Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-33-000-2025-00344-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-33-000-2025-00344-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 15001-23-33-000-2025-00344-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación 15001-23-33-000-2025-00344-011
Recurso de apelación contra la sentencia de 5 de junio de 2026,
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá
Solicitantes: ÓSCAR GUERRERO LÓPEZ Y JUAN DAVID BERMÚDEZ
VERGARA
TESIS: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL: LAS DISPOSICIONES PREVISTAS
EN EL ESTATUTO DISCIPLINARIO NO OPERAN CON FINES DE PÉRDIDA DE
INVESTIDURA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procederá a decidir el recurso de apelación interpuesto por
los solicitantes, contra la sentencia de 5 de junio de 2026, proferida
por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la
cual denegó la pérdida de investidura del concejal de Villa de Leyva
(Boyacá), señor ASDRUVAL SOTELO CORTÉS, por hechos
relacionados con el ejercicio del período constitucional 2024-2027.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- Los ciudadanos ÓSCAR GUERRERO LÓPEZ y JUAN DAVID
BERMÚDEZ VERGARA, actuando en nombre propio, solicitaron
decretar la pérdida de investidura del concejal de Villa de Leyva
1
Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las providencias,
pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta sentencia, deben confrontarse
de forma virtual.
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Número único de radicación: 15001 23 33 000 2025 00344 01
Solicitantes: ÓSCAR GUERRERO LÓPEZ Y JUAN DAVID
BERMÚDEZ VERGARA
(Boyacá), señor ASDRUVAL SOTELO CORTÉS, por hechos
sucedidos con ocasión del período constitucional 2024-2027, al
considerar que incurrió en la causal prevista en el artículo 43,
numeral 1, literal a), de la Ley 1952 de 28 de enero de 2019 2, en
consonancia con los artículos 45 y 47 de la Ley 136 de 2 de junio de
19943, esto es por violación al régimen de incompatibilidades.
I.2.- En apoyo de su pretensión los solicitantes adujeron, en síntesis,
que el accionado intervino de manera indebida en la actuación
administrativa adelantada por el municipio Villa de Leyva (Boyacá)
en cumplimiento de los fallos de tutela de 14 de junio y 24 de julio
de 2024 (2024-00083), proferidos por el Juzgado Doce
Administrativo Oral del Circuito de Tunja y el Tribunal Administrativo
de Boyacá, respectivamente, relacionado con la prestación del
servicio público de agua potable en la vereda El Salto y La Lavandera,
asunto en el cual el ente territorial tenía interés directo; que dicha
actuación se orientó a garantizar la prestación efectiva del servicio
mediante la intervención de la Empresa de Servicios Públicos de Villa
De Leyva, en adelante ESVILLA E.S.P. y la eventual asunción de la
operación del acueducto comunitario Curies-Manantial; y que el
cabildante participó en asambleas del acueducto, en nombre propio
y en calidad de apoderado de terceros, entre ellos familiares y
allegados, e incluso promoviendo intereses de la administración
municipal, razón por la que incurrió en violación al régimen de
incompatibilidades, concretamente en prohibición establecida en
artículo 43, numeral 1, literal a), de la Ley 1952.
2
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la ley 734 de 2002 y algunas
disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario […]”.
3
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios
[…]”.
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Solicitantes: ÓSCAR GUERRERO LÓPEZ Y JUAN DAVID
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Agregaron que la intervención del accionado tuvo por finalidad influir
en la decisión de los usuarios del acueducto para que entregaran su
administración a Villa de Leyva (Boyacá), a través de ESVILLA
E.S.P., exaltando las ventajas económicas de tal medida, en especial
el menor costo de los denominados ‘puntos de agua’ frente al
esquema existente; que ofreció apoyo logístico en nombre de la
administración municipal, sus manifestaciones evidenciaban un
interés personal y familiar en las resultas de la actuación debido a su
condición de residente de la vereda y la vinculación de familiares
suyos como usuarios del acueducto; y que la conducta fue
desplegada a título de dolo, por cuanto conocía el régimen de
incompatibilidades en razón de su experiencia como cabildante, de
su formación académica y de la solicitud de pérdida de investidura
que él mismo promovió contra otro concejal de Villa de Leyva
(Boyacá) con radicación 15001233300020250021200.
I.3.- El concejal, actuando en nombre propio, se opuso a la solicitud
de pérdida de investidura, para lo cual arguyó, en síntesis, que no se
probaron los elementos objetivo y subjetivo de la causal, comoquiera
que la jurisprudencia del Consejo de Estado exige demostrar un
conflicto real, concreto y objetivo entre el interés particular del
cabildante y el interés público, que la intervención cuestionada se
realizó en un escenario de naturaleza privada y deliberativa, y no en
el marco de una actuación administrativa formal, y que no obró en
representación de la administración municipal, sino a título personal
y como apoderado dentro de la comunidad.
Mencionó que el artículo 43 de la Ley 1952 debe interpretarse de
manera restrictiva, en el sentido de que la incompatibilidad se
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configura únicamente cuando la intervención persigue un beneficio
particular o privado; que su gestión se encuentra amparada por las
excepciones del artículo 46 de la Ley 136, en su condición de usuario
y afectado por la calidad del agua, y que existen inconsistencias en
el acervo probatorio, así como una eventual vulneración del derecho
fundamental al habeas data en la obtención de algunos elementos de
convicción.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
El a quo, mediante sentencia de 5 de junio de 2026, denegó la
pérdida de investidura del accionado, para lo cual mencionó, en
síntesis, que se encontraba demostrada su participación en tres
escenarios: la mesa de trabajo de 22 de junio de 2024, adelantada
por el municipio de Villa de Leyva (Boyacá) con los acueductos Curies
y Manantial y la comunidad de la vereda, contenida en el acta 02 de
2024, la sesión ordinaria del concejo de 30 de mayo de 2025, según
el acta 036, y la asamblea extraordinaria de la Asociación de
Suscriptores del Acueducto El Manantial de la vereda El Salto y La
Lavandera, celebrada el 29 de junio de 2025.
Indicó, para descartar el elemento objetivo de la causal, que tales
reuniones se desarrollaron en torno al cumplimiento del fallo de
tutela de 12 de junio de 2024 (2024-00083), proferido por el Juzgado
Doce Administrativo Oral del Circuito de Tunja, que la mesa de
trabajo tuvo carácter coordinador sin que se adoptara decisión
administrativa alguna y que en la sesión del concejo no se adoptó
determinación sobre proyecto o iniciativa puntual que involucrara a
la asociación de suscriptores ni a ESVILLA E.S.P.
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Sostuvo que la asamblea extraordinaria constituye un escenario de
naturaleza privada y asociativa, distante de un trámite administrativo
estatal, según los estatutos que definen a la asociación como entidad
de carácter privado, de servicio comunitario y sin ánimo de lucro, por
lo que ninguno de esos escenarios constituyó actuación
administrativa o contractual en los términos del artículo 43 numeral
1 literal a), de la Ley 1952.
Añadió que, aun en gracia de discusión, conforme al concepto 2414
de 2019 de la Sala de Consulta y Servicio Civil, la causal exige que
la intervención se realice en beneficio particular o privado del
servidor o de terceros vinculados a este, y que la actuación del
cabildante se dio en un contexto de interés general, sin que se
acreditara provecho económico concreto, directo o exclusivo para él,
sus familiares o terceros, pues durante la asamblea extraordinaria
intervino en representación de su abuelo, JULIO CORTÉS, miembro
de la asociación, advirtiendo que no lo hacía en calidad de concejal,
motivo por el cual resultaba aplicable la excepción del artículo 46 de
la Ley 136 que permite a los cabildantes actuar en diligencias en las
cuales ellos o sus parientes tengan interés.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO
Los actores interponen recurso de apelación en el cual solicitan
revocar la sentencia impugnada y, en su lugar, decretar la pérdida
de investidura del accionado, para lo cual sostienen que el Tribunal
partió de una premisa incorrecta, pues si bien las actuaciones del
cabildante tuvieron su génesis en la acción de tutela, lo cierto es que
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se produjeron una vez el municipio dio cumplimiento al fallo
constitucional, dando inicio a una actuación administrativa en los
términos del artículo 4º, numeral 3, de la Ley 1437, esto es, la
iniciada por quienes obren en cumplimiento de una obligación o deber
legal.
Manifiestan que el municipio de Villa de Leyva (Boyacá), a través de
ESVILLA E.S.P., activó una actuación administrativa para dar
cumplimiento al fallo de tutela, la cual no fue espontánea ni privada,
sino desplegada mediante actos coordinados entre el ente territorial
y las asociaciones de usuarios, y que el gerente de esa empresa,
señor CAMILO BUITRAGO MUNÉVAR, expresó que asistía en
representación del municipio, aspecto sobre el cual el a quo guardó
silencio.
Aducen que el accionado intervino en la asamblea extraordinaria de
29 de junio de 2025 en representación de su abuelo, de familiares,
de amigos y en nombre propio, promocionando que los ‘puntos de
agua’ que ofrecería ESVILLA E.S.P. tendrían un valor de
$1.050.000, frente a los 3 o 6 salarios mínimos legales mensuales
vigentes que cobraba el acueducto Curies-Manantial, con el propósito
de influir en la votación de los usuarios en favor de la entrega del
acueducto al municipio; que, igualmente, se presentó como
mediador y garante, ofreciendo logística —sonido, carpas y sillas— a
nombre de la administración municipal, y que en la sesión del concejo
defendió la propuesta de entregar la operación del acueducto al ente
territorial, exponiendo las ventajas económicas y logísticas de
ESVILLA E.S.P.
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Señalan que el verbo rector de la conducta descrita en el artículo 43,
numeral 1, literal a), de la Ley 1952 es ‘intervenir’, de suerte que la
norma no exige que la actuación administrativa culmine ni que se
acredite provecho efectivo; que, no obstante, el propio accionado
reconoció públicamente que “[…] el interés mío es uno solo, que yo
tengo primos, sobrinos, familiares y amigos que tienen niños
pequeños […]”; y que, si bien no era suscriptor del acueducto, ocho
familiares suyos figuraban como usuarios activos, lo que lo vinculaba
con un interés personal y familiar.
Agregan que la excepción del artículo 46 de la Ley 136 no resulta
aplicable, porque el cabildante no actuó únicamente en
representación de sus parientes, sino también en nombre de terceros
y del municipio, con lo cual excedió el marco permitido, a la luz de la
taxatividad del verbo rector. Y, en cuanto al elemento subjetivo,
insisten en que el accionado es estudiante de Administración Pública
de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, y ha sido
dos veces concejal, por lo que, en razón de su formación y
experiencia, no podía alegar desconocimiento del régimen de
incompatibilidades, habiendo actuado con plena conciencia de que
intervenía en una actuación administrativa en la cual el municipio
tenía interés directo.
IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN
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IV.1.- El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,
numeral 3, de la Ley 1881 de 15 de enero de 20184, no fue descorrido
por el accionado.
IV.2.- Por su parte, el procurador delegado de Intervención 10.
Quinto ante el Consejo de Estado, solicitó confirmar la sentencia
recurrida, para lo cual indica que los argumentos expuestos en el
recurso de apelación no desvirtúan las razones que sustentan la
decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, toda vez que no se
acreditó que el accionado hubiera intervenido, en nombre propio o
ajeno, en asuntos o actuaciones administrativas en los términos
previstos en el artículo 43, numeral 1, literal a), de la Ley 1952, ni
que se configuraran los presupuestos exigidos para declarar la
pérdida de investidura por violación del régimen de
incompatibilidades.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1.- Problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer, en los precisos términos del
recurso de apelación, en consonancia con el escrito de la solicitud
inicial, si el concejal de Villa de Leyva (Boyacá), señor ASDRUVAL
SOTELO CORTÉS, incurrió en violación del régimen de
incompatibilidades, a partir de lo establecido en el artículo 43,
numeral 1, literal a), de la Ley 1952, con ocasión de su intervención
en la mesa de trabajo de 22 de junio de 2024, en la sesión ordinaria
4
“[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la
doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.
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del concejo municipal de 30 de mayo de 2025 y en la asamblea
extraordinaria de la Asociación de Suscriptores del Acueducto El
Manantial de la vereda El Salto y La Lavandera, celebrada el 29 de
junio de 2025, todas ellas derivadas del cumplimiento del fallo de
tutela con radicación 2024-00083.
V.2.- Del caso concreto
La Sala, con fundamento en el acervo probatorio allegado al
proceso5, y que guarda estrecha relación con el asunto a resolver en
esta instancia, pudo verificar que el accionado fue elegido concejal
de Villa de Leyva (Boyacá), para el período constitucional 2024-2027,
con el aval del Partido Liberal Colombiano, de conformidad con los
formularios E-26 CON de 1o. de noviembre de 20236 y E-27 de igual
fecha, expedidos por la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL.
A su vez, se acreditó que el Juzgado Doce Administrativo Oral del
Circuito de Tunja, mediante sentencia de 14 de junio de 2024,
proferida dentro de la acción de tutela 15001333301220240008300,
amparó los derechos fundamentales al agua potable, a la salud, a la
dignidad humana y a la vida de la comunidad de la vereda El Salto y
La Lavandera de Villa de Leyva (Boyacá), y ordenó a las asociaciones
de suscriptores de los acueductos El Manantial y Curies y a ese ente
territorial garantizar, de manera armónica, el abastecimiento de
agua apta para el consumo humano, providencia que fue modificada
5
Tal como se advirtió al inicio de esta providencia, todas las pruebas recaudadas en el proceso reposan en el
sistema para la gestión judicial SAMAI.
6
Disponible [en línea]: [https://observatorio.registraduria.gov.co/views/electoral/historicos-resultados.php].
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en su numeral tercero por el Tribunal Administrativo de Boyacá,
mediante fallo de 24 de julio de 2024.
En ese marco se surtieron los tres escenarios que se reprochan al
accionado, a saber: i) la mesa de trabajo contenida en el acta 02 de
2024, adelantada por el municipio de Villa de Leyva (Boyacá) con los
acueductos Curies y Manantial y con la comunidad veredal, cuyo
asunto por tratar fue el cumplimiento del referido fallo de tutela; ii)
la sesión ordinaria del concejo de Villa de Leyva (Boyacá) de 30 de
mayo de 2025, según el acta 036, en la que se concedió el uso de la
palabra a los presidentes de los acueductos veredales y rurales y, a
continuación, a los cabildantes; y iii) la asamblea extraordinaria de
la Asociación de Suscriptores del Acueducto El Manantial de la vereda
El Salto y La Lavandera, celebrada el 29 de junio de 2025, convocada
para dar cumplimiento a lo requerido en el acta 22 de 2025 de la
audiencia surtida ante el Juzgado Doce Administrativo Oral del
Circuito de Tunja, y en la cual el accionado intervino con el poder que
le confirió el suscriptor Arit Yubany Cortés Cortés.
Igualmente obran en el plenario la certificación de 14 de octubre de
2025, suscrita por la Asociación de Suscriptores del Acueducto El
Manantial, según la cual el accionado no es usuario del acueducto y
ocho de sus parientes figuran como usuarios activos; el oficio 487-
2025 de 26 de diciembre de 2025, suscrito por el gerente de
ESVILLA E.S.P., en el que se certificó que aquel, en su calidad de
concejal, ni a nombre propio ni en representación de terceros, radicó
solicitud alguna ante esa empresa relacionada con la prestación del
servicio de agua para la vereda, ni intervino en actuación
administrativa alguna ante ella durante las vigencias 2024 y 2025; y
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el oficio de febrero de 2026, suscrito por la jefe de la Oficina Asesora
Jurídica de la Alcaldía de Villa de Leyva (Boyacá), en el que se
informó que la asamblea de 29 de junio de 2025 no fue convocada
de manera concertada con la administración municipal y que esta no
delegó al accionado, ni en nombre propio ni en calidad de concejal,
para intervenir en ella.
V.2.1.- Las disposiciones previstas en el estatuto disciplinario
no operan con fines de pérdida de investidura
La causal de incompatibilidad invocada en la solicitud de
desinvestidura, resuelta por el Tribunal, y reiterada en el recurso de
apelación por los actores, está prevista en el artículo 43, numeral 1,
literal a), de la Ley 1952 —Estatuto disciplinario general—, así:
“[…] CAPÍTULO IV
INHABILIDADES, IMPEDIMENTOS, INCOMPATIBILIDADES
Y CONFLICTO DE INTERESES
(…)
Artículo 43. Otras incompatibilidades. Además, constituyen
incompatibilidades para desempeñar cargos públicos, las
siguientes:
1. Para los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y
miembros de las juntas administradoras locales, en el nivel
territorial donde hayan ejercido jurisdicción, desde el
momento de su elección y hasta doce meses después del
vencimiento de su periodo o retiro del servicio:
a. Intervenir en nombre propio o ajeno en asuntos, actuaciones
administrativas o actuación contractual en los cuales tenga
interés el departamento, distrito o municipio correspondiente,
o sus organismos […]”.
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Tal como se observa, la causal invocada corresponde a una
disposición perteneciente al régimen disciplinario de servidores
públicos, entre otros, aplicables a los concejales, normas frente a las
cuales la Sección ha sostenido de forma pacífica que no operan con
fines de pérdida de investidura7.
Es así como se ha determinado, incluso desde la vigencia de la Ley
200 de 28 de julio de 19958, Código Disciplinario Único anterior a la
Ley 734 de 5 de febrero de 20029, lo que resulta predicable de la
normativa contenida en el actual estatuto disciplinario de la Ley
1952, que la infracción de aquellas conductas y/o circunstancias
previstas como prohibidas o incompatibles en materia disciplinaria,
se deben mantener al margen del estudio jurisdiccional del proceso
de pérdida de investidura10.
A través de sentencia de 4 de mayo de 201111, la Sección señaló que
“[…] el proceso de pérdida de investidura es ante todo de naturaleza
jurisdiccional y como tal se rige por las normas especiales que
consagran tanto su trámite como sus causales. Tan cierto es ello
que la Ley 734 de 2002 no consagró como sanción principal la
pérdida de la investidura, como sí lo hacía, de manera discutible,
7
Posición prohijada, recientemente, en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia de 23 de abril de 2026, número único de radicación 25000231500020250096202, consejera
ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
8
“[…] Por la cual se adopta el Código Disciplinario Único […]”
9
“[…] Por la cual se expide el Código Disciplinario Único […]”.
10
Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 7 de marzo de 2002,
número único de radicación 50001-23-31-000-2001-00346-01(7716) (PI), consejero ponente Manuel Santiago
Urueta Ayola; de 14 de marzo de 2002, número único de radicación 50001-23-31-000-2001-00368-01(7715)
(PI), consejero ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; de 17 de marzo de 2022, número único de radicación
17001-23-33-000-2021-00136-01, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón; de 25 de marzo de 2022,
número único de radicación 44001-23-40-000-2021-00136-01, consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez;
y de 1o. de julio de 2022, número único de radicación 05001-23-33-000-2022-00262-01, consejera ponente
Nubia Margoth Peña Garzón.
11
Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de mayo de 2011,
número único de radicación 68001-23-31-000-2010-00713-01(PI), consejero ponente Rafael E. Ostau De Lafont
Pianeta.
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la Ley 200 de 1995 en su artículo 29, numeral 9, lo que pone de
manifiesto que dicho proceso, por no ser del conocimiento de las
autoridades administrativas sino judiciales, no tiene la misma
connotación del que se regula en aquella y, por ende, no constituye
sanción dentro de éste […] Las normas previstas en la Ley 734
de 2002 están dirigidas al proceso disciplinario que, por su
naturaleza, difiere del de carácter jurisdiccional. De ahí que
no pueda afirmarse que tales preceptos deban tener
aplicación preferente, pues no se está en presencia de dos
actuaciones de la misma naturaleza, ni mucho menos con las
mismas consecuencias sancionatorias […]” (Negrillas y subrayas
fuera de texto).
De igual forma, en sentencia de 31 de agosto de 201712, estableció
que “[…] en la actualidad, no está habilitada la invocación de
las incompatibilidades dispuestas en el artículo 39 del Código
Disciplinario Único como causales de pérdida de investidura
territorial por violación de dicho régimen […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto). Y en providencia de 9 de septiembre de
202113, determinó que debían “[…] reiterarse que los
precedentes de esta Sala que se prohíjan en esta oportunidad
han defendido la autonomía de la institución de pérdida de
investidura con otros regímenes, como el derecho
disciplinario, los cuales difieren no solo desde el punto de
vista de su naturaleza, sino también su objeto y las
12
Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017,
número único de radicación 08001-23-33-000-2016-00753-01(PI), consejero ponente María Elizabeth García
González.
13
Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de septiembre de
2021, número único de radicación 70001-23-33-000-2021-00014-01(PI), consejero ponente Roberto Augusto
Serrato Valdés.
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finalidades que persiguen; esta no fue la intención del
constituyente de 1991 y, tampoco, del legislador, y además, por
tratarse de una limitación de los derechos políticos, las causales son
taxativas y no admiten interpretaciones extensivas o analógicas […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
Es en este sentido que la Sala itera que las disposiciones contenidas
en el estatuto disciplinario, incluidas no solo las que instituyen faltas
o prohibiciones sino, incluso, las que establecen causales
exonerativas de responsabilidad disciplinaria, no operan con fines de
pérdida de investidura, por cuanto si bien ambos procesos implican
la manifestación del poder punitivo del Estado, responden a
actuaciones autónomas de distintas naturaleza y finalidad; uno se
desarrolla en sede administrativa y otro en jurisdiccional; no está
previsto que la inobservancia de las normas disciplinarias acarree la
desinvestidura de los corporados; y el principio de taxatividad que
gobierna a este proceso judicial no admite interpretaciones
extensivas o analógicas en el análisis de sus causales.
Finalmente, la Sala no dejará de advertir que: (i) si bien en la
solicitud inicial se citaron in extenso los artículos 45 y 47, de la Ley
136, esto es, las disposiciones que enumeran las causales de
incompatibilidad de los concejales y su duración, respectivamente,
los accionantes no alegaron ninguna de aquellas para sustentar su
petición, ni explicaron su configuración a partir de los hechos
narrados en el libelo introductorio. Lo que sí se evidencia es que
luego de haberse citado ambas normas en forma ligera, los
solicitantes insistieron en la configuración de la incompatibilidad del
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accionado, a partir de lo determinado por el artículo 43, numeral 1,
literal a), de la Ley 1952.
Y, de igual forma, (ii) que la mención a las excepciones del artículo
46 de la Ley 136 fue del accionado en su contestación para
exculparse de la configuración de la incompatibilidad del artículo 43,
numeral 1, literal a), de la Ley 1952, frente a la cual el a quo sostuvo
que: “[…] Al respecto, la Sala no puede desconocer que el artículo 46
de la Ley 136 de 1994 es claro al indicar que a pesar de las
incompatibilidades previstas en las disposiciones normativas que le
preceden, los concejales pueden directamente actuar en asuntos
tales como “diligencias o actuaciones administrativas y
jurisdiccionales en las cuales, conforme a la ley, ellos mismos, su
cónyuge, sus padres o sus hijos, tengan interés” […]”. Como se logra
percibir, el análisis que se hizo de esta norma de la Ley 136, en la
sentencia apelada, también queda desprovista de pronunciamiento
alguno en esta sede, pues fue empleada para desvirtuar una causal
de incompatibilidad que no es invocable en el proceso de pérdida de
investidura.
V.2.2.- Bajo tales circunstancias, la Sala observa que no puede
examinarse, bajo la óptica disciplinaria del artículo 43, numeral 1,
literal a), de la Ley 1952, la conducta censurada en la solicitud de
desinvestidura y en el recurso de apelación interpuesto por los
actores, razón suficiente para descartar la configuración del elemento
objetivo de la causal de violación al régimen de incompatibilidades
que está predeterminado, para los concejales, en los artículos 55,
numeral 2, de la Ley 136, y 48, numeral 1, de la Ley 617 —lo que
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impide continuar con el análisis del elemento subjetivo— y, en tal
sentido, deberá confirmarse la sentencia apelada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada.
SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de 10 de septiembre de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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