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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-33-000-2024-00324-01

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-33-000-2024-00324-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada. SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 47001-23-33-000-2024-00324-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

20 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 470012333000202400324011
Recurso de apelación contra la sentencia de 8 de noviembre de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena
Solicitante: MIGUEL IGNACIO MARTÍNEZ OLANO

TESIS: CONSUEGRO DE CONCEJAL NO ESTÁ DENTRO DE LOS PARIENTES
CUYOS ASUNTOS LE GENEREN UN CONFLICTO DE INTERESES A ESTE ÚLTIMO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el solicitante
contra la sentencia de 8 de noviembre de 2024, proferida por la Sala
Plena del Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la cual
denegó la pérdida de investidura del señor PEDRO MANUEL GÓMEZ
AÑEZ, concejal del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa
Marta, -en adelante Distrito de Santa Marta-, por hechos ocurridos
dentro del período constitucional 2024-2027.

I.- ANTECEDENTES

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las

providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta
sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.

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Número único de radicación: 47001 23 33 000 2024 00324 01
Solicitante: MIGUEL IGNACIO MARTÍNEZ OLANO

I.1.- El ciudadano MIGUEL IGNACIO MARTÍNEZ OLANO,
actuando en nombre propio, solicitó decretar la pérdida de
investidura del señor PEDRO MANUEL GÓMEZ AÑEZ, concejal del
Distrito de Santa Marta, por hechos sucedidos dentro del período
constitucional 2024-2027, al considerar que incurrió en la causal
prevista en los artículos 55, numeral 2, de la Ley 136 de 2 de junio
de 19942, y 48, numeral 1, de la Ley 617 de 6 de octubre de 20003,
en concordancia con el artículo 44 de la Ley 1952 de 28 de enero de
20194, esto es por violación al régimen de conflicto de intereses,
luego de votar las proposiciones que pretendían citar a su consuegro,
el señor ÁNGEL CUSTODIO FLÓREZ SÁNCHEZ, representante
legal de la IGLESIA CENTRO BÍBLICO INTERNACIONAL
EMANUEL, a sesiones de control político en torno al contrato de
prestación de servicios educativos núm. 063 de 2024, celebrado
entre ésta y el Distrito de Santa Marta. De igual forma, por los
mismos hechos, alegó configurada la inhabilidad establecida en el
artículo 43, numeral 4, de la Ley 136.

I.2.- En apoyo de su pretensión el solicitante explicó, en síntesis,
que el Distrito de Santa Marta suscribió el contrato de prestación de
servicios educativos núm. 063 de 2024 con la IGLESIA CENTRO
BÍBLICO INTERNACIONAL EMANUEL, representada legalmente
por el señor ÁNGEL CUSTODIO FLÓREZ SÁNCHEZ, por valor de
$7.951.876.942, cuyo objeto fue la contratación de promoción e
implementación de estrategias de desarrollo pedagógico con iglesias

2 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de

los municipios […]”.
3 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de

1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional […]”.
4 “[…] Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y

algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario […]”.

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Solicitante: MIGUEL IGNACIO MARTÍNEZ OLANO

y confesiones religiosas en las Instituciones Educativas Distritales
ALUNA y QUINTO CENTENARIO.

Indicó que el señor ÁNGEL CUSTODIO FLÓREZ SÁNCHEZ es el
padre del señor JONATHAN DAVID FLÓREZ SALOMÓN, quien está
casado con la hija del concejal PEDRO MANUEL GÓMEZ AÑEZ, esto
es la señora DANNEY LOREINY GÓMEZ ANGULO, es decir que el
accionado y el represente legal de la IGLESIA CENTRO BÍBLICO
INTERNACIONAL EMANUEL, son consuegros.

Sostuvo que el accionado negó las proposiciones núms. 216 de 8 de
julio y 228 de 12 de julio de 2024, elevadas por el concejal WISTON
MANUEL VARGAS CORVACHO para citar al representante legal de
la IGLESIA CENTRO BÍBLICO INTERNACIONAL EMANUEL,
señor ÁNGEL CUSTODIO FLÓREZ SÁNCHEZ, en ejercicio del
control político del contrato de prestación de servicios educativos
núm. 063 de 2024, celebrado entre aquella y el Distrito de Santa
Marta, lo que lo hizo incurrir en violación del régimen de conflicto de
intereses, así como el de ‘inhabilidades e incompatibilidades’.

I.3.- El concejal, por intermedio de apoderado judicial, contestó la
solicitud de pérdida de investidura con la que se opuso a su
pretensión, para lo cual manifestó, en síntesis, que el actor presentó
una solicitud de desinvestidura que carece de fundamentos al señalar
hechos contrarios a la realidad, esto es que tiene un parentesco con
el representante legal de una entidad contratante del Distrito de
Santa Marta, pues no es cierto que él y el señor ÁNGEL CUSTODIO
FLÓREZ SÁNCHEZ se encuentren dentro del segundo grado de
afinidad.

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Solicitante: MIGUEL IGNACIO MARTÍNEZ OLANO

Aclaró que, según las pruebas aportadas el proceso, se puede
comprobar que su compañera permanente es la señora PAULETTE
YISETH RODRÍGUEZ QUINTERO, de tal forma que sus parientes
por afinidad legítima son los padres y hermanos de ella, quienes
vendrían a ser sus suegros y cuñados.

Mencionó que la tesis del accionante no guarda ninguna relación con
la norma que prevé dicha causal de pérdida de investidura, toda vez
que pretende enmarcar dichas actuaciones como actos irregulares o
ilegales a partir de un parentesco inexistente, lo que evidencia una
conducta temeraria al inobservarse la Constitución Política y la Ley,
propiciando litigios innecesarios e inocuos o fraudulentos como el
actual.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El a quo, mediante sentencia de 8 de noviembre de 2024, denegó la
pérdida de investidura del señor PEDRO MANUEL GÓMEZ AÑEZ,
concejal del Distrito de Santa Marta, para lo cual sostuvo que el
artículo 44 de la Ley 1952 dispone que los servidores públicos
deberán declararse impedidos para actuar en los asuntos en los que
les asista un interés particular directo o a su cónyuge, compañero o
compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su
socio o socios de hecho o de derecho, lo cual está en concordancia
con lo previsto en el artículo 70 de la Ley 136.
Indicó que a través del registro civil de nacimiento con indicativo
serial núm. 14588247, se acreditó que el accionado es padre de la

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Solicitante: MIGUEL IGNACIO MARTÍNEZ OLANO

señora DANNEY LOREINY GÓMEZ ÁNGULO, y fue aceptado por
este que ella está casada con el señor JONATHAN DAVID FLÓREZ
SALOMÓN, quien a su vez es hijo del señor ÁNGEL CUSTODIO
FLÓREZ SÁNCHEZ, conforme consta en el registro civil de
nacimiento con indicativo serial núm. 61757985.

Mencionó que está probado que el Distrito de Santa Marta suscribió
el contrato núm. 063 de 2024 “[…] Para la contratación de promoción
e implementación de estrategia de desarrollo pedagógico con iglesias
y confesiones religiosas de la I.D.E. Aluna y la I.E.D. Quinto
Centenario […]”, con el representante legal de la IGLESIA CENTRO
BÍBLICO INTERNACIONAL EMANUEL, señor ÁNGEL CUSTODIO
FLÓREZ SÁNCHEZ.

Concluyó que como el solicitante fundamentó su pretensión de
desinvestidura en el presunto vínculo de afinidad que existe entre
DANNEY LOREINY GÓMEZ ÁNGULO, -hija del concejal-, y su
suegro ÁNGEL CUSTODIO FLÓREZ SÁNCHEZ, no se encuentra
configurado el conflicto de intereses, pues la relación existente entre
los mencionados consuegros no abarca ninguno de los grados de
parentesco establecidos en la norma. Y que, como en tal sentido, el
segundo grado de afinidad se predica de los parientes consanguíneos
de la compañera permanente del accionado, que no de los parientes
consanguíneos de su yerno, debía denegarse la solicitud de pérdida
de investidura al no acreditarse el conflicto de intereses ni la
inhabilidad del artículo 43, numeral 3, de la Ley 136.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO

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Solicitante: MIGUEL IGNACIO MARTÍNEZ OLANO

El solicitante interpuso recurso de apelación en el cual pretende que
se revoque la sentencia de 8 de noviembre de 2024 y, en su lugar,
se decrete la pérdida de investidura, para lo cual indica que el
Tribunal no hizo un estudio de fondo y acertado al problema jurídico
planteado, sino que solo limitó su análisis a establecer la afinidad
entre el contratista y el concejal, pero no sobre el interés directo que
tenía su hija con el contratista, teniendo en cuenta que el artículo 44
de la Ley 1952 prevé que el concejal debe declararse impedido para
actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo o lo
tuviere su cónyuge, o algunos de sus parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad.

Sostiene que, en segunda instancia, corresponde resolver el
problema jurídico que no fue abordado por el Tribunal, a fin de
determinar si el concejal debía declararse impedido para negar las
proposiciones de hacerle control político al contrato del suegro de su
hija, y no solamente si tenía afinidad con el contratista.

Menciona que en la solicitud de desinvestidura se puede observar que
la causal está fundada en el artículo 44 de la Ley 1952, tendiente a
cuestionar el vínculo y el interés que existe entre la hija del concejal
y el contratista, así: “[…] quien es suegro de su hija y se encuentra
en segundo grado de afinidad […]”; y que, sin embargo, en su
contestación, el concejal indujo en error a los magistrados al centrar
su discusión solo en la afinidad, resaltando que él no la tiene con su
consuegro, pero desconociendo que la solicitud se refiere al segundo
grado de afinidad en la que se encuentra su hija con relación a su
suegro, contratista que celebró un contrato por más de siete millones
de pesos.

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Agrega que no se tuvo en cuenta el precedente reciente de la Sección
Primera del Consejo de Estado, sentencia de 26 de septiembre de
2024, número único de radicación 05001233300020240023701,
consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.

IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN

IV.1.- El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,
numeral 3, de la Ley 1881 de 15 de enero de 20185, fue descorrido
por el concejal mediante escrito en el que, luego de elaborar un
resumen de las actuaciones relevantes, aduce que el solicitante está
planteando ahora que la ‘incompatibilidad’ se predica por el interés
directo de su hija en el Contrato núm. 063 de 2024 celebrado por la
Alcaldía distrital de Santa Marta, por lo que solicita que se estudien
y comparen la solicitud, el proceso, las manifestaciones expresas del
actor en las audiencias, y con el escrito de apelación.

Menciona que la actuación del solicitante es temeraria y de mala fe,
y reitera que en el presente caso no hubo un interés particular y
directo en el asunto, en tanto la interpretación de las causales de
pérdida de investidura son de carácter restrictivo.

Por último, solicita que se condene en costas al actor.

IV.2.- Por su parte, el agente del Ministerio Público guardó silencio
en esta instancia.

5 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se

consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.

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V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer, en los precisos términos del
recurso de apelación, en consonancia con el escrito de la solicitud
inicial, si el concejal del Distrito de Santa Marta, señor PEDRO
MANUEL GÓMEZ AÑEZ, incurrió en la causal prevista en los
artículos 55, numeral 2, de la Ley 136, y 48, numeral 1, de la Ley
617, en concordancia con los artículos artículo 44 de la Ley 1952 y
70 de la Ley 136, esto es por violación del régimen de conflicto de
intereses, al votar las proposiciones que pretendían citar a su
consuegro, el señor ÁNGEL CUSTODIO FLÓREZ SÁNCHEZ,
representante legal de la IGLESIA CENTRO BÍBLICO
INTERNACIONAL EMANUEL, a sesiones de control político en torno
al contrato de prestación de servicios educativos núm. 063 de 2024,
celebrado entre esta y el Distrito de Santa Marta. De igual forma, por
los mismos hechos, si se configuró la inhabilidad establecida en el
artículo 43, numeral 4, de la Ley 136.

V.2.- Del caso concreto

La Sala, con fundamento en el acervo probatorio allegado al proceso6
y que guarda estrecha relación con el asunto a resolver en esta
instancia, pudo verificar que:

El señor PEDRO MANUEL GÓMEZ AÑEZ fue elegido concejal del
Distrito de Santa Marta, por el Partido Alianza Social Independiente,

6 Tal como fue advertido al inicio de esta providencia, todas las pruebas recaudadas en el proceso

reposan en el en el sistema para la gestión judicial SAMAI.

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ASI, para el período constitucional 2024-2027, según se desprende
del Formulario E-26 CON de 25 de noviembre de 2023, expedido por
los miembros de la Comisión Escrutadora de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.

Permanece probado, sin controversia alguna, que el accionado es
padre de la señora DANNEY LOREINY GÓMEZ ÁNGULO, -registro
civil de nacimiento con indicativo serial núm. 14588247-; y que el
señor ÁNGEL CUSTODIO FLÓREZ SÁNCHEZ, es el padre del señor
JONATHAN DAVID FLÓREZ SALOMÓN, -registro civil de
nacimiento con indicativo serial núm. 61757985-.

A su vez, que el concejal nunca controvirtió la aseveración del
solicitante, respecto de la cual su hija DANNEY LOREINY GÓMEZ
ÁNGULO está casada con el señor JONATHAN DAVID FLÓREZ
SALOMÓN, hijo de ÁNGEL CUSTODIO FLÓREZ SÁNCHEZ, quien,
como representante legal de la IGLESIA CENTRO BÍBLICO
INTERNACIONAL EMANUEL, celebró con el Distrito de Santa Marta
el contrato de prestación de servicios educativos núm. 063 de 2024,
allegado al expediente, por valor de $7.951.876.942, cuyo objeto fue
la “[…] contratación de promoción e implementación de estrategia de
desarrollo pedagógico con iglesias y confesiones religiosas de la
I.D.E. Aluna y la I.E.D. Quinto Centenario […]”.

Se recuerda que en la presente solicitud se endilga la configuración
de la causal de pérdida de investidura prevista en los artículos 55,
numeral 2, de la Ley 136, y 48, numeral 1, de la Ley 617, así:

“[…] Ley 136, artículo 55. Pérdida de la investidura de
concejal. Los concejales perderán su investidura por:

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(...)
2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades
o de conflicto de intereses [...]” (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

“[...] Ley 617, artículo 48.- Pérdida de investidura de
diputados, concejales municipales y distritales y de
miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas
administradoras locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de
conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses
cuando se trate de considerar asuntos que afecten al
concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la
ciudadanía en general […]” (Resaltado fuera del texto original).

En este sentido, el artículo 70 de la Ley 136 previó, en cuanto al
conflicto de intereses de concejales, la siguiente definición
conceptual que instruye la aplicación de esa figura:

“[…] Artículo 70.- Conflicto de interés. Cuando para los
concejales exista interés directo en la decisión porque le
afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o
compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho,
deberá declararse impedido de participar en los debates o
votaciones respectivas.

Los concejos llevarán un registro de intereses privados en el cual los
concejales consignarán la información relacionada con su actividad
económica privada. Dicho registro será de público conocimiento.
Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de una causal de
impedimento de algún concejal, que no se haya comunicado a la
respectiva corporación, podrá recusarlo ante ella […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

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A su vez, el artículo 11, numeral 1, de la Ley 1437 de 18 de enero
de 20117, en cuanto al conflictos de interés, determina lo siguiente:

“[...] Artículo 11. Conflictos de interés y causales de
impedimento y recusación. Cuando el interés general propio
de la función pública entre en conflicto con el interés
particular y directo del servidor público, este deberá
declararse impedido. Todo servidor público que deba
adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar
investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones
definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su
impedimento por:

1. Tener interés particular y directo en la regulación, gestión,
control o decisión del asunto, o tenerlo su cónyuge,
compañero o compañera permanente, o alguno de sus
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de
hecho o de derecho [...]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Precisado lo anterior, y antes de cualquier análisis relacionado con su
intervención durante las sesiones del Concejo Distrital de Santa
Marta, la Sala advierte, tal como lo hizo el Tribunal, que no está
probado el vínculo exigido por los artículos 70 de la Ley 136 y 11,
numeral 1, de la Ley 1437, toda vez que entre el concejal PEDRO
MANUEL GÓMEZ AÑEZ y el contratista ÁNGEL CUSTODIO
FLÓREZ SÁNCHEZ no existe parentesco alguno por su condición de
consuegros, lo que de inmediato descarta la hipótesis del solicitante,
según la cual esa sola circunstancia le impedía abordar asuntos
derivados de la ejecución del referido contrato de prestación de
servicios educativos núm. 063 de 2024.

Quien sí ostenta parentesco en primer grado de afinidad legítima, en
línea recta ascendiente, -en los términos de los artículos 43 y 42 del

7 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo […]”.

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Código Civil-, con el presentante legal de la entidad contratista, señor
ÁNGEL CUSTODIO FLÓREZ SÁNCHEZ, es la señora DANNEY
LOREINY GÓMEZ ÁNGULO, toda vez que él es su suegro, es el
padre de su esposo. Sin embargo, sobre ella no recae la solicitud de
pérdida de investidura pues no tiene la calidad de concejal y, por lo
mismo, al no ser parte en este proceso, no resulta procedente el
examen de las referidas causales a partir de los hechos narrados por
el solicitante.

En este punto debe destacarse que el interés directo, particular y
actual debe predicarse expresamente del concejal, o de su cónyuge
o compañero o compañera permanente, o de alguno de los parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
primero civil, o de su socio o socios de derecho o de hecho pero, en
todo caso, del concejal como sujeto pasivo de la acción de pérdida
de investidura; y bajo circunstancia alguna, la norma prevé extender
el análisis del interés censurado por las previsiones legales, como lo
propone el apelante, también a los parientes de sus parientes, salvo
que queden comprendidos en los tipos y grados de parentesco
explícitamente señalados, lo que no ocurre en el caso concreto con
el consuegro del concejal accionado.

Con fundamento en lo anterior, en el asunto bajo estudio no se
observa configurado el presunto interés directo, particular y actual,
necesario para la estructuración del conflicto de intereses, pues la
relación del concejal PEDRO MANUEL GÓMEZ AÑEZ y el
representante legal de la entidad contratista, señor ÁNGEL
CUSTODIO FLÓREZ SÁNCHEZ, es de tal distancia, que permanece
por fuera del radio de alcance de la norma que sanciona la colisión

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de los intereses públicos con los privados. Menos aún se avizora su
presencia si el reproche recae en una persona que carece de la
condición de concejal, esto es la señora DANNEY LOREINY GÓMEZ
ÁNGULO, por el solo hecho de ser la hija de un concejal.

En lo que tiene que ver con la inhabilidad establecida en el artículo
43, numeral 4, de la Ley 136, que prevé que: “[…] No podrá ser
inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital: (…)
4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de
parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de
afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12)
meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política,
administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito; o con
quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales
de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de
las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de
seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio
o distrito. Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o
unión permanente o parentesco dentro del segundo grado de
consanguinidad, primero de afinidad o único civil, y se inscriba por el
mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de
corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo municipio
o distrito en la misma fecha […]”, la Sala advierte que el apelante,
con fundamento en las evidencias allegadas al expediente, tampoco
probó ninguna de las hipótesis que allí se establecen en contra del
accionado.

A su vez, respecto de la invocación que tanto el solicitante como la
sentencia apelada hacen del artículo 44 de la Ley 1952, por medio

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de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la
Ley 734 y algunas disposiciones de la Ley 1474, la Sala reitera la
postura sostenida aun en vigencia de estas últimas normas
disciplinarias, respecto de las cuales no son disposiciones aplicables
al proceso de pérdida de investidura, por cuanto atienden al régimen
disciplinario de los servidores públicos, esto es un estatuto que prevé
faltas disciplinarias cuya inobservancia no acarrea la desinvestidura
de los cabildantes en los insistentes términos de la jurisprudencia de
la Sección:

“[…] V.2.- El régimen de inhabilidades, impedimentos,
incompatibilidades, conflicto de intereses, faltas
disciplinarias y demás prohibiciones establecidas en el
Código Disciplinario Único, no opera con fines de pérdida de
investidura

La Sección Primera de esta Corporación, ha considerado, incluso
desde la vigencia de la Ley 200 de 28 de julio de 19958, Código
Disciplinario Único anterior a la Ley 734, que la infracción de
aquellas conductas y/o circunstancias previstas como prohibidas o
incompatibles en materia disciplinaria se mantienen al margen del
estudio jurisdiccional del proceso de pérdida de investidura9.

A través de sentencia de 4 de mayo de 201110, señaló que “[…] el
proceso de pérdida de investidura es ante todo de naturaleza
jurisdiccional y como tal se rige por las normas especiales que
consagran tanto su trámite como sus causales. Tan cierto es ello
que la Ley 734 de 2002 no consagró como sanción principal
la pérdida de la investidura, como sí lo hacía, de manera
discutible, la Ley 200 de 1995 en su artículo 29, numeral 9, lo que
pone de manifiesto que dicho proceso, por no ser del conocimiento
de las autoridades administrativas sino judiciales, no tiene la misma

8 “[…] Por la cual se adopta el Código Disciplinario Único […]”.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 7 de

marzo de 2002, número único de radicación 50001-23-31-000-2001-00346-01(7716) (PI),
consejero ponente Manuel Santiago Urueta Ayola; de 14 de marzo de 2002, número único de
radicación 50001-23-31-000-2001-00368-01(7715) (PI), consejero ponente Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo; y de 25 de marzo de 2022, número único de radicación 44001-23-40-000-2021-
00136-01, consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.
10 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de

mayo de 2011, número único de radicación 68001-23-31-000-2010-00713-01(PI), consejero
ponente Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

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Número único de radicación: 47001 23 33 000 2024 00324 01
Solicitante: MIGUEL IGNACIO MARTÍNEZ OLANO

connotación del que se regula en aquella y, por ende, no constituye
sanción dentro de éste […] Las normas previstas en la Ley 734
de 2002 están dirigidas al proceso disciplinario que, por su
naturaleza, difiere del de carácter jurisdiccional. De ahí que
no pueda afirmarse que tales preceptos deban tener
aplicación preferente, pues no se está en presencia de dos
actuaciones de la misma naturaleza, ni mucho menos con las
mismas consecuencias sancionatorias […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

De igual forma, en sentencia de 31 de agosto de 201711, estableció
que “[…] en la actualidad, no está habilitada la invocación de
las incompatibilidades dispuestas en el artículo 39 del
Código Disciplinario Único como causales de pérdida de
investidura territorial por violación de dicho régimen […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

En reciente sentencia de 9 de septiembre de 202112, consideró que
debían “[…] reiterarse que los precedentes de esta Sala que
se prohíjan en esta oportunidad han defendido la autonomía
de la institución de pérdida de investidura con otros
regímenes, como el derecho disciplinario, los cuales difieren no
solo desde el punto de vista de su naturaleza, sino también su objeto
y las finalidades que persiguen; esta no fue la intención del
constituyente de 1991 y, tampoco, del legislador, y además,
por tratarse de una limitación de los derechos políticos, las
causales son taxativas y no admiten interpretaciones
extensivas o analógicas […]” (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

Es en este sentido que la Sala reitera que las disposiciones
contenidas en el estatuto disciplinario, entre ellas las invocadas en
la solicitud del asunto bajo examen, -artículo 39, numeral 1, literal
b), de la Ley 734-, no operan con fines de pérdida de investidura de
concejales, por cuanto, si bien ambos procesos implican la
manifestación del poder punitivo del Estado, responden a
actuaciones autónomas de distintas naturaleza y finalidad, uno se
desarrolla en sede administrativa y otro en jurisdiccional, no está
previsto que la inobservancia de las normas disciplinarias acarreen
la desinvestidura de los corporados, y el principio de taxatividad que
gobierna a este proceso judicial no admite interpretaciones
extensivas o analógicas en el análisis de sus causales.

11 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de

agosto de 2017, número único de radicación 08001-23-33-000-2016-00753-01(PI), consejero
ponente María Elizabeth García González.
12 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de

septiembre de 2021, número único de radicación 70001-23-33-000-2021-00014-01(PI), consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Solicitante: MIGUEL IGNACIO MARTÍNEZ OLANO

Bajo tales circunstancias, se advierte que en la sentencia apelada
no debió incluirse, como fundamento jurídico de su decisión, lo
establecido en el artículo 39, numeral 1, literal b), de la Ley 734,
razón por la cual la Sección excluirá las consideraciones del Tribunal
que a ello se refirieron y, en su lugar, abordará para los efectos,
únicamente, lo relativo a la configuración de la causal de pérdida de
investidura ordenada en el artículo 45, numeral 2, de la Ley 136,
esto es la incompatibilidad que le impedía al concejal actuar como
apoderado ante las entidades públicas del respectivo municipio,
durante el ejercicio de su período constitucional 2020-2023 […]”13.

Con fundamento en lo considerado y al descartarse la configuración
del elemento objetivo de la causal de violación del régimen de
conflicto de intereses, prevista en los artículos 55, numeral 2, y 70
de la Ley 136, y 48, numeral 1, de la Ley 617, así como la inhabilidad
establecida en el artículo 43, numeral 4, de la Ley 136, lo que, por
demás, impide proseguir con el examen del elemento subjetivo, la
Sala confirmará la sentencia de 8 de noviembre de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la cual se
denegó la solicitud de pérdida de investidura del concejal del Distrito
de Santa Marta, señor PEDRO MANUEL GÓMEZ AÑEZ.

Por último, la Sala no se pronunciará respecto a la condena en costas
solicitada a través del escrito con el que el concejal descorrió el
traslado del recurso de apelación, toda vez que, en los términos del
artículo 188 de la Ley 1437, estas no proceden cuando en procesos
judiciales, como el actual, se ventile un interés público.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 1o. de

julio de 2022, número único de radicación 05001233300020220026201, consejera ponente Nubia
Margoth Peña Garzón; y de 25 de marzo de 2022, número único de radicación
44001234000020210013601, consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.

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Número único de radicación: 47001 23 33 000 2024 00324 01
Solicitante: MIGUEL IGNACIO MARTÍNEZ OLANO

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de 20 de febrero de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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