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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2025-00337-01

Fecha
29 de enero de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2025-00337-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 21 de julio de 2025 por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones señaladas en la parte motiva. SEGUNDO: Sin condena en costas TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al Tribunal de origen. COPÍESE,

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-15-000-2025-00337-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

29 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 25 000 23 15 000 2025 00337 01
Solicitante: Hernando Quintana Camacho
Demandado: Pablo Andrés Castro Castro
Medio de control: Pérdida de investidura
Tema: Causal de indebida destinación de dineros públicos
Reiteración de jurisprudencia
Decisión: Confirma sentencia que negó la desinvestidura

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte solicitante en contra de
la sentencia proferida el 21 de julio de 2025 por la Sala Plena del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, que negó la desinvestidura del señor Pablo Andrés Castro Castro, en
su condición de concejal del municipio de Chía, para el período constitucional 2024 –
2027.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. La solicitud de pérdida de investidura

El 16 de mayo de 20251, el señor Hernando Quintana Camacho presentó demanda en
ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 del CPACA, en la que solicitó2:

[…] Comedidamente interpongo ante su digno despacho la presente DEMANDA POR
PÉRDIDA DE INVESTIDURA CONTRA CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA,
CUNDINAMARCA que se relacionan del período constitucional 2024 – 2027 a saber: MESA
DIRECTIVA AÑO 2024: […] Dr. PABLO ANDRES CASTRO CASTRO – SEGUNDO
VICEPRESIDENTE […] por haber incurrido en la causal prevista en el numeral 4 del artículo
48 de la Ley 617 de 2000, esto es, por indebida destinación de dineros públicos […]
(Mayúsculas originales).

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Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000 2315
000 2025 00337 00.
2
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000 2315
000 2025 00337 00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicación: 25000 23 15 000 2025 00337 01
Accionante: Hernando Quintana Camacho
Accionado: Pablo Andrés Castro Castro

1.2. Los hechos que dan sustento a la causal alegada3

La parte solicitante señaló que la presidente del concejo municipal de Chía convocó a
sesión plenaria para el 4 de octubre de 2024 y que en esa fecha contestaron el primer
llamado a lista siete (7) de los quince (15) concejales que integran la corporación, por lo
que aseguró no se completó el quorum para instalarla.

Afirmó que, como no había quorum para instalar la sesión plenaria del 4 de octubre de
2024, se hicieron cuatro llamados más a lista a los concejales que no contestaron,
confirmándose que ocho (8) concejales no estaban presentes.

Describió lo ocurrido el 4 de octubre de 2024, después de que se hicieron los cuatro
llamados a lista, así:

[…] ordena la presidente al secretario general 2024 Juan Carlos Hurtado dar una espera para
el ingreso de la concejal CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO en el minuto 8:17 de
34:18 de la trasmisión en directo, cuando esta concejal había sido llamada 4 veces y no
estaba presente; entra corriendo (…) y el secretario general recibe la orden de llamarla por
quinta vez, dándole la oportunidad de contestar “presente” y sin observar la hora, se procede
con urgencia a señalar luego (sic) el señor secretario general del concejo municipal 2024,
JUAN CARLOS HURTADO a la señora presidente NATALIA GIL LOAIZA que: “hay ocho (8)
concejales presentes en la sesión” […].

Sostuvo que lo anterior fue una clara infracción al Acuerdo Municipal núm. 140 de 2018,
reglamento interno del concejo municipal de Chía, puesto que, el secretario general no
podía hacer «semejante declaración tan falsa para buscar permitir el desarrollo de una
sesión plenaria que ya estaba por fuera de los términos de horario legal».

Citó el artículo 22 del precitado reglamento y alegó que allí no se establece la posibilidad
de hacer más de un llamado a lista para verificar el quorum. Agregó que la mencionada
disposición sí señala que en un lapso de 30 minutos se hará el llamado a lista y la
comprobación del quorum.

Alegó que, cuando se hizo el primer llamado a lista, se cumplió el tiempo reglamentario de
media hora para iniciar, por lo que, el segundo, tercer y cuarto llamado a lista se hicieron
por fuera del tiempo establecido.

Puso de presente que la mesa directiva del concejo municipal de Chía para el año 2024
estaba conformada así: presidente, la concejal Natalia Gil Loaiza; primer vicepresidente, la
concejal Angelica Librada Montañez Sánchez; y, segundo vicepresidente, el concejal,
Pablo Andrés Castro Castro.

Sostuvo que el demandado, Pablo Andrés Castro Castro, era el segundo vicepresidente de
la mesa directiva y en el transcurso de la reunión del 4 de octubre de 2024 reconoció
públicamente «que por falta de quorum se “ha caído la sesión” plenaria».

El solicitante controvirtió que, lo que «resulta incomprensible es que finalmente este
concejal haya pasado una CUENTA DE COBRO que incluye esta reunión del concejo como
Sesión Plenaria y se le hayan también cancelado esos honorarios por asistir a esta
convocatoria que él mismo reconoce que por falta de quórum se ha caído o no es válida
como sesión plenaria».

3 Ibidem.

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Radicación: 25000 23 15 000 2025 00337 01
Accionante: Hernando Quintana Camacho
Accionado: Pablo Andrés Castro Castro

Afirmó que el concejal incurrió en indebida destinación de dineros públicos por incluir en su
cuenta de cobro los honorarios de una reunión del concejo municipal que no era una sesión
plenaria y que tampoco se llevó a cabo.

Expuso que el concejal era el segundo vicepresidente de la mesa directiva del concejo
municipal y que, en dicha condición, junto con los demás miembros, profirió la Resolución
núm. 145 del 1º de noviembre de 2024, «por medio del cual se reconocen honorarios
correspondientes al tercer período de sesiones ordinarias del mes de octubre de 2024 y se
ordena el pago a los concejales del municipio de Chía».

Sostuvo que, en el precitado acto, lo concejales integrantes de la mesa directiva
reconocieron y ordenaron el pago de los honorarios en los que se incluyó la reunión del 4
de octubre de 2024 «a la que no tenían derecho seis (6) concejales presentes por no prestar
el servicio a que se encontraban obligados por falta de quórum necesario para instalar la
sesión plenaria que es la causa de verificar la asistencia comprobada y poder dar inicio a
la sesión plenaria».

Adujo que no tenía derecho a la retribución porque, para tal efecto, debieron prestar
efectivamente el servicio, el cual se cumplía al instalar la sesión plenaria y sesionar, por lo
que no se podía remunerar el día 4 de octubre de 2024, ya que no se laboró al no instalarse
la sesión plenaria en debida forma.

Refirió al numeral 14 del artículo 39 de la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario,
que establece que todo servidor público tiene prohibido ordenar el pago o recibir
remuneración oficial por servicios no prestados.

2. Posición de la parte demandada

El señor Pablo Andrés Castro Castro, actuando por conducto de apoderado, manifestó
su oposición a las pretensiones y como razones de defensa expuso lo siguiente4:

Afirmó que fue convocado de manera oficial, mediante comunicación escrita enviada por
el secretario general del concejo municipal de Chía, a la sesión plenaria ordinaria
programada para el día 4 de octubre de 2024 a las 4:30 p.m. Agregó que, atendiendo la
convocatoria, asistió a la precitada sesión.

Explicó que el secretario general hizo el primer llamado a lista, en el que se constató la
presencia de siete (7) concejales de los quince (15) que integran la corporación, lo que
constituía quorum para deliberar conforme con los artículos 145 y 148 de la Constitución
Política; el artículo 29 de la Ley 136 de 1994 y el artículo 133 del Reglamento Interno del
Concejo Municipal de Chía, dado que se requería la presencia de la cuarta parte de los
miembros para abrir la sesión.

Sostuvo que, en ese escenario, no podía afirmarse que no hubo sesión plenaria válida
el día 4 de octubre de 2024 y, por lo tanto, le asistía al concejal el derecho al cobro de
honorarios por su asistencia a dicha sesión.

4 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000 2315

000 2025 00337 01.

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Radicación: 25000 23 15 000 2025 00337 01
Accionante: Hernando Quintana Camacho
Accionado: Pablo Andrés Castro Castro

Aseguró que la cuenta de cobró que presentó se fundamentó en la certificación oficial
expedida por la secretaría general del concejo municipal de Chía, en la que se acreditó
su asistencia a la sesión del 4 de octubre de 2024.

Manifestó que no incurrió en causal de pérdida de investidura por cobrar los honorarios
correspondientes a la sesión del 4 de octubre de 2024, dado que dicho pago fue legal y
se tramitó de conformidad con lo establecido en el reglamento.

3. La sentencia de primera instancia5

La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia
proferida el 21 de julio de 2025, resolvió.

[…] PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de pérdida de investidura contra
el concejal de Chía, Pablo Andrés Castro Castro, por las razones expuestas en la presente
providencia.

SEGUNDO: SIN condena en costas en esta instancia […]

El a quo indicó que estaba probado que el concejal asistió a la sesión del 4 de octubre
de 2024 y que el 1º de noviembre de 2024 presentó cuenta de cobro por la asistencia a
25 sesiones ordinarias del 1 al 31 de octubre de 2024, en la que estaba incluida la del 4
de octubre.

Señaló que la mesa directiva del concejo municipal de Chía expidió la Resolución núm.
145 del 1º de noviembre de 2024 en la que se reconoció y ordenó el pago de honorarios
por las 25 sesiones a las que asistió el concejal, en las que se incluía la del 4 de octubre
de 2024.

Explicó que a la sesión plenaria del 4 de octubre de 2024 asistieron siete (7) concejales,
entre quienes estaba el demandado, de un total de quince (15) concejales que integraban
el concejo municipal de Chía. Al respecto, sostuvo:

[…] pese a no estar conformado quorum decisorio, mismo que correspondería a ocho
concejales (mitad más uno de sus integrantes), al estar presentes en esa sesión siete
(más de la cuarta parte), sí hubo quorum deliberatorio, motivo por el cual era viable que,
conforme a lo analizado en el curso de esta providencia, el concejo pudiera abrir e instalar
dicha sesión, como, en efecto, así ocurrió, tal y como se expondrá más adelante […]

Expuso que según la videograbación aportada, después de distintos llamados a lista e
intervenciones de varios de los concejales que sí asistieron e hicieron críticas en cuanto
a la inasistencia de los demás, «la Presidente manifestó que “por salvarme
responsabilidades he decidido no instalar la sesión” (30 min: 55 seg) y, expresó también
“que pena con todos esta situación, le solicito a prensa cortar la transmisión, finaliza lo
que hoy estamos haciendo, que no es una sesión y claro está que no será pagada” (33
min: 56 seg)».

Concluyó que:

[…] 47.- No obstante, la Sala resalta que la causación de los honorarios de los concejales
no puede estar supeditada al parecer de la Presidente del Concejo. Lo cierto es que, el 4

5 Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000 2315

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Radicación: 25000 23 15 000 2025 00337 01
Accionante: Hernando Quintana Camacho
Accionado: Pablo Andrés Castro Castro

de octubre de 2024, la Corporación, en cumplimiento del primer punto del orden del día,
corroboró la asistencia de siete concejales, que conformaban el quorum deliberatorio, con
la posibilidad de estudiar y discutir, pero no de decidir, en segundo debate, el proyecto de
Acuerdo N° 20 de 2024, para lo cual fue convocado el Concejo en esa oportunidad. En
síntesis, legal y materialmente, estaban dadas las circunstancias que habilitaban la
instalación de esa sesión.

48.- Finalmente, como se expuso en el fundamento normativo y jurisprudencial, resulta
claro que el reconocimiento de honorarios a concejales no exige nada más que su
asistencia comprobada a las sesiones, por lo tanto, resulta válida la sesión del Concejo
del 4 de octubre de 2024, y en consecuencia, es viable el reconocimiento y pago de los
honorarios a los concejales que asistieron en dicha fecha y que presentaron su respectiva
cuenta de cobro, tal como se materializó a través de la Resolución N° 145 del 1º de
noviembre de 2024, expedida por la Mesa Directiva del Concejo municipal de Chía […].

4. El recurso de apelación6

4.1. La parte solicitante pidió que fuera revocada la sentencia de primera instancia y, en
su lugar, se decretara la desinvestidura del acusado, con sustento en lo siguiente:

Insistió en que se pagó honorarios por una reunión que no tenía el carácter de sesión
plenaria como lo establece el artículo 65 de la Ley 136 de 1994.

Alegó que se desconoció el artículo 22 del reglamento interno y adujo que el parágrafo
primero ibidem fija un tiempo reglamentario para hacer el llamado a lista y verificación
del quorum, así: «en Plenaria a partir de las 4:30 p.m. y se fija un lapso de treinta (30)
minutos, para el llamado a lista y verificación del quórum decisorio; de no conformarse
este, se cancelará la sesión».

Argumentó que la validez de la sesión estuvo afectada desde el inicio por falta de quorum
dentro del tiempo reglamentario y conllevó a la cancelación de la sesión.

Recordó que no se declaró ninguna clase de quorum y que se hicieron simplemente
cuatro llamados a lista por fuera del tiempo reglamentario hasta que la presidente, por
salvar su responsabilidad, decidió no instalar la sesión.

Manifestó que «para instalar la sesión plenaria se debe contar con el quorum decisorio
que se debe verificar antes de completar la media hora (…) si llegada las 5:00 p.m., no
se ha conformado el quórum decisorio, queda CANCELADA la sesión programada».

Señaló que en las certificaciones expedidas por el secretario del concejo municipal de
Chía consta que la sesión del 4 de octubre de 2024 no se desarrolló porque no se
constituyó quorum decisorio.

Afirmó que el accionado, como vicepresidente, autorizó y ordenó el pago a cuatro
concejales y a él mismo de unos honorarios a los que no tenía derecho, por una sesión
plenaria «que se dice ahora haber sido celebrada el día 4 de octubre de 2024, del cual
NO existe registro alguno documental de haberse realizado ni causado dentro de los
archivos de la Corporación que así lo determinen».

6 Visto en el índice 44 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000 2315

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Radicación: 25000 23 15 000 2025 00337 01
Accionante: Hernando Quintana Camacho
Accionado: Pablo Andrés Castro Castro

Adujo que estaba configurado el elemento subjetivo de la causal, porque el accionado
estaba en condiciones de comprender los hechos, si se tiene en cuenta que además de
ejercer la profesión de abogado, le era exigible asumir una conducta conforme con el
reglamento interno.

4.2. El apoderado del concejal presentó escrito en el que se opuso al recurso de
apelación7, para lo cual señaló que el cobro y pago efectuado se hizo conforme a
derecho, toda vez que, en la demanda, ni en ninguna otra actuación, se cuestiona la
legalidad de la Resolución núm. 145 de 2024, por lo que no puede predicarse la indebida
destinación de recursos, cuando se ejecutan con fundamento en un acto administrativo
vigente.

Agregó que la sesión que se llevó a cabo el 4 de octubre de 2024 fue válida, teniendo en
cuenta el artículo 29 de la Ley 136 de 1994.

Reiteró que el concejo municipal de Chía está integrado por quince (15) concejales, por
lo que, para abrir la sesión, se requería la presencia de al menos la cuarta parte de sus
miembros, es decir, cuatro concejales.

Sostuvo que el 4 de octubre de 2024, la sesión plenaria se inició con la presencia de
siete concejales; por consiguiente, se cumplió el requisito de quorum deliberatorio
establecido en la ley, lo que implica la validez de la sesión plenaria. Aclaró que como fue
válida la sesión, el accionado tenía derecho a cobrar los honorarios.

4.3. El recurso de apelación fue concedido por auto de 22 de agosto de 20258.

5. Trámite de segunda instancia

5.1. El expediente fue asignado a esta Sección por acta de reparto del 1º de septiembre
de 20259.

5.2. Por auto de 18 de noviembre de 2025 se admitió el recurso de apelación interpuesto
por la parte solicitante10.

5.3. Por escrito radicado el 24 de noviembre de 202511, el señor agente del Ministerio
Público rindió concepto y solicitó confirmar la decisión de primera instancia.

Aseguró que debía tenerse en cuenta lo decidido por la Sección Primera del Consejo de
Estado, mediante la Sentencia de 25 de septiembre de 2025, en el proceso con radicado
25000 2315 000 2025 00336 01, en el que se resolvió un caso con identidad fáctica y
jurídica.

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Visto en el índice 45 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000 2315
000 2025 00337 01.
8 Visto en el índice 47 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000 2315

000 2025 00337 01.
9 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000 2315

000 2025 00337 01.
10 Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000 2315

000 2025 00337 01.
11 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000

2315 000 2025 00337 01.

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Radicación: 25000 23 15 000 2025 00337 01
Accionante: Hernando Quintana Camacho
Accionado: Pablo Andrés Castro Castro

Explicó que la discusión propuesta por el solicitante radica en que la reunión del día 4 de
octubre de 2024 no fue una sesión que habilitara el cobro de honorarios, puesto que, el
artículo 22 del reglamento interno del concejo municipal de Chía establece que se
requiere quorum decisorio para instalar la sesión.

Aseguró que el artículo 22 del reglamento interno es contrario a lo previsto por el artículo
29 de la Ley 136 de 1994 que establece que no se podrá abrir sesiones y deliberar con
menos de la cuarta parte de sus miembros.

Consideró que al artículo 22 del reglamento interno del concejo municipal de Chía debe
aplicársele la excepción de ilegalidad por ser contrario al artículo 29 de la Ley 136 de
1994.

Manifestó que, al operar la excepción de ilegalidad, era claro que la cuarta parte de la
totalidad de los quince miembros del concejo municipal de Chía era cuatro. Adujo que
estaba probado que en la sesión de 4 de octubre de 2024 se llamó a lista y se verificó la
presencia de siete concejales, por lo que se cumplía el requisito para que se instale la
sesión, y, por tanto, había lugar al pago de honorarios.

Por último, solicitó, en aplicación del derecho a la igualdad, que «al aquí demandado se
le otorgue el mismo trato concedido a la señora Natalia Gil Loaiza, concejal demandada
por los mismos hechos, el mismo día, y con el mismo demandante, mediante la sentencia
del 25 de septiembre de 2025, bajo el radicado 25000-23-15-000-2025-00336-01».

5.4. El expediente ingresó a despacho para fallo el 27 de noviembre de 202512.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia de la Sección

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra las
sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de concejales, acorde con
lo previsto por el parágrafo 2 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 13 y con base en lo
establecido por el numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo 201914
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, modificado por el artículo 1º del
Acuerdo núm. 434 de 2024, que regula la distribución de negocios entre las secciones15.

2. Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura

12 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000

2315 000 2025 00337 01.
13 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se

adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”. El
parágrafo 2° del artículo 48, establece que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia
de las pérdidas de investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales Administrativos.
14 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1° de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
15 “Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos

de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un
criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: (…) 5. El recurso de apelación
contra las sentencias de los Tribunales sobre pérdida de investidura (…)”.

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Radicación: 25000 23 15 000 2025 00337 01
Accionante: Hernando Quintana Camacho
Accionado: Pablo Andrés Castro Castro

Se acreditó con el formulario E-27 de la Registraduría Nacional del Estado Civil que el
señor Pablo Andrés Castro Castro fue elegido concejal del municipio de Chía
(Cundinamarca) para el período constitucional 2024 – 2027 y que tomó posesión del
cargo el 2 de enero de 2024, conforme con el «acta de posesión concejales del municipio
de Chía período 2024 - 2027».

3. Análisis de la Sala

La Sala advierte que en el concepto rendido en segunda instancia por el agente del
Ministerio Público se solicitó tener en cuenta para este caso lo decidido por la Sección
Primera de la Corporación en la Sentencia proferida el 25 de septiembre de 2025 en el
proceso con radicado 2025 00336 01, con fundamento en que los hechos por los que se
pidió la pérdida de investidura son idénticos en los dos asuntos.

Para resolver el punto al que aludió el agente del Ministerio Público, la Sala observa que
en la sentencia a la que se hizo mención, se confirmó la decisión de primera instancia
que negó la desinvestidura de la señora Natalia Gil Loaiza, concejal del municipio de
Chía, para el período constitucional 2024 – 2027.

En dicho caso, el mismo solicitante de este proceso, pretendía la desinvestidura de la
concejal Natalia Gil Loaiza, quien fue la presidente del concejo municipal de Chía en el
año 2024, con fundamento en que incurrió en la causal de indebida destinación de
dineros públicos. Los hechos en los que se sustentó la causal fueron los siguientes:

(i) El 4 de octubre de 2024 se convocó a sesión plenaria y, cumplida la media hora de
espera que permite el reglamento, se hizo el primer llamado a lista en el que contestaron
siete (7) de los quince (15) concejales que integran la corporación.

(ii) Luego de cuatro llamados a lista adicionales y sin acatar los tiempos permitidos por el
reglamento interno del concejo municipal de Chía, la concejal Claudia Marcela Pedraza
Camero contestó presente, ante lo cual el secretario de la corporación informó que había
ocho (8) concejales en la sesión plenaria.

(iii) Señaló que, lo anterior, implicó una infracción al artículo 22 del Acuerdo Municipal
núm. 140 de 2018 -reglamento interno del concejo municipal de Chía-, puesto que, no se
podía permitir el desarrollo de una sesión que estaba por fuera de los términos
reglamentarios.

(iv) Mencionó que mediante la Resolución núm. 145 del 1º de noviembre de 2024, la
accionada, en calidad de presidente y ordenadora del gasto, junto con la mesa directiva,
reconocieron y ordenaron pagar los honorarios a sus compañeros concejales, incluida la
reunión de 4 de octubre de 2024, a la que no tenían derecho, puesto que no se trató de
una sesión, debido a la falta de quorum necesario para instalarla.

De lo expuesto, se evidencia que en el proceso 2025 00336 01 la causal de pérdida de
investidura invocada fue la indebida destinación de dineros públicos, tal como ocurre en
este caso.

Asimismo, los hechos en los que se fundamenta la causal son idénticos en los dos
asuntos, porque radican en que no podía pagarse a los concejales del municipio de Chía
los honorarios por la reunión llevada a cabo el 4 de octubre de 2024, puesto que no había
quorum para instalar la sesión.

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Radicación: 25000 23 15 000 2025 00337 01
Accionante: Hernando Quintana Camacho
Accionado: Pablo Andrés Castro Castro

Siendo así, es pertinente traer a colación las consideraciones expuestas por la Sección
Primera en la Sentencia proferida el 25 de septiembre de 2025 para negar la
desinvestidura de la demandada en dicho asunto16:

[…] La Sala encuentra que no está demostrada una indebida destinación de dineros
públicos en cabeza de la accionada porque, como quedó visto, los 6 concejales de Chía
(Cundinamarca) sí tenían derecho al reconocimiento y pago de sus honorarios ante su
comprobada asistencia a la sesión plenaria ordinaria de 4 de octubre de 2024, sin que
para tales efectos presupuestales la ley prevea otro requisito del cual se haga depender
la causación de estos emolumentos.

La accionada presidente no distorsionó la finalidad del gasto, que es uno de los
presupuestos que se requieren para que se configure la causal de pérdida de investidura,
pues con su actuación destinó los dineros públicos al reconocimiento de la retribución por
la asistencia de los 6 concejales a la sesión plenaria ordinaria de 4 de octubre de 2024.

Resulta indispensable hacer énfasis en que, para los fines de esta causal de
desinvestidura, consistente en la indebida destinación de dineros públicos cuando media
el reconocimiento y pago de honorarios a concejales por su asistencia a sesiones, basta
con verificar que el cabildante hubiera hecho presencia durante la reunión citada por su
corporación, atendiendo el llamado a lista, para que adquiera el derecho a percibir su
retribución. Y, por lo mismo, discusiones distintas como las propuestas por el solicitante,
relacionadas con la conformación, o no, del quorum decisorio, el horario oportuno para
contestar el llamado a lista, la duración de las sesiones, el tiempo de espera para el arribo
de los concejales, entre otros asuntos, escapan a la órbita de la mencionada causal de
pérdida de investidura.

De hecho, concluir lo contario, implicaría castigar, de forma inaceptable, a los 6 concejales
que precisamente asistieron a la sesión plenaria ordinaria, cumpliendo con su deber
constitucional y legal de acudir al recinto del Concejo del municipio Chía (Cundinamarca),
el día y hora que habían sido estipulados por la mesa directiva.

Consecuente con ello, las confusas aseveraciones hechas por la accionada durante la
sesión plenaria de 4 de octubre de 2024, relativas a dar por instalada la sesión, luego a
que se debía tener por no realizada y, por lo tanto, no se iba a pagar porque no se había
desarrollado ante la falta de quorum decisorio, pero al final sí participó en la expedición
del acto administrativo de reconocimiento y pago de tales honorarios, además de
contradictorias e indecisas, carecen de la entidad necesaria para tornarlo en irregular y no
alteran el sentido de las consideraciones expuestas por la jurisprudencia de la Sección
pues, como se mencionó, responden a discusiones que se mantienen al margen de lo
analizado en este proceso.

[…]

De lo anterior, se evidencia que esta sección, en la providencia en mención, consideró
que la causal de indebida destinación de dineros públicos no estaba configurada, dado
que los concejales sí tenían derecho al reconocimiento y pago de sus honorarios ante su
comprobada asistencia a la sesión plenaria ordinaria de 4 de octubre de 2024, sin que la
ley establezca otro requisito del cual se haga depender la causación de estos
emolumentos.

16
Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000
2315 000 2025 00336 01. C.P: Nubia Margoth Peña Garzón.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicación: 25000 23 15 000 2025 00337 01
Accionante: Hernando Quintana Camacho
Accionado: Pablo Andrés Castro Castro

Ahora bien, frente a las alegadas irregularidades que la parte solicitante expuso se
presentaron el día 4 de octubre de 2024, la Sección Primera, en la referida sentencia del
25 de septiembre de 2025, señaló:

[…] La Sala reitera, sumado a lo expuesto, que la acción de pérdida de investidura no
constituye el instrumento adecuado para controvertir el desarrollo de esa reunión de 4 de
octubre de 2024 del concejo del municipio de Chía (Cundinamarca), con ocasión de la
oportuna convocatoria efectuada por parte de la accionada, en calidad de presidente de
esa corporación, así como tampoco es el mecanismo previsto para cuestionar la validez
de lo ocurrido en ella […]

Sin perjuicio de ello, en la misma Sentencia de 25 de septiembre de 2025, se explicó
que, conforme con el artículo 148 y 145 de la Constitución Política, así como el artículo
29 de la Ley 136 de 1994, se derivaba que el concejo municipal de Chía - integrado por
15 concejales - estaba facultado para abrir las sesiones y deliberar con cuatro (4) de
ellos, «pues una cuarta parte arroja 3.75», lo que significaba que la sesión plenaria de 4
de octubre de 2024 sí tuvo el número de cabildantes necesario para configurar el quorum
deliberatorio, abrir y discutir el proyecto de Acuerdo núm. 20 de 2024, luego de que se
verificara la asistencia de siete (7) concejales.

De otro lado, la aludida sentencia también indicó que las normas disciplinarias invocadas
por el actor «permanecen al margen del estudio jurisdiccional del proceso de pérdida de
investidura», puesto que, «no está previsto que la inobservancia de las normas
disciplinarias acaree la desinvestidura de los corporados, y el principio de taxatividad que
gobierna a este proceso judicial no admite interpretaciones extensivas o analógicas en el
análisis de las causales».

Teniendo en cuenta lo explicado, la Sala estima que en este caso tampoco se configuró
la causal de indebida destinación de dineros públicos, en la medida que, está acreditado
que el concejal Pablo Andrés Castro Castro asistió a la sesión que se llevó a cabo el 4
de octubre de 2024, acorde con la certificación del 1º de abril de 2025, expedida por el
secretario general (E) del concejo municipal de Chía17 y, en esta medida, se cumplió con
el requisito previsto en la ley para que tuviera derecho a la remuneración otorgada
mediante la Resolución núm. 145 del 1º de noviembre de 2024

De modo que, siguiendo las consideraciones expuestas en la sentencia proferida el 25
de septiembre de 2025 por la Sección Primera del Consejo de Estado, hay lugar a
confirmar la providencia de 21 de julio de 2025 en la que la Sala Plena del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca negó la desinvestidura del concejal Pablo Andrés
Castro Castro.

4.Condena en costas

En el presente asunto, la Sala no impondrá condena en costas, dado que la pérdida de
investidura es un proceso en el que se ventila un interés público.

En efecto, el artículo 188 del CPACA dispone:

Artículo 188.Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

17
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000 2315
000 2025 00337 00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Radicación: 25000 23 15 000 2025 00337 01
Accionante: Hernando Quintana Camacho
Accionado: Pablo Andrés Castro Castro

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal [Negrillas fuera
de texto].

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 21 de julio de 2025 por la Sala Plena
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones señaladas en la parte
motiva.

SEGUNDO: Sin condena en costas

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al Tribunal de
origen.

COPÍESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 29 de
enero de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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