Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2025-00336-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2025-00336-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-15-000-2025-00336-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
25 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación 25000-23-15-000-2025-00336-011
Recurso de apelación contra la sentencia de 7 de julio de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Solicitante: HERNANDO QUINTANA CAMACHO
TESIS: NO INCURRE EN INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS
PÚBLICOS LA CONCEJAL QUE RECONOCIÓ Y ORDENÓ PAGAR
HONORARIOS A SEIS CONCEJALES QUE ASISTIERON A SESIÓN
PLENARIA ORDINARIA QUE NO CONTÓ CON QUORUM DECISORIO
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el solicitante
contra la sentencia de 7 de julio de 2025, proferida por la Sala Plena
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual
se denegó la pérdida de investidura de la concejal de Chía
(Cundinamarca), señora NATALIA GIL LOAIZA, por hechos
ocurridos dentro del período constitucional 2024-2027.
I.- ANTECEDENTES
1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las
providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta
sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.
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Número único de radicación: 25000 23 15 000 2025 00336 01
Solicitante: HERNANDO QUINTANA CAMACHO
I.1.- El ciudadano HERNANDO QUINTANA CAMACHO, actuando
en nombre propio, solicitó decretar la pérdida de investidura de la
concejal de Chía (Cundinamarca), señora NATALIA GIL LOAIZA,
por hechos ocurridos dentro del período constitucional 2024-2027, al
considerar que incurrió en la causal de pérdida de investidura
establecida en los artículos 55, numeral 3, de la Ley 136 de 2 de
junio de 19942, y 48, numeral 4, de la 617 de 6 de octubre de 20003,
esto es, por indebida destinación de dineros públicos.
I.2.- En apoyo de su pretensión el solicitante adujo, en síntesis, que
durante el último período de sesiones ordinarias comprendido del 1o.
de octubre al 30 de noviembre de 2024, la concejal NATALIA GIL
LOAIZA, en calidad de presidente de la mesa directiva del Concejo
de Chía (Cundinamarca), durante la sesión plenaria de 3 de octubre
de 2024, convocó a sesión plenaria para el 4 de octubre de 2024, a
las 4:30 pm, lo cual fue aprobado por los concejales asistentes.
Señaló que el 4 de octubre de 2024, minutos previos a cumplirse la
hora de citación, más la media hora de espera reglamentaria que
permite el Reglamento, se hizo el primer llamado a lista en la que
contestaron 7 de 15 concejales: PABLO ANDRÉS CASTRO
CASTRO, NATALIA GIL LOAIZA, ANGÉLICA LIBRADA
MONTAÑEZ SÁNCHEZ, JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO,
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO, JAVIER ERNESTO
VALDIVIESO FONSECA y LUIS FELIPE GALVIS RAMOS.
2 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios”.
3 “Por la cual se reforma parcialmente la ley 136 de 1994, el decreto extraordinario 1222 de 1986,
se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional”.
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Número único de radicación: 25000 23 15 000 2025 00336 01
Solicitante: HERNANDO QUINTANA CAMACHO
Indicó que luego de cuatro llamados de lista adicionales, y sin
observar los tiempos reglamentarios que habían transcurrido, se le
dio la oportunidad de contestar ‘presente’ a la concejal CLAUDIA
MARCELA PEDRAZA CAMERO, quien recién hacía presencia en la
reunión, ante lo cual el secretario general le informó a la accionada
que había un total de ocho concejales presentes en la sesión plenaria.
Anotó que fue una clara violación de la norma reglamentaria por
parte del secretario general, pues este funcionario no podía dar esa
falsa declaración para permitir el desarrollo de una sesión plenaria
que ya estaba por fuera de los términos de horario legales
establecidos en el artículo 22 del Acuerdo municipal 140 de 2018 “[…]
Por medio del cual se deroga el Acuerdo No. 12 de 2010 y se expide
el reglamento interno del Concejo Municipal de Chía […]”, más aún
cuando todos los concejales manifestaron públicamente el deber de
cancelar la sesión plenaria por haberse cumplido la hora legal de la
citación correspondiente.
Sostuvo que la accionada, ‘de manera ágil, veloz y aprovechada’, y
sin observar el horario transcurrido hasta ese momento, manifestó
que: “[…] Hoy 4 de octubre queda instalada la sesión plenaria. Doctor
JUAN CARLOS por favor leemos el Orden del día […]”. Y que, no
obstante lo anterior, más adelante la accionada se retractó de tal
decisión al decir: “[…] Yo dejo la salvedad de que la concejal Marcela
jamás llega tarde; hoy llegó corriendo y alcanzó a decir presente pero
ya eran las cinco (5:00) de la tarde y por salvar mi responsabilidad
HE DECIDIDO NO INSTALAR LA SESIÓN […]”.
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Número único de radicación: 25000 23 15 000 2025 00336 01
Solicitante: HERNANDO QUINTANA CAMACHO
Adujo que el secretario general, obrando en cumplimiento de lo que
se le había ordenado inicialmente, procedió a leer el orden del día,
momento en el cual la accionada recibió un llamado de atención y de
orden por parte del segundo vicepresidente, el concejal PABLO
ANDRÉS CASTRO CASTRO, por el procedimiento implementado
frente al tiempo establecido para sesionar.
Mencionó que existen otros medios para verificar que cuando se
realizó el primer llamado a lista ya se había cumplido el tiempo
reglamentario de la media hora; y que, por lo tanto, el segundo,
tercer y cuarto llamado a lista estuvieron por fuera del tiempo
reglamentario, por lo que no se han debido permitir esos llamados a
lista por ilegales e irreglamentarios.
Comentó que la primera vicepresidente, concejal ANGÉLICA
LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ, manifestó su molestia por la falta
de quorum, lo que no permitió llevar a cabo la sesión plenaria, pues
era la ponente del Proyecto de Acuerdo 20 de 2024 que estaba en el
orden del día para su debate en plenaria; y que ella dejó constancia
de que en la parte de afuera se encontraban varios concejales
ausentes desde las 4:00 p.m., que no quisieron ingresar, y por ese
motivo la última concejal ingresó sobre las 5:00 p.m.
Resaltó que lo que resultaba incomprensible es que finalmente la
concejal ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ hubiese
presentado una cuenta de cobro que incluyó esa reunión del Concejo
como sesión plenaria y se le hayan pagado dichos honorarios por
asistir a una convocatoria que ella misma reconoció que se cayó por
falta de quorum y no es válida como sesión plenaria.
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Número único de radicación: 25000 23 15 000 2025 00336 01
Solicitante: HERNANDO QUINTANA CAMACHO
Manifestó que la accionada mencionó públicamente ante los
asistentes y la comunidad, por las redes sociales, que si bien no hubo
quorum para instalar la sesión debía leerse una carta remitida por
los presidentes de junta de acción comunal; y que esto quiere decir
que ordenó el tercer punto del orden del día programado, cuando se
había reconocido públicamente que no había quorum dentro de la
hora legal para sesionar.
Señaló que la accionada insistió, de manera terca, en instalar la
sesión, es decir, cuando ya había conocido los hechos que le
impedían hacerlo y que se constituyen en faltas e ilicitud y aun así
persistió en su realización ‘de una manera descarada’, al manifestar
inconscientemente: “[…] que ya estaban los suficientes concejales
para poder instalar […]”, lo que equivale a un engaño directo a título
de dolo.
Enunció que los concejales VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO
y PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO, que también estuvieron
presentes en la sesión, pasaron cuentas de cobro que incluyeron esta
reunión de 4 de octubre de 2024 y se les pagaron esos honorarios
por asistir a la convocatoria que ascendió, según comentarios hechos
durante su desarrollo, a la suma de $9.000.000.
Expresó que la accionada manifestó “[…] Que pena con todos por
esta situación. Le solicito a prensa cortar la transmisión y finaliza…
lo que hoy estamos haciendo; que no es una sesión y claro está que
no será pagada. Invito a todos los funcionarios a mañana llegar a las
8:30 de la mañana. Vamos a poner ese Orden del día el día de
mañana. Y a las personas que nos acompañaron, feliz tarde para
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Solicitante: HERNANDO QUINTANA CAMACHO
todos”; y que pese a tal manifestación ordenó pagar honorarios por
esa sesión que no se realizó.
Indicó que, en efecto, el secretario general expidió la certificación de
asistencia para pago de honorarios de sesiones ordinarias de octubre
de 2024, así como la certificación 202411229999901061 de 22 de
noviembre de 2024, expedida a la señora MÓNICA ANDREA
MUÑOZ BERNAL, en la que hace constar las sesiones asistidas y
pagadas para los concejales, -incluyendo para los siguientes 6
concejales la reunión de 4 de octubre de 2024-: PABLO ANDRÉS
CASTRO CASTRO, ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ,
JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO, VÍCTOR FERNANDO
TORRES MORENO, JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA y
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS; y que allí agregó: “[…] 4 de octubre:
NO HUBO QUÓRUM, solo llegaron 7 concejales a la sesión dentro del
tiempo reglamentario de espera, de los cuales una concejal renunció
al cobro de la sesión por asistencia […]”, siendo la accionada quien
renunció a dicho cobro.
Afirmó que, de conformidad con lo previsto en los artículos 110 del
Decreto 111 de 15 de enero de 19964, -Estatuto Orgánico del
Presupuesto-, y 117 del Acuerdo municipal 35 de 2005 “[…] mediante
el cual se expide la norma orgánica del presupuesto general del
municipio de Chía y de sus entidades descentralizadas […]”, en
consonancia con los artículos 28 de la Ley 136 y 41 del Acuerdo
municipal 140 de 2018, el presidente es quien hace las veces del jefe
4 “[…] Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que
conforman el estatuto orgánico del presupuesto […].
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Solicitante: HERNANDO QUINTANA CAMACHO
del Concejo de Chía (Cundinamarca), que para el año fiscal 2024 era
la accionada.
Manifestó que, según el artículo 39, numeral 14, de la Ley 1952 de
28 de enero de 20195, a todo servidor público le está prohibido
ordenar el pago o percibir remuneración oficial por servicios no
prestados, lo que constituye indebida destinación a título de culpa
gravísima por clara ignorancia del deber funcional, por desatención
al cumplimiento legal y reglamentario que así lo determina de
manera fundamental y directa, y por la violación revelada a las reglas
de obligatorio cumplimiento sobre el reconocimiento y pago de los
honorarios causados a los concejales a que tendrían derecho por
concepto de su participación en sesiones plenarias ordinarias y
extraordinarias; y que, según el artículo 57 del mismo compendio,
es una falta relacionada con la hacienda pública autorizar u ordenar
la utilización indebida, o utilizar indebidamente rentas que tienen
destinación específica en la Constitución o en la ley.
Sostuvo que la Resolución 145 de 1o. de noviembre de 2024, “[…]
Por medio del cual se reconocen honorarios correspondientes al
tercer periodo de sesiones ordinarias del mes de octubre de 2024 y
se ordena el pago a los concejales del municipio de Chía […]”, fue el
acto administrativo a través del cual la accionada, -en calidad de
presidente y ordenadora del gasto-, junto con la mesa directiva,
reconocieron y ordenaron pagar los honorarios a sus compañeros
concejales, incluidos los correspondientes a la reunión de 4 de
octubre de 2024, a la que no tenían derecho los 6 concejales
5 “[…] Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y
algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario […]”.
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Solicitante: HERNANDO QUINTANA CAMACHO
asistentes por falta de quorum, necesario para instalar la sesión
plenaria, en los términos establecidos en el artículo 65 de la Ley 136:
“[…] Los miembros de los concejos de las entidades territoriales
tienen derecho a reconocimiento de honorarios por la asistencia
comprobada a las sesiones plenarias […]”, lo que, a su juicio,
configuró una indebida destinación de dineros públicos.
Expresó que la accionada, además, infringió un deber legal y
funcional pues ha debido abstenerse de reconocer, autorizar o recibir
remuneración por servicios no prestados, tal como lo dispone el
artículo 38, numerales 1, 3, 9, 14 y 16 de la Ley 1952, así como el
referido artículo 39, numeral 14, lo que dio lugar a la violación de los
principios de legalidad, buena administración, autotutela,
subsidiariedad, publicidad y transparencia, y moralidad
administrativa.
Agregó, finalmente, que en la ley solo están autorizados los pagos
de honorarios por asistencia comprobada a las sesiones plenarias,
según señale el reglamento interno, es decir, que en este caso se
autorizó el pago para otra clase de reunión que realizó el Concejo de
Chía (Cundinamarca), diferente a la plenaria, por lo que no se podían
destinar los dineros públicos a propósitos no autorizados; y que, de
igual forma, está prohibido cubrir propósitos o intenciones de
sesionar cuando no se cumplen las condiciones formales de una
sesión plenaria, como la conformación del quorum en el tiempo legal
y reglamentariamente establecido, ni se podía pagar a los concejales
por atender materias innecesarias o injustificadas, lo que representa,
por demás, el cobro de lo no debido y el incremento adicional de
patrimonio personal de los 6 concejales involucrados.
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Solicitante: HERNANDO QUINTANA CAMACHO
I.3.- La concejal, a través de apoderado, contestó la solicitud y se
opuso a la desinvestidura, para lo cual alegó que en ningún momento
destinó dineros públicos con finalidades y cometidos diferentes a los
previstos por la Constitución, la ley y los reglamentos; y que, luego
de convocar a los concejales para la sesión plenaria ordinaria de 4 de
octubre de 2024, a las 4:30 p.m., dio apertura a la sesión en la que,
previo al primer llamado a lista, estaba conformado el
correspondiente quorum deliberatorio, tal y como lo determinan los
artículos 145 y 148 de la Constitución Política, 29 de la Ley 136, y
133 del reglamento interno del Concejo de Chía (Cundinamarca).
Aludió a que en esa oportunidad se comprobó su asistencia y 6
concejales más, conforme a certificación del secretario general de
esa Corporación, motivo por el cual algunos de los concejales que
asistieron presentaron cuenta de cobro, lo cual se trataba de un
derecho que les asistía para percibir honorarios, por su asistencia
comprobada a las sesiones convocadas, lo que, en efecto, así tuvo
lugar para esa ocasión.
Manifestó que el secretario general, en ejercicio de sus competencias
legales y reglamentarias, certificó ante la convocatoria, entre otras
sesiones, a la de 4 de octubre de 2024, motivo por el cual, junto a
pronunciamientos jurisprudenciales sobre la materia y a lo descrito
en el reglamento interno del Concejo de Chía (Cundinamarca), se
reconoció y ordenó el pago de honorarios a los concejales por su
plena asistencia. Y que, aun así, como un acto voluntario y ético,
pese a asistir comprobadamente a dicha sesión, decidió renunciar al
cobro de los honorarios a la que tenía derecho, pues no fue posible
desarrollar su orden del día en tanto que varios concejales decidieron
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Solicitante: HERNANDO QUINTANA CAMACHO
no ingresar para completar el quorum que exige el artículo 22 del
reglamento interno de la corporación.
Agregó que en el recinto se hicieron presentes 7 de los 15 concejales,
entre los cuales estaba ella desde el primer llamado a lista; y que si
bien los cabildantes asistentes representaron la minoría, y los ocho
ausentes la mayoría, ese quorum decisorio no era obstáculo para
tener por abierta e iniciada la sesión plenaria ordinaria de 4 de
octubre de 2024, toda vez que, material y jurídicamente, desde el
primer llamado a lista el Concejo abrió la sesión al cumplirse los
presupuestos para ello, con fundamento en los artículos 145 y 148
de la Constitución Política, 29 de la Ley 136 y 133 del reglamento
interno.
Explicó que, según el orden del día, para la sesión plenaria ordinaria
de 4 de octubre de 2024, el primer punto a surtirse era el llamado a
lista y verificación del quorum; y el segundo punto, consistía en
lectura, discusión y aprobación del orden del día, razón por la que,
en principio, concurría el quorum deliberatorio, lo que permitió abrir
la sesión, sin perjuicio de que para el primer llamado a lista no se
configurara el quorum decisorio; y que, tal circunstancia, no impidió
tener como abierta la sesión para deliberar, (dar lectura y discutir
orden del día).
Indicó que ni la Constitución, la ley ni el reglamento interno del
Concejo determinan cuántos llamados a lista se debe efectuar previo
a instalar una sesión plenaria, puesto que sobre el particular el
artículo 22 de dicho reglamento se limita en señalar que durante el
período de sesiones ordinarias la plenaria se reunirá a partir de las
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Solicitante: HERNANDO QUINTANA CAMACHO
04:30 p.m. y se fija un lapso de treinta (30) minutos para el llamado
a lista; y que el artículo 65 de la Ley 136 prevé que los miembros de
los concejos tienen derecho al reconocimiento de honorarios por su
asistencia comprobada a las sesiones plenarias, como en el presente
asunto que se verificó la asistencia de los 6 concejales a los que se
les pagó la sesión de 4 de octubre de 2024, lo que, por demás, impide
inferir una conducta a título de culpa grave y mucho menos con dolo.
Señaló que no podía expedir la resolución de reconocimiento de
honorarios sin que mediara certificación del secretario general, en la
que se dio fe de la asistencia de los concejales a las respectivas
sesiones plenarias, para así determinarse el consecuente valor,
resaltando que, en todo caso, ese funcionario certificó que la sesión
en cuestión sí tuvo lugar, y a la cual asistieron los 6 concejales que
radicaron cuenta de cobro.
Solicitó que se inaplique, con efectos inter partes, distintas
disposiciones del artículo 22 del reglamento interno del Concejo de
Chía (Cundinamarca), en cuanto condicionan la instalación de una
sesión plenaria a la existencia de quorum decisorio, cuando lo cierto
es que este es el requerido para que los concejales puedan tomar
decisiones y aprobar o no iniciativas, de ahí que refiriera que ello
contraría abiertamente los artículos 145 y 148 de la Constitución
Política y 29 de la Ley 136, pues estas normas establecen que para
la apertura a una sesión plenaria en una corporación pública se
requiere no el quorum decisorio, sino el deliberatorio, es decir, al
menos una cuarta parte de sus miembros, respecto de lo cual resaltó
que se encontró satisfecho desde el primer llamado a lista de la
sesión plenaria de 4 de octubre de 2024.
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Solicitante: HERNANDO QUINTANA CAMACHO
Resaltó que no destinó dineros públicos a objetos, actividades o
propósitos no autorizados por la Constitución, la ley o el reglamento,
ni tampoco que esa destinación se diera para materias innecesarias
o injustificadas, o que la destinación tuviera la finalidad de obtener
un incremento patrimonial personal o de terceros.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
El Tribunal, a través de sentencia de 7 de julio de 2025, denegó la
pérdida de investidura de la accionada, para lo cual indicó que para
que los concejales del municipio de Chía (Cundinamarca) causen el
derecho al reconocimiento de sus respectivos honorarios no se exige
nada diferente a acreditar su asistencia comprobada a las sesiones
ordinarias y extraordinarias dentro esa Corporación, sin que se fije
otra condición o requisito adicional para tales efectos.
Mencionó que el artículo 29 de la Ley 136 establece que los concejos
y sus comisiones pueden abrir sesiones y deliberar con no menos de
una cuarta parte de sus miembros, -quorum deliberatorio-, lo que,
en consonancia con lo previsto en los artículos 21 y 133 del
reglamento interno del Concejo de Chía (Cundinamarca), significa
que es suficiente la verificación del quorum deliberatorio para la
apertura e instalación de las sesiones al interior de esa corporación,
-en este caso mínimo 4 concejales-, pues es la ausencia de este, mas
no del quorum decisorio, lo que conlleva al levantamiento de la
correspondiente sesión.
Señaló que está acreditado que, a la referida sesión plenaria
ordinaria de 4 de octubre de 2024 del Concejo de Chía
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Solicitante: HERNANDO QUINTANA CAMACHO
(Cundinamarca), asistieron 7 concejales, incluyendo la accionada, de
un total de 15 concejales que integran esa corporación, motivo por
el cual al estar presentes más de la cuarta parte sí hubo quorum
deliberatorio y era viable que pudieran abrir e instalar esa sesión,
como en efecto ocurrió.
Puso de relieve que a pesar de que la accionada, en su calidad de
presidenta, manifestó en el curso de la reunión que “[…] por salvar
mi responsabilidad he decidido no instalar la sesión […]” y “[…] que
pena con todos esta situación, le solicito a prensa cortar la
transmisión y finaliza lo que hoy estamos haciendo, que no es una
sesión y claro está que no será pagada […]”, lo cierto es que la
causación de honorarios no puede estar supeditada a la opinión de la
presidente del Concejo sino de las citadas normas que la regulan,
sumado a que las distintas intervenciones de varios concejales que
participaron en esa oportunidad, en el sentido de pronunciarse
respecto de la ausencia de los demás concejales que no ingresaron,
prueban que sí hubo sesión.
Concluyó, por lo tanto, que la expedición de la Resolución 145 de 1o.
de noviembre de 2024, mediante la cual la accionada reconoció y
ordenó pagar los honoraros de los 6 concejales de Chía
(Cundinamarca) que asistieron a la sesión ordinaria plenaria de 4 de
octubre de 2024, no constituyó indebida destinación de dineros
públicos.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
El actor interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia,
en el que solicita revocar la decisión del a quo y, en su lugar, decretar
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Solicitante: HERNANDO QUINTANA CAMACHO
la pérdida de investidura de la accionada, para lo cual insiste,
íntegramente, en los argumentos fácticos y jurídicos de la solicitud
inicial.
Manifiesta su inconformidad con la decisión, por considerar que la
providencia desconoció las pruebas allegadas y efectuó una indebida
valoración de los hechos ocurridos el 4 de octubre de 2024, fecha en
la que la accionada, en su condición de presidenta del Concejo de
Chía (Cundinamarca), habría reconocido, autorizado y ordenado el
pago de honorarios a 6 concejales asistentes a una sesión plenaria,
pese a que esta no se llevó a cabo por falta de quorum decisorio
dentro del tiempo reglamentario previsto en el artículo 22 del
Acuerdo municipal 140 de 2018.
Aduce que la concejal incurrió en la causal prevista en el artículo 48,
numeral 4, de la Ley 617, consistente en la indebida destinación de
dineros públicos, al ordenar el desembolso de recursos sin la
existencia de una sesión válida que justificara la causación de
honorarios. Y que, aun cuando ella no se auto reconoció dichos
emolumentos, sí dispuso de fondos a favor de terceros, contrariando
también lo dispuesto en los artículos 57 y 62 de la Ley 1952, que
sancionan el uso indebido de rentas públicas y el incremento
patrimonial sin justa causa.
Reprocha, además, que la sentencia de primera instancia hubiese
considerado que el quorum deliberatorio habilitaba la instalación de
la sesión, cuando en realidad, -según el acervo probatorio, incluidas
certificaciones de los secretarios del Concejo y registros
audiovisuales-, nunca se declaró abierta la sesión plenaria ni se
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Solicitante: HERNANDO QUINTANA CAMACHO
verificó formalmente el quorum decisorio antes de vencer el tiempo
reglamentario. Y que la actuación de la mesa directiva, presidida por
la accionada, configuró una ‘simulación de sesión’, lo cual derivó en
un pago sin causa jurídica y vulnera el principio de moralidad
administrativa y constituye indebida destinación de recursos
públicos.
Agrega que ha existido una equivocación conceptual por parte del
Tribunal porque si bien no existe objeción o duda acerca del sustento
invocado, el contenido y la veracidad que cita de la jurisprudencia
del Consejo de Estado, cuando argumenta que el derecho de los
concejales al reconocimiento de honorarios se deriva, según los
artículos 65 y 66 de la Ley 136, de su asistencia comprobada a las
sesiones plenarias y a las comisiones permanentes que se lleven a
cabo en días diferentes a los de aquellas, lo cierto es que debe
aclararse que ello no está previsto para las entidades territoriales
como es el caso del municipio de Chía (Cundinamarca), sino que tal
posibilidad establecida en la Ley 617, capítulo VI, artículo 58, sólo
aplica para el régimen de Santa Fe de Bogotá Distrito Capital.
Solicita tener muy en cuenta las pruebas que aportó para demostrar,
de manera directa, los errores conceptuales y de interpretación en
que se ha incurrido y que demuestran que, efectivamente, si son
valederas la pretensión de desinvestidura.
IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN
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IV.1.- El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,
numeral 3, de la Ley 1881 de 15 de enero de 20186, fue descorrido
por la accionada a través de su apoderado, con escrito en el que
reitera, íntegramente, los argumentos de la defensa, haciendo
especial énfasis en que sí hubo sesión válida el 4 de octubre de 2024,
pese a no poderse adoptar decisiones por ausencia de mayoría, pues
se hicieron llamados a lista, hubo intervenciones y quedó constancia
fílmica. Y que el argumento, según el cual, ella manifestó que “[…]
no instalaría la sesión […]”, carece de eficacia jurídica, porque lo
determinante es la concurrencia objetiva de quorum deliberatorio y
no decisorio, razón por la cual la sesión existió jurídicamente, los
concejales cumplieron su deber de asistir y adquirieron el derecho a
devengar honorarios a través de la Resolución 145 de 2024.
Sostiene que el recurso introduce materias ajenas a la litis, como
reproches disciplinarios o penales, la figura civil del ‘pago de lo no
debido’ y nuevas interpretaciones reglamentarias, argumentos que
son improcedentes en apelación, pues la segunda instancia no es una
nueva demanda ni un juicio pleno, sino un control sobre los agravios
concretos contra la sentencia de primera instancia; y que los artículos
14 de la Ley 1881 y 212 del CPACA, delimitan el trámite a examinar
lo efectivamente impugnado sin introducir pruebas o cargos nuevos,
salvo en los supuestos taxativos de la norma que no concurren en
este caso, por lo que deben desestimarse esos planteamientos y
6 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se
consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.
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ceñirse a establecer la existencia de la sesión de 4 de octubre de
2024 y la legalidad del reconocimiento de honorarios.
IV.2.- El Agente del Ministerio Público guardó silencio en esta
instancia.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1.- Problema jurídico
En los precisos términos expuestos en la solicitud de desinvestidura,
en consonancia con lo sostenido tanto en su contestación como en el
recurso de apelación interpuesto, le corresponde a la Sala establecer
si la concejal del municipio de Chía (Cundinamarca), señora
NATALIA GIL LOAIZA, durante el ejercicio de su período
constitucional 2024-2027, incurrió en la comisión de la causal de
pérdida de investidura de indebida destinación de dineros públicos,
prevista en los artículos 55, numeral 3, de la Ley 136 y 48, numeral
4, de la Ley 617, luego de intervenir en la expedición de la Resolución
145 de 1o. de noviembre de 2024, por medio del cual le reconoció y
ordenó pagar honorarios a los concejales PABLO ANDRÉS CASTRO
CASTRO, ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ, JORGE
HERNÁN SALAZAR GORDILLO, VÍCTOR FERNANDO TORRES
MORENO, JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA y LUIS
FELIPE GALVIS RAMOS, correspondientes, entre otros, a la sesión
de 4 de octubre de 2024 del Concejo Municipal de Chía
(Cundinamarca).
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V.2.- De la indebida destinación de dineros públicos como
causal de pérdida de investidura de concejal7
Con relación a la controversia sometida al estudio de la Sala, se
advierte que la causal de pérdida de investidura que se invoca en la
presente solicitud es la prevista en los artículos 55, numeral 3, de la
Ley 136 y 48, numeral 4, de la Ley 617, cuyo tenor es el siguiente:
“[…] Ley 136
Artículo 55. Pérdida de la investidura de concejal. Los
concejales perderán su investidura por: (…)
3. Por indebida destinación de dineros públicos […]” (Negrillas
y subrayas por fuera de texto).
“[…] Ley 617
Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales
municipales y distritales y de miembros de juntas
administradoras locales. Los diputados y concejales municipales
y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán
su investidura:
(…)
4. Por indebida destinación de dineros públicos […]” (Negrillas
y subrayas por fuera de texto).
Como los elementos que estructuran esta causal no se encuentran
desarrollados en la Constitución ni en las normas legales que las
ordenan, resulta pertinente acudir al sentido y alcance con los que
esta Corporación la ha tratado de forma reiterada. En sentencia de 3
de octubre de 2000, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente
Nubia Margoth Peña Garzón, sentencias de 10 de diciembre de 2021, número único de radicación
50001233300020200008001; 23 de julio de 2021, número único de radicación
50001233300020200002101; y de 29 de marzo de 2019, número único de radicación
66001233300020180024601.
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con relación a los congresistas, pertinente también para los restantes
miembros de corporaciones públicas de elección popular, como los
concejales, precisó:
“[...] La causal de indebida destinación de dineros públicos se
configura cuando el congresista destina los dineros públicos a
unas finalidades y cometidos estatales distintos a los
establecidos en la Constitución, en la ley o en los
reglamentos, como ocurre en los siguientes casos:
a. Cuando destina los dineros públicos a objetos, actividades
o propósitos no autorizados;
b. Cuando los destina a objetos, actividades o propósitos
autorizados pero diferentes a los cuales esos dineros se
encuentran asignados;
c. Cuando aplica los dineros a objetos, actividades o
propósitos expresamente prohibidos por la Constitución, la
ley o el reglamento.
d. Cuando esa aplicación se da para materias innecesarias o
injustificadas.
f. Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros.
g. Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un
beneficio no necesariamente económico en su favor o en el
de terceros […]”8 (Negrillas y subrayas fuera de texto).
De igual forma, ha explicado que:
“[…] Esta norma, como sucede con las demás causales de pérdida
de investidura, tampoco describe la conducta. No obstante, la
jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado ha delimitado
los presupuestos para que se configure. En este sentido, como su
denominación lo indica, se realiza cuando un congresista
destina los dineros públicos a unas finalidades y cometidos
estatales distintos a los establecidos en la Constitución, en
la ley o en los reglamentos. Bien puede utilizarlos o dirigirlos
a actividades o propósitos no autorizados; o a aquéllos que
estando autorizados no correspondan a la finalidad
asignada; o a cometidos prohibidos, entre otros.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de octubre de
2000, Expedientes AC-10529 y AC-10968, consejero ponente Darío Quiñones Pinilla.
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En estos términos, la Sala Plena, en sentencia del 7 de junio de
2012, señaló que, aunque la causal no está definida en el
ordenamiento jurídico, se configura cuando la destinación de los
dineros públicos no corresponde a los fines estatales preestablecidos
por la Constitución, la ley o el reglamento:
“[…] La causal de indebida destinación de dineros públicos no
está definida en la Constitución ni en las normas legales que
rigen el ejercicio de la acción de pérdida de investidura. Es,
entonces, pertinente consignar el sentido y alcance con que
esta Corporación le ha definido. La causal de indebida
destinación de dineros públicos se configura cuando el
concejal destina los dineros públicos a unas
finalidades y cometidos estatales distintos a los
establecidos en la Constitución, en la ley o en los
reglamentos […]”9 (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Respecto a los elementos constitutivos de este tipo disciplinario, la
Sala Plena, en sentencia del 6 de marzo de 200310 también señaló:
“[…] Por consiguiente, el elemento tipificador de la causal de
pérdida de investidura en referencia, está en el hecho de que
el congresista, en su condición de servidor público, que lo es
(art. 123 de la Constitución), con su conducta funcional, al
ejercer las competencias de las que ha sido revestido,
traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos
estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el
reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí
autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se
encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a
materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando
pretende derivar un beneficio no necesariamente económico
en su favor o de terceras personas, etc. ‘En los eventos como
los antes indicados, la conducta del congresista bien puede ser
delictiva o no, ajustada o no a un procedimiento legal de ordenación
del gasto o de contratación, pero, su finalidad es otra muy distinta
a la señalada en la Constitución, la ley o los reglamentos’ […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de junio
de 2012, número único de radicación 73001233100020100035201, consejera ponente María
Claudia Rojas Lasso.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en sentencia de 6 de
marzo de 2003, número único de radicación 2000123310002002100701, consejera ponente Olga
Inés Navarrete Barrero.
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De allí que, para que la causal se configure es necesario que el
Congresista, en su condición de servidor público, distorsione o
cambie el cometido estatal consagrado en la Constitución, la Ley o
el Reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados, o que estando autorizados
sean diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados,
o haya destinado o utilizado los recursos a materias expresamente
prohibidas, no necesarias o injustificadas; o perseguido la finalidad
de obtener un incremento patrimonial personal o de terceros; o
hubiere pretendido derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o de terceras personas.
En este orden, no es necesario que el sujeto activo de la causal
ostente la condición de nominador u ordenador del gasto, basta con
que deba respetar, defender y cuidar el patrimonio público, toda vez
que es imperativo cuidar los bienes del Estado para evitar su
menoscabo. En este sentido, la Sala Plena ha señalado que la
causal comporta dos elementos: i) la conducta y ii) el fin. La
Sentencia del 1 de noviembre de 200511 señaló: “[…] Para la
configuración de la causal de indebida destinación de
dineros públicos prevista en el num. 4º del artículo 183 de la
Constitución Política (reproducida en el numeral 4º del
artículo 298 de la Ley 5ª de 1992) se destacan o requieren
dos elementos como son la conducta y el fin […]”
En el primero –como se exige para las demás causales por las que
se puede demandar la pérdida de investidura- es necesario, que el
sujeto activo que la agota ostente la calidad de Congresista y
precisamente que en esa condición ejerza competencias para las
que fue investido.
El segundo elemento, consiste en el fin de la conducta, es
decir que al ejercer las competencias propias de su
investidura: i) cambie o distorsione los fines y cometidos
estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el
reglamento al destinar los recursos públicos a materias,
actividades o propósitos no autorizados, o a aquéllos que
autorizados son diferentes a los que se encuentran
asignados; ii) aplique tales dineros a objetos prohibidos, no
necesarios o injustificados; iii) obtenga un incremento
patrimonial para sí o a favor de terceros, o iv) pretenda
derivar un beneficio no necesariamente económico en su
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de noviembre de
2005, número único de radicación 11001031500020040167300, consejero ponente Tarsicio Cáceres
Toro.
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favor o en el de terceras personas, etc. […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
A su turno, esta Sección, siguiendo los planteamientos de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, ha
expresado, frente a la configuración de la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos, que:
“[…] La causal de indebida destinación de dineros públicos no se
encuentra definida en la Constitución ni en las normas legales que
regulan el ejercicio de la acción de pérdida de investidura. No
obstante, la jurisprudencia de esta Corporación se ha referido en
distintas oportunidades al sentido y alcance que esta causal tiene.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación,
en sentencia 30 de mayo de 2000 (Expediente núm. AC-9877,
Consejero ponente doctor Germán Rodríguez Villamizar), se
pronunció sobre los alcances del concepto de indebida destinación
de dineros públicos, señalando que el elemento tipificador de esta
causal de pérdida de investidura “[…] está en el hecho de que el
Congresista, en su condición de servidor público, con su
conducta funcional al ejercer las competencias de las que ha
sido revestido, traiciona, cambia o distorsiona los fines o
cometidos estatales, preestablecidos en la Constitución, la
ley o el reglamento, para destinar los dineros públicos a
objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí
autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se
encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a
materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando
pretende derivar un beneficio no necesariamente económico
en su favor o de terceras personas […]”.
Esta postura ha sido objeto de múltiples reiteraciones por la misma
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo12 y también por la
Sección Primera del Consejo de Estado, entre otras, en sentencias
de 1º de julio de 2004 (Expediente núm. 2003-00194, Consejero
ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), 9 de noviembre
de 2006 (Expediente núm. 2005-01133, Consejero ponente doctor
12 En sentencias de 20 de junio de 2000 (Expediente núm. 9876); de 6 de marzo de 2001
(Expediente núm. AC-11854) y de 17 de julio de 2001 (Expediente núm. 0063-01).
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Solicitante: HERNANDO QUINTANA CAMACHO
Camilo Arciniegas Andrade), 16 de julio de 2009 (Expediente núm.
2008-00700, Consejera ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón)
14 de diciembre de 2009 (Expediente núm. 2009-00012
(Expediente núm. 2009-00012, Consejero ponente doctor Rafael E.
Ostau de Lafont Pianeta), 3 de noviembre de 2011 (Expediente
núm. 2011-00009, Consejera ponente María Elizabeth García
González) y 1º de agosto de 2013 (Expediente núm. 2012-00151,
Consejera ponente María Elizabeth García González) […]”13
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
Con fundamento en el marco normativo y en el desarrollo
jurisprudencial citado anteriormente, se tiene que los dineros
públicos son “[…] todos aquellos que provienen de una actividad
económica del Estado y se integran al ciclo presupuestal con el
propósito de ser redistribuidos para la satisfacción de las
necesidades que demanda el interés general […]”14, por lo que, en
el mismo sentido, los eventos en que se puede configurar su indebida
destinación15 son aquellos en los que un miembro de la corporación
pública territorial de elección popular los asigna para:
i) Cubrir objetos, actividades o propósitos no autorizados.
ii) Costear objetos, actividades o propósitos que sí están
autorizados, pero que son diferentes a aquellos para los cuales están
previamente asignados.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 4 de
septiembre de 2014, número único de radicación 63001233300020130014801 (PI), consejero
ponente Guillermo Vargas Ayala; de 6 de septiembre de 2018, número único de radicación
70001233300020180001901(PI), consejera ponente María Elizabeth García González; de 28 de julio
de 2016, número único de radicación 15001233300020150073901(PI), consejero ponente Roberto
Augusto Serrato Valdés.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de marzo de
2017, número único de radicación 11001031500020150011100, consejero ponente Rafael Francisco
Suárez Vargas.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
marzo de 2018, número único de radicación 13001233300020160110701(PI), consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez.
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iii) Sufragar objetos, actividades o propósitos expresamente
prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento.
iv) Pagar por materias innecesarias o injustificadas.
v) Cuando la destinación de los dineros públicos tiene la finalidad de
obtener un incremento patrimonial personal o de terceros.
vi) Y, cuando la destinación de los dineros públicos tiene la finalidad
de derivar un beneficio, no necesariamente económico, en su favor
o en el de terceros.
Para tales efectos, no es indispensable que el miembro de la
corporación pública territorial de elección popular sea ordenador del
gasto, pues lo importante es que adelante actuaciones certeras o
utilice instrumentos idóneos para cambiar la destinación de los
dineros públicos16.
V.3.- Del derecho de los concejales a percibir honorarios por
la asistencia comprobada a sesiones ordinarias y
extraordinarias17
Los concejales tienen derecho a percibir honorarios por su asistencia
comprobada a sesiones ordinarias o extraordinarias, según se
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de abril de 2018,
número único de radicación 11001-03-15-000-2017-01062-00, consejero ponente Carmelo
Perdomo Cuéter.
17 Capítulos extraídos y citados, in extenso, de: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencias de 21 de mayo de 2021, número único de radicación
50001-23-33-000-2020-00758-01, consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés y de 10 de
febrero de 2022, número único de radicación 70001233300020210001501, consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez.
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Solicitante: HERNANDO QUINTANA CAMACHO
desprende del contenido de los artículos 312 de la Constitución
Política, precepto interpretado armónicamente con los artículos 65 y
66 de la Ley 136, y el artículo 58, de la Ley 617. Las normas citadas
son del siguiente tenor:
[…] Artículo 312, Constitucional. Modificado por el art. 5, Acto
Legislativo 01 de 2007. <El nuevo texto es el siguiente> En cada
municipio habrá una corporación político-administrativa elegida
popularmente para períodos de cuatro (4) años que se denominará
concejo municipal, integrado por no menos de 7, ni más de 21
miembros según lo determine la ley de acuerdo con la población
respectiva. Esta corporación podrá ejercer control político sobre la
administración municipal.
La ley determinará las calidades, inhabilidades, e incompatibilidades
de los concejales y la época de sesiones ordinarias de los concejos.
Los concejales no tendrán la calidad de empleados públicos.
La ley podrá determinar los casos en que tengan derecho a
honorarios por su asistencia a sesiones.
Su aceptación de cualquier empleo público constituye falta absoluta
[…]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
[…] Artículo 65, Ley 136. Reconocimiento de derechos. Los
miembros de los concejos de las entidades territoriales tienen
derecho a reconocimiento de honorarios por la asistencia
comprobada a las sesiones plenarias.
Así mismo, tienen derecho, durante el período para el cual fueron
elegidos, a un seguro de vida y a la atención médico-asistencial
personal, vigente en la respectiva localidad para los servidores
públicos municipales.
Las resoluciones que para efecto de reconocimiento de
honorarios expidan las mesas directivas de los concejos,
serán publicadas en los medios oficiales de información
existentes en el respectivo municipio o distrito. Cualquier
ciudadano o persona podrá impugnarlas, y la autoridad competente,
según el caso, dará curso a la investigación o proceso
correspondiente […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
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Solicitante: HERNANDO QUINTANA CAMACHO
“[…] Artículo 66, Ley 136. <Artículo modificado por el artículo 1
de la Ley 1368 de 2009. El nuevo texto es el siguiente18:>
Atendiendo la categorización establecida en la Ley 617 de
2000, el valor de los honorarios por cada sesión a que
asistan los concejales será el señalado en la siguiente tabla:
Categoría Honorarios por sesión
Especial $ 347.334
Primera $ 294.300
Segunda $ 212.727
Tercera $ 170.641
Cuarta $ 142.748
Quinta $ 114.967
Sexta $ 86.862
A partir del primero (1o) de enero de 2010, cada año los honorarios
señalados en la tabla anterior se incrementarán en un porcentaje
equivalente a la variación del IPC durante el año inmediatamente
anterior.
En los municipios de categoría especial, primera y segunda, se
pagarán anualmente ciento cincuenta (150) sesiones
ordinarias y hasta cuarenta (40) extraordinarias al año. En
los municipios de categorías tercera a sexta, se pagarán
anualmente setenta (70) sesiones ordinarias y hasta veinte
(20) sesiones extraordinarias al año.
Parágrafo 1o. Los honorarios son incompatibles con
cualquier asignación proveniente del tesoro público del
respectivo municipio, excepto con aquellas originadas en
pensiones o sustituciones pensionales y las demás
excepciones previstas en la Ley 4ª de 1992.
Parágrafo 2o. Se exceptúan del presente artículo los concejales de
la ciudad de Bogotá, por cuanto el Decreto-ley 1421 de 1993, regula
la materia.
Parágrafo 3°. En todo caso, los honorarios mensuales que
devenguen los concejales no podrán ser inferiores al salario mínimo
legal mensual vigente.
18 La redacción original del texto de la Ley 136 de 1994 ha sido objeto de numerosas modificaciones
por la Ley 617 de 2000, la Ley 1148 de 2007, la Ley 1368 de 2009 y, más recientemente, la Ley
2075 de 2021. El texto de la Ley 1368 de 2009 corresponde a la redacción vigente al momento de
ocurrencia de los hechos que dio origen a la demanda de pérdida de investidura.
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Solicitante: HERNANDO QUINTANA CAMACHO
Parágrafo 4°. Las sesiones de comisiones permanentes a las
que asistan los concejales serán remuneradas con el mismo
valor de una sesión ordinaria y tendrán los mismos límites
definidos en este artículo para las sesiones ordinarias.
Parágrafo 5°. Todo aumento en el valor que los concejales de
municipio de categoría cuarta, quinta y sexta, que reciban por
concepto de honorario en relación con la que actualmente perciben,
estarán a cargo de las entidades territoriales […] (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
“[…] Artículo 58, Ley 617. Honorarios y seguros de
concejales. A los concejales se les reconocerán honorarios
por su asistencia a las sesiones plenarias y a las de las
comisiones permanentes que tengan lugar en días distintos
a los de aquellas. Por cada sesión a la que concurran, sus
honorarios serán iguales a la remuneración mensual del alcalde
mayor dividida por veinte (20).
En todo caso el monto de los honorarios mensuales de los concejales
no excederá la remuneración mensual del alcalde mayor.
También tendrán derecho, durante el período para el cual fueron
elegidos, a un seguro de vida equivalente a trescientos (300)
salarios mínimos mensuales legales y a un seguro de salud. El
alcalde contratará con una compañía autorizada los seguros
correspondientes.
Cuando ocurran faltas absolutas, quienes llenen las vacantes
correspondientes tendrán derecho a los beneficios a que se refiere
este artículo, desde el momento de su posesión y hasta que
concluya el período respectivo.
El pago de los honorarios y de las primas de los seguros aquí
previstos estará a cargo del Fondo Rotatorio del Concejo […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
En este mismo sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta
Corporación expresó lo siguiente:
[…] 1. La Ley 136 de 1994 contempla los honorarios para los
concejales como un incentivo por su labor, sin que constituyan
remuneración de carácter laboral, y señaló límites para su
reconocimiento. Sin embargo, para que los concejales tengan
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derecho al pago completo de los honorarios que se les
reconozcan es necesario que asistan a las sesiones plenarias
para las cuales sean convocados; en caso contrario, deberá
reconocérseles una suma proporcional a las sesiones plenarias a que
efectivamente asistieron en cada mes, sin perjuicio de la
correspondiente sanción disciplinaria a que haya lugar.
2. El derecho al pago de honorarios corresponde a la asistencia
de los concejales a las sesiones plenarias de los períodos
ordinarios o extraordinarios.
3. Si los concejales asisten a tiempo a una convocatoria para
una sesión plenaria del concejo, realizada de conformidad con
el reglamento interno, pero ella no se lleva a cabo por razones
ajenas a su voluntad, de este hecho debe dejarse la
correspondiente constancia por el secretario del concejo
según el mismo reglamento (art. 31 ibídem). En este caso, la
asistencia debidamente comprobada se computará para el
pago de los honorarios.
4. El artículo 23, parágrafo 1º, de la Ley 136 de 1994 dispone
claramente que cada período ordinario “podrá ser prorrogado por diez
días calendario más, a voluntad del respectivo concejo”; de manera
que la prórroga de las sesiones de los concejos municipales está
autorizada por la ley hasta por diez días.
5. El artículo 65, inciso final, de la Ley 136 de 1994 autoriza a
las mesas directivas de los concejos para reconocer los
honorarios de los concejales, siempre que sean ordenados
previamente por acuerdos y estén incluidos en los
correspondientes presupuestos de gastos. Los pertinentes
actos administrativos, una vez en firme, son obligatorios sin
más requisitos y no requieren, por lo mismo, autorización del
alcalde.
6. Según los principios generales, contra los actos administrativos
particulares, que pongan término a un proceso o actuación
administrativa, proceden los recursos de la vía gubernativa, prescritos
por los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso
Administrativo, salvo excepción legal. En este orden de ideas, contra
las resoluciones relativas al reconocimiento de honorarios a los
concejales, expedidas por las mesas directivas de los concejos, sólo
procede el recurso de reposición -porque no tienen superior
jerárquico-, que los interesados pueden o no interponer. Previa
decisión del recurso de reposición o directamente pueden impugnar
esos actos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
conforme a las disposiciones del Código Contencioso Administrativo.
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Además, cualquier persona, mediante acción pública o popular de
nulidad, puede controvertir esos actos, en interés público general,
ante la misma jurisdicción […]”19 (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 31 de la Ley 136, los concejos expedirán un reglamento
interno para su funcionamiento en el cual se incluyan, entre otras,
las normas referentes a las comisiones, a la actuación de los
concejales y su remuneración y la validez de las convocatorias y de
las sesiones20.
Esta Sección, entonces, en reiterada jurisprudencia21 ha considerado
que el derecho de los concejales al reconocimiento de honorarios se
deriva de su asistencia comprobada a las sesiones plenarias y a las
comisiones permanentes que se lleven a cabo en días diferentes a
los de aquellas, puesto que:
[…] De los fundamentos de orden constitucional, legal y
jurisprudencial citados surge la inequívoca consideración que el
derecho de los concejales al reconocimiento de honorarios
se deriva de su asistencia comprobada a las sesiones
plenarias y a las comisiones permanentes que se lleven a
cabo en días diferentes a los de aquellas.
(…)
Con sujeción a lo establecido en el artículo 312 de la Carta Política,
y en los artículos 65 de la Ley 136 de 1994 y 58 de la Ley 617 de
19 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto con radicación núm. 631 de 24 de
agosto de 1994, consejero ponente Humberto Mora Osejo.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de
febrero de 2022, número único de radicación 70001233300020210001501, consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez.
21 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencias de 22 de febrero de 2018, número único de radicación 25000-23-42-000-2017-04038-
01, consejera ponente María Elizabeth García González; de 12 de julio de 2018, número único de
radicación 25000-23-42-000-2017-04041-01, consejero ponente Oswaldo Giraldo López; de 21 de
mayo de 2021, número único de radicación 50001-23-33-000-2020-00758-01, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés; de 17 de febrero de 2022, número único de radicación
05001233300020200381801, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
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2000, los concejales tienen derecho al pago de honorarios
por su asistencia comprobada a las sesiones de la respectiva
corporación, sin que se establezca otra condición en dichas
normas, de la que se haga depender la causación del
respectivo derecho.
Para la Sala, el análisis del acervo probatorio que obra dentro del
expediente permite concluir que el presupuesto constitucional
y legal que se exige para el reconocimiento de honorarios a
quienes ostentan la condición de concejales, se encuentra
satisfecho pues está acreditado con las actas de las sesiones del
concejo municipal de El Colegio – Cundinamarca, con los registros
de asistencia a las mismas y, con la certificación allegada por el
Presidente de dicha Corporación, que el señor Manuel Ignacio
Trujillo Rodríguez, en su condición de Concejal, asistió a las
sesiones extraordinarias realizadas los días 8, 11 y 14 de
marzo de 2016, así como a la sesión ordinaria que se celebró
el 9 de mayo de 2016, en las cuales participó en la discusión
de aspectos relacionados con el nombramiento del
Personero Municipal y en la votación que en ellas se realizó.
Vistas, así las cosas, el concejal Manuel Ignacio Trujillo Rodríguez,
por haber asistido a las sesiones previamente referenciadas,
sí tenía derecho a recibir, como contraprestación, los
honorarios que en efecto le fueron reconocidos por la
Secretaría de Hacienda del Municipio de El Colegio –
Cundinamarca, mediante las Resoluciones nros. 027 de marzo 14
y 040 de mayo 31 de 2016. Honorarios que se pagan con recursos
presupuestados como gastos de funcionamiento de los Concejos y
que se ubican dentro del concepto jurídico de “dineros públicos”
conformados por los impuestos, las tasas, las contribuciones y los
recursos de capital, los cuales deben cumplir con la destinación
prevista en el respectivo Presupuesto, de conformidad con el
mandato del artículo 345 de la Constitución Política […]22 (Negrillas
y subrayas fuera de texto).
Así lo determinó también la Corte Constitucional al considerar:
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de
febrero de 218, radicado: 25000 2342 000 2017 04038 01, actora: Glory Estefanny Ortega Guerrero,
demandado: concejal del municipio de El Colegio, MP: María Elizabeth García González. Este criterio
se reiteró en posterior sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, número de radicado: 25000-23-42-000-2017-04041-01, actora: Glory Estefanny
Ortega Guerrero, demandado: Juan Carlos Sosa Reyes, MP: Oswaldo Giraldo López.
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“[…] 5. Sobre el régimen laboral y prestacional de los concejales
municipales, el artículo 312 de la Constitución Política señala en sus
incisos segundo y tercero que “los concejales no tendrán la calidad
de empleados públicos” y que “la ley podrá determinarlos casos en
que tengan derecho a honorarios por su asistencia a las sesiones”.
“En desarrollo de las anteriores disposiciones superiores, el artículo
65 de la Ley 136 de 1994 prescribe que los miembros de los
concejos de las entidades territoriales tienen derecho a
reconocimiento de honorarios por la asistencia comprobada a las
sesiones plenarias […]”.
[…]
Con sujeción a lo establecido en el artículo 312 de la Carta Política,
y en los artículos 65 de la Ley 136 de 1994 y 58 de la Ley 617 de
2000, los concejales tienen derecho al pago de honorarios por su
asistencia comprobada a las sesiones de la respectiva corporación,
sin que se establezca otra condición en dichas normas, de la que se
haga depender la causación del respectivo derecho […]”23.
En este sentido, a las mesas directivas les corresponde expedir las
resoluciones para efectos del reconocimiento de los honorarios, actos
administrativos que deben publicarse en los medios oficiales
existentes en el respectivo municipio o distrito, con el fin de que
cualquier ciudadano pueda impugnarlos, en cuyo caso, la autoridad
competente debe dar trámite a la investigación correspondiente.
A su vez, en medio del análisis de la causal de indebida destinación
de dineros públicos, con ocasión de unos honorarios reconocidos a
unos concejales por la asistencia a unas sesiones sobre las cuales se
cuestionaba su legalidad, la Sala determinó que:
“[…] De lo expuesto se desprende que los honorarios de los
concejales constituyen una retribución por su asistencia a
las sesiones plenarias, y, en esa medida, la jurisprudencia de
23 Corte Constitucional, sentencia C-043 de 28 de enero de 2003, expediente D-4169, magistrado
ponente Marco Gerardo Monroy Cabra.
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Solicitante: HERNANDO QUINTANA CAMACHO
la Sección Primera de la Corporación ha indicado que los
concejales tienen derecho al pago de honorarios por su
asistencia comprobada a las sesiones de la respectiva
corporación, sin que se establezca otra condición de la que
se haga desprender la causación del respectivo derecho24.
Por consiguiente, la Sala estima que en este caso no se incurrió en
una indebida destinación de dineros públicos de manera directa o
indirecta por el pago y cobro de los honorarios de los concejales
respecto de las sesiones que se convocaron entre el 1 y el 10 de
enero de 2024, dado que el requisito previsto en la ley para el
reconocimiento de los honorarios es la asistencia
comprobada a las sesiones plenarias, lo que el solicitante no
discute; por el contrario, lo que controvierte es que las
referidas sesiones no podían llevarse a cabo y, por ende,
tampoco era procedente el reconocimiento de honorarios,
circunstancia que no se traduce en una indebida destinación
de dineros públicos, pues los recursos fueron utilizados para
remunerar la asistencia de los concejales a las sesiones que
fueron convocadas y celebradas, el cual constituye el único
requisito para proceder con el respectivo pago.
Así las cosas, el supuesto alegado por el solicitante, consistente en
que, del artículo 23 de la Ley 136 de 1994 se desprende que para
un municipio como Granada, Meta, el primer período de sesiones
comienza el 1 de febrero y, por ende, los concejales no podían
percibir los honorarios por la asistencia a la sesiones llevadas a cabo
entre el 1 y el 10 de enero de 2024, no implica una indebida
destinación de dineros públicos, puesto que, de conformidad
con la ley, el pago de los honorarios se causa con la
asistencia comprobada a las sesiones, lo que en este caso
ocurrió.
(…)
Cabe precisar que tampoco se produjo una indebida destinación de
recursos de manera indirecta, dado que, por el hecho de recibir el
pago de los honorarios causados, los concejales no distorsionaron
las finalidades del gasto, que es uno de los presupuestos que se
requieren para que se configure la causal de pérdida de investidura,
pues se destinó precisamente a reconocer la retribución por
24 Al respecto, puede verse: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia de 21 de mayo de 2021, número único de radicación
50001233300020200075801, consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
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su asistencia a las sesiones convocadas […]”25 (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
Del contenido de las normas y jurisprudencia transcritas, es dable
colegir las siguientes reglas para la verificación del correcto
reconocimiento de honorarios a los concejales, por la asistencia
demostrada a sesiones ordinarias y extraordinarias:
(i) El reconocimiento de honorarios a los concejales se causa por su
asistencia comprobada a sesiones plenarias y de comisiones
permanentes que se lleven a cabo en días distintos a los de aquellas,
tanto ordinarias como extraordinarias, sin que la ley establezca otra
condición de la que se haga depender la causación del respectivo
derecho; (ii) el pago se hace con cargo a los respectivos
presupuestos municipales o distritales; (iii) el valor de los honorarios
varía dependiendo de la categoría del municipio al que pertenecen;
(iv) tales pagos resultan incompatibles con cualquier asignación
proveniente del tesoro público, excepto en aquellas originadas en
pensiones o sustituciones pensionales; (v) las resoluciones que para
el reconocimiento de honorarios expidan las mesas directivas de los
concejos, deben ser publicadas en los medios oficiales de información
existentes en el respectivo municipio o distrito y cualquier ciudadano
o persona puede impugnarlas, en cuyo caso, la autoridad competente
debe dar curso a la investigación o procedimiento administrativo
correspondiente, y (vi) la ley estableció un número máximo de
sesiones ordinarias y extraordinarias que deben celebrar los concejos
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de
enero de 2025, número único de radicación 50001-23-33-000-2024-00098-01, consejero ponente
Oswaldo Giraldo López.
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y que dan lugar al reconocimiento del pago de honorarios
dependiendo de su categorización.
V.4.- Del caso concreto
V.4.1.- La Sala, con fundamento en el acervo probatorio allegado al
proceso26, y que guarda estrecha relación con el asunto sometido a
controversia, pudo verificar que la accionada, en efecto, fue elegida
concejal de Chía (Cundinamarca), para el período constitucional
2024-2027, en representación del Partido Demócrata Colombiano-
Partido Colombia Justa Libres, según consta en los formularios E-26
CON de 4 de noviembre de 2023 y E27 de 4 de noviembre de 2023,
expedidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como
también elegida presidente de esa corporación, vigencia fiscal 2024,
tal como se observa en el Acta 01 de 2 de enero de 2024.
En el Acta 136 de la sesión plenaria ordinaria de 3 de octubre de
2024 del Concejo de Chía (Cundinamarca), se aprecia que la
accionada, en medio del control político adelantado a la Secretaría
de Desarrollo Económico de ese ente territorial, sometió a votación
su aplazamiento para darle tiempo a que esa dependencia municipal
organizara las respuestas a las preguntas formuladas por varios
concejales y que no estaban en el cuestionario inicial, lo cual fue
aprobado por la plenaria, por lo que aquella citó para el día siguiente
4 de octubre de 2024, a las 4:30 p.m., la continuación del orden del
día.
26 Tal como se advirtió al inicio de esta providencia, todas las pruebas recaudadas en el proceso
reposan en el en el sistema para la gestión judicial SAMAI.
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Durante la sesión de 4 de octubre de 2024, iniciada a las 4:30 p.m.,
como consta en el video allegado al expediente en formato .MP4, se
observa que el secretario general hizo el llamado a lista de los
concejales, al cual contestaron los señores PABLO ANDRÉS
CASTRO CASTRO, ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ,
JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO, VÍCTOR FERNANDO
TORRES MORENO, JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA,
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS y CLAUDIA MARCELA PEDRAZA
CAMELO, así como la accionada en calidad de presidente, señora
NATALIA GIL LOAIZA, para un total de 8 concejales.
A continuación, la accionada manifestó que quedaba instalada la
sesión plenaria de 4 de octubre de 2024, y le pidió al secretario
general leer el orden del día, lo cual se hizo así: primero, llamado a
lista y verificación del quorum; segundo, lectura, discusión y
aprobación del orden del día; tercero, continuación de estudio
segundo debate proyecto de acuerdo número 20 de 2024, por medio
del cual se establece un cupo de endeudamiento y concede facultades
al alcalde municipal de Chía para contratar operaciones de crédito
público y se dictan otras disposiciones, ponente concejal ANGÉLICA
LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ.
Una vez instalada, la concejal ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ
SÁNCHEZ censuró que varios concejales se hubiesen quedado fuera
del recinto como medida para impedir el avance de los proyectos en
esa corporación, sumado a que la última concejal que ingresó a la
sesión plenaria, señora CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMELO, lo
hizo a las 5:00 p.m., lo que hacía que se ‘cayera la sesión’.
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Solicitante: HERNANDO QUINTANA CAMACHO
La accionada lamentó la situación advertida por la concejal
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ, coincidió en que no
había quorum para ‘instalar la sesión’ y, a renglón seguido, ordenó
al secretario general que diera lectura a una carta remitida por los
presidentes de las juntas de acción comunal del municipio, lo cual se
hizo de viva voz por el funcionario.
Luego, se le dio el uso de la palabra (i) a la concejal CLAUDIA
MARCELA PEDRAZA CAMELO, quien explicó que había llegado de
última por razones de tráfico y que aun así hizo presencia en el
recinto; (ii) al concejal VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO,
quien criticó a los concejales que decidieron no ingresar al recinto
como mecanismo para impedir el estudio de los proyectos de
acuerdo; (iii) al concejal PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO, quien
manifestó discrepar con lo señalado por el concejal VÍCTOR
FERNANDO TORRES MORENO, en tanto que no se podía manipular
a la niñez y a la juventud en medio de los debates; (iv) y a la concejal
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ, quien agradeció a los
medios de comunicación por su presencia, exigió puntualidad a los
concejales y criticó que los concejales que se quedaron fuera del
recinto y no hicieron presencia en la sesión plenaria;
(v) El concejal WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, quien recién
hizo presencia en el auditorio, reprochó que le quisieran cercenar su
derecho a la oposición, toda vez que su ausencia y omisión al llamado
a lista estaban justificadas por el Estatuto de la Oposición Política, en
tanto que el Centro Democrático era un partido de oposición a la
administración municipal; (vi) la accionada retomó la palabra para
decirle al concejal WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, que eso no
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es ejercer oposición sino mañas para evitar la conformación de
quorum; (vii) el concejal WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, a su
vez, le replicó a la accionada su atrevimiento para cercenarle sus
derecho de oposición y le exigió respeto; (viii) la concejal
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ, por su parte, le dijo
al concejal WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO que, a pesar de ser
del mismo partido Centro Democrático, la oposición debía hacerse
trabajando y no ausentándose de las sesiones.
Finalmente, la accionada decidió que lo del 4 de octubre de 2024 no
era una sesión y que claramente no sería pagada, para así dar por
finalizada la reunión plenaria.
A través de certificación de 31 de octubre de 2024, el secretario
general hizo constar que el 4 de octubre de 2024 no hubo quorum,
pues llegaron 7 concejales a la sesión plenaria dentro del tiempo
reglamentario de espera, de los cuales una concejal renunció al cobro
de esa sesión. Fue así como certificó que los 6 asistentes fueron, en
efecto, PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO, ANGÉLICA LIBRADA
MONTAÑEZ SÁNCHEZ, JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO,
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO, JAVIER ERNESTO
VALDIVIESO FONSECA y LUIS FELIPE GALVIS RAMOS,
excluyendo así a la accionada NATALIA GIL LOAIZA, quien decidió
no cobrar los honorarios de esa sesión plenaria.
Con la presentación de las respectivas cuentas de cobro, la accionada
le solicitó al director Administrativo y Financiero, el 1o. de noviembre
de 2024, la disponibilidad presupuestal para el pago de los
respectivos honorarios, el cual correspondió al certificado de
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disponibilidad presupuestal 2024000192 de 1o. de noviembre de
2024.
Mediante la Resolución 145 de 1o. de noviembre de 2024, expedida
por la mesa directiva del Concejo de Chía (Cundinamarca), entre las
que se encuentra la accionada en calidad de presidente, se
reconocieron los honorarios a los concejales correspondientes al mes
de octubre de 2024, y se ordenó su pago, en los que quedaron
comprendidos los honorarios de la sesión plenaria ordinaria de 4 de
octubre de 2024 a los referidos 6 concejales: PABLO ANDRÉS
CASTRO CASTRO, ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ,
JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO, VÍCTOR FERNANDO
TORRES MORENO, JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA y
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS.
Se observa la certificación de 1o. de abril de 2025, expedida por el
secretario general del Concejo del municipio de Chía
(Cundinamarca), con la que se informó que el 4 de octubre de 2024
esa corporación se reunió para adelantar sesión ordinaria para
continuar con estudio en segundo debate del proyecto de acuerdo 20
de 2024, pero que, como no se conformó quorum, no se levantó la
correspondiente acta. De igual forma, mencionó que para la aludida
sesión plenaria de 4 de octubre de 2024 asistieron los mencionados
7 concejales de un total de 15 que integran el Concejo de Chía
(Cundinamarca), lo que no permitió conformar quorum decisorio ni
desarrollar la respectiva reunión plenaria.
V.4.2.- El elemento tipificador de la causal de indebida destinación
de dineros públicos se encuentra en el hecho de que el servidor
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público de elección popular, en este caso, un concejal, con su
conducta funcional al ejercer las competencias de las que ha sido
revestido, traiciona, cambia o distorsiona los fines o cometidos
estatales, preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento,
para destinar los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos
no autorizados, o a otros sí autorizados pero diferentes a aquellos
para los cuales se encuentran asignados, o cuando aplica tales
recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un incremento
patrimonial personal o de terceros, o cuando pretende derivar un
beneficio no necesariamente económico en su favor o de terceras
personas27.
Es así como, con fundamento en lo examinado, la Sala encuentra que
no está demostrada una indebida destinación de dineros públicos en
cabeza de la accionada porque, como quedó visto, los 6 concejales
de Chía (Cundinamarca) sí tenían derecho al reconocimiento y pago
de sus honorarios ante su comprobada asistencia a la sesión plenaria
ordinaria de 4 de octubre de 2024, sin que para tales efectos
presupuestales la ley prevea otro requisito del cual se haga depender
la causación de estos emolumentos.
La accionada presidente no distorsionó la finalidad del gasto, que es
uno de los presupuestos que se requieren para que se configure la
causal de pérdida de investidura, pues con su actuación destinó los
dineros públicos al reconocimiento de la retribución por la asistencia
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de
marzo de 2022, número único de radicación 13001 2333 000 2021 00252 00, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés.
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de los 6 concejales a la sesión plenaria ordinaria de 4 de octubre de
2024.
Resulta indispensable hacer énfasis en que, para los fines de esta
causal de desinvestidura, consistente en la indebida destinación de
dineros públicos cuando media el reconocimiento y pago de
honorarios a concejales por su asistencia a sesiones, basta con
verificar que el cabildante hubiera hecho presencia durante la reunión
citada por su corporación, atendiendo el llamado a lista, para que
adquiera el derecho a percibir su retribución. Y, por lo mismo,
discusiones distintas como las propuestas por el solicitante,
relacionadas con la conformación, o no, del quorum decisorio, el
horario oportuno para contestar el llamado a lista, la duración de las
sesiones, el tiempo de espera para el arribo de los concejales, entre
otros asuntos, escapan a la órbita de la mencionada causal de
pérdida de investidura.
De hecho, concluir lo contrario, implicaría castigar, de forma
inaceptable, a los 6 concejales que precisamente asistieron a la
sesión plenaria ordinaria, cumpliendo con su deber constitucional y
legal de acudir al recinto del Concejo del municipio Chía
(Cundinamarca), el día y hora que habían sido estipulados por la
mesa directiva.
Consecuente con ello, las confusas aseveraciones hechas por la
accionada durante la sesión plenaria de 4 de octubre de 2024,
relativas a dar por instalada la sesión, luego a que se debía tener por
no realizada y, por lo tanto, no se iba a pagar porque no se había
desarrollado ante la falta de quorum decisorio, pero al final sí
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participó en la expedición del acto administrativo de reconocimiento
y pago de tales honorarios, además de contradictorias e indecisas,
carecen de la entidad necesaria para tornarlo en irregular y no
alteran el sentido de las consideraciones expuestas por la
jurisprudencia de la Sección pues, como se mencionó, responden a
discusiones que se mantienen al margen de lo analizado en este
proceso.
En este punto, vale la pena traer a colación la reciente decisión de la
Sección en un proceso de pérdida de investidura que dirimió una
discusión similar a la del caso concreto, habida cuenta que el
solicitante, en esa oportunidad, adujo la indebida destinación de
dineros públicos por parte de concejales a quienes se les había
reconocido y pagado honorarios por concepto de sesiones que,
supuestamente, no se abrieron formalmente por el presidente.
Tales consideraciones se prohíjan en el presente asunto, así:
“[…] Según lo anterior, se concluye que a los concejales Dixon
Eduardo Ramírez Guarnizo, Kevin Alexander Ramos Bedoya,
William Fernando Arias Giraldo, Néstor Sebastián Escobar Villada,
Michael Suárez Gulloso, Yoan Reinel Castaño Gallo, Ruber Ortiz
Olarte, Mercy Yinet Morales Millán, Dubán Santiago Roa Londoño y
Julián Camilo Molina Macías se le reconoció los honorarios al
haberse verificado su asistencia comprobada a las sesiones.
En estas condiciones, no se demostró que se hayan
destinado los dineros públicos de manera indebida, porque,
como quedó visto, tanto la jurisprudencia de la Corte
Constitucional como del Consejo de Estado han sido claras
en señalar que los concejales tienen derecho al
reconocimiento de los honorarios por su asistencia
comprobada a las sesiones plenarias o de comisión, sin que
la ley prevea otro requisito del cual se haga depender la
causación de estos emolumentos.
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Ahora bien, el solicitante, en la alzada, advierte que las
sesiones no fueron abiertas formalmente por el presidente,
tras indicar que en el desarrollo de las mismas algunos
concejales manifestaron su impedimento por encontrarse
incursos en las causales previstas en el artículo 11 de la Ley
1437, situación que dio lugar a que se retiraran del recinto y
no se lograra la conformación del cuórum para aprobar el
orden del día y puso de presente que a estos impedimentos
no se les impartió el trámite previsto en el artículo 12 de la
citada codificación.
Al respecto y para resolver el referido reproche, se resalta que la
acción de pérdida de investidura no constituye el
instrumento adecuado para controvertir el desarrollo de las
sesiones extraordinarias que se dieron con ocasión de la
convocatoria del alcalde efectuada mediante el Decreto 577 de
21 de octubre de 2024, para tramitar el proyecto de acuerdo “[…]
Por medio del cual se conceden de manera transitoria beneficios
tributarios a los contribuyentes del impuesto predial unificado e
industria y comercio, avisos y tableros en el municipio de Granada
Meta. […]” ni tampoco para cuestionar la validez de lo
ocurrido en ella […]”28 (Negrillas y subrayas fuera de texto).
La Sala reitera, sumado a lo expuesto, que la acción de pérdida de
investidura no constituye el instrumento adecuado para controvertir
el desarrollo de esa reunión de 4 de octubre de 2024 del concejo del
municipio Chía (Cundinamarca), con ocasión de la oportuna
convocatoria efectuada por parte de la accionada, en calidad de
presidente de esa corporación, así como tampoco es el mecanismo
previsto para cuestionar la validez de lo ocurrido en ella.
V.4.3.- En cualquier caso, y sin perjuicio de lo anterior, la Sala
advierte que el artículo 148 de la Constitución Política, establecido
para regular la reunión y el funcionamiento del Congreso de la
República, prevé que sus normas sobre quorum y mayorías
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de
agosto de 2025, número único de radicación 50001-23-33-000-2024-00367-01, consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
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decisorias regirán también para las demás corporaciones públicas de
elección popular, esto es para los concejos. En consonancia con ello,
el artículo 145 Superior, determina que “[…] El Congreso pleno, las
Cámaras y sus comisiones no podrán abrir sesiones ni
deliberar con menos de una cuarta parte de sus miembros.
Las decisiones solo podrán tomarse con la asistencia de la
mayoría de los integrantes de la respectiva corporación, salvo
que la Constitución determine un quorum diferente […]”.
Acorde con la norma constitucional, el artículo 29 de la Ley 136
igualmente establece: “[…] Artículo 29.- Quórum. Los concejos y
sus comisiones no podrán abrir sesiones y deliberar con
menos de una cuarta parte de sus miembros. Las decisiones
sólo podrán tomarse con la asistencia de la mayoría de los
integrantes de la respectiva corporación, salvo que la
Constitución determine un quorum diferente […]”.
De ello se deriva que el concejo del municipio Chía (Cundinamarca),
conformado por 15 concejales, estaba facultado para abrir sus
sesiones y deliberar con 4 de ellos, -pues una cuarta parte arroja
3.75-, lo que en la práctica significa que la sesión plenaria ordinaria
de 4 de octubre de 2024 sí tuvo el número de cabildantes necesario
para configurar el quorum deliberatorio, abrirla y discutir el proyecto
de acuerdo 20 de 2024, luego de que se verificara la asistencia de 7
concejales.
El reglamento interno del concejo municipal de Chía (Cundinamarca),
Acuerdo 140 de 2018, por su parte, prevé lo mismo así:
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“[…] Artículo 133.- Quorum. De conformidad con el artículo
148 de la Constitución política, las normas sobre quorum y
mayorías previstas para el Congreso de la República regirán en
el Concejo Municipal de Chía.
Quorum Deliberatorio: Es el número de concejales cuya
presencia se requiere para que la Plenaria y las
Comisiones Permanentes del Concejo Municipal de Chía
puedan abrir sesiones, discutir proyectos e iniciar
debates de citación. El quórum deliberatorio se conforma
con la cuarta parte de los miembros integrantes de la
Plenaria y de las Comisiones Permanentes respectivas.
Quorum Decisorio: Es el número de concejales cuya
presencia se requiere para que la Plenaria y/o las Comisiones
Permanentes del Concejo Municipal de Chía, puedan tomar
decisiones y aprobar o no iniciativas. El quórum
decisorio se conforma con la mitad más uno de los
miembros integrantes de la Plenaria y/o de la Comisión
Permanente respectiva […]” (Negrillas y subrayas fuera de
texto).
Y el artículo 21 del reglamento interno, concomitante con lo anterior,
también establece:
“[…] Artículo 21.- Duración de las sesiones. Las sesiones del
Concejo tanto de la Plenaria como de las Comisiones Permanentes,
Accidentales y Especiales, tendrán una duración máxima de cuatro
(4) horas, salvo que se apruebe la moción de sesión permanente.
Parágrafo 1°. En cualquier momento podrá solicitarse por parte de
un concejal la verificación del quorum, a lo cual procederá de
inmediato la Presidencia. Comprobada la falta de quorum
deliberatorio se levantará la sesión […]” (Negrillas y subrayas
fuera de texto).
Lo precedente, en efecto, desvirtúa la exigencia de quorum decisorio
en la sesión plenaria ordinaria de 4 de octubre de 2024, -8
concejales-, como requisito sin el cual no podía abrirse la reunión y
deliberar acerca del proyecto de acuerdo 20 de 2024, pues, como se
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vio, bastaba con la concurrencia del quorum deliberatorio para
adelantar la sesión una vez instalada por la accionada.
En medio de tal contexto es que debe entenderse concebido el
artículo 22 del reglamento interno, cuyo contenido no puede subsistir
de forma contraria a lo previsto en la Constitución Política y la Ley,
puesto que se estableció que “[…] El día y hora señalados en la
convocatoria para la sesión Plenaria o de las Comisiones
Permanentes, Accidentales y Especiales, el respectivo Presidente
abrirá la sesión y solicitará al Secretario llamar a lista a la
totalidad de los concejales que la conforman verificando la
existencia del quorum decisorio para instalar la respetiva
sesión, así mismo, corroborara la presencia de los funcionarios
citados o invitados. Acto seguido, el presidente pondrá a
consideración de la Plenaria el orden del día; una vez aprobado, dará
inicio con el primer punto de este. Parágrafo 1º. Todos los días de
la semana, durante el período de sesiones ordinarias o
extraordinarias son hábiles para las reuniones del Concejo Municipal
de Chía. En Plenaria a partir de las 4:30 p.m. y fija un lapso de
treinta (30) minutos, para el llamado a lista y verificación del
quórum decisorio; de no conformarse este, se cancelará la
sesión […]”.
A partir de una lectura sistemática y no aislada de las normas
relacionadas en precedencia, la Sala, al igual que el Tribunal,
concluye que la apertura e instalación de las sesiones a surtirse al
interior del concejo municipal de Chía (Cundinamarca), depende de
la concurrencia de la cuarta parte de sus concejales, quorum
deliberatorio-, motivo por el cual del artículo 22 del reglamento
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interno de esa corporación no puede inferirse la exigencia del quorum
decisorio para la instalación de sus sesiones.
Sin lugar a duda, si bien este análisis normativo le subsiste al
principal que impide la configuración de una indebida destinación de
dineros públicos en el caso concreto, lo cierto es que también
demuestra que la sesión de 4 de octubre de 2024 cumplía con las
condiciones constitucionales y legales para tenerse como tal, abrirse,
deliberarse, surtirse hasta el final y reconocerse el pago de sus
honorarios sin incurrir en la causal de desinvestidura.
V.4.4.- Finalmente, respecto a la invocación de artículos de la ley
disciplinaria, la Sala reitera que, incluso desde la vigencia de la Ley
200 de 28 de julio de 199529, Código Disciplinario Único anterior a la
Ley 734 de 5 de febrero de 202230, y ahora para la propia Ley 1952,
la infracción de las conductas y/o circunstancias previstas como
prohibidas o incompatibles en materia disciplinaria permanecen al
margen del estudio jurisdiccional del proceso de pérdida de
investidura31.
29 “[…] Por la cual se adopta el Código Disciplinario Único […]”.
30 “[…] Por la cual se expide el Código Disciplinario Único […]”.
31 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 7 de
marzo de 2002, número único de radicación 50001-23-31-000-2001-00346-01(7716) (PI),
consejero ponente Manuel Santiago Urueta Ayola; de 14 de marzo de 2002, número único de
radicación 50001-23-31-000-2001-00368-01(7715) (PI), consejero ponente Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo; de 17 de marzo de 2022, número único de radicación 17001-23-33-000-2021-
00136-01, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón; de 25 de marzo de 2022, número único
de radicación 44001-23-40-000-2021-00136-01, consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez;
y de 1o. de julio de 2022, número único de radicación 05001-23-33-000-2022-00262-01, consejera
ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
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A través de sentencia de 4 de mayo de 201132, la Sección señaló que
“[…] el proceso de pérdida de investidura es ante todo de naturaleza
jurisdiccional y como tal se rige por las normas especiales que
consagran tanto su trámite como sus causales. Tan cierto es ello
que la Ley 734 de 2002 no consagró como sanción principal la
pérdida de la investidura, como sí lo hacía, de manera discutible,
la Ley 200 de 1995 en su artículo 29, numeral 9, lo que pone de
manifiesto que dicho proceso, por no ser del conocimiento de las
autoridades administrativas sino judiciales, no tiene la misma
connotación del que se regula en aquella y, por ende, no constituye
sanción dentro de éste […] Las normas previstas en la Ley 734
de 2002 están dirigidas al proceso disciplinario que, por su
naturaleza, difiere del de carácter jurisdiccional. De ahí que
no pueda afirmarse que tales preceptos deban tener
aplicación preferente, pues no se está en presencia de dos
actuaciones de la misma naturaleza, ni mucho menos con las
mismas consecuencias sancionatorias […]” (Negrillas y subrayas
fuera de texto).
De igual forma, en sentencia de 31 de agosto de 201733, estableció
que “[…] en la actualidad, no está habilitada la invocación de
las incompatibilidades dispuestas en el artículo 39 del Código
Disciplinario Único como causales de pérdida de investidura
territorial por violación de dicho régimen […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto). En reciente providencia de 9 de septiembre
32 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de
mayo de 2011, número único de radicación 68001-23-31-000-2010-00713-01(PI), consejero
ponente Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
33 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de
agosto de 2017, número único de radicación 08001-23-33-000-2016-00753-01(PI), consejero
ponente María Elizabeth García González.
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de 202134, determinó que debían “[…] reiterarse que los
precedentes de esta Sala que se prohíjan en esta oportunidad
han defendido la autonomía de la institución de pérdida de
investidura con otros regímenes, como el derecho
disciplinario, los cuales difieren no solo desde el punto de
vista de su naturaleza, sino también su objeto y las
finalidades que persiguen; esta no fue la intención del
constituyente de 1991 y, tampoco, del legislador, y además, por
tratarse de una limitación de los derechos políticos, las causales son
taxativas y no admiten interpretaciones extensivas o analógicas […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
Es en este sentido que la Sala itera que las disposiciones contenidas
en el estatuto disciplinario, como lo son las de la Ley 195235, incluidas
no solo las que instituyen faltas, prohibiciones o causales
exonerativas, sino también, como en el caso concreto, que definen
los eventos de ‘ordenar el pago’ o ‘percibir remuneración oficial por
servicios no prestados’, no operan con fines de pérdida de investidura
por cuanto si bien ambos procesos implican la manifestación del
poder punitivo del Estado, responden a actuaciones autónomas de
distintas naturaleza y finalidad, -uno se desarrolla en sede
administrativa y otro en jurisdiccional-, no está previsto que la
inobservancia de las normas disciplinarias acarree la desinvestidura
de los corporados, y el principio de taxatividad que gobierna a este
34 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, número único de radicación 70001-23-33-000-2021-00014-01(PI), consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
35 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 15 de mayo de 2025, número único de radicación 25000-2315-000-2024-00691-01,
consejero ponente Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
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proceso judicial no admite interpretaciones extensivas o analógicas
en el análisis de sus causales.
A ello se suma que, para la Sala, el hecho de que el numeral 6 del
artículo 48 de la Ley 617 prevea la procedencia de la pérdida de
investidura “[…] por las demás causales expresamente previstas en
la ley. […]”, como lo ha indicado esta Sección en otras oportunidades,
no implica que “[…] puedan hacerse interpretaciones extensivas o
por fuera de lo reglado en el ordenamiento jurídico […]”36.
Lo anterior, entonces, se constituye en otra razón más para
desvirtuar los cargos elevados en la solicitud de desinvestidura.
V.4.5.- Con fundamento en lo considerado, y comoquiera que se
descartó el elemento objetivo de la causal de indebida destinación de
dineros públicos, lo que impide el análisis del elemento subjetivo, la
Sala procederá a confirmar la sentencia apelada mediante la cual se
denegó de la pérdida de investidura de la concejal del municipio de
Chía (Cundinamarca), señora NATALIA GIL LOAIZA.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Oswaldo Giraldo
López, sentencia de 8 de febrero de 2018), radicación número: 47001-23-33-000-2017-00081-
01(PI)
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Solicitante: HERNANDO QUINTANA CAMACHO
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones
expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de 25 de septiembre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por
los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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