Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2025-00962-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2025-00962-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-15-000-2025-00962-02
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación 250002315000202500962021
Recurso de apelación contra la sentencia de 2 de febrero de 2026,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Solicitante: ENRIQUE GÓMEZ ATUESTA
TESIS: LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN EL ESTATUTO DISCIPLINARIO NO
OPERAN CON FINES DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procederá a decidir el recurso de apelación interpuesto por
la procuradora Sexta Judicial II para Asuntos Administrativos de la
Procuraduría General de la Nación, contra la sentencia de 2 de
febrero de 2026, proferida por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual denegó la pérdida
de investidura del concejal del municipio de El Colegio
(Cundinamarca), señor JONATHAN STICK NOGUERA
RODRÍGUEZ, por hechos relacionados con el ejercicio del período
constitucional 2020-2023.
I.- ANTECEDENTES
1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las
providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta
sentencia, deben confrontarse de forma virtual.
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Número único de radicación: 25000 23 15 000 2025 00962 02
Solicitante: ENRIQUE GÓMEZ ATUESTA
I.1.- El ciudadano ENRIQUE GÓMEZ ATUESTA, actuando en
nombre propio, solicitó decretar la pérdida de investidura del concejal
de El Colegio (Cundinamarca), señor JONATHAN STICK NOGUERA
RODRÍGUEZ, por hechos sucedidos con ocasión del período
constitucional 2020-2023, al considerar que incurrió en la causal
prevista en los artículos 55, numeral 2, de la Ley 136 de 2 de junio
de 19942, y 48, numeral 1, de la Ley 617 de 6 de octubre de 20003,
esto es por violación al régimen de incompatibilidades, en
consonancia con el artículo 43, numeral 1, literal a), de la Ley 1952
de 28 de enero de 20194, por presuntamente intervenir, en nombre
propio o ajeno, en asuntos o actuación contractual en los cuales tenía
interés dicho municipio.
I.2.- En apoyo de su pretensión el solicitante adujo, en síntesis, que
el accionado fue elegido concejal del municipio de El Colegio
(Cundinamarca), durante el período constitucional 2020-2023; que
luego de terminar su período, suscribió contrato de prestación de
servicios CD-PS-APG-030-2024 de 30 de enero de 2024 con la
Alcaldía de ese ente territorial, desconociendo así el lapso prohibitivo
de 12 meses después del vencimiento de su periodo para hacerlo, tal
como lo establece el artículo 43, numeral 1, de la Ley 1952 —Estatuto
disciplinario general—; y que por estos mismos hechos la
Procuraduría General de la Nación elevó pliego de cargos en contra
del accionado, bajo el radicado D-IUS-E 2024–079463 IUC D-2024-
2 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de
los municipios […]”.
3 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de
1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional […]”.
4 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la ley 734 de 2002
y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario […]”.
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Solicitante: ENRIQUE GÓMEZ ATUESTA
3465920, expediente que a la fecha de la solicitud de desinvestidura
se encontraba pendiente de fallo de primera instancia.
I.3.- El concejal, actuando en nombre propio, se opuso a la solicitud
de pérdida de investidura, para lo cual arguyó, en síntesis, que al
haber finalizado su período de concejal de El Colegio
(Cundinamarca), el 31 de diciembre de 2023, tuvo la posibilidad de
acceder a una actividad que le permitiera su sustento y el de su
familia, en el ejercicio legítimo del derecho fundamental al trabajo —
artículo 25 CP— sin que ello constituyera una intervención indebida
en asuntos del municipio, en beneficio propio, conforme lo prohíbe el
artículo 43 de la Ley 1952; y que, además, el Consejo de Estado a
través de la Sala de Consulta y Servicio Civil conceptuó, el 23 de abril
de 2019, radicado interno 2414, que las incompatibilidades
establecidas en los literales a) y b) del numeral 1 del artículo 43 de
la Ley 1952 no se refieren al tema electoral, no aluden al derecho a
ser elegido, ni a la circunstancia de si determinados servidores
públicos territoriales pueden inscribirse o no como candidatos para
las elecciones territoriales.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
El a quo, mediante sentencia de 2 de febrero de 2026, denegó la
pérdida de investidura del accionado, para lo cual mencionó, en
síntesis, que el legislador cuenta con la facultad constitucional de
reglar el límite temporal de las incompatibilidades de los concejales,
que, para el artículo 43, numeral 1, literal a), de la Ley 1952, es
desde la aceptación del cargo y hasta doce meses posteriores a la
dejación de este.
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Indicó que como en este proceso se alegó la causal prevista en el
artículo 48, numeral 1, de la Ley 617, que castiga la violación del
régimen de incompatibilidades, y la causal del artículo 43, numeral
1, literal a), de la Ley 1952, que no es una incompatibilidad en sí
misma, sino una prohibición, no resulta aplicable como causal de
pérdida de investidura pues el accionado ya había finalizado su
período de concejal.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO
La procuradora Sexta Judicial II para Asuntos Administrativos de la
Procuraduría General de la Nación interpone recurso de apelación en
el cual solicita revocar la sentencia impugnada y, en su lugar, se
decrete la pérdida de investidura del accionado, para lo cual sostiene
que afirmar que las incompatibilidades del artículo 43 del Código
General Disciplinario no lo son para efectos de pérdida de investidura,
es una consideración que desconoce la voluntad del legislador que
quiso ampliar las incompatibilidades de los destinatarios de la norma
a supuestos que incluso no están regulados en las leyes en cita; y
que tal régimen se instituyó con el ánimo de proteger los principios
de transparencia, imparcialidad y moralidad en el ejercicio de toda
función pública, evitando que, en el término razonable de un año, a
partir de la dejación del cargo se sobrepongan los intereses
particulares de quien ejerció la dignidad sobre el interés general y
colectivo.
Manifiesta que la interpretación del Tribunal desconoce que es de
amplia remisión la causal prevista en el artículo 48, numeral 1, de la
Ley 617; que de los artículos 299, 303 y 312 constitucionales, se
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deriva la amplia potestad legislativa en materia de inhabilidades e
incompatibilidades de gobernadores, diputados y concejales,
respectivamente; y que la Ley 1952 integra el catálogo de
incompatibilidades que el juez de la pérdida de investidura debe
aplicar por remisión, sin que pueda excluir las conductas posteriores
al retiro del servicio, establecidas, so pena de desconocer el principio
de interpretación según el cual donde la norma no distingue no le
corresponde distinguir al intérprete.
Sostiene que con el fin de ajustar a la Carta Política el contenido del
artículo 47 de la Ley 136, relativo a la duración de las
incompatibilidades de los concejales, la Corte Constitucional en la
sentencia de C-194 de 1995 dispuso la constitucionalidad
condicionada de este precepto, bajo el entendido de que quien ya no
sea concejal no puede ejercer cargo público, o vincularse como
trabajador oficial o contratista dentro de los 6 meses siguientes que
se establecen en el artículo en cita, pero sólo en relación con el
municipio o distrito en el cual se desempeñó como tal.
IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN
El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,
numeral 3, de la Ley 1881 de 15 de enero de 20185, no fue descorrido
por el accionado.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
5 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se
consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.
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V.1.- Problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer, en los precisos términos del
recurso de apelación, en consonancia con el escrito de la solicitud
inicial, si el concejal de El Colegio (Cundinamarca), señor
JONATHAN STICK NOGUERA RODRÍGUEZ, incurrió en la causal
prevista en los artículos 55, numeral 2, de la Ley 136 y 48, numeral
1, de la Ley 617, esto es por violación al régimen de
incompatibilidades, a partir de lo establecido en el artículo 43,
numeral 1, literal a), de la Ley 1952, luego de celebrar el contrato de
prestación de servicios CD-PS-APG-030-2024 de 30 de enero de
2024 con la Alcaldía de ese municipio.
V.2.- Del caso concreto
La Sala, con fundamento en el acervo probatorio allegado al
proceso6, y que guarda estrecha relación con el asunto a resolver en
esta instancia, pudo verificar que el accionado fue elegido concejal
del municipio de El Colegio (Cundinamarca), para el período
constitucional 2020-2023, con el aval del Partido Social de Unidad
Nacional-Partido de la U, de conformidad con el Formulario E26 CON
de 31 de octubre de 20197, expedido por la REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, la Resolución 001 de 1o. de enero
de 2020, expedida por el presidente del Concejo de El Colegio
(Cundinamarca), mediante la cual tomó posesión del cargo, y el
certificado de 8 de julio de 2025, suscrito por la secretaria general
de esa corporación.
6 Tal como se advirtió al inicio de esta providencia, todas las pruebas recaudadas en el proceso
reposan en el sistema para la gestión judicial SAMAI.
7 Disponible [en línea]: [https://observatorio.registraduria.gov.co/historico-resultados.html].
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A su vez, el accionado celebró el contrato de prestación de servicios
CD-PS-APG-030-2024 de 30 de enero de 2024, con el municipio de
El Colegio (Cundinamarca), con el objeto de “[…] prestar servicios de
apoyo a la gestión en actividades relacionadas con elaboración de
proyectos y programas de vivienda a cargo de la Secretaría de
Planeación y de las TICS del municipio de El Colegio Cundinamarca
[…]”, por un término de 4 meses, y un valor de $10.800.000.
Con relación a la causal de incompatibilidad prevista en el artículo
43, numeral 1, literal a), de la Ley 1952 —Estatuto disciplinario
general—, se tiene:
“[…] CAPÍTULO IV
INHABILIDADES, IMPEDIMENTOS, INCOMPATIBILIDADES
Y CONFLICTO DE INTERESES
(…)
Artículo 43. Otras incompatibilidades. Además, constituyen
incompatibilidades para desempeñar cargos públicos, las
siguientes:
1. Para los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y
miembros de las juntas administradoras locales, en el nivel
territorial donde hayan ejercido jurisdicción, desde el
momento de su elección y hasta doce meses después del
vencimiento de su periodo o retiro del servicio:
a. Intervenir en nombre propio o ajeno en asuntos, actuaciones
administrativas o actuación contractual en los cuales tenga
interés el departamento, distrito o municipio correspondiente,
o sus organismos […]”.
Tal como se observa, la causal invocada corresponde a una
disposición perteneciente al régimen disciplinario de servidores
públicos, entre otros, aplicables a los concejales, normas frente a las
cuales la Sección ha sostenido de forma pacífica que no operan con
fines de pérdida de investidura.
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Es así como se ha determinado, incluso desde la vigencia de la Ley
200 de 28 de julio de 19958, Código Disciplinario Único anterior a la
Ley 734 de 5 de febrero de 20029, lo que resulta predicable de la
normativa contenida en el actual estatuto disciplinario de la Ley
1952, que la infracción de aquellas conductas y/o circunstancias
previstas como prohibidas o incompatibles en materia disciplinaria,
se deben mantener al margen del estudio jurisdiccional del proceso
de pérdida de investidura10.
A través de sentencia de 4 de mayo de 201111, la Sección señaló que
“[…] el proceso de pérdida de investidura es ante todo de naturaleza
jurisdiccional y como tal se rige por las normas especiales que
consagran tanto su trámite como sus causales. Tan cierto es ello
que la Ley 734 de 2002 no consagró como sanción principal la
pérdida de la investidura, como sí lo hacía, de manera discutible,
la Ley 200 de 1995 en su artículo 29, numeral 9, lo que pone de
manifiesto que dicho proceso, por no ser del conocimiento de las
autoridades administrativas sino judiciales, no tiene la misma
connotación del que se regula en aquella y, por ende, no constituye
sanción dentro de éste […] Las normas previstas en la Ley 734
de 2002 están dirigidas al proceso disciplinario que, por su
8 “[…] Por la cual se adopta el Código Disciplinario Único […]”
9 “[…] Por la cual se expide el Código Disciplinario Único […]”.
10 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 7 de
marzo de 2002, número único de radicación 50001-23-31-000-2001-00346-01(7716) (PI),
consejero ponente Manuel Santiago Urueta Ayola; de 14 de marzo de 2002, número único de
radicación 50001-23-31-000-2001-00368-01(7715) (PI), consejero ponente Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo; de 17 de marzo de 2022, número único de radicación 17001-23-33-000-2021-
00136-01, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón; de 25 de marzo de 2022, número único
de radicación 44001-23-40-000-2021-00136-01, consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez;
y de 1o. de julio de 2022, número único de radicación 05001-23-33-000-2022-00262-01, consejera
ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
11 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de
mayo de 2011, número único de radicación 68001-23-31-000-2010-00713-01(PI), consejero
ponente Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
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naturaleza, difiere del de carácter jurisdiccional. De ahí que
no pueda afirmarse que tales preceptos deban tener
aplicación preferente, pues no se está en presencia de dos
actuaciones de la misma naturaleza, ni mucho menos con las
mismas consecuencias sancionatorias […]” (Negrillas y subrayas
fuera de texto).
De igual forma, en sentencia de 31 de agosto de 201712, estableció
que “[…] en la actualidad, no está habilitada la invocación de
las incompatibilidades dispuestas en el artículo 39 del Código
Disciplinario Único como causales de pérdida de investidura
territorial por violación de dicho régimen […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto). Y en providencia de 9 de septiembre de
202113, determinó que debían “[…] reiterarse que los
precedentes de esta Sala que se prohíjan en esta oportunidad
han defendido la autonomía de la institución de pérdida de
investidura con otros regímenes, como el derecho
disciplinario, los cuales difieren no solo desde el punto de
vista de su naturaleza, sino también su objeto y las
finalidades que persiguen; esta no fue la intención del
constituyente de 1991 y, tampoco, del legislador, y además, por
tratarse de una limitación de los derechos políticos, las causales son
taxativas y no admiten interpretaciones extensivas o analógicas […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
12 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de
agosto de 2017, número único de radicación 08001-23-33-000-2016-00753-01(PI), consejero
ponente María Elizabeth García González.
13 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, número único de radicación 70001-23-33-000-2021-00014-01(PI), consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Es en este sentido que la Sala itera que las disposiciones contenidas
en el estatuto disciplinario, incluidas no solo las que instituyen faltas
o prohibiciones sino, incluso, las que establecen causales
exonerativas de responsabilidad disciplinaria, no operan con fines de
pérdida de investidura, por cuanto si bien ambos procesos implican
la manifestación del poder punitivo del Estado, responden a
actuaciones autónomas de distintas naturaleza y finalidad; uno se
desarrolla en sede administrativa y otro en jurisdiccional; no está
previsto que la inobservancia de las normas disciplinarias acarree la
desinvestidura de los corporados; y el principio de taxatividad que
gobierna a este proceso judicial no admite interpretaciones
extensivas o analógicas en el análisis de sus causales.
Bajo tales circunstancias, la Sala observa que no puede examinarse,
bajo la óptica disciplinaria del artículo 43, numeral 1, literal a), de la
Ley 1952, la conducta censurada en la solicitud de desinvestidura y
en el recurso de apelación interpuesto por la procuradora Sexta
Judicial II para Asuntos Administrativos, consistente en la celebración
del contrato de prestación de servicios CD-PS-APG-030-2024 de 30
de enero de 2024, entre el accionado y el municipio de El Colegio
(Cundinamarca), después de haber culminado su período
constitucional 2020-2023 como concejal de ese municipio, razón
suficiente para descartar la configuración del elemento objetivo de la
causal de violación al régimen de incompatibilidades que está
predeterminado, para los concejales, en los artículos 55, numeral 2,
de la Ley 136, y 48, numeral 1, de la Ley 617.
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Solicitante: ENRIQUE GÓMEZ ATUESTA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, pero por las razones
expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de 23 de abril de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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