judiciales, las
decisiones de su partido político, la Conforme a ello señaló que, dado el pleno
Constitución, la ley y el reglamento interno, con conocimiento que tenía de esa suspensión de
el propósito de escoger una mesa directiva su voto, el diputado estaba obligado a
acorde a sus pretensiones, sin declararse declararse impedido para participar en dicha
impedido en ninguno de los momentos en que votación y no lo hizo. Sobre este punto,
debió hacerlo. argumentó que el diputado había desatendido
la ley de bancadas al declararse de forma
En particular, señalaron que en la sesión del 26 unipersonal en oposición al gobierno
de noviembre de 2024, el diputado ejerció su departamental en contravía de lo decidido por
voto pese a tener suspendidos su voz y voto por su partido, y que precisamente como
decisión de su partido, y pese a existir una consecuencia de esa decisión su partido le
orden judicial que suspendía la celebración de impuso la sanción de suspensión de voz y
esa sesión. Recriminaron que con el voto del voto que él ignoró al participar en la sesión del
accionado se conformó la mayoría necesaria 26 de noviembre de 2024.
para elegir la mesa directiva. Indicó que el diputado continuó participando
Indicaron que el 6 de marzo de 2025, en sesión en las sesiones del 1 de marzo de 2025,
convocada y realizada de forma irregular, el presididas por la mesa directiva cuyo acto de
diputado actuó en pleno desconocimiento de la elección había sido suspendido judicialmente
medida cautelar de suspensión provisional y, mediante auto del 26 de febrero de 2025,
con un fallo sancionatorio en firme de su partido desconociendo el carácter de cumplimiento
que le impedía votar; que además contribuyó inmediato que tienen las medidas cautelares.
nuevamente a reproducir el acto suspendido
eligiendo a las mismas personas en los mismos Advirtió que el 6 de marzo de 2025, en la
cargos, sin declararse impedido respecto de sesión convocada irregularmente con apenas
ninguna de esas actuaciones. catorce horas de anticipación en contravía de
los artículos 5 numeral 5.6 y 38 del
Por lo tanto, los accionantes consideraron que reglamento interno de la corporación, el
se configuró la causal de pérdida de investidura diputado volvió a participar y a votar en favor
por violación al régimen de conflicto de de las mismas personas elegidas en la sesión
intereses para Alberto Mario Gutiérrez Uribe, al anterior.

Lo anterior a pesar de que para la
haber actuado de manera coordinada y época ya contaba con un fallo sancionatorio
deliberada para garantizar la elección de las en firme de su partido que le suspendía la voz
personas que respaldaba, participando con el y el voto por seis meses.
voto suspendido en ambas sesiones y
anteponiendo sistemáticamente su interés Además, reprochó que el accionado votó
particular al interés general, sin que en ningún nuevamente por Ángela Cedeño como
momento manifestara impedimento alguno. presidenta, postuló y votó por Marta García
como primera vicepresidente, y votó por
Candy Sánchez como segunda
vicepresidente. Por ello, consideró que en esa
sesión se reprodujo en las mismas
condiciones el acto suspendido judicialmente.

43

Radicado número: 47001 23 33 000 2025 00117 01
Demandante: Rafael de Jesús Rebolledo Gil y otros

Por otra parte, informó que en esa misma
sesión el accionado presentó una recusación
contra el diputado Yohan Pinedo y acto
seguido votó a favor de su propia recusación,
actuación respecto de la cual, a su juicio,
debió declararse impedido para participar.

Por lo tanto, consideró que en todas las
ocasiones descritas el diputado manipuló
deliberadamente las circunstancias de ambas
sesiones para garantizar la elección de las
personas que respaldaba y tener control
sobre la mesa directiva, anteponiendo su
interés particular al interés general en una
elección limpia y transparente.

164. Atendiendo esta revisión resulta posible concluir que lo resuelto en el
radicado núm. 47001 23 33 000 2025 00127 01 cubre íntegramente el debate
planteado en este proceso respecto al diputado Alberto Mario Gutiérrez Uribe y en
consecuencia que sentencia del 19 de marzo de 2026 hizo tránsito a cosa juzgada.

165. Se advierte que bajo el radicado núm. 47001 23 33 000 2025 00127 01, la
sentencia de segunda instancia confirmó la adoptada por el a quo en el sentido de
negar la solicitud de pérdida de investidura por no haberse acreditado el elemento
objetivo de la conducta:

"Bajo dicho contexto, la Sala advierte que le asiste razón al tribunal de
instancia cuando señaló que de los hechos expuestos por la parte actora no
se desprendía la existencia de un beneficio o interés particular, actual y
directo, puesto que la causal se fundamentó en supuestas irregularidades que
el solicitante sostiene se presentaron en la elección de la mesa directiva de la
asamblea para la vigencia 2025.

En efecto, en cuanto a la sesión de 26 de noviembre de 2024 en el recurso de
apelación la parte actora sustentó la configuración de la causal en que, para
dicha sesión, el diputado tenía suspendido su derecho de voz y voto con
ocasión de la decisión sancionatoria adoptada por el partido al cual
pertenecía, por lo que alegó que debía declararse impedido.

Sin embargo, de dicha argumentación, no se evidencian las razones por las
que la solicitante estima que la participación en la referida sesión se traducía
en un beneficio particular, actual y directo para el diputado. Por el contrario, el
solicitante para fundamentar la causal invocada lo que reprocha es que el
accionado no podía participar en la sesión de 26 de noviembre de 2024 porque
aseguró tenía suspendido el derecho de voz y de voto, sin exponer cuál era
el interés que le asistía al diputado en el asunto que allí fue sometido a
discusión"31.

31 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 19 de marzo de 2026. Exp. 47001 23 33

000 2025 00127 01. C.P. Carlos Fernando Mantilla Navarro.

44

Radicado número: 47001 23 33 000 2025 00117 01
Demandante: Rafael de Jesús Rebolledo Gil y otros

166. Por otra parte, resulta importante destacar que los reparos adicionales que
motivaron el recurso de apelación dentro del presente trámite fueron considerados
en la sentencia proferida dentro del radicado núm. 47001 23 33 000 2025 00127
01. Por un lado, en lo que atañe a la participación en las sesiones de elección de
la mesa directiva pese a encontrarse suspendido y al deber de manifestar el
respectivo impedimento, esta Corporación determinó lo siguiente:

"Por último, la parte actora adujo que se presentaron varias irregularidades en
la elección de la mesa directiva de la asamblea para el año 2025, las cuales
tienen que ver con que: (i) la sesión de 26 de noviembre de 2024 en la que se
elegiría la mesa directiva se llevó a cabo, pese a que existía una medida
cautelar en la que se ordenó su suspensión; (ii) para esa fecha, el accionado
tenía suspendido el derecho de voz y voto con ocasión de una decisión
proferida por el partido al que pertenecía, no obstante, decidió participar en la
votación; (iii) se convocó nuevamente a la asamblea para adelantar la sesión
plenaria el 6 de marzo de 2025, con el fin de elegir la mesa directiva
provisional y (iv) el accionado nuevamente votó y participó, aunque estaba
suspendido su derecho de voz y voto.

Frente a las mencionadas irregularidades, la Sala prohíja lo considerado por
el tribunal en el sentido que escapan del objeto de estudio de la acción de
pérdida de investidura, por cuanto, pueden ser debatidas mediante el medio
de control de nulidad electoral en cuanto al acto de elección de la mesa
directiva de la asamblea para la vigencia 2025, tal y como se observa ocurrió
en la demanda radicada con el núm. 47001 2333 000 2025 00015 00 en la
que se controvirtió la elección de las señoras Ángela María Cedeño Ruiz,
como presidente; Marta Liliana García Rivera, como primera vicepresidente y
Candy Julieth Sánchez Vásquez, como segunda vicepresidente de la mesa
directiva de la asamblea departamental del Magdalena para el período 2025.
Se anota que dicho proceso está en curso en la Sección Quinta del Consejo
de Estado para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de primera instancia.

En este punto, se aclara que el objeto del medio de control de nulidad electoral
es asegurar el principio de legalidad en el ejercicio de las funciones electorales
y de la facultad nominadora, por lo que procede contra actos en los que se
hace una designación por elección (popular o no) o por nombramiento;
mientras que, la acción de pérdida de investidura «tiene como objeto
establecer la ocurrencia o no de unos hechos; verificar si se adecuan o
corresponden o no a los supuestos normativos que señale la Constitución y/o
la ley como causales de pérdida de la investidura».

Conforme con todo lo expuesto, la Sala confirmará la decisión de primera
instancia que negó la desinvestidura del accionado, dado que, la parte actora
no logró acreditar la existencia de un conflicto de intereses en cabeza del
diputado, derivado de su participación en las sesiones de 26 de noviembre de
2024 y 6 de marzo de 2025, para lo cual se aclara que al no estar reunidos

45

Radicado número: 47001 23 33 000 2025 00117 01
Demandante: Rafael de Jesús Rebolledo Gil y otros

los requisitos para la configuración del elemento objetivo de la causal, resulta
inoficioso descender en el examen del elemento subjetivo"32.

167. En lo que respecta al cargo relativo a la recusación del diputado Yohan
Alfonso Pinedo Panetta y a la participación del accionado en la votación de la
misma, debe señalarse que en la decisión proferida dentro del radicado núm.
47001 23 33 000 2025 00127 01 esta Sección se refirió a dicho argumento en los
siguientes términos:

"En ese contexto, la Sala advierte que ni la Ley 2200 de 2022, el reglamento
de la asamblea del Magdalena [Ordenanza de Reglamento núm. 162 de 25
de diciembre de 2023], o la Ley 1437 de 2011 prohíben al diputado que recusa
a otro miembro de la corporación participar en la votación sobre la recusación
formulada. A lo que se agrega que, la parte actora tampoco aludió a alguna
disposición que establezca una prohibición en ese sentido y en la que
fundamentara la obligación del diputado accionado de declararse impedido.

[…]

Es este último presupuesto, el que permitiría determinar la configuración o no
de la causal de conflicto de intereses, puesto que, como se expuso en
precedencia, el artículo 56 de la Ley 2200 de 2022 establece que «se entiende
como conflicto de interés una situación donde la discusión o votación de un
proyecto de ordenanza, pueda resultar en un beneficio particular, actual y
directo a favor del diputado». De este modo, se tiene que la parte actora, no
expuso ni acreditó cuál era el beneficio o interés que le asistía al accionado y
que ocurría como consecuencia de la decisión sobre la recusación"33.

168. En este orden de ideas, la Sala estima que nuevamente se encuentran
configurados los tres elementos de la cosa juzgada, esto es, la identidad de partes,
objeto y causa respecto del accionado Alberto Mario Gutiérrez Uribe.

169. Por lo tanto, la Sala se abstendrá de emitir un pronunciamiento sobre la
conducta del accionado y, en la parte resolutiva de la presente decisión, declarará
la cosa juzgada respecto de la sentencia proferida el 19 de marzo de 2026 dentro
del proceso de pérdida de investidura con radicado núm. 47001 23 33 000 2025
00127 01.

7.2.3. Sobre la cosa juzgada respecto de las imputaciones hechas en el
presente trámite respecto del accionado Amed José Zawady Pupo

32 Ibidem.
33 Ibidem.

46

Radicado número: 47001 23 33 000 2025 00117 01
Demandante: Rafael de Jesús Rebolledo Gil y otros

170. Respecto del accionado Amed José Zawady Pupo, la Sala verificó que
dentro del radicado núm. 47001 23 33 000 2025 00012 01 se profirió sentencia el
28 de agosto de 2025 en la que se analizó la conducta del mismo diputado durante
la sesión del 26 de noviembre de 2024.

171. En cuanto a la identidad de partes, se constata que tanto en este proceso
como en el radicado núm. 47001 23 33 000 2025 00012 01 las pretensiones
estuvieron dirigidas en contra del diputado del Magdalena Amed José Zawady
Pupo, por lo que dicho elemento se encuentra acreditado.

172. Sin embargo, la Sala advierte que no se cumple el elemento de identidad
de objeto, toda vez que en el radicado núm. 47001 23 33 000 2025 00012 01 no
se invocó la violación al régimen de conflicto de intereses sino al régimen de
incompatibilidades en los siguientes términos:

“El señor Oscar Enrique Pabón Romero, actuando en nombre propio, solicitó
que se decretara la pérdida de investidura del señor Amed José Zawady Pupo,
por considerar que incurrió en la causal de violación del régimen de
incompatibilidades señalada en el numeral 1 del artículo 60 de la Ley
2200 de 2022, en concordancia con el numeral 1 del artículo 50 de la
norma ibidem y el artículo 291 de la Constitución Política”.

173. Tampoco se acreditó la identidad de causa petendi, toda vez que en el
radicado núm. 47001 23 33 000 2025 00012 01 el reproche se centró
exclusivamente en que el accionado aceptó ejercer las funciones de secretario
general ad hoc durante la sesión del 26 de noviembre de 2024, argumentando que
dicha aceptación vulneraba lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 2200 de 2022
y el artículo 291 de la Constitución Política toda vez que esas disposiciones
prohíben a los miembros de las corporaciones públicas territoriales aceptar cargos
en la administración pública so pena de perder su investidura. Por lo tanto, es claro
que en ese caso no se debatió si el accionado tenía un interés particular, directo
y actual en la elección de la mesa directiva ni si debió declararse impedido para
participar en la sesión.

174. En consecuencia, respecto al accionado Amed José Zawady Pupo no se
configuran los presupuestos necesarios para declarar la cosa juzgada, por lo que

47

Radicado número: 47001 23 33 000 2025 00117 01
Demandante: Rafael de Jesús Rebolledo Gil y otros

en los siguientes acápites la Sala procederá a analizar de fondo los cargos
formulados en su contra.

175. Resueltas las cuestiones relativas a la cosa juzgada, la Sala procederá a
analizar si se configuró la causal de pérdida de investidura respecto de los demás
cargos y accionados.

7.3. Del análisis de la causal de pérdida de investidura endilgada

176. Corresponde a la Sala determinar si procede decretar la pérdida de
investidura por violación del régimen de conflicto de intereses en contra de los
diputados que promovieron, se postularon y votaron en la elección de la mesa
directiva de la asamblea del departamento de Magdalena para el periodo 2025,
cuando los accionantes les atribuyen que dicha elección desconocería decisiones
judiciales y órdenes disciplinarias de los partidos políticos.

177. Con miras a resolver este cargo de impugnación, la Sala pasará a revisar si
en el presente asunto se encuentran configurados los elementos objetivo y
subjetivo de la causal y, en esa medida, si hay lugar a acceder a la pérdida de
investidura del convocado.

7.2.1. Del elemento objetivo

178. Los accionantes fundamentaron la solicitud de pérdida de investidura en las
causales previstas en el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 y en el
numeral 1 del artículo 60 de la Ley 2200 de 2022, según las cuales los diputados
perderán su investidura cuando vulneren el régimen de conflicto de intereses. En
particular, dichas disposiciones establecen lo siguiente:

«Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y
distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras
locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de
intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar
asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las
de la ciudadanía en general».

48

Radicado número: 47001 23 33 000 2025 00117 01
Demandante: Rafael de Jesús Rebolledo Gil y otros

«Artículo 60.- Pérdida de la investidura. Se decretará la pérdida de investidura
en los siguientes casos:

1. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y
conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de
considerar asuntos que afecten al diputado en igualdad de condiciones a las
de la ciudadanía en general».

179. Ahora bien, sobre el alcance de la causal de conflicto de intereses, la Sala
Plena de esta Corporación, en sentencia del 28 de noviembre de 201734, precisó
lo siguiente:

«[P]odría definirse como aquella conducta en que incurre un servidor público,
contraria a la función pública, en la que, movido por un interés particular
prevalente o ausente del interés general, sin declararse impedido, toma una
decisión o realiza alguna gestión propia de sus funciones o cargo, en provecho
suyo, de un familiar o un tercero y en perjuicio de la función pública. Por ello,
la norma exige que, ante la pugna entre los intereses propios de la función y
los particulares del funcionario, éste deba declararse impedido, pues es la
manera honesta de reconocer la existencia de esa motivación y el deseo de
cumplir con las funciones del cargo de manera transparente e imparcial»
(Subrayas de la Sala).

180. En la misma línea, la Corte Constitucional ha respaldado que el conflicto de
intereses se configura «cuando existe una concurrencia antagónica entre el interés
particular y el interés público que afecta la decisión a tomar y obliga a declararse
impedido a quien deba tomarla»35.

181. En desarrollo de lo anterior, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
delimitado los presupuestos necesarios para establecer la configuración de la
causal de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de
intereses36. En particular, ha precisado que deben acreditarse de manera
concurrente tres elementos: (i) la calidad del sujeto activo; (ii) la existencia de un
interés directo, particular y actual, de naturaleza moral o económica; y (iii) la
participación efectiva del servidor en el trámite, pese a la existencia de dicho
interés, sin haber manifestado impedimento o sin haber sido apartado mediante

34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, sentencia de 28 de

noviembre de 2017, exp. 11001-03-25-000-2005-00068-00(IJ), C.P. Ponente César Palomino
Cortés.
35 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia del 1 de octubre de 2025. Exp. T-4.622.844. M.P. Gabriel

Eduardo Mendoza Martelo. Referencia al Concepto del 28 de abril de 2004 de la Sala de Consulta
y Servicio Civil del Consejo de Estado, C.P. Flavio Rodríguez Arce.
36 Consejo de Estado, sentencia del 1 de noviembre de 2016, exp. 11001-03-15-000-2015-01571-

00, C.P. María Elizabeth García González.

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Radicado número: 47001 23 33 000 2025 00117 01
Demandante: Rafael de Jesús Rebolledo Gil y otros

recusación37. En relación con el segundo de estos presupuestos, se ha indicado
que el interés debe ser particular, directo y actual. El interés es particular cuando
incide en la esfera de los diputados o de su círculo cercano; es directo cuando
surge del mismo asunto sometido a consideración; y es actual cuando se presenta
de manera inmediata al momento de la actuación, de modo que no puede tratarse
de un interés eventual o hipotético38.

182. A partir de estas precisiones, la causal objeto de estudio se refiere a la
incompatibilidad entre el interés particular de un diputado y el interés general
comprometido en los asuntos sobre los cuales debe intervenir en ejercicio de sus
funciones. Así, el conflicto de intereses que da lugar a la pérdida de investidura
corresponde a una situación en la que el interés particular —moral o económico—
del diputado o de su entorno resulta incompatible con el interés general, en la
medida en que de la decisión puede derivarse un provecho para aquel o para
terceros.

183. Con fundamento en las anteriores precisiones, se advierte que en el presente
caso no se acreditaron la totalidad de los presupuestos del elemento objetivo
necesarios para configurar la causal de pérdida de investidura.

184. La Sala observa que no existe controversia en torno al primer presupuesto,
relativo a la condición de diputados de la Asamblea Departamental del Magdalena
por parte de los accionados Mallath Paola Martínez Cantillo, Martha Liliana García
Rivera y Amed José Zawady Pupo.

185. En el caso bajo examen, lo que es objeto de controversia es el segundo
presupuesto, esto es, la existencia de un interés particular, directo y actual de los
mencionados accionados.

37 Ibidem.
38 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 1 de

febrero de 2018. CP. Oswaldo Giraldo López, exp. 66001-23-33-000-2017-00089-01(PI). Cfr.
Sentencia del 18 de febrero de 2021, exp. 85001 2333 000 2020 00012 02. CP. Roberto Augusto
Serrato Valdés. Cfr. Consejo de Estado- Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia
del 9 de noviembre de 2016, exp. 11001-03-15-000-2014-03117-00 (PI), CP. William Hernández
Gómez; entre otras.

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Radicado número: 47001 23 33 000 2025 00117 01
Demandante: Rafael de Jesús Rebolledo Gil y otros

186. Concretamente, según los recurrentes, en el presente caso el elemento
objetivo de la causal de pérdida de investidura –incluido el referido segundo
presupuesto– se habría acreditado por el solo hecho de que los accionados
participaron o facilitaron algunas presuntas irregularidades en las elecciones de la
mesa directiva de la Asamblea Departamental.

187. No obstante, la Sala considera, como lo señaló el representante del
Ministerio Público, que dicha argumentación no resulta procedente, toda vez que,
como se mencionó, la configuración del elemento objetivo exige acreditar la
existencia de un interés particular, directo y actual en cabeza de cada accionado
que además debe resultar incompatible con el interés general propio del ejercicio
de su investidura como diputados de la Asamblea Departamental.

188. Esto implica que el interés indebido que debe demostrarse es aquel que
sustente una decisión que objetivamente se traduzca en un provecho o ventaja
personal para el accionado o para su círculo cercano, con la consecuente
afectación de la moralidad administrativa y de la confianza de los ciudadanos.

189. Por lo tanto, debe aclararse que las actuaciones presuntamente desplegadas
por los diputados no pueden confundirse con el interés o beneficio reprochable.
En efecto, si bien tales conductas —cuestionadas por los accionantes— pueden
constituir, el medio a través del cual eventualmente se materializa un interés
particular, lo cierto es que ellas por sí solas no resultan suficientes para acreditarlo.

190. Sumado a ello, del material probatorio allegado al expediente se advierte
que, en las sesiones de la Asamblea Departamental, los accionados y otros
diputados tuvieron posiciones divergentes frente a la legalidad del trámite de
elección de la mesa directiva y a la actuación de la mesa directiva provisional. Sin
embargo, esta circunstancia, por sí sola, no permite acreditar la existencia de un
interés particular incompatible con el ejercicio de la función pública, pues la
defensa de posturas jurídicas sobre la legalidad de las actuaciones de la
Corporación hace parte del ámbito propio de las funciones deliberativas de sus
miembros.

191. En línea con lo anterior, la Sala comparte lo señalado por el a quo en el
sentido de que no cualquier actuación presuntamente contraria al ordenamiento

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Radicado número: 47001 23 33 000 2025 00117 01
Demandante: Rafael de Jesús Rebolledo Gil y otros

jurídico configura, por sí misma, un conflicto de interés. Conductas como las
interpretaciones erróneas sobre la aplicación de decisiones judiciales y su
respectiva notificación o, inclusive, el eventual incumplimiento de directrices de un
partido político, podrían dar lugar a otros tipos de responsabilidad –disciplinaria,
penal o electoral–, pero no necesariamente revelan la existencia de un interés
particular en los términos exigidos para la configuración de la causal del conflicto
de interés de la sanción de pérdidas de investidura.

192. Por lo expuesto, contrario a lo sostenido por los accionantes en el recurso de
apelación, no se evidencia que la participación o promoción de las presuntas
irregularidades en las convocatorias a las sesiones de la Asamblea Departamental
y en la elección de su mesa directiva permita tener por acreditado el elemento
objetivo del conflicto de interés.

193. Ahora bien, a pesar de que los recurrentes catalogaron los cargos
individuales formulados respecto de cada accionado como parte del elemento
subjetivo, la Sala observa que su argumentación no se dirige al análisis del
conocimiento o la calificación del actuar de aquellos. Por el contrario, se centra en
afirmar la presunta existencia de intereses particulares y en identificar los
momentos en que estos se habrían configurado, aspectos que corresponden al
elemento objetivo de la conducta. Por lo tanto, la Sala considera necesario
pronunciarse sobre tales afirmaciones de manera individual respecto de cada uno
de los accionados exceptuando aquellos diputados frente a los que se declarará
la cosa juzgada.

a) Argumentos sobre la conducta particular de Martha Liliana García Rivera

194. En primer lugar, los accionantes sostienen que se configuró la causal de
conflicto de intereses, en la medida en que Martha Liliana García Rivera tenía
interés en ser elegida integrante de la mesa directiva y aceptó su postulación sin
declararse impedida, pese a encontrarse suspendida con ocasión de la medida
cautelar decretada por el Tribunal Administrativo del Magdalena dentro del
proceso de nulidad electoral.

195. Frente a dicho cargo la Sala considera que no resulta procedente ni suficiente
lo indicado para acreditar la existencia de un conflicto de interés como causal de

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Radicado número: 47001 23 33 000 2025 00117 01
Demandante: Rafael de Jesús Rebolledo Gil y otros

pérdida de investidura. En efecto, contrario a lo afirmado por los accionantes, la
suspensión provisional decretada por el Tribunal recayó exclusivamente sobre el
acto administrativo de elección de la mesa directiva del 26 de noviembre de 2024,
sin que pueda extenderse a la oportunidad de los elegidos para participar en
elecciones posteriores o para postularse nuevamente a dichos cargos.

196. Sobre este punto, esta Sección en sentencia del 7 de noviembre de 2025 39
que decidió sobre la solicitud de pérdida de investidura de la diputada Rosa Idalia
Jiménez Rodríguez, aclaró lo siguiente:

«La Sala, a partir de lo examinado, encuentra que de su conducta no está
probado conflicto de interés alguno en cabeza de la diputada ROSA IDALIA
JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, fundamentalmente porque el argumento de los
solicitantes, según el cual, aquella incurrió en conflicto de intereses al actuar
en contra de providencias judiciales para habilitar el voto en dos
oportunidades del diputado ALBERTO MARIO GUTIÉRREZ URIBE, -en
sesiones de 26 de noviembre de 2024 y 6 de marzo de 2025-, a pesar de estar
suspendido su derecho a voz y voto por parte del Partido Demócrata
Colombiano, con el único objetivo de elegir a las señoras ÁNGELA MARÍA
CEDEÑO RUÍZ, MARTA LILIANA GARCÍA RIVERA y CANDY JULIETH
SÁNCHEZ VÁSQUEZ, en calidad de presidente, primera vicepresidente y
segunda vicepresidente, respectivamente, de la mesa directiva de esa
corporación, carece de certeza alguna.

Revisadas, como se hizo, las providencias judiciales proferidas por el Tribunal
Administrativo del Magdalena y del Consejo de Estado, se advierte, en primer
lugar, que estas giraron en torno a la ausencia del quorum requerido para
elegir mesa directiva, pero sin acudir a las condiciones individuales de la
accionada como impedimento para adelantar su gestión como presidenta de
la Asamblea del Magdalena, menos aún para procurar elegir su remplazo en
la mesa directiva de esa corporación para la vigencia 2025» (Subrayas de la
Sala).

197. Por lo tanto, es claro que su nueva postulación en elecciones posteriores no
puede ser entendida como una conducta reprochable en el marco del presente
medio de control de pérdida de investidura.

198. Ahora bien, en relación con el argumento según el cual el interés indebido se
configuraría por el propósito de acceder al cargo y permanecer en él, la Sala
tampoco lo considera procedente a la luz del análisis de la causal invocada como
fundamento de la desinvestidura.

39Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 7 de noviembre de 2025. Exp.
47001233300020250011501. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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Radicado número: 47001 23 33 000 2025 00117 01
Demandante: Rafael de Jesús Rebolledo Gil y otros

199. Al respecto, como bien lo precisó el Tribunal, el propósito de ser elegida en
la Mesa Directiva de la Asamblea no constituye, en sí mismo, un interés
incompatible con el interés general derivado de la investidura. Por el contrario,
dicho interés forma parte del ejercicio ordinario de las funciones de los diputados,
sin que de ello pueda derivarse un interés personal diferenciado o contrario al que
asiste a los demás miembros de la corporación40.

200. A lo anterior se suma que la conducta reprochada no se enmarca en ninguna
de las circunstancias que imponen el deber de declararse impedido, de
conformidad con el artículo 11 del CPACA.

201. Estas conclusiones se adecúan a lo ya considerado por la Sala en la
sentencia anterior respecto a que la conducta de la diputada Rosa Idalia Jiménez
Rodríguez no acredita la concurrencia de intereses particulares incompatibles con
el interés público que está obligada a proteger en el ejercicio de sus funciones
como diputada departamental, en los siguientes términos:

“Es así que estas circunstancias previstas por la legislación, no se observan
plasmadas en la conducta de la accionada, toda vez que no se probó la
omisión en la que se incurre cuando, en un asunto sometido a su intervención,
no se advierte ante el resto del órgano político-administrativo al cual
pertenece, la connivencia entre intereses particulares, -ya sean de orden
moral y/o económico-, y los ineludibles intereses públicos que están obligado
a proteger en desarrollo de sus funciones públicas corporativas, en tanto que
de dicha concurrencia de intereses resulta afectado de alguna manera u
obtiene un provecho privado”41.

202. En segundo lugar, frente al señalamiento de que la accionada habría
promovido o facilitado la participación del diputado Alberto Mario Gutiérrez Uribe,
la Sala se remite a lo expuesto en las consideraciones de la sentencia del 19 de
marzo de 2026 proferida dentro del radicado núm. 47001 23 33 000 2025 00127
01. En efecto, si la actuación de dicho diputado no permite acreditar un interés
indebido ni la existencia de un deber de declararse impedido, tampoco puede
predicarse tal configuración respecto de quienes presuntamente facilitaron su

40 Cfr. con los artículos 27 y 28, y el numeral 6 del artículo 19 de la Ley 2200 de 2022 en los que

se dispone que es función de las asambleas departamentales elegir su mesa directiva y las
condiciones de en las que se debe realizar dicha elección.
41 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 7 de noviembre de 2025. Exp.

47001233300020250011501. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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Radicado número: 47001 23 33 000 2025 00117 01
Demandante: Rafael de Jesús Rebolledo Gil y otros

participación. Ello, sin perjuicio de que tales comportamientos puedan ser objeto
de valoración en otros ámbitos de responsabilidad.

203. Aunado a lo anterior, la Sala observa que, de acuerdo con los documentos
allegados por los accionantes42, la apertura de investigación adelantada por el
partido político del diputado Alberto Mario Gutiérrez Uribe –que motivó el decreto
de medida cautelar de suspensión de su derecho al voto– tuvo como fundamento
una situación distinta a la que se analiza en el presente proceso43.

204. Por todo lo anterior, la Sala concluye que respecto de la diputada Martha
Liliana García Rivera, tampoco se acreditó el elemento objetivo de la causal de
pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de intereses.

b) Argumentos sobre la conducta particular de Amed José Zawady Pupo

205. En relación con las afirmaciones formuladas contra el accionado Amed José
Zawady Pupo, la Sala se remite a lo expuesto en los numerales anteriores
respecto de los señalamientos sobre la presunta facilitación de la participación de
Alberto Mario Gutiérrez Uribe en la elección de la mesa directiva.

206. Adicionalmente, en cuanto al argumento según el cual el conflicto de interés
se habría configurado por la aceptación del cargo de secretario general ad hoc
con el presunto propósito de incumplir la ley con ocasión a la negativa de José
Fernández de Castro de atender directrices de la mesa directiva; la Sala considera
que dicha circunstancia eventualmente podría ser objeto de revisión bajo otros
regímenes de responsabilidad, pero como ya se ha explicado previamente no
resulta suficiente para acreditar la existencia de un interés particular incompatible
con el general propio de la investidura como diputados de una asamblea
departamental. Se reitera que la defensa de posturas jurídicas sobre la legalidad
o no de determinadas actuaciones de la organización hace parte del ámbito propio
de las funciones deliberativas de sus miembros.

42 Cfr. Índice núm. 3 del expediente digital, archivo denominado
41Incorporaexped_821AUTODEAPERTURADEI(.pdf), cuaderno del Tribunal Administrativo del
Magdalena.
43 Concretamente, el hecho que motivó la apertura de la investigación fue porque el accionado votó

en contra del proyecto de ordenanza No. 121 “Por medio de la cual se realizan unas adiciones al
presupuesto general de rentas, recursos de capital y apropiaciones para gastos del departamento
del magdalena en la vigencia fiscal 2024”.

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Radicado número: 47001 23 33 000 2025 00117 01
Demandante: Rafael de Jesús Rebolledo Gil y otros

207. Por último, en cuanto al argumento según el cual el accionado habría
participado en sesiones de elección de la mesa directiva provisional
presuntamente convocadas en forma irregular, en desconocimiento de los
términos mínimos legales y reglamentarios, la Sala considera que dicha
circunstancia, por sí sola, no permite configurar un conflicto de intereses como
causal de pérdida de investidura. Se advierte que tales cuestionamientos
relacionados con la regularidad de la convocatoria no corresponden al objeto
propio de este medio de control.

208. Bajo estas consideraciones, la Sala concluye que, contrario a lo sostenido
por los accionantes, no se acreditó el elemento objetivo de la causal de pérdida
de investidura por violación del régimen de conflicto de intereses respecto del
diputado Amed José Zawady Pupo.

c) Argumentos sobre la conducta particular de Mallath Paola Martínez Cantillo

209. Finalmente, en lo que respecta a los argumentos dirigidos contra la
accionada Mallath Paola Martínez Cantillo, relacionados con su participación en
las presuntas irregularidades en la elección de la mesa directiva y la supuesta
facilitación de la participación del diputado Alberto Gutiérrez, la Sala se remite
igualmente a las consideraciones previamente desarrolladas en los literales
anteriores.

210. Por otra parte, si bien en el recurso de apelación se menciona la existencia
de un interés personal en cabeza de la accionada, la Sala advierte que en el escrito
del recurso no se precisó en qué consistiría dicho interés. Por el contrario, los
argumentos se limitan a reiterar los cuestionamientos o inconformidades sobre las
presuntas irregularidades ya analizadas y a afirmar que la accionada las habría
convalidado en favor de terceros, sin explicar de manera concreta cuál era el
interés particular, actual y directo que habría motivado su actuación en esas
presuntas irregularidades.

211. En consecuencia, tampoco se demostró la existencia de un conflicto de
interés en cabeza de la accionada Mallath Paola Martínez Cantillo.

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Demandante: Rafael de Jesús Rebolledo Gil y otros

212. En suma, la Sala concluye que en el presente caso no se acreditó el
elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen
de conflicto de intereses de ninguno de los diputados accionados.

7.2.2. Del elemento subjetivo

213. De acuerdo con la estructura de la causal de pérdida de investidura por
violación del régimen de conflicto de intereses prevista en el numeral 1 del artículo
60 de la Ley 2200 de 2022 y en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000,
la verificación del elemento subjetivo supone, en primer lugar, la acreditación del
elemento objetivo, en tanto ambos presupuestos son concurrentes y se
encuentran estrechamente relacionados.

214. En el caso concreto, al no acreditarse la existencia de un interés directo,
particular y actual en cabeza de los demandados, no resulta procedente abordar
el análisis del elemento subjetivo de la conducta

215. Por las razones expuestas, la Sala negará las pretensiones de la solicitud de
pérdida de investidura y confirmará la sentencia de primera instancia.

216. Lo anterior, sin perjuicio de que las actuaciones cuestionadas puedan dar
lugar, en los escenarios correspondientes, a otro tipo de responsabilidades o
consecuencias jurídicas, en caso de acreditarse irregularidades en el ejercicio de
las funciones del cargo de los accionados.

217. Por último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA no
se condenará en costas ya que el medio de control de pérdida de investidura es
una acción pública en la que se ventila un interés general.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

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Radicado número: 47001 23 33 000 2025 00117 01
Demandante: Rafael de Jesús Rebolledo Gil y otros

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el numeral primero de la sentencia
proferida el 6 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo del Magdalena
respecto a los accionados Ángela María Cedeño Ruíz y Alberto Mario Gutiérrez
Uribe.

SEGUNDO: DECLARAR la configuración de la cosa juzgada respecto de la
sentencia del 17 de octubre de 2025 proferida dentro del proceso de pérdida de
investidura con radicado núm. 47001 23 33 000 2025 00134 01, en relación con la
accionada Ángela María Cedeño Ruíz, de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: DECLARAR la configuración de la cosa juzgada respecto de la
sentencia del 19 de marzo de 2026 proferido dentro del proceso de pérdida de
investidura con radicado núm. 47001 23 33 000 2025 00127 01, en relación con el
accionado Alberto Mario Gutiérrez Uribe, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO: CONFIRMAR la sentencia de 6 de agosto de 2025, proferida por la
Sala Plena del Tribunal Administrativo del Magdalena, respecto de los accionados
Mallath Paola Martínez Cantillo, Marta Liliana García Rivera y Amed José Zawady
Pupo, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.

QUINTO: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEXTO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente digital
al Tribunal de origen.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

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Radicado número: 47001 23 33 000 2025 00117 01
Demandante: Rafael de Jesús Rebolledo Gil y otros

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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