Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2024-00782-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2024-00782-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-15-000-2024-00782-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación 250002315000202400782011
Recurso de apelación contra la sentencia de 12 de noviembre de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Solicitante: WALTER ALONSO JEGEN TABORDA
TESIS: ANTE LA AUSENCIA DE UN INTERÉS PARTICULAR, ACTUAL Y DIRECTO,
SE DESCARTA CONFLICTO DE INTERESES POR PARTE DEL CONCEJAL DE
BOGOTÁ QUE NO SE DECLARÓ IMPEDIDO PARA VOTAR EL TRÁMITE DE
IMPEDIMENTO DE OTROS CONCEJALES EN EL PERÍODO 2024-2027 CON
QUIENES HABÍA INTEGRADO LISTA DE CANDIDATOS A ESA CORPORACIÓN
EN EL PERÍODO 2020-2023.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el
solicitante contra la sentencia de 12 de noviembre de 2024, proferida
por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante la cual denegó la pérdida de investidura del señor JUAN
DAVID QUINTERO RUBIO, concejal de Bogotá, D.C., por hechos
ocurridos dentro del período constitucional 2024-2027.
I.- ANTECEDENTES
1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las
providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta
sentencia, deben confrontarse de forma virtual.
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Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00782 01
Solicitante: WALTER ALONSO JEGEN TABORDA
I.1.- El ciudadano WALTER ALONSO JEGEN TABORDA, actuando
en nombre propio, solicitó decretar la pérdida de investidura del
señor JUAN DAVID QUINTERO RUBIO, concejal de Bogotá, D.C.,
por hechos sucedidos dentro del período constitucional 2024-2027,
al considerar que incurrió en la causal prevista en el artículo 55,
numeral 2, de la Ley 136 de 2 de junio de 19942, y en el artículo 48,
numeral 1, de la Ley 617 de 6 de octubre de 20003, en consonancia
con el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437 de 18 de enero de
20114, esto es por violación al régimen de conflicto de intereses.
I.2.- En apoyo de su pretensión el solicitante adujo, en síntesis, que
el señor JUAN DAVID QUINTERO RUBIO se inscribió como
candidato al Concejo de Bogotá, D.C. por la lista del Partido Liberal
Colombiano, durante las elecciones realizadas el 27 de octubre de
2019, período constitucional 2020-2023, lista dentro de la cual
también se inscribieron los señores SAMIR JOSÉ ABISAMBRA
VESGA, MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA y ARMANDO DE LOS
MILAGROS GUTIÉRREZ GONZÁLEZ.
Mencionó que, en esa oportunidad, el Partido Liberal Colombiano
obtuvo siete curules, de las cuales tres les correspondieron a los
señores SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA, MARÍA VICTORIA
VARGAS SILVA y ARMANDO DE LOS MILAGROS GUTIÉRREZ
2 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de
los municipios […]”.
3 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de
1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional […]”.
4 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo […]”.
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Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00782 01
Solicitante: WALTER ALONSO JEGEN TABORDA
GONZÁLEZ, mientras que el señor JUAN DAVID QUINTERO
RUBIO no logró obtener una de esas curules.
Comentó que, con posterioridad, el señor JUAN DAVID QUINTERO
RUBIO se inscribió como candidato al Concejo de Bogotá, D.C., para
las elecciones realizadas el 29 de octubre de 2023, período
constitucional 2024-2027, esta vez por la Coalición Nuevo
Liberalismo-En Marcha, obteniendo así una curul en esa corporación.
Indicó que, por su parte, los señores SAMIR JOSÉ ABISAMBRA
VESGA, MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA y ARMANDO DE LOS
MILAGROS GUTIÉRREZ GONZÁLEZ se inscribieron como
candidatos al Concejo de Bogotá, D.C., por la lista del Partido Liberal
Colombiano, durante las elecciones realizadas el 29 de octubre de
2023, período constitucional 2024-2027, y obtuvieron sus actuales
curules.
Manifestó que el Concejo de Bogotá, D.C., expidió la Resolución 063
de 2024, por medio de la cual se convocó y reglamentó el concurso
público de méritos para proveer el cargo de personero de Bogotá,
D.C., proceso dentro del cual se presentaron sendas recusaciones en
contra de los señores SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA, mediante
escrito de 4 de marzo de 2024, por parte del señor CESAR GÓMEZ
DUARTE; MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA, con escrito de 1o.
de marzo de 2024, por parte del señor JUAN CAMILO MESA
CRISTANCHO; y ARMANDO DE LOS MILAGROS GUTIÉRREZ
GONZÁLEZ, a través de escrito de 4 de marzo de 2024, por parte
del señor CESAR GÓMEZ DUARTE.
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Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00782 01
Solicitante: WALTER ALONSO JEGEN TABORDA
Refirió que, en sesión plenaria de 4 de marzo de 2024, se puso a
disposición de los cabildantes la recusación presentada en contra de
la concejal MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA, frente a la cual los
concejales SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA, ARMANDO DE LOS
MILAGROS GUTIÉRREZ GONZÁLEZ y otros integrantes de la
bancada del Partido Liberal Colombiano, presentaron impedimento
para participar en su discusión y votación, con fundamento en lo
previsto en el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437 del CPACA.
Anotó que, no obstante, lo anterior, el concejal JUAN DAVID
QUINTERO RUBIO contestó el llamado a lista, estuvo presente,
conformó quorum y tomó decisión acerca de la recusación
presentada en contra de la concejal MARÍA VICTORIA VARGAS
SILVA, así como de los impedimentos presentados por los concejales
SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA, ARMANDO DE LOS
MILAGROS GUTIÉRREZ GONZÁLEZ y GERMÁN AUGUSTO
GARCÍA MAYA.
Señaló que en sesión plenaria de 5 de marzo de 2024 se pusieron a
disposición de los cabildantes las recusaciones presentadas en contra
de los concejales SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA y ARMANDO
DE LOS MILAGROS GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, reunión en la que el
concejal JUAN DAVID QUINTERO RUBIO contestó el llamado a
lista, estuvo presente, conformó quorum y tomó decisión acerca de
esa recusación.
Arguyó que el accionado violó el régimen de conflicto de interés, así
como el régimen de impedimentos y recusaciones establecido en el
artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437, lo cual genera la pérdida de
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Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00782 01
Solicitante: WALTER ALONSO JEGEN TABORDA
investidura de conformidad con el artículo 48, numeral 1, de la ley
617, toda vez que debió declararse impedido para participar,
conformar quorum y decidir las recusaciones presentadas en contra
de los concejales SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA, MARÍA
VICTORIA VARGAS SILVA y ARMANDO DE LOS MILAGROS
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, así como el impedimento presentado por
el concejal GERMAN AUGUSTO GARCÍA MAYA, luego de haber
conformado la misma lista de candidatos del Partido Liberal
Colombiano al Concejo de Bogotá, D.C., para el período
constitucional anterior, esto es 2020-2023.
Sostuvo que la conducta del concejal JUAN DAVID QUINTERO
RUBIO resulta reprochable, porque conocía el artículo 11, numeral
14, del CPACA, producto de reiterados impedimentos debatidos en el
Concejo de Bogotá, D.C., por iguales circunstancias; y que su actuar
fue antiético e indigno del cargo que posee, al decidir en tres
ocasiones, en el presente caso, acerca de impedimentos y
recusaciones de colegas con quienes sabía que había conformado
lista a la misma corporación en la elección territorial inmediatamente
anterior —27 de octubre de 2019— sin haberse declarado impedido
para participar en la discusión y posterior decisión de estos,
rompiendo así con la moralidad, la imparcialidad y la transparencia,
que debe observarse en toda actuación administrativa.
Adujo que no se evidencia una causal de fuerza mayor y/o caso
fortuito que permita la exoneración de responsabilidad del accionado,
sino que se entrevé una conducta reprochable a su cargo, enmarcada
en el artículo 63 del Código Civil colombiano.
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Solicitante: WALTER ALONSO JEGEN TABORDA
I.3.- El concejal, a través de apoderado, contestó la solicitud de
pérdida de investidura con la que se opuso a dicha pretensión, para
lo cual manifestó, en síntesis, que no incurrió en la causal prevista
en el artículo 48, numeral 1, de la Ley 617, pues no se probó que
estuviera inmerso en la causal de impedimento y recusación
establecida en el artículo 11, numeral 14, del CPACA, ni que tuviera
un interés particular, directo, actual, moral y real, toda vez que
decidir sobre la recusación de los señores SAMIR JOSÉ
ABISAMBRA VESGA, MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA y
ARMANDO DE LOS MILAGROS GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, no
redundaba en beneficio o provecho suyo, así como tampoco
representó un comportamiento doloso o gravemente culposo.
Sostuvo que no puede entenderse el alcance del régimen de conflicto
de intereses previsto en el artículo 11 del CPACA, sin dar lectura
íntegra a la disposición, esto es, sin remitirse al enunciado que
precede cada una de las causales de impedimento y/o recusación; y
que tiene que analizarse de conformidad con el artículo 44 de la Ley
1952 de 28 de enero de 20195, estatuto disciplinario que desarrolla
con un mayor grado de profundidad el concepto de conflicto de
intereses y que dispone que este existe cuando el servidor público
tenga interés particular y directo en la regulación, gestión, control o
decisión de un asunto y entre en conflicto con el interés general.
Resaltó que, tal como lo reconoció el solicitante, no puede hablarse
de un interés actual en los términos del artículo 11 del CPACA, toda
vez que su voto recayó sobre la recusación de concejales que, para
5 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002
y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario […]”.
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Solicitante: WALTER ALONSO JEGEN TABORDA
ese momento, no hacían parte de su partido, es decir de la bancada
de la Coalición Nuevo Liberalismo-En Marcha; y que si bien es cierto
que los concejales SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA, MARÍA
VICTORIA VARGAS SILVA y ARMANDO DE LOS MILAGROS
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, también se inscribieron como candidatos
al Concejo de Bogotá, D.C. por la lista del Partido Liberal Colombiano
para las elecciones territoriales de 27 de octubre de 2019, la votación
que le permitió obtener una curul no fue en el marco de ese período
constitucional, sino en el siguiente, es decir en el período actual
2024-2027, cuando ya no hacía parte del Partido Liberal Colombiano,
sino de la Coalición Nuevo Liberalismo-En Marcha.
Indicó que, en concordancia con el artículo 108 constitucional, el
régimen de las bancadas establecido en el capítulo II del Acuerdo
741 de 2019 (Reglamento interno del Concejo de Bogotá, D.C.)
señala en su artículo 4º que los miembros del Concejo de Bogotá,
D.C. deben actuar en bancadas, razón por la que los concejales
recusados e impedidos, al ser de una bancada distinta, carecen de
intereses comunes.
Arguyó que no hubo conducta negligente, en la medida en que su
participación en el proceso decisorio de las recusaciones formuladas
a concejales de otra bancada estuvo guiada por lo ordenado en los
artículos 117 y 118 del Reglamento Interno del Concejo Distrital de
Bogotá, D.C., así como por los conceptos jurídicos que dan alcance a
la necesidad de manifestar impedimento, únicamente en aquellos
casos en que los concejales recusados o impedidos sean de la misma
bancada del concejal que va a decidir con voto.
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Solicitante: WALTER ALONSO JEGEN TABORDA
Invocó el concepto jurídico de 4 de febrero de 2020, suscrito por el
director jurídico del Concejo de Bogotá, D.C., en el que se anunció
que los únicos concejales que no pueden participar en la deliberación
y votación de las recusaciones e impedimentos, son aquellos que
hacen parte de la misma bancada del concejal recusado o impedido
y, desde luego, el mismo concejal cuando se trate de decidir su
propia recusación o impedimento, así: “[…] Para el caso de la
recusación objeto de este concepto, los concejales que pertenecen a
una misma bancada se encuentran incursos en la causal 14 del
artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, razón por la que deberán
declararse impedidos de participar en la decisión de la recusación de
su compañero de lista, hoy compañero de bancada. En consonancia
con lo indicado en el acápite i), se trata de una causal de carácter
objetivo, fácilmente verificable por el hecho de pertenecer a una
misma bancada, asunto que no amerita mayor de más explicaciones
[…]”.
Recalcó que al momento de participar y votar por las referidas
recusaciones e impedimentos el 4 y 5 de marzo de 2024, ninguno de
los concejales recusados era su compañero de bancada en la
Coalición Nuevo Liberalismo-En Marcha, período constitucional 2024-
2027, lo que significa que no estaba obligado a declararse impedido
según las directrices impartidas por la propia corporación edilicia.
Citó la sentencia de 14 de septiembre de 2023, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, con la que se negó la solicitud
de pérdida de investidura de un concejal que actuó bajo la íntima e
insuperable convicción de que el supuesto escrito de recusación no
era en realidad un mecanismo legítimo con capacidad de separar a
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su copartidaria del trámite electoral y de que su comportamiento no
quebrantaba el ordenamiento jurídico.
Mencionó que el Concejo de Bogotá, D.C. se había pronunciado
negativamente frente a los impedimentos presentados por la señora
MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA, en diferentes ocasiones
respecto al mismo conflicto de intereses que se estudia en el presente
proceso, postura avalada el 4 de junio de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que decidió negar la pérdida de
investidura de esa concejal, decisión confirmada por la Sección
Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 29 de agosto
de 2024.
Agregó, en lo atinente a los otros dos concejales, SAMIR JOSÉ
ABISAMBRA VESGA y ARMANDO DE LOS MILAGROS
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, que, como consta en las actas de votación
aportadas, la totalidad de los votos fueron negativos, demostrando
que no procedían las recusaciones planteadas y que no tenía interés
alguno en el sentido de las votaciones.
Comentó que no ejerció conducta dolosa o gravemente culposa y que
actuó con la convicción de que no estaba incurso en un conflicto de
intereses al carecer de un interés particular y actual que le impidiera
participar en la recusación formulada a concejales que no hacían
parte de su bancada, en tanto que el manual interno del concejo y el
concepto jurídico de 4 de febrero de 2020, rendido por el director
jurídico del Concejo de Bogotá, D.C., advertían que no era necesario
declararse impedido.
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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
El a quo, mediante sentencia de 12 de noviembre de 2024, denegó
la pérdida de investidura del señor JUAN DAVID QUINTERO
RUBIO, concejal de Bogotá, D.C., para lo cual mencionó, por una
parte, que está probado el elemento objetivo, porque el concejal
había conformado la lista de candidatos al Concejo de Bogotá D.C.
por el Partido Liberal Colombiano, período constitucional anterior, -
2020-2023-, con los concejales de Bogotá, D.C., SAMIR JOSÉ
ABISAMBRA VESGA, MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA y
ARMANDO DE LOS MILAGROS GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, así como
con el concejal GERMÁN AUGUSTO GARCÍA MAYA, quien
manifestó impedimento y no se declaró impedido para resolver tales
asuntos en el marco del proceso de elección del personero distrital
de Bogotá, D.C.
Y, por la otra, indicó que la participación del accionado en la decisión
que involucró a concejales con quienes integró lista de candidatos al
Concejo de Bogotá D.C., durante las elecciones de 27 de octubre de
2019, no configura el conflicto de interés alegado, al no demostrarse
el elemento subjetivo ni acreditarse el interés particular, actual, de
carácter moral o económico, y real, que configure la causal alegada,
conforme lo explicaron la defensa del accionado y la agencia del
Ministerio Público.
Comentó que el solicitante no probó cuál fue el provecho o utilidad
que habría resultado de la participación del accionado en la decisión
de los impedimentos y recusaciones contra otros miembros de la
corporación, ni argumentó el conflicto derivado entre aquél y el
interés derivado de su investidura, pues el único hecho de haber
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conformado la lista al Concejo de Bogotá D.C., en el período anterior,
no configura el interés que determine la responsabilidad personal.
Arguyó que la materia decidida por el accionado consistió en resolver
la recusación e impedimento de otros concejales para participar en
la elección del personero distrital de Bogotá D.C., pero que ninguno
de ellos fue aspirante a esa elección, como sí ocurrió en el caso
recientemente decidido por la Sección Primera, en el que concejales
del municipio de Itagüí (Antioquia) habían integrado lista de
candidatos con quien luego resultó elegido secretario general de esa
corporación (sentencia de 26 de septiembre de 2024, radicado
05001233300020240023701, consejero ponente Hernando Sánchez
Sánchez).
Sostuvo, con fundamento en lo anterior, que debía denegar la
pérdida de investidura del accionado, por la causal de conflicto de
interés, toda vez que no había prueba de que el señor JUAN DAVID
QUINTERO RUBIO, concejal de Bogotá D.C., hubiese actuado con
interés directo, particular y actual en la decisión de los impedimentos
y recusaciones presentados contra otros miembros del cuerpo
colegiado con quienes conformó lista de candidatos, por el Partido
Liberal Colombiano, en el período electoral anterior (2020-2023).
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO
El solicitante interpuso recurso de apelación con el fin de que se
revoque la sentencia impugnada y, en su lugar, se acceda a la
pérdida de investidura. Para tal efecto, aduce que el Tribunal erró al
considerar que el accionado no tenía un interés directo y actual en el
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presente caso; y que el artículo 11, numeral 14, del CPACA, exige la
declaración de impedimento precisamente para garantizar que no
existan situaciones en las que la relación electoral previa genere, de
manera objetiva, un interés particular, moral, político y/o ideológico
en la decisión, lo cual comprende un margen amplio de tiempo (hasta
dos períodos anteriores), porque la intención del legislador es
proteger la transparencia e imparcialidad en los casos en que se
pudiera cuestionar la objetividad del servidor público.
Aduce que está demostrado que el concejal JUAN DAVID
QUINTERO RUBIO, conformó lista del Partido Liberal Colombiano
dentro de uno de los dos períodos anteriores, con los concejales
SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA, MARÍA VICTORIA VARGAS
SILVA, ARMANDO DE LOS MILAGROS GUTIÉRREZ GONZÁLEZ
y GERMÁN AUGUSTO GARCÍA MAYA; y que la noción de ‘interés
actual’ no implica necesariamente un beneficio económico o
inmediato, sino que se refiere a cualquier situación que, en el
momento de la actuación, afecte la objetividad del servidor.
Manifiesta que la actual participación del accionado en la misma
corporación pública con quienes compartió lista y su actuación en
una decisión que afecta directamente a dichos miembros, configuran
un interés actual en los términos de la jurisprudencia, ya que se trata
de una relación que, en sí misma, afecta la percepción de
imparcialidad; y que limitar el “interés actual” a un provecho
inmediato, resulta contrario al objetivo de la norma que busca evitar
influencias impropias en la toma de decisiones.
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Señala que al desconocerse por el Tribunal este vínculo objetivo y
limitar el concepto de conflicto de intereses, debilita el propósito de
la Ley 1437 y desprotege el principio de imparcialidad, porque se
mina la confianza pública de que los funcionarios actúan en función
del interés general y no de relaciones previas o afinidades políticas
que, por más sutiles que sean, alteran la transparencia de sus
decisiones.
Resalta que aportó las pruebas adecuadas para demostrar la
culpabilidad del concejal JUAN DAVID QUINTERO RUBIO, a través
del enlace de la sesión plenaria de 4 de marzo de 2024 del Concejo
de Bogotá, D.C., donde se demuestra que aquel contestó a lista,
estuvo presente, conformó quorum y tomó decisión sobre el
impedimento y la recusación presentada en contra de la concejal
MARÍA VICTORIA VARGAS.
Comenta que dentro de la sesión que se encuentra en la plataforma
YouTube, se puede identificar a partir de la hora y treinta y seis
minutos, (01h:36m), hasta la hora y cuarenta y dos minutos,
(01h:42m), la votación en comento: ‘SESIÓN PLENARIA ORDINARIA
LUNES 04 DE MARZO DE 2024’,
[https://www.youtube.com/live/LfACYv2ntH8?si=W3yx0QIaHl449n
6p]. Y que también aportó el enlace de la sesión plenaria de 5 de
marzo de 2024, en la que se demuestra que el accionado contestó a
lista, estuvo presente, conformó quorum y tomó decisión sobre el
impedimento y recusación presentadas en contra de los referidos
concejales, a partir de los 30 minutos y hasta el minuto 40 de la
sesión grabada: ‘SESIÓN PLENARIA ORDINARIA MARTES 05 DE MARZO DE
2024’, [https://www.youtube.com/live/dQ3i1NshXvc?si=TZakrjGGhjXIhu7z].
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Solicitante: WALTER ALONSO JEGEN TABORDA
IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
IV.1.- El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,
numeral 3, de la Ley 1881 de 15 de enero de 20186, fue descorrido
así:
IV.1.1.- El concejal, a través de apoderado, solicita confirmar la
sentencia apelada, para lo cual reiteró los argumentos expuestos
desde la contestación de la solicitud de desinvestidura, en especial
que estuvo presente y votó a favor del impedimento de la bancada
del Partido Liberal Colombiano, según consta en las actas de esas
fechas, decisión que fue mayoritaria en la plenaria, lo que pone de
presente que no existió un interés particular y directo, como lo exige
el artículo 11 de la Ley 1437.
Señala que del material probatorio aportado por el solicitante no se
desprende que haya tenido un interés específico en la decisión a
adoptar, ni que este haya afectado la imparcialidad de sus
determinaciones; y que, por el contrario, su votación fue a favor de
aceptar el impedimento solicitado, lo que demuestra que no existió
un interés particular luego de apoyar la declaración de impedimento
de una bancada de la que sí eran parte los concejales recusados.
Aduce que si bien integró la lista de candidatos al Concejo de Bogotá,
D.C., durante el período constitucional anterior (2020-2023), junto
con los concejales recusados SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA,
MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA, ARMANDO DE LOS
6 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se
consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.
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MILAGROS GUTIÉRREZ GONZÁLEZ y GERMÁN AUGUSTO
GARCÍA MAYA, todos ellos integrantes del Partido Liberal
Colombiano, lo cierto es que para el actual período 2024-2027,
dichos concejales volvieron a conformar la lista de candidatos del
mismo partido, situación distinta a la suya, pues esta vez integró y
fue elegido concejal por la lista de la Coalición Nuevo Liberalismo-En
Marcha, lo que suprime cualquier vínculo político entre él y los
concejales recusados.
Manifiesta que el factor de inmediatez analizado en la sentencia
apelada, y que es fundamental para determinar la existencia de un
conflicto de intereses, se ajusta adecuadamente a la interpretación
hecha por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, ya que
garantiza que el interés particular sea actual, real y concurrente con
la actuación del servidor público, basado en situaciones concretas,
inmediatas y verificables, por lo que no debe aceptarse la
interpretación errónea del apelante.
Reitera, con relación a los argumentos que demuestran que no tuvo
una conducta dolosa o gravemente culposa, que su participación en
el trámite de recusación e impedimentos se realizó bajo el
cumplimiento del Reglamento Interno del Concejo de Bogotá, D.C.,
y los conceptos jurídicos aplicables, según los cuales solo debía
declararse impedido cuando existiera un interés particular, directo y
específico que afectara la imparcialidad de su decisión, situaciones
fácticas que no eran aplicables en este caso, debido a que los
concejales involucrados no formaban parte de la bancada de la
Coalición Nuevo Liberalismo-En Marcha.
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Menciona que el artículo 118 del Reglamento Interno del Concejo de
Bogotá, D.C., exige manifestar impedimento, únicamente, en casos
de interés directo, sumado a que el concepto jurídico de 4 de febrero
de 2020, suscrito por la Dirección Jurídica de esa corporación
territorial, advierte que el impedimento se limita a concejales de la
misma bancada del partido político, lo que no ocurrió en el caso
concreto; y que tal respaldo normativo y doctrinal sustentó su
participación en el proceso decisorio sin indicios de negligencia,
motivado por su buena fe, y con la convicción de que sus acciones
se ajustaban a las normas vigentes.
Cita las aclaraciones de voto suscritas por dos magistrados del
Tribunal en cuanto que era necesario que la providencia abordara el
tema de los impedimentos y recusaciones desde la interpretación
sistemática del artículo 142, inciso cuarto, de la Ley 1564 de 12 de
julio de 20127, así como del desarrollo jurisprudencial existente, que
en reiteradas oportunidades ha precisado que ningún servidor
público puede declararse impedido para resolver o votar una
recusación o un impedimento, debido a que su labor se circunscribe
a examinar la causal invocada respecto del funcionario recusado y no
a resolver el fondo del asunto, para garantizar el debido proceso
previsto en el artículo 29 de la Constitución Política; y que si bien lo
anteriormente indicado está dirigido a los jueces y magistrados, es
procedente hacerlo extensivo a actuaciones administrativas como la
del caso concreto.
7 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones
[…]”.
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Por último, alude a otra aclaración de voto respecto a que tampoco
se configuró el elemento objetivo porque el accionado ya no hacía
parte de las listas a ese Concejo por el Partido Liberal Colombiano,
sino que fue elegido por la Coalición Nuevo Liberalismo-En Marcha
para el actual período constitucional 2024-2027, por lo que la causal
de impedimento desapareció desde el mismo momento en que el
concejal se inscribió por un partido político distinto y resultó elegido.
IV.1.2.- Por su parte, el agente del Ministerio Público guardó silencio
en esta instancia.
IV.2.- A través de auto de 28 de marzo de 20258, el Despacho
sustanciador, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el
accionado, confirmó el auto de 18 de octubre de 2024, proferido por
la Sección Tercera, Subsección A, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por medio del cual denegó el decreto de unas pruebas
testimoniales.
Para ello consideró que si bien la solicitud probatoria formulada por
el accionado reunía las exigencias del artículo 212 del CGP, lo cierto
es que los testimonios de los señores RAÚL ANTONIO PABA
IGLESIAS, LUZ ANGÉLICA VIZCAÍNO SOLANO, MARÍA
VICTORIA VARGAS SILVA y JUAN JAVIER BAENA MERLANO,
no resultaban necesarios para resolver la controversia ante la
existencia en el expediente de otros medios de prueba con los cuales
se puede acreditar lo perseguido con estos.
8 Visible en el índice 00004 de SAMAI del expediente con radicación 25000231500020240078202.
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V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1.- Problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer, en los precisos términos del
recurso de apelación, en consonancia con el escrito de la solicitud
inicial, si el concejal de Bogotá, D.C., señor JUAN DAVID
QUINTERO RUBIO, incurrió en la causal prevista en el artículo 48,
numeral 1, de la Ley 617, en consonancia con el artículo 11, numeral
14, de la Ley 1437, esto es por violación al régimen de conflicto de
intereses, luego de haber votado para decidir las recusaciones
formuladas en contra de los concejales SAMIR JOSÉ ABISAMBRA
VESGA, MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA, ARMANDO DE LOS
MILAGROS GUTIÉRREZ GONZÁLEZ y GERMÁN AUGUSTO
GARCÍA MAYA, durante las sesiones plenarias de 4 y 5 de marzo de
2024, a pesar de que tanto el accionado como estos concejales
integraron la lista de candidatos del Partido Liberal Colombiano al
Concejo de Bogotá, D.C., durante las elecciones territoriales de 27
de octubre de 2019, -período constitucional 2020-2023-, es decir en
el período anterior al actual.
En la presente solicitud se endilga la configuración de la causal de
pérdida de investidura prevista en el artículo 48, numeral 1, de la
Ley 617, así:
“[…] Ley 617, artículo 48.- Pérdida de investidura de
diputados, concejales municipales y distritales y de
miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas
administradoras locales perderán su investidura:
1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de
conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses
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cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal
o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía
en general […]” (Resaltado fuera del texto original).
En este sentido, el artículo 70 de la Ley 136 de 2 de junio de 1994 9
previó, en cuanto al conflicto de intereses de concejales, la siguiente
definición conceptual que instruye la aplicación de esa figura:
“[…] Artículo 70.- Conflicto de interés. Cuando para los
concejales exista interés directo en la decisión porque le
afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o
compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho,
deberá declararse impedido de participar en los debates o
votaciones respectivas.
Los concejos llevarán un registro de intereses privados en el cual los
concejales consignarán la información relacionada con su actividad
económica privada. Dicho registro será de público conocimiento.
Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de una causal de
impedimento de algún concejal, que no se haya comunicado a la
respectiva corporación, podrá recusarlo ante ella […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
La Sección ha establecido que el conflicto de intereses es un concepto
jurídico indeterminado y, debido a ello, es el juez quien decide, en
cada caso concreto, si existe o no fundamento suficiente para
acceder a la solicitud elevada. Por su parte, la jurisprudencia de la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación se
ha pronunciado en múltiples ocasiones frente al alcance y contenido
de la causal en comento y su incursión en sede judicial,
consideraciones que si bien son vertidas en el marco de controversias
de desinvestidura de congresistas de la República, orientan su
9 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de
los municipios […]”.
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entendimiento, configuración y aplicación en los asuntos que, como
en el caso sub lite, examinan las conductas de concejales.
Así, en la sentencia de 12 de abril de 2011, de la Sala Plena, se
recogen en gran medida las diferentes providencias que abordan el
tema, de la cual se transcriben los apartes más significativos:
“[…] Ahora bien, no obstante, la generalidad del alcance que tienen
los arts. 182 y 183.1 de la C.P., poseen un contenido mínimo
clarificador, que es importante destacar a continuación antes de
abordar el caso concreto:
i) El conflicto de interés puede ser de orden económico o moral, de
manera que en estos dos conceptos se deben enmarcar todas las
circunstancias reprochables desde el punto de vista del interés en
su concreción. Sin embargo, la indeterminación de los mismos sigue
caracterizando la institución.
ii) La consecuencia inmediata de estar incurso en ellos es que se le
prohíbe al congresista participar de la deliberación y decisión del
tema puesto a consideración del Congreso.
En este sentido, la Sala Plena consideró en la sentencia del 11 de
mayo de 2009 –exp. P.I. 2009 00043-: “La Carta Política impone a
los congresistas el deber de poner en conocimiento de la respectiva
Cámara las situaciones de orden moral o económico que los inhiban
para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su
consideración. La Ley 5ª de 1992 -Sección IV-, reguló lo relativo a
la aplicación, declaración, comunicación y efectos del impedimento
y la recusación y el artículo 286 reitera el deber que tienen de
declararse impedidos ‘… de participar en los debates y votaciones
respectivas…’.”
iii) El conflicto de intereses afecta la posibilidad de participar en toda
clase de actuaciones y decisiones donde, en principio, debería actuar
el congresista, es decir, que está inhibido “para participar en el
trámite de los asuntos sometidos a su consideración.” Esto significa
que no puede intervenir en la deliberación ni en la votación de
proyectos de ley, de actuaciones judiciales, ni en la adopción de
otras decisiones administrativas, electorales o políticas, siempre que
lo afecten.
De este criterio ha sido la Sala Plena en muchas ocasiones. Entre
ellas lo ha aplicado a la elección de funcionarios a su cargo, en cuyo
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caso ha analizado si en el evento concreto se presenta un conflicto
de intereses del congresista demandado que participó en la
correspondiente elección: “Para la Sala, la situación de conflicto de
interés que puede presentarse en un asunto o materia de
conocimiento de los congresistas, no se circunscribe únicamente a
los relacionados con su labor legislativa, pues como antes lo ha
precisado la Sala Plena10, los miembros del Congreso tienen otras
funciones de naturaleza administrativa, electoral, judicial, de control
político y fiscal, atribuidas por la Constitución y la ley. Por esta razón,
ha dicho la Sala11, que la situación de conflicto debe analizarse en
cada caso específico, para determinar si las particulares
circunstancias del congresista, su cónyuge o compañero o
compañera permanente, o sus parientes, o socios, se contraponen
con el interés comprometido en el asunto o materia en el que
intervenga.” -sentencia del 10 de noviembre de 2009. Rad. 11001-
03-15-000-2008-01180-00(PI)-2008-01367. CP. Martha Teresa
Briceño-
En el mismo sentido manifestó: “Que el impedimento puede darse
por la participación o votación en una decisión o asunto de que
conozca el Congreso de la República, sea que se trate de
deliberaciones y votaciones relacionadas con proyectos de ley o
actos legislativos, o se trate de una decisión trascendental. En
efecto, es inequívoco el artículo 291 al señalar que el congresista
debe declararse impedido cuando observe que existe un conflicto de
intereses para conocer y participar ‘sobre determinado proyecto o
decisión trascendental’.
“Por tanto, el impedimento no solo puede darse cuando se trate del
ejercicio de las funciones puramente legislativas del Congreso sino
cuando se trate de las otras funciones de ese órgano como las
funciones de control político, las administrativas, las judiciales y las
electorales.
“La Sala no desconoce que el conflicto de intereses podría darse de
forma contundente cuando se trata de la intervención de los
congresistas en el proceso de formación de normas jurídicas que
luego vendrían a favorecerlos de forma particular y concreta, como
cuando se dictan normas relativas al régimen del derecho penal
estando el congresista sometido efectivamente a una investigación
penal, cosa que no sucede en este caso. Este tema fue tratado por
la Sala de Consulta del Consejo de Estado en el concepto del 15 de
mayo de 200812, y así se concluyó en ese dictamen.” -sentencia del
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 10 de noviembre
de 2001, Expediente PI-0130, consejero ponente Germán Rodríguez Villamizar.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de17 de octubre de
2000, Expediente AC-11116, consejero ponente Mario Alario Méndez.
12 “[…] ¿Debe un congresista declararse impedido de participar en los debates y votaciones respecto
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23 marzo de 2010, rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI). CP.
Hugo Fernando Bastidas-
En forma concluyente también ha expresado que “Para que se
estructure la violación del régimen del conflicto de intereses es
suficiente que el congresista participe en los debates13, así sea
simplemente integrando el quórum de la sesión donde se discuta el
tema respectivo14.” –Sala Plena. Sentencia del 27 de julio de 2010.
Rad. 11001-03-15-000-2009-01219-00(PI). CP. Mauricio Fajardo
Gómez-
iv) Cuando se concreta alguna circunstancia que obliga al
congresista a separarse del tema que compete resolver al Congreso,
aquél debe ponerla en conocimiento de la Corporación, so pena de
ser recusado. En estos términos, tanto la institución del
impedimento como la recusación tienen apoyatura directa en el art.
182 de la CP.
v) Se le encomendó al legislador complementar la tarea que se
encuentra implícita en esta causal: identificar “lo relacionado con los
conflictos de intereses y las recusaciones”. Esta atribución para
ultimar los detalles de la materia, en lo no regulado en la
Constitución Política, constituye una típica reserva de ley.
vi) De lo expresado se deduce que los elementos que configuran el
conflicto de intereses son: a) la existencia de un interés particular
del congresista en la deliberación o decisión de un tema específico
a cargo del Congreso, b) que efectivamente participe de ello, c) que
ese interés sea directo, no eventual o hipotético, d) que además el
interés sea actual, y e) que el beneficio recibido no sea general sino
particular […]”15.
del proyecto de Acto Legislativo números 047 de 2007 Cámara y 014 de 2007 Senado, porque la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal le ha abierto una investigación preliminar por
actos relacionados con la llamada "parapolítica"? De acuerdo con los fundamentos normativos y los
hechos analizados en el presente concepto, la Sala considera recomendable que proceda a declarar
su impedimento ante la respectiva Corporación, para que sea ésta la que decida sobre el mismo. En
caso de hacerlo y de votar el congresista favorablemente el mencionado proyecto de Acto legislativo,
¿qué consecuencias podrían sobrevenirle en materia disciplinaria y pérdida de investidura? De
acuerdo con lo expuesto en este concepto, en caso de que el congresista no declare su impedimento
ante la Corporación y de alguna manera participe en el debate y votación del proyecto, además de
la posibilidad de que pueda ser recusado, dicha participación podría dar lugar a que se le iniciara una
investigación disciplinaria y se configurara una causal para un eventual proceso de pérdida de
investidura […]”.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de abril de 2003,
número único de radicación 11001-03-15-000-2002-1127-01(PI-058), consejero ponente Alejandro
Ordóñez Maldonado.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de
2003, número único de radicación 11001-03-15-000-2003-0587-01(PI), consejero ponente
Alejandro Ordóñez Maldonado.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 12 de abril de
2011, número único de radicación 11001-03-15-000-2010-01325-00 (PI), consejero ponente
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A partir de estos precisos elementos de juicio, la Sección16 ha
determinado que con dicha causal se procura castigar la posibilidad
de que los concejales pretendan, con determinadas decisiones,
lucrarse u obtener beneficios, ventajas o privilegios personales, en
detrimento de la comunidad, desconociendo precisamente el interés
general que debe guiar el ejercicio de sus funciones; esto es, cuando
el accionado tiene interés directo en el asunto que se encuentra
conociendo porque le afecta en forma personal, o a su cónyuge o
compañero o compañera permanente, o de alguno de sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
primero civil, o de su socio o socios de derecho o de hecho, ya sea
de orden moral o económico.
El asunto puesto en conocimiento del miembro de la corporación
pública le plantea un enfrentamiento entre su interés personal y el
interés general o bien común que, se reitera, debe guiar el ejercicio
de sus funciones, lo que obliga a que aquél manifieste su
impedimento para efectos de que sea resuelto, so pena de incurrir
en la referida causal de desinvestidura.
La causal de violación al régimen de conflicto de intereses en cabeza
de un concejal, supone la omisión en que se incurre cuando, en un
asunto sometido a su intervención, no advierte ante el resto del
Enrique Gil Botero y 2 de julio de 2013, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-00-
00322-00(PI), consejero ponente María Elizabeth García González. Ver también, en el mismo
sentido, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 6 de junio
de 2017, número único de radicación 11001-03-15-000-2016-02279-00(PI) consejero ponente
Jaime Orlando Santofimio Gamboa y de 1o. de febrero de 2018 número único de radicación 66001-
23-33-000-2017-00089-01(PI), consejero ponente Oswaldo Giraldo López.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 30 de
mayo de 2019, número único de radicación 05001-23-31-000-2017-02538-01(PI), consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés y de 28 de noviembre de 2013, número único de radicación
50001-23-33-000-2013-00027-02(PI), consejera ponente María Elizabeth García González.
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órgano político-administrativo al cual pertenece, la connivencia entre
sus intereses particulares —ya sean de orden moral y/o económico—
y los ineludibles intereses públicos que per se está obligado a
proteger en desarrollo de sus funciones públicas corporativas, en
tanto que de dicha concurrencia de intereses resulta afectado de
alguna manera u obtiene un provecho privado.
Siendo consecuente con los antecedentes jurisprudenciales
referenciados y reiterados, la Sala hace hincapié en los presupuestos
cuya presencia debe quedar demostrada de forma suficiente y
concurrente dentro del proceso, en orden a verificar la configuración
de la causal de conflicto de intereses en concejales:
a) Que el accionado haya adelantado la actuación imputada en
ejercicio de su respectiva investidura;
b) Que exista un interés directo, particular y actual del concejal, o de
su cónyuge o compañero o compañera permanente, o de alguno de
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad o primero civil, o de su socio o socios de derecho o de
hecho, de orden moral o económico, en la deliberación o decisión de
un tema específico a cargo de la respectiva corporación pública, es
decir un asunto de conocimiento funcional del miembro de la
corporación pública, cualquiera sea su naturaleza, lo que no
circunscribe la causal, únicamente, a las cuestiones político-
administrativas, sino a toda materia que sea competencia del
órgano; y,
c) Que, a pesar de ello, dicho concejal conforme el quórum o
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intervenga en el debate del referido asunto, o lo vote o participe
efectivamente del trámite, sin haber manifestado el impedimento
para actuar o sin haber sido recusado para los efectos17.
El presupuesto “a)”, común a las causales de pérdida de investidura,
exige para este escenario la calidad cualificada del sujeto activo que
incurrió en un conflicto de intereses mediante el ejercicio irregular de
su investidura, esto es que debe acreditarse su condición de concejal.
El presupuesto “b)” encierra tres componentes principales que deben
destacarse: el interés directo, particular y actual del accionado, o de
su cónyuge o compañero o compañera permanente, o de alguno de
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad o primero civil, o de su socio o socios de derecho o de
hecho; su esencia moral y/o económica; y los asuntos o temas que
son puestos a consideración e intervención del miembro de la
corporación.
El primer componente consiste en la presencia de una inclinación real
del miembro de la corporación pública hacia un tema, objeto o
aspecto cualquiera sometido a su estudio, decisión, debate, votación,
censura o participación en desarrollo de sus funciones como tal, con
el ánimo de materializar un provecho, utilidad, ventaja o
conveniencia propia, o de su cónyuge, familiares o socios, que se
aleja en todo caso de la intención inicial de obtener el bien general18
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24
de febrero de 2015, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-01139-00(PI), consejera
ponente doctora María Claudia Rojas Lasso.
18 Con relación al bien general, en la sentencia de 23 de marzo de 2010, proceso con núm. único de
radicación 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI), consejero ponente Hugo Fernando Bastidas, la
Sala Plena indicó: “[…] No hay que olvidar que el artículo 133 de la Constitución dice que los
miembros de los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo y que deberán actuar
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y afecta la transparencia y objetividad de dicha actuación.
La Sala Plena19 se ha pronunciado afirmando que el interés debe ser
entendido como “[…] una razón subjetiva que torna al funcionario y
que lo inhabilita para aproximarse al proceso de toma de decisiones
con la ecuanimidad, la ponderación y el desinterés que la norma
moral y la norma legal exigen […]”20 y como “[…] el provecho,
conveniencia o utilidad que, atendidas sus circunstancias, derivarían
el congresista o los suyos de la decisión que pudiera tomarse en el
asunto […]”21.
La Corporación ha enfatizado, al respecto, en lo siguiente:
“[…] 3.1 Interés privado concurrente. De acuerdo con lo expuesto,
resulta indubitable que este interés debe aparecer en tal forma que
comprometa objetivamente la intangibilidad del interés general
perseguido, para lo cual la Sala estima necesario hacer las
siguientes precisiones:
a) Existencia: Se configura el interés privado cuando hay “exigencia
para la satisfacción de necesidades humanas” -Messineo, Tomo II,
p. 10 -, lo cual acontece cuando surgen v. gr.: ventajas o provechos
representados en derechos subjetivos, o en ventajas de tipo
reparativo positivo (como indemnización por daños o detrimento de
derechos) o negativo (reparación de gastos), o de tipo enriquecedor
(como ganancias, utilidades, provechos, derechos, etc.), o cuando
se refieren a la simple exoneración de desventajas (exoneración de
obligaciones, cargas, etc.).
consultando la justicia y el bien común. De modo que el día en que colisionan los intereses privados
del congresista con el interés público inmerso en el debate, en la decisión o en el voto habría un caso
de conflicto de intereses, conflicto que pretenden resolver las figuras del impedimento o de la
recusación. En efecto, de prosperar el impedimento o la recusación, el congresista queda separado
de la función para el caso específico, con lo cual el ordenamiento pretende que el interés privado o
particular del congresista no subordine al interés público […]”.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 27 de julio de 2010,
número único de radicación 11001-03-15-000-2009-01219-00(PI), consejero ponente Mauricio
Fajardo Gómez y cit. de 24 de febrero de 2015, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-
01139-00(PI), consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 19 de marzo de
1996, Expediente núm. AC-3300, consejero ponente Joaquín Barreto Ruiz.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de octubre de
2000, Expediente núm. AC-1116, consejero ponente Mario Alario Méndez.
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b) Juridicidad: Se da cuando el interés privado, protegible de
ordinario, pero con la aptitud de afectar la transparencia, debido a
que siendo actual y estando amparado por la ley puede perturbar el
ánimo del interesado a actuar en su propio favor. Para ello debe
tenerse en cuenta que el interés: 1) Es actual, cuando se ha
adquirido y puede afectarse. De allí que por ausencia de este
requisito quede excluido el interés futuro. 2) Es jurídico, porque se
encuentra amparado por la ley. Por tanto, es inaceptable interés
originado en el roce meramente social (v. gr. el de comunicación o
trato) para generar conflicto de interés. y, 3) Es afectable, cuando
puede extinguirse o modificarse el que se tiene. En cambio, no se
da cuando el interés es inalienable (v. gr. La vida).
c) Privado: Se da cuando el interés es de naturaleza particular de
manera inequívoca y, por lo mismo, se descarta cuando se actúa
movido por el interés público o general -regulación abstracta en
general-. El interés puede ser individual o colectivo, referido en el
primer caso, por ej., a la propiedad particular y, en el segundo, al
interés común de los propietarios en una urbanización.
d) Titularidad: El interés debe radicar en el congresista o en su
cónyuge, compañero (a), pariente hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, en el caso bajo estudio
[…]”22.
El segundo componente atañe a la naturaleza económica o moral del
interés que procura reprimir esta causal, ante los cuales la Sala Plena
ha explicado los siguientes criterios que la Sección prohíja:
“[…] El conflicto de intereses de índole económico tiene un
perfil mucho más claro habida cuenta de que los artículos
287 y 288 de la Ley 5ª de 1992 prescriben el deber de
registrar los intereses privados y la participación accionaria
que tenga el respectivo congresista, todo para que haya
transparencia respecto de la vida económica del congresista
frente al interés público que se debate en el Congreso y de
cara al pueblo.
No hay que olvidar que el artículo 133 de la Constitución dice que
22 Consejo de Estado, Sala de Servicio y Consulta Civil, Concepto de 28 de abril de 2004, consejero
ponente Flavio Augusto Arce Rodríguez, Expediente núm. 1572; acogido y reiterado en Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 24 de agosto de 2006, Expediente
núm. 2006-0003, consejero ponente Camilo Arciniegas Andrade y de 22 de marzo de 2013,
Expediente núm. 2012-00054, consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso.
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los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa
representan al pueblo y que deberán actuar consultando la justicia
y el bien común. De modo que el día en que colisionan los intereses
privados del congresista con el interés público inmerso en el debate,
en la decisión o en el voto habría un caso de conflicto de intereses,
conflicto que pretenden resolver las figuras del impedimento o de la
recusación. En efecto, de prosperar el impedimento o la recusación,
el congresista queda separado de la función para el caso específico,
con lo cual el ordenamiento pretende que el interés privado o
particular del congresista no subordine al interés público.
El conflicto de intereses de índole moral, en cambio, no
aparece nítidamente definido ni tiene un perfil claro en las
normas constitucionales y legales, como sí ocurre con el
conflicto de intereses de índole económico, lo que no
significa que no exista o que no pueda presentarse. Es más,
no se descarta que una determinada situación fáctica derive
simultáneamente tanto en un conflicto económico como en
un conflicto de tipo moral. Por un lado, es totalmente admisible
que el congresista, como cualquier ciudadano, ejerza o haya
ejercido derechos fundamentales y de ahí que tenga intereses
privados que deba cuidar. Por otro lado, la Constitución le ordena
que como congresista vote en pos del bien común y la justicia, vale
decir, en pos del interés general. En esa dinámica es factible el
enfrentamiento de intereses que debe evitarse, tal como se explicó.
Como no resulta conforme con los paradigmas de la ética pública
que en un momento dado se superpongan esos intereses, la
Constitución castiga el hecho de que el congresista omita denunciar
la existencia del conflicto de intereses, cuestión que queda en
evidencia cuando justamente el congresista vota, participa en un
debate o en una decisión trascendental estando de por medio
intereses personales de tipo económico o moral francamente
incompatibles con el interés público relacionado con esa votación,
ese debate o esa decisión […]”23 (Negrillas y subrayas fuera de
texto).
El tercer componente alude a los asuntos o temas que son sometidos
a consideración e intervención del concejal que, lejos de
23 Cit. sentencia del 23 marzo de 2010 –Rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI). consejero
ponente Doctor Hugo Fernando Bastidas. Ver también sentencias AC-1499 de 26 de julio de 1994,
consejero ponente Doctor Delio Gómez Leyva; AC-3300 de 19 de marzo de 1996, consejero ponente
Doctor Joaquín Barreto Ruiz; AC-3302 de 5 de marzo de 1996, consejero ponente Doctor Amado
Gutiérrez Velásquez; AC-12262 de 26 de febrero de 2001, consejero ponente Doctor Jesús María
Carrillo Ballesteros; de 14 de mayo de 2002, Expediente núm. 2001-0211 (PI-031), consejero
ponente Doctor Nicolás Pájaro Peñaranda; y de 20 de noviembre de 2007, Expediente núm. 2007-
00286 (PI), consejero ponente Doctor Alejandro Ordóñez Maldonado.
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circunscribirse de forma exclusiva a los legislativos, también cobija
los electorales, judiciales, de control político, administrativos a su
cargo o, en general, que correspondan a decisiones trascendentales,
en cuanto hacen parte de las distintas facetas en las que aquél
termina interfiriendo, inevitablemente, por mandato constitucional y
legal. Por tanto, el impedimento para intervenir, siempre que lo
afecten, no solo se concreta en el ejercicio de las funciones
puramente político-administrativas de la corporación pública sino
cuando también se trate de las otras funciones de ese órgano como
son las de control político, judiciales y electorales, entre otras.
Por otra parte, el presupuesto “c” exige que además de haberse
verificado la existencia del interés particular en cabeza del miembro
involucrado en el respectivo trámite este participe efectivamente del
mismo, sin que hubiese manifestado su impedimento para actuar o
sin haber sido recusado para conseguir apartarlo del tema.
La participación efectiva en el trámite se materializa con el estudio,
decisión, debate, votación, censura y/o intervención en los asuntos
funcionales; en principio, el miembro de la corporación pública está
en la obligación de manifestar el impedimento cuando advierta la
existencia del eventual conflicto de intereses, de tal modo que le
permita al resto de sus compañeros definir o decidir el impedimento.
No se trata, como es obvio, de una decisión puramente discrecional
habida cuenta que de todas las circunstancias de hecho que pudieran
configurar un interés privado de índole económico o moral surge la
obligación de manifestar el consecuente impedimento24; y que
24 Cit. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23 marzo de
2010, número único de radicación 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI), consejero ponente Hugo
Fernando Bastidas.
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guardar silencio al respecto no impide la activación de la causal.
V.3.- De la causal de impedimento y recusación prevista en el
artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437 y el conflicto de
intereses
El artículo 11 de la Ley 1437 prevé las causales de impedimento y
recusación de los servidores públicos que deberá observarse si el
interés general propio de la función pública llegase a entrar en
conflicto con el interés particular y directo de aquellos que deban
adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar
investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones
definitivas.
El numeral 14 de dicha disposición, arriba trascrito, establece que
todo servidor público que haya hecho parte de listas de candidatos a
cuerpos colegiados de elección popular inscritas o integradas también
por el interesado, en el período electoral coincidente con la actuación
administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores, deberá
declararse impedido para intervenir.
En los términos de esta norma, se considera que el impedimento se
presenta cuando el servidor público pone de manifiesto una situación
que, a su juicio, afecta su imparcialidad y que lo imposibilita para
conocer de una actuación administrativa; y la recusación ocurre
cuando dicha situación se da a conocer por cualquier ciudadano en el
marco del procedimiento de que se trate y en los términos del artículo
70 de la Ley 136, que prevé que “[…] [c]ualquier ciudadano que
tenga conocimiento de una causal de impedimento de algún concejal,
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que no se haya comunicado a la respectiva corporación, podrá
recusarlo ante ella […]”25.
Cabe señalar que la Sala en sentencia de 19 de septiembre de
201926, reiterada en sentencias de 3 de marzo y 11 de mayo de
202327, consideró que la norma regula dos situaciones diferentes: i)
haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de
elección popular inscritas por el interesado en el período electoral
coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los dos
períodos anteriores; y ii) haber hecho parte de listas de candidatos
a cuerpos colegiados de elección popular integradas también por el
interesado en el período electoral coincidente con la actuación
administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores.
En lo atinente a la configuración del conflicto de intereses por incurrir
en la conducta prevista en el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437,
en la referida sentencia de 19 de septiembre de 2019, la Sala
sostuvo, en un primer escenario del entendimiento de esta causal28,
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de
septiembre de 2019, número único de radicación 13001233300020180073801, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de
septiembre de 2019, número único de radicación 13001233300020180073801, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 3 de
marzo de 2023, número único de radicación 250002315000202201015-01, consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez y de 11 de mayo de 2023, número único de radicación
25000231500020220101601, consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.
28 Para consultar el histórico de esta postura inicial, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencias de 19 de septiembre de 2019, número único de
radicación 13001-23-33-000-2018-00738-01(PI), consejero ponente Roberto Augusto Serrato
Valdés; de 3 de marzo de 2023, número único de radicación 25000-23-15-000-2022-01015-01,
consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez; de 11 de mayo de 2023, número único de radicación
25000-23-15-000-2022-01016-01, consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez; de 14 de
septiembre de 2023, número único de radicación 25000-23-15-000-2022-01014-01, consejera
ponente Nubia Margoth Peña Garzón; de 26 de septiembre de 2024, número único de radicación
05001-23-33-000-2024-00237-01, consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez; de 6 de marzo
de 2025, número único de radicación 50001-23-33-000-2024-00321-01, consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez; de 2 de mayo de 2025, número único de radicación 25000-23-15-000-
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que en la materialización de la conducta del impedimento el
legislador presumía que estaban comprometidas la imparcialidad y
objetividad de los servidores públicos —como lo son los concejales
artículo 12329— por lo que se configuraba un interés directo,
particular y actual en relación con la decisión adoptada30.
No obstante, la Corte Constitucional en la sentencia de unificación
SU-082 de 15 de abril de 202631 —mediante la cual dejó sin efectos
el fallo de 24 de septiembre de 2024 proferido por esta Sección,
expediente 05001233300020240023700, en el que se había
abordado, en la forma antes vista, el conflicto de intereses luego del
impedimento del artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437— censuró
la realización de generalizaciones durante el análisis de ese eventual
conflicto de intereses, así como la aplicación de presunciones por la
simple demostración de la causal de impedimento y recusación; y en
cambio insistió en que lo que debía corroborarse, en cada caso
concreto, era si en efecto se materializó una situación sancionable, o
no, en la que resulten enfrentados intereses públicos con los
2024-00502-01, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón; de 24 de julio de 2025, número
único de radicación 05001-23-33-000-2024-01329-02, consejera ponente Nubia Margoth Peña
Garzón; de 28 de agosto de 2025, número único de radicación 23001-23-33-000-2024-00197-01,
consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón; de 30 de octubre de 2025, número único de
radicación 05001-23-33-000-2025-00218-01, consejero ponente (E) Germán Eduardo Osorio
Cifuentes; de 19 de febrero de 2026, número único de radicación 08001-23-33-000-2025-00171-
01, consejero ponente Germán Eduardo Osorio Cifuentes; de 19 de febrero de 2026, número único
de radicación 25000-23-15-000-2025-00397-01, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón; y
de 19 de marzo de 2026, número único de radicación 17001-23-33-000-2025-00276-01, consejero
ponente Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
29 “[…] Artículo 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por
servicios (…)”.
30 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero
ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Sentencia de 19 de marzo de 2026. Radicación núm.:
17001-23-33-000-2025-00276-01. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Sentencia de 19 de febrero de
2026. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00397-01.
31 Corte Constitucional, sentencia SU-082 de 15 de abril de 2026, magistrado ponente Vladimir
Fernández Andrade.
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particulares del accionado, esto es si realmente existió un interés
directo, actual y particular, así:
“[…] 445. Recuérdese que, tal como lo ha reseñado el propio
Consejo de Estado32, para la configuración de un conflicto de
intereses como causal de pérdida de investidura no es
pertinente partir de generalizaciones, en tanto debe
constatarse en cada caso concreto si en efecto se reproduce
una situación sancionable. En particular, porque lo que busca
prevenirse es la tensión entre el interés que habita la función
pública y el interés particular que puede gravitar en quien
decide o participa en la toma de una decisión, bajo el
entendido de que, cuando ambos intereses confluyen en un
mismo punto, la finalidad pública corre el riesgo de
fracturarse, de tal manera que la decisión deja de orientarse
exclusivamente al bien colectivo y puede inclinarse hacia
una utilidad distinta que compromete el deber institucional
y la legitimidad del cargo. Por consiguiente, no basta con conocer
un listado general de situaciones catalogadas como generadoras de
un quebrantamiento del principio de imparcialidad -como son las
causas de impedimento-, sino que, tratándose de pérdida de
investidura, el análisis debe ocuparse por corroborar que, además
de evidenciar que ocurrió la situación marcada como causal de
impedimento, esté comprometido genuinamente un interés
confluyente que pueda llegar a perjudicar el interés público33
[…]”34.
Ahondando en ello, la Corte Constitucional se refirió al elemento
objetivo de la causal de pérdida de investidura por violación del
régimen de conflicto de intereses, estableciendo que:
“[…] 247. En paralelo, es importante recordar que la Corte
Constitucional ha enfatizado que no basta con constatar “un
factor objetivo” en abstracto. Para hablar de conflicto de
interés, el juez debe verificar, como base, la presencia de un
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contenciosos Administrativo, sentencia de 9 de noviembre de
2016, número único de radicación 11001-03-15-000-2014-03117-00(PI).
33 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 23 de marzo de
2010, número único de radicación 11001031500020090019800; de 9 de noviembre de 2016,
número único de radicación 1001031500020140311700; de 8 de septiembre de 2021, número único
de radicación 11001031500020210006800; y de 31 de julio de 2024, número único de radicación
11001031500020240143100.
34 Cit. Corte Constitucional, sentencia SU-082 de 15 de abril de 2026, magistrado ponente Vladimir
Fernández Andrade.
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interés directo particular y actual, real y no aleatorio, en la
decisión sometida a consideración del funcionario35.
248. En tal sentido, para los concejales y diputados, en lo
referente a la causal de conflicto de interés por haber
incurrido en una causal de impedimento, es necesario
precisar que el conflicto de intereses como causal de pérdida
de investidura no puede reducirse a la mera configuración
formal de una causal de impedimento, pues esta última
opera como un parámetro preventivo de abstención, pero no
sustituye la verificación del presupuesto material de la
sanción36. La jurisprudencia ha sido enfática en que la sola
subsunción fáctica en una hipótesis de impedimento resulta
insuficiente para estructurar la causal sancionatoria si no se
acredita, de manera cierta y concreta, la existencia de un interés
directo, particular y actual que se proyecte sobre el asunto decidido
y sea susceptible de generar un beneficio personal o de sus
allegados37.
(…)
250. Sin embargo, la omisión de manifestar un impedimento
no produce, por sí sola, la pérdida de investidura, pues las
normas que prevén esta sanción exigen la verificación tanto
del elemento objetivo como del subjetivo. Por ello, aunque
actuar estando impedido o abstenerse de declarar el impedimento
cuando existe el deber de hacerlo sí configura una falta disciplinaria,
ello no es equivalente ni análogo al fenómeno del conflicto
de intereses sancionable con pérdida de investidura, en
tanto este último se refiere específicamente a la
incompatibilidad entre el interés particular y el interés
general involucrado en el asunto sometido a su decisión38.
Eso exige, entonces, la demostración de un “genuino conflicto de
35 Corte Constitucional, Sentencias SU-379 de 2019 y SU-501 de 2024.
36 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; sentencia de 23 de marzo de
2010, expediente 11001-03-15-000-2009-00198-00; sentencia del 9 de noviembre de 2016,
expediente 11001-03-15-000-2014-03117-00; sentencia de 8 de septiembre de 2021, expediente
11001-03-15-000-2021-00068-00; sGentencia del 31 de julio de 2024, expediente 11001-03-15-
000-2024-01431-00. También, Sección Primera del Consejo de Estado, sentencia de 4 de
septiembre de 2025, expediente 50001-23-33-000-2024-00302-01. Igualmente, salvamento de
voto expresado por el consejero Pablo Andrés Córdoba Acosta a la Sentencia del 30 de octubre de
2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado en el expediente 05001-23-33-000-
2025-00218-01.
37 Ibidem.
38 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; Sentencia del 23 de marzo de
2010, expediente 11001-03-15-000-2009-00198-00; Sentencia del 9 de noviembre de 2016,
expediente 11001-03-15-000-2014-03117-00; Sentencia del 8 de septiembre de 2021, expediente
11001-03-15-000-2021-00068-00; Sentencia del 31 de julio de 2024, expediente 11001-03-15-
000-2024-01431-00. También, salvamento de voto expresado por el consejero Pablo Andrés
Córdoba Acosta a la Sentencia del 30 de octubre de 2025, proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado en el expediente 05001-23-33-000-2025-00218-01.
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intereses” y no la sola constatación de la concurrencia de la causa
de impedimento, en tanto esto implicaría desnaturalizar su carácter
excepcional como máxima sanción político-disciplinaria39.
251. Así, se entiende que el componente objetivo de esta
causal se orienta a establecer, desde una perspectiva
material, si la actuación del integrante de la corporación
pública se desarrolló en un escenario que comprometía su
deber de imparcialidad, por la concurrencia de una situación
personal capaz de incidir en la decisión adoptada dentro del
ámbito de sus funciones. Este examen permite identificar si el
ejercicio del cargo se vio afectado por una circunstancia
incompatible con la finalidad pública que debe guiar la
actuación del elegido, en tanto quebranta la exigencia que
rige el desempeño de la función representativa. Todo ello a
partir de la constatación fáctica de la actuación endilgada y su
confrontación con los supuestos descritos en la ley.
252. Sin embargo, se insiste, tratándose del juicio de pérdida de
investidura, por su carácter sancionatorio y por la intensidad de las
consecuencias que genera, la sola verificación de ese
presupuesto material no agota el análisis requerido, pues la
determinación de la responsabilidad demanda una
valoración adicional que trascienda el plano puramente
objetivo y permita establecer si el comportamiento resulta
jurídicamente reprochable en el caso concreto desde la
noción de culpabilidad […]”40 (Negrillas y subrayas fuera de
texto).
Asimismo, dicha providencia de unificación se refirió al análisis
probatorio que debe adelantarse en el juicio de pérdida de
investidura cuando el conflicto de intereses tiene como génesis,
específicamente, y como en el asunto bajo examen, la configuración
previa de una causal de impedimento y recusación, toda vez que su
sola materialización no constituye, per se, el invocado conflicto:
“[…] 442. Metodológicamente, el escrutinio para la
averiguación de la posible ocurrencia de una causa de
pérdida de investidura debe seguir ese orden, es decir,
39 Idem.
40 Cit. Corte Constitucional, sentencia SU-082 de 15 de abril de 2026, magistrado ponente Vladimir
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primero la verificación objetiva del supuesto típico y solo
después, si aquel se acredita, el examen subjetivo. En efecto,
tal como se explicó líneas atrás, si el elemento objetivo no se
configura, el análisis de culpabilidad carece de razón jurídica, dado
que no existirá una conducta material delimitada sobre la cual pueda
recaer un reproche sancionatorio.
(…)
444. Para la Sala, tal discernimiento obvió el análisis fáctico
sobre la acreditación fehaciente de un interés directo,
particular, actual y concreto41. Obsérvese que las decisiones
judiciales se redujeron a especificar la ocurrencia de la causa
de impedimento y la ausencia de la manifestación de parte
de las accionantes para separarse de la votación,
constituyendo ello la razón que provocó la sanción por
pérdida de investidura. En otras palabras, la valoración
probatoria se orientó a confirmar la subsunción en un impedimento,
pero dejó en segundo plano la demostración del interés
jurídicamente relevante que convierte ese escenario en conflicto de
intereses sancionable en el marco del proceso de pérdida de
investidura.
445. (…) Por consiguiente, no basta con conocer un listado
general de situaciones catalogadas como generadoras de un
quebrantamiento del principio de imparcialidad -como son
las causas de impedimento-, sino que, tratándose de pérdida
de investidura, el análisis debe ocuparse por corroborar que,
además de evidenciar que ocurrió la situación marcada
como causal de impedimento, este comprometido [sic]
genuinamente un interés confluyente que pueda llegar a
perjudicar el interés público42.
446. Así lo ha recalcado la Sala Plena del Consejo de Estado al
afirmar que “la sola ausencia de la declaración de
impedimento por parte del congresista no constituye causal
41 Exigencia probatoria que esta Corporación ha precisado en Sentencias SU-379 de 2019 y SU-501
de 2024. Ver también: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; Sentencia
del 23 de marzo de 2010, expediente 11001-03-15-000-2009-00198-00; Sentencia del 9 de
noviembre de 2016, expediente 11001-03-15-000-2014-03117-00; Sentencia del 8 de septiembre
de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-00068-00; Sentencia del 31 de julio de 2024,
expediente 11001-03-15-000-2024-01431-00. También, Sección Primera del Consejo de Estado,
Sentencia del 4 de septiembre de 2025, expediente 50001-23-33-000-2024-00302-01. Igualmente,
salvamento de voto expresado por el consejero Pablo Andrés Córdoba Acosta a la Sentencia del 30
de octubre de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado en el expediente 05001-
23-33-000-2025-00218-01.
42 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; Sentencia del 23 de marzo de
2010, expediente 11001-03-15-000-2009-00198-00; Sentencia del 9 de noviembre de 2016,
expediente 11001-03-15-000-2014-03117-00; Sentencia del 8 de septiembre de 2021, expediente
11001-03-15-000-2021-00068-00; Sentencia del 31 de julio de 2024, expediente 11001-03-15-
000-2024-01431-00.
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de pérdida de investidura, porque [las normas sobre pérdida
de investidura] no sanciona[n] la omisión del deber de
declararse impedido, sino la participación en una decisión en
la cual se configure un genuino conflicto de intereses” 43
[…]”44 (Negrillas y subrayas fuera de texto).
De acuerdo con lo anterior, para resolver el caso concreto se
acogerán los planteamientos expuestos por la Corte Constitucional
en la citada sentencia SU-082 de 2026, en tanto modificaron el
criterio que había sostenido la Sección desde la sentencia de 19 de
septiembre de 201945, de tal forma que la configuración del elemento
objetivo del conflicto de intereses, con origen en la materialización
previa de una causal de impedimento y recusación de las previstas
en el artículo 11 de la Ley 1437, deberá orientarse a acreditar de
manera cierta y concreta la existencia de un interés directo, actual,
real y particular que se proyecte sobre el asunto decidido y sea
susceptible de generar un beneficio personal o de sus allegados.
V.4.- Del caso concreto
V.4.1.- Análisis objetivo de los elementos que configuran el
conflicto de intereses en el caso concreto
La Sala, con fundamento en el acervo probatorio allegado al
proceso46, pudo verificar que:
43 Ibidem.
44 Cit. Corte Constitucional, sentencia SU-082 de 15 de abril de 2026, magistrado ponente Vladimir
Fernández Andrade.
45 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19
de septiembre de 2019, número único de radicación 13001-23-33-000-2018-00738-01(PI),
consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
46 Tal como se advirtió al inicio de esta providencia, todas las pruebas recaudadas en el proceso
reposan en el en el sistema para la gestión judicial SAMAI.
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• El accionado, señor JUAN DAVID QUINTERO RUBIO, junto con
los señores SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA, MARÍA VICTORIA
VARGAS SILVA, ARMANDO DE LOS MILAGROS GUTIÉRREZ
GONZÁLEZ y GERMÁN AUGUSTO GARCÍA MAYA, integraron la
lista de candidatos del Partido Liberal Colombiano para el Concejo de
Bogotá, D.C. en las elecciones territoriales de 27 de octubre de 2019,
período constitucional 2020-2023, tal como consta en el Formulario
E-8 CO de 3 de agosto de 2019, expedido por la REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. El primero no resultó elegido
concejal en esa oportunidad, mientras que los demás sí, de
conformidad con el Acuerdo 002 de 10 de diciembre de 201947,
expedido por el Consejo Nacional Electoral y el formulario E-26 CON
de 10 de diciembre de 2019, expedido por los miembros del Consejo
Nacional Electoral.
• En el actual período constitucional 2024-2027, el accionado fue
elegido concejal de Bogotá, D.C., esta vez por un partido distinto, la
Coalición Nuevo Liberalismo-En Marcha, para el período
constitucional 2024-2027, según se desprende del formulario E-26
CON de 8 de noviembre de 2023, expedido por la REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, lo que concuerda con la
certificación de 10 de julio de 2020, suscrita por el secretario general
del Partido Liberal Colombiano, en la que hace constar que el 18 de
febrero de 2020, el accionado renunció como militante de esa
colectividad —la cual fue tramitada y aceptada de acuerdo con lo
establecido en la Resolución 3326 de 22 de mayo de 2018 de la
Dirección Nacional Liberal— así como con la certificación de 15 de
47 “[…] Por medio de la cual se resuelve el desacuerdo declarado mediante la Resolución núm. 008
de 25 de noviembre de 2019, por los delegados del Consejo Nacional Electoral y se declara la elección
de concejales de Bogotá, D.C., período 2020-2023 […]”.
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octubre de 2024, suscrita por el director encargado del partido En
Marcha, en la que hace constar que el concejal es militante de este
desde el 12 de julio de 2023.
• A su vez, los señores SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA, MARÍA
VICTORIA VARGAS SILVA, ARMANDO DE LOS MILAGROS
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ y GERMÁN AUGUSTO GARCÍA MAYA,
repitieron curul en el Concejo de Bogotá, D.C. para el período
constitucional 2024-2027, de nuevo por el Partido Liberal
Colombiano, según consta en el citado formulario E-26 CON de 8 de
noviembre de 2023.
• En el marco del proceso de selección del personero de Bogotá, D.C.,
para el período institucional comprendido entre el 1o. de marzo de
2024 y el 29 de febrero de 2028, concurso público de méritos
convocado y reglamentado mediante la Resolución 0063 de 24 de
enero de 202448, expedida por el Concejo de Bogotá, D.C., se
radicaron sendos escritos de recusación, así:
• Por una parte, a través de correo electrónico de 1o. de marzo de
2024, el señor JUAN CAMILO MESA CRISTANCHO recusó a la
concejal MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA, teniendo como
fundamento lo señalado en el artículo 118 del Acuerdo 741 de 25 de
junio de 2019, toda vez que, mediante la Resolución 36 de 16 de
enero de 2024, el personero de Bogotá, D.C. en ejercicio, había
encargado en el empleo de libre nombramiento y remoción
48 “[…] Por medio de la cual se convoca y reglamenta el concurso público de méritos para proveer el
cargo de personero o personera de Bogotá, D.C. […]”. Disponible [en línea]:
[https://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/artic/20240124/asocfile/20240124173716/0063_re
soluci__n_convocatoria_concurso_p__blico_cargo_personero_o_personera_de_bogot___d_c_.pdf]
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denominado ‘ASESOR CÓDIGO 105 GRADO 01’ de la Personería de
Bogotá, D.C., a la señora CARMEN LUZ VARGAS SILVA, hermana
de la mencionada concejal. Y que la concejal se encontraba inmersa
en conflicto de intereses, por cuanto cualquiera de los candidatos que
resultara electo, tendría que decidir, como nominador de la
Personería de Bogotá, D.C., sobre la permanencia en el cargo de su
hermana, siendo su deber apartarse de la totalidad de actuaciones
para el proceso de elección.
Al respecto, la concejal MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA, a
través de memorando de 4 de marzo de 2024, identificado con
radicado 2024IE4514, respondió al escrito de recusación, así:
“[…] Me permito informarle a la plenaria, que en repetidas
ocasiones he presentado impedimento cuando se trata la
elección en propiedad del personero y siempre ha sido
negado unánimemente por la Plenaria dado que la
vinculación actual de mi hermana en la Personería de Bogotá
es de carrera administrativa, e inició en 1998. En ese sentido,
me permito manifestarle a la plenaria del Concejo de Bogotá, que
NO acepto los argumentos de recusación invocados en el escrito de
referencia.
(…)
1.1. Mediante Acto Administrativo del 9 de enero de 1990, mi
hermana CARMEN LUZ VARGAS SILVA fue nombrada en el cargo
de profesional especializada en la Personería de Bogotá.
1.2. La Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante Resolución
6436 de 1998, ordenó la inscripción de CARMEN LUZ VARGAS
SILVA en el empleo de Profesional Especializado de la Personería
de Bogotá en el Registro Público de Empleados Inscritos en el
Escalafón de la Carrera Administrativa.
1.3. CARMEN LUZ VARGAS SILVA continúa inscrita en la carrera
administrativa de la Personería de Bogotá.
1.4. De su desempeño como servidora pública es prueba que
durante el período 2014- 2015, como funcionaria de carrera
administrativa de la Personería de Bogotá, obtuvo la más alta
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calificación en la evaluación del desempeño laboral (2000 puntos),
en razón de lo cual y en aplicación del artículo 26 de la Ley 909 de
2004 “por la cual se expiden normas que regulan el empleo público,
la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones" le fue otorgada una “Comisión para desempeñar
empleos de libre nombramiento y remoción” dentro de la personería
de Bogotá.
1.5. Que mediante la Resolución 36 del 16 de enero de 2024 se
encargó a CARMEN LUZ VARGAS SILVA, por el término de 3
meses y/o hasta que se posesione su titular en el empleo de Asesor
Código 105, Grado 01.
1.6. Que la Ley 909 de 2004 en su artículo 24 regula el encargo en
cargos de carrera administrativa y en cargos de libre nombramiento
y remoción.
(…)
1.7. Las normas reglamentarias vigentes, compiladas en el Decreto
1083 de 2015 Único Reglamentario del Sector de la Función Pública,
siguen el citado mandato legal y fundamentaron el encargo de mi
hermana CARMEN LUZ VARGAS SILVA
(…)
1.8. Finalmente, me permito citar y acompañar el Concepto 086851
del 28 de febrero de 2023 del Departamento Administrativo de la
Función Pública, conforme al cual el ordenamiento jurídico vigente
configura un derecho preferencial de los empleados públicos
inscritos en carreras administrativas, de ser encargados de empleos
de libre nombramiento y remoción en casos de vacancia temporales
o definitivas. Dentro de los límites y con las condiciones establecidas
en la misma normativa vigente.
(…)
Lo importante en este caso, es que, como lo expliqué en el punto
precedente, los empleados inscritos en carrera administrativa tienen
derecho a ejercer por encargo los empleos de libre nombramiento y
remoción y esta decisión es del nominador, discrecional por
supuesto, pero dentro de los límites de requisitos y de tiempo o
duración, establecidos en las normas atrás reseñadas.
(…)
Establecidos los fundamentos constitucionales, legales y
reglamentarios del encargo de mi hermana CARMEN LUZ VARGAS
SILVA, en un cargo de libre nombramiento y remoción en la
Personería de Bogotá, siendo ella empleada inscrita en la carrera
administrativa de la misma entidad, y no habiendo renunciado a la
carrera administrativa para efectos de dicho encargo, no es viable
la pretendida configuración de un conflicto de interés que pueda
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afectar mi participación en el proceso de elección del nuevo
personero distrital.
(…)
Con todo respeto estimo que los argumentos esgrimidos por el
recusante se convierten en hipotéticos o aleatorios puesto que no
están soportados en hechos o actos actuales. Entonces debe
seguirse la jurisprudencia de la Corte Constitucional (…).
Además, es claro y verificable que no existe ni podría configurarse
un nexo causal entre el eventual beneficio, provecho o utilidad y el
poder de interferir en la toma de la decisión, pues no he intervenido
en el diseño de las pruebas, o en la evaluación de las hojas de vida
o de los resultados de los candidatos o he desplegado alguna
actuación con el fin de favorecer a alguno de los aspirantes;
comportamientos que, a la postre, denotaran la existencia de un
interés particular, concreto y particular que me hayan impedido
actuar con transparencia y objetividad en el proceso de elección del
personero.
(…)
En virtud de todo lo anterior, de las normas legales y
constitucionales vigentes, en especial la Ley 1437 de 2011, de la
jurisprudencia concordante en la materia y del hecho que no existe
por mi parte un interés directo, especial o inmediato en la regulación
del asunto, NO acepto la causal de recusación invocada en el escrito
de la referencia y solicito que dicha recusación sea puesta en
consideración de la plenaria, para que esta decida autónomamente
sobre el particular, conforme a las normas legales y reglamentarias
vigentes […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
• Por la otra, mediante escrito de 4 de marzo de 2024, identificado
con radicado 2024ER5414O, el señor CÉSAR GÓMEZ DUARTE
presentó recusación contra el concejal SAMIR JOSÉ ABISAMBRA
VESGA, por existir un aparente conflicto de intereses en los términos
del artículo 11, numerales 1 y 8, de la Ley 1437, así:
“[…] 1. La señora MARCELA CECILIA PINILLOS BOHÓRQUEZ
actual candidata a la Personería y el concejal Abisambra, tienen
actualmente una amistad entrañable desde antes de 2019, y su
relación es un secreto a voces, por este motivo está incurso en un
conflicto de interés para decidir y calificar a dicha candidata, como
también, a los demás candidatos, pues su puntuación sobre los
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demás puede influir positiva o negativamente sobre la candidata
Pinillos. 2. El concejal Samir Abisambra también fue secretario
general de la Personería, cuando otra de las candidatas, esto es, la
señora CARMEN TERESA CASTAÑEDA, fue personera, y con
quien también los une amistad entrañable, hecho que es de público
conocimiento y ella fue su nominadora en una relación de
subordinación. 3. Lo une una amistad entrañable con Roberto José
Fuentes (también candidato), a quien designó director jurídico del
Concejo durante su presidencia […]”.
En respuesta de 4 de marzo de 2024, identificada con radicado
2024IE4521O, el concejal SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA
rechazó dicha recusación, para lo cual manifestó que:
“[…] En primer lugar es preciso señalar que frente al primer
señalamiento, es decir, mi supuesta relación con la señora
Marcela Pinillos y las supuestas pruebas aportadas por el
señor Gómez se reducen a dos tuits del año 2019 y 2020 en
los cuales me felicita por mi cumpleaños, en este sentido
señor presidente debo decirle a la plenaria que tengo más
de 4700 seguidores en mi cuenta de X y más de 9400 en mi
cuenta de lnstagram, en las cuales muchos de ellos me
felicitan en mis cumpleaños y ello en ningún caso quiere
decir que me una una amistad entrañable con alguno de
ellos, son ciudadanos que conozco y aprecio pero la amistad
entrañable va mucho más allá de un saludo en una red social.
Situación en la que profundizare más adelante.
2. Ahora bien, frente a la señora Carmen Teresa Castañeda
con quien efectivamente trabajé y con la que el recusante
refiere una amistad entrañable, es preciso aclarar que una
persona con quien se trabaja se guardan los respetos y el
colegaje debidos, pero en ningún caso ello implica que se
mantenga una amistad entrañable como más adelante
explicaré.
3. Finalmente, el señor Roberto José Fuentes Fernández,
quien fuera director jurídico de esta corporación y de quien
fui su superior jerárquico y del que se anexa como prueba
una cita en un medio de comunicación (La silla Vacía), en
ningún caso constituye prueba alguna la manifestación
hecha por este medio y es solo una apreciación subjetiva
frente a la cual no tengo comentario alguno más que
rechazar esas afirmaciones.
(…)
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Frente a estas causales es importante señalar que el recusante yerra
de forma grosera al señalar los numerales en mención, ya que
frente al numeral 1 ninguno de mis familiares en los grados
señalados se encuentra inmerso en el concurso de méritos
para acceder a la Personería de Bogotá, razón por la cual no
es más que una recusación temeraria basada en una causal
que no tiene aplicación en mi caso por la razones antes
mencionadas y sobre las cuales no profundizaré, ya que
ninguno de los 3 candidatos mencionados en el escrito posee
conmigo ningún vínculo familiar en ningún grado.
(…)
Es decir, que conforme a lo anterior es de la órbita del
recusante probar que efectivamente existe esta amistad
entrañable entre los candidatos en mención y el suscrito y
no limitarse a especulaciones como tan solo decir que se
trata de “secreto a voces” o citar una columna en un medio
de comunicación sobre señalamientos respecto de una
persona o finalmente a si trabaje con una persona en el
pasado y que todo ello configure que se trata de amistades
entrañables y que se trata solo de maniobras dilatorias con
el fin de retrasar la toma de decisiones que en mi caso es la
de elegir personero de Bogotá, pero que en todo caso me
permito aclarar a la plenaria que con ninguno de los
candidatos me une tal grado de amistad.
(…)
Teniendo en cuenta lo antes mencionado señor presidente rechazo
categóricamente la recusación interpuesta por el recusante y le pido
a la plenaria que rechace la misma con base en las argumentaciones
personales y jurisprudenciales mencionadas en mi escrito de
respuesta […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
• Con el mismo escrito de 4 de marzo de 2024, identificado con
radicado 2024ER5414O, el señor CÉSAR GÓMEZ DUARTE también
recusó al concejal ARMANDO DE LOS MILAGROS GUTIÉRREZ
GONZÁLEZ, a partir de lo previsto en el artículo 11, numerales 1 y
2, de la Ley 1437, por cuanto:
“[…] 1. La señora BLANCA PATRICIA VILLEGAS DE LA PUENTE
identificada con cedula (…) es actualmente personera delegada para
la Protección de Víctimas del Conflicto Armado Interno de la
Personería de Bogotá y al tiempo es exesposa del concejal Armando
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Gutiérrez con quien tienen hijos en común (primer grado de
consanguinidad). 2. Que, por ello, el personero que sea elegido
tendrá la tarea de decidir si la señora BLANCA PATRICIA
VILLEGAS DE LA PUENTE continúa en la entidad, y en el cargo de
personera delegada ya referido, generando de forma inmediata un
beneficio económico para sus 3 hijos en común, dos mujeres y un
hombre. 3. Que el señor JULIÁN ENRIQUE PINILLA MALAGÓN
cuando llega al cargo de personero, retira del cargo a la señora
BLANCA PATRICIA VILLEGAS DE LA PUENTE y a los pocos días
la vuelve a nombrar por recomendación del concejal Armando
Gutiérrez quien participo con su calificación máxima en la elección a
favor de Julián Pinilla. 4. Que, por lo tanto, el concejal Gutiérrez
tiene un interés directo al saber que, si vota y gana el señor Julián
Pinilla o cualquiera de los demás candidatos, estos podrían o no
mantener a la señora Villegas en el cargo, generando un beneficio
concomitante para sus hijos, su exesposa con quien mantiene una
excelente relación y en consecuencia para él. 5. Que otra de las
concursantes, la señora CARMEN TERESA CASTAÑEDA también
tuvo en ese cargo a la señora BLANCA PATRICIA VILLEGAS DE
LA PUENTE y por lo tanto se genera el mismo interés directo si ella
sale elegida Personera. 6. Que la decisión del concejal esta viciada
al tener un interés particular y directo en la regulación, gestión,
control o decisión del asunto, para que la señora De la Puente,
permanezca en el cargo y se genere un beneficio económico para
sus hijos […]”.
Fue así como mediante respuesta de 4 de marzo de 2024, con
radicado 2024IE4655O, que el concejal ARMANDO DE LOS
MILAGROS GUTIÉRREZ GONZÁLEZ rechazó esa recusación,
indicando lo siguiente:
“[…] En ese contexto encontramos que el numeral 1 del artículo 11
de la Ley 1437 de 2011, claramente establece que se genera un
conflicto de interés cuando se trate de los intereses propios es decir
mío en mi propia persona o de mis familiares (cónyuge, compañero
o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero
civil, o su socio o socios de hecho o de derecho), situación que no
ocurre en el caso que se presenta en la recusación, por
cuanto con la señora Villegas de la Puente desde hace más
de 20 años no me une ningún vínculo familiar, ni tengo
sociedad alguna de hecho o derecho.
(…)
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Como puede verse, la norma regula en el numeral objeto de
reproche, un interés de favorecimiento a mí mismo o a mis parientes
situación que no reconoce mi realidad jurídica de hace más de 2
décadas.
(…)
En el mismo sentido, RECHAZO el presunto conflicto de
interés establecido en el numeral 15 del artículo 11 de la Ley
1437 de 2011 que es objeto de reproche, por cuanto nunca
me he encontrado en la situación fáctica y iure consagrada
en la mencionada norma con ninguno de los participantes
del concurso de personero 2024-2028.
También me permito manifestar, que frente a las demás
situaciones administrativas enunciadas en el documento de
recusación con relación a la señora BLANCA PATRICIA
VILLEGAS DE LA PUENTE es un asunto ajeno a mi persona,
el cual desconozco. Así mismo, en cuanto a mis hijos que
tengo en común con ella todos son mayores de edad,
profesionales e independientes económicamente y se han
mantenido al margen laboral con el Distrito desde que funjo
como concejal de Bogotá.
En virtud de lo anterior, NO ACEPTO la recusación presentada para
participar en el proceso de elección del Personero de Bogotá 2024-
2028, por no encontrarme incurso en las causales de conflicto de
interés consagradas en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, por
cuanto el único interés que me asiste en el presente proceso es
cumplir con la obligación de elegir el Personero de Bogotá,
consagrada en el numeral 8 del artículo 313 de la Constitución
Política de Colombia y el artículo 16 del Decreto Ley 1421 de 1993
y demás normas que lo reglamenten […]” (Negrillas y subrayas
fuera de texto).
• A partir de lo anterior, en sesión plenaria llevada a cabo el 4 de
marzo de 2024, el Concejo de Bogotá, D.C. decidió negar la
recusación formulada contra la concejal MARÍA VICTORIA
VARGAS SILVA, con 4 votos por el ‘SÍ’ y 35 votos por el ‘NO’,
reunión a la que asistió el concejal accionado JUAN DAVID
QUINTERO RUBIO, quien, en efecto, se registró en el llamado a
lista, tal como se verifica en el formato ‘Llamado a lista y registro de
concejales’, CÓDIGO: GNV-CTP-ESP-FO-F09, diligenciado por la
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Secretaría General de la corporación, y votó ‘NO’ a la recusación
como consta en el formato ‘Votación plenaria’, CÓDIGO GNV-CTP-
ESP-FO-F013. De igual forma, lo anterior se corrobora en el oficio
2024EE18364 de 23 de octubre de 2024, suscrito por la Secretaría
General del Concejo de Bogotá, D.C., así como en la grabación en
video de la citada sesión de 4 de marzo de 2024, disponible en línea:
[https://www.youtube.com/live/LfACYv2ntH8?si=W3yx0QIaHl449n6p].
• Posteriormente, en sesión plenaria de 5 de marzo de 2024, el
Concejo de Bogotá, D.C. decidió, en forma unánime, negar las
recusaciones formuladas contra los concejales SAMIR JOSÉ
ABISAMBRA VESGA y ARMANDO DE LOS MILAGROS
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, con 39 votos por el ‘NO’ y 0 votos por el
‘SÍ’, en ambos casos, reunión a la que asistió el concejal accionado
JUAN DAVID QUINTERO RUBIO, quien, en efecto, se registró en
el llamado a lista, tal como se verifica en el formato ‘Llamado a lista
y registro de concejales’, CÓDIGO: GNV-CTP-ESP-FO-F09,
diligenciado por la Secretaría General de la corporación, y votó ‘NO’
a ambas recusaciones como constan en los formatos ‘Votación
plenaria’, CÓDIGO GNV-CTP-ESP-FO-F013. A su vez, ello se constata
en el oficio 2024EE18364 de 23 de octubre de 2024, suscrito por la
Secretaría General del Concejo de Bogotá, D.C., así como en la
grabación en video de la citada sesión de 5 de marzo de 2024,
[https://www.youtube.com/live/dQ3i1NshXvc?si=TZakrjGGhjXIhu7z].
• Respecto a la aparente recusación presentada en contra del
concejal del Partido Liberal Colombiano, GERMÁN AUGUSTO
GARCÍA MAYA, que no impedimento, la Secretaría General del
Concejo de Bogotá, D.C., mediante el oficio 2024EE18364 de 23 de
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octubre de 2024, certificó que “[…] no fue presentada ninguna
recusación en su contra, por lo tanto, no reposa en esta Secretaría
votación alguna […]”, razón para que la Sala descarte cualquier
análisis en torno a esta circunstancia que fue anotada en el recurso
de apelación.
V.4.1.1.- El accionado coincidió en lista de candidatos del
Partido Liberal Colombiano al Concejo de Bogotá, D.C., —
período constitucional 2020-2023— con los actuales
concejales del Partido Liberal Colombiano, señores SAMIR
JOSÉ ABISAMBRA VESGA, MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA y
ARMANDO DE LOS MILAGROS GUTIÉRREZ GONZÁLEZ —
período constitucional 2024-2027—.
Con fundamento en lo examinado, la Sala encuentra probado que en
desarrollo del proceso de elección del personero de Bogotá, D.C.,
para el período institucional comprendido entre el 1o. de marzo de
2024 y el 29 de febrero de 2028, el accionado asistió y votó en las
sesiones plenarias de 4 y 5 de marzo de 2024 del Concejo de Bogotá
D.C., sin manifestar impedimento, para decidir las recusaciones
presentadas en contra de los concejales del Partido Liberal
Colombiano, señores SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA, MARÍA
VICTORIA VARGAS SILVA y ARMANDO DE LOS MILAGROS
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, a pesar de haber integrado, con ellos, la
misma lista al Concejo de Bogotá, D.C. para las elecciones
territoriales de 27 de octubre de 2019, período anterior al actual
(2020-2023).
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De allí que el accionado, en su calidad de servidor público, debió
advertir la presencia de esta circunstancia para someterla a
consideración y votación del Concejo de Bogotá, D.C., ante la posible
configuración de un conflicto de intereses durante su intervención en
las reuniones plenarias de 4 y 5 de marzo de 2024, en las que se
resolvieron las citadas recusaciones formuladas contra sus
excompañeros de lista de aspirantes a esa corporación en el período
2020-2023.
Al haber omitido este deber, el concejal transgredió el presupuesto
establecido por el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437 en materia
de impedimentos y recusaciones, por cuanto el impedimento para
intervenir no solo se concreta en el ejercicio de las funciones
puramente político-administrativas de la corporación pública, sino
también cuando se trata del resto de funciones de ese órgano como
son las judiciales, electorales y de control político, entre otras
determinaciones que resultan trascendentales para el correcto
funcionamiento de la corporación, así como en este evento en el que
se definió la suerte de unas censuras promovidas por ciudadanos que
procuraban apartar a los concejales SAMIR JOSÉ ABISAMBRA
VESGA, MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA y ARMANDO DE LOS
MILAGROS GUTIÉRREZ GONZÁLEZ de la elección del personero
distrital.
De manera que corresponde continuar con el análisis del interés
particular, actual y directo del accionado en aras de establecer, a su
vez, la existencia de un posible conflicto de intereses en el asunto
bajo examen, no sin antes abordar los siguientes dos aspectos:
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V.4.1.1.1.- Respecto de la aplicación al caso concreto de los efectos
del artículo 142, inciso cuarto, del CGP, invocado en la sentencia
apelada por el a quo, según el cual no serán recusables ni podrán
declararse impedidos los magistrados o jueces a quienes corresponde
conocer de la recusación, la Sala pone de presente que esta es una
norma de carácter procesal, cuyos destinatarios son los procesos
judiciales distinguidos en ese compendio, el cual tiene por objeto
regular “[…] la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales,
de familia y agrarios. Se aplica, además, a todos los asuntos de
cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de
particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones
jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados expresamente en
otras leyes […]”49.
En el presente asunto, el procedimiento administrativo de
impedimentos y recusaciones, adelantado por la plenaria del Concejo
de Bogotá, D.C. en sesiones plenarias de 4 y 5 de marzo de 2024,
durante el proceso de elección del personero de Bogotá, D.C., para
el período institucional comprendido entre el 1o. de marzo de 2024
y el 29 de febrero de 2028, encuentra su regulación especial en los
artículos 11, numeral 14, y 12 de la Ley 1437, así:
“[…] Artículo 11. Conflictos de interés y causales de
impedimento y recusación. Cuando el interés general propio
de la función pública entre en conflicto con el interés
particular y directo del servidor público, este deberá
declararse impedido. Todo servidor público que deba
adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar
investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones
definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su
impedimento por:
(…)
49 Código General del Proceso, artículo 1º.
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14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos
colegiados de elección popular inscritas o integradas
también por el interesado en el período electoral coincidente
con la actuación administrativa o en alguno de los dos
períodos anteriores. […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
En cuanto al trámite de los impedimentos y recusaciones, el artículo
12 de la Ley 1437, determina el sendero a seguir ante su
formulación, así:
“[…] Artículo 12. Trámite de los impedimentos y
recusaciones. En caso de impedimento el servidor enviará dentro
de los tres (3) días siguientes a su conocimiento la actuación con
escrito motivado al superior, o si no lo tuviere, a la cabeza del
respectivo sector administrativo. A falta de todos los anteriores, al
Procurador General de la Nación cuando se trate de autoridades
nacionales o del Alcalde Mayor del Distrito Capital, o al procurador
regional en el caso de las autoridades territoriales.
La autoridad competente decidirá de plano sobre el
impedimento dentro de los diez (10) días siguientes a la
fecha de su recibo. Si acepta el impedimento, determinará a
quién corresponde el conocimiento del asunto, pudiendo, si
es preciso, designar un funcionario ad hoc. En el mismo acto
ordenará la entrega del expediente.
Cuando cualquier persona presente una recusación, el recusado
manifestará si acepta o no la causal invocada, dentro de los cinco
(5) días siguientes a la fecha de su formulación. Vencido este
término, se seguirá el trámite señalado en el inciso anterior.
La actuación administrativa se suspenderá desde la manifestación
del impedimento o desde la presentación de la recusación, hasta
cuando se decida. Sin embargo, el cómputo de los términos para
que proceda el silencio administrativo se reiniciará una vez vencidos
los plazos a que hace referencia el inciso 1 de este artículo […]”.
A su vez, el Acuerdo 837 de 29 de marzo de 2022, “[…] por el cual
se modifica el Acuerdo 741 de 2019 y se dictan otras disposiciones
[…]”, expedido por el Concejo de Bogotá, D.C., en su artículo 21,
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modificó el artículo 118 del Acuerdo 741 de 25 de junio de 2019, en
cuanto al trámite de los impedimentos y recusaciones, así:
“[…] Artículo 118.- Trámite de los impedimentos y de las
recusaciones.
Cuando para el concejal exista interés o beneficio particular y directo
en la decisión, este deberá declararse impedido de participar en los
debates o votaciones respectivas.
En caso de posible impedimento, desde su conocimiento y hasta
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, el concejal comunicará
el asunto mediante escrito motivado dirigido al Presidente de la
Corporación.
Recibida la comunicación del concejal, el Presidente de la
Corporación la someterá a consideración de la Plenaria, desde el
mismo día de su presentación sin exceder los diez (10) días hábiles
siguientes a la fecha de su recibo.
En caso de ser aceptado un impedimento se procederá así:
1. Cuando se trate de impedimento para rendir ponencia, el
Presidente designará nuevo ponente mediante sorteo.
2. En los debates de proyectos de acuerdo y de control político, así
como la elección de funcionarios y los demás asuntos sometidos a
su consideración, el concejal impedido no participará del punto del
orden del día respectivo y el secretario dejará constancia expresa
en el acta.
Quien tenga conocimiento de una causal de impedimento de algún
concejal que no se haya comunicado oportunamente a la
Corporación, podrá recusarlo.
Toda recusación deberá presentarse por escrito y contener los
siguientes requisitos:
1. La identificación del recusante, salvo que exista una justificación
seria y creíble en el escrito de recusación, para mantener la reserva
de su identidad.
2. La identificación del concejal recusado.
3. Los hechos en que se fundamenta, junto con los elementos
probatorios que considere necesarios para soportarla.
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4. La causal taxativa en la que se subsume y las razones por las
cuales se configure.
Recibido el escrito de recusación, la Mesa Directiva lo remitirá al
concejal recusado, para que manifieste si acepta o no la causal
invocada desde el mismo día de su comunicación sin exceder los
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su formulación.
De conformidad con la Constitución, la ley y el presente
Reglamento, el Presidente de la Corporación continuará con el
respectivo trámite.
La actuación administrativa se suspenderá desde la manifestación
del impedimento o desde la presentación de la recusación, hasta
cuando se decida.
Parágrafo 1. El impedimento o la recusación aceptada producirán
plenos efectos durante toda la actuación administrativa, sin
importar la instancia en la que esta se encuentre y hasta tanto
persista el impedimento o la recusación.
Parágrafo 2. Cuando haya sido aceptado o negado un
impedimento, no podrá volverse a presentar otro frente al mismo
asunto y por la misma causal, ni tampoco procederá recusación
contra ese mismo concejal por el mismo asunto y la misma causal
a menos que se presenten hechos sobrevinientes o nuevas pruebas.
De igual forma, cuando se haya aceptado o negado una recusación,
el concejal no podrá manifestar un impedimento frente al mismo
asunto ni por la misma causal, ni tampoco se podrá proponer
nuevas recusaciones por las mismas razones, a menos que se
presenten hechos sobrevinientes o nuevas pruebas.
Parágrafo 3. Cuando una recusación haya sido rechazada y se
encuentre que hubo temeridad o mala fe, el Secretario General del
Concejo deberá remitir el caso a la autoridad competente […]”.
De lo anterior, resulta evidente que la situación que se examina en
el presente asunto descarta la aplicación del artículo 142 del CGP,
perteneciente al Título V, sobre ‘CONFLICTOS DE COMPETENCIA,
IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES, ACUMULACIÓN DE PROCESOS,
AMPARO DE POBREZA, INTERRUPCIÓN Y SUSPENSIÓN DEL
PROCESO’, en la medida en que ostenta una regulación
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especialmente prevista tanto en los artículos 11 y 12 de la Ley 1437,
como en las disposiciones del reglamento interno del respectivo
concejo.
V.4.1.1.2.- Con relación a que el accionado sostuvo que el conflicto
de intereses tenía que analizarse de conformidad con el artículo 44
de la Ley 195250 —estatuto disciplinario— la Sala reitera que, incluso,
desde la vigencia de la Ley 200 de 28 de julio de 1995 51, Código
Disciplinario Único anterior a la Ley 734, así como esta, la infracción
de las conductas y/o circunstancias previstas como prohibidas o
incompatibles en materia disciplinaria se mantienen al margen del
estudio jurisdiccional del proceso de pérdida de investidura 52.
A través de sentencia de 4 de mayo de 201153, señaló que “[…] el
proceso de pérdida de investidura es ante todo de naturaleza
jurisdiccional y como tal se rige por las normas especiales que
consagran tanto su trámite como sus causales. Tan cierto es ello
que la Ley 734 de 2002 no consagró como sanción principal la
50 “[…] Artículo 44. Conflicto de intereses. Todo servidor público deberá declararse impedido
para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control
o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios
de hecho o de derecho.
Cuando el interés general, propio de la función pública, entre en conflicto con un interés particular y
directo del servidor público deberá declararse impedido […]”.
51 Por la cual se adopta el Código Disciplinario Único.
52 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 7 de
marzo de 2002, número único de radicación 50001-23-31-000-2001-00346-01(7716) (PI),
consejero ponente Manuel Santiago Urueta Ayola; de 14 de marzo de 2002, número único de
radicación 50001-23-31-000-2001-00368-01(7715) (PI), consejero ponente Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo; de 17 de marzo de 2022, número único de radicación 17001-23-33-000-2021-
00136-01, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón; de 25 de marzo de 2022, número único
de radicación 44001-23-40-000-2021-00136-01, consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez;
y de 1o. de julio de 2022, número único de radicación 05001-23-33-000-2022-00262-01, consejera
ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
53 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de
mayo de 2011, número único de radicación 68001-23-31-000-2010-00713-01(PI), consejero
ponente Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
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pérdida de la investidura, como sí lo hacía, de manera discutible,
la Ley 200 de 1995 en su artículo 29, numeral 9, lo que pone de
manifiesto que dicho proceso, por no ser del conocimiento de las
autoridades administrativas sino judiciales, no tiene la misma
connotación del que se regula en aquella y, por ende, no constituye
sanción dentro de éste […] Las normas previstas en la Ley 734
de 2002 están dirigidas al proceso disciplinario que, por su
naturaleza, difiere del de carácter jurisdiccional. De ahí que
no pueda afirmarse que tales preceptos deban tener
aplicación preferente, pues no se está en presencia de dos
actuaciones de la misma naturaleza, ni mucho menos con las
mismas consecuencias sancionatorias […]” (Negrillas y subrayas
fuera de texto).
De igual forma, en sentencia de 31 de agosto de 201754, estableció
que “[…] en la actualidad, no está habilitada la invocación de
las incompatibilidades dispuestas en el artículo 39 del Código
Disciplinario Único como causales de pérdida de investidura
territorial por violación de dicho régimen […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto). En reciente providencia de 9 de septiembre
de 202155, determinó que debían “[…] reiterarse que los
precedentes de esta Sala que se prohíjan en esta oportunidad
han defendido la autonomía de la institución de pérdida de
investidura con otros regímenes, como el derecho
disciplinario, los cuales difieren no solo desde el punto de
54 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de
agosto de 2017, número único de radicación 08001-23-33-000-2016-00753-01(PI), consejero
ponente María Elizabeth García González.
55 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, número único de radicación 70001-23-33-000-2021-00014-01(PI), consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
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vista de su naturaleza, sino también su objeto y las
finalidades que persiguen; esta no fue la intención del
constituyente de 1991 y, tampoco, del legislador, y además, por
tratarse de una limitación de los derechos políticos, las causales son
taxativas y no admiten interpretaciones extensivas o analógicas […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
Es en este sentido que la Sala itera que las disposiciones contenidas
en el estatuto disciplinario, incluidas no solo las que instituyen faltas,
prohibiciones o causales exonerativas, sino también, como en el caso
concreto, que definen los eventos que configuran el conflicto de
intereses, no operan con fines de pérdida de investidura por cuanto
si bien ambos procesos implican la manifestación del poder punitivo
del Estado, responden a actuaciones autónomas de distintas
naturaleza y finalidad, uno se desarrolla en sede administrativa y otro
en jurisdiccional, no está previsto que la inobservancia de las normas
disciplinarias acarree la desinvestidura de los corporados, y el
principio de taxatividad que gobierna a este proceso judicial no
admite interpretaciones extensivas o analógicas en el análisis de sus
causales.
V.4.1.2.- Del examen del interés particular, actual y directo
del accionado, a partir de las exigencias conceptuales
establecidas por la Corte Constitucional en la reciente
sentencia de unificación SU-082 de 15 de abril de 202656
Ahora bien, identificada, como quedó, la pretermisión de anunciar la
referida causal de impedimento y recusación del artículo 11, numeral
56 Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-082 de 2026.
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14, de la Ley 1437, subyace la necesidad de establecer, en los
precisos términos y bajo los criterios establecidos recientemente por
la Corte Constitucional en la sentencia de unificación SU-082 de 15
de abril de 2026, si se configuró o no un genuino conflicto de
intereses en cabeza del accionado, luego de asistir y votar en las
sesiones plenarias de 4 y 5 de marzo de 2024 del Concejo de Bogotá
D.C., sin manifestar impedimento, para decidir las recusaciones
presentadas en contra de los concejales del Partido Liberal
Colombiano, señores SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA, MARÍA
VICTORIA VARGAS SILVA y ARMANDO DE LOS MILAGROS
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, esto es si existió, de manera cierta y
concreta, un interés directo, particular y actual que se proyecte sobre
el asunto decidido y sea susceptible de generar un beneficio personal
o de sus allegados57.
Con fundamento en el acervo probatorio que guarda estrecha
relación con la presente controversia, la Sala observa que la solicitud
de desinvestidura no acreditó que el accionado estuviera asistido de
un interés particular, directo y actual, de carácter moral o económico,
que lo afectara de manera personal y concreta, ni a él ni a su círculo
familiar cercano o a sus socios, como consecuencia de haber
considerado y votado las citadas recusaciones.
Más allá del hecho mismo de haber integrado conjuntamente la
misma lista electoral del Partido Liberal Colombiano para el Concejo
57 Idem. Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias
de 23 de marzo de 2010, número único de radicación 11001031500020090019800; de 9 de
noviembre de 2016, número único de radicación 11001031500020140311700; de 8 de septiembre
de 2021, número único de radicación 11001031500020210006800; y de 31 de julio de 2024,
número único de radicación 11001031500020240143100. También, Sección Primera, sentencia de
4 de septiembre de 2025, número único de radicación 50001233300020240030201.
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de Bogotá, D.C., en el anterior período constitucional 2020-2023, no
obra en el expediente prueba alguna de un vínculo personal, familiar,
de amistad o de sociedad de hecho o de derecho entre el accionado
y los concejales SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA, MARÍA
VICTORIA VARGAS SILVA y ARMANDO DE LOS MILAGROS
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ.
A su vez, tampoco fue demostrada una relación indebida, que
materializara provecho y ventaja, entre el concejal JUAN DAVID
QUINTERO RUBIO y los particulares motivos aludidos en las
recusaciones, esto es que no hay evidencia alguna en el expediente
de que el accionado tuviera intereses propios y directos respecto de:
(i) la señora CARMEN LUZ VARGAS SILVA, hermana de la concejal
MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA y quien ocupaba el cargo de
‘ASESOR CÓDIGO 105 GRADO 01’ de la Personería de Bogotá, D.C.;
(ii) las candidatas, señoras MARCELA CECILIA PINILLOS
BOHÓRQUEZ y CARMEN TERESA CASTAÑEDA, señaladas de
sostener una amistad entrañable con el concejal SAMIR JOSÉ
ABISAMBRA VESGA; y (iii) la señora BLANCA PATRICIA
VILLEGAS DE LA PUENTE —y sus hijos—, personera delegada para
la Protección de Víctimas del Conflicto Armado Interno de la
Personería de Bogotá y exesposa del concejal ARMANDO DE LOS
MILAGROS GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, así como la señora CARMEN
TERESA CASTAÑEDA, quien aparentemente también la nombró en
dicho cargo del ente de control.
Para la Sala, por lo tanto, y como lo determinó recientemente en un
caso similar, la coincidencia en la mencionada lista, por su propia
naturaleza es un hecho formal que no revela por sí mismo ningún
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grado de cercanía afectiva o patrimonial entre quienes la integran, ni
evidencia la existencia de un interés particular del accionado
contrario al interés público, sino más bien una discusión acerca de si
se debió o no declararse impedido, lo que no es suficiente para la
configuración estricta y concreta de un conflicto de intereses58.
A lo anterior se agrega que las pruebas allegadas al plenario no
permiten acreditar la existencia de un interés directo, particular y
actual o inmediato del accionado, si se tiene en cuenta que la
actividad probatoria desplegada por el solicitante se limitó a acreditar
la configuración de la causal de impedimento y recusación prevista
en el artículo 11, numeral 14, del de la Ley 1437, sin aportar
evidencias que permitieran constatar el conflicto de intereses
incoado.
Se insiste, conforme lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia
SU-082 de 2026, que la actividad probatoria exige no solo la
constatación de la ocurrencia de la causal de impedimento y
recusación y la ausencia de manifestación de impedimento, sino la
demostración del interés jurídicamente relevante que convierte esa
situación en conflicto de intereses sancionable en el marco del medio
de control de pérdida de investidura.
V.4.2.- De acuerdo con lo precedente, la Sala concluye que el
accionado participó y votó las recusaciones formuladas en contra de
los concejales SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA, MARÍA
VICTORIA VARGAS SILVA y ARMANDO DE LOS MILAGROS
58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de
agosto de 2026, número único de radicación 25000231500020240085501, consejero ponente Pablo
Andrés Córdoba Acosta.
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GUTIÉRREZ GONZÁLEZ —artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437—
sin que concurriera en él un interés particular, actual y directo para
obtener un provecho irregular, de carácter moral o económico, y que
resultara censurable en sede de pérdida de investidura, que le
afectara de manera personal y concreta, o a su círculo familiar
cercano o a sus socios.
A partir de lo considerado, al no evidenciarse la configuración del
elemento objetivo de la causal consistente en la violación del régimen
de conflicto de intereses, la Sala procederá a confirmar la sentencia
apelada, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 12 de noviembre de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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61
Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00782 01
Solicitante: WALTER ALONSO JEGEN TABORDA
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de 27 de agosto de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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