Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-33-000-2021-00136-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-33-000-2021-00136-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 17001-23-33-000-2021-00136-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
17 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación 170012333000202100136011
Recurso de apelación contra la sentencia de 7 de octubre de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas
Solicitante: SIMÓN ARANGO NOREÑA
TESIS: SE DECRETA LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL MUNICIPAL
DE MANIZALES (CALDAS), POR INCURRIR EN CONFLICTO DE INTERESES AL
INTERVENIR Y VOTAR LA ELECCIÓN DE LA CONTRALORA GENERAL DEL
MUNICIPIO DE MANIZALES, PERÍODO 2020-2021, SIN HABERSE
DECLARADO IMPEDIDO NI HABER SIDO RECUSADO, A PESAR DE QUE SU
PADRE, -PARIENTE EN PRIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD-, TENÍA TRES
PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL PARA ESE MOMENTO, CON AUTO
DE APERTURA DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, SURTIDOS ANTE EL MISMO
ÓRGANO DE CONTROL FISCAL
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el accionado
contra la sentencia de 7 de octubre de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, por medio de la cual decretó la
pérdida de investidura del concejal del municipio de Manizales
(Caldas), señor DIEGO ALEJANDRO TABARES PRIETO, por
hechos ocurridos dentro del período constitucional 2020-2023.
1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo
que las providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga
alusión en esta sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.
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Número único de radicación: 17001 23 33 000 2021 00136 01
Solicitante: SIMÓN ARANGO NOREÑA
I.- ANTECEDENTES
I.1.- El ciudadano SIMÓN ARANGO NOREÑA, actuando en
nombre propio, solicitó decretar la pérdida de la investidura del
señor DIEGO ALEJANDRO TABARES PRIETO, concejal municipal
de Manizales (Caldas), por hechos ocurridos dentro del período
constitucional 2020-2023, al considerar que incurrió en las causales
previstas en los artículos 182 y 183, numeral 1, de la Constitución
Política; 55, numeral 2, y 70, de la Ley 136 de 2 de junio de 1994 2;
48, numeral 1, de la Ley 617 de 6 de octubre de 20003; 11,
numeral 1, de la Ley 1437 de 18 de enero de 20114; y 23, 36, 40,
42, y subsiguientes de la Ley 734 de 5 de febrero de 2002 5, esto
es, por violación al régimen de conflicto de intereses.
I.2.- En apoyo de su pretensión el solicitante adujo, en síntesis, los
siguientes fundamentos de hecho y de derecho de la causal de
pérdida de investidura invocada:
2 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios […]”.
3 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario
1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para
la racionalización del gasto público nacional […]”.
4 “[...] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo [...]”.
5 “[...] Por la cual se expide el Código Disciplinario Único [...]”.
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Número único de radicación: 17001 23 33 000 2021 00136 01
Solicitante: SIMÓN ARANGO NOREÑA
Señaló que el 9 de enero de 2020, y sin manifestar impedimento
alguno, el concejal participó en la elección del contralor general del
municipio de Manizales (Caldas), período 2020-2021, pese a que en
la Contraloría General del Municipio de Manizales se adelantan
procesos de responsabilidad fiscal contra su padre, el señor
NÉSTOR JAIRO TABARES LOAIZA.
Manifestó que en tal proceso resultó elegida la señora JENNY
CONSTANZA OSORIO VÉLEZ, con catorce (14) votos a favor,
entre los que se encuentra el del concejal y explicó el deber
funcional que le otorga a la ley a los concejales en cuanto a la
elección de los contralores municipales, no obstante, lo cual, ante la
ocurrencia de un interés directo, particular o inmediato en cabeza
de él mismo o de un familiar, deben manifestar su impedimento o
inhabilidad para actuar en la citada elección.
Adujo que el concejal debía conocer cuáles son los requisitos,
régimen de inhabilidades, incompatibilidades y de conflicto de
intereses, pues violentó la fe que los votantes, el Estado y la
justicia le otorgaron a la hora de quebrantar la normatividad
vigente respecto al conflicto de intereses, a sabiendas de su
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Solicitante: SIMÓN ARANGO NOREÑA
condición como abogado y la relación existente entre su padre y la
Contraloría General del Municipio de Manizales.
I.3.- El concejal, por intermedio de apoderado judicial, contestó la
solicitud de pérdida de investidura con la que se opuso a dicha
pretensión, para lo cual manifestó, en síntesis, que no le constaba
la existencia de los procesos de responsabilidad fiscal que cursaran
en contra de su padre NÉSTOR JAIRO TABARES LOAIZA.
Admitió su elección como concejal y su participación en la elección
del cargo de contralor general del municipio de Manizales (Caldas),
para lo cual no debía declararse impedido, ni mucho menos tenía
conflicto de intereses inmediato o real, ni su voto fue decisivo o
concluyente para la elección de la contralora, pues fue designada
por amplia mayoría de catorce (14) de los diecisiete (17) concejales
presentes en la sesión.
Sostuvo que no es una causa de inhabilidad o impedimento para un
concejal, tener un pariente dentro del cuarto grado de
consanguinidad sobre el cual se adelante una investigación fiscal
por el ente de control municipal. Que no existió concurrencia de un
interés directo, particular, actual e inmediato en cabeza de quien es
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Solicitante: SIMÓN ARANGO NOREÑA
concejal o su círculo cercano, que no conoció ni pudo conocer de
alguna circunstancia que le generara algún conflicto de intereses en
la elección del contralor municipal, por lo que no tuvo interés real,
directo, particular, actual, inmediato, moral o económico; además,
porque no tenía por qué conocer la existencia de procesos fiscales
contra su padre, pues no tenía que indagar por ellos, no es
apoderado ni interviene en éstos.
Indicó que la elección del contralor es una función legal de los
concejos y, además, por el carácter de las investigaciones fiscales,
la intervención en segunda instancia del contralor es incierta o
eventual; y que debe demostrarse que la actuación del accionado
haya sido dolosa o gravemente culposa, lo que excluye la actuación
simplemente culposa, teniendo de presente la presunción de
inocencia.
Dijo que la solicitud de pérdida de investidura no cumple con todos
los presupuestos jurisprudenciales para la generación de un
conflicto de intereses en el caso concreto.
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Solicitante: SIMÓN ARANGO NOREÑA
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
El Tribunal, mediante sentencia de 7 de octubre de 2021, decretó la
pérdida de investidura del señor DIEGO ALEJANDRO TABARES
PRIETO, concejal municipal de Manizales (Caldas), para lo cual
señaló que está probado que el accionado es hijo del señor
NÉSTOR JAIRO TABARES LOAIZA, -en primer grado de
consanguinidad-, quien, para el 20 de enero de 2020, tenía tres
procesos de responsabilidad fiscal en la Contraloría General del
Municipio de Manizales, en los cuales se había notificado
personalmente el auto de apertura (RF-19070517, RF19062614 y
RF-18082316).
Adujo que el concejal participó en la sesión del concejo de 9 de
enero de 2020, donde participó y votó en la elección de la
contralora general del municipio, sin que hubiera manifestado
impedimento alguno; que sí existía un interés real y directo del
concejal, pues la decisión de la elección del contralor municipal
afectaba a su padre, en forma personal y particular, quien está
dentro del círculo cercano de éste, en el primer grado de
consanguinidad; y que para la fecha de la elección del contralor el
interés era actual, pues existían tres procesos fiscales en la
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contraloría municipal surtidos en contra de aquel, con autos de
apertura debidamente notificados.
Sostuvo que la contralora elegida podía conocer los procesos en
segunda instancia, que a la vez es superior jerárquico del
Profesional Especializado Coordinador de Responsabilidad Fiscal que
decida dichos procesos en primera instancia.
Indicó que, en este caso, el concejal accionado no tomó la más
elemental precaución con el objetivo de verificar si él o sus
familiares podían tener un interés directo en la elección del
contralor, como por ejemplo solicitar conceptos o asesorarse frente
a la configuración o no de la referida inhabilidad, para con base en
ello determinar si se obró con el cuidado requerido y así definir si
su conducta es culposa o si, por el contrario, se está ante una
situación de buena fe exenta de culpa que impida el reproche
subjetivo de su obrar.
Manifestó que, conforme al principio de la inexcusable ignorancia de
la ley, -artículos 9º y 18, del Código Civil-, a pesar del
desconocimiento que el concejal tuviera de la situación procesal
fiscal de su padre, debido a la dignidad que detenta, debía conocer
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que cuando existe conflicto de intereses que le afecte directamente
a él o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad, debe exponer la existencia de un impedimento
para participar en la decisión, conforme a los artículos 55, numeral
2, y 70 de la Ley 136; 48, numeral 1, de la Ley 617 y 11 de la Ley
1437.
Adujo que si bien no se acreditó en el plenario que el corporado
tuviera intención de trasgredir el régimen de conflicto de intereses,
ello no obsta para que adoptara las medidas de diligencia y cuidado
que amerita el cargo y del deber de conocer el marco normativo
que rige la investidura que desempeña al participar de la elección
de la contralora general del municipio de Manizales (Caldas).
Concluyó que el hecho de que el concejal no hubiera tenido la
mínima diligencia para verificar si sus parientes estaban incursos en
investigaciones fiscales, al momento de participar y emitir su voto
para dicha elección, se constituye en una negligencia grave, pues el
accionado se exponía al riesgo de un conflicto de intereses directo
que implicaba a un pariente investigado fiscalmente y que a la
postre podía tener como consecuencia la pérdida de su investidura.
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III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO
El concejal, a través de apoderado, interpone recurso de apelación
en el cual reitera los fundamentos de hecho y de derecho de su
defensa y solicita revocar la sentencia impugnada y, en su lugar, se
denegar la pérdida de investidura.
Comenta que no se encuentra configurado, estructurado, ni
probado el elemento subjetivo, para lo cual señala que en la
sentencia de primer grado se parafraseó la sentencia proferida por
la Sección Primera el 11 de marzo de 2021, dentro del proceso con
radicado núm. 2020-00550-01 y la de 30 de julio de 2020, radicado
2019-00142-01, realizándose por demás un análisis genérico y
abstracto de los artículos 9º, 18 y 63 del Código Civil, en el que
primero se parte en la sentencia por señalar que no se demostró la
culpabilidad a título de dolo, pero sí encuadra la declaratoria de
pérdida de investidura vertida en el fallo impugnado en la
existencia de culpa grave por parte del concejal.
Sostiene que lo afirmado en la sentencia sobre la existencia de la
culpa grave carece de respaldo probatorio; que, por el contrario, las
pruebas allegadas dentro del expediente acreditan que el accionado
no tenía por qué conocer las investigaciones fiscales en las que
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tiene la calidad de vinculado su padre; y que no existe medio de
prueba alguno, ni siquiera indiciario, que soporte que el concejal
tuvo antes o después de la elección de la contralora general del
municipio de Manizales aviso, informe o cualquier aspecto
circunstancial que le hiciera exigible tomar precauciones con el
objetivo de verificar si sobre su padre versaban procesos de
responsabilidad fiscal.
Manifiesta que el Tribunal fundó su decisión, más en la mera
adecuación de relación de causalidad material entre padre-hijo-
procesos fiscales-elección contralora, erigiendo desde tal relación la
acusación de la culpabilidad a título de culpa grave, frente a la
ausencia probatoria de una conducta dolosa; que este raciocinio
central de la sentencia impugnada no es otra cosa que la manera
de traslapar, con argumentos jurídicos, lo que constituye en
realidad la atribución de responsabilidad objetiva para decretar la
pérdida de investidura del concejal, la cual, dicho sea de paso, se
encuentra proscrita dentro del presente proceso sancionatorio
conforme a lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley 1881 de 15 de
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enero de 20186, modificado por el artículo 4º de la Ley 2003 de 19
de noviembre de 20197.
Indica que la sentencia impugnada amplifica el concepto y alcance
del conflicto de intereses, coligiendo y generando un peligroso
antecedente consistente que en todos los casos en que existan
procesos fiscales en contra de un pariente dentro del cuarto grado
de consanguinidad de un concejal y éste no se declare impedido y
participe en la elección del contralor municipal, automáticamente
incurre en aquel, pues tenía el deber de investigar sobre su posible
existencia.
Anota que el conflicto de intereses se encuentra definido y
delimitado su alcance en la Ley 2003, que prevé, en su artículo
primero, las definiciones para los congresistas y para el caso en que
esta conducta se endilgue a concejales o diputados, resultaría ser,
por lo menos, fuente de interpretación legal.
Asevera que el Tribunal desconoció o le restó importancia al
testimonio del señor NÉSTOR JAIRO TABARES LOAIZA, padre
6 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los
Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras
disposiciones […]”.
7 “[…] Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5ª de 1992 y se dictan otras
disposiciones […]”.
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del accionado, quien rindió su testimonio y fue claro y enfático
como lo reseña la misma sentencia, en cuanto que en ningún
momento le dio a conocer a su hijo sobre los procesos pendientes.
Que en esta valoración se incurre en un defecto fáctico y sustantivo
al analizar esta prueba en el ámbito del dolo y no de la culpa, en
cuanto a la graduación de la sanción y a la determinación del
elemento volitivo, porque si bien el padre del concejal es el único
testigo que puede verificar en qué momento específicamente se
estructuró objetivamente el conflicto de intereses, ello no es óbice o
argumento para restar credibilidad al mismo y mucho menos
ajustarlo o darle una interpretación en el sentido estricto del dolo y
no de la culpa.
Refiere que la sentencia de 11 de marzo de 2021, proferida por la
Sección dentro del proceso de pérdida de investidura con número
único de radicación 47001233300020200055001, no es un
antecedente similar que resulte aplicable al caso concreto, porque
en la decisión proferida por el a quo se vale de utilizar los
argumentos centrales de la decisión del máximo Tribunal
Administrativo, ajustando las obiter dicta o la fundamentación de la
sentencia a presupuestos fácticos totalmente diferentes de los que
se juzgaron en ese momento.
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Como hecho sobreviviente a la contestación de la demanda y el
decreto de pruebas dentro del trámite de pérdida de investidura,
acota que la Procuraduría General de la Nación archivó la actuación
disciplinaria sobre el mismo hecho o fundamento del presente
proceso, en cuanto al accionado le fue enviado a su dirección
electrónica, el 17 de agosto de 2021, el auto de fecha 6 de julio de
2021, proferido por la Procuraduría Regional de Caldas, en el cual
se decretó el archivo definitivo de investigación dentro del proceso
disciplinario con radicación número IUS-E-2020-412625 IUC D
2020-1571227, promovido en contra del concejal.
Aduce que, como se desprende del auto de archivo, la Procuraduría
General de la Nación no solamente considera que el hecho atribuido
no constituye falta disciplinaria, sino que, además, afirma que el
concejal actúo con la ética, moralidad y eficiencia que deben
comportar los servidores públicos para asegurar el buen
funcionamiento de los servicios a su cargo.
Por último, solicita decretar las siguientes pruebas en esta
instancia:
“[…] teniendo en cuenta que la solicitud probatoria versa
sobre hechos acaecidos después de transcurrida la
oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, solicito
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Solicitante: SIMÓN ARANGO NOREÑA
se decrete, practique y tenga como como prueba para
demostrar la inexistencia o no configuración de la situación
supuestamente constitutiva de conflicto de interés la
siguiente:
• Auto por medio del cual se decreta archivo definitivo
fechado 6 de julio de 2021, proferido por la Procuraduría
Regional de Caldas, dentro del proceso disciplinario con
radicación número IUS-E-2020-412625 IUC D 2020-1571227,
promovido en contra del señor DIEGO ALEJANDRO TABARES
PRIETO. Es de anotar, que el auto de archivo le fue notificado
a mi representado en su dirección electrónica el día martes 17
de agosto de 2021.
• Copia de la notificación electrónica del auto enviado con
fecha 17 de agosto de 2021 efectuada al señor DIEGO
ALEJANDRO TABARES PRIETO, por la Procuraduría Regional
de Caldas.
• Se oficie a la PROCURADURÍA REGIONAL CALDAS, para que
remita con destino al expediente copia integral del expediente
contentivo de la actuación disciplinaria con radicación IUS-E-
2020-412625 IUC D 2020-1571227, promovido en contra del
señor DIEGO ALEJANDRO TABARES PRIETO, la cual culminó
con auto de archivo de fecha 6 de julio de 2021.
Para la práctica de la prueba se podrá librar el exhorto a la
siguiente dirección electrónica: aospina@procuraduria.gov.co.
[…]”8.
8 A través de auto de 30 de noviembre de 2021, el Despacho sustanciador decidió, en
cuanto a las pruebas solicitadas en segunda instancia, lo siguiente: “[...] De la solicitud
trascrita, el Despacho considera procedente tener como prueba la copia del “Auto por
medio del cual se decreta archivo definitivo fechado 6 de julio de 2021, proferido por la
Procuraduría Regional de Caldas, dentro del proceso disciplinario con radicación número
IUS-E-2020-412625 IUC D 2020-1571227” y su respectiva notificación, los cuales fueron
aportados por el apoderado del demandado con el recurso de apelación, teniendo en
cuenta que se trata de documentos que no existían para la fecha en que se contestó la
demanda y, por ende, no era posible que los allegaran o solicitaran en ese momento, por
lo que se cumplen los presupuestos previstos en el artículo 212 del CPACA para decretar
pruebas en segunda instancia.
Ahora, en cuanto a la solicitud de oficiar a la PROCURADURÍA REGIONAL CALDAS, para
que remita copia integral del expediente contentivo de la investigación disciplinaria con
radicación número IUS-E-2020-412625 IUC D 2020-1571227, en la que se profirió el auto
referido en precedencia, el Despacho considera que en caso de llegarse a necesitar para
proferir el fallo en esta instancia, se hará uso de la facultad oficiosa que en materia
probatoria le asiste al Juez [...]”.
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IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN
El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,
numeral 3, de la Ley 1881, fue descorrido así:
IV.1. El concejal, a través de apoderado, insiste en los mismos
argumentos de su defensa, dentro de los cuales señala que el
Tribunal desconoce o le resta importancia al testimonio del señor
NÉSTOR JAIRO TABARES LOAIZA, padre del accionado, con
relación a que en ningún momento le dio a conocer procesos
pendientes a su hijo, pues lleva “[...] 42 años de vida pública y por
los cargos desempeñados, los órganos hacen investigaciones y
nunca doy información a ningún miembro de mi familia sobre el
particular (…) son procesos de reserva y en todas las
investigaciones no tengo sanción ni amonestación (...) no estoy
obligado con fuero privado hace parte de mi trabajo y es la rutina
de los servidores de investigaciones de todo tipo (...) finalizando
febrero o marzo (…) Y me reuní con Diego para definir situación y si
estaba incurso de conflicto de intereses. (…) Además la contralora
termina en diciembre y no se sabe situaciones futuras, dentro de la
estructura interna de la contraloría por competencias le
corresponde instrucción y fallo, y solo por alguna circunstancia
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llegara de conocimiento de la contralora, se excluiría de
conocimiento porque iría en grado de consulta [...]”.
Alega que se incurrió en defectos fáctico y sustantivo al analizar
esta prueba en el estadio del dolo y no de la culpa, en cuanto a la
graduación de la sanción y a la determinación del elemento volitivo;
si bien el padre del accionado es el único testigo que puede verificar
en qué momento específicamente se estructuró objetivamente el
conflicto de intereses, ello no es óbice o argumento para restar
credibilidad al mismo y mucho menos ajustarlo o darle una
interpretación en el sentido estricto del dolo y no de la culpa porque
el argumento central del a quo subyace en atribuir un juicio de
valor o reproche al desconocimiento que mi representado tuvo de la
situación fiscal de sus padre y los medios que, a criterio muy
subjetivo del Tribunal, debió haber desplegado para constatar si él
mismo o su círculo más cercano se encontraba incurso en una
causal de conflicto de intereses. Este último razonamiento excede la
órbita de las obligaciones de los concejales en el contexto de “su
deber objetivo de cuidado” o la prudencia que deben emplear en
sus intervenciones.
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Refiere que, mediante el auto de 6 de julio de 2021, proferido
dentro del radicado IUS E-2020-412625 IUC D2020-1571227,
notificado el 17 de agosto de 2021 al concejal, la Procuraduría
Regional de Caldas archivó las diligencias en su contra por no
encontrar mérito para imponer sanción disciplinaria, debido a que
los procesos fiscales en contra de su padre se encontraban en etapa
de instrucción y en nada había influido su voto favorable en el curso
de estos; de la elección de la contralora municipal no se derivó un
archivo de los procesos en contra del indiciado, ni tampoco se
emitió decisión favorable que pudiese beneficiar al padre del
concejal, lo que configura un presupuesto o presunción de buena fe
porque en ningún momento excedió sus competencias o se valió de
las mismas para obtener un beneficio indebido.
Dice que, al determinar la Procuraduría el archivo definitivo de las
diligencias de investigación se puede demostrar que hay una
presunción favorable al concejal, en el entendido que el órgano de
control, en aplicación del derecho sancionador, no encontró prueba
o fundamento para imponer una sanción por violación al régimen
del conflicto de intereses, lo que supone ya un indicio claro de la
ausencia de culpabilidad porque en este escenario también se
analizó el “deber objetivo de cuidado” o la prudencia debida en el
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Solicitante: SIMÓN ARANGO NOREÑA
ejercicio de las atribuciones constitucionales del cargo de elección
popular como concejal.
De igual forma, comenta acerca de lo que denomina ‘límites del
juzgador para decretar de pérdida de investidura’, para luego
afirmar que el Tribunal no fundó su fallo en un análisis probatorio
lógico y objetivo, sino a elementos subjetivos que no responden a
criterios legales y jurisprudenciales sobre la valoración de la culpa
en el derecho sancionador sino a inferencias de carácter personal
que no tienen un sustento en el acervo probatorio. Que no hay
documentos, testimonios u otros elementos de prueba que
permitan inferir, razonable y lógicamente, que el concejal debía
conocer los procesos fiscales iniciados en contra de su padre porque
el parentesco no supone, por sí mismo, una especie de
conocimiento omnipotente de todos los asuntos familiares.
Manifiesta que el a quo olvida el principio general del derecho
penal, que también es aplicable al derecho sancionatorio, y es que
la duda razonable se resuelve a favor del encartado y nunca en
contra de éste; aquí el Tribunal resolvió la duda razonable en contra
del concejal, sin que las pruebas hubieran permitido desvirtuar su
presunción de inocencia o de debida diligencia.
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Sostiene que la sentencia apelada se limita a determinar que la
conducta del concejal fue cometida con culpa grave, pero no
explica, suficientemente, por qué se determinó el grado más alto de
culpa y no se tuvo en cuenta la circunstancia que atenúan,
precisamente, el grado de determinación de la culpabilidad, tanto
es así que el mismo fallador afirma que se obró sin dolo.
Acota que se desconoce, al comparar el cargo de contralor auxiliar
objeto de análisis en la citada sentencia en la que la Sección
Primera declaró la pérdida de investidura del diputado del
Magdalena, con relación al de coordinador de responsabilidad fiscal
de la Contraloría General del Municipio de Manizales, la naturaleza
jurídica de ambos empleos, pues el en el caso del coordinador de
responsabilidad fiscal se trata de un funcionario de carrera
administrativa, la estructura funcional de ambas instituciones y las
funciones que desempeñan en cada una de las entidades. Que el
Tribunal simplemente colige que ambos empleos se encuentran
subordinados del contralor principal, para indicar que no tienen
autonomía, asemejando el cargo de contralor auxiliar, del nivel
directivo como se indica en la sentencia de 11 de marzo de 2021, y
se transcribe en la acá impugnada, con el de coordinador de
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responsabilidad fiscal de la Contraloría General del Municipio de
Manizales, que corresponde al nivel profesional.
IV.2. El agente del Ministerio Público guardó silencio en esta
instancia.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1.- Problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si el concejal del municipio de
Manizales (Caldas), señor DIEGO ALEJANDRO TABARES
PRIETO, incurrió en la causal prevista en los artículos 182 y 183,
numeral 1, de la Constitución Política; 55, numeral 2, y 70, de la
Ley 136; 48, numeral 1, de la Ley 617; 11, numeral 1, de la Ley
1437; y, 23, 36, 40, 42, y subsiguientes de la Ley 734, esto es por
violación al régimen de conflicto de intereses, al participar e
intervenir en la elección del contralor municipal de Manizales
(Caldas), para el período 2020-2021, aun cuando a su padre, señor
NÉSTOR JAIRO TABARES LOAIZA, se le surtían en su contra
procesos de responsabilidad fiscal ante la Contraloría General del
Municipio de Manizales, para la misma época de los hechos.
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V.2.- De la violación del régimen de conflicto de intereses
como causal de pérdida de investidura de concejales9
En la presente solicitud se endilga la configuración de la causal de
pérdida de investidura prevista en los artículos 55, numeral 2, de la
Ley 136, y 48, numeral 1, de la Ley 617, así:
“[…] Ley 136, artículo 55. Pérdida de la investidura de
concejal. Los concejales perderán su investidura por:
(...)
2. Por violación del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades o de conflicto de intereses [...]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
“[...] Ley 617, artículo 48.- Pérdida de investidura de
diputados, concejales municipales y distritales y de
miembros de juntas administradoras locales. Los
diputados y concejales municipales y distritales y
miembros de juntas administradoras locales perderán su
investidura:
1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de
conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses
cuando se trate de considerar asuntos que afecten al
concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de
la ciudadanía en general […]” (Resaltado fuera del texto
original).
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera
ponente Nubia Margoth Peña Garzón, sentencias de 2 de diciembre de 2021, número único
de radicación 47001233300020200075601; 3 de octubre de 2019, número único de
radicación 05001233300020170347301; y 25 de febrero de 2021, número único de
radicación 25000231500020190021701.
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En este sentido, el artículo 70, de la Ley 136, previó, en cuanto al
conflicto de intereses de concejales, la siguiente definición
conceptual que instruye la aplicación de esa figura:
“[…] Artículo 70.- Conflicto de interés. Cuando para los
concejales exista interés directo en la decisión porque
le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o
compañero o compañera permanente, o a alguno de sus
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o
socios de derecho o de hecho, deberá declararse
impedido de participar en los debates o votaciones
respectivas.
Los concejos llevarán un registro de intereses privados en el
cual los concejales consignarán la información relacionada con
su actividad económica privada. Dicho registro será de público
conocimiento. Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de
una causal de impedimento de algún concejal, que no se haya
comunicado a la respectiva corporación, podrá recusarlo ante
ella […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
A su vez, el artículo 11, numeral 1, de la Ley 1437, en cuanto al
conflicto de interés, determina lo siguiente:
“[...] Artículo 11. Conflictos de interés y causales de
impedimento y recusación. Cuando el interés general
propio de la función pública entre en conflicto con el
interés particular y directo del servidor público, este
deberá declararse impedido. Todo servidor público que
deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas,
realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar
decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta
su impedimento por:
1. Tener interés particular y directo en la regulación,
gestión, control o decisión del asunto, o tenerlo su
cónyuge, compañero o compañera permanente, o
alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o
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su socio o socios de hecho o de derecho [...]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
La Sección ha establecido que el conflicto de intereses es un
concepto jurídico indeterminado y, debido a ello, es el juez quien
decide, en cada caso concreto, si existe o no fundamento suficiente
para acceder a la solicitud elevada. Por su parte, la jurisprudencia
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación se ha pronunciado en múltiples ocasiones frente al
alcance y contenido de la causal en comento y su incursión en sede
judicial, consideraciones que, si bien son vertidas en el marco de
controversias de desinvestidura de congresistas de la República,
orientan su entendimiento, configuración y aplicación en los
asuntos que, como en el caso sub lite, examinan las conductas de
concejales.
Así, en la sentencia de 12 de abril de 2011, de la Sala Plena, se
recogen en gran medida las diferentes providencias que abordan el
tema, de la cual se transcriben los apartes más significativos:
“[…] Ahora bien, no obstante, la generalidad del alcance que
tienen los arts. 182 y 183.1 de la C.P., poseen un contenido
mínimo clarificador, que es importante destacar a
continuación antes de abordar el caso concreto:
i) El conflicto de interés puede ser de orden económico o
moral, de manera que en estos dos conceptos se deben
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enmarcar todas las circunstancias reprochables desde el
punto de vista del interés en su concreción. Sin embargo, la
indeterminación de los mismos sigue caracterizando la
institución.
ii) La consecuencia inmediata de estar incurso en ellos es que
se le prohíbe al congresista participar de la deliberación y
decisión del tema puesto a consideración del Congreso.
En este sentido, la Sala Plena consideró en la sentencia del 11
de mayo de 2009 –exp. P.I. 2009 00043-: “La Carta Política
impone a los congresistas el deber de poner en conocimiento
de la respectiva Cámara las situaciones de orden moral o
económico que los inhiban para participar en el trámite de los
asuntos sometidos a su consideración. La Ley 5ª de 1992 -
Sección IV-, reguló lo relativo a la aplicación, declaración,
comunicación y efectos del impedimento y la recusación y el
artículo 286 reitera el deber que tienen de declararse
impedidos ‘… de participar en los debates y votaciones
respectivas…’.”
iii) El conflicto de intereses afecta la posibilidad de participar
en toda clase de actuaciones y decisiones donde, en principio,
debería actuar el congresista, es decir, que está inhibido “para
participar en el trámite de los asuntos sometidos a su
consideración.” Esto significa que no puede intervenir en la
deliberación ni en la votación de proyectos de ley, de
actuaciones judiciales, ni en la adopción de otras decisiones
administrativas, electorales o políticas, siempre que lo
afecten.
De este criterio ha sido la Sala Plena en muchas ocasiones.
Entre ellas lo ha aplicado a la elección de funcionarios a su
cargo, en cuyo caso ha analizado si en el evento concreto se
presenta un conflicto de intereses del congresista demandado
que participó en la correspondiente elección: “Para la Sala, la
situación de conflicto de interés que puede presentarse en un
asunto o materia de conocimiento de los congresistas, no se
circunscribe únicamente a los relacionados con su labor
legislativa, pues como antes lo ha precisado la Sala Plena10,
los miembros del Congreso tienen otras funciones de
naturaleza administrativa, electoral, judicial, de control
político y fiscal, atribuidas por la Constitución y la ley. Por
esta razón, ha dicho la Sala11, que la situación de conflicto
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 10 de
noviembre de 2001, Expediente PI-0130, consejero ponente Germán Rodríguez Villamizar.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de17 de
octubre de 2000, Expediente AC-11116, consejero ponente Mario Alario Méndez.
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debe analizarse en cada caso específico, para determinar si
las particulares circunstancias del congresista, su cónyuge o
compañero o compañera permanente, o sus parientes, o
socios, se contraponen con el interés comprometido en el
asunto o materia en el que intervenga.” -sentencia del 10 de
noviembre de 2009. Rad. 11001-03-15-000-2008-01180-
00(PI)-2008-01367. CP. Martha Teresa Briceño-
En el mismo sentido manifestó: “Que el impedimento puede
darse por la participación o votación en una decisión o asunto
de que conozca el Congreso de la República, sea que se trate
de deliberaciones y votaciones relacionadas con proyectos de
ley o actos legislativos, o se trate de una decisión
trascendental. En efecto, es inequívoco el artículo 291 al
señalar que el congresista debe declararse impedido cuando
observe que existe un conflicto de intereses para conocer y
participar ‘sobre determinado proyecto o decisión
trascendental’.
“Por tanto, el impedimento no solo puede darse cuando se
trate del ejercicio de las funciones puramente legislativas del
Congreso sino cuando se trate de las otras funciones de ese
órgano como las funciones de control político, las
administrativas, las judiciales y las electorales.
“La Sala no desconoce que el conflicto de intereses podría
darse de forma contundente cuando se trata de la
intervención de los congresistas en el proceso de formación
de normas jurídicas que luego vendrían a favorecerlos de
forma particular y concreta, como cuando se dictan normas
relativas al régimen del derecho penal estando el congresista
sometido efectivamente a una investigación penal, cosa que
no sucede en este caso. Este tema fue tratado por la Sala de
Consulta del Consejo de Estado en el concepto del 15 de
mayo de 200812, y así se concluyó en ese dictamen.” -
12 “[…] ¿Debe un congresista declararse impedido de participar en los debates y
votaciones respecto del proyecto de Acto Legislativo números 047 de 2007 Cámara y 014
de 2007 Senado, porque la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal le ha
abierto una investigación preliminar por actos relacionados con la llamada "parapolítica"?
De acuerdo con los fundamentos normativos y los hechos analizados en el presente
concepto, la Sala considera recomendable que proceda a declarar su impedimento ante la
respectiva Corporación, para que sea ésta la que decida sobre el mismo. En caso de
hacerlo y de votar el congresista favorablemente el mencionado proyecto de Acto
legislativo, ¿qué consecuencias podrían sobrevenirle en materia disciplinaria y pérdida de
investidura? De acuerdo con lo expuesto en este concepto, en caso de que el congresista
no declare su impedimento ante la Corporación y de alguna manera participe en el debate
y votación del proyecto, además de la posibilidad de que pueda ser recusado, dicha
participación podría dar lugar a que se le iniciara una investigación disciplinaria y se
configurara una causal para un eventual proceso de pérdida de investidura […]”.
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sentencia del 23 marzo de 2010, rad. 11001-03-15-000-
2009-00198-00(PI). CP. Hugo Fernando Bastidas-
En forma concluyente también ha expresado que “Para que se
estructure la violación del régimen del conflicto de intereses
es suficiente que el congresista participe en los debates13, así
sea simplemente integrando el quórum de la sesión donde se
discuta el tema respectivo14.” –Sala Plena. Sentencia del 27
de julio de 2010. Rad. 11001-03-15-000-2009-01219-00(PI).
CP. Mauricio Fajardo Gómez-
iv) Cuando se concreta alguna circunstancia que obliga al
congresista a separarse del tema que compete resolver al
Congreso, aquél debe ponerla en conocimiento de la
Corporación, so pena de ser recusado. En estos términos,
tanto la institución del impedimento como la recusación tienen
apoyatura directa en el art. 182 de la CP.
v) Se le encomendó al legislador complementar la tarea que
se encuentra implícita en esta causal: identificar “lo
relacionado con los conflictos de intereses y las recusaciones”.
Esta atribución para ultimar los detalles de la materia, en lo
no regulado en la Constitución Política, constituye una típica
reserva de ley.
vi) De lo expresado se deduce que los elementos que
configuran el conflicto de intereses son: a) la existencia de un
interés particular del congresista en la deliberación o decisión
de un tema específico a cargo del Congreso, b) que
efectivamente participe de ello, c) que ese interés sea directo,
no eventual o hipotético, d) que además el interés sea actual,
y e) que el beneficio recibido no sea general sino particular
[…]”15.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de
abril de 2003, número único de radicado 11001-03-15-000-2002-1127-01(PI-058),
consejero ponente Alejandro Ordóñez Maldonado.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de
agosto de 2003, número único de radicado 11001-03-15-000-2003-0587-01(PI),
consejero ponente Alejandro Ordóñez Maldonado.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 12 de
abril de 2011, número único de radicado 11001-03-15-000-2010-01325-00 (PI),
consejero ponente Enrique Gil Botero y 2 de julio de 2013, número único de radicado
11001-03-15-000-2012-00-00322-00(PI), consejero ponente María Elizabeth García
Gonzalez. Ver también, en el mismo sentido, Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, sentencias de 6 de junio de 2017, número único de radicado
11001-03-15-000-2016-02279-00(PI) consejero ponente Jaime Orlando Santofimio
Gamboa y de 1o. de febrero de 2018 número único de radicado 66001-23-33-000-2017-
00089-01(PI), consejero ponente Oswaldo Giraldo López.
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A su vez, esta Sección ha acogido y reiterado, en múltiples
oportunidades, lo dicho en concepto de 28 de abril de la Sala de
Consulta y Servicio Civil sobre la noción, finalidad, fundamento y
características que debe reunir el conflicto de interés, en el cual se
plasmaron las siguientes consideraciones16:
[…] 2. El conflicto de intereses. Es una institución de
transparencia democrática que por su alcance y fundamento
debe analizarse en forma concreta.
2.1. Noción. En términos generales es aquella cualidad de
concurrencia antagónica entre el interés particular y el interés
público que afecta la decisión a tomar y obliga a declararse
impedido a quien deba tomarla.
2.2. Finalidad. El instituto del conflicto de intereses trata de
impedir que prevalezca el interés privado del congresista [en
este caso entiéndase concejal] sobre los intereses públicos, el
cual, prevalido de su influencia, podría obtener provechos
indebidos para sí o para terceros, es decir, evitar
favorecer intereses que no sean los relativos al bien común o
que la imparcialidad de sus decisiones se comprometa y
distorsione por motivos personales o particulares. Se trata así
de un asunto inherente al fuero interno del congresista, a un
aspecto esencialmente subjetivo, el que de existir y no ser
manifestado conforme al reglamento, da lugar a la
recusación.
2.3. Fundamento. De allí que el fundamento del
impedimento radica en que: a) el conflicto de interés afecta la
transparencia de la decisión -para el caso, la motivación del
voto-. En efecto, en toda decisión siempre debe haber, en
forma inequívoca, un solo interés: el interés general de la ley.
Por tanto, en caso de conflicto se mezclan el interés privado y
el público, con lo cual queda en duda cuál fue el interés
dominante. b) En que el impedimento evita que la decisión
sea determinada por el interés particular en detrimento del
interés público.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 18 de marzo de 2021, número único de radicación
85001233300020200001602, consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
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2.4 Necesidad de análisis en cada caso particular: La
Sala estima conveniente advertir que el tema, de por sí
complejo, requiere para su tratamiento del análisis de cada
caso concreto, pues la conducta humana admite de manera
necesaria matices y, por tanto, el instituto del conflicto de
intereses, al ser del resorte del fuero interno, debe ser
valorado con especial cuidado para no vulnerar los derechos
del congresista o hacer inanes los alcances de la ley.
3. Requisitos para la configuración del conflicto de
intereses en el caso de los congresistas. Como quiera que
dicho conflicto se configura por la concurrencia de interés
privado e interés público, se hace indispensable tener en
cuenta, entre otros, los siguientes requisitos:
3.1 Interés privado concurrente. De acuerdo con lo
expuesto, resulta indubitable que este interés debe aparecer
en tal forma que comprometa objetivamente la intangibilidad
del interés general perseguido, para lo cual la Sala estima
necesario hacer las siguientes precisiones:
a) Existencia: Se configura el interés privado cuando hay
“exigencia para la satisfacción de necesidades humanas” -
Messineo, Tomo II, p. 10 -, lo cual acontece cuando surgen v.
gr.: ventajas o provechos representados en derechos
subjetivos, o en ventajas de tipo reparativo positivo (como
indemnización por daños o detrimento de derechos) o
negativo (reparación de gastos), o de tipo enriquecedor
(como ganancias, utilidades, provechos, derechos, etc.), o
cuando se refieren a la simple exoneración de desventajas
(exoneración de obligaciones, cargas, etc.).
b) Juridicidad: Se da cuando el interés privado, protegible
de ordinario, pero con la aptitud de afectar la transparencia,
debido a que siendo actual y estando amparado por la ley
puede perturbar el ánimo del interesado a actuar en su propio
favor. Para ello debe tenerse en cuenta que el interés: 1) Es
actual, cuando se ha adquirido y puede afectarse. De allí que
por ausencia de éste (sic) requisito quede excluido el interés
futuro. 2) Es jurídico, porque se encuentra amparado por la
ley. Por tanto es inaceptable interés originado en el roce
meramente social (v. gr. el de comunicación o trato) para
generar conflicto de interés. y, 3) Es afectable, cuando puede
extinguirse o modificarse el que se tiene. En cambio, no se da
cuando el interés es inalienable (v. gr. La vida).
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c) Privado: Se da cuando el interés es de naturaleza
particular de manera inequívoca y, por lo mismo, se descarta
cuando se actúa movido por el interés público o general -
regulación abstracta en general-. El interés puede ser
individual o colectivo, referido en el primer caso, por ej., a la
propiedad particular y, en el segundo, al interés común de los
propietarios en una urbanización.
d) Titularidad: El interés debe radicar en el congresista [en
este caso entiéndase concejal] o en su cónyuge, compañero
(a), pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad, en el caso bajo estudio.
3.2 El interés público concurrente en la decisión
pertinente. Para que este interés público concurrente pueda
verse menoscabado, también se hace indispensable tener en
cuenta aquellos aspectos que puedan afectar que sea el único
determinante de la decisión; lo cual implica que en la misma
persona que tiene un interés privado, también concurran
estos requisitos:
a) Calidad de congresista.
b) Intervención en las deliberaciones y votaciones.
c) Proyecto de decisión de interés público.
d) Afectación particular, consistente en que el proyecto a
votar pueda afectar el interés directo del congresista, arriba
mencionado.
3.3 Conflicto de interés. De la concurrencia objetiva de los
dos intereses mencionados puede desprenderse
inequívocamente la existencia de un conflicto de interés como
causal de impedimento o recusación. En tanto que este
fenómeno no se estructuraría, de una parte, cuando no
concurra alguno de los requisitos mencionados para los
referidos intereses, y, de otro, cuando simplemente se trata
de mera apreciación subjetiva de conflicto sin sustento en
elementos objetivos [...]”17.
A partir de estos precisos elementos de juicio, la Sección18 ha
determinado que con dicha causal se procura castigar la posibilidad
17 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 28 de abril de 2004,
radicación núm. 1572, consejero ponente Flavio Augusto Arce Rodríguez.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias
de 30 de mayo de 2019, número único de radicado 05001-23-31-000-2017-02538-01(PI),
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de que los concejales pretendan, con determinadas decisiones,
lucrarse u obtener beneficios, ventajas o privilegios personales, en
detrimento de la comunidad, desconociendo precisamente el interés
general que debe guiar el ejercicio de sus funciones; esto es,
cuando el accionado tiene interés directo en el asunto que se
encuentra conociendo porque le afecta en forma personal, o a su
cónyuge o compañero o compañera permanente, o de alguno de
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad o primero civil, o de su socio o socios de derecho o de
hecho, ya sea de orden moral o económico.
El asunto puesto en conocimiento del corporado le plantea un
enfrentamiento entre su interés personal y el interés general o bien
común que, se reitera, debe guiar el ejercicio de sus funciones, lo
que obliga a que aquél a manifestar su impedimento para efectos
de que sea resuelto, so pena de incurrir en la referida causal de
desinvestidura.
La causal de violación al régimen de conflicto de intereses en
cabeza de un concejal, supone la omisión en que se incurre cuando,
en un asunto sometido a su intervención, no advierte ante el resto
consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés y de 28 de noviembre de 2013,
número único de radicado 50001-23-33-000-2013-00027-02(PI), consejera ponente María
Elizabeth García González.
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del órgano político-administrativo al cual pertenece, la connivencia
entre sus intereses particulares, –ya sean de orden moral y/o
económico-, y los ineludibles intereses públicos que per se está
obligado a proteger en desarrollo de sus funciones públicas
corporativas, en tanto que de dicha concurrencia de intereses
resulta afectado de alguna manera u obtiene un provecho privado.
Siendo consecuente con los antecedentes jurisprudenciales
referenciados y reiterados, la Sala hace hincapié en los
presupuestos cuya presencia debe quedar demostrada de forma
suficiente y concurrente dentro del proceso, en orden a verificar la
configuración de la causal de conflicto de intereses en concejales:
a) Que el accionado haya adelantado la actuación imputada en
ejercicio de su respectiva investidura;
b) Que exista un interés directo, particular y actual del concejal, o
de su cónyuge o compañero o compañera permanente, o de alguno
de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad o primero civil, o de su socio o socios de
derecho o de hecho, de orden moral o económico, en la
deliberación o decisión de un tema específico a cargo de la
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respectiva corporación pública, es decir un asunto de conocimiento
funcional del corporado, cualquiera sea su naturaleza, lo que no
circunscribe la causal, únicamente, a las cuestiones político-
administrativas, sino a toda materia que sea competencia del
órgano; y,
c) Que, a pesar de ello, dicho concejal conforme el quórum o
intervenga en el debate del referido asunto, o lo vote o participe
efectivamente del trámite, sin haber manifestado el impedimento
para actuar o sin haber sido recusado para los efectos19.
El presupuesto “a)”, común a las causales de pérdida de
investidura, exige para este escenario la calidad cualificada del
sujeto activo que incurrió en un conflicto de intereses mediante el
ejercicio irregular de su investidura, esto es que debe acreditarse
su condición de concejal.
El presupuesto “b)” encierra tres componentes principales que
deben destacarse: el interés directo, particular y actual del
accionado, o de su cónyuge o compañero o compañera
permanente, o de alguno de sus parientes dentro del cuarto grado
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de
febrero de 2015, número único de radicado 11001-03-15-000-2012-01139-00(PI),
consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso.
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de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o de su
socio o socios de derecho o de hecho; su esencia moral y/o
económica; y los asuntos o temas que son puestos a consideración
e intervención del miembro de la corporación.
El primer componente consiste en la presencia de una inclinación
real del corporado hacia un tema, objeto o aspecto cualquiera
sometido a su estudio, decisión, debate, votación, censura o
participación en desarrollo de sus funciones como tal, con el ánimo
de materializar un provecho, utilidad, ventaja o conveniencia
propia, o de su cónyuge, familiares o socios, que se aleja en todo
caso de la intención inicial de obtener el bien general20 y afecta la
transparencia y objetividad de dicha actuación.
La Sala Plena21 se ha pronunciado afirmando que el interés debe
ser entendido como “[…] una razón subjetiva que torna al
20
Con relación al bien general, en la sentencia de 23 de marzo de 2010, proceso con núm.
único de radicación 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI), consejero ponente Hugo
Fernando Bastidas, la Sala Plena indicó: “[…] No hay que olvidar que el artículo 133 de la
Constitución dice que los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa
representan al pueblo y que deberán actuar consultando la justicia y el bien común. De
modo que el día en que colisionan los intereses privados del congresista con el interés
público inmerso en el debate, en la decisión o en el voto habría un caso de conflicto de
intereses, conflicto que pretenden resolver las figuras del impedimento o de la recusación.
En efecto, de prosperar el impedimento o la recusación, el congresista queda separado de
la función para el caso específico, con lo cual el ordenamiento pretende que el interés
privado o particular del congresista no subordine al interés público […]”.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 27 de
julio de 2010, número único de radicado 11001-03-15-000-2009-01219-00(PI), consejero
ponente Mauricio Fajardo Gómez y cit. de 24 de febrero de 2015, número único de
radicado 11001-03-15-000-2012-01139-00(PI), consejera ponente doctora María Claudia
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funcionario y que lo inhabilita para aproximarse al proceso de toma
de decisiones con la ecuanimidad, la ponderación y el desinterés
que la norma moral y la norma legal exigen […]” 22 y como “[…] el
provecho, conveniencia o utilidad que, atendidas sus circunstancias,
derivarían el congresista o los suyos de la decisión que pudiera
tomarse en el asunto […]”23.
La Corporación ha enfatizado, al respecto, en lo siguiente:
“[…] 3.1 Interés privado concurrente. De acuerdo con lo
expuesto, resulta indubitable que este interés debe aparecer
en tal forma que comprometa objetivamente la intangibilidad
del interés general perseguido, para lo cual la Sala estima
necesario hacer las siguientes precisiones:
a) Existencia: Se configura el interés privado cuando hay
“exigencia para la satisfacción de necesidades humanas” -
Messineo, Tomo II, p. 10 -, lo cual acontece cuando surgen v.
gr.: ventajas o provechos representados en derechos
subjetivos, o en ventajas de tipo reparativo positivo (como
indemnización por daños o detrimento de derechos) o
negativo (reparación de gastos), o de tipo enriquecedor
(como ganancias, utilidades, provechos, derechos, etc.), o
cuando se refieren a la simple exoneración de desventajas
(exoneración de obligaciones, cargas, etc.).
b) Juridicidad: Se da cuando el interés privado, protegible de
ordinario, pero con la aptitud de afectar la transparencia,
debido a que siendo actual y estando amparado por la ley
puede perturbar el ánimo del interesado a actuar en su propio
favor. Para ello debe tenerse en cuenta que el interés: 1) Es
actual, cuando se ha adquirido y puede afectarse. De allí que
por ausencia de este requisito quede excluido el interés
futuro. 2) Es jurídico, porque se encuentra amparado por la
ley. Por tanto, es inaceptable interés originado en el roce
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 19 de
marzo de 1996, Expediente núm. AC-3300, consejero ponente Joaquín Barreto Ruiz.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de
octubre de 2000, Expediente núm. AC-1116, consejero ponente Mario Alario Méndez.
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meramente social (v. gr. el de comunicación o trato) para
generar conflicto de interés. y, 3) Es afectable, cuando puede
extinguirse o modificarse el que se tiene. En cambio, no se da
cuando el interés es inalienable (v. gr. La vida).
c) Privado: Se da cuando el interés es de naturaleza particular
de manera inequívoca y, por lo mismo, se descarta cuando se
actúa movido por el interés público o general -regulación
abstracta en general-. El interés puede ser individual o
colectivo, referido en el primer caso, por ej., a la propiedad
particular y, en el segundo, al interés común de los
propietarios en una urbanización.
d) Titularidad: El interés debe radicar en el congresista o en
su cónyuge, compañero (a), pariente hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, en el caso bajo estudio
[…]”24.
El segundo componente atañe a la naturaleza económica o moral
del interés que procura reprimir esta causal, ante los cuales la Sala
Plena ha explicado los siguientes criterios que la Sección prohíja:
“[…] El conflicto de intereses de índole económico tiene
un perfil mucho más claro habida cuenta de que los
artículos 287 y 288 de la Ley 5ª de 1992 prescriben el
deber de registrar los intereses privados y la
participación accionaria que tenga el respectivo
congresista, todo para que haya transparencia respecto
de la vida económica del congresista frente al interés
público que se debate en el Congreso y de cara al pueblo.
No hay que olvidar que el artículo 133 de la Constitución dice
que los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa
representan al pueblo y que deberán actuar consultando la
justicia y el bien común. De modo que el día en que colisionan
los intereses privados del congresista con el interés público
24 Consejo de Estado, Sala de Servicio y Consulta Civil, Concepto de 28 de abril de 2004,
consejero ponente Flavio Augusto Arce Rodríguez, Expediente núm. 1572; acogido y
reiterado en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 24
de agosto de 2006, Expediente núm. 2006-0003, consejero ponente Camilo Arciniegas
Andrade y de 22 de marzo de 2013, Expediente núm. 2012-00054, consejera ponente
doctora María Claudia Rojas Lasso.
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inmerso en el debate, en la decisión o en el voto habría un caso
de conflicto de intereses, conflicto que pretenden resolver las
figuras del impedimento o de la recusación. En efecto, de
prosperar el impedimento o la recusación, el congresista queda
separado de la función para el caso específico, con lo cual el
ordenamiento pretende que el interés privado o particular del
congresista no subordine al interés público.
El conflicto de intereses de índole moral, en cambio, no
aparece nítidamente definido ni tiene un perfil claro en
las normas constitucionales y legales, como sí ocurre con
el conflicto de intereses de índole económico, lo que no
significa que no exista o que no pueda presentarse. Es
más, no se descarta que una determinada situación
fáctica derive simultáneamente tanto en un conflicto
económico como en un conflicto de tipo moral. Por un
lado, es totalmente admisible que el congresista, como
cualquier ciudadano, ejerza o haya ejercido derechos
fundamentales y de ahí que tenga intereses privados que deba
cuidar. Por otro lado, la Constitución le ordena que como
congresista vote en pos del bien común y la justicia, vale decir,
en pos del interés general. En esa dinámica es factible el
enfrentamiento de intereses que debe evitarse, tal como se
explicó. Como no resulta conforme con los paradigmas de la
ética pública que en un momento dado se superpongan esos
intereses, la Constitución castiga el hecho de que el congresista
omita denunciar la existencia del conflicto de intereses, cuestión
que queda en evidencia cuando justamente el congresista vota,
participa en un debate o en una decisión trascendental estando
de por medio intereses personales de tipo económico o moral
francamente incompatibles con el interés público relacionado
con esa votación, ese debate o esa decisión […]”25 (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
El tercer componente alude a los asuntos o temas que son
sometidos a consideración e intervención del concejal que, lejos de
25 Cit. sentencia del 23 marzo de 2010 –Rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI).
consejero ponente Doctor Hugo Fernando Bastidas. Ver también sentencias AC-1499 de
26 de julio de 1994, consejero ponente Doctor Delio Gómez Leyva; AC-3300 de 19 de
marzo de 1996, consejero ponente Doctor Joaquín Barreto Ruiz; AC-3302 de 5 de marzo
de 1996, consejero ponente Doctor Amado Gutiérrez Velásquez; AC-12262 de 26 de
febrero de 2001, consejero ponente Doctor Jesús María Carrillo Ballesteros; de 14 de
mayo de 2002, Expediente núm. 2001-0211 (PI-031), consejero ponente Doctor Nicolás
Pájaro Peñaranda; y de 20 de noviembre de 2007, Expediente núm. 2007-00286 (PI),
consejero ponente Doctor Alejandro Ordóñez Maldonado.
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circunscribirse de forma exclusiva a los legislativos, también cobija
los electorales, judiciales, de control político, administrativos a su
cargo o, en general, que correspondan a decisiones
trascendentales, en cuanto hacen parte de las distintas facetas en
las que aquél termina interfiriendo, inevitablemente, por mandato
constitucional y legal. Por tanto, el impedimento para intervenir,
siempre que lo afecten, no solo se concreta en el ejercicio de las
funciones puramente político-administrativas de la corporación
pública sino cuando también se trate de las otras funciones de ese
órgano como son las de control político, judiciales y electorales,
entre otras.
Por otra parte, el presupuesto “c” exige que, además de haberse
verificado la existencia del interés particular en cabeza del miembro
involucrado en el respectivo trámite, este participe efectivamente
del mismo, sin que hubiese manifestado su impedimento para
actuar o sin haber sido recusado para conseguir apartarlo del tema.
La participación efectiva en el trámite se materializa con el estudio,
decisión, debate, votación, censura y/o intervención en los asuntos
funcionales; en principio, el corporado está en la obligación de
manifestar el impedimento cuando advierta la existencia del
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eventual conflicto de intereses, de tal modo que le permita al resto
de sus compañeros definir o decidir el impedimento. No se trata,
como es obvio, de una decisión puramente discrecional habida
cuenta que, de todas las circunstancias de hecho que pudieran
configurar un interés privado de índole económico o moral, surge la
obligación de manifestar el consecuente impedimento26; guardar
silencio al respecto no impide la activación de la causal.
V.2.1.- Con relación a los artículos 182 y 183, numeral 1, de la
Constitución Política, así como las citadas normas de la Ley 734,
invocados en la solicitud, la Sala reitera que no son disposiciones
aplicables al proceso de pérdida de investidura de concejales, por
cuanto las primeras regulan, exclusivamente, el de congresistas de
la República y, por su parte, las segundas, atienden al régimen
disciplinario de los servidores públicos, esto es un estatuto que
prevé faltas disciplinarias cuya inobservancia no acarrea la
desinvestidura de los corporados en los insistentes términos de la
jurisprudencia de la Sección.
V.3.- Del criterio desarrollado por esta Sección acerca de la
configuración de conflicto de intereses cuando confluyen la
26Cit. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23
marzo de 2010, número único de radicado 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI),
consejero ponente Hugo Fernando Bastidas.
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elección de contralor territorial y los procesos de
responsabilidad fiscal
En cuanto al conflicto de intereses que se genera a partir de la
coexistencia de los intereses públicos que representa el corporado
en ejercicio de sus funciones constitucionales, legales y
reglamentarias, con los intereses que se derivan de procesos de
responsabilidad fiscal surtidos en su contra o de sus parejas,
parientes o socios, la jurisprudencia de la Sección ha determinado
lo siguiente:
“[...] En igual sentido, esta Sección ha proferido importantes
decisiones que analizan la configuración del conflicto de
interés cuando se trata de participar en la elección de un
contralor, a pesar de que para dicha fecha existe un
proceso de responsabilidad fiscal que puede
comprometer la imparcialidad y objetividad en dicho
trámite.
En tal sentido, cabe destacar que esta Sección, en sentencia
de 27 de enero de 200527, analizó el problema jurídico
consistente en establecer si el diputado del departamento del
Tolima, Yesid Guerrero Reyes, incurrió en la causal de pérdida
de investidura prevista en el numeral 1° del artículo 48 de la
Ley 617 de 2000, ya que para la fecha en que se efectuó la
elección del contralor departamental se encontraba vinculado
a un proceso de responsabilidad fiscal en su contra, al punto
que el cese de dicho proceso se produjo un poco más de dos
(3) meses después de aquella elección.
27Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 27 de enero de 2005, número único de radicación 44001233100020040068401,
consejero ponente Rafael Ostau de Lafont Pianeta.
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Esta Sección señaló que de la lectura del numeral 1° del
artículo 48 de la Ley 617 de 2000, se desprende que el
interés que puede generar conflicto con el asunto de que se
trate debe ser directo, esto es, que el efecto que la decisión
pueda tener en los servidores públicos de elección popular sea
inmediato, sin consideración a circunstancias o elementos
externos a la decisión; que se produzca de forma especial
respecto de ellas, de su cónyuge o de un pariente suyo; que
sea particular y concreto, sea en su beneficio o en su
perjuicio, y que además no se manifieste el impedimento por
esa situación personal o familiar en el trámite del asunto.
En esa línea de ideas, en la providencia se aludió lo siguiente:
[…] 3.1. Se encuentran igualmente demostrado en el
proceso:
• Que como diputado intervino en la elección del
Contralor de ese departamento el 8 de enero de 2004,
según el acta de la respectiva sesión (folio 10 a 17), en
la cual se observa que respaldo de manera expresa el
nombre de quien resultó electo28, quien lo fue por
unanimidad, lo que permite deducir que igualmente votó
a favor de éste;
• Que por auto 090 de 29 de diciembre de 1998, de
cierre de diligencias preliminares y apertura de
investigación fiscal, la División de Investigaciones
Fiscales de la Contraloría Departamental del Tolima,
vinculó a dicha investigación, entre otros, al señor YESID
GUERRERO REYES en calidad de alcalde en ese entonces
del municipio de Río Blanco (folios 40 y 41), y
• Que por auto No. 020 de 23 de marzo de 2004 la
Dirección Técnica de Responsabilidad, del mismo ente de
control, dispuso la cesación del respectivo proceso de
responsabilidad fiscal y ordenó el archivo de esas
diligencias, por encontrar prescrita la correspondiente
acción a solicitud de varios de los otros vinculados al
proceso. Dicho auto le fue notificado al encausado el 5
de abril de 2004 (folios 42 a 50).
3.2.- De lo anterior se deduce que a la fecha de la
mencionada elección de Contralor, el demandado se
28 A ese efecto dijo el diputado Yesid Guerrero Reyes: “...en la contraloría sabemos que va
a quedar un hombre con mucha sabiduría que será suficiente garantía para los Tolimenses
y será suficiente garantía para la comunidad el tener la figura de MARIANO RODRÍGUEZ
en la Contraloría del Departamento del Tolima” (folio 13).
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encontraba vinculado a un proceso de acción de
responsabilidad fiscal adelantado por la Contraría
Departamental, pues el cese del mismo se produjo un
poco más de 2 meses después de aquella elección.
La jurisprudencia de esta Sala tiene dicho que de
esa disposición se desprende que el interés que
puede generar conflicto con el asunto de que se
trate debe ser directo, es decir que el efecto que la
decisión pueda tener en las personas que como
servidores públicos intervienen en ella sea
inmediato, sin consideración a circunstancias o
elementos externos a la decisión; que se produzca
de forma especial respecto de ellas, de su cónyuge
o de un pariente suyo, es decir, particular y
concreta, sea en su beneficio o en su perjuicio; y
que además no se manifieste el impedimento por
esa situación personal o familiar en el trámite del
asunto, y así lo ha consignado reiterada y
ampliamente la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativa de esta Corporación cuando se ha
ocupado del asunto con ocasión de procesos de
pérdida de la investidura de los congresistas.
Asimismo, se ha señalado que el aspecto deontológico de
esa figura radica en que es deber de los referidos
servidores públicos poner de manifiesto ante la
corporación respectiva, las circunstancias que por
razones económicas o morales y a sabiendas de las
mismas pueden afectar su objetividad, imparcialidad o
independencia frente al asunto oficial o institucional que
le compete decidir. De suerte que la causal no se
configura por el sólo hecho de encontrarse en una
situación personal o familiar que puede ser directa
y específicamente afectada por la respectiva
decisión, sino por no manifestarla, a sabiendas de
encontrarse en la situación de que se trate, como
impedimento para tomar parte en aquélla.
3.4. En el caso del sub lite, es claro que la situación
personal en que se encontraba el demandado le
implicaba un interés específico o directo en la
medida en que se trataba de designar nada más y
nada menos que el titular y máxima autoridad del
organismo de control que lo estaba investigando y
que por ende podía tomar una decisión en perjuicio
o beneficio suyo; decisión que en últimas iba a
depender del funcionario que se iba a elegir en ese
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entonces, luego sí se daba un conflicto de
intereses respecto del encartado y era su deber
haberlo manifestado a la membresía de la
Corporación, y al haber omitido hacerlo mediante
la manifestación de impedimento que la norma le
imponía resulta estructurada la causal bajo
examen, sin que al efecto tenga relevancia el hecho de
que, según ahora se ha planteado, había tenido
ocurrencia el fenómeno de caducidad de la acción o
prescripción de la responsabilidad fiscal señaladas en el
artículo 9 de la Ley 610 de 2000, pues el examen de
esas situaciones y lo que cabía proveer era parte
justamente del conocimiento del proceso que le
correspondía al órgano de control.
Declarar o no la ocurrencia de uno u otro
fenómeno era de competencia de dicho órgano,
que le implicaba, como en efecto lo hizo a petición
de parte interesada, examinar la situación procesal
y valorarla jurídicamente, toda vez que no es cierto
que operen de jure, es decir, de plano o
automáticamente, ya que requieren ser declaradas,
habida cuenta que se encuentran sujetas a
supuestos distintos del sólo transcurso del tiempo
que debe verificar el juzgador; y la decisión que se
tomara en uno u otro sentido lo beneficiaba o lo
perjudicaba, es decir, que la mera circunstancia de
que pudiera declararse o no una u otra figura era
de su interés personal, directo, específico, y ella
iba a depender de un órgano que estaría bajo la
dirección suprema del funcionario que en ese
momento elegirían. La eventual prescripción en el
momento de la elección era un evento futuro que iba a
depender del juicio o valoración que de la situación
procesal hiciera dicho organismo, por ende, quien
resultara electo iba a poder incidir en las resultas de esa
valoración.
De modo que el encausado faltó a la ética y
transparencia con que debía actuar en el asunto,
pues a sabiendas de su situación no la informó a la
asamblea, la cual era la que debía determinar si
por la circunstancia que ahora alega, o por
cualquiera otra, estaba o no impedido frente al
respectivo punto del orden del día, como sí lo hizo
uno de sus colegas, el entonces Presidente de la duma,
quien estando en su misma situación de procesado
fiscalmente por el referido ente departamental, así lo
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manifestó y se abstuvo de tomar parte en el asunto,
según consta en el acta de la sesión (folio 14, párrafo
tercero)29 […].
En consecuencia, en armonía con las apreciaciones del
Procurador Primero Delegado ante la Corporación, la
Sala encuentra fundadas las razones del recurso de
apelación interpuesto por la actora, es decir, que el
demandado, en calidad de diputado del
departamento del Tolima, sí incurrió en causal de
pérdida de investidura por conflicto de intereses y
que por ello se debe decretar dicha medida, para lo
cual es menester revocar la sentencia apelada, como en
efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia
[…]. (Las negritas no son originales).
Los criterios contenidos en los apartes transcritos de la
providencia fueron reiterados en sentencias de 22 de marzo
de 201330, de 28 de noviembre del mismo año31 y de 31 de
julio de 201432, en el entendido de que constituye un
deber para el servidor público declararse impedido para
intervenir en la elección del titular y máxima autoridad
del organismo de control y que, por ende, podría llegar
a tomar una decisión en perjuicio o beneficio, a
sabiendas de que su participación en dicha elección
podría comprometer su objetividad o independencia
frente al asunto oficial o institucional a decidir.
Así, en primer lugar, en sentencia de 22 de marzo de 2013,
esta Sección se ocupó de analizar el problema jurídico
consistente en establecer si el diputado acusado incurrió en la
causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 48 de
la Ley 617 de 2000, por haber participado en la elección del
Contralor Departamental del Caquetá que tuvo lugar en la
sesión del 3 de enero de 2012, sin declararse impedido por la
investigación que en su contra cursaba para esa fecha en el
órgano que dicho funcionario entraría a dirigir.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Rafael
E. Ostau de Lafont Pianeta. Sentencia de 27 de enero de 2005. Radicación: 44001-23-31-
000-2004-00684-01. Actor: Luz Helena Gómez Leyva.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 22 de marzo de 2013, número único de radicación 18001-23-31-000-2012-00054-
01(PI), consejera ponente María Claudia Rojas Lasso.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 28 de noviembre de 2013, número único de radicación 2013-00027-02(PI), consejera
ponente María Elizabeth García González.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 31 de julio de 2014, número único de radicación 2013-00282-01, consejera ponente
María Elizabeth García González.
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Solicitante: SIMÓN ARANGO NOREÑA
En esta oportunidad, la regla jurídica que se reiteró
consistió en señalar que el accionado sí incurrió en la
causal de pérdida de investidura por haber violado el
régimen de conflicto de intereses, pues para la fecha en
que resultó elegido el contralor departamental (3 de
enero de 2012) se encontraba en trámite un proceso de
responsabilidad en su contra, al punto que ese mismo
día fue notificado del acto administrativo que ordenó su
archivo y, además, contra esa decisión procedía el
grado de consulta, el cual fue decidido por el Contralor
Departamental. De esta manera, en la mencionada
sentencia se señaló:
[…] Las pruebas allegadas al proceso demuestran que
para el 3 de enero de 2012, fecha en la cual resultó
elegido el señor Gustavo Espinosa Ferla como
Contralor Departamental del Caquetá, el proceso de
responsabilidad fiscal No. 788 se encontraba en
trámite, toda vez que ese mismo día se notificó por
estado el Auto No. 059, mediante el cual se ordenó
el archivo de dicho proceso y, además, frente a esa
decisión procedía el grado de consulta que fue
decidido por el Contralor Departamental mediante
Resolución 024 de 10 de febrero de 2012 (folio
226).
De conformidad con el artículo 56 de la Ley 610 de 2000,
el Auto No. 059 de 30 de diciembre de 2011, por medio
del cual se ordenó el archivo del proceso de
responsabilidad fiscal No. 788, quedaría ejecutoriado
cuando los recursos fueran decididos y, en el caso
presente, la decisión quedó en firme con la Resolución
024 de 10 de febrero de 2012, por la cual el Contralor
Departamental confirmó el auto de archivo del proceso
de responsabilidad fiscal aludido.
El tenor del artículo 56 de la Ley 610 de 2000 es el
siguiente:
“ARTÍCULO 56. EJECUTORIEDAD DE LAS
PROVIDENCIAS. Las providencias quedarán
ejecutoriadas:
1. Cuando contra ellas no proceda ningún recurso.
2. Cinco (5) días hábiles después de la última
notificación, cuando no se interpongan recursos o se
renuncie expresamente a ellos.
3. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido.”
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Solicitante: SIMÓN ARANGO NOREÑA
En efecto, el diputado demandado no se declaró
impedido y participó en la votación y elección del
Contralor Departamental del Caquetá, cuando el
proceso de responsabilidad fiscal No. 788 aún se
encontraba en trámite.
Para la Sala, el hecho de que el Diputado hubiera pagado
la suma correspondiente al perjuicio endilgado en el
proceso de responsabilidad fiscal, no es razón suficiente
para exonerarlo de responsabilidad frente a la ocurrencia
del conflicto de intereses, pues la situación personal en
la que se encontraba el demandado, suponía un interés
específico o directo en la medida en que se trataba de un
proceso de responsabilidad fiscal que se encontraba en
trámite en el momento en que se eligió al Contralor
Departamental, quien sería el encargado de decidir la
consulta en el referido proceso como en efecto ocurrió.
Si bien es cierto que elegir al Contralor
Departamental constituye un deber constitucional
y legal de los Diputados, de conformidad con los
artículos 272 de la Constitución Política y 4º de la
Ley 330 de 1996, también es cierto que para ese
momento existía una situación frente a la cual el
demandado tenía un interés específico y directo,
como lo era el proceso de responsabilidad fiscal
No. 788 en su contra, lo cual conllevaba a que el
Diputado MATIZ HERRERA debió declararse
impedido y abstenerse de participar en la elección
del Contralor Departamental; y al no haberlo
hecho, se situó en el supuesto fáctico del numeral
1º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000.
Fuerza es, entonces concluir que el Diputado NELSON
RICARDO MATIZ HERRERA incurrió en la causal de
pérdida de investidura, al infringir el régimen de
conflicto de intereses previsto en el artículo 48, numeral
1º, de la Ley 617 de 2000, lo que exime a la Sala de
pronunciarse respecto de los restantes cargos, ante la
prosperidad de la solicitud». (Destacado de la Sala).
La anterior regla jurídica también fue plasmada en sentencia
de 28 de noviembre de 2013, en el sentido de señalar que el
diputado incurrió en la causal de pérdida de investidura pues
para la fecha en que se efectuó la elección del contralor
departamental del Meta (15 de enero de 2004) se
encontraba en trámite el proceso de responsabilidad
fiscal (se había proferido auto de apertura del proceso),
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Solicitante: SIMÓN ARANGO NOREÑA
razón por la cual dicho servidor público de elección popular
debió declararse impedido y abstenerse de participar en la
votación del contralor departamental del ente territorial. En
esa sentencia se indicó lo siguiente:
“[…] Como quiera que se trata de un asunto similar,
dada la identidad de la causal y el punto de derecho
discutido, la Sala prohíja en esta oportunidad las
consideraciones indicadas en la referida sentencia, pues
de los documentos obrantes en el expediente, se extrae
que el demandado en la sesión de la DUMA
celebrada el 15 de enero de 2004, en la que se
llevó a cabo la elección del Contralor
Departamental del Meta presidió y votó, a pesar de
que en dicho ente de control Fiscal se tramitaba en
su contra un proceso de responsabilidad fiscal, lo
cual era de su conocimiento.
En efecto, el 9 de octubre de 2000, la Dirección de
Control Fiscal de la Contraloría Departamental del Meta
dictó auto de indagación preliminar contra el demandado
y otras personas, por presuntas irregularidades
relacionadas con denuncias sobre pagos de
supernumerarios y asesores externos de la Asamblea
Departamental del Meta, siendo radicada bajo el núm.
09100, en virtud de la cual se escuchó en versión libre y
espontánea al señor FÉLIX MARIO DÍAZ HERRERA el
7 de noviembre de ese año, conforme consta a folios 129
y 148 del anexo núm. 1.
Consta también en el anexo núm. 1 que el 30 de
noviembre de 2001 se profirió auto de apertura de
proceso de responsabilidad fiscal (folio 324 y 324);
el 7 de julio de 2006, de dictó auto de imputación
de responsabilidad fiscal núm. 007-06, por
detrimento de fondos públicos de la Asamblea
Departamental del Meta, en la suma de
$78’500.400.oo, entre otros, contra el demandado
(folios 611 a 656); el 7 de octubre de ese año se
profirió fallo declarando fiscalmente responsable al señor
FÉLIX MARIO DÍAZ HERRERA y otros (folios 852 a
902); contra dicha decisión el demandado y otros
interpusieron recurso de reposición y en subsidio
apelación, siendo resuelto el primero de manera
confirmatoria el 16 de noviembre del citado año (folios
978 a 990); y el segundo mediante fallo de 5 de enero
de 2007, a través del cual el Contralor Departamental
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del Meta declaró la prescripción de la acción fiscal y
ordenó el archivo del proceso de responsabilidad fiscal.
Conforme lo sostuvo la Sala en la sentencia transcrita, si
bien es cierto que elegir al Contralor Departamental
constituye un deber constitucional y legal de los
Diputados, de conformidad con los artículos 272 de la
Constitución Política y 4º de la Ley 330 de 1996, también
lo es que para ese momento existía una situación frente
a la cual el demandado tenía un interés específico y
directo, como lo era el proceso de responsabilidad fiscal
núm. 09100 que se tramitaba en su contra (y otros), por
lo que en su condición de Diputado de la Asamblea
Departamental del Meta ha debido declararse
impedido y abstenerse de participar en la elección
del Contralor de ese ente territorial. Al no haberlo
hecho, con dicha conducta quedó incurso en la causal de
pérdida de investidura que se le endilga, esto es, la
violación del régimen de conflicto de intereses prevista
en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000
(Destacado de la Sala).
Finalmente, el problema jurídico analizado en sentencia de 31
de julio de 2014 tuvo por objeto establecer si el diputado
acusado incurrió en la casual de pérdida de investidura por
haber violado el conflicto de intereses, al haber participado en
la votación del contralor departamental, a pesar de que para
esa fecha (3 de enero de 2012) se encontraba en trámite un
proceso de responsabilidad fiscal (estaba pendiente de
resolver el grado de consulta), y en ella se plasmaron los
siguientes argumentos:
[…] la Sala prohíja en esta oportunidad las
consideraciones indicadas en la referida sentencia, pues
de los documentos obrantes en el expediente, se extrae
que el demandado en la sesión de la DUMA celebrada el
3 de enero de 2012, en la que se llevó a cabo la
elección del Contralor Departamental del Caquetá
presidió y votó, a pesar de que en dicho ente de control
Fiscal estaba aún en trámite un proceso de
responsabilidad fiscal adelantado en su contra, lo cual
era de su conocimiento, y no obstante no se declaró
impedido.
[…]
De lo expuesto, resulta evidente que el fallo sin
responsabilidad fiscal núm. 051 de 20 de diciembre de
2011, dictado dentro del juicio fiscal adelantado en
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contra del aquí demandado por la Contraloría
Departamental del Caquetá para la fecha en que la
DUMA eligió Contralor, 3 de enero de 2012, no estaba en
firme, pues, como quedó visto, estaba pendiente de
resolver el grado de consulta, lo cual tuvo
ocurrencia el 6 de febrero de 2012 y su ejecutoria
el 13 de ese mes y año, lo cual pone de manifiesto
el conflicto de intereses.
Ahora, si bien es cierto, como lo sostuvo la Sala en la
sentencia que ahora se reitera, que elegir al Contralor
Departamental constituye un deber constitucional y legal
de los Diputados, de conformidad con los artículos 272
de la Constitución Política y 4º de la Ley 330 de 1996,
también lo es que, como quedó demostrado, para ese
momento existía una situación frente a la cual el
demandado tenía un interés específico y directo,
como lo era el proceso de responsabilidad fiscal
núm.484 que se tramitaba en su contra (y otros).
Adicionalmente, como se sostuvo en el fallo prohijado, el
hecho de que se hubiera pagado la suma
correspondiente al perjuicio endilgado al Diputado en el
proceso de responsabilidad fiscal, no es razón suficiente
para exonerarlo de responsabilidad frente a la ocurrencia
del conflicto de intereses, pues la situación personal
en la que se encontraba el demandado, suponía un
interés específico o directo en la medida en que se
trataba de un proceso de responsabilidad fiscal
que se encontraba en trámite en el momento en
que se eligió al Contralor Departamental, quien
sería el encargado de decidir la consulta en el referido
proceso como en efecto ocurrió […] (Destacado de la
Sala).
Igualmente, en reciente decisión de 1° de febrero de 201833,
esta Sala reiteró las tesis anteriores en los siguientes
términos:
[…] b) La concurrencia de un interés directo,
particular o inmediato en cabeza del mismo: acorde
con el material probatorio obrante en el plenario este
elemento se cumple por cuanto estaba pendiente de
decisión el proceso de responsabilidad fiscal que
33Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 1 de febrero de 2018, número único de radicación 66001-23-33-000-2017-00089-
01(PI), consejero ponente Oswaldo Giraldo López.
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seguía el Contralor Municipal de Dosquebradas, en
contra del concejal que votó afirmativamente por
su elección.
Lo anterior si se tiene en cuenta que tal como se indicó
en los hechos probados, el proceso inicialmente fue
conocido por el Director Operativo de Responsabilidad
Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría Municipal
de Dosquebradas; sin embargo fue remitido al Contralor
Municipal para que continuara su trámite, según auto
nro. 011A-2016 del 9 de febrero de 2016, por habérsele
concedido a la Directora Operativa un periodo de
vacaciones, y por auto nro. DC 010-2016 del 17 de
marzo de 2016 firmado por el Contralor Fernán Alberto
Cañas se archivaron las diligencias a favor del señor
Jorge Libardo Montoya Álvarez.
c) Su no manifestación de impedimento ni haber
sido separado del conocimiento de la elección del
Contralor Municipal de Dosquebradas por
recusación: Acorde con el acta de sesión ordinaria
nro. 050 del 29 de febrero de 2016 del Concejo
Municipal de Dosquebradas, fue elegido como
Contralor del mismo municipio el señor Fernán
Alberto Cañas López; allí se consignó que la
votación fue nominal y no obra constancia de que
el Concejal Jorge Libardo Montoya Álvarez haya
manifestado su impedimento para votar o sido
recusado.34
d) Conformar el quorum o participado en el debate
o votación del asunto: También se desprende de la
citada acta nro. 050, que el señor Fernán Alberto Cañas
López fue elegido como Contralor Municipal de
Dosquebradas por un total de 14 votos, dentro de los
cuales emitió su voto positivo el Concejal Jorge Libardo
Montoya Álvarez.35
e) Que su participación tenga lugar en un asunto
de conocimiento funcional del concejal: Conforme
con el artículo 272 de la Constitución Política36, dentro de
34 Folios 41 a 65 cuaderno principal.
35 Folios 46 y 47 cuaderno principal.
36 “Artículo 272. La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y
municipios donde haya contralorías, corresponde a éstas y se ejercerá en forma posterior
y selectiva. (…). Inciso modificado por el artículo 23 del Acto Legislativo 2 de 2015. El
nuevo texto es el siguiente:> Los Contralores departamentales, distritales y municipales
serán elegidos por las Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Distritales,
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Solicitante: SIMÓN ARANGO NOREÑA
las funciones a cargo de los Concejos municipales se
encuentra la elección de los contralores municipales.
Así las cosas, aunque es deber de los miembros del
Concejo Municipal participar en la elección del
contralor, ello no obsta para que deba sustraerse
de dicho proceso el concejal que sepa que en su
contra se adelanta un juicio fiscal que conocerá el
funcionario respecto del cual emitió su voto y de
esta manera no ver afectada su imparcialidad […]
Corolario de lo expuesto, se verifica que se cumplen los
requisitos para que se configure la causal de violación
del conflicto de intereses y por ello corresponde
determinar si también se reúne el elemento subjetivo.
El elemento subjetivo:
[…]
Argumenta el demandado que participó en la elección del
Contralor porque estaba convencido de su inocencia en
el proceso fiscal. Tal afirmación en contravía de lo
pretendido demuestra que conocía de la existencia del
conflicto pero trata de evadirlo declarando la inocencia
anticipada. A la vez que hace más reprochable su
conducta, pues si se consideraba inocente, debió
abstenerse de participar en la elección del funcionario
que lo investigaría, para garantizar su imparcialidad.
Tal como lo ha dicho la Sala “(…) teniendo un deber de
diligencia ordinaria que atender en el marco de sus
funciones -las que debía saber-, evidentemente no lo
satisfizo con el cuidado mediano que las personas
emplean normalmente en sus negocios propios,
incurriendo en un descuido que tornó en negligente su
conducta, es decir, que lo hizo actuar con la culpa objeto
de verificación en el análisis subjetivo de esta causal de
pérdida de investidura. (…).”37 (destacado en la
providencia).
En consecuencia, el hecho de que el concejal considerara
que su conducta no constituía una causal que permitiera
mediante convocatoria pública conforme a la ley, siguiendo los principios de transparencia,
publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género, para periodo igual al
del Gobernador o Alcalde, según el caso. (…)”
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 20 de octubre de 2017, número único de radicación 76001-23-33-004-2016-01478-
01(PI), consejera ponente María Elizabeth García González.
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que fuera declarado responsable fiscal, no lo
exoneraba del deber de presentar el impedimento
para participar en la elección del contralor
municipal que a futuro debía conocer del proceso
que cursaba en su contra, indistintamente de la
decisión que al final fuera adoptada por el fallador
fiscal, si se tiene en cuenta que lo que la ley
garantiza y protege es la injerencia que con su
voto pueda tener sobre el contralor elegido […]
(Destacado de la Sala) [...]” [...]”38 (Negrillas y subrayas
fuera de texto).
Igualmente, la Sección ha establecido, de conformidad con la
estructura del proceso de responsabilidad fiscal, lo siguiente:
“[...] Para esta Sala de Decisión una primera conclusión
emerge con claridad: el deber de declarar el impedimento
surge independientemente de si se trata de participar
en la elección de un contralor que ejerce su cargo en
propiedad o en encargo. Ello en vista de que el servidor
público encargado adquiere la misma competencia del
titular desde el momento en que se posesiona. En esta
medida el funcionario encargado no solo goza de los
mismos privilegios de su titular sino, además, queda
cobijado por el mismo régimen de inhabilidades,
incompatibilidades, prohibiciones y conflicto de
intereses. Aceptar lo contrario supondría violentar la
estructura sobre la cual se edifica la función pública y vulnerar
los principios axiológicos constitucionales como la moralidad,
eficacia e imparcialidad.
La Ley 610 de 2000 define el proceso de responsabilidad fiscal
como el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas
por las contralorías con el fin de determinar y establecer la
responsabilidad de los servidores públicos y de los
particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con
ocasión de esta, causen por acción u omisión y en forma
dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado39.
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 18 de marzo de 2021, número único de radicación 85001233300020200001602,
consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
39 Ley 610, artículo 1°.
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El proceso de responsabilidad fiscal está integrado por las
siguientes fases. La primera denominada indagación
preliminar. La segunda guarda relación con la apertura del
proceso de responsabilidad fiscal. La tercera está asociada
con el auto de imputación de responsabilidad fiscal. La cuarta
es la atinente al decreto y práctica de pruebas. La quinta es el
fallo con o sin responsabilidad fiscal. Y la sexta está asociada
a los recursos ordinarios y al grado de consulta40.
Así las cosas, y según lo dispone el artículo 39 de la Ley 610
de 2000, la indagación preliminar tiene por objeto verificar la
competencia del órgano fiscalizador, la ocurrencia de la
conducta y su afectación al patrimonio estatal, así como
determinar la entidad afectada e identificar a los servidores
públicos y a los particulares que hayan causado el detrimento
o intervenido o contribuido a él.
Con la apertura del proceso de responsabilidad fiscal,
tal y como lo dispone el artículo 40 ibidem, se inicia
formalmente el proceso y ello procede cuando ya existe
certeza sobre la ocurrencia del hecho y la causación del
daño patrimonial y existen indicios serios sobre los
posibles autores (artículo 40 ejusdem). El auto de
apertura debe contener: la competencia del funcionario
de conocimiento, los fundamentos de hecho, los
fundamentos de derecho, la identificación de la entidad
estatal afectada y de los presuntos responsables
fiscales, la determinación del daño patrimonial al
Estado, la estimación de su cuantía, el decreto de las
pruebas que se consideren conducentes y pertinentes y
de las medidas cautelares a que haya lugar. Este es un
auto de trámite que debe ser notificado a los presuntos
responsables fiscales con el fin de que ejerzan el
derecho de defensa y de contradicción (artículo 41
ibidem).
(...)
Para la Sala, la notificación del auto de apertura del
proceso de responsabilidad fiscal resulta entonces
relevante para efectos de determinar la existencia de
un posible conflicto de interés, tal y como lo indicó esta
Sección en reciente providencia de 18 de febrero de
40 Para efectos de analizar las etapas del proceso de responsabilidad fiscal, se consultó la
obra Responsabilidad Fiscal y Gerente de Recursos Públicos, Marcos Normativos y
Preventivos. El proceso de responsabilidad y sus procedimientos, Iván Darío Gómez Lee,
Legis, Primera Edición, 2014, páginas 309 y siguientes.
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202041. Esa decisión, valga resaltarlo, señala el
momento a partir del cual surge el deber objetivo de
poner en conocimiento del respectivo cuerpo colegiado
el impedimento para no participar en el asunto
sometido a su consideración en tanto que ya existe
certeza sobre la ocurrencia del hecho y la causación del
daño patrimonial e indicios serios sobre los posibles
autores (artículo 40 de la Ley 610 de 2000). En efecto,
en ella se precisó lo siguiente:
[…] 121. En el presente asunto, la vinculación formal al
proceso de responsabilidad fiscal resulta relevante para
efectos de determinar la existencia de un conflicto de
interés en cabeza del diputado Marco Tulio Ruiz Riaño,
puesto que, se reitera, para los efectos del presente
asunto, de allí surgirá el deber objetivo de poner en
conocimiento de la Asamblea Departamental de
Casanare, su eventual impedimento […].
En esta medida, se incurre en la causal de pérdida de
investidura quien participa en la elección de un
contralor departamental que asumiría sus funciones
bajo la modalidad de encargo, cuando al mismo tiempo
existe una investigación en su contra, en la cual se
profirió auto de apertura de investigación fiscal y la
misma fue notificada, providencia que conformidad con
el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011 -Estatuto
Anticorrupción- y, tratándose de los procesos
responsabilidad fiscal que se tramitan en su integridad
por lo dispuesto en la Ley 610 de 2000 se debe notificar
personalmente, según el sistema de notificación
personal y por aviso previsto para las actuaciones
administrativas en la Ley 1437 de 2011 [...]”42 (Negrillas
y subrayas fuera de texto).
En este estadio del asunto bajo examen, y con fundamento en la
reiterada jurisprudencia de la Sección, deviene importante señalar
las reglas de verificación del conflicto de intereses con fines de
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Número de radicado:
85001233300020200001202, actor: Franklin Patiño Achagua, demandado: Marco Tulio
Ruiz Riaño, MP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 18 de marzo de 2021, número único de radicación 85001233300020200001602,
consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
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pérdida de investidura, cuando en el marco de la elección de los
contralores municipales, dicho asunto esté a cargo de un concejal
que tenga procesos de responsabilidad fiscal iniciados en su contra,
o de sus parejas, parientes o socios, así:
(i) El interés que genera conflicto con el asunto funcional de que se
trate, debe ser directo, es decir que el efecto que la decisión pueda
tener en el concejal que interviene en ella sea inmediato, sin
consideración a circunstancias o elementos externos a la decisión.
(ii) Ese interés directo se debe materializar respecto del propio
concejal, cuando recae en sí mismo, así como cuando proviene de
su cónyuge o compañero o compañera permanente, o de alguno de
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad o primero civil, o de su socio o socios de derecho o, de
hecho, indistintamente de si redunda en su beneficio o perjuicio.
(iii) Con el auto de apertura se inicia formalmente el proceso
ordinario de responsabilidad fiscal, tal y como lo dispone el artículo
4043, de la Ley 610 de 15 de agosto de 200044, toda vez que ello
43 “[...] Artículo 40. Apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Cuando de la
indagación preliminar, de la queja, del dictamen o del ejercicio de cualquier acción de
vigilancia o sistema de control, se encuentre establecida la existencia de un daño
patrimonial al Estado e indicios serios sobre los posibles autores del mismo, el funcionario
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procede cuando de la indagación preliminar, de la queja, del
dictamen o del ejercicio de cualquier acción de vigilancia o sistema
de control, se establezca la existencia de un daño patrimonial al
Estado e indicios serios sobre los posibles autores de este.
Por su parte, cuando se está en presencia de un proceso verbal de
responsabilidad fiscal, es el auto de apertura e imputación de
responsabilidad fiscal el que le da inicio, en los términos previstos
por el artículo 97, de la ley 1474 de 12 de julio de 2011 45,
providencia que deberá cumplir con los requisitos establecidos en
los artículos 41 y 48, de la Ley 610, y contener además la
formulación individualizada de cargos a los presuntos responsables
y los motivos por los cuales se vincula al garante46.
competente ordenará la apertura del proceso de responsabilidad fiscal. El auto de apertura
inicia formalmente el proceso de responsabilidad fiscal.
En el evento en que se haya identificado a los presuntos responsables fiscales, a fin de
que ejerzan el derecho de defensa y contradicción, deberá notificárseles el auto de trámite
que ordene la apertura del proceso. Contra este auto no procede recurso alguno.
Parágrafo. Si con posterioridad a la práctica de cualquier sistema de control fiscal cuyos
resultados arrojaren dictamen satisfactorio, aparecieren pruebas de operaciones
fraudulentas o irregulares relacionadas con la gestión fiscal analizada, se desatenderá el
dictamen emitido y se iniciará el proceso de responsabilidad fiscal [...]”.
44 “[...] Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de
competencia de las contralorías [...]”.
45 “[...] Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de
la gestión pública [...]”.
46 Ley 1474 de 2011 “[...] Artículo 98. Etapas del procedimiento verbal de
responsabilidad fiscal. El proceso verbal comprende las siguientes etapas:
a) Cuando se encuentre objetivamente establecida la existencia del daño patrimonial al
Estado y exista prueba que comprometa la responsabilidad del gestor fiscal, el funcionario
competente expedirá un auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal, el cual
deberá cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 41 y 48 de la Ley 610 de
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Para la Sala, por lo tanto, la debida y oportuna notificación del auto
de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, -en el proceso
ordinario-, y del auto de apertura e imputación de responsabilidad
fiscal, -en el proceso verbal-, resulta relevante para determinar el
momento desde el cual emerge en el concejal el interés particular, -
originado en sí mismo, en su pareja, pariente o socio-, que pugna
con el interés público funcional, lo que logra desatar el conflicto de
intereses que requiere ser advertido ante el resto de la corporación
pública.
(iv) Constituye un compromiso para el concejal, por lo tanto, si no
ha sido recusado aún, declararse impedido para intervenir en la
elección del titular y máxima autoridad del organismo de control
fiscal y que, por ende, podría llegar a tomar una decisión en
perjuicio o beneficio suyo al interior del proceso de responsabilidad
fiscal en el que se haya notificado el auto de apertura o el auto de
apertura e imputación, según sea el caso, habida cuenta que su
participación en dicha elección compromete su objetividad o
independencia frente a ese asunto oficial o institucional a decidir.
2000 y contener además la formulación individualizada de cargos a los presuntos
responsables y los motivos por los cuales se vincula al garante.
El auto de apertura e imputación indicará el lugar, fecha y hora para dar inicio a la
audiencia de descargos. Al día hábil siguiente a la expedición del auto de apertura se
remitirá la citación para notificar personalmente esta providencia. Luego de surtida la
notificación se citará a audiencia de descargos a los presuntos responsables fiscales, a sus
apoderados, o al defensor de oficio si lo tuviere y al garante [...]”.
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(v) Si bien es cierto que, de conformidad con el artículo 272 de la
Constitución Política, elegir al contralor municipal o distrital
constituye un deber constitucional de los concejales, también es
cierto que, llegado ese momento, coexistiría con aquel un interés
específico y directo, como lo es el trámite de un proceso de
responsabilidad fiscal debidamente iniciado en su contra, de su
pareja, pariente o socio, que irrumpe en el equilibrio e
imparcialidad de tal función pública, hasta el punto de provocar el
conflicto.
(vi) En este punto, el deber de declarar el impedimento surge para
el concejal independientemente de si se trata de participar en la
elección de un contralor en propiedad o en encargo. Ello, en vista
de que el servidor público encargado adquiere la misma
competencia del titular desde el momento en que se posesiona, por
lo que no solo goza de los mismos privilegios del titular sino,
además, queda cobijado por el mismo régimen de inhabilidades,
incompatibilidades, prohibiciones y conflicto de intereses.
(vii) Con fundamento en lo anterior, no manifestar la situación
conflictiva durante la elección del contralor municipal o distrital, a
pesar de no haber sido recusado, y aun así participar en aquel
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proceso, constituye un conflicto de intereses susceptible de activar
la causal de pérdida de investidura de los concejales municipales y
distritales.
Las anteriores pautas genéricas, por lo tanto, deberán observarse
en el análisis del correspondiente conflicto de intereses, sin
perjuicio de aquellas particulares que surjan como derrotero de
cada juicio en particular.
V.4.- Del caso concreto
V.4.1.- Análisis objetivo de los elementos configurantes del
conflicto de intereses en el caso concreto
La Sala, con fundamento en el acervo probatorio allegado al
proceso, pudo verificar lo siguiente:
El señor DIEGO ALEJANDRO TABARES PRIETO fue elegido
concejal municipal de Manizales (Caldas), por el Partido
Conservador Colombiano, para el período constitucional 2020-2023,
según consta en el Formulario E26CON de 9 de noviembre de 2019,
expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, y acta núm.
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001 de 2 de enero de 2020, del Concejo de Manizales, mediante la
cual tomó posesión del cargo.
El 9 de enero de 2020, tal como consta en el Acta núm. 006 del
Concejo de Manizales, el accionado, en ejercicio de su investidura,
asistió, participó y votó en el procedimiento de elección de la
contralora municipal de Manizales (Caldas), en propiedad, señora
JENNY CONSTANZA OSORIO VÉLEZ, para el período 2020-2021,
sin manifestar ningún tipo de impedimento ni haberse formulado
recusación alguna en su contra. En efecto, a través de certificación
de 30 de junio de 2021, la secretaria de Despacho del Concejo de
Manizales dejó constancia que:
“[...] durante el proceso de elección de Contralor del
Municipio de Manizales para la vigencia 2020 – 2021, y
concretamente durante el mes de enero de 2020, no se
recibieron solicitudes o correspondencia en la
corporación donde se formularan recusaciones hacia
los Concejales o se informara a la Corporación o su
mesa directiva sobre la existencia impedimentos de los
Concejales en razón de procesos que cursaran o se
adelantaran en la Contraloría del Municipio de
Manizales en contra de los Concejales o sus parientes
[...]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Al margen de que no resulta relevante indagar por quién voto el
concejal, toda vez que lo significativo, para las resultas de este
proceso, es la comprobada intervención del concejal en el trámite
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sometido a consideración y discernimiento del cabildo en el orden
del día, lo cierto es que el voto del accionado aparece consignado
dentro de los catorce (14) con los que resultó elegida la citada
contralora municipal.
Conforme al Registro Civil de Nacimiento núm. 16875061, tomo
210, expedido por la Notaría Cuarta de Manizales (Caldas), el señor
NÉSTOR JAIRO TABARES LOAIZA, identificado con cédula de
ciudadanía núm. 10.249.133, es el padre del concejal, -pariente en
primer grado de consanguinidad-, circunstancia fáctica que, por
demás, no fue controvertida por éste.
A partir de la información remitida por la Contraloría General del
Municipio de Manizales, a través de Oficio CRF-049-21 CGM-0760
de 2 de julio de 2021, con destino al expediente, el señor NÉSTOR
JAIRO TABARES LOAIZA, padre del accionado, presenta los
siguientes procesos de responsabilidad fiscal, los que se encuentran
en trámite en ese ente de control:
Valor presunto
Número Descripción Entidad detrimento en Estado del
Expediente del hecho afectada el auto de proceso
apertura
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Pagos por
concepto de
Empresa de EN TRÁMITE
sanciones e
Renovación CON AUTO DE
RF- intereses
Urbana de $86.436.000 APERTURA Y
19070517 moratorios en
Manizales ANTES DE
las
ERUM IMPUTACIÓN
declaraciones
de impuestos
Presuntas
irregularidades
en las Empresa de EN TRÁMITE
prórrogas Renovación CON AUTO DE
RF-
otorgadas en Urbana de $2.300.000.000 APERTURA Y
18082316
el contrato de Manizales ANTES DE
consultoría ERUM IMPUTACIÓN
14775-001-
2015
Pago sanción e
intereses por Empresa de EN TRÁMITE
mora Renovación CON AUTO DE
RF-
extemporaneid Urbana de $43.783.000 APERTURA Y
19062614
ad impuesto Manizales ANTES DE
CREE vigencia ERUM IMPUTACIÓN.
2015
Deficiencias en
las funciones
del supervisor
y Empresa de
pago de Renovación
RF- ARCHIVADO
intereses Urbana de $159.400
18020504 POR PAGO
de mora en el Manizales –
pago de ERUM
aportes a
riesgos
laborales
Las actuaciones relevantes, para el asunto bajo examen, fueron las
siguientes en cada uno de dichos procesos:
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Proceso de responsabilidad fiscal con radicado núm. RF-
19070517: Se profirió auto de apertura del proceso ordinario de
responsabilidad fiscal núm. 017 de 5 de julio de 2019, con
detrimento patrimonial por cuantía de $86.436.000, entre otros,
contra el señor NÉSTOR JAIRO TABARES LOAIZA, en calidad
de gerente de la Empresa de Renovación Urbana de Manizales-
ERUM, providencia que le fue notificada personalmente el 5 de
agosto de 2019, a las 10:00am, según consta en el acta de
diligencia de notificación personal de la Coordinación Área de
Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General del Municipio de
Manizales.
Proceso de responsabilidad fiscal con radicado núm. RF-
19062614: Se profirió auto de apertura del proceso ordinario de
responsabilidad fiscal núm. 014 de 26 de junio de 2019, con
detrimento patrimonial por cuantía de $43.783.000, entre otros,
contra el señor NÉSTOR JAIRO TABARES LOAIZA, en calidad
de gerente de la Empresa de Renovación Urbana de Manizales-
ERUM, providencia que le fue notificada personalmente el 29 de
julio de 2019, a las 10:30am, según consta en el acta de
diligencia de notificación personal de la Coordinación Área de
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Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General del Municipio de
Manizales.
Proceso de responsabilidad fiscal con radicado núm. RF-
18082316: Se profirió auto de apertura del proceso ordinario de
responsabilidad fiscal núm. 016 de 23 de agosto de 2018, con
detrimento patrimonial por cuantía de $2.300.000.000, entre
otros, contra el señor NÉSTOR JAIRO TABARES LOAIZA, en
calidad de gerente de la Empresa de Renovación Urbana de
Manizales-ERUM, providencia que le fue notificada
personalmente el 8 de octubre de 2018, a las 03:40pm, según
consta en acta de diligencia de notificación personal de la
Coordinación Área de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría
General del Municipio de Manizales.
Proceso de responsabilidad fiscal con radicado núm. RF-
18020504: En la certificación remitida por la Contraloría
General del Municipio de Manizales, este proceso aparece en
estado ‘archivado por pago’, con detrimento patrimonial por
cuantía de $159.400, sin que, por demás, fuese remitido el
respectivo expediente.
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Por su parte, el manual de funciones de la Contraloría General del
Municipio de Manizales, expedido mediante el Acuerdo núm. 0764
de 20 de junio de 201147, le fija al contralor general del municipio
de Manizales (Caldas) sus funciones, dentro de las cuales se
destacan las siguientes:
“[...] CONTRALOR MUNICIPAL (…) NIVEL: DIRECTIVO
(…)
II. PROPÓSITO GENERAL
Fijas las políticas, planes, programas y estrategias para
el desarrollo de la vigilancia de la gestión fiscal de la
administración central y descentralizada del municipio,
así como las que corresponden como representante legal de
entidad pública con autonomía contractual, presupuestal y
administrativa, y las demás funciones asignadas a la
Contraloría General del Municipio de Manizales de
conformidad con la Constitución y la ley.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
(...)
3. Dirigir las labores administrativas y de vigilancia
fiscal de las diferentes dependencias de la Contraloría
General del Municipio de Manizales, de acuerdo con la
ley.
(...)
5. Ordenar la suspensión inmediata, mientras culminan
los procesos penales o disciplinarios a que alude el
numeral 8 del artículo 268 de la Constitución Política48.
47 “[...] Por medio del cual se modifica la estructura orgánica y funcional de la Contraloría
General del Municipio de Manizales, se adopta su planta de personal y se deroga el
Acuerdo Municipal No. 527 de mayo 24 de 2002 [...]”
48 Constitución Política “[...] Artículo 268. <Artículo modificado por el artículo 2 del
Acto Legislativo 4 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> El Contralor General de
la República tendrá las siguientes atribuciones:
(...)
8. Promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas respectivas,
investigaciones fiscales, penales o disciplinarias contra quienes presuntamente hayan
causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado. La Contraloría, bajo su
responsabilidad, podrá exigir, verdad sabida y buena fe guardada, la suspensión inmediata
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(...)
10. Establecer la responsabilidad que se derive de la
gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que
sean del caso, recaudar su monto y ejercer la
jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la
misma.
(…)
13. Promover ante las autoridades competentes,
aportando las pruebas respectivas, investigaciones
penales o disciplinarias contra quienes hayan causado
perjuicio a los intereses patrimoniales de la
Administración Municipal. La Contraloría, bajo su
responsabilidad, podrá exigir, verdad sabida y buena fe
guardada, la suspensión inmediata de funciones mientras
culmina las investigaciones o los respectivos procesos penales
o disciplinarios.
(...)
15. Delegar, en los empleados de la entidad, el ejercicio
de las funciones que le competen, y que sean
delegables conforme a la ley, pero podrá reasumirlas
en cualquier momento y revocar los actos que con base
en aquella delegación se hubiesen cumplido.
(...)
18. Proveer, mediante los procedimientos de la carrera
administrativa, los empleos de su dependencia y
otorgar los premisos y licencias de conformidad con la
ley.
(...)
20. Realizar visitas, inspecciones e investigaciones que
se requieran para el cumplimiento de sus funciones.
(...)
23. Decidir, en segunda instancia, los procesos
administrativos sancionatorios, los de responsabilidad
fiscal y el grado de consulta que se originen en las
actuaciones anteriores.
(...)
25. Realizar las demás que le asigne la Constitución y la ley
[...]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
de funcionarios mientras culminan las investigaciones o los respectivos procesos fiscales,
penales o disciplinarios [...]”.
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La Coordinación de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General
del Municipio de Manizales, es la dependencia facultada para iniciar
y adelantar las indagaciones preliminares, así como para tramitar
los procesos de responsabilidad fiscal hasta expedir el fallo con o
sin responsabilidad fiscal, por mandato expreso de los artículos
267, 268, numeral 5, y 272 de la Constitución Política, razón por la
cual su coordinador fue el encargado de proferir los aludidos autos
de apertura de responsabilidad fiscal.
A su vez, de conformidad con la Resolución núm. 559 de 17 de
diciembre de 201449, mediante la cual se adopta el procedimiento
130RF-PR01 de responsabilidad fiscal de la Contraloría General del
Municipio de Manizales, se observa en la ‘Descripción de
actividades’ que es el contralor municipal, entiéndase la contralora
general del municipio de Manizales (Caldas), elegida con la
participación del concejal para el período 2020-2021, señora
JENNY CONSTANZA OSORIO VÉLEZ, la funcionaria competente
para conocer, tramitar y resolver el recurso de apelación que se
interpusieren contra los fallos con responsabilidad fiscal que fuesen
proferidos en los procesos núms. RF-19070517, RF-19062614 y RF-
18082316, así:
49 “[...] Por medio de la cual se modifica el artículo segundo de la Resolución 645 de
diciembre 31 de 2013 [...]”.
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En esas condiciones, la contralora general del municipio de
Manizales (Caldas), en su condición de superior jerárquico o
funcional de la Coordinación de Responsabilidad Fiscal, era la
competente para conocer en segunda instancia del proceso de
responsabilidad fiscal, lo que deja ver una clara línea de mando.
Con fundamento en lo anterior, se evidencia que para el 9 de enero
de 2020, día en que el accionado participó y votó en el
procedimiento de elección de la contralora municipal de Manizales
(Caldas), en propiedad, señora JENNY CONSTANZA OSORIO
VÉLEZ, para el período 2020-2021, el padre de aquel, señor
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NÉSTOR JAIRO TABARES LOAIZA, -pariente en primer grado de
consanguinidad-, ya tenía tres procesos ordinarios de
responsabilidad fiscal iniciados con autos de apertura debidamente
notificados, el 8 de octubre de 2018, 29 de julio y 5 de agosto de
2019, -por orden cronológico-, todo lo cual le representaba un
inocultable interés particular, actual y directo que lo forzaba a
exteriorizar esa situación ante el resto del Concejo de Manizales
(Caldas), lo cual no ocurrió.
No hay lugar a duda que se trata de un interés privado concurrente
con el interés público vertido en la elección del contralor, porque el
padre del concejal estaba siendo investigado en procesos de
responsabilidad fiscal debidamente aperturados y notificados por la
Contraloría General del Municipio de Manizales (Caldas), confluencia
de intereses que debía separarlo de la intervención en el asunto
electoral.
Se insiste en que el interés directo no solo se predica del concejal,
sino además de sus parientes en los grados taxativamente
establecidos y, por ello, persistía un interés originado en la persona
de su padre, pariente que se ubica en el primer grado de
consanguinidad respecto del accionado, habida cuenta que tendría
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la forma de escoger al superior jerárquico y posible decisor de sus
procesos fiscales.
A partir de lo anterior, la Sala encuentra configurado el elemento
objetivo de la causal de pérdida de investidura consistente en
conflicto de intereses, cometido por el concejal municipal de
Manizales (Caldas), señor DIEGO ALEJANDRO TABARES
PRIETO, según lo previsto en los artículos 55, numeral 2, y 70 de
la Ley 136, y 48, numeral 1, de la Ley 617, en concordancia con el
artículo 11, numeral 1, de la Ley 1437, por lo que se procederá con
el estudio del elemento subjetivo.
V.4.2.- Del análisis subjetivo de la conducta del concejal
En cuanto al análisis de la culpabilidad del concejal DIEGO
ALEJANDRO TABARES PRIETO, se prohíjan los criterios
elaborados por la Sala en sentencia de 25 de mayo de 201750, que
al tenor indicó:
“[…] En cuanto al análisis subjetivo de la conducta desplegada
por el señor MARIO HINESTROZA ANGULO, en medio del
respeto a sus garantías al Debido Proceso sancionatorio y en
50Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera
ponente María Elizabeth García González, sentencia de 25 de mayo de 2017, número único
de radicado 81001-23-39-000-2015-00081-01(PI).
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aras de establecerse si en aquélla estuvo presente o no el
elemento de la culpabilidad en los términos explicados, se
recuerda y reitera lo considerado recientemente por la Corte
Constitucional en su sentencia SU424 de 2016:
“[…] 33. De este capítulo resultan relevantes las siguientes
conclusiones:
• La pérdida de investidura es una acción pública51, que
comporta un juicio de naturaleza ética que tiene como
propósito proteger la dignidad del cargo que ocupan los
miembros de cuerpos colegiados, y permite imponer como
sanción no solo la desvinculación de un congresista de su
cargo de elección popular, sino también la imposibilidad
futura de volver a ocupar un cargo de la misma
naturaleza, si éste llega a incurrir en alguna de las
causales de procedencia de la figura señaladas en la
Carta Política.
• Son causales de pérdida de investidura52: el incumplimiento
de los deberes inherentes a su cargo, la violación del régimen
de inhabilidades e incompatibilidades53; la indebida
destinación de dineros públicos54; el conflicto de intereses55 y
el tráfico de influencias debidamente comprobado56.
• La gravedad de la sanción que se impone, exige que el
proceso de pérdida de investidura se lleve a cabo con
observancia del debido proceso, particularmente, de los
principios pro homine, in dubio pro reo, de legalidad
(las causales son taxativas y no hay lugar a aplicar
normas por analogía), objetividad, razonabilidad,
favorabilidad, proporcionalidad y culpabilidad.
34. Los presupuestos anteriores permiten a la Corte concluir
que el análisis de responsabilidad que realiza el juez en el
proceso sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo,
pues en un Estado de Derecho los juicios que implican un
reproche sancionador, por regla general, no pueden operar
bajo un sistema de responsabilidad objetiva, y las sanciones
51 Corte Constitucional Sentencia SU-1159 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
52 Art. 183 de la Carta Política. Sin embargo, otra causal también es la consagrada en el
artículo 110 constitucional relacionada con la prohibición a quienes desempeñan funciones
públicas, de hacer contribuciones a partidos, candidatos o movimientos políticos.
53 Art. 179 (El numeral 8 de este artículo fue modificado por el Acto Legislativo 01 de
2003); 180, 181 y 183 de la Constitución Política.
54 Art. 183 de la Constitución Política.
55 Art. 182 y 183 de la Constitución Política.
56 Art. 183 C.P. Al respecto puede consultarse la sentencia C-207 de 2003. M.P. Rodrigo
Escobar Gil.
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que se adopten en ejercicio del ius puniendi deberán
verificar la ocurrencia de una conducta regulada en la
ley (principio de legalidad o tipicidad), contraria al
ordenamiento jurídico (principio de antijuridicidad) y
culpable.
Así pues, en lo aquí pertinente, tras verificar la configuración
de la causal, el juez de pérdida de investidura examina si
en el caso particular se configura el elemento de
culpabilidad (dolo o culpa) de quien ostenta la
dignidad, esto es, atiende a las circunstancias
particulares en las que se presentó la conducta y
analiza si el demandado conocía o debía conocer de la
actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó a
esa acción u omisión.
En ese sentido, el juez de este proceso sancionatorio
debe determinar si se configura la causal y si a pesar
de que ésta aparezca acreditada, existe alguna
circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto,
bien sea porque haya actuado de buena fe o, en caso de
que la causal lo admita, se esté ante una situación de
caso fortuito o fuerza mayor, o en general exista alguna
circunstancia que permita descartar la culpa.
(…)
Así pues, en el primero de estos se juzga la ruptura del pacto
político existente entre el elector y el elegido, que es un
elemento fundamental de la democracia representativa. En
efecto, cuando el candidato se presenta ante el
electorado hace una declaración de no estar incurso en
causal de inhabilidad que impida su elección y si tal
declaración no es cierta, el elegido viola ese pacto
político, evento en el que procede la pérdida de la
investidura, cuya finalidad es preservar la legitimidad
de las instituciones de la sociedad política.
(…)
85. Así, la Sala encuentra que la sanción de pérdida de
investidura impuesta por la Sala Plena del Consejo de Estado
a los ahora accionantes generó un defecto sustantivo en la
sentencia porque omitió la aplicación de una norma
claramente aplicable al caso. En efecto, como se vio en los
fundamentos jurídicos 24 a 34 de esta providencia, el
proceso sancionador de pérdida de investidura exige la
aplicación del principio de culpabilidad, pese a lo cual
ese elemento no fue valorado en los procesos y, por el
contrario, se impuso la responsabilidad objetiva en este
asunto. Son cuatro las premisas que apoyan esa conclusión:
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La primera: en virtud de lo dispuesto en el artículo 29
Superior, por regla general, los procesos sancionadores
proscriben la responsabilidad objetiva. En efecto, salvo
algunos casos propios del derecho administrativo sancionador
en los que aún se ha admitido la responsabilidad únicamente
por el resultado, en los procesos que tienen por objeto
reprochar y castigar la realización de una conducta prohibida
o restringida, la valoración de la culpa es determinante e
ineludible, pues no hay pena ni sanción sin culpa. En
consecuencia, si el proceso de pérdida de investidura
impone la sanción más gravosa para el ejercicio del
derecho a ser elegido de un ciudadano y el derecho a
elegir al candidato del electorado, tal es la prohibición
vitalicia para aspirar a cargos de elección popular, es
lógico entender que las garantías del debido proceso
sancionador también deben ser aplicadas al proceso de
pérdida de investidura. Luego, el principio de
culpabilidad en el proceso de pérdida de investidura
constituye una norma aplicable, de inevitable
observancia.
La segunda: el hecho de que una misma causal de inhabilidad
pueda interpretarse y aplicarse a la misma situación fáctica en
dos procesos distintos (el de nulidad electoral y el de pérdida
de investidura), exige reglas de coherencia y certeza en el
derecho que otorgue un sentido útil a la autonomía de los
procesos diseñados para el efecto. De esta manera, la
diferencia sustancial, y no solo formal, entre los
procesos electoral y de pérdida de investidura,
consistiría en valorar el tipo de reproche a efectuar,
pues mientras en el primero la consecuencia puede
medirse únicamente por el resultado, en el segundo es
indispensable evaluar la conducta y la intención en la
producción del resultado. Dicho en otras palabras,
mientras el juicio electoral evalúa la adecuación de la
causal de inhabilidad en forma objetiva (estaba o no
estaba inhabilitado), el juicio constitucional de pérdida
de investidura analiza la adecuación de la causal de
inhabilidad en forma subjetiva, esto es, con culpa del
demandado (sabía o debía saber que estaba
inhabilitado).
La tercera: la Sala Plena del Consejo de Estado impuso la
sanción de pérdida de investidura a los accionantes sin
valorar la ausencia de culpa en la configuración de la causal
de inhabilidad aplicada. Por la conducta asumida por los
demandantes en este caso es fácil inferir que se
inscribieron al cargo de elección popular con la
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convicción de que no se encontraban inhabilitados para
su ejercicio. Las sentencias reprochadas soslayaron el
hecho de que los accionantes no solo fueron diligentes
en la averiguación del estado actual de la
jurisprudencia en torno a la interpretación de la causal
en debate, sino también actuaron con sujeción al
precedente vigente y vinculante de la Sección Quinta
del Consejo de Estado.
(…)
La cuarta: si como se expuso anteriormente, en el proceso de
pérdida de investidura deben aplicarse los principios del
derecho sancionatorio, dado que la sanción impone la
restricción perpetua de los derechos políticos, era obligatorio
dotar de amplias garantías el procedimiento jurisdiccional. En
ese sentido, en virtud del artículo 29 de la Constitución, que
dispone el principio de presunción de inocencia, del cual se
desprende la culpabilidad, es necesario verificar culpa o
dolo en la conducta reprochable para imponer el
castigo de inhabilitación para ser elegido a
perpetuidad, razón por la cual la jurisprudencia del
Consejo de Estado ha indicado que el proceso de
pérdida de investidura se desarrolla en el ámbito de la
responsabilidad subjetiva […]”57 (Negrillas y subrayas por
fuera de texto).
El proceso de pérdida de investidura exige, entonces, a partir
de estos claros parámetros, la observancia del derecho
fundamental al debido proceso del demandado,
particularmente, de los principios pro homine, in dubio pro
reo, de legalidad (las causales son taxativas y no hay lugar a
aplicar normas por analogía), objetividad, razonabilidad,
favorabilidad, proporcionalidad y culpabilidad.
Se recuerda que, desde la perspectiva de los fines
constitucionales que se protegen, es clara la autonomía
sustancial entre el juicio de pérdida de investidura y el
electoral: “[…] el primero, conlleva la ponderación de la
ética pública y los derechos del elegido, pues su núcleo
de protección es la dignidad que implica el mandato
otorgado en ejercicio de la democracia; y el segundo,
pondera la regularidad del proceso democrático y los derechos
de los elegidos y los electores, es decir, busca preservar la
validez del voto popular […]”.58
57 Corte Constitucional, sentencia SU424 de 11 de agosto de 2016, magistrada ponente
Gloria Stella Ortiz Delgado. Providencia ratificada recientemente por la Sala en sentencia
de 9 de marzo de 2017, radicado nro. 76001-23-33-007-2016-00267-01(PI), consejero
ponente Carlos Enrique Moreno Rubio (E).
58 Ídem.
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Es en ese entorno en el cual debe escudriñarse la conducta
desplegada por el demandado -la celebración de un contrato
público-, en aras de establecer si él sabía o debía saber que
estaba inhabilitado para inscribirse y ser elegido Concejal del
Municipio de Arauca (Arauca), pues el asunto se contrae a
demostrar que optó por inscribirse y participar de los
comicios, muy a pesar de que conocía o debía conocer esa
actuación vetada para los ciudadanos que pretendieran
inscribirse y ser elegidos Concejales, esto es, la intervención
en la celebración de contratos con entidades públicas dentro
del año anterior a su elección.
Cabe señalar que la Corte Constitucional en la sentencia SU-
501 de 6 de agosto de 2015 (Magistrada ponente doctora
Myriam Ávila Roldán), señaló que como quiera que en los
procesos de pérdida investidura no es posible calificar el
grado de culpabilidad (dolo, culpa grave o leve), y por tanto
tampoco es posible modular la sanción, se requiere acreditar
un mínimo de culpabilidad para que sea impuesta la sanción.
En efecto, al respecto sostuvo:
“[…] 51. Sobre este especial énfasis, la jurisprudencia ha
delimitado varios de los aspectos más relevantes que
caracterizan al proceso de pérdida de investidura como un
proceso jurisdiccional especial. No obstante, existen ciertos
elementos de la pérdida de investidura que no han sido
fijados por la doctrina constitucional debido a la escasa
regulación que la propia Constitución realizó sobre su
procedimiento, el cual, adicionalmente, debe ser observado
con estricto rigor dado su carácter estricto y restringido.
Como explicó la sentencia C-237 de 201259 “la pérdida de la
investidura tiene a la Constitución de 1991 como fuente
principalísima en su regulación, lo que hace relevante el
hecho que algunas de las disposiciones constitucionales tienen
eficacia jurídica directa”.
52. Así por ejemplo, se ha controvertido la necesidad de
establecer el grado de culpabilidad del procesado, teniendo en
cuenta que se trata de un proceso que juzga el
incumplimiento de obligaciones disciplinarias sobre la
conducta del representante popular.60 En efecto, en el
59 Magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto.
60 Sobre esta discusión vale la pena resaltar la aclaración de voto del consejero de estado
Hugo Fernando Bastidas Bárcenas a la sentencia de pérdida de investidura PI-2009-
00708-00, en la que señaló que la acción de pérdida de investidura tiene un carácter
punitivo dentro del cual es necesario la comprobación previa de los elementos subjetivos
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proceso de pérdida de investidura no es posible
calificar el grado de culpabilidad (dolo, culpa grave o
leve), y por tanto tampoco es posible modular la
sanción, pues como ha señalado la jurisprudencia
constitucional, se trata de un sistema que establece una
sanción de manera rígida y única, la pérdida de investidura.
53. Para la Corte, la justificación de esta particularidad
del sistema de responsabilidad de la pérdida de
investidura se deriva de su carácter excepcional dentro
de “ius puniendi estatal”61, carácter cuya
excepcionalidad deriva en una sanción rígida en el que
se requiere el mínimo de culpabilidad para que sea
impuesta la sanción más severa a los derechos
políticos. En síntesis, tratándose del proceso de pérdida de
investidura, se trata de un sistema excepcional de
juzgamiento de carácter político-disciplinario el cual establece
una sanción rígida y única, la pérdida de la investidura […]
(Negrillas fuera de texto)”.
Precisado lo anterior, el abordaje del aspecto subjetivo
requiere el análisis del dolo y la culpa, entendido el primero
como la intención positiva de lesionar un interés jurídico,
entretanto la segunda atañe a un concepto que está ligado a
la diligencia debida para el desarrollo de determinada
actividad.
Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con
culpa, deben analizarse los elementos que constituyen el
aspecto subjetivo de la misma, los cuales corresponden al
conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud, esto es,
si el sujeto conocía o debía conocer que su
comportamiento resultaba contrario al ordenamiento jurídico.
En los casos en los cuales se pruebe que el demandado
conocía plenamente que su comportamiento era constitutivo
de una causal de pérdida de investidura, estaríamos ante una
situación de total intención en la realización de la misma y,
por ende, de un grado de culpabilidad doloso. En aquellos
de la falta. En el voto concurrente se señaló: “[l]a acción de pérdida de investidura debe
desencadenar un proceso gobernado por esos principios, en especial, el principio de
presunción de inocencia. El dolo y la culpa son lo incorrecto de una conducta que, por
ende, merece el reproche jurídico pertinente, vale decir, la condigna sanción. Imponer una
sanción solo por el mero resultado es injusto.” En igual sentido: Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 23 de marzo de 2010, radicado PI 11001-
03-15-000-2009-00198-00, consejero ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
61 Sentencias SU-400 de 2012 (M.P. Adriana M. Guillén Arango) y SU-399 de 2012 (M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto).
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eventos en los que se concluya que el sujeto no conocía la
ilicitud de su conducta, pero que en virtud de la diligencia
requerida para el desarrollo de su actividad debía saber que la
misma resultaba contraria a derecho, se está ante un
comportamiento culposo, de no mediar sólidas circunstancias
que se lo hubieran impedido.
Para definir este elemento subjetivo entonces, el análisis de la
conducta debe dirigirse a establecer si el señor MARIO
HINESTROZA ANGULO conocía o debía conocer que la suya
era constitutiva de inhabilidad, con miras a determinar si
existió dolo o culpa en su comportamiento.
En el caso del dolo, el objeto de prueba corresponde a
determinar el pleno conocimiento que tiene el sujeto sobre
que determinada conducta (en este caso la celebración del
contrato), genera la inhabilidad, pues ante dicho
conocimiento, la ejecución de la conducta demuestra la
intención en la misma.
Entretanto para determinar si la conducta fue culposa, tiene
que estar demostrado, al menos, que el sujeto debía
conocer su ilicitud en virtud de la diligencia que para la
inscripción como candidato al Concejo del Municipio de Arauca
(Arauca), le era menester desplegar.
Ahora bien, para establecer esta diligencia acudiremos a los
presupuestos señalados en el artículo 63 del Código Civil, el
cual prevé:
“Artículo 63. Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de
culpa o descuido.
Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste
en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún
las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear
en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles
equivale al dolo.
Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de
aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean
ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin
otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie
de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o
mediano.
El que debe administrar un negocio como un buen padre de
familia, es responsable de esta especie de culpa.
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Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada
diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración
de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone
a la suma diligencia o cuidado.
El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la
persona o propiedad de otro”.
En el caso concreto, la revisión de los requisitos y el
marco normativo que rige el cargo al cual se aspira, es
una obligación general para quien pretende acceder a
la función pública, incluso en los eventos de elección
popular, sin embargo el entendimiento de dichos
requisitos debe analizarse de acuerdo con las
condiciones personales del sujeto, esto es el grado de
formación, su profesión, las circunstancias que lo
rodearon, así como a los actos que haya realizado para
conocer dicho marco normativo, por ejemplo solicitar
conceptos o asesorarse frente a la configuración o no
de la referida inhabilidad, para con base en ello,
determinar si se obró con el cuidado requerido y así
definir si su conducta es culposa o si, por el contrario,
se está ante una situación de buena fe exenta de culpa
que impida el reproche subjetivo de su obrar.
Esta conducta corresponde, según el citado artículo 63, a la
falta de cuidado que los hombres emplean ordinariamente en
los negocios propios. La Ley 136 establece en su artículo 42
las calidades o requisitos positivos con los que debe contar un
candidato para ser elegido Concejal Municipal, esto es, ser
ciudadano en ejercicio y haber nacido o ser residente del
respectivo municipio o de la correspondiente área
metropolitana durante los seis (6) meses anteriores a la fecha
de la inscripción o durante un período mínimo de tres (3)
años consecutivos en cualquier época.
A su vez, en su artículo 43, esta Ley prevé las inhabilidades o
requisitos negativos de los que debe carecer el candidato al
Concejo para ser elegido y ejercer la curul, dentro de las
cuales se encuentra, como ya se ha explicado, haber
intervenido en el año anterior a las elecciones, en la
celebración de contratos con entidades públicas en interés
propio o de terceros, para ser ejecutados en el mismo
Municipio al cual aspira a ser concejal.
Ambos tipos de requisitos son de obligatoria observancia,
revisión y análisis previos por parte de todo ciudadano que
pretenda ser elegido Concejal Municipal. Esa, es una diligencia
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que surge como debida en el ordinario transcurrir del proceso
de inscripción del respectivo candidato, siéndole por demás
exigible en medio de las normales medidas de cuidado y
precaución que tenía que adelantar para llegar a la certeza del
cumplimiento de los mismos y, por ende, de una candidatura
reglamentaria y sometida a las condiciones legales para
ejercer el cargo de Cabildante.
Al respecto, el artículo 9º del Código Civil, según el cual, “la
ignorancia de las leyes no sirve de excusa”, fue objeto de
examen de constitucionalidad por la Corte Constitucional, que
en dicha ocasión explicó lo siguiente, que ahora de prohíja:
“[…] Precisamente la disposición que hoy se cuestiona, fue
demandada como contraria al contenido del artículo 16 de la
Carta anterior, que implícitamente recogía el principio de
igualdad. Y al desechar el cargo, dijo la Corte Suprema, en
fallo elaborado por el Magistrado Luis Carlos Sáchica: “Es la
igualdad jurídica, que otorga iguales facultades e impone
idénticos deberes, y da igual protección a unos y a otros. Esto
es, se repite, una igualdad de derechos y no de medios. Si no
se acepta este principio, se rompe la unidad y uniformidad del
orden jurídico, atomizado en múltiples estatutos particulares,
o sea, en un sistema de estatutos privados privilegiados (…)
(…) Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora
equivale a establecer un privilegio a su favor violatorio
de la igualdad constitucional y generador del caos
jurídico”62 […]63” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
La revisión de los requisitos y el estudio del marco normativo que
rige el cargo al cual se aspira, son una obligación general para
quien pretende acceder a la función pública, en los que están
comprendidos los cargos de elección popular; sin embargo, el
entendimiento de dichos requisitos podría analizarse de acuerdo
con las condiciones personales del sujeto, esto es, el grado de
62 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, marzo 30 de 1978.
63 Corte Constitucional, sentencia C-651 de 1997, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz.
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formación, su profesión, las circunstancias que lo rodearon, así
como a los actos que haya realizado para conocer dicho marco
normativo, por ejemplo, solicitar conceptos o asesorarse frente a la
configuración o no de la referida inhabilidad, para con base en ello
determinar si se obró con el cuidado requerido y así definir si su
conducta es culposa o si, por el contrario, se está ante una
situación de buena fe exenta de culpa que impida el reproche
subjetivo de su obrar64.
Lo anterior, sin dejar de lado que, tal como se previno, la
ignorancia de las leyes no sirve para excusar su transgresión, al
tenor del artículo 9° del Código Civil, habida cuenta que las
disposiciones que regulan el ejercicio del cargo que se pretende
ocupar, o que se está ocupando, son de obligatoria observancia y
diligente entendimiento a la luz de cada circunstancia en particular,
con el fin de determinar, al menos con certeza promedio, si el
individuo está inmerso, o no, en las prohibiciones ordenadas por la
Constitución Política y la ley.
64Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 16 de mayo de 2019, número único de radicado 81001-23-39-000-2016-00056-01,
consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
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Por su parte, la Ley 2003 de 19 de noviembre de 201965, que
modificó el artículo 1º de la Ley 1881 de 15 de enero de 201866,
estableció que el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es
un juicio de responsabilidad subjetiva y la acción se ejercerá en
contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o
gravemente culposa, hubieren incurrido en una de las causales de
pérdida de investidura establecidas en la Constitución, lo que
aporta, significativamente, en aquellos factores que también deben
verificarse en el comportamiento desplegado por los miembros de
las corporaciones públicas territoriales, -dolo o culpa grave-.
Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que el
comportamiento del accionado corresponde a la falta de cuidado
que se exhibe al no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado
que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen
emplear en sus negocios propios, en la medida en que a pesar de
que el artículo 70 de la Ley 136, así como la jurisprudencia
reiterada de la Sección, le imponían la obligación de auscultar las
posibles circunstancias constitutivas de conflicto de interés, no solo
originadas desde su figura de concejal como tal, sino de su pareja,
65 “[…] Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5ª de 1992 y se dictan otras
disposiciones […]”.
66 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los
Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras
disposiciones […]”.
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pariente o socio, aquel no tuvo ni la diligencia ni mostró el interés
necesario para llevar a cabo las averiguaciones que le hubieran
permitido esquivar los efectos adversos de su conducta omisiva,
esto es advirtiéndole a la corporación acerca de su interés privado.
Contrario a lo afirmado en su defensa, de habérselo propuesto,
para el concejal no hubiera sido difícil obtener la información de los
procesos de responsabilidad fiscal surtidos en contra de su padre, ni
sus estados, ya sea a través de este mismo o de su apoderado ante
la Contraloría General del Municipio de Manizales, máxime si su
progenitor fue un servidor con exposición pública en el municipio
mientras fungió como gerente de la Empresa de Renovación Urbana
de Manizales-ERUM, cargos directivos como este que, bajo las
reglas de la sana crítica probatoria, son sometidos a permanentes
escrutinios e investigaciones por los órganos de control.
Basta mencionar, por ejemplo, el proceso de responsabilidad fiscal
con radicado núm. RF-18082316, en el que se profirió auto de
apertura del proceso ordinario de responsabilidad fiscal por un
supuesto detrimento patrimonial de $2.300.000.000, contra el
señor NÉSTOR JAIRO TABARES LOAIZA, cifra exorbitante que en
ningún caso pasa desapercibida, sino que acapara la atención tanto
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del investigado como de su círculo cercano por no ser un monto
insignificante, máxime si entre ambos persistía una relación normal,
en buenos términos familiares, al margen que no convivieran en el
mismo domicilio desde hace dos años, aproximadamente, contados
desde la declaración en el proceso del padre del concejal, 28 de julio
de 2021.
Respecto a la aplicación de la Ley 2003, cabe destacar que esta
norma modificó parcialmente el Reglamento del Congreso de la
República, específicamente, el artículo 286, de la Ley 5ª de 17 de
junio de 199267, y previó como una excepción al régimen de
conflicto de intereses de los congresistas, cuando el beneficio pueda
o no configurarse para éste en el futuro o cuando se trate de la
participación en la elección de otros servidores públicos mediante el
voto secreto, así:
[…] Artículo 1°. El artículo 286 de la Ley 5 de 1992
quedará así:
Artículo 286. Régimen de conflicto de interés de los
congresistas. Todos los congresistas deberán declarar los
conflictos de intereses que pudieran surgir en ejercicio de sus
funciones.
Se entiende como conflicto de interés una situación donde la
discusión o votación de un proyecto de ley o acto legislativo o
67“[...] Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de
Representantes [...]”.
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artículo, pueda resultar en un beneficio particular, actual y
directo a favor del congresista.
a) Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o
genera ganancias o crea indemnizaciones económicas o
elimina obligaciones a favor del congresista de las que no
gozan el resto de los ciudadanos. Modifique normas que
afecten investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o
administrativas a las que se encuentre formalmente
vinculado.
b) Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en
las circunstancias presentes y existentes al momento en el
que el congresista participa de la decisión
c) Beneficio directo: aquel que se produzca de forma
específica respecto del congresista, de su cónyuge,
compañero o compañera permanente, o parientes dentro del
segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
primero civil.
Para todos los efectos se entiende que no hay conflicto
de interés en las siguientes circunstancias:
a) Cuando el congresista participe, discuta, vote un proyecto
de Ley o de acto legislativo que otorgue beneficios o cargos
de carácter general, es decir cuando el interés del congresista
coincide o se fusione con los intereses de los electores.
b) Cuando el beneficio podría o no configurarse para el
congresista en el futuro.
c) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de
proyectos de ley o acto legislativo de carácter particular, que
establezcan sanciones o disminuyan beneficios, en el cual el
congresista tiene un interés particular, actual y directo. El
voto negativo no constituirá conflicto de interés cuando
mantiene la normatividad vigente.
d) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de
proyectos de ley o acto legislativo de carácter particular, que
regula un sector económico en el cual el congresista tiene un
interés particular, actual y directo, siempre y cuando no
genere beneficio particular, directo y actual.
e) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de
proyectos de ley o acto legislativo que tratan sobre los
sectores económicos de quienes fueron financiadores de su
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campaña siempre y cuando no genere beneficio particular,
directo y actual para el congresista. El congresista deberá
hacer saber por escrito que el artículo o proyecto beneficia a
financiadores de su campaña. Dicha manifestación no
requerirá discusión ni votación.
f) Cuando el congresista participa en la elección de
otros servidores públicos mediante el voto secreto. Se
exceptúan los casos en que se presenten inhabilidades
referidas al parentesco con los candidatos […]” (Negrillas
y subrayas fuera de texto).
Para la Sala, esta ley modificatoria “[...] no resulta aplicable a los
miembros de las corporaciones públicas del orden territorial, en
tanto que (i) las disposiciones contenidas en el Reglamento Interno
del Congreso están referidas exclusivamente a los congresistas
(miembros del Senado y la Cámara de Representantes) y; (ii) esta
norma fue dictada con el propósito de delimitar el alcance del
conflicto de intereses para los congresistas68, sin hacer extensiva su
68 En la exposición de motivos del proyecto de ley 148 de 2018 que pasaría a convertirse
en la Ley 2003 de 2019 quedaron plasmadas las siguientes consideraciones: «[…] El
conflicto de intereses es una figura tendiente a garantizar la imparcialidad de un
Congresista al momento de debatir o votar un proyecto de ley o acto legislativo, para
asegurar la prevalencia del bien común y no de los intereses personales del senador o
representante, cuyo desconocimiento podría traer como consecuencia la pérdida de
investidura. Esta figura se encuentra regulada en múltiples normas, iniciando por la
contenida en el artículo 182 superior que estableció el deber de los Congresistas de poner
en conocimiento de la respectiva Cámara las situaciones de carácter moral o económico
que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración,
concordante con el deber de actuar consultando siempre la justicia y el bien común, a su
vez consagrado en el artículo 133 de la Carta Política. Posteriormente surgiría la Ley
5a. de 1992, es decir el Reglamento del Congreso, que dispuso la posibilidad de
excusar el voto del Congresista cuando manifieste tener conflicto de intereses
con el asunto que se debate (Art. 124); el deber del Congresista de poner en
conocimiento de la respectiva Cámara las situaciones de carácter moral o económico que
los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración y
cumplir estrictamente con las disposiciones relacionadas con incompatibilidades y
conflictos de interés (Art. 268 numeral 6); la obligación del Congresista de declararse
impedido en los debates y votaciones respectivas cuando exista interés directo en la
decisión porque lo afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o compañera
permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho (Art.
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regulación a todos los servidores públicos de elección popular, como
los miembros de las asambleas departamentales y concejos
municipales como sí ocurre por ejemplo con la Ley 1881 de 2018;
norma que señaló expresamente que las disposiciones contenidas
en ella resultan aplicables a los procesos de pérdida de investidura
de los concejales y diputados, según lo dispone el artículo 22 de la
Ley 1881 [...]”69.
En este orden de ideas, no resulta posible su interpretación
analógica, extensiva o supletiva, pues el legislador en ejercicio de la
cláusula general de competencia normativa reconocida en los
artículos 114 y 150 de la Constitución Política, consideró pertinente
modificar el régimen jurídico en materia de conflicto de intereses
para los congresistas, sin que dicha norma haga extensible sus
efectos a los miembros de los cuerpos colegiados del orden
territorial70.
286); y el deber de comunicar por escrito el impedimento al Presidente de la Comisión o
Plenaria al momento de advertirlo (Art. 292). […] En conclusión, y en aras de actualizar
las disposiciones legales en la materia, este proyecto de ley pretende puntualizar el
alcance del conflicto de interés, introduce medidas para hacer públicos los intereses
de los Congresistas, sus familiares, establece un procedimiento expedito para identificar
y tramitar las situaciones derivadas de conflictos de intereses [...]». (Gaceta 741 de
2018). (Negrillas y subrayas fuera de texto).
69 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 18 de marzo de 2021, número único de radicación 85001233300020200001602,
consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
70 Ídem.
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En lo que guarda relación con el testimonio del padre del concejal,
señor NÉSTOR JAIRO TABARES LOAIZA, se citará la
transliteración efectuada tanto por el a quo como por el apelante,
para su correspondiente análisis, así:
“[...] MAGISTRADO: Usted conoce a la actual contralora del
municipio de Manizales, en caso afirmativo por que la conoce
y desde cuándo. TESTIGO: No la conozco, la conozco por los
medios de comunicación donde se estable que es la contralora
del Municipio, pero no tengo ninguna relación con ella ni
afectiva ni de desafecto. MAGISTRADO: Usted el año pasado
en el primer trimestre tenía procesos de responsabilidad civil
en curso en la Contraloría de Manizales. TESTIGO: Yo tengo
procesos en curso en la Contraloría desde el 2017, hace más
de tres años, por auditorias que se iniciaron los años 2015 y
2016, esos procesos se iniciaron cuando la contralora era la
Dra. María Cistina Jaramillo. El Despacho no tiene más
preguntas, se le concede al apoderado de la parte demandada
que fue quien solicito el testimonio: DEFENSOR: Dr. Néstor
por favor informe al despacho concretamente para enero del
2020, si usted informó, comunicó o de algún modo le hizo
conocer a su hijo Diego Alejandro Tabares Prieto que usted
tenía la calidad de vinculado o investigado en procesos de
responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría General del
Municipio de Manizales. TESTIGO: En ningún momento y de
ninguna manera le di a conocer de que yo tuviera procesos
pendientes, toda vez que mi gerencia fue en el año 2016,
cuatro años antes de la elección y de todas maneras en los 42
años que tengo de vida pública, en los más de 7 u 8 cargos
que he desempeñado en diferentes entidades del Estado,
como es obvio los entes de control hacen investigaciones y yo
nunca le doy a conocer de estas a mi familia, a ningún
miembro de mi familia porque entiendo que son gajes del
oficio y por qué entiendo también que estas gozan de reserva
y quiero aclararle que en todas las investigaciones que he
tenido en 42 años siempre he salido adelante y no tengo ni
una sanción, ni siquiera una amonestación verbal de ningún
órgano de control, en estos procesos ya el abogado en su
momento dio respuesta y se solicitó el archivo de los mismos
y se solicitaron las pruebas, reitero que son procesos de años
atrás y que todavía están cursando de acuerdo a los términos
del estatuto fiscal dispone para el caso de estas
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investigaciones o los resultados de las auditorías fiscales.
DEFENSOR: Dr. Néstor por favor precise por qué razón o
razones no le comunicó dicha situación referente a la
vinculación en procesos fiscales a su hijo Diego Alejandro
Tabares Prieto. TESTIGO: Es que yo no estoy obligado a
darle a conocer ni a mis hijos, ni a ningún particular lo que
tiene que ver con mi fuero privado, de mi trabajo y es la
rutina que los servidores públicos tenemos de estar sujetos a
investigaciones de todo tipo y es mi costumbre y ha sido que
los problemas del trabajo se quedan en el trabajo y no se
llevan a la casa, que necesidad tengo de perturbar la
tranquilidad del hogar llevando los problemas del trabajo y
además porque entiendo que son unas tareas normales de los
órganos de control y después vendrán los resultados, repito
en 42 años no he tenido ninguna sanción, si múltiples
investigaciones porque eso hace parte del control ciudadano y
hace parte de los controles que hacen los diferentes órganos
de control del estado o sea que es normal que a uno lo
investiguen lo anormal seria que estuviera sancionado y
repito en 42 años no he tenido ninguna amonestación, por el
contrario he tenido reconocimientos por mi labor.
DEFENSOR: Dr. Néstor, por favor precise si en su domicilio
ubicado en la Vereda Cielito Lindo del municipio de Neira
reside su hijo Diego Alejandro Tabares Prieto. TESTIGO: No,
Diego Alejandro Tabares Prieto reside con su mamá y su
hermano en la finca La Gloria ubicada en el Bajo Tablazo en el
municipio de Manizales, y yo hace aproximadamente 2 años
estoy viviendo en el municipio de Neira, Cielito Lindo Finca El
Relincho, o sea que tenemos residencias separadas.
DEFENSOR: Dr. Néstor, respetando el tema familiar por favor
informe como están estructurados sus núcleos familiares.
TESTIGO: Con mi primera esposa Alba Patricia Prieto tuve
dos hijos Diego Alejandro y Julián David; extramatrimoniales
tengo mi hijo mayor Andrés Felipe y Juan Felipe y yo vivo con
mi nueva compañera en la Finca El Relincho. DEFENSOR: Dr.
Néstor se afirma en la demanda por la cual usted ha sido
citado como testigo, que en su contra versan múltiples
procesos de responsabilidad fiscal concretamente para enero
del año 2020 que justamente fue el periodo para el cual o el
momento en el cual se surtió el proceso de selección y
elección de la contralora municipal de Manizales, Dra. Jeny,
en ese sentido usted puede precisar al proceso cuales son
esos múltiples procesos de responsabilidad fiscal de manera
muy general y obviamente respetando la reserva de que
gozan estos procesos, si es que todavía tienen reserva.
TESTIGO: Esos procesos todavía gozan de reserva y no son
múltiples, son tres procesos, uno por indebida planeación en
los estudios previos de un contrato, le aclaro hasta donde
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puedo informar por la reserva del sumario, contrato por el
cual yo no era gestor fiscal, contrato del 2015 y yo llegue a la
gerencia en el año 2016 (El Magistrado da la autorización
para que describa de forma muy general los procesos, para
evitar que se viole la reserva pertinente). Basado en esta
misma reserva por la cual nunca le informe a Diego ni a mis
hijos, son tres procesos de responsabilidad fiscal que están en
la etapa de investigación donde hace más de tres años donde
la Contraloría está dentro de los términos para finalmente
decidir si archiva o si imputa responsabilidad fiscal, quiere
decir que actualmente en este momento no se ha adquirido ni
pueda afectarse ninguna situación que tenga con la
Contraloría del Municipio, toda vez que no se ha decretado
ninguna responsabilidad fiscal, los procesos están caminando
ya se solicitó el archivo de los mismos y las pruebas
pertinentes. DEFENSOR: Dr. Alejandro por favor informe al
proceso, cuando conoció su familia y en particular su hijo
Diego Alejandro Tabares Prieto sobre la existencia de los
procesos de responsabilidad fiscal. TESTIGO: Concretamente
después del mes de febrero o marzo cuando se empezó a
rumorar que alguno de los concejales estaba interesado en
quitarle la curul a Diego para poder acceder y que se iba a
hacer hasta lo imposible para que este joven que de sorpresa
alcanzó con un alto margen la curul pues no llegara al
concejo; en ese momento nos reunimos y llamé a mi abogado
que lleva los procesos en la contraloría para reunirme con
Diego y empezar a revisar cómo íbamos a enfrentar la
situación y si efectivamente estaba incurso en algún conflicto
de interés. DEFENSOR: Cuál fue el resultado de esa reunión.
TESTIGO: El resultado fue que el abogado nos manifestó y
aclaran que el interés no era actual no era inminente toda vez
que ese proceso llevaba más tres años y no se sabía ni
siquiera si la actual contralora alcanzaría por competencia a
revisarlos toda vez que la contralora termina su periodo ahora
en diciembre y repito no se sabe finalmente que actos, hechos
o que circunstancias futuras se puedan presentar en el
desarrollo del proceso, toda vez que por competencia dentro
de la estructura interna de la contraloría del municipio de
Manizales, le corresponda a un funcionario diferente que es el
encargado de la instrucción y del fallo de este proceso y solo
eventualmente si por alguna circunstancia llegara al
conocimiento de la contralora, repito en el efecto de
adquirirse o afectarse alguna situación que se pudiera
presentar en el momento se excluiría el interés futuro, quiere
decir que si en el evento que se me llegue a imputar
responsabilidad fiscal esto iría en grado de consulta o de
apelación a la contralora, eso hablamos con el abogado en su
momento y en quedo de hacer las actuaciones respectivas
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ante la contraloría, repito eso fue entre febrero y marzo y el
abogado se encargó de los procesos normalmente como se
vienen adelantando en la contraloría y acordamos de todas
maneras no descuidar el proceso y contratar un abogado que
tuviera la experiencia en este tipo de actuaciones, tres de mis
hijos son abogados pero no manejamos la mecánica de los
procesos de este tipo y por esto acudimos a los servicios del
Dr. Alejandro.
DEFENSOR: Néstor por favor precise su tiempo de servicio
como gerente de la empresa de Renovación Urbana-ERUM.
TESTIGO: Estuve 6 meses entre enero y junio, el primer
semestre del 2016, donde por motivos de salud me tocó que
retirarme; por el desgreño administrativo que existía en la
ERUM y por la falta de confiabilidad en el manejo de los
recursos y en la situación financiera, la situación contractual
esto afecto más mi salud y falta recursos y por
recomendación médica me toco que retirarme. Se le concede
el uso de la palabra a la parte demandante. DEMANDANTE:
Dr. Néstor, usted cuánto lleva haciendo política. TESTIGO:
Como así doctor, yo en este momento no hago política, soy
un abogado en ejercicio de mi profesión, fui diputado en el
año 1999 al 2002 donde participé en la actividad política y ese
mundo donde hay tantos intereses mezquinos me fastidió y
me retiré de la actividad política para no estar sujeto a
demandas y contrademandas donde los que no saben perder
y quieren ocupar las curules con demandas y no con el
resultado en las urnas eso me fastidio y por eso me retire, por
eso doctor no hago política soy un abogado que ejerce su
profesión DEMANDANTE: O sea que, al haber ocupado un
cargo de elección popular y como es sabido por todos prensa,
público, que ha acompañado campañas como la de Luis
Gonzalo o la de su propio hijo, sabe que existen unos deberes
y unas obligaciones, (el magistrado le indica al Dr. Simón que
está incurriendo en suposiciones, o sea por favor oriente el
cuestionario y las preguntas las respalda con preguntas
anteriores). DEMANDANTE: Habiendo ocupado un puesto de
elección popular, conoce cuáles son los deberes y obligaciones
de un servidor público. TESTIGO: Claro, doctor.
DEMANDANTE: Dr. Néstor Usted acompañó la campaña
política de su hijo Diego Alejandro Tabares Prieto al concejo
de Manizales. TESTIGO: Dr. usted sabe que la participación
en política es privada y uno vota por la persona de su
preferencia. DEMANDANTE: Dr. Néstor la pregunta es para
saber si acompaño o no la candidatura de su hijo y saber si
hizo campaña hombro a hombro con él. TESTIGO: Dr. yo
participe como todo ciudadano y como es mi deber y derecho
de elegir y ser elegido. DEMANDANTE: Si el señor Néstor
Jairo Tabares acompañó y participó de la campaña política de
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Diego Alejandro Tabares Loaiza. TESTIGO: Sí, yo participo en
el debate electoral para elegir los concejales del municipio de
Manizales (el magistrado solicita aclarar qué tipo
acompañamiento realizó), como padre obviamente lo
acompañé (magistrado solicita ser más específico en la
respuesta) TESTIGO: Lo acompañé en el cierre de su
campaña, en reuniones con la familia y al momento de
requiere apoyo económico también lo realicé.
DEMANDANTE: Conforme a la respuesta por usted dada al
Dr. Alejandro en la cual indica de los escándalos de la ERUM,
y a sabiendas de que su hijo estaba próximo a ejercer un
cargo público, por qué no le informó de los escándalos y que
de pronto usted como servidor podía ser investigado.
TESTIGO: Yo estuve en la gerencia de la ERUM en el año
2016 y en ese momento Diego no tenía pensado en hacer
campaña como concejal del municipio de Manizales y estamos
hablando de una elección de contralor del año 2020 donde
Diego participó y los escándalos de la ERUM vienen desde su
creación y en el año 2016 fecha en la cual estuve renuncié
por motivos de salud. DEMANDANTE: Nadie de la familia
conocía de estos procesos. TESTIGO: Es correcto, nunca hice
saber a mi familia. Que hayan tenido conocimiento por otro
medio es distinto, yo a Diego nunca le hice saber de mis
procesos. DEMANDANTE: Por qué en el expediente de la
Contraloría reposa que su señora madre recibió la
correspondencia donde se informaba de la apertura del
proceso. TESTIGO: Al vivir en una finca la dirección de
notificaciones es la de la casa de mi señora madre, una
persona de 84 años recibe y me entrega la correspondencia,
pero no conoce ni dimensiona el contenido de las
comunicaciones. DEMANDANTE: Si usted indica en sus
respuestas que nadie de su familia conocía de estos procesos
porque su mamá firma la notificación personal. TESTIGO: Me
ratifico en que la dirección de notificación es la de mi señora
madre. DEMANDANTE: Dice que nadie conocía de esos
procesos cuando su señora madre es quien firma el recibido.
TESTIGO: Me ratifico en que la dirección de notificación es la
de mi señora madre. DEMANDANTE: Dr. Néstor por qué no
se sintió en la obligación de decirle a su hijo de los procesos
que se le adelantaban. TESTIGO: Porque son procesos que
cuentan con reserva y no tengo la obligación de estar
informando a todo mundo. DEMANDANTE: Por qué no le
informó a Diego que en la Contraloría se adelantan procesos
en su contra sabiendo que él iba a ser concejal. TESTIGO: No
tenía el deber ni la obligación de estar informando a nadie
sobre los procesos o situaciones en mi actividad de como
gerente. DEMANDANTE: Por qué cuando fue concejal no le
informó de los procesos en su contra de los procesos en los
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cuales usted estaba siendo investigado. TESTIGO: No estaba
obligado y solo le informé cuando tuve conocimiento de una
posible demanda de pérdida de investidura. DEMANDANTE:
Néstor para el año 2020 usted era servidor público o
empleado o tenía algún cargo público. TESTIGO: No
recuerdo, yo deje de trabajar desde el año 2016 en junio y
para 2020 no tenía cargo público que recuerde [...]”.
La Sala pone de presente que el testimonio vertido por el padre del
concejal, una vez revisado en detalle, gira en torno a la presunta
conducta omisiva de aquel, consistente en no haberle informado al
accionado acerca de la existencia de los tres procesos de
responsabilidad fiscal que se surtían en su contra por la Contraloría
General del Municipio de Manizales, en un evidente intento de
asumir la responsabilidad de la conducta que se le censura a su
hijo.
No obstante, pierde de vista el concejal que su padre, en efecto, no
estaba obligado a informarle acerca de los procesos de
responsabilidad fiscal aperturados en su contra, ni es ese el
comportamiento que se reprocha en este proceso de pérdida de
investidura; por el contrario, es el accionado quien, al ostentar la
dignidad de cabildante municipal de Manizales (Caldas), tenía la
obligación de verificar las circunstancias que lo involucraban en un
evidente conflicto de intereses, derivado de él o de su padre o de su
círculo conyugal, familiar o negocial, al momento de afrontar el
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proceso de elección del representante legal del órgano de control
que, precisamente, investigaba al señor NÉSTOR JAIRO TABARES
LOAIZA.
El desconocimiento que alega en su defensa el concejal, a partir del
supuesto silencio que guardó su padre, no lo exonera de la
configuración de la causal de conflicto de intereses, en tanto éste
no fue producto de aquello sino de su falta grave de diligencia y
prudencia al no desplegar las averiguaciones e indagaciones
requeridas para establecer su posibilidad de participar, o no, en la
elección de la contralora general del municipio de Manizales
(Caldas), para el período 2020-2021, previa manifestación de
impedimento al Concejo de Manizales, en los términos del artículo
70 de la Ley 136.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala no dejará pasar por alto que de
la declaración del señor NÉSTOR JAIRO TABARES LOAIZA, y
lejos de lo pretendido por la defensa del accionado, se logra inferir
que la relación de padre e hijo era tan cercana y de confianza, que
cuesta convencerse, a partir de los precisos criterios de la sana
crítica probatoria, que el concejal no supiera de los inconvenientes
de su padre en la Contraloría General del Municipio de Manizales.
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En efecto, el testigo describió el acompañamiento que le hizo a su
hijo, -veintisiete (27) años-, tanto en la campaña política como al
momento de armar la defensa luego de enterarse del inicio de la
acción de desinvestidura en su contra, todo lo cual permite
comprobar mucha proximidad entre ambos:
“[...] Concretamente después del mes de febrero o marzo
cuando se empezó a rumorar que alguno de los concejales
estaba interesado en quitarle la curul a Diego para poder
acceder y que se iba a hacer hasta lo imposible para que este
joven que de sorpresa alcanzó con un alto margen la curul
pues no llegara al concejo; en ese momento nos reunimos
y llamé a mi abogado que lleva los procesos en la
contraloría para reunirme con Diego y empezar a
revisar cómo íbamos a enfrentar la situación y si
efectivamente estaba incurso en algún conflicto de
interés.
(...)
El resultado fue que el abogado nos manifestó y aclaran
que el interés no era actual no era inminente toda vez que
ese proceso llevaba más tres años y no se sabía ni siquiera si
la actual contralora alcanzaría por competencia a revisarlos
toda vez que la contralora termina su periodo ahora en
diciembre y repito no se sabe finalmente que actos, hechos o
que circunstancias futuras se puedan presentar en el
desarrollo del proceso, toda vez que por competencia dentro
de la estructura interna de la contraloría del municipio de
Manizales, le corresponda a un funcionario diferente que es el
encargado de la instrucción y del fallo de este proceso y solo
eventualmente si por alguna circunstancia llegara al
conocimiento de la contralora, repito en el efecto de
adquirirse o afectarse alguna situación que se pudiera
presentar en el l momento se excluiría el interés futuro,
quiere decir que si en el evento que se me llegue a imputar
responsabilidad fiscal esto iría en grado de consulta o de
apelación a la contralora, eso hablamos con el abogado en
su momento y él quedo de hacer las actuaciones
respectivas ante la contraloría, repito eso fue entre
febrero y marzo y el abogado se encargó de los
procesos normalmente como se vienen adelantando en
la contraloría y acordamos de todas maneras no
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descuidar el proceso y contratar un abogado que
tuviera la experiencia en este tipo de actuaciones, tres
de mis hijos son abogados pero no manejamos la
mecánica de los procesos de este tipo y por esto
acudimos a los servicios del Dr. Alejandro.
(...)
DEMANDANTE: Si el señor Néstor Jairo Tabares acompañó y
participó de la campaña política de Diego Alejandro Tabares
Loaiza. TESTIGO: Sí, yo participo en el debate electoral
para elegir los concejales del municipio de Manizales (el
magistrado solicita aclarar qué tipo acompañamiento realizó),
como padre obviamente lo acompañé (magistrado solicita
ser más específico en la respuesta) TESTIGO: Lo acompañé
en el cierre de su campaña, en reuniones con la familia
y al momento de requiere apoyo económico también lo
realicé [...]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Respecto de la sentencia de 11 de marzo de 2021, proferida por la
Sala en el proceso de pérdida de investidura con número único de
radicación 47001233300020200055001(Consejero ponente Roberto
Augusto Serrato Valdés), se observa que esta fue empleada
válidamente en la providencia apelada para trazar derroteros
conceptuales y teóricos en el abordaje de los análisis objetivo y
subjetivo de la causal de conflicto de interés, sin que con ello, lejos
de lo alegado por el impugnante, se hubiese fallado el caso
concreto con argumentos erráticos o fuera de contexto. Si bien
ambos casos tienen ciertas particularidades que los diferencian, lo
cierto es que siendo la misma causal de desinvestidura e igual
hipótesis de intervención en la elección de contralor, el marco
esbozado por el Tribunal fue el correcto.
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En lo relacionado con el auto de fecha 6 de julio de 2021, proferido
por la Procuraduría Regional de Caldas, dentro del proceso
disciplinario con radicación número IUS-E-2020-412625 IUC D
2020-1571227, quejoso: ‘anónimo’, iniciado contra el concejal,
mediante el cual se decretó el archivo definitivo de la investigación,
la Sala reitera que la disciplinaria y la de pérdida de investidura son
dos causas sancionatorias disímiles, independientes y autónomas,
que no condicionan el alcance y contenido de cada uno de tales
procesos, de forma tal que la sobreviniente cesación de la
investigación disciplinaria no trae como consecuencia la revocatoria
de la sentencia apelada en el asunto bajo examen.
En síntesis, para la Sala es palmario que la conducta censurada, -
conflicto de intereses-, fue desplegada por el concejal DIEGO
ALEJANDRO TABARES PRIETO, debiendo saber que le era
prohibido hacerlo y, aun así, optó por participar, intervenir y votar,
sin declararse impedido ni haber sido recusado en la elección de la
contralora general del municipio de Manizales (Caldas), en
propiedad, para el período 2020-2021, señora JENNY
CONSTANZA OSORIO VÉLEZ, a pesar de que para ese momento,
contra su padre, el señor NÉSTOR JAIRO TABARES LOAIZA, -
exgerente de la Empresa de Renovación Urbana de Manizales-
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ERUM-, se adelantaban tres procesos de responsabilidad fiscal con
auto de apertura debidamente notificados de forma personal, ante
la Contraloría General del Municipio de Manizales (Caldas).
El accionado actuó de forma gravemente culposa, por negligente e
imprudente, muy a pesar de que tuvo la capacidad cognitiva de
haber reconocido que esa actuación le estaba restringida en medio
de sus funciones como concejal municipal de Manizales (Caldas).
Las citadas normas le imponían al concejal la obligación de
constatar si él mismo o su cónyuge o compañero o compañera
permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o su socio
o socios de derecho o de hecho, se encontraban en alguna situación
de interés directo, actual y particular, en tanto que podía
significarle un conflicto de intereses, tal como sucedió en el caso
concreto.
Por las razones explicadas y encontrándose demostrados los
aspectos objetivo y subjetivo de la causal de conflicto de intereses
endilgada al accionado, la Sala procederá a confirmar la sentencia
de 7 de octubre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo
de Caldas, por medio de la cual decretó la pérdida de investidura
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Solicitante: SIMÓN ARANGO NOREÑA
del concejal municipal de Manizales (Caldas), señor DIEGO
ALEJANDRO TABARES PRIETO, por los hechos ocurridos dentro
del período constitucional 2020-2023.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 7 de octubre de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas.
SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de marzo de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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