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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-33-000-2025-00134-01

Fecha
17 de octubre de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-33-000-2025-00134-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada. SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 47001-23-33-000-2025-00134-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

17 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 470012333000202500134011
Recurso de apelación contra la sentencia de 30 de julio de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena
Solicitante: ADRIANA CRISTINA TRUJILLO ARIAS

TESIS: NO SE CONFIGURA CONFLICTO DE INTERESES EN CABEZA DE
DIPUTADA QUE FUE POSTULADA Y ELEGIDA PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA, Y CELEBRÓ CONTRATOS EN TAL
CALIDAD, A PESAR DE SUBSISTIR SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE SU
ELECCIÓN EN LA MESA DIRECTIVA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la solicitante
contra la sentencia de 30 de julio de 2025, proferida por la Sala Plena
del Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la cual denegó
la pérdida de investidura de la señora ANGELA MARÍA CEDEÑO
RUÍZ, diputada del Magdalena, por hechos ocurridos dentro del
período constitucional 2024-2027.

I.- ANTECEDENTES

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las

providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta
sentencia podrán confrontarse de forma virtual.

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Número único de radicación: 47001 23 33 000 2025 00134 01
Solicitante: ADRIANA CRISTINA TRUJILLO ARIAS

I.1.- La ciudadana ADRIANA CRISTINA TRUJILLO ARIAS,
actuando en nombre propio, solicitó decretar la pérdida de
investidura de la señora ANGELA MARÍA CEDEÑO RUÍZ, diputada
del Magdalena, por hechos sucedidos dentro del período
constitucional 2024-2027, al considerar que incurrió en la causal
prevista en los artículos 60, numeral 1, en concordancia con el
artículo 56, literal e) de la segunda parte, de la Ley 2200 de 8 de
febrero de 20222, y los artículos 81 de la ordenanza de reglamento
162 de 25 de diciembre de 2023 expedida por la Asamblea del
Magdalena, y 22 y 40 de la Ley 734 de 5 de febrero de 20023, esto
es por violación al régimen de conflicto de intereses.

I.2.- En apoyo de su pretensión, la solicitante adujo, en síntesis, que
durante sesión celebrada el 26 de noviembre de 2024, la accionada
fue elegida presidenta de la mesa directiva para la vigencia fiscal
2025, pese a que por orden de tutela dicha sesión no debía
realizarse. Y que dicho acto de elección fue suspendido por el Tribunal
Administrativo del Magdalena quien, mediante auto interlocutorio,
ordenó dicha medida cautelar provisional al interior de un proceso de
nulidad electoral, así como que se dispuso que se eligiera a una
nueva mesa directiva provisional.

Señaló que, pese a tal suspensión, la accionada, el 3 de marzo de
2025, presidió sesión de la asamblea y celebró entrevistas para elegir
secretario general de la duma departamental, así como fue postulada
nuevamente y elegida para presidir tal mesa directiva provisional el
6 de marzo de 2025, esto es que reprodujeron un acto suspendido,

2 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de

los departamentos […]”.
3 “[…] Por la cual se expide el Código Disciplinario Único […]”.

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Solicitante: ADRIANA CRISTINA TRUJILLO ARIAS

lo cual tiene prohibición legal expresa. Y que, a pesar de encontrarse
suspendida para ejercer dicho cargo, la accionada celebró contratos
de prestación de servicios como representante de la duma
departamental, lo que denota que su interés era privado, y para
favorecer a particulares, sumado a que, al celebrarse la elección,
debió manifestar el impedimento para ser elegida, con ocasión,
precisamente, de la suspensión que pesaba sobre ella.

Indicó que la accionada debió apartarse de cualquier elección de la
mesa directiva provisional para el periodo 2025 cuya conformación
fue ordenada por el Tribunal Administrativo del Magdalena, ya que,
sobre ella pesaba una suspensión para ocupar dicho cargo, teniendo
que declararse impedida para los efectos, pero no lo hizo, lo que la
hizo incurrir en un evidente conflicto de intereses.

Mencionó que lo mismo aconteció con la celebración de los contratos
de prestación de servicios en los que la accionada actuó como
representante legal de la Asamblea del Magdalena, pues al no estar
llamada a ser elegida nuevamente, se advierte un actuar doloso
cuyos intereses no fueron los públicos sino los particulares.

I.3.- La diputada, por intermedio de apoderado judicial, contestó la
solicitud de pérdida de investidura con la que se opuso a su
pretensión, para lo cual manifestó, en síntesis, que si bien es cierto
que el primer acto de elección se encuentra suspendido en virtud de
un proceso de nulidad electoral, ello no comprueba el conflicto de
intereses, sino que, por el contrario, si aceptó la postulación que uno
de sus colegas le hizo, se debió precisamente al cumplimiento de uno
de sus deberes constitucionales y legales.

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Sostuvo que los hechos o presuntas irregularidades de la primera
elección son objeto de investigación dentro de un proceso judicial de
nulidad electoral conocido por esta misma corporación, y estos no
soportan la causal invocada, constituyéndose en impertinentes para
el caso concreto. Y que, con relación a la suscripción de contratos
mientras la diputada fungía como presidente de la duma, solo podría
acarrear una presunta nulidad del contrato suscrito por una eventual
falta de competencia, pero insiste, no un conflicto de intereses.

Anotó que esos procesos de contratación se venían adelantando
antes que la diputada fuese elegida, pues son necesarios para el
funcionamiento y operación de la duma, es decir, que los estudios
previos demuestran que no existió ningún direccionamiento o
favorecimiento por su parte para que fuesen celebrados.

Enfatizó en que cuando volvió a ser elegida presidente provisional de
la corporación, el Tribunal no la cuestionó sino la participación de su
colega ALBERTO MARIO GUTIÉRREZ URIBE en la deliberación y
votación, pues su voto se encontraba suspendido por su partido
político en ese momento, de lo cual se desprende que no incurrió en
recusaciones o inhabilidades ; y que será en aquel proceso de nulidad
electoral que se determine la legalidad del procedimiento de elección,
sin que ello implique cuestionamientos a su posibilidad de acceder a
este tipo de cargos representativos al interior de la institución, lo que
forma parte de sus derechos políticos y constitucionales.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

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Solicitante: ADRIANA CRISTINA TRUJILLO ARIAS

El a quo, mediante sentencia de 30 de julio de 2025, denegó la
solicitud de pérdida de investidura, para lo cual sostuvo que la
conducta endilgada se circunscribe a que la accionada fue elegida en
dos ocasiones como presidenta de la mesa directiva de la Asamblea
del Magdalena pese a que existían órdenes judiciales que, primero,
imponían que la sesión en donde se celebraría la escogencia se
suspendiera y, segundo, que fungiendo como tal, celebrara contratos
estatales a nombre de la duma, lo que configuró una violación al
régimen de conflicto de intereses pues debió declararse impedida, al
pesar, presuntamente, una suspensión para acceder dicho cargo.

Menciona que no existe dentro del plenario prueba alguna que
indique que la accionada hubiese incurrido en violación del régimen
de conflicto de intereses al no manifestar impedimento en la sesión
que la eligió como presidente de la mesa directiva provisional de la
Asamblea del Magdalena, a pesar de que la elección inicial fue
suspendida en virtud de orden judicial, toda vez que, hacer parte de
las deliberaciones y elecciones de estos cargos es propio de sus
deberes legales y reglamentarios, atendiendo que, de la lectura del
auto correspondiente, no se avista la prohibición para que las mismas
personas fuesen elegidas, sino que el procedimiento se hiciera en
debida forma.

Aduce que ese denominado interés particular no fue acreditado en el
presente trámite, dado que, en primer lugar, participar en la elección
de la mesa directiva y ser electo dentro de la misma, más allá de las
circunstancias que rodearon la suspensión provisional de la primera
mesa, y la reiteración de la suspensión en la mesa directiva
provisional elegida inicialmente, pues como lo refiere el reglamento

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interno de la duma, participar en estas elecciones es un deber de los
diputados, y claramente, a nivel político, llegar a esos cargos de
dirección es un interés evidente de todos los que llegan a dichos
espacios de representación popular, es decir, todos los diputados en
estricto sentido tienen el derecho de ser eventualmente elegidos
como tal o participar en elegir a los que sean postulados, con los
acuerdos políticos a que lleguen, aspectos que no son del resorte de
este juicio sancionatorio.

Resalta que si existieron o no circunstancias irregulares en el
procedimiento eleccionario de las primeras mesas directivas, su
análisis sería propio de la acción de nulidad electoral, la cual se
encuentra precisamente evacuándose, pero revisado el auto de
suspensión provisional al que alude la accionante proferido por ese
Tribunal en dicho proceso electoral, no se advierte que lo que se
cuestione sea a la accionada en sí misma, por lo que la afirmación
consistente en que ella se encontraba suspendida para ser elegida
presidenta, es completamente carente de fundamento probatorio.

Señala que, al actuar como presidente de la duma departamental,
tenía la facultad de firmar contratos, lo que no configuró violación al
régimen de conflicto de intereses; y que de existir cuestionamientos
sobre su competencia para hacerlo, sería un asunto de debate de un
trámite de controversias contractuales no de pérdida de investidura.

Indica que la accionante no logró demostrar los elementos que la
jurisprudencia exige para que pueda predicarse la configuración de
un conflicto de intereses dentro del caso concreto.

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III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La solicitante, esta vez a través de apoderado, interpuso recurso de
apelación con el cual pretende que se revoque la sentencia de 30 de
julio de 2025 y, en su lugar, se decrete la pérdida de investidura de
la accionada, para lo cual aduce que está probado el conflicto de
intereses, pues están probadas la participación en la elección de la
mesa directiva 2025 y las actuaciones irregulares en que incurrió
para facilitar dicha elección, al ser ella misma junto a las diputadas
MARTA LILIANA GARCÍA RIVERA y CANDY JULIETH SÁNCHEZ
VÁSQUEZ en calidad de presidente, primera vicepresidente y
segunda vicepresidente, respectivamente, para repetir en dichos
cargos, una vez estando suspendidas por el Tribunal Administrativo
del Magdalena.

Manifiesta que, en lo que se refiere al aspecto subjetivo, la accionada
actuó contra órdenes judiciales, permaneció en el cargo, suscribió
contratos, presidió sesiones y tomó decisiones en calidad de
presidenta, mientras se encontraba suspendida por medida cautelar
ordenada por el Tribunal, movida por el interés personal; y que
desobedeció sendas órdenes judiciales de manera intencional para
favorecerse y favorecer a quienes se encontraban en la mesa
directiva de la asamblea junto ella, y lo más grave es que estas
órdenes la apartaban del cargo.

Insiste en que, a pesar de estar suspendida del cargo de presidente
de la mesa directiva, aceptó una nueva postulación para ese cargo,
sin declararse impedida para ello, pues tenía un interés directo de

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regresar a este, como en efecto sucedió, por lo que burló la decisión
del Tribunal Administrativo del Magdalena.

Sostiene que la elección de la accionada como presidente de la mesa
directiva de la asamblea, se facilitó y orquestó por un grupo de 6
diputados, incluida ella, y la votación del diputado ALBERTO MARIO
GUTIÉRREZ URIBE quien tenía el voto suspendido por su partido
político, pero que era indispensable que participara pues con su
apoyo se conformó un quorum de mayoría irregular con 7 diputados
de 13, pues los otros 6 salieron del recinto por existir una decisión
judicial que ordenaba la suspensión de dicha sesión para la elección
de la mesa directiva de la duma departamental.

Reitera que el 28 de febrero de 2025, a las 11:25 am, la accionada
suscribió contrato de prestación de servicios argumentando actuar
en calidad de representante legal de la Asamblea del Magdalena, acto
contractual que se identificó con el consecutivo 212025 por valor de
$45.000.000, y contrato 322025 de 4 de marzo de 2025, por valor
de $39.000.000. Y que esta actuación se surtió a pesar de que dicha
facultad de representación legal de la duma departamental se
encontraba suspendida a partir de orden de cesación de efectos del
acto de elección dispuesta en la medida cautelar, contrariando así la
orden del Tribunal Administrativo del Magdalena, sumado a que
comunicó a los diputados el orden del día de la sesión que se
realizaría el 1o. de marzo de 2025.

Menciona que su interés particular se continuó materializando, pues
el 3 de marzo de 2025 presidió sesión de la asamblea, adelantó
entrevistas para elegir secretario general de la duma departamental,

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actuar que fue sistemático y consciente, con la clara intención de
permanecer en el cargo de presidente pese a que los efectos del acto
administrativo que la designó presidente estaba suspendido,
configurando así su conflicto de interés, pues tomo decisiones de las
cuales debía declarase impedida dado a que su investidura de
presidente se encontraba suspendida.

Repite que el 6 de marzo de 2025, después de todo su actuar
indebido, la accionada finalmente se apartó del cargo y en un
aparente cumplimiento de la orden proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, pues tenía la finalidad de apoderarse
nuevamente del mismo, aquella aceptó la postulación que le hizo la
diputada MARTA LILIANA GARCÍA RIVERA para el cargo de
presidente de la mesa directiva provisional, cargo del cual se
encontraba suspendida y del que debió declararse impedida, pero
que, por el contrario, no solo aceptó sino que asumió nuevamente, y
para ello, de nuevo, se valió del voto del diputado ALBERTO MARIO
GUTIÉRREZ URIBE quien se encontraba suspendido, pero que era
indispensable para configurar mayoría de 7 junto a ROSA IDALIA
JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, MALLATH PAOLA MARTÍNEZ
CANTILLO, MARTA LILIANA GARCÍA RIVERA, CANDY JULIETH
SÁNCHEZ VÁSQUEZ y AMED JOSÉ ZAWADY PUPO.

IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN

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IV.1.- El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,
numeral 3, de la Ley 1881 de 15 de enero de 20184, no fue descorrido
por la diputada.

IV.2.- Por su parte, el procurador Quinto Delegado ante esta
Corporación, en representación del Ministerio Público, rinde concepto
de 2 de octubre de 2025, mediante el cual solicita que se confirme la
sentencia apelada, con fundamento en que no se demostró que la
conducta desplegada por la accionada, estructure la causal de
pérdida de investidura por violación al régimen de conflicto de
intereses.

Comenta que no se superaron los análisis objetivo ni subjetivo, pues
no se advierte el deber de no participar en la elección de la
presidenta, sino que, por el contrario, era su obligación hacerlo, y en
el mismo sentido la suscripción de contratos actuando como
representante legal de la Duma departamental, dejando en claro que
cualquier irregularidad en el procedimiento administrativo de
elección o en la celebración de contrato no conlleva per se un
conflicto de intereses, y sería asunto de otro tipo de medios de
control su revisión legal.

Manifiesta que comparte las alegaciones de la accionada y las
consideraciones de la sentencia apelada que denegó su
desinvestidura respecto a la causal de violación al régimen de
conflicto de intereses.

4 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se

consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.

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V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer, en los precisos términos del
recurso de apelación, en consonancia con el escrito de la solicitud
inicial, si la diputada del Magdalena, señora ANGELA MARÍA
CEDEÑO RUÍZ, incurrió en la causal prevista en los artículos 60,
numeral 1, en concordancia con el artículo 56, literal e), de la
segunda parte, de la Ley 2200, y los artículos 81 de la ordenanza de
reglamento 162 de 25 de diciembre de 2023 expedida por la
Asamblea del Magdalena, y 22 y 40 de la Ley 734 de 5 de febrero de
20025, esto es por violación al régimen de conflicto de intereses,
luego de resultar elegida presidente de la mesa directiva de la
Asamblea del Magdalena y celebrar contratos en tal calidad, a pesar
de existir órdenes judiciales que, presuntamente, le impedían
hacerlo.

V.2.- Del caso concreto

La Sala, con fundamento en el acervo probatorio allegado al
proceso6, y que guarda estrecha relación con el asunto a resolver en
esta instancia, pudo verificar que la accionada, señora ANGELA
MARÍA CEDEÑO RUÍZ, de conformidad con el Formulario E-26 ASA
de 26 de noviembre de 2023, fue elegida diputada del Magdalena,
por Magdalena Grande, para el período constitucional 2024-2027.

5 “[…] Por la cual se expide el Código Disciplinario Único […]”.
6 Tal como fue advertido al inicio de esta providencia, todas las pruebas recaudadas en el proceso

reposan en el en el sistema para la gestión judicial SAMAI.

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El Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Santa Marta, mediante auto de 20 de noviembre de
2024, en el marco de la acción de tutela con radicación
47001408800620240040600, instaurada por la ciudadana MARÍA
MARGARITA GUERRA ZÚÑIGA, -quien también es diputada del
Magdalena, período 2024-2027, por el Movimiento Político Fuerza
Ciudadana, según Formulario E-26 ASA de 26 de noviembre de 2023-
, en contra de la Asamblea del Magdalena, ordenó lo siguiente:

“[…] PRIMERO: ADMITIR la presente acción instaurada por
la ciudadana MARÍA MARGARITA GUERRA, en contra de la
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA.

SEGUNDO: NOTIFICAR a la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL
MAGDALENA, para que en un término no mayor a cuarenta y
ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta
acción se sirva informar acerca de los hechos y pretensiones
narrados por el accionante, ejerza su derecho de defensa y
allegue las pruebas que pretenda hacer valer. Advertir a la
accionada que, si guarda silencio, se tendrán por ciertos los
hechos esbozados en el escrito de tutela y se resolverá de plano
conforme lo previsto en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: CONCEDER la medida provisional solicitada y en
consecuencia ORDENAR a la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL
MAGDALENA, suspender la sesión plenaria a realizarse el día
26 de noviembre de 2024 a las 9:00 am, para la elección de
mesa directiva 2025 y se abstengan de convocar una nueva
sesión con el mismo fin, hasta tanto no se haya expedido el
fallo correspondiente al presente trámite constitucional, por
cumplirse los presupuestos del artículo 7 del Decreto 2591 de
1991 […]”.

Esta providencia fue notificada mediante correo electrónico enviado
por ese despacho judicial, el lunes 25 de noviembre de 2024 a las
2:35 pm, a las cuentas de correo electrónico de la Asamblea del
Magdalena.

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En acta 061 de 26 de noviembre de 2024, correspondiente al tercer
período de sesiones ordinarias de la Asamblea del Magdalena, siendo
presidente la diputada ROSA IDALIA JIMENEZ RODRIGUEZ, se
observa que luego de un álgido debate en torno a la posibilidad de
realizar o no dicha sesión ante la orden proferida por el Juzgado
Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Santa Marta, a través del auto de 20 de noviembre de 2024, y de
señalamientos por la posible comisión de delitos, la diputada MARTA
LILIANA GARCÍA RIVERA postuló a la accionada, señora ANGELA
MARÍA CEDEÑO RUÍZ, para ser elegida presidente de la
corporación para la vigencia fiscal 2025, esto es de 1o. de enero a
31 de diciembre de 2025, quien aceptó la postulación; y ante la falta
de más postulaciones, fue elegida en tal designación por los
diputados de la corporación. En la misma sesión fueron elegidas las
diputadas MARTA LILIANA GARCÍA RIVERA, como primera
vicepresidente, y CANDY JULIETH SÁNCHEZ VÁSQUEZ, como
segunda vicepresidente de la corporación.

A través de auto de 26 de febrero de 20257, el Tribunal
Administrativo del Magdalena, admitió, en el marco del proceso con
radicación 47001233300020250001500, la demanda de nulidad
electoral presentada por la diputada MARÍA MARGARITA GUERRA
ZÚÑIGA, contra el acto de elección contenido en el acta 061 de 26
de noviembre de 2024, de las diputadas ANGELA MARÍA CEDEÑO
RUÍZ, como presidente, MARTA LILIANA GARCÍA RIVERA, como
primera vicepresidente y CANDY JULIETH SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

7 Confirmado mediante auto de 8 de mayo de 2025, proferido por el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Quinta, consejera ponente Gloria María Gómez Montoya.

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como segunda vicepresidente, de la Asamblea del Magdalena, para
la vigencia fiscal 2025. Allí mismo dispuso:

“[…] SÉPTIMO: Suspender provisionalmente el acto de elección de
las señoras ÁNGELA MARÍA CEDEÑO RUÍZ, MARTA LILIANA GARCÍA
RIVERA y CANDY JULIETH SÁNCHEZ VÁSQUEZ como presidente,
primera vicepresidente y segunda vicepresidente, respectivamente,
para el periodo 2025, de la ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA, consignada en el acta No. 61 del 26 de noviembre de
2024, conforme a los argumentos expuestos en la parte motiva de
esta providencia.

OCTAVO: Adoptar como medida cautelar preventiva y
conservativa, consistente en ordenar a la ASAMBLEA DEL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA que, en el próximo primer
periodo de sesiones ordinarias, esto es, el que inicia a partir del 1°
de marzo de 2024 (artículo 22 de la ordenanza reglamento 162 de
2023) adelante el procedimiento establecido en su
reglamento y la Ley, incluyendo la etapa de convocatoria,
con la finalidad de que se lleve a cabo a elección de una mesa
directiva, la cual ejercerá mientras subsista la presente
medida precautelativa. En todo caso, y en el evento hipotético de
que con anterioridad al inicio del periodo de sesiones ya referido, se
celebren sesiones de tipo extraordinario que convocare el
Gobernador del departamento del Magdalena, la ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA deberá igualmente llevar a
cabo a elección de la mesa directiva, en los términos ya definidos
con anterioridad, ello al tratarse de un tema de su resorte y con
respeto a lo dispuesto en el parágrafo 1° del numeral segundo del
artículo 22 de la ordenanza reglamento 162 de 2023 […]” (Negrillas
y subrayas fuera de texto).

Como consideración exclusiva para acceder a esta medida cautelar,
el Tribunal adujo la falta de quorum reglamentario para elegir a esa
mesa directiva:

“[…] En este sentido, lo que verdaderamente atañe en esta etapa
del proceso a esta Colegiatura, es únicamente determinar si
existía o no quorum deliberatorio y decisorio en la sesión
adelantada en data del 26 de noviembre de 2024 por la
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA para
escoger a la mesa directiva para la anualidad de 2025.

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Establecido lo anterior, itera esta Colegiatura, de conformidad con
el artículo 30 de la ordenanza reglamentaria de la ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA, será presidente aquel que
obtenga la mayoría de los votos, entendida por la mitad más uno
de los diputados asistentes siempre y cuando haya quórum para
decidir, esto es, la mayoría simple de los miembros.
(…)

Dicho lo anterior, advierte esta Agencia Judicial que al sólo
encontrarse seis (6) miembros de la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
DEL MAGDALENA con derecho a voz y voto, no existía quorum
decisorio suficiente para adoptarse la decisión de declarar la elección
de las señoras ÁNGELA MARÍA CEDEÑO RUÍZ, MARTA LILIANA
GARCÍA RIVERA y CANDY JULIETH SÁNCHEZ VÁSQUEZ en las
calidades ya multicitadas de presidente, primera vicepresidente y
segunda vicepresidente, respectivamente, para el periodo 2025.

Así las cosas, advierte la Sala que de la confrontación de las
normas señaladas como infringidas en la demanda en cotejo
con los elementos fácticos y probatorios obrantes en el
plenario emerge con claridad la configuración de la
vulneración normativa alegada en la demanda, situación
bajo la cual esta Colegiatura impartirá decisión en el sentido
de acceder a la solicitud de medida cautelar deprecada y
consecuentemente dispondrá la suspensión provisional del
acto de elección de las señoras ÁNGELA MARÍA CEDEÑO
RUÍZ, MARTA LILIANA GARCÍA RIVERA y CANDY JULIETH
SÁNCHEZ VÁSQUEZ como presidente, primera
vicepresidente y segunda vicepresidente, respectivamente,
para el periodo 2025, tal y como en efecto se hará constar
más adelante […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Según acta 001 de 1o. de marzo de 2025, la asamblea del
Magdalena, encabezada por la accionada como su presidente,
convocó para el 6 de marzo de 2025, en cumplimiento del auto de
26 de febrero de 2025 proferido por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, para la elección de la nueva mesa directiva provisional,
hasta tanto subsista la medida precautelativa. Entre tanto, en acta
002 de reunión ordinaria de 3 de marzo de 2025, consta que la
Asamblea del Magdalena sesionó presidida por la accionada, y entre
otros asuntos se llevó a cabo entrevista a los aspirantes que

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conforman la lista de elegibles al cargo de secretario general de la
Asamblea del Magdalena para el periodo 2025.

En acta 003 de 6 de marzo de 2025, la Asamblea del Magdalena,
presidida por la diputada ROSA IDALIA JIMENEZ RODRIGUEZ,
que no de la accionada, llevó a cabo la elección y posesión de la mesa
directiva provisional del período 2025, mientras subsistiera la medida
precautelativa dispuesta en el auto de 26 de febrero de 2025,
proferido por el Tribunal Administrativo del Magdalena, dentro del
medio del control de nulidad electoral, con radicación
47001233300020250001500, sesión en la que fue postulada y
elegida, nuevamente, la misma mesa directiva que lo había sido
durante la sesión de 26 de noviembre de 2024 (acta 061), esto es:
la accionada, señora ANGELA MARÍA CEDEÑO RUÍZ, como
presidente, MARTA LILIANA GARCÍA RIVERA, como primera
vicepresidente y CANDY JULIETH SÁNCHEZ VÁSQUEZ, como
segunda vicepresidente, de la Asamblea del Magdalena, para la
vigencia fiscal 2025.

Con auto de 28 de abril de 2025 el Tribunal Administrativo del
Magdalena, ante memorial de 10 de marzo de 2025, suscrito por la
diputada MARÍA MARGARITA GUERRA ZÚÑIGA, resolvió:

“[…] PRIMERO: ORDENAR la suspensión provisional del acto
administrativo del 6 de marzo de 2025, proferido por la
ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, en lo que
respecta a la elección provisional de las señoras ÁNGELA MARÍA
CEDEÑO RUÍZ, MARTA LILIANA GARCÍA RIVERA y CANDY
JULIETH SÁNCHEZ VÁSQUEZ en las calidades de Presidente,
Primera Vice-Presidente y Segunda Vice-Presidente,
respectivamente, para el periodo 2025, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

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SEGUNDO: INSTAR a la ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA, para que proceda a dar cabal cumplimiento a lo
dispuesto en el referido interlocutorio fechado veintiséis (26)
de febrero de dos mil veinticinco (2025), vale decir, que en el
periodo de sesiones ordinarias, adelante el procedimiento
establecido en su reglamento y la Ley, incluyendo la etapa de
convocatoria, con la finalidad de que se lleve a cabo la elección
de una mesa directiva, la cual ejercerá mientras subsista la
medida precautelativa, de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: COMPULSAR copia a la PROCURADURÍA GENERAL
DE LA NACIÓN, para que, dentro de marco de sus
competencias, adelante el procedimiento administrativo
tendiente a establecer si los miembros de la ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA incurrieron en una eventual
e hipotética causal de falta disciplinaria […]”.

Para ello, el Tribunal consideró que se había reproducido un acto
suspendido, así:

“[…] Amén de lo anterior, es dable concluir por parte del
Despacho que, el presente requisito también se encuentra
acreditado, habida cuenta que la elección de la mesa directiva
provisional de la ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA para el periodo 2025, y con la cual se aduce dar
cumplimiento a la medida cautelar decretada por este Tribunal,
fue desarrollada en idénticas condiciones a la inicial, y sobre la
cual ya se emitió pronunciamiento al momento de estudiar la
procedencia de la medida precautelativa, es decir, sólo se
encontraban seis (6) miembros de la Duma
Departamental con derecho a voz y voto, por lo cual no
existía quorum decisorio suficiente para adoptarse la
decisión […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

También se evidencia capturas de pantalla de SECOP II de los
contratos firmados por la accionada, mientras fungió como
presidente de la Asamblea del Magdalena.

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La Sala, a partir de lo examinado, encuentra que de su conducta no
está probado conflicto de interés alguno en cabeza de la diputada
ANGELA MARÍA CEDEÑO RUÍZ, fundamentalmente porque el
argumento de la solicitante, según el cual aquella actuó en contra de
providencias judiciales que le impedían ser elegida presidente de la
Asamblea del Magdalena durante las sesiones de 26 de noviembre
de 2024 y 6 de marzo de 2025, carecen de certeza alguna.

Revisadas, como se hizo, las providencias judiciales proferidas por el
Tribunal Administrativo del Magdalena y del Consejo de Estado, se
advierten que estas giraron en torno a la ausencia del quorum
requerido para elegir mesa directiva, pero sin acudir a las condiciones
individuales de la accionada como impedimento para acceder a tal
postulación y designación.

La causal del artículo 60, numeral 1, de la Ley 2200, prevé:

“[…] Artículo 60. Pérdida de la investidura. Se decretará la
pérdida de investidura en los siguientes casos:
(…)

1. Por violación del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades y conflicto de intereses. No existirá
conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos
que afecten al diputado en igualdad de condiciones a las de la
ciudadanía en general […]” (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

Y su artículo 56, literal e), de la segunda parte, lo siguiente:

“[…] Artículo 56. Conflicto de intereses. Todos los
diputados deberán declarar los conflictos de intereses que
pudieran surgir en ejercicio de sus funciones. Se entiende como
conflicto de interés una situación donde la discusión o votación

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de un proyecto de ordenanza, pueda resultar en un beneficio
particular, actual y directo a favor del diputado.
(…)

e) Cuando el diputado participa en la elección de otros
servidores públicos mediante el voto secreto. Se exceptúan los
casos en que se presenten inhabilidades referidas al parentesco
con los candidatos […]”

Aun así, estas circunstancias previstas por la legislación, no se
observan plasmadas en la conducta de la accionada, toda vez que no
se probó la omisión en la que se incurre cuando, en un asunto
sometido a su intervención, no se advierte ante el resto del órgano
político-administrativo al cual pertenece, la connivencia entre
intereses particulares, -ya sean de orden moral y/o económico-, y
los ineludibles intereses públicos que están obligados a proteger en
desarrollo de sus funciones públicas corporativas, en tanto que de
dicha concurrencia de intereses resulta afectado de alguna manera u
obtiene un provecho privado.

En este caso, tampoco existió un interés directo, particular y actual
del diputado, o de su cónyuge o compañero o compañera
permanente, o de alguno de sus parientes dentro del cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o de su
socio o socios de derecho o de hecho, de orden moral o económico,
en la postulación y designación como presidente de la corporación,
así como tampoco en la celebración de los referidos contratos
mientras fungió como tal.

Finalmente, respecto a la invocación de artículos de la ley
disciplinaria, la Sala reitera que, incluso desde la vigencia de la Ley

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200 de 28 de julio de 19958, Código Disciplinario Único anterior a la
Ley 734 de 5 de febrero de 20229, y ahora para la propia Ley 1952,
la infracción de las conductas y/o circunstancias previstas como
prohibidas o incompatibles en materia disciplinaria permanecen al
margen del estudio jurisdiccional del proceso de pérdida de
investidura10.

A través de sentencia de 4 de mayo de 201111, la Sección señaló que
“[…] el proceso de pérdida de investidura es ante todo de naturaleza
jurisdiccional y como tal se rige por las normas especiales que
consagran tanto su trámite como sus causales. Tan cierto es ello
que la Ley 734 de 2002 no consagró como sanción principal la
pérdida de la investidura, como sí lo hacía, de manera discutible,
la Ley 200 de 1995 en su artículo 29, numeral 9, lo que pone de
manifiesto que dicho proceso, por no ser del conocimiento de las
autoridades administrativas sino judiciales, no tiene la misma
connotación del que se regula en aquella y, por ende, no constituye
sanción dentro de éste […] Las normas previstas en la Ley 734
de 2002 están dirigidas al proceso disciplinario que, por su
naturaleza, difiere del de carácter jurisdiccional. De ahí que
no pueda afirmarse que tales preceptos deban tener

8
“[…] Por la cual se adopta el Código Disciplinario Único […]”.
9 “[…] Por la cual se expide el Código Disciplinario Único […]”.
10 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 7 de

marzo de 2002, número único de radicación 50001-23-31-000-2001-00346-01(7716) (PI),
consejero ponente Manuel Santiago Urueta Ayola; de 14 de marzo de 2002, número único de
radicación 50001-23-31-000-2001-00368-01(7715) (PI), consejero ponente Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo; de 17 de marzo de 2022, número único de radicación 17001-23-33-000-2021-
00136-01, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón; de 25 de marzo de 2022, número único
de radicación 44001-23-40-000-2021-00136-01, consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez;
y de 1o. de julio de 2022, número único de radicación 05001-23-33-000-2022-00262-01, consejera
ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
11 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de

mayo de 2011, número único de radicación 68001-23-31-000-2010-00713-01(PI), consejero
ponente Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

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aplicación preferente, pues no se está en presencia de dos
actuaciones de la misma naturaleza, ni mucho menos con las
mismas consecuencias sancionatorias […]” (Negrillas y subrayas
fuera de texto).

De igual forma, en sentencia de 31 de agosto de 201712, estableció
que “[…] en la actualidad, no está habilitada la invocación de
las incompatibilidades dispuestas en el artículo 39 del Código
Disciplinario Único como causales de pérdida de investidura
territorial por violación de dicho régimen […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto). En reciente providencia de 9 de septiembre
de 202113, determinó que debían “[…] reiterarse que los
precedentes de esta Sala que se prohíjan en esta oportunidad
han defendido la autonomía de la institución de pérdida de
investidura con otros regímenes, como el derecho
disciplinario, los cuales difieren no solo desde el punto de
vista de su naturaleza, sino también su objeto y las
finalidades que persiguen; esta no fue la intención del
constituyente de 1991 y, tampoco, del legislador, y además, por
tratarse de una limitación de los derechos políticos, las causales son
taxativas y no admiten interpretaciones extensivas o analógicas […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

12 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de

agosto de 2017, número único de radicación 08001-23-33-000-2016-00753-01(PI), consejero
ponente María Elizabeth García González.
13 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de

septiembre de 2021, número único de radicación 70001-23-33-000-2021-00014-01(PI), consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Es en este sentido que la Sala itera que las disposiciones contenidas
en el estatuto disciplinario, como lo son las de la Ley 195214, incluidas
no solo las que instituyen faltas, prohibiciones o causales
exonerativas, sino también, como en el caso concreto, que definen
los eventos de ‘ordenar el pago’ o ‘percibir remuneración oficial por
servicios no prestados’, no operan con fines de pérdida de investidura
por cuanto si bien ambos procesos implican la manifestación del
poder punitivo del Estado, responden a actuaciones autónomas de
distintas naturaleza y finalidad, -uno se desarrolla en sede
administrativa y otro en jurisdiccional-, no está previsto que la
inobservancia de las normas disciplinarias acarree la desinvestidura
de los corporados, y el principio de taxatividad que gobierna a este
proceso judicial no admite interpretaciones extensivas o analógicas
en el análisis de sus causales.

A ello se suma que, para la Sala, el hecho de que el numeral 6 del
artículo 48 de la Ley 617 prevea la procedencia de la pérdida de
investidura “[…] por las demás causales expresamente previstas en
la ley. […]”, como lo ha indicado esta Sección en otras oportunidades,
no implica que “[…] puedan hacerse interpretaciones extensivas o
por fuera de lo reglado en el ordenamiento jurídico […]”15.

Lo anterior, entonces, se constituye en otra razón más para
desvirtuar los cargos elevados en la solicitud de desinvestidura.

14 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 15 de mayo de 2025, número único de radicación 25000-2315-000-2024-00691-01,
consejero ponente Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Oswaldo Giraldo

López, sentencia de 8 de febrero de 2018), radicación número: 47001-23-33-000-2017-00081-
01(PI)

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Con fundamento en lo considerado, y al descartarse la configuración
del elemento objetivo de la causal de violación del régimen de
conflicto de intereses, la Sala confirmará la sentencia de 30 de julio
de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de 17 de octubre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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