Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00823-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00823-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00823-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
5 de marzo de 2026
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Demandante: Walter Alonso Jegén Taborda
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00823-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00823-00
Demandante: WALTER ALONSO JEGÉN TABORDA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA
Tema: Tutela por presunta mora judicial. Niega el amparo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El señor Walter Alonso Jegén Taborda, actuando en nombre propio, instauró acción
de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Primera, a efectos de que le sea
amparado su derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.
Lo anterior, con ocasión a la falta de emisión de sentencia de segunda instancia al
interior del proceso de pérdida de investidura identificado con el radicado 25000-23-
15-000-2024-00782-00/01.
1.2. Pretensión
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió que:
2. En consecuencia, se ordene a la Sección Primera del Consejo de Estado que dicte
la sentencia que en derecho corresponda.1
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
1 Transcripción del texto original con posibles errores.
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Demandante: Walter Alonso Jegén Taborda
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00823-00
El señor Walter Alonso Jegén Taborda presentó solicitud de pérdida de investidura
contra el señor Juan David Quintero Rubio, en su calidad de concejal de Bogotá
D.C., para el periodo 2024 – 2027, por haber participado en la decisión de los
impedimentos y recusaciones contra los concejales con quienes hizo parte de la
lista de candidatos al cuerpo colegiado en el periodo electoral anterior, dentro del
proceso de elección del personero del referido distrito; circunstancias que, a su
juicio, configuran la causal de conflicto de interés prevista en el numeral 14 del
artículo 11 de la Ley 1437 de 20112.
En primera instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección tercera,
Subsección A, mediante auto del 7 de octubre de 2024 admitió la solicitud y después
de surtir el trámite de notificación y traslado correspondiente citó a la audiencia
pública de que tratan los articulo 11 y 12 de la Ley 1881 de 2018, la cual fue llevada
a cabo el 5 de noviembre de 2024.
Mediante sentencia del 12 de noviembre de 2024, la Sala plena de la referida
corporación negó la solicitud invocada, al considerar que en el asunto debatido no
se demostró el elemento subjetivo de responsabilidad propio de la acción. Pues
dada la naturaleza sancionatoria de la pérdida de investidura, se tornaba necesario
determinar la culpabilidad del accionado en el ejercicio de sus funciones como
miembro de una corporación pública de elección popular.
En este orden, coligió que, la causal prevista en el numeral 14 del artículo 11 de la
Ley 1437 de 2011, establece que el servidor público que, entre otros, emita
decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por
«haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección
popular inscritas o integradas también por el interesado en el período electoral
coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los dos períodos
anteriores».
No obstante, la pérdida de investidura de los miembros de corporaciones públicas
con fundamento en la causal alegada aplica ante «el enfrentamiento entre su interés
personal y el interés general o bien común que, se reitera, deben guiar el ejercicio
de sus competencias, lo cual obliga a manifestar su impedimento para efectos de
que este sea resuelto».
Conforme a lo analizado, precisó que, si bien el concejal Juan David Quintero Rubio
conformó la lista de candidatos al Concejo de Bogotá D.C. por el Partido Liberal
Colombiano para el periodo constitucional anterior (2020-2023) con los recusados
(María Victoria Vargas Silva, Samir José Abisambra Vesga, Armando de los
2 ARTÍCULO 11. Conflictos de interés y causales de impedimento y recusación. Cuando el
interés general propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del
servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o
sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar
decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por:
[…] 14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas
o integradas también por el interesado en el período electoral coincidente con la actuación
administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores.
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Demandante: Walter Alonso Jegén Taborda
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Milagros Gutiérrez González) y (German Augusto García Maya), configurándose así
el elemento objetivo; en este evento el accionante no acreditó el interés particular,
actual, de carácter moral o económico y real que configure la causal alegada.
Por lo que concluyó que, el solicitante no justificó cuál fue el provecho o utilidad que
habría resultado de la participación del concejal Juan David Quintero Rubio en la
decisión de los impedimentos y recusaciones contra otros miembros de la
corporación, ni demostró el conflicto derivado entre aquél y el interés derivado de
su investidura, pues el solo hecho de haber conformado lista al Concejo de Bogotá
D.C. en el periodo anterior no configura interés que determine su responsabilidad
personal.
La citada providencia fue notificada a las partes el 18 de noviembre de 20243, y
recurrida por el accionante el 29 siguiente, siendo concedida la alzada mediante
auto del 9 de diciembre de la referida anualidad y remitido al Consejo de Estado el
23 de enero de 2025.
El proceso correspondió por reparto al Despacho de la magistrada Nubia Margoth
Peña Garzón, integrante de la Sección Primera de esta Corporación, que mediante
auto del 24 de enero de 2025 admitió el recurso de apelación presentado contra el
fallo de primera instancia.
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora consideró que, con ocasión a la mora presentada por parte del
Consejo de Estado, Sección Primera, le está siendo vulnerado su derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia; pues desde el momento en
que se presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, a
la fecha, han transcurrido más de 12 meses y 7 días, sin que se hubiere adoptado
una decisión de fondo en segunda instancia; máxime cuando el proceso fue
ingresado a Despacho para fallo desde el 10 de febrero de 2025.
De igual forma, puso de presente que, durante el lapso aludido, la autoridad judicial
accionada ha emitido sentencia en otros procesos que fueron radicados con
posterioridad, sin darle prevalencia a la antigüedad de su caso particular sin ninguna
razón aparente, dado que todos los medios de control que conoce tratan de la
misma situación normativa y fáctica.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante auto del 10 de febrero de 2026, la Magistrada Ponente avocó el
conocimiento de la solicitud de amparo y ordenó notificar a los magistrados Carlos
Fernando Mantilla Navarro, Germán Eduardo Osorio Cifuentes, Pablo Andrés
Córdoba Acosta y Nubia Margoth Peña Garzón, integrantes de la Sección Primera
del Consejo de Estado4 en calidad de accionados.
3 Índice 50 del expediente ordinario.
4 Notificación realizada a: notifpcordoba@consejodeestado.gov.co
lbastidasg@consejodeestado.gov.co
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Así mismo, vinculó como terceros con interés jurídico legítimo, al señor Juan David
Quintero Rubio5 [extremo pasivo del proceso contencioso] y al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sala Plena6 [juez de primera instancia del
ordinario].
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Plena
El Magistrado ponente de primera instancia, allegó escrito en el que luego de
realizar un recuento de las actuaciones surtidas en dicha sede, manifestó que, la
presunta mora judicial alegada por el accionante sería predicable del Consejo de
Estado, Sección Primera, al ser el superior ante el cual cursa el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia del 12 de noviembre de 2024, máxime, cuando los
reparos realizados por el señor Walter Alonso se encuentran dirigidos contra aquella
Corporación, perdiendo competencia el a quo en el asunto.
Por lo anterior, precisó que era evidente que por parte de dicho despacho no se han
vulnerado los derechos fundamentales del accionante, en la medida que el trámite
de primera instancia se ajustó a derecho, se surtieron cada una de las etapas
procesales conforme al procedimiento establecido para la acción ejercida, le fueron
notificadas en debida forma cada una de las decisiones adoptadas al interior del
proceso, y se le permitió presentar pruebas. Es decir, se le garantizó su debido
proceso y pudo obtener una resolución frente al conflicto que suscitó.
Aunado a lo anterior, refirió que, de encontrarse configurada una mora judicial ello
no constituye de forma automática una vulneración del derecho de acceso a la
administración de justicia por el mero paso del tiempo, ya que dichos aspectos solo
pueden ser analizados por el fallador quien al momento de resolver de fondo el sub
examine determinará si se configuró o no la tardanza injustificada alegada.
1.6.2. Consejo de Estado, Sección Primera
La Magistrada ponente de la decisión enjuiciada allegó escrito en el que luego de
realizar un recuento de las actuaciones surtidas al interior de la solicitud de pérdida
de investidura instaurada por el actor, precisó que el 17 de marzo de 2025, estando
el expediente al Despacho para proferir sentencia, se abonó y radicó al proceso un
recurso de apelación interpuesto por el señor Juan David Quintero Rubio contra el
auto de 18 de octubre de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo de
notifcmantilla@consejodeestado.gov.co lmartinezf@consejodeestado.gov.co
notifnpena@consejodeestado.gov.co dmontezumac@consejodeestado.gov.co
jfayadc@consejodeestado.gov.co crodriguezf@consejodeestado.gov.co
notifgosorio@consejodeestado.gov.co
5 Notificación realizada a: jdquintero@concejodebogota.gov.co jjbaracaldo@yahoo.es
6 Notificación realizada a: prestacun@cendoj.ramajudicial.gov.co
scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co mbautistc@cendoj.ramajudicial.gov.co
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Cundinamarca, mediante el cual resolvió sobre las pruebas y fijó fecha para la
audiencia pública, recurso que fue remitido por el a quo solo hasta el 14 de marzo
de 2025.
Manifestó que, mediante proveído del 28 de marzo de 2025, notificado por estado
el 8 de abril siguiente, el Despacho resolvió la alzada formulada, en la que confirmó
la denegación de la prueba testimonial solicitada, ordenando anexar dicho
expediente [25000-23-15 000-2024-00782-02], al proceso identificado con el
radicado 25000-23-15-000-2024-00782-01, para así continuar con el trámite del
recurso de apelación formulado contra la sentencia del 12 de noviembre de 2024.
Refirió que, si bien el actor es insistente en señalar que al interior del proceso 05001-
23-33-000-2025-00218-01, ya se profirió sentencia de segunda instancia por parte
de dicha corporación; pese a que el recurso formulado se sometió a reparto el 8 de
mayo de 2025, esto es, con posterioridad al proceso que se debate mediante el
presente asunto y en el que se decretó la pérdida de investidura de la señora
Johanna Andrea Giraldo Blandón, en su calidad de concejal de Montebello,
Antioquia; ello obedeció a que los fundamentos fácticos y jurídicos, así como la
respectiva explicación de la causal resultan disímiles y, por la misma razón, con
distintos grados de complejidad en el asunto sometido a examen.
En consonancia con lo analizado, aseveró que, en el proceso que se discute no se
ha proferido sentencia de segunda instancia debido a la complejidad del tema
propuesto, lo que ha dificultado su trámite, curso normal y consenso; aunado a que,
lo que se resuelva en cada uno de los procesos que versen sobre la misma materia
puede llegar a incidir en la decisión de los demás, debido a las especiales
circunstancias que rodean la causal de pérdida de investidura consagrada en el
artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437 de 2011, relativa al conflicto de intereses,
luego de que los concejales accionados participaran en el trámite de resolución de
impedimentos y recusaciones durante el proceso de selección del personero de
Bogotá, D.C.
En línea con lo anterior, afirmó que, no es cierto que la Sección hubiere inobservado
el orden cronológico de reparto y decisión de los procesos sometidos a su
conocimiento, en tanto que los asuntos comparados por el actor guardan marcadas
diferencias reflejadas en que el proyecto de sentencia de la concejal de Montebello
sí obtuvo la mayoría necesaria para proferirse sentencia en la sala del 30 de octubre
de 2025 (con un salvamento de voto), mientras que el proceso de los concejales de
Bogotá, D.C., y, que corresponde al asunto debatido mediante la presente,
permanece sometido a discusión al interior de la Sala.
Conforme a lo expuesto, solicitó que se niegue el amparo deprecado, toda vez que
la falta de decisión en la perdida de investidura objeto de la acción constitucional de
la referencia no se debe a una mora judicial injustificada, como tampoco se ha
inobservado el orden cronológico de reparto y decisión de los procesos sometidos
a su conocimiento.
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1.6.3. El señor Juan David Quintero Rubio, pese a estar debidamente notificado del
presente trámite, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86
de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 7º del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, por cuanto se dirige contra el Consejo de Estado, Sección Primera.
2.2. Cuestión previa
El 16 de febrero de 2026, el señor Walter Alonso Jegén Taborda allegó memorial
en el que solicitó que, se compulsen copias a la Secretaría de esta Corporación por
haberle solicitado información adicional a la consignada en el auto admisorio del
presente mecanismo, en el sentido de comunicar la ubicación, número telefónico
dirección y/o algún otro dato para la notificación del señor Juan David Quintero
Rubio.
Sin embargo, la Sala no accederá a dicha solicitud, al considerar que, si la parte
actora tiene alguna inconformidad con las actuaciones surtidas al interior de la
acción constitucional de la referencia, puede acudir a los organismos competentes
en materia disciplinaria haciendo uso de los mecanismos que considere pertinentes
para radicar la queja a que hubiere lugar.
2.3. Problema jurídico
Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
actora, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas,
corresponde a la Sala resolver:
• ¿El Consejo de Estado, Sección Primera, incurrió en mora judicial al no
resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor Walter Alonso Jegén
Taborda contra la sentencia proferida en primera instancia el 12 de
noviembre de 2024 por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó la solicitud de pérdida de investidura presentada
contra el señor Juan David Quintero Rubio, en su calidad de Concejal de
Bogotá D.C. dentro del proceso identificado con el radicado 25000-23-15-
000-2024-00782-00/01?
Para dilucidar el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) las
generalidades de la acción de tutela; (ii) el derecho al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia (iii) la mora judicial, (iv) la carencia actual de objeto,
y (v) el caso concreto.
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2.4. Generalidades de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable7.
2.5. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica del artículo 229 de la Constitución8, del derecho fundamental al debido
proceso9 y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter de
fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia10.
El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez para
que resuelva «[…] las controversias que surjan con otros individuos u organizaciones y
con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una resolución motivada, ajustada
a derecho, y dictada de conformidad con el procedimiento y las garantías constitucionales
previstas en la Constitución y en la ley […]»11.
Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía «[…] no puede
concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar ante los
jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender las demandas de
los asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de que, ante los estrados
judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad
7 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
8 “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley
indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado”.
9 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia
a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio,
durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
10 Sentencia T-006 de 1992.
11 Sentencia T-476 de 1998.
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y la suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador
acerca de los hechos materia de su decisión […]»12.
Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de la
Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se desprende
que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que:
«[…] cuando el ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
encuentre una respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus
derechos y garantías”13, y de otro lado, “la obligación correlativa de las autoridades
judiciales de promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para
que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo, con lo
cual se deben descartar las actuaciones nominales que no logren tal finalidad. Se
entiende por lo tanto que el derecho extraído por la Corte involucra la necesidad de
que los jueces deriven en sus providencias la dimensión pro actione, lo que
representa un avance significativo en la protección de los derechos de las personas
[…]»14.
Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley Estatuaria de la
Administración de Justicia15 y con sustento en los principios de celeridad, eficiencia
y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez, como director del
proceso, debe velar por la rápida solución del caso con el fin de evitar el desgaste
que representa adelantar todo un proceso para terminarlo con una sentencia
inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos fundamentales de las partes.
Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el
Estado Social de Derecho, en el que «[…] ha dejado de ser el frío funcionario judicial
que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin vendas- que se
proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad subyacente
y asumir su responsabilidad como servidor vigilante, activo y garante de los derechos
materiales. El juez que reclama el pueblo a través de su Carta Política ha sido
encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la
búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia
material […]»16.
2.6. La mora judicial injustificada
La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede
llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en
aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada no
en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de
exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la
12 Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas
Hernández.
13 Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
14 Ibídem.
15 Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que
cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos,
obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social
y lograr y mantener la concordia nacional”.
16 Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio Palacio.
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omisión sistemática de sus deberes17.
Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que «atendiendo la
realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales
no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales»18.
En esa línea esa Corporación frente al particular, precisó que:
[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por
ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable
al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo,
no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego
de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación
concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando
es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la
diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que
efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que
generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se
acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución
de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos
de la misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se
acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento
es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones. (Resaltado
propio)
Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada
en relación con la existencia de mora judicial19, según la cual solo se predica si hay
dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez. En
el evento de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a
la administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes.
2.7. Caso concreto
El señor Walter Alonso Jegén Taborda, solicitó el amparo de su derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia, en virtud de la presunta mora
judicial injustificada en la que incurrió el Consejo de Estado, Sección Primera, al no
dar trámite al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en
primera instancia el 12 de noviembre de 2024 por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que negó la solicitud de pérdida de investidura
presentada contra el señor Juan David Quintero Rubio, en su calidad de Concejal
de Bogotá D.C. dentro del proceso identificado con el radicado 25000-23-15-000-
2024-00782-00/01.
Con ocasión a la notificación efectuada por la Secretaría General de esta
Corporación, la autoridad judicial accionada rindió informe en el que indicó que, el
17 Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
18 Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
19 Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 14.09.23, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 76001-23-33-000-
2023-00520-01 y (ii) 18.04.24, M.P. Gloria María Gómez Montoya, Rad. 11001-03-15-000-2023-06923-01.
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Demandante: Walter Alonso Jegén Taborda
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00823-00
17 de marzo de 2025, estando el expediente al Despacho para proferir sentencia,
se abonó y radicó al proceso un recurso de apelación interpuesto por el señor Juan
David Quintero Rubio contra el auto de 18 de octubre de 2024, proferido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante el cual resolvió sobre las
pruebas y fijó fecha para la audiencia pública, recurso que fue remitido por el a quo
solo hasta el 14 de marzo de 2025.
De igual forma, manifestó que, mediante proveído del 28 de marzo de 2025,
notificado por estado el 8 de abril siguiente, el Despacho resolvió la alzada
formulada, en la que confirmó la denegación de la prueba testimonial solicitada,
ordenando anexar dicho expediente [25000-23-15 000-2024-00782-02], al proceso
identificado con el radicado 25000-23-15-000-2024-00782-01, para así continuar
con el trámite del recurso de apelación formulado contra la sentencia del 12 de
noviembre de 2024.
Aduciendo además que, si bien a la fecha no se ha adoptado una decisión de fondo
con relación a la alzada formulada por el actor, ello ha obedecido a la complejidad
del tema propuesto en la solicitud elevada, lo que ha dificultado su trámite, curso
normal y consenso; aunado a que, lo que se resuelva puede llegar a incidir en la
decisión de los demás procesos que se tramitan ante dicha Sección con similitud
fáctica, debido a las especiales circunstancias que rodean la causal de pérdida de
investidura consagrada en el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437 de 2011.
Acorde con lo analizado, evidencia la Sala que, por parte de la autoridad judicial
accionada no se ha generado vulneración alguna al derecho fundamental alegado
por el accionante, en la medida en que la misma ha explicado las vicisitudes
presentadas al interior del respectivo trámite, comenzando por la resolución del
recurso de apelación interpuesto contra el auto del 18 de octubre de 2024, proferido
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que solo le fue remitido el 14 de
marzo de 2025; además, que el asunto debatido no ha logrado obtener la mayoría
necesaria para proferir la decisión que conforme a derecho corresponda, por lo que
el proyecto registrado desde el 10 de diciembre de 2025 permanece sometido a
discusión al interior de la Sala.
En este orden de ideas, y como se mencionó en los acápites precedentes relativos
a la mora judicial, «atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el
incumplimiento de los términos procesales no es imputable al actuar de los
funcionarios judiciales”20, por ello, se ha considerado que en los eventos en los que
“la tardanza no es imputable al actuar del juez o cuando existe una justificación que
explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia».
Así mismo, debe precisarse que, la Corte Constitucional ha indicado que, la dilación
injustificada que configura la violación de derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, se caracteriza por (i) el
incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar actuación por
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parte del funcionario competente; (ii) la omisión en el cumplimento de las
obligaciones en el trámite de los procesos a cargo de la autoridad judicial y (iii) la
falta de motivo razonable y prueba de que la demora obedece a circunstancias que
no se pueden contrarrestar.
En este orden, y pese a que a la fecha no se ha dado trámite al recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia el 12 de noviembre de
2024 por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no se
evidencia la ocurrencia de alguno de los requisitos que permitan establecer que se
trata de una mora judicial injustificada. Por el contrario, según las actuaciones
registradas en el aplicativo Samai, el proceso ordinario ha obedecido al normal
desarrollo de sus etapas procesales.
Así las cosas, y pese a que el actor es insistente en señalar que desde el momento
en que formuló la alzada hasta la fecha en que radicó la acción constitucional de la
referencia, la corporación accionada ha emitido decisión de fondo en otros procesos
que fueron radicados con posterioridad, sin darle prevalencia a la antigüedad de su
caso particular, sin ninguna razón aparente; se hace menester precisar que el
Consejo de Estado, Sección Primera al momento de ejercer su derecho de defensa
afirmó que, dicha circunstancia obedeció a que los fundamentos fácticos y jurídicos,
así como la respectiva explicación de la causal invocada resultan disímiles y, por la
misma razón, con distintos grados de complejidad, por lo que no es cierto que dicha
Sección hubiere inobservado el orden cronológico de reparto y decisión de los
procesos sometidos a su conocimiento, en tanto que los asuntos comparados por
el actor guardan marcadas diferencias.
En tal sentido, no se advierte por parte de la Sala negligencia u omisión alguna en
el ejercicio de las funciones del órgano de cierre accionado, frente a lo cual, resulta
importante también destacar que el incumplimiento de los términos procesales no
puede ser imputable al actuar de los funcionarios judiciales, por lo que la tardanza
alegada por el señor Walter Alonso Jegén Taborda no puede conllevar per se a la
vulneración del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.
Así, y al no evidenciarse una dilación injustificada o indebida respecto al trámite
impartido por el cuerpo colegiado accionado dentro del proceso de pérdida de
investidura al que se ha hecho alusión, se negará el amparo del derecho
fundamental invocado por el tutelante, al no evidenciarse que el Consejo de Estado,
Sección Primera hubiere actuado de manera negligente o que su comportamiento
sea el resultado de una omisión en el cumplimento de sus funciones.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: NO ACCEDER a la solicitud elevada por el señor Walter Alonso Jegén
Taborda en el sentido de compulsar copias a la Secretaría de esta Corporación,
conforme a las razones expuestas en la parte considerativa.
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SEGUNDO: NEGAR el amparo al derecho fundamental invocado por el actor, de
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación en el
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