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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2022-00262-01

Fecha
1 de julio de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
18 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2022-00262-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 23 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, pero por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-33-000-2022-00262-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

1 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., primero (1o.) de julio de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 050012333000202200262011
Recurso de apelación contra la sentencia de 23 de marzo de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
Solicitante: AUGUSTO CASTRO ZULUAGA

TESIS: EL RÉGIMEN DE INHABILIDADES, IMPEDIMENTOS,
INCOMPATIBILIDADES, CONFLICTO DE INTERESES, FALTAS DISCIPLINARIAS
Y DEMÁS PROHIBICIONES ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO DISCIPLINARIO
ÚNICO, NO OPERA CON FINES DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA. SE CONFIGURÓ
LA INCOMPATIBILIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 45, NUMERAL 2, DE LA LEY
136, POR PARTE DEL CONCEJAL JORGE WILLIAM CASTAÑO ÚSUGA, COMO
QUIERA QUE ACTUÓ EN CALIDAD DE APODERADO, -EN ESTE CASO COMO
ABOGADO TITULADO-, DE TERCEROS QUERELLADOS DENTRO DEL PROCESO
POLICIVO VERBAL ABREVIADO NÚM. 025-2021, ANTE LA INSPECCIÓN DE
POLICÍA URBANA DE DONMATÍAS (ANTIOQUIA) Y LUEGO ANTE EL DESPACHO
DEL ALCALDE MUNICIPAL DE DONMATÍAS (ANTIOQUIA), QUE ES EL MISMO
ENTE TERRITORIAL PARA EL CUAL FUE ELEGIDO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el

accionado y el Ministerio Público contra la sentencia de 23 de marzo

de 2022, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de

Antioquia, por medio de la cual decretó la pérdida de investidura del

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo

que las providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga
alusión en esta sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.

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Número único de radicación: 05001 23 33 000 2022 00262 01
Solicitante: AUGUSTO CASTRO ZULUAGA

concejal del municipio de Donmatías (Antioquia), señor JORGE

WILLIAM CASTAÑO ÚSUGA, por hechos relacionados con el

ejercicio del período constitucional 2020-2023.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- El ciudadano AUGUSTO CASTRO ZULUAGA, actuando en

nombre propio, solicitó decretar la pérdida de la investidura del señor

JORGE WILLIAM CASTAÑO ÚSUGA, concejal del municipio de

Donmatías (Antioquia), por hechos ocurridos dentro del período

constitucional 2020-2023, al considerar que incurrió en violación al

régimen de incompatibilidades establecido en los artículos 39,

numeral 1, literal b), de la Ley 734 de 5 de febrero de 2002 2 y 45,

numeral 2, de la Ley 136 de 2 de junio de 19943, luego de actuar

como apoderado ante las entidades públicas del respectivo

municipio.

I.2.- En apoyo de su pretensión el solicitante adujo, en síntesis, los

siguientes fundamentos de hecho y de derecho de la causal de

pérdida de investidura invocada:

2 “[…] Por la cual se expide el Código Disciplinario Único […]”.
3 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios […]”.

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Solicitante: AUGUSTO CASTRO ZULUAGA

Sostuvo que, en los comicios de 27 de octubre de 2019, el señor

JORGE WILLIAM CASTAÑO ÚSUGA, quien ostenta la profesión de

abogado, resultó elegido concejal del municipio de Donmatías

(Antioquia), para período constitucional 2020-2023, cargo de cual

tomó posesión en representación del Partido Centro Democrático.

Mencionó que estando en ejercicio de sus funciones como concejal,

el accionado fungió como apoderado, desde el 15 de septiembre de

2021, de los señores MAURO DE JESÚS HERRERA BEDOYA, LUIS

BERNARDO, BEATRIZ AMPARO y DIANA ISABEL HERRERA

VÁSQUEZ, -parte querellada-, en el marco del proceso verbal

abreviado de policía con radicado núm. 025-2021, cuyo conocimiento

estuvo a cargo de la Inspección de Policía Urbana del municipio de

Donmatías (Antioquia), a quien le fue reconocida personería jurídica

para actuar en calidad de defensor, una vez fue presentado en la

diligencia de inspección ocular núm. 023 de 2021, acta que fue

suscrita por el concejal.

Indicó que el concejal actuó como apoderado de esa parte querellada

en las audiencias desarrolladas los días 15 de septiembre y 15 de

octubre de 2021, lo que consta en las actas allegadas con la solicitud;

que en dicha calidad le fue notificado el contenido de la Resolución

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núm. 0321 de 5 de noviembre de 2021, por medio de la cual el

alcalde municipal de Donmatías (Antioquia) resolvió el recurso de

apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia, proferido

en audiencia pública de 15 de octubre de 2021, en el proceso verbal

abreviado núm. 025-2021, por la Inspección de Policía del municipio

de Donmatías (Antioquia), que negó el amparo solicitado por el

querellante.

Adujo que el concejal al aceptar poder para actuar ante la Inspección

de Policía del municipio de Donmatías (Antioquia), dentro del proceso

abreviado núm. 025-2021, en defensa de la causa de unos terceros,

incurrió en la causal de incompatibilidad prevista en los artículos 39,

numeral 1, literal b), de la Ley 734 y 45, numeral 2, de la Ley 136,

lo cual da lugar a decretar su pérdida de investidura, según lo

determinado en los artículos 55, numeral 2, de la Ley 136 y 48,

numeral 1, de la Ley 617 de 6 de octubre de 20004.

Anotó que esta causal de incompatibilidad tiene excepciones

establecidas en el artículo 46, entre otras, las determinadas en el

literal d), que permite que los concejales puedan ser apoderados o

4 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario
1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la
racionalización del gasto público nacional […]”.

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Solicitante: AUGUSTO CASTRO ZULUAGA

defensores, pero en los procesos que se ventilen ante la Rama

Judicial y no ante las inspecciones de policía, pues éstas son oficinas

del municipio que no hacen parte de aquella.

Manifestó que está demostrada la culpa grave en la actuación del

concejal, al haber ejercido como apoderado de terceros dentro de un

proceso verbal abreviado instruido y fallado en la Inspección de

Policía Urbana del municipio de Donmatías (Antioquia), ente

territorial en el cual ejercía como cabildante, teniendo la formación

profesional y experiencia para haberse abstenido de ello, toda vez

que es abogado, especialista en derecho administrativo y ha fungido

como servidor público en múltiples cargos como los de personero

municipal, secretario general y de gobierno municipal y jefe de la

Oficina Asesora Jurídica.

I.3.- El concejal, actuando en nombre propio, presentó escrito de

contestación en el que solicitó no acceder a la pretensión de la

solicitud, por cuanto consideró que si bien representó a particulares

dentro de un proceso verbal abreviado ante la Inspección de Policía

de Donmatías (Antioquia), no fungió como apoderado en calidad de

concejal, lo que, a su juicio, está permitido por el artículo 8º de la

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Ley 1368 de 29 de diciembre de 20095; y que su actuación liberal

como abogado no interfirió con las funciones de concejal y no fueron

parte en dicho proceso el municipio o sus entidades descentralizadas.

Indicó que a la fecha no tiene la condición de concejal, por cuanto

renunció a dicha dignidad desde el 9 de febrero de 2022 siendo

aceptada el mismo día. Formuló la excepción de inepta demanda por

falta de requisitos formales, toda vez que el solicitante omitió el

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35, numeral 8, de la Ley

2080 de 25 de enero de 20216, esto es que no fue notificado a su

correo electrónico [jwcu20@hotmail.com] de la presentación de la

solicitud, correo que aparece en diferentes documentos que se

anexaron a ésta y que se debió suministrar.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal, a través de sentencia de 23 de marzo de 2022, decretó

la pérdida de investidura del señor JORGE WILLIAM CASTAÑO

ÚSUGA, concejal del municipio de Donmatías (Antioquia), por

5 “[…] Por medio de la cual se reforman los artículos 66 y 67 de la Ley 136 de 1994 y se

dictan otras disposiciones […]”.
6 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia
de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]”.

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hechos relacionados con el ejercicio de su período constitucional

2020-2023, para lo cual, luego de relacionar las pruebas aportadas

al proceso, sostuvo que el accionado actuó como abogado en un

proceso verbal abreviado ante la Inspección de Policía de Donmatías

(Antioquia), en el cual representó a terceros, y tal actuación se

realizó durante el período en que tuvo la condición de concejal del

mismo municipio.

Señaló que en el asunto objeto de estudio se configuran las causales

invocadas por el solicitante, esto es, lo previsto en el artículo 45 de

la Ley 136 “[…] ser apoderados ante las entidades públicas del

respetivo municipio […]”, por cuanto la Inspección de Policía es una

autoridad administrativa del municipio donde ejercía funciones como

concejal, así como lo establecido en el artículo 39, numeral 1, literal

b), de la Ley 734, en la medida que el concejal actuó como abogado

ante autoridad administrativa, como lo es, la Inspección de Policía de

Donmatías (Antioquia).

Anotó que la actuación realizada por el concejal no encuadra en

ninguna de las excepciones establecidas en el artículo 46 de la Ley

136, comoquiera que: 1) el ejercicio como abogado en el proceso

verbal abreviado, no fue en representación de sus hijos o cónyuge o

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que él tuviera algún interés; 2) no se trató de un reclamo por cobro

de impuestos o similares; 3) la actuación no tiene relación con el uso

de bienes o servicios de entidades oficiales común a todos; 4) el

proceso en el que actuó como apoderado no fue ante la Rama

Jurisdiccional del Poder Público, sino ante autoridad administrativa.

Adujo que no son de recibo los argumentos del concejal, mediante

los cuales mencionó que la actuación por él realizada ante la

Inspección de Policía del municipio de Donmatías (Antioquia), está

justificada en el artículo 8º de la Ley 1368, como quiera que esta

nueva disposición no se contradice, sino que se concilia y

complementa con los referidos artículos de la Ley 136.

Respecto del elemento subjetivo, afirmó que se encuentra

suficientemente acreditado debido a que el concejal es abogado, por

lo que debía conocer la existencia de la prohibición de actuar ante las

entidades municipales y las consecuencias que ello le traería en

calidad de cabildante; y que si bien la ley permite el ejercicio de la

profesión de abogado cuando actúen en beneficio propio o de sus

familias, expresamente y de manera categórica limita dicha

actuación en beneficios de terceros y ante las autoridades del

municipio donde el concejal ostente esta calidad, texto

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suficientemente claro e ilustrativo para cualquier persona y más

tratándose de alguien que es profesional del derecho.

III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

III.1.- El Agente del Ministerio Público interpone recurso de

apelación contra la referida sentencia, a través de mensaje remitido

con correo electrónico de 29 de marzo de 2022, en el que solicita que

se revoque y, en su lugar, se deniegue la solicitud de pérdida de

investidura contra el concejal JORGE WILLIAM CASTAÑO ÚSUGA.

Menciona que la sanción de pérdida de investidura impuesta al

accionado resulta excesiva y no consulta el principio constitucional

del debido proceso, especialmente en lo que tiene que ver con el

principio constitucional de favorabilidad. Que, teniendo en cuenta la

supremacía del artículo 29 constitucional, el artículo 8º de la Ley

1368 resulta favorable al concejal en cuanto se trata de una

disposición general que justifica la actuación llevada a cabo por éste

en ejercicio de su profesión de abogado.

Manifiesta que, en dicho sentido, la norma del artículo 8º de la Ley

1368 debe aplicarse al caso concreto, en virtud del principio

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constitucional de favorabilidad, sin restricción alguna, tal como lo ha

reconocido el Consejo de Estado y la Corte Constitucional; y que ante

un juicio sancionatorio, como lo es la pérdida de investidura, debe

propenderse por la aplicación de las garantías constitucionales,

siendo una de ellas la aplicación del principio de favorabilidad.

III.2.- El concejal, actuando en nombre propio, también interpone

recurso de apelación contra la citada sentencia, en el que requiere

su revocatoria y consecuente denegación de la solicitud de

desinvestidura, para lo cual indica que el Consejo de Estado y la Corte

Constitucional han coincidido en la diferencia jurisprudencial entre

las actuaciones de la Inspección de Policía como entidad

administrativa y su función jurisdiccional, por lo que esta última no

es objeto de control de la jurisdicción de lo Contencioso

Administrativo; y que para el caso concreto, la Inspección de Policía

de Donmatías (Antioquia) actuó en uso de su función jurisdiccional y

no administrativa.

Manifiesta que la servidumbre de tránsito que se discutía por los

propietarios de dos bienes inmuebles, objeto de la querella de policía,

adelantada por la Inspección Municipal de Policía de Donmatías y en

la que actuó como apoderado de la parte querellada, no como

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concejal, dio una connotación de función jurisdiccional y no,

precisamente, como autoridad administrativa, como lo quiere hacer

ver tanto el solicitante como el Tribunal. Y que el solo hecho de que

esas actuaciones de la Inspección de Policía puedan tener carácter

jurisdiccional, -proceso verbal abreviado para resolver un tema de

servidumbre de tránsito sobre bienes inmuebles-, constituye una

excepción e impone un criterio restrictivo en la interpretación de las

normas reguladoras de la misma.

Alega que el a quo no se pronunció acerca de la intervención que

hiciera el Agente del Ministerio Público, quien solicitó negar las

pretensiones de la solicitud, fundándose, para ello, en varias líneas

jurisprudenciales, entre ellas, la sentencia C-063 de 2005 que

expresa que, por excepción, las autoridades administrativas que

tienen dicha función pueden ejercer funciones jurisdiccionales, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución

Política, modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo núm. 03 de

2002, en virtud del cual excepcionalmente la ley podrá atribuir

función jurisdiccional en materias precisas a determinadas

autoridades administrativas; lo anterior, en concordancia con el

artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el

artículo 30 de la Ley 446 de 1998, que trata del objeto de la

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jurisdicción contencioso administrativa, donde establece que ésta no

juzga las decisiones proferidas en juicios de policía regulados

especialmente por la ley.

Insiste en que el artículo 8º de la Ley 1368 expresa que los concejales

podrán ejercer su profesión u oficio, siempre y cuando con ello no se

interfieran las funciones que ejercen como tales, ni se trate de

asuntos en los cuales el municipio o sus entidades descentralizadas

sean parte, lo cual no ocurrió en su caso, pues con su trabajo como

apoderado de terceras personas particulares, no se afectaron las

funciones que realizaba como concejal y en ningún momento la

entidad hizo parte en el proceso policivo.

IV.- TRASLADO DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

El traslado de los recursos de apelación, previsto en el artículo 14,

numeral 3, de la Ley 1881 de 15 de enero de 20187, no fue descorrido

por el actor ni por el Ministerio Público.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

7 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los
Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras
disposiciones […]”.

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Le corresponde a la Sala establecer si el concejal de Donmatías

(Antioquia), señor JORGE WILLIAM CASTAÑO ÚSUGA, durante el

ejercicio de su período constitucional 2020-2023, incurrió en la

causal de pérdida de investidura consistente en la transgresión de la

incompatibilidad prevista en los artículos 39, numeral 1, literal b), de

la Ley 734, y 45, numeral 2, de la Ley 136, al haber actuado como

apoderado de la parte querellada en el proceso verbal abreviado de

policía con radicado núm. 025-2021, surtido ante la Inspección de

Policía Urbana del municipio de Donmatías (Antioquia) y la Alcaldía

Municipal de Donmatías (Antioquia), en primera y segunda instancia,

respectivamente.

V.2.- El régimen de inhabilidades, impedimentos,

incompatibilidades, conflicto de intereses, faltas

disciplinarias y demás prohibiciones establecidas en el Código

Disciplinario Único, no opera con fines de pérdida de

investidura

La Sección Primera de esta Corporación ha considerado, incluso

desde la vigencia de la Ley 200 de 28 de julio de 1995 8, Código

8 Por la cual se adopta el Código Disciplinario Único.

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Disciplinario Único anterior a la Ley 734, que la infracción de aquellas

conductas y/o circunstancias previstas como prohibidas o

incompatibles en materia disciplinaria se mantienen al margen del

estudio jurisdiccional del proceso de pérdida de investidura9.

A través de sentencia de 4 de mayo de 201110, señaló que “[…] el

proceso de pérdida de investidura es ante todo de naturaleza

jurisdiccional y como tal se rige por las normas especiales que

consagran tanto su trámite como sus causales. Tan cierto es ello

que la Ley 734 de 2002 no consagró como sanción principal la

pérdida de la investidura, como sí lo hacía, de manera discutible,

la Ley 200 de 1995 en su artículo 29, numeral 9, lo que pone de

manifiesto que dicho proceso, por no ser del conocimiento de las

autoridades administrativas sino judiciales, no tiene la misma

connotación del que se regula en aquella y, por ende, no constituye

sanción dentro de éste […] Las normas previstas en la Ley 734

de 2002 están dirigidas al proceso disciplinario que, por su

naturaleza, difiere del de carácter jurisdiccional. De ahí que

9 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de

7 de marzo de 2002, número único de radicación 50001-23-31-000-2001-00346-01(7716)
(PI), consejero ponente Manuel Santiago Urueta Ayola; de 14 de marzo de 2002, número
único de radicación 50001-23-31-000-2001-00368-01(7715) (PI), consejero ponente
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; y de 25 de marzo de 2022, número único de radicación
44001-23-40-000-2021-00136-01, consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.
10 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

4 de mayo de 2011, número único de radicación 68001-23-31-000-2010-00713-01(PI),
consejero ponente Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

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no pueda afirmarse que tales preceptos deban tener

aplicación preferente, pues no se está en presencia de dos

actuaciones de la misma naturaleza, ni mucho menos con las

mismas consecuencias sancionatorias […]” (Negrillas y subrayas

fuera de texto).

De igual forma, en sentencia de 31 de agosto de 201711, estableció

que “[…] en la actualidad, no está habilitada la invocación de

las incompatibilidades dispuestas en el artículo 39 del Código

Disciplinario Único como causales de pérdida de investidura

territorial por violación de dicho régimen […]” (Negrillas y

subrayas fuera de texto).

En reciente sentencia de 9 de septiembre de 202112, consideró que

debían “[…] reiterarse que los precedentes de esta Sala que se

prohíjan en esta oportunidad han defendido la autonomía de

la institución de pérdida de investidura con otros regímenes,

como el derecho disciplinario, los cuales difieren no solo desde el

punto de vista de su naturaleza, sino también su objeto y las

11 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

31 de agosto de 2017, número único de radicación 08001-23-33-000-2016-00753-01(PI),
consejero ponente María Elizabeth García González.
12 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

9 de septiembre de 2021, número único de radicación 70001-23-33-000-2021-00014-
01(PI), consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.

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finalidades que persiguen; esta no fue la intención del

constituyente de 1991 y, tampoco, del legislador, y además,

por tratarse de una limitación de los derechos políticos, las

causales son taxativas y no admiten interpretaciones

extensivas o analógicas […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Es en este sentido que la Sala reitera que las disposiciones

contenidas en el estatuto disciplinario, entre ellas las invocadas en la

solicitud del asunto bajo examen, -artículo 39, numeral 1, literal b),

de la Ley 734-, no operan con fines de pérdida de investidura de

concejales, por cuanto, si bien ambos procesos implican la

manifestación del poder punitivo del Estado, responden a

actuaciones autónomas de distinta naturaleza y finalidad, uno se

desarrolla en sede administrativa y otro en jurisdiccional, no está

previsto que la inobservancia de las normas disciplinarias acarreen

la desinvestidura de los corporados, y el principio de taxatividad que

gobierna a este proceso judicial no admite interpretaciones

extensivas o analógicas en el análisis de sus causales.

Bajo tales circunstancias, se advierte que en la sentencia apelada no

debió incluirse, como fundamento jurídico de su decisión, lo

establecido en el artículo 39, numeral 1, literal b), de la Ley 734,

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razón por la cual la Sección excluirá las consideraciones del Tribunal

que a ello se refirieron y, en su lugar, abordará para los efectos,

únicamente, lo relativo a la configuración de la causal de pérdida de

investidura ordenada en el artículo 45, numeral 2, de la Ley 136, esto

es la incompatibilidad que le impedía al concejal actuar como

apoderado ante las entidades públicas del respectivo municipio,

durante el ejercicio de su período constitucional 2020-2023.

V.3.- De la incompatibilidad prevista para los concejales en el

artículo 45, numeral 2, de la Ley 136

El artículo 45, numeral 2, de la Ley 136, prescribe la siguiente

prohibición para los concejales con una excepción genérica:

“[…] Artículo 45. Incompatibilidades. Los concejales no
podrán:
(…)
2. Ser apoderado ante las entidades públicas del
respectivo municipio o ante las personas que administren
tributos procedentes del mismo, o celebrar con ellas, por sí o
por interpuesta persona, contrato alguno, con las
excepciones que más adelante se establecen.
(…)
Parágrafo 1o. Se exceptúa del régimen de
incompatibilidades el ejercicio de la cátedra […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

Las demás excepciones a esta restricción de general observancia

para los concejales están descritas en el artículo 46 ídem, así:

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Solicitante: AUGUSTO CASTRO ZULUAGA

“[…] Artículo 46. Excepciones. Lo dispuesto en los artículos
anteriores no obsta para que los concejales puedan ya
directamente o por medio de apoderado, actuar en los
siguientes asuntos.

a) En las diligencias o actuaciones administrativas y
jurisdiccionales en las cuales, conforme a la ley, ellos mismos,
su cónyuge, sus padres o sus hijos, tengan interés;

b) Formular reclamos por el cobro de impuestos,
contribuciones, tasas y de multas que graven a las mismas
personas;

c) <Literal subrogado por el artículo 42 de la Ley 617 de 2000.
El nuevo texto es el siguiente:> Usar los bienes y servicios que
las entidades oficiales de cualquier clase, las prestadoras de
servicios públicos domiciliarios y de seguridad social ofrezcan
al público, bajo condiciones comunes a todos los que lo
soliciten.

d) Ser apoderados o defensores en los procesos que se ventilen
ante la Rama Jurisdiccional del Poder Público. Sin embargo, los
concejales durante su período Constitucional no podrán ser
apoderados ni peritos en los procesos de toda clase que tengan
por objeto gestionar intereses fiscales o económicos del
respectivo municipio, los establecimientos públicos, las
empresas industriales y comerciales del orden municipal y las
sociedades de economía mixta en las cuales las mismas
entidades tengan más del cincuenta por ciento (50%) del
capital […]”.

Por su parte, el artículo 8º de la Ley 1368 de 29 de diciembre de

200913, ordena:

“[…] Artículo 8o. Ejercicio de la profesión u oficio. Los
concejales podrán ejercer su profesión u oficio, siempre y
cuando con ello no se interfieran las funciones que
ejercen como tales, ni se trate de asuntos en los cuales
el municipio o sus entidades descentralizadas sean parte
[…]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

13 “[…] Por medio de la cual se reforman los artículos 66 y 67 de la Ley 136 de 1994 y se

dictan otras disposiciones […]”.

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Al respecto, la Sección explicó:

“[…] De las normas citadas se desprende que, en
principio, a los concejales les está prohibido ejercer su
profesión salvo en aquellos asuntos donde ese ejercicio
riña con los intereses del ente territorial y en los cuales
el concejal pueda, prevalido de su calidad y su posición,
influir de alguna manera en su gestión o resultado. Se
trata entonces de evitar que los intereses privados del concejal,
derivados del ejercicio de su profesión, entren en conflicto con
los del municipio
(…)
A la par de que el legislador fijó un catálogo de prohibiciones
que conforman el denominado régimen de incompatibilidades,
dispuso de eventos exceptivos que tienden por permitir
el desarrollo de ciertas actividades relacionadas con el
devenir propio de la vida en sociedad, es así como se
permite que los concejales ejerzan la cátedra
universitaria, actúen en las diligencias administrativas y
judiciales en las que ellos mismos, su cónyuge o hijos
tengan interés, eleven reclamos por el cobro de tributos
de cualquier naturaleza y se desempeñen como
apoderados o defensores en procesos que se diriman en
la rama jurisdiccional […]”14 (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

En el mismo asunto, la Sala ahondó así:

“[…] Lo primero que debe evidenciarse es que el artículo
45 de la Ley 136 estableció una incompatibilidad para
que los concejales, abogados o no, fueran apoderados
ante entidades públicas del respectivo municipio o ante
las personas que administren tributos procedentes del
mismo.

La condición de abogado, entonces, no resulta ser un
elemento previsto en la norma para su configuración,
como puede colegirse de la situación de hecho estudiada en la

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

25 de julio de 2013, número único de radicación 25000-23-41-000-2012-00468-01(PI),
consejero ponente Guillermo Vargas Ayala.

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sentencia del 13 de julio de 2006, consejera ponente: Martha
Sofía Sanz Tobón, que fue la siguiente:

“[…] Armonizando las normas aplicables y la
jurisprudencia precitada, encuentra la Sala que la
conducta del demandado está enmarcada dentro de las
causales de pérdida de la investidura, por violación del
régimen de incompatibilidades por incurrir en la
causal consagrada en el numeral 2° del artículo 45
de la Ley 136 de 1994, que dice:

“(…) Artículo 45. Los concejales no podrán:
1..
2. Ser apoderados ante las entidades públicas del
respectivo municipio o ante las personas que administren
tributos procedentes del mismo, o celebrar con ellas, por
sí o por interpuesta persona, contrato alguno, con las
excepciones que más adelante se establecen (…)”
(…)

La Sala aclara que la ley no tiene como causal de
incompatibilidad de los concejales, el ser representante
legal de una persona jurídica de derecho privado; sin
embargo, lo que no permite la ley es que el concejal-
representante legal de una persona jurídica
privada, actúe como apoderada de esta última ni de
terceras personas en general, ante el municipio del
cual es concejal.

Ahora bien, de conformidad con las pruebas
obrantes en el expediente está demostrado que el
concejal demandado acudió a la Secretaría de
Hacienda del municipio de Girardot para
representar intereses particulares con el fin de
obtener la prescripción de impuestos y el decreto
del silencio positivo a favor de sus poderdantes y el
consentimiento de la Secretaría de Hacienda para
inscribir una escritura pública, actuación de interés
de la persona jurídica que representa.

A folio 69 y 78 obran documentos suscritos por el
demandado, dirigidos a la Secretaría de Hacienda,
que a la letra dicen respectivamente:

“Alvaro Guzmán Orjuela,...obrando en representación de
los señores ...., propietarios del predio en referencia;
mediante poder debidamente conferido, acudo a esta
administración ....” y

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““Alvaro Guzmán Orjuela,...obrando en representación
de los señores ...., propietarios del predio en referencia,
solicito se decrete el silencio positivo ....” .

A folio 74 se encuentra el poder conferido por los
ciudadanos dueños del lote y si bien el concejal
Álvaro Guzmán Orjuela manifiesta que no es
abogado, ello no obsta para que su conducta se
adecue a la prohibición en mención,
independientemente de que el poder así conferido
se ajuste o no a los preceptos legales, pues lo que
lleva a que se tipifique la causal es que haya
actuado en interés de terceras personas.

Igual ocurre en relación con su actuación ante la
Secretaría de Hacienda, a la cual acude como
representante del Condominio Campestre El Peñón
de Girardot, es decir en interés de la persona
jurídica.

Por lo anterior no es dable aplicar la excepción del artículo
46 que permite que los concejales puedan ya
directamente o por medio de apoderado, actuar en las
diligencias o actuaciones administrativas y
jurisdiccionales en las cuales conforme a la ley, ellos
mismos, su cónyuge, sus padres o sus hijos tengan
interés y formular reclamos por el cobro de impuestos,
contribuciones, tasas y de multas que graven a las
mismas personas, comoquiera que ninguno de esos
supuestos se dan en el caso objeto de examen […]”15.

Ahora bien, el artículo 46 de la Ley 136 dispuso una serie de
asuntos, a manera de excepciones, en los que se les permite a
los concejales actuar directamente o por medio de apoderado.

Dentro de los asuntos en los que dichos servidores públicos
pueden actuar se encuentra el previsto en el literal d),
aplicable únicamente para aquellos que ejercen la
profesión de abogados, consistente en que los
concejales, que tengan la condición de abogados,
pueden ser apoderados o defensores en procesos
judiciales.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

13 de julio de 2006, número único de radicación 25000-23-15-000-2005-01132-01(PI),
consejera ponente Martha Sofia Sanz Tobón.

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Luego la norma prevé una restricción para los
concejales, que no está dirigida exclusivamente a los
abogados, en la que, pese a que pueden ser apoderados
o defensores en procesos judiciales, se les prohíbe ser
apoderados y peritos (que lo pueden ser profesionales
distintos de los que ejercen el derecho), en los procesos
que tengan por objeto gestionar intereses fiscales o
económicos del respectivo municipio, los
establecimientos públicos, las empresas industriales y
comerciales del orden municipal y las sociedades de
economía mixta en las cuales las mismas entidades
tengan más del 50% del capital.

En síntesis y siguiendo las normas anteriores, a los
concejales que tengan la condición de abogados se les
impide ser apoderados ante entidades públicas del
respectivo municipio o ante las personas que
administren tributos procedentes del mismo.

Sin embargo, pueden ser apoderados e incluso peritos en
procesos judiciales, con la condición de que, en dichos
procesos, no se gestionen intereses fiscales o económicos del
respectivo municipio o de los establecimientos públicos, las
empresas industriales y comerciales del orden municipal y las
sociedades de economía mixta en las cuales las mismas
entidades tengan más del 50% del capital […]”16 (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

En esta misma providencia, la Sección determinó que los artículos 45

y 46 de la Ley 136, y el artículo 8º de la Ley 1368, no se contradicen

entre sí, sino que, por el contrario, su interpretación resulta armónica

y complementaria para la aplicación del alcance y contenido de la

referida incompatibilidad y sus excepciones, así:

“[…] el artículo 8° de la Ley 1368, agregó para todas las
profesiones u oficios, incluyendo el ejercicio de la abogacía, dos

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

27 de julio de 2017, número único de radicación 05001-23-33-000-2016-02017-01(PI),
consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.

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incompatibilidades que no estaban previstas en el
ordenamiento jurídico, esto es, que en el ejercicio de la
profesión u oficio «[…] no se interfieran las funciones que
ejercen tales […]» y, adicionalmente, que «[…] no se trate
de asuntos en los cuales el municipio o sus entidades
descentralizadas sean parte […]».

Nótese como el literal d) del artículo 46 de la Ley 136 y
el artículo 8° de la Ley 1368 no están en contradicción
en la medida en que se está refiriendo a asuntos de
diversa índole. Como lo indicó esta Sala, la disposición de la
Ley 136 se está refiriendo al «[…] objeto del proceso
jurisdiccional en que el concejal es apoderado o perito,
y no de la actividad o papel que este desempeña en él.
[…]», mientras que la Ley 1368 se relaciona, de manera
general, con el rol en el que se encuentra la entidad
pública, esto es, su condición de parte, por lo que no
puede existir la pretendida contradicción a la que alude el
Tribunal Administrativo de Antioquia y, por ello, no se configura
la derogatoria tácita a la que aludió la Corporación, por cuanto
la nueva ley contiene disposiciones que pueden conciliarse con
las de la ley anterior […]”17 (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

En síntesis, se tiene que el artículo 45 de la Ley 136 prohíbe que los

concejales puedan actuar como apoderados ante las entidades

públicas del respectivo municipio o ante las personas que administren

tributos procedentes del mismo, en el marco de los trámites,

procedimientos y procesos administrativos y policivos, cualquiera sea

su naturaleza y regulación, que sean surtidos en el mismo ente

territorial para el cual resultó elegido. En el parágrafo 1º de la misma

disposición, se exceptuó, de forma genérica, el ejercicio de la

cátedra.

17 Ídem.

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Ahora, el artículo 46 de la Ley 136 al establecer las demás

excepciones a las incompatibilidades previstas en el artículo 45, entre

ellas la enlistada en el numeral 2, sí permite que los concejales

puedan ya sea directamente, o a través de apoderado, actuar en los

siguientes asuntos:

“[…] a) En las diligencias o actuaciones administrativas y
jurisdiccionales en las cuales, conforme a la ley, ellos mismos,
su cónyuge, sus padres o sus hijos, tengan interés; b)
Formular reclamos por el cobro de impuestos, contribuciones,
tasas y de multas que graven a las mismas personas; c)
<Literal subrogado por el artículo 42 de la Ley 617. El
nuevo texto es el siguiente:> Usar los bienes y servicios que
las entidades oficiales de cualquier clase, las prestadoras de
servicios públicos domiciliarios y de seguridad social ofrezcan
al público, bajo condiciones comunes a todos los que lo
soliciten. d) Ser apoderados o defensores en los procesos que
se ventilen ante la Rama Jurisdiccional del Poder Público. Sin
embargo, los concejales durante su período
Constitucional no podrán ser apoderados ni peritos en
los procesos de toda clase que tengan por objeto
gestionar intereses fiscales o económicos del respectivo
municipio, los establecimientos públicos, las empresas
industriales y comerciales del orden municipal y las
sociedades de economía mixta en las cuales las mismas
entidades tengan más del cincuenta por ciento (50%)
del capital […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

No obstante, y pese a tratarse de la norma que regula las actividades

exceptuadas de sanción y permitidas a los concejales de forma

paralela al ejercicio de su mandato popular, debe advertirse que al

final de su literal d) el legislador incorporó una advertencia a modo

de prohibición que, sin lugar a duda, constituye incompatibilidad para

actuar como apoderados o peritos, -precepto que no solo resulta

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aplicable a los abogados-, en procesos de toda clase o índole, -esto

es administrativos o jurisdiccionales-, que tengan por objeto

gestionar intereses fiscales o económicos del respectivo municipio

para el cual fue elegido, sus establecimientos públicos, empresas

industriales y comerciales del orden municipal y sociedades de

economía mixta en las cuales las mismas entidades tengan más del

cincuenta por ciento (50%) del capital.

El artículo 8º de la Ley 1368, a su vez, les permitió a los concejales

ejercer su profesión u oficio, -entre estos la abogacía, sin discriminar

en el tipo de procedimiento o proceso-, siempre y cuando con ello no

interfieran con las funciones que ejercen como cabildantes, ni se

trate de asuntos en los cuales el municipio o sus entidades

descentralizadas sean parte, lo cual permite inferir que, en perjuicio

de tales límites, aquellos también incurrirán en la comisión de una

evidente incompatibilidad.

V.4.- Caso concreto

V.4.1.- Del análisis objetivo de la causal de pérdida de

investidura

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De conformidad con el acervo probatorio obrante en el proceso, la

Sala pudo constatar que el señor JORGE WILLIAM CASTAÑO

ÚSUGA, fue elegido concejal del municipio de Donmatías

(Antioquia), para ejercer el período constitucional 2020-2023, por el

Partido Centro Democrático, según consta en el Formulario E-27 CON

de 1o. de noviembre de 2019 y acta de posesión de 2 de enero de

2021 del Concejo Municipal de Donmatías (Antioquia).

Reposa en el expediente el Acta de Audiencia Pública de 15 de

septiembre de 2021, llevada a cabo dentro del Proceso Verbal

Abreviado núm. 025-2021, surtido ante la Inspección de Policía del

municipio de Donmatías (Antioquia) por presuntos comportamientos

contrarios a la posesión y mera tenencia de bienes inmuebles y al

derecho de servidumbres, de acuerdo con lo establecido en los

artículos 77 y 78 de la Ley 1801 de 29 de julio de 201618, cuyo

18 “[…] Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana […]”.

“[…] Artículo 77. Comportamientos contrarios a la posesión y mera tenencia de
bienes inmuebles. Son aquellos contrarios a la posesión, la mera tenencia de los bienes
inmuebles de particulares, bienes fiscales, bienes de uso público, bienes de utilidad pública
o social, bienes destinados a prestación de servicios públicos. Estos son los siguientes:
1. Perturbar, alterar o interrumpir la posesión o mera tenencia de un bien inmueble
ocupándolo ilegalmente.
2. Perturbar la posesión o mera tenencia de un inmueble o mueble por causa de daños
materiales o hechos que la alteren, o por no reparar las averías o daños en el propio
inmueble que pongan en peligro, perjudiquen o molesten a los vecinos.
3. Instalar servicios públicos en inmuebles que hayan sido ocupados ilegalmente.
4. Omitir el cerramiento y mantenimiento de lotes y fachadas de edificaciones.
5. Impedir el ingreso, uso y disfrute de la posesión o tenencia de inmueble al titular de este
derecho.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será
objeto de la aplicación de las siguientes medidas correctivas:

COMPORTAMIENTOS MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR

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querellante fue el mismo solicitante de la desinvestidura, señor

AUGUSTO CASTRO ZULUAGA; los querellados MAURO DE JESÚS

HERRERA BEDOYA, LUIS BERNARDO, BEATRIZ AMPARO y

DIANA ISABEL HERRERA VÁSQUEZ; y como apoderado de la

parte querellada apareció y fue relacionado por ese Despacho el

concejal JORGE WILLIAM CASTAÑO ÚSUGA, quien actuó en

ejercicio de su profesión de abogado y exhibió, para los efectos, la

tarjeta profesional de abogado núm. 152.290 del Consejo Superior

de la Judicatura.

En esta audiencia pública, luego de que se le otorgara el uso de la

palabra, el concejal manifestó que: “[…] En calidad de personas

vinculadas como copropietarias de uno de los predios que hacen

Numeral 1 Restitución y protección de bienes inmuebles.
Numeral 2 Reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia
de inmuebles o mueble.
Numeral 3 Multa General tipo 3
Numeral 4 Multa General tipo 3; construcción, cerramiento, reparación o
mantenimiento de inmueble.
Numeral 5 Restitución y protección de bienes inmuebles […]”.

“[…] Artículo 78. Comportamientos contrarios al derecho de servidumbres. Los
siguientes comportamientos son contrarios al derecho de servidumbre y por lo tanto no
deben efectuarse:
1. Impedir, alterar o interrumpir el continuo uso de servidumbres por las vías de hecho.
2. No permitir el acceso al predio sobre el cual pesa el gravamen de servidumbre para
realizar el mantenimiento o la reparación.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos señalados, será objeto de
la aplicación de las siguientes medidas:

COMPORTAMIENTOS MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Numeral 1 Restablecimiento del derecho de servidumbre y reparación
de daños materiales;
Numeral 2 Multa General tipo 2 […]”.

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parte del objeto de este proceso, nosotros vinimos a hacer el

recorrido para al final pronunciarnos de acuerdo a la inspección

ocular que se haga […]”. Después ante una pregunta respondió: “[…]

PREGUNTADO AL ABOGADO JORGE WILLIAM CASTAÑO

USUGA EN CALIDAD DE APODERADO DE LA PARTE

QUERELLADA: ¿Manifiéstele al Despacho que prueba quiere

hacer valer o que el Despacho le practique con el fin de

demostrar que la intervención realizada no es contraria a la

Ley? CONTESTADO: Traemos una escritura ya que anteriormente

se entregó al despacho una escritura errónea, la escritura que

adjuntamos al proceso es la Nro. 451 del 4 de octubre de 1988 de la

notaría única del municipio de Donmatías, quiero hacer referencia

que ahí el señor Mauro se reservó en la venta una servidumbre de

carretera en la parte del predio que se vendió, y eso es lo que hoy

vamos a verificar […]”.

En medio de la audiencia pública, los asistentes se desplazaron hacia

la vereda Iborra, Granjas Villa Luisa y Bellavista, ubicadas en la zona

rural del municipio de Donmatías (Antioquia), para practicar

inspección ocular de igual fecha, contando con la presencia de las

partes y sus apoderados, cuya acta fue suscrita por el concejal y se

dejó constancia de sus intervenciones, así: “[…] Procede a

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intervenir el señor JORGE WILLIAM CASTAÑO en calidad de

Apoderado de la parte querellada, manifiesta: “La concesión de

agua se le concedió a Mauro Herrera y dentro del acto administrativo

se prohíbe la cesión de dicha toma de señor Augusto debe solicitar

su propia concesión de agua” (…) Procede a intervenir el señor

JORGE WILLIAM CASTAÑO en calidad de Apoderado de la

parte querellada, quien manifiesta: “El tanque es de Mauro, no

está en escritura pública, pero se puede demostrar con el paso del

tiempo que es de él, hace 10 años ya se le concedió esa concesión y

para poderla otorgar lo dejaron tener los tanques tanto en la toma

como en el almacenamiento” (…) Procede a intervenir el señor

JORGE WILLIAM CASTAÑO en calidad de Apoderado de la

parte querellada, quien manifiesta: “Doctora no podemos obviar

algo acá y es la escritura que se aportó hoy al proceso, es la venta

de este lote de terreno, que hoy es de Augusto y el vendedor don

Mauro se reservó el derecho de servidumbre de la carretera ahí hay

que discutir el tema” (…) Procede a intervenir el señor JORGE

WILLIAM CASTAÑO en calidad de apoderado de la parte

querellada, quien manifiesta: “mi poderdante vemos que no va

a ceder entonces sugiero que sea la jurisdicción quien decida” […]”

(Negrillas y subrayas fuera de texto).

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Posteriormente, y en continuación de la audiencia pública, el concejal

procedió a exponer sus alegatos finales, de lo que se dejó constancia

así:

“[…] 7. ETAPA DE ALEGATOS
(…)

POR LA PARTE QUERELLADA:

Paso entonces a hacer los alegatos de conclusión, respecto de lo que
se ha llevado durante el proceso, voy a iniciar como corresponde y
es con la queja que se colocó al respecto ante la inspección de
policía, dónde allí la queja se generó debido a un incidente que
ocurrió por un ganado que estando uno de los broches abiertos salió
a la carretera vía troncal norte, allí ocurrió un accidente donde un
vehículo automotor atropelló a uno de los animales de Augusto
Castro y lo mató, esa fue la queja inicial donde el señor Augusto
Castro en esa queja mencionó un trabajador, que nunca en el
proceso mencionó su nombre ni lo ha allegó como testigo para
hacerlo valorar como prueba idóneo conducente pertinente,
entonces es una manifestación una mera expectativa y es una
afirmación, que ello dio lugar a que se aprovechara de la situación
para que se empezara a alegar una situaciones sobre la posesión y
sobre el derecho de servidumbre, teniendo claro desde ya que
para el tema de la inspección de policía como competencia
en estos asuntos la acción había caducado y tampoco vemos
como en la queja inicial se hace referencia al tiempo de una
posible perturbación a esa posesión o servidumbre, eso no
lo dicen en ningún momento, entonces no le daba ni siquiera
los criterios jurídicos a la inspectora de turno para que en el
control de legalidad admitiera o rechazara la queja y tomará
la decisión, proceso que comenzó viciado desde ese
momento ya que debieron verificar desde ese momento la
competencia y el término de la caducidad que habla el
artículo 80 de la ley 1801 en su parágrafo único, donde
establece (4) cuatro meses para poder instalar una acción
por perturbación a la posesión o servidumbre por parte de la
persona que se siente afectada, y en este caso no se ha
demostrado todavía, lo único que se ha demostrado en el
proceso y dicho claramente señor Augusto Castro es que él
ni siquiera tiene claro el tiempo de cuando funcionan los
tanques arriba donde están los nacimientos de agua para el
tema de la concesión y mucho menos para el tema de la
servidumbre de carretera, hoy se le preguntó por parte de la

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inspectora cuánto tiempo hacía que estaba cerrada la
servidumbre ni siquiera supo darle un mínimo en el tiempo,
en días, meses o años, no es claro entonces el tema para
determinar la competencia que considero yo que no era para
la inspección de policía por término de caducidad, es un
asunto que se debe dirimir en la justicia ordinaria en la
jurisdicción civil.

Quiero anotar que hay un acta de una audiencia pública que se hizo
el 16 de marzo de 2021, para esa fecha ya el señor Augusto Castro
entonces dijo que hacía tres o cuatro meses se había presentado
una situación entre un trabajador de él persona denominada el
gordo, hijo del señor Mauro Herrera, sin embargo, eso tampoco
nunca se pudo constatar ni verificar, entonces no nos podemos
pegar tampoco de ese tiempo que allí en esa audiencia el señor
Augusto Castro, quien considero que actuó de mala fe para
enderezar el proceso en ese momento.

Continuando con lo demás, frente al tema probatorio entonces nos
arriman una escritura pública dónde una del año 1990 que habla
precisamente de la servidumbre, nosotros arrimamos una escritura
pública el día de hoy que también habla quizá de la misma
servidumbre, pero como reiteramos es un tema que no es
competencia de la inspección de policía, es competencia de la
justicia ordinaria y es allí donde se debe definir finalmente a quien
le corresponde esa servidumbre de esa carretera, además, el meollo
del asunto inicial que fue el tema del ternero atropellado se llevaron
unos testigos, el Jorge Iván Monsalve fue uno de ellos, y fue la
persona que al despacho le expresó que él en ningún momento vio
al señor Bernardo abrir el portón simplemente manifestó que él
estaba a un lado y que los animales estaban saliendo, aquí hay que
recalcar lo siguiente y es que jurídicamente es el propietario de los
animales quien tiene la obligación de velar porque los mismos estén
dentro del cerramiento de su propiedad, y acá está pasando algo
distinto y es que esos animal se han saliendo por los alambrados del
lindero de Mauro Herrera y Augusto Castro, y por intermedio de sus
animales que es responsabilidad de don Augusto, se le está
presentando perjuicios y perturbaciones a la servidumbre y
posesión del señor Mauro Herrera; luego aparece otro testimonio de
un señor Fredy trabajador del señor Augusto Castro, este señor es
un testigo de oídos a quien le hicieron llamada telefónica y
simplemente repitió lo que la otra persona le dijo del testigo y en
ningún momento se pudo demostrar de que el Gordo Herrera hijo
del señor Mauro efectivamente había abierto el broche o el portón.

Posterior a esto para concluir el tema de la servidumbre de carretera
lo primero es que hay caducidad en la acción para que la inspección
conociera el proceso, segundo no era la competencia de la

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inspección de policía conocer ese proceso, tanto que no
demostraron precisamente el término para estar dentro de la
caducidad.

Con base en eso entonces yo solicito parcialmente frente a
este tema que se dejen las cosas como están, que se declare
statu quo en favor de mi representado, las cosas deben
quedar tal cual, la servidumbre de la carretera que conecta
con la de don Mauro y don Augusto. Para ir al tema de los
tanques de agua que están arriba en la zona del nacimiento,
simplemente recurro nuevamente, como dije allá en el sitio, a la
resolución de Corantioquia, resolución es de noviembre del 2012 y
la concesión es otorgada por 10 años, o sea que todavía está vigente
el tema de la concesión de agua y en su artículo 4 dice aprobar el
sistema de captación aprobado por el concesionario, y cuando se
habla de esto es porque también hubo la presentación de unos
condicionamientos que exigía la autoridad ambiental y que era dotar
de flotadores a los bebederos y tanques de almacenamiento, tal y
como está en el artículo 6, lo que indica que al menos para la
expedición de ese acto administrativo el señor Mauro Herrera es y
era quien estaba haciendo uso de la servidumbre de esos tanques
de almacenamiento que hay en el predio arriba en la bocatoma, aquí
también opera el fenómeno de la caducidad, porque tampoco se
puede entonces entrar a tomar una decisión a favor del querellante
toda vez que la acción ya había extinguido.

El tema de la servidumbre con todo el respeto de mi colega
el apoderado de la parte querellante, claro es que se tiene que
definir entonces cualquiera de las dos servidumbres, tanto la del
tanque y la carretera en la jurisdicción ordinaria y que sea un juez
de la República quien tome la decisión al respecto, nuevamente
solicito que en esta parte también se declara el statu quo en favor
de mi poderdante y que las cosas continúen tal cual estaban antes
de colocar la queja por parte del señor Augusto Castro, que
considero nuevamente, la inspección de policía no debió haber
iniciado ni siquiera el conocimiento este proceso […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

Agotada la etapa probatoria del proceso, la Inspección de Policía del

municipio de Donmatías (Antioquia), en audiencia pública de 15 de

octubre de 2021, leyó el falló de la referida querella, mediante el cual

resolvió:

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“[…] ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR las pretensiones incoadas
por el señor AUGUSTO CASTRO ZULUAGA identificado con
cédula de ciudadanía Nro. 6. 789.638 de Itagüí, Antioquia, por
haber operado el fenómeno de la caducidad en materia policiva
como se establece en la parte motiva de este fallo.

ARTÍCULO SEGUNDO: INSTAR a libertad de las partes si a
bien lo tienen, acudir ante la jurisdicción ordinaria para que un
juez competente decida definitivamente sobre el asunto.

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR a los señores AUGUSTO
CASTRO ZULUAGA identificado con cédula de ciudadanía Nro.
6. 789. 638 de Itagüí, Antioquia, MAURO DE JESÚS
HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía Nro.
3.465.577 de Donmatías, Antioquia, LUIS BERNARDO
HERRERA VÁSQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía
Nro. 70.977.508 de Donmatías, Antioquia, BEATRIZ AMPARO
HERRERA VÁSQUEZ, identificada con cédula de ciudadanía
Nro. 42.901.075 de Donmatías, Antioquia y DIANA ISABEL
HERRERA VÁSQUEZ, identificada con cédula de ciudadanía
Nro. 42.900.939 de Donmatías, Antioquia, prohibir todo tipo de
vías de hechos para evitar futuros inconvenientes mientras la
jurisdicción ordinaria decide […]”.

El apoderado de la parte querellante interpuso recurso de reposición

y, en subsidio, apelación, contra el fallo de 15 de octubre de 2021.

La reposición fue denegada en la misma audiencia de 15 de octubre

de 2021, y concedida la apelación para que fuese resuelta por el

superior jerárquico de la inspectora de policía, expediente que recibió

el alcalde municipal de Donmatías (Antioquia) el 19 de septiembre

de 2021 mediante memorando núm. 01255.

Fue así como el alcalde municipal de Donmatías (Antioquia), por

último, mediante Resolución núm. 0321 de 5 de noviembre de 2021,

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notificada, entre otros, al concejal el 11 de noviembre de 2021,

resolvió:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de primera
instancia, proferido en audiencia pública del día 15 de octubre
de 2021, en el Proceso Verbal Abreviado Nº 025- 2021 por la
Inspectora de Policía del Municipio de Donmatías, mediante el
cual se negó el amparo deprecado por el señor AUGUSTO
CASTRO ZULUAGA identificado con cedula de ciudadanía No
6.789.638 de Itagüí, por haber operado el fenómeno de la
caducidad en materia policiva, atendiendo lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los
señores AUGUSTO CASTRO ZULUAGA identificado con cédula
de ciudadanía Nro. 6. 789.638 de Itagüí, Antioquia, DARIO
POSADA CASTRO identificado con cedula de ciudadanía No.
98.571.833 en calidad de Apoderado de la parte Querellante,
MAURO DE JESÚS HERRERA, identificado con cédula de
ciudadanía Nro. 3.465.577 de Donmatías, Antioquia, LUIS
BERNARDO HERRERA VÁSQUEZ, identificado con cédula de
ciudadanía Nro. 70.977.508 de Donmatías, Antioquia,
BEATRIZ AMPARO HERRERA VÁSQUEZ, identificada con
cédula de ciudadanía Nro. 42.901.075 de Donmatías,
Antioquia y DIANA ISABEL HERRERA VÁSQUEZ, identificada
con cédula de ciudadanía Nro. 42.900.939 de Donmatías,
Antioquia, JORGE WILLIAM CASTAÑO ÚSUGA, identificado
con cédula de ciudadanía No. 98.540.058 de Buriticá, en
calidad de apoderado de la parte querellada. Acotando que se
comisiona a la Inspectora de Policía Urbana, para que se
efectúe la notificación.

ARTÍCULO TERCERO: INDICAR que contra la presente
decisión no procede recurso alguno por tratarse de un acto que
pone fin a un trámite […]”.

Respecto del proceso verbal abreviado núm. 025-2021, la Sala

encuentra su regulación en el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana, -Ley 1801-, como una de las dos clases de

actuaciones que se tramitan ante las autoridades de policía, -verbal

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inmediata y verbal abreviada19-, con la finalidad de resolver los

comportamientos contrarios a la convivencia, de competencia de los

inspectores de policía, los alcaldes y las autoridades especiales de

Policía, todo ello regido por los principios y demás elementos del

denominado Proceso Único de Policía, así:

“[…] Artículo 223. Trámite del proceso verbal abreviado.
Se tramitarán por el proceso verbal abreviado los
comportamientos contrarios a la convivencia, de
competencia de los inspectores de Policía, los alcaldes y
las autoridades especiales de Policía, en las etapas
siguientes:

1. Iniciación de la acción. La acción de Policía puede iniciarse
de oficio o a petición de la persona que tenga interés en la
aplicación del régimen de Policía, contra el presunto infractor.
Cuando la autoridad conozca en flagrancia del comportamiento
contrario a la convivencia, podrá iniciar de inmediato la
audiencia pública.

2. Citación. Las mencionadas autoridades, a los cinco (5) días
siguientes de conocida la querella o el comportamiento
contrario a la convivencia, en caso de que no hubiera sido
posible iniciar la audiencia de manera inmediata, citará a
audiencia pública al quejoso y al presunto infractor, mediante
comunicación escrita, correo certificado, medio electrónico,
medio de comunicación del que disponga, o por el medio más
expedito o idóneo, donde se señale dicho comportamiento.

3. Audiencia pública. La audiencia pública se realizará en el
lugar de los hechos, en el despacho del inspector o de la
autoridad especial de Policía. Esta se surtirá mediante los
siguientes pasos:

a) Argumentos. En la audiencia la autoridad competente,
otorgará tanto al presunto infractor como al quejoso un tiempo
máximo de veinte (20) minutos para exponer sus argumentos
y pruebas;

19 Ley 1801, artículo 221.

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b) Invitación a conciliar. La autoridad de Policía invitará al
quejoso y al presunto infractor a resolver sus diferencias, de
conformidad con el presente capítulo;

c) Pruebas. Si el presunto infractor o el quejoso solicitan la
práctica de pruebas adicionales, pertinentes y conducentes, y
si la autoridad las considera viables o las requiere, las decretará
y se practicarán en un término máximo de cinco (5) días.
Igualmente, la autoridad podrá decretar de oficio las pruebas
que requiera y dispondrá que se practiquen dentro del mismo
término. La audiencia se reanudará al día siguiente al del
vencimiento de la práctica de pruebas. Tratándose de hechos
notorios o de negaciones indefinidas, se podrá prescindir de la
práctica de pruebas y la autoridad de Policía decidirá de plano.
Cuando se requieran conocimientos técnicos especializados, los
servidores públicos del sector central y descentralizado del
nivel territorial, darán informes por solicitud de la autoridad de
Policía;

d) Decisión. Agotada la etapa probatoria, la autoridad de Policía
valorará las pruebas y dictará la orden de Policía o medida
correctiva, si hay lugar a ello, sustentando su decisión con los
respectivos fundamentos normativos y hechos conducentes
demostrados. La decisión quedará notificada en estrados.

4. Recursos. Contra la decisión proferida por la autoridad de
Policía proceden los recursos de reposición y, en subsidio, el de
apelación ante el superior jerárquico, los cuales se solicitarán,
concederán y sustentarán dentro de la misma audiencia. El
recurso de reposición se resolverá inmediatamente, y de ser
procedente el recurso de apelación, se interpondrá y concederá
en el efecto devolutivo dentro de la audiencia y se remitirá al
superior jerárquico dentro de los dos (2) días siguientes, ante
quien se sustentará dentro de los dos (2) días siguientes al
recibo del recurso. El recurso de apelación se resolverá dentro
de los ocho (8) días siguientes al recibo de la actuación.

Para la aplicación de medidas correctivas en asuntos relativos
a infracciones urbanísticas, el recurso de apelación se
concederá en el efecto suspensivo.

Los recursos solo procederán contra las decisiones definitivas
de las autoridades de Policía.

5. Cumplimiento o ejecución de la orden de Policía o la medida
correctiva. Una vez ejecutoriada la decisión que contenga una
orden de Policía o una medida correctiva, esta se cumplirá en
un término máximo de cinco (5) días.

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PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo CONDICIONALMENTE
exequible> Si el presunto infractor no se presenta a la
audiencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza
mayor, la autoridad tendrá por ciertos los hechos que dieron
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y entrará a
resolver de fondo, con base en las pruebas allegadas y los
informes de las autoridades, salvo que la autoridad de Policía
considere indispensable decretar la práctica de una prueba
adicional.

PARÁGRAFO 2o. Casos en que se requiere inspección al lugar.
Cuando la autoridad de Policía inicia la actuación y decreta
inspección al lugar, fijará fecha y hora para la práctica de la
audiencia, y notificará al presunto infractor o perturbador de
convivencia y al quejoso personalmente, y de no ser posible,
mediante aviso que se fijará en la puerta de acceso del lugar
de los hechos o parte visible de este, con antelación no menor
a veinticuatro (24) horas, de la fecha y hora de la diligencia.

Para la práctica de la diligencia de inspección, la autoridad de
Policía se trasladará al lugar de los hechos, con un servidor
público técnico especializado cuando ello fuere necesario y los
hechos no sean notorios y evidentes; durante la diligencia oirá
a las partes máximo por quince (15) minutos cada una y
recibirá y practicará las pruebas que considere conducentes
para el esclarecimiento de los hechos.

El informe técnico especializado se rendirá dentro de la
diligencia de inspección ocular. Excepcionalmente y a juicio del
inspector de Policía, podrá suspenderse la diligencia hasta por
un término no mayor de tres (3) días con el objeto de que el
servidor público rinda el informe técnico.

La autoridad de Policía proferirá la decisión dentro de la misma
diligencia de inspección, o si ella hubiere sido suspendida, a la
terminación del plazo de suspensión.

PARÁGRAFO 3o. Si el infractor o perturbador no cumple la
orden de Policía o la medida correctiva, la autoridad de Policía
competente, por intermedio de la entidad correspondiente,
podrá ejecutarla a costa del obligado, si ello fuere posible. Los
costos de la ejecución podrán cobrarse por la vía de la
jurisdicción coactiva.

PARÁGRAFO 4o. El numeral 4 del presente artículo no
procederá en los procedimientos de única instancia.

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PARÁGRAFO 5o. El recurso de apelación se resolverá de
plano, en los términos establecidos en el presente artículo […]”.

Las autoridades de policía, de conformidad con el mismo estatuto,

quienes tienen a su cargo la solución de los conflictos de convivencia

ciudadana, son el presidente de la República, los gobernadores, los

alcaldes distritales o municipales, los inspectores de policía y

los corregidores, las autoridades especiales de policía en salud,

seguridad, ambiente, minería, ordenamiento territorial, protección al

patrimonio cultural, planeación, vivienda y espacio público y las

demás que determinen la ley, las ordenanzas y los acuerdos, así

como los comandantes de estación, subestación y de centro de

atención inmediata de policía y demás personal uniformado de la

Policía Nacional20.

Las disposiciones previstas en ese Código son de carácter preventivo

y buscan establecer las condiciones para la convivencia en el

territorio nacional, al propiciar el cumplimiento de los deberes y

obligaciones de las personas naturales y jurídicas, así como

determinar el ejercicio del poder, la función y la actividad de policía,

de conformidad con la Constitución Política y el ordenamiento jurídico

vigente21.

20 Ley 1801, artículo 198.
21 Ley 1801, artículo 1º.

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Precisamente, las funciones asignadas a los inspectores de policía

rurales, urbanos y corregidores, en el marco de las medidas y

procedimientos de convivencia previstas en el Código Nacional de

Seguridad y Convivencia Ciudadana, son:

“[…] Artículo 206. Atribuciones de los inspectores de
policía rurales, urbanos y corregidores. Les corresponde la
aplicación de las siguientes medidas:

1. Conciliar para la solución de conflictos de convivencia,
cuando sea procedente.

2. Conocer de los comportamientos contrarios a la
convivencia en materia de seguridad, tranquilidad,
ambiente y recursos naturales, derecho de reunión,
protección a los bienes y privacidad, actividad
económica, urbanismo, espacio público y libertad de
circulación.

3. Ejecutar la orden de restitución, en casos de tierras
comunales.

4. Las demás que le señalen la Constitución, la ley, las
ordenanzas y los acuerdos.

5. Conocer, en única instancia, de la aplicación de las siguientes
medidas correctivas:

a) Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles;

b) Expulsión de domicilio;

c) Prohibición de ingreso a actividad que involucra
aglomeraciones de público complejas o no complejas;

d) Decomiso.

6. Conocer en primera instancia de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas:

a) Suspensión de construcción o demolición;

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b) Demolición de obra;

c) Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de
inmueble;

d) Reparación de daños materiales por perturbación a la
posesión y tenencia de inmuebles;

e) Restitución y protección de bienes inmuebles, diferentes a
los descritos en el numeral 17 del artículo 205;

f) Restablecimiento del derecho de servidumbre y
reparación de daños materiales;

g) Remoción de bienes, en las infracciones urbanísticas;

h) Multas;

i) Suspensión definitiva de actividad.

7. <Numeral adicionado por el artículo 3 de la Ley 2030 de
2020. El nuevo texto es el siguiente:> Ejecutar las comisiones
que trata el artículo 38 del Código General del Proceso o
subcomisionar a una autoridad que tenga jurisdicción y
competencia, quienes ejercerán transitoriamente como
autoridad administrativa de policía.

PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo modificado por el artículo 4 de la
Ley 2030 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> Las
autoridades a que se refieren los artículos anteriores, deberán
realizar las diligencias jurisdiccionales o administrativas por
comisión de los jueces o subcomisión de los alcaldes de acuerdo
con las normas especiales sobre la materia.

Para el cumplimiento de la comisión o subcomisión podrán a su
vez subcomisionar a otra autoridad que tenga jurisdicción y
competencia, quienes ejercerán transitoriamente como
autoridad administrativa de policía y estarán obligados a
cumplir la subcomisión dentro de los términos que se le
establezca.

PARÁGRAFO 2o. Cada alcaldía tendrá el número de
inspectores de Policía que el alcalde considere
necesario, para una rápida y cumplida prestación de la
función de Policía en el municipio.

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Habrá inspecciones de Policía permanentes durante
veinticuatro (24) horas en las ciudades capitales de
departamento, en los distritos, y en los municipios que
tengan una población superior a los cien mil habitantes.

PARÁGRAFO 3o. Para los efectos previstos en los artículos 18
y 19 del Decreto 785 de 2005, la formación profesional para el
desempeño de los cargos de Inspector de Policía Urbano
Categoría Especial, 1ª Categoría y 2ª Categoría, será
únicamente la de abogado, y la formación técnica para el
desempeño de los cargos de Inspector de Policía 3ª a 6ª
Categoría e Inspector de Policía Rural requerirá la terminación
y aprobación de los estudios de la carrera de derecho […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

En este sentido, a partir de lo ordenado en el Parágrafo 2º de la

citada norma, cada alcaldía tendrá el número de inspectores de

policía que el alcalde considere necesario para una rápida y cumplida

prestación de la función de policía en el municipio, lo que permanece

acorde e interrelacionado con la función de los alcaldes establecida

en el artículo 205 de la misma codificación, según la cual deben

apropiarse los cargos de inspectores y corregidores de policía en la

planta de personal del respectivo ente territorial, así: “[…] Artículo

205. Atribuciones del alcalde. Corresponde al alcalde: (…) 13.

Tener en la planta de personal de la administración distrital o

municipal, los cargos de inspectores y corregidores de Policía

necesarios para la aplicación de este Código […]” (Negrillas y

subrayas fuera de texto).

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Lo anterior, pone de manifiesto que el inspector de policía del

municipio es un servidor público que hace parte de la planta de

personal de la administración municipal del ente territorial, esquema

que no es ajeno a la Inspección de Policía de Donmatías (Antioquia),

la cual está incorporada en la planta de personal del mismo

municipio, siendo su superior jerárquico el alcalde municipal, -

funcionario que conoció y resolvió el recurso de apelación contra el

fallo de 15 de octubre de 2021-, quien además podrá distribuirle,

asignarle y repartirle los asuntos de acuerdo con su competencia,

siempre y cuando no se desvirtúe la naturaleza jurídica definida por

la ley para estos empleos, -artículo 206, Ley 1801-, y que se realice

por necesidades del servicio y/o cumplimiento de los fines propios de

la entidad.

Para la Sala resulta evidente, a partir del análisis del acervo

probatorio en el asunto bajo examen, que sí se configuró la

transgresión a la incompatibilidad prevista en el artículo 45, numeral

2, de la Ley 136, por parte del concejal JORGE WILLIAM CASTAÑO

ÚSUGA, como quiera que durante el ejercicio de su período

constitucional 2020-2023 actuó en calidad de apoderado, -en este

caso como abogado titulado-, de los señores MAURO DE JESÚS

HERRERA BEDOYA, LUIS BERNARDO, BEATRIZ AMPARO y

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DIANA ISABEL HERRERA VÁSQUEZ, querellados por el señor

AUGUSTO CASTRO ZULUAGA, dentro del proceso policivo verbal

abreviado núm. 025-2021, iniciado por presuntos comportamientos

contrarios a la posesión y mera tenencia de bienes inmuebles y al

derecho de servidumbres, de acuerdo con lo establecido en los

artículos 77 y 78 de la Ley 1801, el cual fue surtido, por razones de

competencia, ante la Inspección de Policía Urbana de Donmatías

(Antioquia), -fallo en primera instancia de 15 de octubre de 2021-, y

luego ante el Despacho del alcalde municipal de Donmatías

(Antioquia), en sede de apelación, -Resolución núm. 0321 de 5 de

noviembre de 2021-, que es el mismo ente territorial para el cual fue

elegido cabildante municipal.

No se vislumbra, por tales razones, la presencia de alguno de los

eventos que releven de responsabilidad al concejal, toda vez que no

se configuró ninguna de las excepciones establecidas en el parágrafo

1º del artículo 45, ni en el artículo 46 de la Ley 136, así: i) los hechos

no consistieron en el ejercicio de la cátedra; ii) en el proceso verbal

abreviado núm. 025-2021 el accionado no actuó en nombre propio

ni como apoderado de su cónyuge, padres o hijos, sino que lo hizo

en representación de terceros querellados; iii) no se trató de la

formulación de reclamos por el cobro de impuestos, contribuciones,

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tasas y multas que gravaran a las mismas personas; iv) su actuación

no redundó en la contratación para el uso de bienes y servicios que

la Alcaldía Municipal de Donmatías (Antioquia), las entidades oficiales

de cualquier clase, las prestadoras de servicios públicos domiciliarios

y de seguridad social, ofrecen al público bajo condiciones comunes a

todos los que lo soliciten; y, v) tampoco fungió como apoderado o

defensor en un proceso que se ventilara ante la Rama Jurisdiccional

del Poder Público, toda vez que el proceso verbal abreviado núm.

025-2021 es de tipo policivo, se regula por el Código Nacional de

Seguridad y Convivencia Ciudadana, y se surte ante las autoridades

administrativas con funciones de policía, -en este caso inspector de

policía y alcalde municipal-, que no las judiciales.

De hecho, la Sala ya había arribado a la misma conclusión en un caso

anterior en el que se ventiló una situación similar a la del caso

concreto, oportunidad en la que se determinó lo siguiente:

“[…] Por consiguiente, si dentro de las entidades ante las
cuales actuó como apoderado el demandado se
encuentran autoridades administrativas de orden
municipal, hay lugar a la violación de la incompatibilidad
bajo examen.

Al efecto observa la Sala que en el plenario militan como
pruebas legalmente aportadas al proceso (…) una
certificación del Inspector Municipal de Policía de
Circasia (folio 19) y del Inspector Primero Municipal de
Policía y Tránsito del mismo municipio (folio 20).

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En la primera se da cuenta de dos diligenciamientos en los que
intervino como apoderado de una de las partes el aquí
inculpado, así:

• Querella: Perturbación a la servidumbre, presentada
el 10 de noviembre de 2005, apoderado MARIO
GERMÁN HOYOS MOLINA. Fecha del fallo, que declaró
el statu quo, 31 de enero de 2006.

• Querella: Lanzamiento por ocupación de hecho.
Fecha, 10 de octubre de 2006. Apoderado MARIO
GERMÁN HOYOS MOLINA. Fecha del fallo, que ordena
la entrega del bien, 15 de octubre de 2006.

En la segunda certificación se informa de querella por
perturbación a la posesión, presentada el 7 de octubre
de 2005 por el abogado Mario Germán Hoyos Molina
como apoderado de la parte actora. La decisión del asunto
se produjo el 29 de diciembre de 2005.

En esas circunstancias, es claro que se está por lo menos
ante dos entidades administrativas del Municipio, ante
las cuales el demandado actuó como apoderado, y como
quiera que esa intervención suya se surtió en el tiempo
que tuvo la condición de concejal de Circasia (2004-
2007), resulta evidente que incurrió en la referida
incompatibilidad […]”22 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Es por lo anterior que, contrario a lo manifestado por el concejal y el

Ministerio Público en sus recursos de apelación, sí se configuró la

incompatibilidad ordenada en el artículo 45, numeral 2 de la Ley 136

y, por lo mismo, se logra constatar la presencia del elemento objetivo

de la causal de pérdida de investidura prevista en los artículos 55,

numeral 2, de la Ley 136 y 48, numeral 1 de la Ley 617, en cabeza

del concejal JORGE WILLIAM CASTAÑO ÚSUGA.

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

24 de julio de 2008, número único de radiación 63001-23-31-000-2007-00149-01(PI),
consejero ponente Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

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V.4.2.- Del análisis subjetivo de la conducta del concejal

En cuanto al análisis de la culpabilidad del concejal JORGE WILLIAM

CASTAÑO ÚSUGA, se prohíjan los criterios elaborados por la Sala

en sentencia de 25 de mayo de 201723, que al tenor indicó:

“[…] En cuanto al análisis subjetivo de la conducta desplegada
por el señor MARIO HINESTROZA ANGULO, en medio del
respeto a sus garantías al Debido Proceso sancionatorio y en
aras de establecerse si en aquélla estuvo presente o no el
elemento de la culpabilidad en los términos explicados, se
recuerda y reitera lo considerado recientemente por la Corte
Constitucional en su sentencia SU424 de 2016:

“[…] 33. De este capítulo resultan relevantes las siguientes
conclusiones:

• La pérdida de investidura es una acción pública24, que
comporta un juicio de naturaleza ética que tiene como
propósito proteger la dignidad del cargo que ocupan los
miembros de cuerpos colegiados, y permite imponer como
sanción no solo la desvinculación de un congresista de su cargo
de elección popular, sino también la imposibilidad futura
de volver a ocupar un cargo de la misma naturaleza, si
éste llega a incurrir en alguna de las causales de
procedencia de la figura señaladas en la Carta Política.

• Son causales de pérdida de investidura25: el incumplimiento
de los deberes inherentes a su cargo, la violación del régimen
de inhabilidades e incompatibilidades26; la indebida destinación

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera
ponente María Elizabeth García González, sentencia de 25 de mayo de 2017, número único
de radicación 81001-23-39-000-2015-00081-01(PI).
24 Corte Constitucional, sentencia SU-1159 de 2003, magistrado ponente Manuel José

Cepeda Espinosa.
25 Artículo 183 de la Carta Política. Sin embargo, otra causal también es la consagrada en

el artículo 110 constitucional relacionada con la prohibición a quienes desempeñan funciones
públicas, de hacer contribuciones a partidos, candidatos o movimientos políticos.
26 Artículos 179 (El numeral 8 de este artículo fue modificado por el Acto Legislativo 01 de

2003); 180, 181 y 183 de la Constitución Política.

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de dineros públicos27; el conflicto de intereses28 y el tráfico de
influencias debidamente comprobado29.

• La gravedad de la sanción que se impone, exige que el
proceso de pérdida de investidura se lleve a cabo con
observancia del debido proceso, particularmente, de los
principios pro homine, in dubio pro reo, de legalidad (las
causales son taxativas y no hay lugar a aplicar normas
por analogía), objetividad, razonabilidad, favorabilidad,
proporcionalidad y culpabilidad.

34. Los presupuestos anteriores permiten a la Corte concluir
que el análisis de responsabilidad que realiza el juez en el
proceso sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo,
pues en un Estado de Derecho los juicios que implican un
reproche sancionador, por regla general, no pueden operar
bajo un sistema de responsabilidad objetiva, y las sanciones
que se adopten en ejercicio del ius puniendi deberán
verificar la ocurrencia de una conducta regulada en la ley
(principio de legalidad o tipicidad), contraria al
ordenamiento jurídico (principio de antijuridicidad) y
culpable.

Así pues, en lo aquí pertinente, tras verificar la configuración
de la causal, el juez de pérdida de investidura examina si
en el caso particular se configura el elemento de
culpabilidad (dolo o culpa) de quien ostenta la dignidad,
esto es, atiende a las circunstancias particulares en las
que se presentó la conducta y analiza si el demandado
conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y
si su voluntad se enderezó a esa acción u omisión.

En ese sentido, el juez de este proceso sancionatorio debe
determinar si se configura la causal y si a pesar de que
ésta aparezca acreditada, existe alguna circunstancia
que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea
porque haya actuado de buena fe o, en caso de que la
causal lo admita, se esté ante una situación de caso
fortuito o fuerza mayor, o en general exista alguna
circunstancia que permita descartar la culpa.
(…)
Así pues, en el primero de estos se juzga la ruptura del pacto
político existente entre el elector y el elegido, que es un
elemento fundamental de la democracia representativa. En

27 Artículo 183 de la Constitución Política.
28 Artículo 182 y 183 de la Constitución Política.
29 Artículo 183 C.P. Al respecto puede consultarse la sentencia C-207 de 2003, magistrado

ponente Rodrigo Escobar Gil.

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efecto, cuando el candidato se presenta ante el
electorado hace una declaración de no estar incurso en
causal de inhabilidad que impida su elección y si tal
declaración no es cierta, el elegido viola ese pacto
político, evento en el que procede la pérdida de la
investidura, cuya finalidad es preservar la legitimidad de
las instituciones de la sociedad política.
(…)
85. Así, la Sala encuentra que la sanción de pérdida de
investidura impuesta por la Sala Plena del Consejo de Estado a
los ahora accionantes generó un defecto sustantivo en la
sentencia porque omitió la aplicación de una norma claramente
aplicable al caso. En efecto, como se vio en los
fundamentos jurídicos 24 a 34 de esta providencia, el
proceso sancionador de pérdida de investidura exige la
aplicación del principio de culpabilidad, pese a lo cual
ese elemento no fue valorado en los procesos y, por el
contrario, se impuso la responsabilidad objetiva en este
asunto. Son cuatro las premisas que apoyan esa conclusión:

La primera: en virtud de lo dispuesto en el artículo 29
Superior, por regla general, los procesos sancionadores
proscriben la responsabilidad objetiva. En efecto, salvo
algunos casos propios del derecho administrativo sancionador
en los que aún se ha admitido la responsabilidad únicamente
por el resultado, en los procesos que tienen por objeto
reprochar y castigar la realización de una conducta prohibida o
restringida, la valoración de la culpa es determinante e
ineludible, pues no hay pena ni sanción sin culpa. En
consecuencia, si el proceso de pérdida de investidura
impone la sanción más gravosa para el ejercicio del
derecho a ser elegido de un ciudadano y el derecho a
elegir al candidato del electorado, tal es la prohibición
vitalicia para aspirar a cargos de elección popular, es
lógico entender que las garantías del debido proceso
sancionador también deben ser aplicadas al proceso de
pérdida de investidura. Luego, el principio de
culpabilidad en el proceso de pérdida de investidura
constituye una norma aplicable, de inevitable
observancia.

La segunda: el hecho de que una misma causal de inhabilidad
pueda interpretarse y aplicarse a la misma situación fáctica en
dos procesos distintos (el de nulidad electoral y el de pérdida
de investidura), exige reglas de coherencia y certeza en el
derecho que otorgue un sentido útil a la autonomía de los
procesos diseñados para el efecto. De esta manera, la
diferencia sustancial, y no solo formal, entre los

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procesos electoral y de pérdida de investidura,
consistiría en valorar el tipo de reproche a efectuar, pues
mientras en el primero la consecuencia puede medirse
únicamente por el resultado, en el segundo es
indispensable evaluar la conducta y la intención en la
producción del resultado. Dicho en otras palabras,
mientras el juicio electoral evalúa la adecuación de la
causal de inhabilidad en forma objetiva (estaba o no
estaba inhabilitado), el juicio constitucional de pérdida
de investidura analiza la adecuación de la causal de
inhabilidad en forma subjetiva, esto es, con culpa del
demandado (sabía o debía saber que estaba
inhabilitado).

La tercera: la Sala Plena del Consejo de Estado impuso la
sanción de pérdida de investidura a los accionantes sin valorar
la ausencia de culpa en la configuración de la causal de
inhabilidad aplicada. Por la conducta asumida por los
demandantes en este caso es fácil inferir que se
inscribieron al cargo de elección popular con la
convicción de que no se encontraban inhabilitados para
su ejercicio. Las sentencias reprochadas soslayaron el
hecho de que los accionantes no solo fueron diligentes
en la averiguación del estado actual de la jurisprudencia
en torno a la interpretación de la causal en debate, sino
también actuaron con sujeción al precedente vigente y
vinculante de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
(…)
La cuarta: si como se expuso anteriormente, en el proceso de
pérdida de investidura deben aplicarse los principios del
derecho sancionatorio, dado que la sanción impone la
restricción perpetua de los derechos políticos, era obligatorio
dotar de amplias garantías el procedimiento jurisdiccional. En
ese sentido, en virtud del artículo 29 de la Constitución, que
dispone el principio de presunción de inocencia, del cual se
desprende la culpabilidad, es necesario verificar culpa o
dolo en la conducta reprochable para imponer el castigo
de inhabilitación para ser elegido a perpetuidad, razón
por la cual la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
indicado que el proceso de pérdida de investidura se
desarrolla en el ámbito de la responsabilidad subjetiva
[…]”30 (Negrillas y subrayas por fuera de texto).

30Corte Constitucional, sentencia SU424 de 11 de agosto de 2016, magistrada ponente
Gloria Stella Ortiz Delgado. Providencia ratificada recientemente por la Sala en sentencia de
9 de marzo de 2017, radicación núm. 76001-23-33-007-2016-00267-01(PI), consejero
ponente Carlos Enrique Moreno Rubio (E).

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El proceso de pérdida de investidura exige, entonces, a partir
de estos claros parámetros, la observancia del derecho
fundamental al debido proceso del demandado,
particularmente, de los principios pro homine, in dubio pro reo,
de legalidad (las causales son taxativas y no hay lugar a aplicar
normas por analogía), objetividad, razonabilidad, favorabilidad,
proporcionalidad y culpabilidad.

Se recuerda que, desde la perspectiva de los fines
constitucionales que se protegen, es clara la autonomía
sustancial entre el juicio de pérdida de investidura y el
electoral: “[…] el primero, conlleva la ponderación de la
ética pública y los derechos del elegido, pues su núcleo
de protección es la dignidad que implica el mandato
otorgado en ejercicio de la democracia; y el segundo,
pondera la regularidad del proceso democrático y los derechos
de los elegidos y los electores, es decir, busca preservar la
validez del voto popular […]”.31

Es en ese entorno en el cual debe escudriñarse la conducta
desplegada por el demandado -la celebración de un contrato
público-, en aras de establecer si él sabía o debía saber que
estaba inhabilitado para inscribirse y ser elegido Concejal del
Municipio de Arauca (Arauca), pues el asunto se contrae a
demostrar que optó por inscribirse y participar de los comicios,
muy a pesar de que conocía o debía conocer esa actuación
vetada para los ciudadanos que pretendieran inscribirse y ser
elegidos Concejales, esto es, la intervención en la celebración
de contratos con entidades públicas dentro del año anterior a
su elección.

Cabe señalar que la Corte Constitucional en la sentencia SU-
501 de 6 de agosto de 2015 (Magistrada ponente doctora
Myriam Ávila Roldán), señaló que como quiera que en los
procesos de pérdida investidura no es posible calificar el grado
de culpabilidad (dolo, culpa grave o leve), y por tanto tampoco
es posible modular la sanción, se requiere acreditar un mínimo
de culpabilidad para que sea impuesta la sanción.

En efecto, al respecto sostuvo:

“[…] 51. Sobre este especial énfasis, la jurisprudencia ha
delimitado varios de los aspectos más relevantes que
caracterizan al proceso de pérdida de investidura como un
proceso jurisdiccional especial. No obstante, existen ciertos
elementos de la pérdida de investidura que no han sido fijados

31 Ídem.

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51

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por la doctrina constitucional debido a la escasa regulación que
la propia Constitución realizó sobre su procedimiento, el cual,
adicionalmente, debe ser observado con estricto rigor dado su
carácter estricto y restringido. Como explicó la sentencia C-237
de 201232 “la pérdida de la investidura tiene a la Constitución
de 1991 como fuente principalísima en su regulación, lo que
hace relevante el hecho que algunas de las disposiciones
constitucionales tienen eficacia jurídica directa”.

52. Así por ejemplo, se ha controvertido la necesidad de
establecer el grado de culpabilidad del procesado, teniendo en
cuenta que se trata de un proceso que juzga el incumplimiento
de obligaciones disciplinarias sobre la conducta del
representante popular.33 En efecto, en el proceso de
pérdida de investidura no es posible calificar el grado de
culpabilidad (dolo, culpa grave o leve), y por tanto
tampoco es posible modular la sanción, pues como ha
señalado la jurisprudencia constitucional, se trata de un
sistema que establece una sanción de manera rígida y única, la
pérdida de investidura.

53. Para la Corte, la justificación de esta particularidad
del sistema de responsabilidad de la pérdida de
investidura se deriva de su carácter excepcional dentro
de “ius puniendi estatal”34, carácter cuya
excepcionalidad deriva en una sanción rígida en el que
se requiere el mínimo de culpabilidad para que sea
impuesta la sanción más severa a los derechos políticos.
En síntesis, tratándose del proceso de pérdida de investidura,
se trata de un sistema excepcional de juzgamiento de carácter
político-disciplinario el cual establece una sanción rígida y
única, la pérdida de la investidura […] (Negrillas fuera de
texto)”.

Precisado lo anterior, el abordaje del aspecto subjetivo requiere
el análisis del dolo y la culpa, entendido el primero como la

32 Magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto.
33 Sobre esta discusión vale la pena resaltar la aclaración de voto del consejero de estado

Hugo Fernando Bastidas Bárcenas a la sentencia de pérdida de investidura PI-2009-00708-
00, en la que señaló que la acción de pérdida de investidura tiene un carácter punitivo
dentro del cual es necesario la comprobación previa de los elementos subjetivos de la falta.
En el voto concurrente se señaló: “[l]a acción de pérdida de investidura debe desencadenar
un proceso gobernado por esos principios, en especial, el principio de presunción de
inocencia. El dolo y la culpa son lo incorrecto de una conducta que, por ende, merece el
reproche jurídico pertinente, vale decir, la condigna sanción. Imponer una sanción solo por
el mero resultado es injusto.” En igual sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, sentencia del 23 de marzo de 2010, radicado PI 11001-03-15-000-2009-
00198-00, consejero ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
34 Sentencias SU-400 de 2012 (magistrada ponente Adriana M. Guillén Arango) y SU-399

de 2012 (magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto).

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intención positiva de lesionar un interés jurídico, entretanto la
segunda atañe a un concepto que está ligado a la diligencia
debida para el desarrollo de determinada actividad.

Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con
culpa, deben analizarse los elementos que constituyen el
aspecto subjetivo de la misma, los cuales corresponden al
conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud, esto es,
si el sujeto conocía o debía conocer que su comportamiento
resultaba contrario al ordenamiento jurídico.

En los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía
plenamente que su comportamiento era constitutivo de una
causal de pérdida de investidura, estaríamos ante una situación
de total intención en la realización de la misma y, por ende, de
un grado de culpabilidad doloso. En aquellos eventos en los que
se concluya que el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta,
pero que en virtud de la diligencia requerida para el desarrollo
de su actividad debía saber que la misma resultaba contraria a
derecho, se está ante un comportamiento culposo, de no
mediar sólidas circunstancias que se lo hubieran impedido.

Para definir este elemento subjetivo entonces, el análisis de la
conducta debe dirigirse a establecer si el señor MARIO
HINESTROZA ANGULO conocía o debía conocer que la suya era
constitutiva de inhabilidad, con miras a determinar si existió
dolo o culpa en su comportamiento.

En el caso del dolo, el objeto de prueba corresponde a
determinar el pleno conocimiento que tiene el sujeto sobre
que determinada conducta (en este caso la celebración del
contrato), genera la inhabilidad, pues ante dicho conocimiento,
la ejecución de la conducta demuestra la intención en la misma.

Entretanto para determinar si la conducta fue culposa, tiene
que estar demostrado, al menos, que el sujeto debía conocer
su ilicitud en virtud de la diligencia que para la inscripción como
candidato al Concejo del Municipio de Arauca (Arauca), le era
menester desplegar.

Ahora bien, para establecer esta diligencia acudiremos a los
presupuestos señalados en el artículo 63 del Código Civil, el
cual prevé:

“Artículo 63. Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de
culpa o descuido.

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Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste
en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún
las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear
en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale
al dolo.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella
diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente
en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación,
significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone
a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen padre de
familia, es responsable de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada
diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración
de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a
la suma diligencia o cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la
persona o propiedad de otro”.

En el caso concreto, la revisión de los requisitos y el
marco normativo que rige el cargo al cual se aspira, es
una obligación general para quien pretende acceder a la
función pública, incluso en los eventos de elección
popular, sin embargo el entendimiento de dichos
requisitos debe analizarse de acuerdo con las
condiciones personales del sujeto, esto es el grado de
formación, su profesión, las circunstancias que lo
rodearon, así como a los actos que haya realizado para
conocer dicho marco normativo, por ejemplo solicitar
conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de
la referida inhabilidad, para con base en ello, determinar
si se obró con el cuidado requerido y así definir si su
conducta es culposa o si, por el contrario, se está ante
una situación de buena fe exenta de culpa que impida el
reproche subjetivo de su obrar.

Esta conducta corresponde, según el citado artículo 63, a la
falta de cuidado que los hombres emplean ordinariamente en
los negocios propios. La Ley 136 establece en su artículo 42 las
calidades o requisitos positivos con los que debe contar un
candidato para ser elegido Concejal Municipal, esto es, ser
ciudadano en ejercicio y haber nacido o ser residente del
respectivo municipio o de la correspondiente área
metropolitana durante los seis (6) meses anteriores a la fecha

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de la inscripción o durante un período mínimo de tres (3) años
consecutivos en cualquier época.

A su vez, en su artículo 43, esta Ley prevé las inhabilidades o
requisitos negativos de los que debe carecer el candidato al
Concejo para ser elegido y ejercer la curul, dentro de las cuales
se encuentra, como ya se ha explicado, haber intervenido en el
año anterior a las elecciones, en la celebración de contratos con
entidades públicas en interés propio o de terceros, para ser
ejecutados en el mismo Municipio al cual aspira a ser concejal.

Ambos tipos de requisitos son de obligatoria observancia,
revisión y análisis previos por parte de todo ciudadano que
pretenda ser elegido Concejal Municipal. Esa, es una diligencia
que surge como debida en el ordinario transcurrir del proceso
de inscripción del respectivo candidato, siéndole por demás
exigible en medio de las normales medidas de cuidado y
precaución que tenía que adelantar para llegar a la certeza del
cumplimiento de los mismos y, por ende, de una candidatura
reglamentaria y sometida a las condiciones legales para ejercer
el cargo de Cabildante.

Al respecto, el artículo 9º del Código Civil, según el cual, “la
ignorancia de las leyes no sirve de excusa”, fue objeto de
examen de constitucionalidad por la Corte Constitucional, que
en dicha ocasión explicó lo siguiente, que ahora de prohíja:

“[…] Precisamente la disposición que hoy se cuestiona, fue
demandada como contraria al contenido del artículo 16 de la
Carta anterior, que implícitamente recogía el principio de
igualdad. Y al desechar el cargo, dijo la Corte Suprema, en fallo
elaborado por el Magistrado Luis Carlos Sáchica: “Es la igualdad
jurídica, que otorga iguales facultades e impone idénticos
deberes, y da igual protección a unos y a otros. Esto es, se
repite, una igualdad de derechos y no de medios. Si no

se acepta este principio, se rompe la unidad y uniformidad del
orden jurídico, atomizado en múltiples estatutos particulares,
o sea, en un sistema de estatutos privados privilegiados (…)

(…) Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora
equivale a establecer un privilegio a su favor violatorio
de la igualdad constitucional y generador del caos
jurídico”35 […]36” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

35 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, marzo 30 de 1978.
36 Corte Constitucional, sentencia C-651 de 1997, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz.

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La revisión de los requisitos y el estudio del marco normativo que

rige el cargo al cual se aspira, es una obligación general para quien

pretende acceder a la función pública, en los que están comprendidos

los cargos de elección popular; sin embargo, el entendimiento de

dichos requisitos podría analizarse de acuerdo con las condiciones

personales del sujeto, esto es, el grado de formación, su profesión,

las circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya

realizado para conocer dicho marco normativo, por ejemplo, solicitar

conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de la referida

inhabilidad, para con base en ello determinar si se obró con el

cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por el

contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa que

impida el reproche subjetivo de su obrar37.

Lo anterior, sin dejar de lado que, tal como se previno, la ignorancia

de las leyes no sirve para excusar su transgresión, al tenor del

artículo 9° del Código Civil, habida cuenta que las disposiciones que

regulan el ejercicio del cargo que se pretende ocupar, o que se está

ocupando, son de obligatoria observancia y diligente entendimiento

a la luz de cada circunstancia en particular, con el fin de determinar,

37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

16 de mayo de 2019, número único de radicación 81001-23-39-000-2016-00056-01,
consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.

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al menos con certeza promedio, si el individuo está inmerso, o no,

en las prohibiciones ordenadas por la Constitución Política y la ley.

Por su parte, la Ley 2003 de 19 de noviembre de 201938, que modificó

el artículo 1º de la Ley 1881 de 15 de enero de 201839, estableció

que el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio

de responsabilidad subjetiva y la acción se ejercerá en contra de los

congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente culposa,

hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura

establecidas en la Constitución, lo que aporta, significativamente, en

aquellos factores que también deben verificarse en el

comportamiento desplegado por los miembros de las corporaciones

públicas territoriales, -dolo o culpa grave-.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que no puede tener

como eximente de culpa el hecho alegado por el accionado en su

defensa, según el cual actuó convencido de que lo hacía en medio de

un proceso verbal abreviado por una servidumbre de tránsito, que

debe asimilarse a un proceso judicial, por cuanto no es susceptible

38 “[…] Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5ª de 1992 y se dictan otras disposiciones

[…]”.
39 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los

Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras
disposiciones […]”.

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de control por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y,

además, la Inspección de Policía Urbana de Donmatías (Antioquia),

actuó como autoridad con carácter jurisdiccional.

Ello, por cuanto, como ya se explicó, (i) la causal de incompatibilidad

establecida en el artículo 45, numeral 2 de la Ley 136, le prohibía ser

apoderado ante las entidades públicas del respectivo municipio, lo

cual sucedió en el presente asunto, al margen de la naturaleza del

procedimiento o proceso que se estuviera surtiendo; (ii) aun así el

proceso verbal abreviado en el que intervino como apoderado de los

terceros querellados, es de tipo policivo preventivo, -no judicial-, está

regulado, íntegramente, en el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana, -Ley 1801-, y se surtió ante las autoridades

administrativas con funciones de policía, -en este caso inspector de

policía y alcalde municipal de Donmatías (Antioquia)-; (iii) y si bien

la decisión adoptada en el curso del proceso verbal abreviado no es

susceptible de enjuiciamiento ante la jurisdicción de lo contencioso

administrativo, en los términos del artículo 105 de la Ley 1437 de 18

de enero de 201140, ello no resulta relevante para inaplicar esa causal

40 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo […]”.
“[…] Artículo 105. Excepciones. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no
conocerá de los siguientes asuntos:
(…)
3. Las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la
ley […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

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de incompatibilidad que priva al concejal de un papel protagónico

como apoderado ante las entidades públicas del mismo municipio

para el cual fue elegido, sin importar si el fallo definitivo sea

demandable o no.

Agregó también que el artículo 8º de la Ley 1368 expresa que los

concejales podrán ejercer su profesión u oficio, siempre y cuando con

ello no se interfieran las funciones que ejercen como tales, ni se trate

de asuntos en los cuales el municipio o sus entidades

descentralizadas sean parte, lo que, a su juicio, no ocurrió en su caso,

pues con su trabajo como apoderado de terceras personas

particulares, no se afectaron las funciones que realizaba como

concejal y que en ningún momento la entidad hizo parte en el proceso

policivo.

Al respecto, la Sala reitera su jurisprudencia relacionada con la

materia, en cuanto a que los artículos 45 y 46 de la Ley 136, y el

artículo 8º de la Ley 1368, no se contradicen entre sí, sino que su

interpretación resulta armónica y complementaria para la aplicación

del alcance y contenido de la referida incompatibilidad y sus

excepciones. En efecto, el artículo 8º de la Ley 1368 les permitió a

los concejales ejercer su profesión u oficio, -entre estos la abogacía,

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sin discriminar en el tipo de procedimiento o proceso-, siempre y

cuando con ello no interfieran con las funciones que ejercen como

cabildantes, ni se trate de asuntos en los cuales el municipio o sus

entidades descentralizadas sean parte, manteniendo a salvo el

alcance y contenido de las restricciones y excepciones contenidas en

los artículos 45 y 46 de la Ley 136, suficientemente abordados en

esta providencia.

Es menester destacar, por demás, que según consta en el Formato

Único de Hoja de Vida del DAFP diligenciado el 7 de enero de 2020,

y presentado por el concejal ante el cabildo municipal de Donmatías

(Antioquia), aquel es abogado, con especialización en derecho

administrativo con énfasis en contratación estatal, y técnico

profesional en procedimientos judiciales, con diez (10) años de

experiencia en el sector público, -información que goza de presunción

de veracidad-, lo cual le otorgaba un deber de cuidado superior ante

la evidente capacitación en la materia. Ante esta adecuada formación

profesional y experiencia laboral, era necesario que al iniciar el

ejercicio de su cargo de concejal de Donmatías (Antioquia) el

accionado conociera cuáles eran las incompatibilidades que lo

gobernaban y sus vicisitudes, para así abstenerse de incurrir en ellas,

así como abordar la jurisprudencia de la Sección que para la época

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de los hechos ya se había ocupado de casos similares que le hubieran

permitido tomar decisiones jurídicamente distintas a las asumidas.

El comportamiento del concejal corresponde a la falta de cuidado que

se exhibe al no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que

aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en

sus negocios propios, en la medida en que, se reitera, el artículo 45,

numeral 2, de la Ley 136, le imponía una prohibición que decidió

obviar de forma sumamente negligente.

En síntesis, para la Sala es palmario que la conducta censurada, -

representar a terceros en un proceso verbal abreviado ante la

Inspección de Policía Urbana y Despacho del alcalde del municipio

para el cual fue elegido concejal-, fue desplegada por el señor JORGE

WILLIAM CASTAÑO ÚSUGA debiendo saber que era incompatible

para hacerlo y, aun así, optó por ser apoderado ante las entidades

públicas del municipio de Donmatías (Antioquia), de forma

gravemente culposa, por negligente e imprudente, muy a pesar de

que tuvo la capacidad cognitiva de reconocer que esa actuación le

era prohibida en medio de sus funciones como cabildante de

Donmatías (Antioquia), en medio de su período constitucional 2020-

2023.

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Por las razones explicadas y encontrándose demostrados los

aspectos objetivo y subjetivo de la causal de incompatibilidad

prevista en el artículo 45, numeral 2, de la Ley 136, la Sala procederá

a confirmar la sentencia de 23 de marzo de 2022, proferida por el

Tribunal Administrativo de Antioquia, pero por las razones expuestas

en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 23 de marzo de 2022,

proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, pero por las

razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el

expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

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Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 1o. de julio de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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