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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2025-00956-01

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2025-00956-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 2 de marzo de 2026, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-15-000-2025-00956-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

28 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Pérdida de investidura
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00956-01
Accionante: Enrique Gómez Atuesta
Accionado: Iván Andrés Guzmán Vidal
Tema: Violación del régimen de incompatibilidades de los
concejales como causal de pérdida de investidura - reiteración
de jurisprudencia

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación presentado por el accionante contra la
sentencia de 2 de marzo de 2026, proferida por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud1

1. El señor Enrique Gómez Atuesta, en ejercicio del medio de control previsto en el
artículo 143 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20112, solicitó la pérdida de
investidura del señor Iván Andrés Guzmán Vidal, concejal del municipio de El
Colegio (Cundinamarca) para el período 2020-2023.

I.1.1.- Los hechos

2. Afirmó que el accionado, abogado de profesión, fue elegido concejal del municipio
de El Colegio para el período 2020-2023.

3. Indicó que su período como concejal culminó el 31 de diciembre de 2023 y que un
día después fue nombrado secretario de Gobierno y Desarrollo Institucional de ese
municipio, cargo del cual tomó posesión el 1 de enero de 2024.

I.1.2. La causal de pérdida de investidura

4. El accionante expuso que el accionado habría incurrido en la causal de pérdida
de investidura de violación del régimen de incompatibilidades prevista en el numeral
1. del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 20003.

1
Cfr. Índice 2, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250095600.
2
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.
3
“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley
Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. […]”.

2

Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00956-01
Accionante: Enrique Gómez Atuesta

5. Explicó que el accionado, al ser nombrado y haber tomado posesión del cargo de
secretario de Gobierno y Desarrollo Institucional del municipio de El Colegio,
desconoció lo previsto en el literal a) del numeral 1. del artículo 43 de la Ley 1952
de 28 de enero de 20194.

6. Expuso que la citada norma estableció como una incompatibilidad para
desempeñar cargos públicos para, entre otros, los concejales, desde el momento
de su elección y hasta doce (12) meses después del vencimiento de su período o
retiro del servicio, la consistente en intervenir en nombre propio o ajeno en asuntos,
actuaciones administrativas o actuación contractual en los cuales tenga interés el
departamento, distrito o municipio correspondiente, o sus organismos.

7. Aseguró que la ley, al disponer que quien fue concejal de un municipio no ocupe
o intervenga en la gestión de los asuntos del ente territorial, pretende cuidar la
objetividad de las designaciones y asuntos públicos.

8. Puso de presente que el accionado era abogado y tenía experiencia suficiente en
temas públicos, de tal forma que incurrió en la causal de pérdida de investidura de
manera intencional y pleno conocimiento.

I.2. Contestación de la solicitud de pérdida de investidura5

9. El accionado contestó la solicitud de pérdida de investidura y solicitó no acceder
a sus pretensiones.

10. Indicó que de las pruebas que obraban en el expediente se acreditaba que fue
concejal del municipio de El Colegio desde el 1° de enero de 2020 y hasta el 31 de
diciembre de 2023 y que el 1° de enero de 2024, esto es, al día siguiente de haber
dejado la curul de concejal, tomó posesión del cargo de secretario de Gobierno y
Desarrollo Institucional de ese municipio.

11. Analizó los requisitos que en su concepto son necesarios para la configuración
de la causal de pérdida de investidura.

12. Reiteró que culminó su período de concejal el 31 de diciembre de 2023, de tal
forma que el 1° de enero de 2024 ya no ostentaba la investidura cuya pérdida se
pretende despojar, por lo que no se cumpliría el requisito de “[…] ostentación de la
investidura […]”.

13. Indicó, en relación con la tipicidad de la conducta, que la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado y el Departamento Administrativo de la Función
Pública6 habrían sido enfáticos en señalar que la prohibición contenida en el literal

4
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones
de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario. […]”.
5
Cfr. Índice 13, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250095600.
6
Transcribió apartes de los conceptos números 033871 de 2024 y 080381 de 2022 y mencionó el concepto núm. 035781 de
2024.

3

Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00956-01
Accionante: Enrique Gómez Atuesta

a) del numeral 1. del artículo 43 de la Ley 1952 no va dirigida a proscribir el ejercicio
de un nuevo cargo dentro del mismo municipio en el cual fungió como concejal.

14. Aseveró que al no haberse satisfecho los primeros requisitos para la
configuración de la causal de pérdida de investidura no podía entenderse que había
actuado con dolo o mala fe.

15. Añadió que, con anterioridad a la toma de posesión en el cargo de secretario de
Gobierno y Desarrollo Institucional del municipio de El Colegio, revisó la
normatividad vigente y la interpretación autorizada de estas llegando a la conclusión
consistente en que no se encontraba en ninguna inhabilidad o incompatibilidad para
el ejercicio del cargo de secretario en la administración municipal.

I.3. La sentencia de primera instancia7

16. La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia
de 2 de marzo de 2026, resolvió:

“[…] PRIMERO: DENEGAR la solicitud de pérdida de investidura elevada por Enrique
Gómez Atuesta en contra de Iván Andrés Guzmán Vidal, por las razones expuestas.
[…]”(negrilla del texto).

17. Explicó que el problema jurídico que debía resolver en este medio de control era
el consistente en determinar:

“[…] si Iván Andrés Guzmán Vidal incurrió en la causal de pérdida de investidura
consagrada en el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 por incurrir en la
conducta establecida en el literal a) del numeral 1 de artículo 43 de la Ley 1952 de
2019, Código General Disciplinario. […]”

18. Señaló que sostendría la tesis consistente en que:

“[…] Iván Andrés Guzmán Vidal no incurrió en la causal de pérdida de investidura
consagrada en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 por incurrir en la
conducta establecida en el literal a) del numeral 1 de artículo 43 de la Ley 1952 de
2019, Código General Disciplinario. Por lo tanto, se negarán las pretensiones. […]”

19. Abordó el caso concreto y señaló que:

“[…]
• Las causales de pérdida de investidura son taxativas, por tanto, no es posible
hacer una interpretación extensiva o analógica.

• El artículo 43 de la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, estableció
conducta disciplinable una incompatibilidad para gobernadores, diputados,
alcaldes, concejales y ediles desde su elección y hasta doce (12) meses
después de finalizar el período, pero con fines disciplinarios, por tanto, no
pueden considerarse como una causal de pérdida de investidura.

7
Cfr. Índice 46, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250095600.

4

Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00956-01
Accionante: Enrique Gómez Atuesta

• La conducta alegada por el demandante, esto es, posesionarse en un empleo
público un día después de terminar el período constitucional de concejal en el
mismo municipio no es causal de pérdida de investidura. […]” (negrilla del
texto)

I.4. El recurso de apelación8

20. Elaccionante presentó recurso de apelación para que fuera revocada la
sentencia de 2 de marzo de 2026.

21. Adujo que no era cierto que por el solo hecho de que el demandado hubiere
cesado en su condición de concejal, la incompatibilidad haya desaparecido o se
haya transformado en una simple prohibición sin efectos en materia de pérdida de
investidura.

22. Afirmó que la limitación contenida en el artículo 43 de la Ley 1952 continuaba
restringiendo la posibilidad de intervenir en asuntos del mismo ente territorial
durante un período determinado, con el fin de salvaguardar la moralidad
administrativa y evitar la indebida continuidad en el ejercicio del poder.

23. Aseguró que la trasgresión de la mencionada disposición no podía estar
desprovista de consecuencias, por cuanto se vaciaría de contenido el régimen de
incompatibilidades y permitiría eludir la causal prevista en el artículo 48 de la Ley
617.

24. Indicó que estaba acreditado que el accionado, el 1° de enero de 2024, aceptó
el nombramiento y tomado posesión del cargo de secretario de Gobierno y
Desarrollo Institucional del mismo municipio en el que ejerció como concejal, por lo
que habría intervenido de manera directa en asuntos administrativos dentro del
período de incompatibilidad legalmente previsto.

25. Estimó que la conducta del accionado configuró la violación del régimen de
incompatibilidades, toda vez que “[…] implica el ejercicio de funciones públicas en
el mismo ámbito territorial respecto del cual la ley impone una restricción expresa,
razón por la cual la decisión de negar las pretensiones desconoce tanto los hechos
probados como el alcance jurídico de la causal alegada. […]”.

I.5. Trámite del recurso de apelación

26. El magistrado sustanciador en primera instancia mediante auto de 8 de abril de
20269, concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante en
contra de la sentencia de 2 de marzo de 202610.

8
Cfr. Índice 53, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250095600.
9
Cfr. Índice 56, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250095600.
10
El auto aludió por error a la sentencia de 23 de febrero de 2026.

5

Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00956-01
Accionante: Enrique Gómez Atuesta

27. En auto de 24 de abril de 202611 se admitió el recurso de apelación interpuesto
por la parte accionante y se ordenó correr traslado del citado proveído a la parte
accionada y al agente del Ministerio Público.

28. ElMinisterio Público intervino durante el término del traslado, a través del
concepto núm. 140-2612 en el cual solicitó la confirmación de la sentencia de primera
instancia.

29. Estimó que no se acreditó el elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura que sustentó la solicitud de la parte accionante e indicó que la conducta
del accionado no se subsumía de manera clara, expresa y taxativa en ninguna de
las causales de pérdida de investidura previstas para los concejales.

30. Explicó que el artículo 43 de la Ley 1952 consagraba una incompatibilidad
aplicable a los concejales desde el momento de su elección y hasta doce (12) meses
después de la finalización del período, no obstante, dicha disposición tenía una
finalidad estrictamente disciplinaria y no era susceptible de aplicación extensiva ni
analógica para efectos de decretar la pérdida de investidura.

31. Puso de presente que conforme a las pruebas que obraban en el expediente, en
contra del accionado se encontraba en trámite un proceso disciplinario ante la
Procuraduría General de la Nación a la cual le corresponde adoptar la decisión que
en derecho proceda, sin embargo, dicho comportamiento no está previsto como
causal de pérdida de investidura.

32. Manifestó que en la medida en que no se había configurado el elemento objetivo
de la causal de pérdida de investidura atribuida al accionado, no resultaba
procedente el análisis de la culpabilidad.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

33. Esta Sala de Decisión, con miras a resolver la presente controversia, abordará:
i) su competencia; ii) la acreditación de la condición de concejal respecto del
accionado; iii) el problema jurídico; y iv) los cargos formulados por el apelante contra
la sentencia de primera instancia.

II.1. La competencia

34. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para decidir esta
controversia en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 2. del artículo 48 de la Ley

11
Cfr. Índice 4, SAMAI.
12
Cfr. Índice 8, SAMAI.

6

Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00956-01
Accionante: Enrique Gómez Atuesta

617; en el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201913, expedido por
la Sala Plena de esta Corporación; y en el artículo 15014 de la Ley 1437.

II.2. La acreditación de la condición de concejal

35. Lacondición del accionado Iván Andrés Guzmán Vidal como concejal del
municipio de El Colegio para el período 2020-2023 se encuentra acreditada con la
copia del formulario E26 CON15 de la Registraduría Nacional del Estado Civil,
mediante el cual se declaró la elección de los concejales de ese municipio.

36. Se allegó al expediente igualmente copia de la Resolución núm. 001 de 1° de
enero de 202016, expedida por el presidente ad hoc del Concejo Municipal de El
Colegio mediante la cual se hizo constar que los concejales elegidos allí señalados,
entre los que se encuentra el accionado, tomaron posesión del cargo el día 1° de
enero de 2020.

37. También obra certificación expedida por la secretaria general del concejo de ese
municipio de 3 de julio de 202517 en la cual se indica que el accionado mediante
“[…] resolución N° 001 de enero de 2020 (…) fue posesionado como Concejal del
Honorable Concejo Municipal, para el periodo constitucional 2020-2023, además se
certifica que tuvo el cargo de primer vicepresidente en el año 2023. […]”.

38. Se precisa que la condición del accionado como concejal del municipio de El
Colegio, período 2020-2023, no fue objeto de cuestionamiento en el recurso de
apelación.

II.3. El problema jurídico

39. La Sala, una vez agotados los trámites propios de este medio de control sin que
se observe irregularidad o causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, y de
acuerdo con lo regulado en los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de
201218, aplicables por virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1881 de 15
de enero de 201819 y el artículo 306 de la Ley 1437, considera que el asunto que
debe resolver, siguiendo el recurso de apelación formulado por el accionante, se
contrae a determinar si debe revocarse la sentencia de 2 de marzo de 2026 proferida
por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante el cual se
negó la solicitud de pérdida de investidura del señor Iván Andrés Guzmán Vidal
como concejal del municipio de El Colegio para el período 2020-2023.

13
Modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67,
80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
14
Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021, “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en
materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. […]”.
15
Cfr. Índice 10, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250095600.
16
Cfr. Índice 2, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250095600.
17
Cfr. Índice 2, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250095600.
18
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”
19
“[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la doble
instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones. […]”

7

Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00956-01
Accionante: Enrique Gómez Atuesta

40. El apelante considera que debe accederse a la pérdida de la investidura del
accionado en la medida en que este desconoció el régimen de incompatibilidades
de los concejales, causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 1. del
artículo 48 de la Ley 617, al haber incurrido en la conducta descrita en el literal a)
del numeral 1. del artículo 43 de la Ley 1952, por haber sido nombrado y haber
tomado posesión del cargo de secretario de Gobierno y Desarrollo Institucional del
municipio de El Colegio el 1° de enero de 2024, esto es, un día después de haber
terminado su período como concejal del mismo municipio, con lo cual habría
intervenido en asuntos administrativos de ese ente territorial contra expresa
prohibición legal.

II.4. Los cargos formulados por el apelante en contra de la sentencia de
primera instancia

41. Elaccionante presentó recurso de apelación para que fuera revocada la
sentencia de 2 de marzo de 2026, argumentando que el hecho de que el accionado
hubiere cesado en su condición de concejal no hacía desaparecer la
incompatibilidad ni la transformaba en una prohibición sin efectos en materia de
pérdida de investidura.

42. Indicó que la limitación contenida en el artículo 43 de la Ley 1952 continuaba
restringiendo la posibilidad de intervenir en asuntos del mismo ente territorial
durante un período determinado, con la finalidad de salvaguardar la moralidad
administrativa y evitar la indebida continuidad en el ejercicio del poder.

43. Señaló que estaba acreditado que el accionado había aceptado el nombramiento
y tomado posesión del cargo de secretario de Gobierno y Desarrollo Institucional
del municipio de El Colegio el 1° de enero de 2024, por lo que habría intervenido de
manera directa en asuntos administrativos dentro del período de incompatibilidad
legalmente previsto.

44. Aseguró que la conducta del accionado configuró la violación del régimen de
incompatibilidades, puesto que esta implica el ejercicio de funciones públicas en el
mismo territorio respecto del cual la ley impone la restricción, por lo que negar la
solicitud desconocía los hechos probados y el alcance de la causal alegada.

45. Conforme a las pruebas que se encuentran en el expediente, se encuentra
acreditado que el señor Iván Andrés Guzmán Vidal fue elegido concejal del
municipio de El Colegio para el período 2020-202320 y que tomó posesión de este
cargo el 1° de enero de 202021.

46. Está probado que mediante la Resolución núm. 001 de 1 de enero de 2024 22,
expedida por el alcalde municipal de El Colegio (Cundinamarca), se nombró al

20
Cfr. Índices 2 y 10, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250095600.
21
Cfr. Índice 2, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250095600.
22
Cfr. Índice 2, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250095600.

8

Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00956-01
Accionante: Enrique Gómez Atuesta

accionado como secretario de Gobierno y Desarrollo Institucional de ese municipio,
cargo del cual tomó posesión ese mismo día, conforme a la copia del acta de
posesión23 que se encuentra en el expediente.

47. Se aportaron, igualmente, al expediente copias de la hoja de vida del
accionado24.

48. Se allegó al medio de control copia del expediente IUC-D-2024-3522407 / IUS-
E-2024-15139625, en el cual consta que se presentó queja disciplinaria en contra
del accionado por la presunta trasgresión de lo dispuesto en el literal a) del numeral
1. del artículo 43 de la Ley 1952.

49. El conocimiento de dicha queja disciplinaria correspondió a la procuradora
provincial de instrucción de Fusagasugá de la Procuraduría General de la Nación,
quien profirió i) auto de 5 de abril de 2024, mediante el cual abrió investigación
disciplinaria en contra del accionado; ii) auto de 7 de noviembre de 2024 a través
del cual se formuló pliego de cargos en contra del accionado; y iii) auto de 12 de
noviembre de 2024 en el cual remitió el expediente disciplinario a la Procuraduría
Provincial de Juzgamiento de Facatativá para que adelantara la etapa de
juzgamiento o “[…] la actuación que en derecho corresponda. […]”.

50. La procuradora provincial de juzgamiento de Facatativá, en auto de 15 de enero
de 2025, avocó el conocimiento del proceso disciplinario y fijó “[…] el juzgamiento
mediante JUICIO ORDINARIO […]”. No consta en el expediente disciplinario
remitido que se haya adoptado decisión de fondo.

51. Se resalta que el cargo formulado al accionado por parte de la procuradora
provincial de instrucción de Fusagasugá en el auto de 7 de noviembre de 2024 fue
el siguiente:

23
Cfr. Índice 2, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250095600.
24
Cfr. Índice 2, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250095600.
25
Cfr. Índice 33, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250095600.

9

Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00956-01
Accionante: Enrique Gómez Atuesta

“[…]

[…]”

52. La procuradora provincial de instrucción de Fusagasugá estimó que la
disposición en la que se señalaba el presunto deber omitido por el accionado era la
siguiente:

“[…]

[…]”

53. Se precisa que el accionante le atribuye al accionado la violación del régimen de
incompatibilidades de los concejales, causal de pérdida de investidura prevista en
el numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617, que al tenor dispone:

“[…] Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y
distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales
perderán su investidura: (…) 1. Por violación del régimen de incompatibilidades o
del de conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de
considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a
las de la ciudadanía en general. […]” (negrilla y subrayado fuera del texto)

10

Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00956-01
Accionante: Enrique Gómez Atuesta

54. El accionante afirma que el accionado violó el régimen de incompatibilidades de
los concejales por incurrir en la conducta prevista en el literal a) del numeral 1. del
artículo 43 de la Ley 1952, cuyo contenido es el siguiente:

“[…] ARTÍCULO 43. OTRAS INCOMPATIBILIDADES. Además, constituyen
incompatibilidades para desempeñar cargos públicos, las siguientes:

1. Para los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de las juntas
administradoras locales, en el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdicción, desde
el momento de su elección y hasta doce meses después del vencimiento de su
período o retiro del servicio:

a) Intervenir en nombre propio o ajeno en asuntos, actuaciones administrativas
o actuación contractual en los cuales tenga interés el departamento, distrito o
municipio correspondiente, o sus organismos; […]” (negrilla y subrayado fuera del
texto)

55. Las decisiones judiciales de la Sección Primera del Consejo de Estado 26 han
considerado que:

“[…] resulta improcedente fundamentar causales de pérdida de investidura en
disposiciones de naturaleza disciplinaria, como lo es la Ley 1952, modificada
parcialmente por la Ley 2094, mediante la cual se expidió el Código General
Disciplinario, norma que derogó, parcialmente, la Ley 734 de 5 de febrero de 200227.
[…]”28 (negrilla y subrayado fuera de texto)

26
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 17 de octubre de 2025.
Consejera ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Radicación núm.: 47001 23 33 000 2025 00134 01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 4 de septiembre de 2025.
Consejera ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Radicación núm.: 50001 23 33 000 2024 00388 011 (acumulado 50001 23
33 000 2025 00003 00).
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de mayo de 2025. Consejero
ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Radicación núm.: 25000 23 15 000 2024 00691 01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 13 de marzo de 2025. Consejero
ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Radicación núm.: 05001 23 33 000 2024 01006 01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de febrero de 2025. Consejera
ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Radicación núm.: 47001 23 33 000 2024 00324 01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 1 de julio de 2022. Consejera
ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Radicación núm.: 05001 23 33 000 2022 00262 01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 25 de marzo de 2022. Consejero
ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Radicación núm.: 44001 23 40 000 2021 00136 01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 9 de septiembre de 2021.
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Radicación núm.: 70001 23 33 000 2021 00014 01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 8 de febrero de 2018. Consejero
ponente: Oswaldo Giraldo López. Radicación núm.: 47001 23 33 000 2017 00081 01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 13 de julio de 2017. Consejero
ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Radicación núm.: 66001 23 33 000 2016 00361 01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 23 de junio de 2017. Consejero
ponente (E1): Roberto Augusto Serrato Valdés. Radicación núm.: 88001 23 33 000 2016 00075 01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Consejera
ponente: María Elizabeth García González. Radicación núm.: 08001-23-33-000-2016-00753-01(PI).
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 4 de mayo de 2011. Consejero
ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Radicación núm.: 08001-23-33-000-2016-00753-01(PI).
27
“[…] Por la cuál se expide el Código Disciplinario Único. […]”.
28
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 13 de marzo de 2025.
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Radicación núm.: 05001 23 33 000 2024 01006 01.

11

Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00956-01
Accionante: Enrique Gómez Atuesta

56. En efecto, la Sala29 precisó que:

“[…] V.2.- El régimen de inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades,
conflicto de intereses, faltas disciplinarias y demás prohibiciones establecidas
en el Código Disciplinario Único, no opera con fines de pérdida de investidura

La Sección Primera de esta Corporación ha considerado incluso desde la vigencia de
la Ley 200 de 28 de julio de 199530, Código Disciplinario Único anterior a la Ley 734,
que la infracción de aquellas conductas y/o circunstancias previstas como prohibidas
o incompatibles en materia disciplinaria se mantienen al margen del estudio
jurisdiccional del proceso de pérdida de investidura31.

A través de sentencia de 4 de mayo de 201132, señaló que “[…] el proceso de pérdida
de investidura es ante todo de naturaleza jurisdiccional y como tal se rige por las
normas especiales que consagran tanto su trámite como sus causales. Tan cierto es
ello que la Ley 734 de 2002 no consagró como sanción principal la pérdida de
la investidura, como sí lo hacía, de manera discutible, la Ley 200 de 1995 en su
artículo 29, numeral 9, lo que pone de manifiesto que dicho proceso, por no ser del
conocimiento de las autoridades administrativas sino judiciales, no tiene la misma
connotación del que se regula en aquella y, por ende, no constituye sanción dentro
de éste […] Las normas previstas en la Ley 734 de 2002 están dirigidas al
proceso disciplinario que, por su naturaleza, difiere del de carácter
jurisdiccional. De ahí que no pueda afirmarse que tales preceptos deban tener
aplicación preferente, pues no se está en presencia de dos actuaciones de la
misma naturaleza, ni mucho menos con las mismas consecuencias
sancionatorias […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

De igual forma, en sentencia de 31 de agosto de 201733, estableció que “[…] en la
actualidad, no está habilitada la invocación de las incompatibilidades
dispuestas en el artículo 39 del Código Disciplinario Único como causales de
pérdida de investidura territorial por violación de dicho régimen […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

En reciente sentencia de 9 de septiembre de 202134, consideró que debían “[…]
reiterarse que los precedentes de esta Sala que se prohíjan en esta oportunidad
han defendido la autonomía de la institución de pérdida de investidura con otros
regímenes, como el derecho disciplinario, los cuales difieren no solo desde el
punto de vista de su naturaleza, sino también su objeto y las finalidades que
persiguen; esta no fue la intención del constituyente de 1991 y, tampoco, del
legislador, y además, por tratarse de una limitación de los derechos políticos,
las causales son taxativas y no admiten interpretaciones extensivas o
analógicas […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

29
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 1 de julio de 2022. Consejera
ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Radicación núm.: 05001 23 33 000 2022 00262 01.
30
Por la cual se adopta el Código Disciplinario Único.
31
Consejo de estado [sic], Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 7 de marzo de 2002, número
único de radicación 50001-23-31-000-2001-00346-01(7716) (PI), consejero ponente Manuel Santiago Urueta Ayola; de 14 de
marzo de 2002, número único de radicación 50001-23-31-000-2001-00368-01(7715) (PI), consejero ponente Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo; y de 25 de marzo de 2022, número único de radicación 44001-23-40-000-2021-00136-01, consejero
ponente Hernando Sánchez Sánchez.
32
Consejo de estado [sic], Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de mayo de 2011, número
único de radicación 68001-23-31-000-2010-00713-01(PI), consejero ponente Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
33
Consejo de estado [sic], Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017,
número único de radicación 08001-23-33-000-2016-00753-01(PI), consejero ponente María Elizabeth García González.
34
Consejo de estado [sic], Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de septiembre de 2021,
número único de radicación 70001-23-33-000-2021-00014-01(PI), consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.

12

Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00956-01
Accionante: Enrique Gómez Atuesta

Es en este sentido que la Sala reitera que las disposiciones contenidas en el estatuto
disciplinario, entre ellas las invocadas en la solicitud del asunto bajo examen, -artículo
39, numeral 1, literal b), de la Ley 734-, no operan con fines de pérdida de investidura
de concejales, por cuanto, si bien ambos procesos implican la manifestación del poder
punitivo del Estado, responden a actuaciones autónomas de distinta naturaleza y
finalidad, uno se desarrolla en sede administrativa y otro en jurisdiccional, no está
previsto que la inobservancia de las normas disciplinarias acarreen la desinvestidura
de los corporados, y el principio de taxatividad que gobierna a este proceso judicial
no admite interpretaciones extensivas o analógicas en el análisis de sus causales.
[…]” (negrillas y subrayado del texto)

57. Asimismo, en sentencia de 15 de mayo de 202535, la Sala reiteró que:

“[…] 79. La Sección Primera del Consejo de Estado, ha sostenido de manera uniforme
una postura según la cual las normas de naturaleza disciplinaria, como las previstas
en la Ley 1952 no son causales de pérdida de investidura, lo cual se justifica en razón
a la autonomía que persiguen ambas disciplinas.

80. La acción disciplinaria busca que la conducta de los servidores públicos se ajuste
a “[…] los postulados del deber ser de sus funciones, a fin de garantizar la mejor
prestación del servicio público […]36”, mientras que el juicio sancionatorio de pérdida
de investidura es de naturaleza jurisdiccional que juzga la inobservancia al catálogo
de conductas que deben observar los servidores públicos de elección popular en
razón de la investidura que ostentan. Así las cosas, se relacionan las providencias
que han reafirmado esta tesis37:

(…)

81. Según los antecedentes jurisprudenciales citados supra, resulta improcedente
fundamentar causales de pérdida de investidura en disposiciones de naturaleza
disciplinaria, como lo es la Ley 1952, mediante la cual se expidió el Código General
Disciplinario, toda vez que no está prevista como una causal de pérdida de investidura
de los concejales, interpretación que se acompasa con los principios pro homine y de
la proscripción de la aplicación extensiva o de la analogía, los cuales cobran especial
relevancia si se tiene en cuenta que se trata de una sanción que tiene como
consecuencia la imposibilidad del servidor público de ejercer sus derechos políticos a
futuro y a perpetuidad.

35
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de mayo de 2025.
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Radicación núm.: 25000 23 15 000 2024 00691 01.
36
Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo [sic], Sección Primera, CP: Martha Sofia Sanz Tobón, sentencia
de 25 de septiembre de 2008, radicado núm.: 73001-23-31-000-2008-00085-01 (PI)
37
Se citaron en su parte pertinente las siguientes sentencias:
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 13 de marzo de 2025. Consejero
ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Radicación núm.: 05001 23 33 000 2024 01006 01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de febrero de 2025. Consejera
ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Radicación núm.: 47001 23 33 000 2024 00324 01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 1 de julio de 2022. Consejera
ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Radicación núm.: 05001 23 33 000 2022 00262 01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 9 de septiembre de 2021.
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Radicación núm.: 70001 2333 000 2021 00014 01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 8 de febrero de 2018. Consejero
ponente: Oswaldo Giraldo López. Radicación núm.: 47001 23 33 000 2017 00081 01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 13 de julio de 2017. Consejero
ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Radicación núm.: 66001 23 33 000 2016 00361 01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 23 de junio de 2017. Consejero
ponente (E1): Roberto Augusto Serrato Valdés. Radicación núm.: 88001 23 33 000 2016 00075 01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Consejera
ponente: Martha Sofía Sanz de Tobón. Radicación núm.: 63001 23 31 000 2007 00148 01(PI).

13

Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00956-01
Accionante: Enrique Gómez Atuesta

82. Para la Sala, el hecho de que el numeral 6.° del artículo 48 de la Ley 617, señale
que procede la pérdida de investidura “[…] por las demás causales expresamente
previstas en la ley. […]”, como lo ha indicado esta Sección en otras oportunidades, no
implica que “[…] puedan hacerse interpretaciones extensivas o por fuera de lo reglado
en el ordenamiento jurídico. […]38”. […]”

58. De esta manera, si bien la situación expuesta por la parte accionante podría
constituir falta disciplinaria, no esta prevista como una incompatibilidad para los
concejales que permita el ejercicio del medio de control de pérdida de investidura.

59. Las incompatibilidades de los concejales se encuentran previstas,
principalmente, en los artículos 45, 46 y 47 de la Ley 136, así:

“[…] ARTICULO 45. INCOMPATIBILIDADES: Los concejales no podrán:

(…)

2. Ser apoderado ante las entidades públicas del respectivo municipio o ante las
personas que administren tributos procedentes del mismo, o celebrar con ellas, por sí
o por interpuesta persona, contrato alguno, con las excepciones que más adelante se
establecen.

3. Ser miembros de juntas o consejos directivos de los sectores central o
descentralizado del respectivo municipio, o de instituciones que administren tributos
procedentes del mismo.

4. Celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de
derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos procedentes
del respectivo municipio o sean contratistas del mismo o reciban donaciones de éste.

5º. Ser representantes legales, miembros de juntas o consejos directivos, auditores o
revisores fiscales, empleados o contratistas de empresas que presten servicios
públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo municipio39.

PARAGRAFO 1º. Se exceptúa del régimen de incompatibilidades el ejercicio de la
cátedra.

PARAGRAFO 2º. El funcionario público municipal que nombre a un concejal para un
empleo o cargo público o celebre con él un contrato o acepte que actúe como gestor
en nombre propio o de terceros, en contravención a lo dispuesto en el presente
artículo, incurrirá en causal de mala conducta.

ARTICULO 46. EXCEPCIONES: Lo dispuesto en los artículos anteriores no obsta
para que los concejales puedan ya directamente o por medio de apoderado, actuar
en los siguientes asuntos:

a) En las diligencias o actuaciones administrativas y jurisdiccionales en las cuales
conforme a la ley, ellos mismos, su cónyuge, sus padres o sus hijos, tengan interés;

b) Formular reclamos por el cobro de impuestos, contribuciones, tasas y de multas
que graven a las mismas personas;

38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Oswaldo Giraldo López, sentencia de 8
de febrero de 2018), radicación número: 47001-23-33-000-2017-00081-01(PI).
39
Adicionado por el artículo 41 de la Ley 617.

14

Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00956-01
Accionante: Enrique Gómez Atuesta

c) Usar los bienes y servicios que las entidades oficiales de cualquier clase, las
prestadoras de servicios públicos domiciliarios y de seguridad social ofrezcan al
público, bajo condiciones comunes a todos los que lo soliciten40.

d) Ser apoderados o defensores en los procesos que se ventilen ante la Rama
Jurisdiccional del Poder Público. Sin embargo, los concejales durante su período
Constitucional no podrán ser apoderados ni peritos en los procesos de toda clase que
tengan por objeto gestionar intereses fiscales o económicos del respectivo municipio,
los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del orden
municipal y las sociedades de economía mixta en las cuales las mismas entidades
tengan más del cincuenta por ciento (50%) del capital.

Artículo 47. Duración de las incompatibilidades41. Las incompatibilidades de los
concejales municipales y distritales, tendrán vigencia hasta la terminación del período
constitucional respectivo. En caso de renuncia se mantendrán durante los seis (6)
meses siguientes a su aceptación, si el lapso que faltare para el vencimiento del
período fuere superior.

Quien fuere llamado a ocupar el cargo de concejal, quedará sometido al mismo
régimen de incompatibilidades a partir de su posesión. […]”

60. Laspruebas allegadas al medio de control muestran que la conducta del
accionado está siendo evaluada por la autoridad que conforme a la ley le
corresponde el juzgamiento de las faltas disciplinarias, en este caso, la Procuraduría
General de la Nación, de tal forma que el cargo formulado por el apelante no tiene
vocación de prosperidad.

61. La parte apelante, conforme a lo expuesto, no acreditó el elemento objetivo de la
causal de pérdida de investidura por violación del régimen de incompatibilidades de
los concejales, por lo que no resulta procedente analizar el elemento subjetivo de
culpabilidad.

II.5. Conclusión

62. La Sala concluye que la parte apelante no logró acreditar la presencia de los
elementos objetivo y subjetivo de la violación del régimen de incompatibilidades de
los concejales, causal de pérdida de investidura establecida en el numeral 1. del
artículo 48 de la Ley 617, y en consecuencia, confirmará la sentencia de 2 de marzo
de 2026, mediante la cual la Sala Plena del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó la solicitud de pérdida de investidura presentada en contra del
señor Iván Andrés Guzmán Vidal, concejal del municipio de El Colegio para el
período 2020-2023.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

40
Modificado por el artículo 42 de la Ley 617.
41
Modificado por el artículo 43 de la Ley 617.

15

Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00956-01
Accionante: Enrique Gómez Atuesta

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 2 de marzo de 2026, proferida por la Sala
Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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