RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-00823-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00823-01

Fecha
8 de mayo de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00823-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 5 de marzo de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que negó el amparo solicitado. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-00823-01

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

8 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00823-01
Demandante: WALTER ALONSO JEGÉN TABORDA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR MORA JUDICIAL – Para que proceda el amparo en
estos casos, la tardanza debe ser injustificada y no puede obedecer a conductas dilatorias
o al incumplimiento de cargas procesales.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
1. Se confirmará la sentencia proferida el 5 de marzo de 2026 por la Sección Quinta
del Consejo de Estado que negó el amparo de los derechos fundamentales. Se
acreditó que la tardanza en proferir el fallo de segunda instancia en el proceso de
pérdida de investidura está justificada.

II. ANTECEDENTES

Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

2. El 5 de febrero de 20261, el señor Walter Alonso Jegén Taborda interpuso acción
de tutela contra la Sección Primera del Consejo de Estado, por considerar vulnerado
su derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, debido a la
tardanza injustificada en tramitar el proceso de pérdida de investidura con radicado
25000-23-15-000-2024-00782-01. Como consecuencia, pretende que se dicte la
sentencia de segunda instancia.

3. De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

4. El señor Walter Alonso Jegén Taborda ejerció el medio de control de pérdida de
investidura contra el señor Juan David Quintero Rubio, quien se desempeña como

1
Se advierte que el 7 de abril de 2026 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00823-01
Demandante: Walter Alonso Jegén Taborda

concejal del Distrito Capital de Bogotá. Al proceso le fue asignado el radicado
25000-23-15-000-2024-00782-00.

5. En sentencia de primera instancia del 12 de noviembre de 2024, la Sala Plena
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda.
Inconforme con dicha decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación,
que fue concedido el 9 de diciembre de la misma anualidad.

6. En segunda instancia, el proceso fue asignado por reparto a la magistrada Nubia
Margoth Peña Garzón, quien admitió el recurso de apelación el 24 de enero de 2025.
El expediente pasó a despacho para fallo el 10 de febrero siguiente.

7. El 26 de septiembre de 2025, el accionante radicó un memorial de impulso
procesal, sin que a la fecha se hubiera realizado actuación alguna.

8. Lo anterior, en su criterio, desconoce el término de 20 días que tiene la autoridad
judicial para proferir el fallo, tal como lo prevé el artículo 181 del CPACA.

9. En criterio del accionante, la autoridad judicial accionada no observó el orden
cronológico de reparto y decisión de los procesos sometidos a su conocimiento,
pues profirió sentencia dentro de un expediente con número de radicación posterior
al promovido por él, a pesar de que este último ha permanecido en trámite por más
de 11 meses y no requirió la práctica de pruebas.

10. Precisó que ese proceso culminó con sentencia sancionatoria del 30 de octubre
de 2025, que reviste relevancia porque evidencia el trato desigual en el trámite y
decisión de los procesos de pérdida de investidura, pues «a concejales de
municipios distintos a la ciudad capital se les investiga y sanciona con mayor
prontitud, mientras que a los concejales de Bogotá D.C. se les concede un margen
temporal significativamente mayor».

11. Por último, señaló que la ponencia ha sido presentada en sala en diversas
oportunidades, «siendo su discusión y decisión aplazarla reiteradamente sin una
justificación razonable».

Trámite impartido e intervenciones

12. Mediante auto del 10 de febrero de 2026 se admitió la solicitud de amparo y se
ordenó notificar a los magistrados que integran la Sección Primera del Consejo de
Estado, como autoridad demandada. Asimismo, se ordenó notificar al señor Juan
David Quintero Rubio y a la Sala Plena del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, como terceros con interés.

13. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por intermedio del magistrado
sustanciador del proceso en primera instancia, sostuvo que no ha vulnerado
derecho fundamental alguno, pues el trámite se ajustó a derecho, se surtieron cada
una de las etapas procesales conforme al procedimiento y las decisiones fueron
debidamente notificadas.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00823-01
Demandante: Walter Alonso Jegén Taborda

14. La magistrada sustanciadora de la Sección Primera del Consejo de Estado
solicitó que se declare improcedente la tutela.

15. Informó que la sentencia de primera instancia fue proferida el 12 de noviembre
de 2024 por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que
se negaron las pretensiones de la demanda. Por lo anterior, el accionante interpuso
recurso de apelación mediante correo electrónico del 29 de noviembre de 2024,
concedido en providencia del 9 de diciembre siguiente.

16. La apelación se sometió a reparto el 23 de enero de 2025 en la Sección Primera
y le correspondió el conocimiento al despacho a cargo de la magistrada Nubia
Margoth Peña Garzón. El 24 de enero siguiente se admitió el recurso y se corrió
traslado al accionado y al Ministerio Público por el término de 3 días.

17. El accionado descorrió traslado del recurso el 4 de febrero de 2025 y el 10 de
febrero siguiente el expediente pasó al despacho para proferir sentencia.

18. Expuso que, estando el expediente al despacho, «se abonó y radicó al proceso
un recurso de apelación interpuesto por el concejal contra el auto de 18 de octubre
de 2024, proferido por el Tribunal, mediante el cual resolvió sobre las pruebas y fijó
fecha para la audiencia pública, recurso remitido solo hasta el 14 de marzo de 2025
por el a quo».

19. En providencia del 28 de marzo de 2025, notificado por estado el 8 de abril
siguiente, se resolvió la apelación contra el referido auto, en el que se confirmó la
denegación de la prueba testimonial y se ordenó anexar ese expediente (25000-23-
15-000-2024-00782-02) al radicado (25000-23-15-000-2024-00782-01), para poder
continuar con el trámite del recurso de apelación contra la sentencia del 12 de
noviembre de 2024.

20. Adujo que, en la Sala del 20 de marzo de 2025, el entonces magistrado
Hernando Sánchez Sánchez presentó para su estudio el proyecto de sentencia en
otro proceso de pérdida de investidura contra el concejal Armando de los Milagros
Gutiérrez González, por hechos similares a los endilgados contra el concejal Juan
David Quintero Rubio, discusión que, debido a su complejidad, quedó aplazada. La
misma situación ocurrió en la sala del 27 de marzo de 2025. Por tanto, en la Sala
del 3 de abril de 2025 se retiró el proyecto, con el fin de que el ponente profiriera un
auto que resolviera una solicitud de audiencia pública, así como una petición de
decreto de pruebas de oficio, lo que se realizó mediante providencia del 13 de junio
de 2025, notificado por estado el 18 de junio de 2025.

21. En la Sala del 3 de abril de 2025, sometió al estudio el proyecto de sentencia
contra el concejal de Bogotá Samir José Abisambra Vesga, que tuvo que ser
retirado para proferir el auto del 13 de junio de 2025, notificado por estado del 18 de
ese mes y año, con el que, de igual forma, se negó una solicitud de solicitud de
pruebas de oficio y convocatoria de la audiencia pública.

22. Explicó que la Sala se recompuso debido a la terminación de los periodos
constitucionales de los magistrados Hernando Sánchez Sánchez (última sala 10 de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00823-01
Demandante: Walter Alonso Jegén Taborda

abril de 2025) y Oswaldo Giraldo López (última sala 4 de septiembre de 2025), así
como el inicio del periodo de los magistrados Pablo Andrés Córdoba Acosta
(primera sala 21 de agosto de 2025) y Carlos Fernando Mantilla Navarro (primera
sala 13 de noviembre de 2025).

23. En memorial del 24 de septiembre de 2025, el accionante radicó impulso
procesal en el proceso 25000-23-15-000-2024-00782-01, seguido contra el concejal
Juan David Quintero Rubio y «este, así como el proceso 25000-23-15-000-2024-
00789-01, fueron fijados para su correspondiente estudio en la sala de 11 de
diciembre de 2025, pero resultaron aplazados».

24. Por lo anterior, expuso que si bien no se ha proferido sentencia de segunda
instancia en el citado proceso de pérdida de investidura, ello obedece a «la
complejidad del tema propuesto, dentro de los citados tres procesos de investidura,
sumado a que lo que se resuelva en uno de estos puede llegar a incidir en la
decisión de los demás (…) luego que los concejales accionados participaran en el
trámite de resolución de impedimentos y recusaciones durante el proceso de
selección del personero de Bogotá».

25. Finalmente, en cuanto a la vulneración del derecho de turno, expuso que la
causal en ambos procesos es la misma, lo cierto es que sus fundamentos fácticos
y jurídicos, así como la respectiva explicación de la causal «resultan disímiles y, por
la misma razón, con distintos grados de complejidad en el asunto sometido a
examen».

26. Precisó que, en aquel proceso, se argumentó que la concejala debió declararse
impedida para participar en la elección del secretario general de la corporación para
la vigencia 2024, debido a que en la lista de admitidos figuraba la señora Sandra
Patricia Ramírez, quien fue candidata al mismo cabildo durante las elecciones del
29 de octubre de 2023.

27. En contraste, en el caso de la referencia, se censura que el concejal Quintero
Rubio debió declararse impedido para participar, conformar quórum y decidir las
recusaciones presentadas contra los concejales Samir José Abisambra Vesga,
María Victoria Vargas Silva y Armando de los Milagros Gutiérrez González, así
como el impedimento presentado por el concejal Germán Augusto García Maya,
todos ellos integrantes de la misma lista de candidatos del Partido Liberal
Colombiano al Concejo de Bogotá D.C. para el periodo constitucional anterior (2020-
2023).

28. En ese contexto, se concluyó que no resulta cierto que se hubiera desconocido
el orden cronológico de reparto y decisión de los procesos sometidos a
conocimiento de la Sala, pues los asuntos comparados por el actor presentan
diferencias sustanciales. Ello se refleja, entre otros aspectos, en que el proyecto
relacionado con la concejala de Montebello sí obtuvo la mayoría requerida para ser
aprobado como sentencia en la sesión del 30 de octubre de 2025 -con un
salvamento de voto-, mientras que el proceso relativo al concejal de Bogotá continúa
en discusión al interior de la Sala.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00823-01
Demandante: Walter Alonso Jegén Taborda

Fallo impugnado

29. En sentencia del 5 de marzo de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado
negó el amparo de los derechos fundamentales del accionante.

30. Consideró que no se configuró la mora judicial injustificada porque la Sección
Primera del Consejo de Estado explicó las vicisitudes presentadas al interior del
proceso de pérdida de investidura, tales como: (i) el recurso de apelación
interpuesto contra el auto del 18 de octubre de 2024, solo fue remitido el 14 de
marzo de 2025; (ii) el asunto debatido no ha logrado obtener la mayoría necesaria
para proferir la decisión, por lo que «el proyecto registrado desde el 10 de diciembre
de 2025 permanece sometido a discusión al interior de la Sala».

31. Precisó que, si bien no se le ha dado trámite al recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, lo cierto es que no se evidencia la ocurrencia de
alguno de los requisitos que permitan establecer que se trató de una mora judicial
injustificada. Por el contrario, advirtió que según las actuaciones registradas en el
aplicativo Samai, el proceso ordinario ha sido tramitado normalmente en cada una
de sus etapas.

32. Por último, indicó que no es cierto que la Sección Primera hubiere inobservado
el orden cronológico de reparto y decisión de los procesos sometidos a su
conocimiento, en tanto que los asuntos comparados por el actor guardan marcadas
diferencias.

Impugnación

33. El accionante argumentó que «no es viable identificar y no fue sustentado por
los señores consejeros, a qué se deben los grados de complejidad aducidos dentro
de estos expedientes». Lo anterior, pues ya se ha «generado reiterativa
jurisprudencia en lo referente a los impedimentos mencionados en la pérdida de
investidura consagrada en el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437 de 2011».

34. Señaló que es un deber de los concejales del país conocer que son sujetos de
aplicación de esa norma, toda vez que la misma no distingue la categoría del
municipio, por lo que, su aplicación debe ser igual a todos. No obstante, no se
solicitó «que se falle en un sentido o el otro, solamente se requiere dentro de los
términos de Ley que se ajusten los tiempos y se emita un fallo».

III. CONSIDERACIONES

Competencia

34. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 37 del
Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de
2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00823-01
Demandante: Walter Alonso Jegén Taborda

Problema Jurídico

35. La Sala determinará si confirma, modifica o revoca la sentencia proferida el 5 de
marzo de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que negó el amparo
de los derechos fundamentales de la parte actora.

36. Por lo anterior, se examinará si está acreditada o no la vulneración del derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia del señor Walter Alonso Jegén
Taborda, por la tardanza de la Sección Primera del Consejo de Estado en proferir
la sentencia del proceso de pérdida de investidura con radicado 25000-23-15-000-
2024-00782-01.

Mora judicial injustificada

37. La Corte Constitucional2 establece que, en casos de mora judicial, el juez de
tutela debe realizar un examen de procedencia formal, consistente en verificar que
el accionante haya impulsado activamente el proceso y que el retraso no sea
atribuible a conductas dilatorias o al incumplimiento de cargas procesales. Superado
este examen formal, debe analizar si la tardanza es producto del incumplimiento de
los términos legales, carece de un motivo razonable y es imputable a alguna omisión
del despacho judicial3.

Caso concreto y solución del problema jurídico

38. Según la información que obra en el expediente, la Sala advierte que el
despacho de la magistrada Nubia Margoth Peña Garzón, integrante de la Sección
Primera del Consejo de Estado, durante el trámite de pérdida de investidura de
segunda instancia ha adelantado las siguientes actuaciones (exp. 25000-23-15-
000-2024-00782-01):

• Remitido el expediente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el
recurso de apelación contra la sentencia del 12 de noviembre de 2025, le
correspondió por reparto el 24 de enero de 2025 (índice 3 de Samai).

• En providencia de ese mismo día se admitió el recurso de apelación (índice 4 de
Samai). La anterior decisión fue notificada por estado fijado el 3 de febrero de 2025
(índice 7 de Samai).

• El 10 de febrero de 2025, el proceso ingresó al Despacho de la magistrada
sustanciadora para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente (índice 9 de
Samai).

• El 17 de marzo de 2025, ingresó al Despacho el recurso de apelación interpuesto
contra la providencia del 18 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal

2
SU-394 de 2016, reiterada en la SU-333 de 2020.
3
SU-333 de 2020.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00823-01
Demandante: Walter Alonso Jegén Taborda

Administrativo de Cundinamarca, que decidió sobre el decreto de pruebas en la
solicitud de pérdida de investidura (radicado 25000-23-15-000-2024-00782-02,
índice 3 de Samai).

• En providencia del 28 de marzo de 2025, se confirmó el auto apelado y ordenó que
se anexara el expediente al «proceso identificado con el número único de radicación
25000-23-15-000-2024-00782-01». Esa decisión fue notificada por estado fijado el
8 de abril de la misma anualidad (índices 4 y 7 de Samai).

• En memorial del 24 de septiembre de 2025, el aquí accionante presentó solicitud
de impulso procesal, que ingresó al Despacho para proveer el 26 del mismo mes y
año.

• El 10 de diciembre de 2025, se registró el respectivo proyecto de fallo para
discusión en la Sala de Decisión (índice 14 de Samai).

39. Adicionalmente, esta Subsección advierte que el citado proyecto de fallo fue
repartido para su discusión en la Sala de Decisión de la Sección Primera del
Consejo de Estado en las sesiones celebradas los días 11 de diciembre de 2025;
22 y 29 de enero; 5, 12, 19 y 26 de febrero; 5, 19 y 26 de marzo; y 16 de abril de
20264.

40. No obstante, en todas esas oportunidades el proyecto quedó aplazado, sin que
la Sala conozca las razones de dicho aplazamiento. La magistrada ponente de la
referida decisión argumentó que no se ha proferido la sentencia debido a que «la
complejidad del tema propuesto, dentro de los citados tres procesos de pérdida de
investidura, ha dificultado su trámite, curso normal y consenso, sumado a que lo
que se resuelva en uno de estos puede llegar a incidir en la decisión de los demás».

41. Adicionalmente, se observa que la Sala de Decisión de la Sección Primera del
Consejo de Estado no estuvo integrada por la totalidad de los miembros durante
varios meses en el 2025, como consecuencia de la culminación de los periodos
constitucionales de los entonces magistrados Oswaldo Giraldo López y Hernando
Sánchez Sánchez. La mencionada Sala quedó finalmente reintegrada con la
incorporación de los magistrados Pablo Andrés Córdoba Acosta, quien participó por
primera vez en la sesión del 21 de agosto de 2025, y Carlos Fernando Mantilla
Navarro, quien lo hizo en la sesión celebrada el 13 de noviembre de 2025.

42. La Sala advierte que el proceso en cuestión ha sido debidamente tramitado y
ya se encuentra sometido a discusión el respectivo proyecto de sentencia de
segunda instancia; sin embargo, lo cierto es que el asunto ha sido objeto de
múltiples debates en las diferentes sesiones de sala de la Sección Primera del
Consejo de Estado sin que hubiera logrado obtener la mayoría necesaria para su
aprobación, tal como lo dispone el artículo 49 5 del reglamento interno de la

4
Consultado en el siguiente enlace: https://www.consejodeestado.gov.co/ordenesdeldia/
5
«Artículo 49. Reglas para el estudio de los proyectos. El estudio en sala, sección o subsección, se
sujetará a las siguientes reglas: (…) 6. Terminado el debate se hará la votación. Si así lo solicitara

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00823-01
Demandante: Walter Alonso Jegén Taborda

Corporación (Acuerdo 080 de 2019).

43. Finalmente, al igual que el fallador de primera instancia, esta Subsección
considera que no existió una vulneración al deber de atender estrictamente el
sistema de turnos para fallar los procesos asignados a su despacho.

44. Sobre el particular, se recuerda que los jueces tienen la obligación de dictar las
sentencias en el estricto orden en que haya ingresado el expediente a despacho
para tal fin, sin que este pueda alterarse, a menos que el caso al que se le dé
prioridad tenga algunas particularidades que permitan alterar justificadamente el
orden de fallo, evento en el que el juez estaría facultado para fallar con prelación,
en virtud del artículo 18 de la Ley 446 de 19986.

45. Ciertamente este sistema de turnos para proferir sentencias en el estricto orden
en que han pasado al despacho es un método razonable, conveniente y justo, tanto
para las partes como para el juez que debe emitir los respectivos fallos, en la medida
en que dicho procedimiento atiende las garantías del debido proceso y de igualdad.

46. Frente a la necesidad de mantener el sistema de turnos, la Corte
Constitucional, en sentencia SU-179 de 20217, señaló que, en tanto materializa el
derecho de igualdad entre los usuarios del sistema judicial, su alteración o
modificación injustificada se traduce en una real afectación a la garantía de obtener
una decisión de fondo sin dilaciones injustificadas y dentro de plazos razonables.
De ahí que la inobservancia injustificada del orden previsto en el referido sistema
constituya una verdadera mora atribuible a la autoridad judicial que tramite el
proceso, pues «la finalidad última del sistema de turnos es proteger los derechos a
la igualdad y al acceso a la administración de justicia de los demás usuarios de este
servicio público».

47. En el caso en concreto, se tiene que la Sección Primera del Consejo de Estado
conoció de los siguientes expedientes de pérdida de investidura:
Radicado 05001-23-33-000-2025- Radicado 25000-23-15-000-2024-
00218-01 00782-01
Demandante: Sergio Alejandro Mesa Cárdenas Walter Alonso Jegén Taborda

cualquier Consejero, se votarán por separado la parte motiva y la parte resolutiva del proyecto, o
cada una de las cuestiones o resoluciones que comprenden una y otra. Solo será aprobado el
proyecto que exprese, en todas sus partes, el parecer y la decisión de, por lo menos, la
mayoría absoluta de los miembros que componen la sala, sección o subsección».
6
«ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias
exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin
que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal.
Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal
orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente
del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social.

La alteración del orden de que trata el inciso precedente constituirá falta disciplinaria. En estos casos,
el Consejo Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales, en lo de su competencia, solicitarán
al Juez o Ponente la explicación pertinente para efectos administrativos y disciplinarios. El Consejo
Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales obrarán de oficio o a petición de quienes hayan
resultado afectados por la alteración del orden». (Negrilla fuera de texto).
7
Corte Constitucional, sentencia SU-179 del 9 de junio 2021, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00823-01
Demandante: Walter Alonso Jegén Taborda

Tipo de proceso: Pérdida de investidura Pérdida de investidura
Tema: Causal de violación del régimen de Causal de violación del régimen de
conflicto de intereses prevista en el conflicto de intereses prevista en
numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 artículo 11, numeral 14 del CPACA.
de 2000, en concordancia con el
numeral 14 del artículo 11 del CPACA.
Concejal del municipio de Montebello
(Antioquia), quien votó en la elección
de la secretaria general de esa
Corporación, a pesar de que entre los
aspirantes se encontraba la señora
Sandra Patricia Ramírez, quien fue
candidata al concejo en las elecciones
del 29 de octubre de 2023, avalada
también por el Partido Centro
Democrático.
Fundamentos de la causal: Se sostuvo que la concejala Giraldo Se cuestiona que el concejal Juan
Blandón, en calidad de presidenta del David Quintero Rubio debió declararse
Concejo de Montebello debió impedido para participar, conformar
declararse impedida para participar en quorum y decidir las recusaciones
la elección del secretario general de la presentadas contra los concejales
Corporación, vigencia 2024, debido a Samir José Abisambra Vesga, María
que en la lista de admitidos figuraba la Victoria Vargas Silva y Armando de los
señora Sandra Patricia Ramírez, Milagros Gutiérrez González, así como
quien, al igual que la accionada, había el impedimento presentado por el
sido candidata al mismo cabildo concejal Germán Augusto García
durante las elecciones de 29 de Maya, luego de haber conformado su
octubre de 2023, avalada por el mismo misma lista de candidatos del Partido
partido. Liberal Colombiano al Concejo de
Bogotá, para el periodo constitucional
anterior, esto es 2020-2023.
Fecha de reparto 8 de mayo de 2025 23 de enero de 2025
Fecha del ingreso para fallo en 16 de junio de 2025 10 de febrero de 2025
segunda instancia
Fecha del registro de proyecto de fallo 8 de octubre de 2025 10 de diciembre de 2025
Fecha de la sentencia de segunda 30 de octubre de 2025 No se ha proferido
instancia
Sala integrada por los magistrados - Nubia Margoth Peña Garzón - Nubia Margoth Peña Garzón
• Pablo Andrés Córdoba - Pablo Andrés Córdoba
Acosta (salvó el voto) Acosta
• Germán Eduardo Osorio - Germán Eduardo Osorio
Cifuentes Cifuentes
• Carlos Fernando Mantilla
Navarro

48. Si bien se trata de dos procesos similares, existen diferencias relevantes entre
ellos. En el expediente ya resuelto se alegó la vulneración derivada de no haber
presentado impedimento para participar en la elección del secretario general del
Concejo de Montebello. En cambio, en el trámite aquí cuestionado se plantea el
desconocimiento del régimen de conflicto de intereses, por no haberse declarado
impedido al intervenir en la decisión de las recusaciones formuladas contra varios
concejales que integraban la lista por la que resultó electo.

49. Adicionalmente, se advierte que en aquella oportunidad el proyecto identificado
con radicado 2025-00218-01 obtuvo las mayorías exigidas, con un salvamento de
voto del magistrado Córdoba Acosta; mientras que, en el asunto ahora debatido, el
proyecto no ha alcanzado las mayorías necesarias para su aprobación. Cabe
precisar que, desde noviembre de 2025, la Sala de Decisión se encuentra integrada,
además, por el magistrado Carlos Fernando Mantilla Navarro, y que el estudio del
asunto ha sido aplazado en atención a la complejidad de las cuestiones sometidas
a su consideración.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00823-01
Demandante: Walter Alonso Jegén Taborda

50. En ese orden de ideas, esta Subsección considera que no se desconoció el
turno para fallo, pues, tal como lo informó la Sección Primera del Consejo de Estado,
los fundamentos fácticos y jurídicos de los procesos de pérdida de investidura eran
distintos y, en consecuencia, presentaban niveles de complejidad diferentes.

51. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, porque no se logró
acreditar que la Sección Primera del Consejo de Estado hubiera vulnerado el
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia por la mora judicial
injustificada en el trámite del proceso de pérdida de investidura con radicado 25000-
23-15-000-2024-00782-01.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 5 de marzo de 2026 por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, que negó el amparo solicitado.

SEGUNDO. NOTIFÍQUESE a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO. ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.