Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2024-00081-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2024-00081-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 85001-23-33-000-2024-00081-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
17 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación 850012333000202400081011
Recurso de apelación contra la sentencia de 14 de noviembre de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare.
Solicitante: LINA MARÍA ORDÓÑEZ LEAL
TESIS: SE DECRETA LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA DEL CONCEJAL DE
PAZ DE ARIPORO (CASANARE), POR INCURRIR EN VIOLACIÓN DEL
RÉGIMEN DE CONFLICTO DE INTERESES, AL PARTICIPAR EN LA
APROBACIÓN DEL ACUERDO 500.02–028 DE 25 DE DICIEMBRE DE
2023, POR EL CUAL SE OTORGARON FACULTADES A LA ALCALDESA DEL
MENCIONADO ENTE TERRITORIAL PARA ASIGNAR Y ADJUDICAR 194
LOTES, A MANERA DE SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA EN
ESPECIE, SIN HABERSE DECLARADO IMPEDIDO, A PESAR DE QUE SUS
HERMANOS FIGURABAN EN EL LISTADO DEFINITIVO DE HOGARES
ADMITIDOS PARA SER BENEFICIARIOS DE ESOS SUBSIDIOS.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el accionado
contra la sentencia de 14 de noviembre de 2024, proferida por la
Sala Plena del Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual
decretó la pérdida de investidura del señor CARLOS JULIO VIVAS
PALENCIA, concejal del municipio de Paz de Ariporo (Casanare), por
hechos ocurridos dentro del período constitucional 2020-2023.
1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las
providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta
sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.
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Número único de radicación: 85001 23 33 000 2024 00081 01
Solicitante: LINA MARÍA ORDÓÑEZ LEAL
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La ciudadana LINA MARÍA ORDÓÑEZ LEAL, actuando en
nombre propio, solicitó decretar la pérdida de la investidura del señor
CARLOS JULIO VIVAS PALENCIA, concejal del municipio de Paz
de Ariporo (Casanare), por hechos sucedidos dentro del período
constitucional 2020-2023, al considerar que incurrió en la causal
prevista en el artículo 55, numeral 2, en concordancia con el artículo
70 de la Ley 136 de 2 de junio de 19942, y en el artículo 48, numeral
1, de la Ley 617 de 6 de octubre de 20003, esto es, por violación al
régimen de conflicto de intereses.
I.2.- En apoyo de su pretensión la solicitante adujo, en síntesis, que
el concejal accionado fue elegido concejal del municipio de Paz de
Ariporo (Casanare), para el período constitucional 2020-2023, en
representación del partido político Polo Democrático Alternativo.
Indicó que el mencionado concejal es hijo de los señores VÍCTOR
JULIO VIVAS PINZÓN, identificado con la cédula de ciudadanía
núm. 7.361.120 y de MELVA MERCEDES PALENCIA, identificada
con la cédula de ciudadanía núm. 23.789.567. Asimismo, es hermano
del señor HÉCTOR JULIÁN VIVAS PALENCIA, identificado con la
cédula de ciudadanía 1.115.856.506, y de la señora NARDA JIMENA
VIVAS PALENCIA, identificada con la cédula de ciudadanía núm.
1.006.413.924.
2 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de
los municipios […]”.
3 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de
1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional […]”.
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Número único de radicación: 85001 23 33 000 2024 00081 01
Solicitante: LINA MARÍA ORDÓÑEZ LEAL
Señaló que el accionado vulneró el régimen de conflicto de intereses
al aprobar el Acuerdo municipal 500.02-028 de 25 de diciembre de
2023, por medio del cual se autorizó a la alcaldesa municipal de Paz
de Ariporo (Casanare), para asignar y adjudicar lotes con
disponibilidad de servicios, a manera de subsidios de vivienda en
especie, según consta en el acta núm. 500.01.2.125 de 25 de
diciembre de 2023, expedida por el Concejo Municipal del referido
ente territorial, con voto positivo del mencionado concejal accionado,
al Proyecto de Acuerdo 300.47.1-031 de 15 de diciembre de 2023,
por medio del cual se autorizó a la mencionada alcaldesa municipal
para asignar y adjudicar 194 subsidios.
Anotó que participó en la aprobación del citado Acuerdo municipal
núm. 500.02-028 de 25 de diciembre de 2023, a pesar de tener
certeza de que existía un listado definitivo de hogares admitidos para
continuar el proceso de selección de beneficiarios-hogares admitidos,
publicado el 30 de noviembre de 2023, suscrito por el jefe de la
Oficina Asesora de Planeación del municipio de Paz de Ariporo
(Casanare), en uso de las facultades otorgadas en los acuerdos
municipales 500.02.003 de 17 de mayo y 500.02.010 de 28 de
agosto de 2023, en concordancia con la Resolución núm. 300.52-286
de 30 de mayo de ese año, en el cual aparecían como beneficiarios,
en los puestos núms. 1892 y 898 de dicho documento, las personas
identificadas con las cédulas de ciudadanía 1.115.856.506 y
1.006.413.924, que corresponden a los señores HÉCTOR JULIÁN
VIVAS PALENCIA y NARDA JIMENA VIVAS PALENCIA,
respectivamente.
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Solicitante: LINA MARÍA ORDÓÑEZ LEAL
Indicó que, mediante la Resolución núm. 300.52.779 de 27 de
diciembre de 2023, se asignaron los subsidios familiares de vivienda,
en la modalidad de lotes con disponibilidad de servicios en el área
urbana del municipio de Paz de Ariporo (Casanare), en la cual se
encuentran como beneficiados, en los puestos núms. 510 y 258, las
personas identificadas con cédulas de ciudadanía núms.
1.115.856.506 y 1.006.413.924, que corresponden a los señores
HÉCTOR JULIÁN VIVAS PALENCIA y NARDA JIMENA VIVAS
PALENCIA, respectivamente.
Expresó que los subsidios familiares de vivienda, que consistieron en
un lote con disponibilidad de servicios públicos en el citado municipio,
se materializaron a través de las resoluciones núms. 300.52.1493 y
300.52.1505 de 28 de diciembre de 2023, suscritas por la alcaldesa
de Paz de Ariporo (Casanare), por las cuales se realizó la
transferencia de dominio a los señores HÉCTOR JULIÁN VIVAS
PALENCIA y NARDA JIMENA VIVAS PALENCIA, de los inmuebles
identificados con los folios de matrícula inmobiliaria núms. 475-
41917 y 475-37801, expedidos por la Oficina de Registros de
Instrumentos Públicos del mencionado ente territorial.
Alegó que con la aprobación al referido Acuerdo municipal 500.02-
028 de 25 de diciembre de 2023, se concretó un beneficio directo a
sus hermanos y vulneró el régimen de conflicto de intereses.
Citó la sentencia de 15 de diciembre de 2023 de la Sección Primera4
que, a su juicio, es sobre los mismos hechos fácticos y jurídicos del
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Oswaldo Giraldo
López, sentencia de 15 de diciembre de 2023, núm. único de radicación 50001-23-33-000-2023-
000006-01
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Número único de radicación: 85001 23 33 000 2024 00081 01
Solicitante: LINA MARÍA ORDÓÑEZ LEAL
caso objeto de estudio, en la que se decretó la pérdida de investidura
por violación al régimen de conflicto de intereses de un concejal, por
cuanto, sin declararse impedido, votó un proyecto de acuerdo,
mediante el cual se autorizó al alcalde municipal para otorgar
subsidios de vivienda familiar y hacer la transferencia de dominio de
los inmuebles, cuando previamente se postularon como beneficiarios
del subsidio de vivienda su sobrina y el hijo de su esposa.
Explicó que la citada providencia es aplicable, en razón a que a pesar
de que en el listado de admitidos definitivo, que fue publicado el 30
de noviembre de 2023 por el municipio de Paz de Ariporo (Casanare),
se encontraban sus hermanos como admitidos definitivos en el
proceso y serían susceptibles de ser beneficiarios del subsidio de
vivienda municipal, aprobó el Acuerdo municipal 500.02-028 de 25
de diciembre de 2023, para realizar la asignación de subsidios el 27
de diciembre de ese año y, posteriormente, la transferencia de
dominio el 28 de diciembre de 2023, que se materializó en un lote
con servicios públicos.
I.3.- El concejal, actuando en nombre propio, contestó la solicitud
de pérdida de investidura, para lo cual adujo que no desconoció el
régimen de conflicto de intereses, ya que su actuación en la
aprobación del Acuerdo municipal 500.02-028 de 25 de diciembre de
2023, que autorizaba la asignación de subsidios de vivienda, no
implicaba un beneficio directo e inmediato para sus familiares. Dicho
acuerdo establecía un proceso de selección y asignación de subsidios
que requería de actos administrativos posteriores, lo cual hace que
el beneficio potencial para sus hermanos fuera hipotético y no directo
al momento de la votación.
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Solicitante: LINA MARÍA ORDÓÑEZ LEAL
Señaló que la selección de beneficiarios estaba sujeta a un proceso
reglamentado por la Resolución 300.52.286 de 30 de mayo de 2023,
que establecía requisitos específicos y la creación de una Mesa
Técnica de Apoyo para la selección de beneficiarios; y que la
mencionada mesa era la encargada de revisar y aprobar los listados
de admitidos, definir el procedimiento de selección y realizar el sorteo
de asignación de predios, siendo conformada solo por funcionarios
del ejecutivo municipal y que él no hacía parte de esa mesa.
Expresó que el listado definitivo de hogares admitidos, publicado el
30 de noviembre de 2023, no constituía una selección final de
beneficiarios, sino simplemente una lista de postulantes que
cumplían con los requisitos iniciales. La asignación definitiva de
subsidios se realizó mediante la Resolución 300.52-779 de 27 de
diciembre de 2023, expedida por la alcaldesa municipal de Paz de
Ariporo (Casanare).
Afirmó que primero fue la expedición del acuerdo municipal y luego
la resolución que reglamentó la convocatoria, lo que quiere decir que
el concejal accionado no aprobó acuerdos del Ejecutivo para
beneficiar directamente a sus familiares.
Indicó, asimismo, que la aprobación del acuerdo inicial no puede
considerarse como un acto que beneficiara directamente a sus
familiares, toda vez que el proceso de selección y asignación estaba
sujeto a múltiples etapas y criterios que escapaban a su control o
influencia directa.
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Sostuvo que para configurar un conflicto de intereses debe existir un
beneficio directo, particular y actual, lo cual no se cumple en este
caso debido a que el proyecto de acuerdo estaba dirigido a toda la
población del municipio y sujeto a la reglamentación para
postulación, elección y asignación, esto es, a hechos posteriores que
desdibujan un posible conocimiento de una conducta ilícita.
Propuso como excepción la de ‘inexistencia de beneficio directo-
Inexistencia de un elemento constitutivo de pérdida de investidura’,
al considerar que su actuación no fue en beneficio propio ni directo;
la selección de beneficiarios estaba sujeta a un proceso establecido
por la Resolución 300.52.286 de 30 de mayo de 2023, que fijaba
requisitos específicos y creaba una Mesa Técnica de Apoyo para la
selección de beneficiarios, de la cual no hacía parte ni tenía injerencia
en el proceso de selección; el listado de admitidos publicado el 30 de
noviembre de 2023 no era definitivo; su participación en la
aprobación del acuerdo inicial estaba dirigida al beneficio de la
población en general y no a favorecer a sus familiares en particular;
que la elección de los beneficiarios y la asignación de subsidios
requerían de actos y hechos jurídicos posteriores; y que no se cumple
en este caso un beneficio directo, particular y actual debido.
Y también la excepción de ‘inexistencia de conducta con dolo o culpa’,
al estimar que su actuación fue de buena fe y en beneficio del interés
general, sin ostentar la calidad de ponente del proyecto de acuerdo
ni formar parte de la comisión que lo estudió.
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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
El Tribunal, mediante sentencia de 14 de noviembre de 2024, declaró
no probadas las excepciones de ‘inexistencia de beneficio directo’,
‘inexistencia de un elemento constitutivo de pérdida de investidura’,
e inexistencia de conducta con dolo o culpa’, propuestas por el
accionado, al considerar que carecen de fundamento y no desvirtúan
los hechos probados documentalmente.
Declaró la pérdida de la investidura del señor CARLOS JULIO VIVAS
PALENCIA, concejal del municipio de Paz de Ariporo (Casanare),
para el período 2020-2023, al estimar que se configuró la causal
prevista en el artículo 55, numeral 2, en concordancia con el artículo
70 de la Ley 136, y en el artículo 48, numeral 1, de la Ley 617, por
violación al régimen de conflicto de intereses, pues debió declararse
impedido para participar del debate del Acuerdo 500.02-028 de 25
de diciembre de 2023, de autorización de asignación de subsidios de
vivienda en especie, y, por el contrario, “[…] lo propugnó con su voto
favorable […]”.
Señaló que está probada la condición de concejal electo del municipio
de Paz de Ariporo (Casanare), del señor CARLOS JULIO VIVAS
PALENCIA, para el período constitucional 2020-2023, perteneciente
al partido Polo Democrático Alternativo, como obra en la constancia
de posesión expedida por la secretaria del Concejo del mencionado
ente territorial; y que los señores HÉCTOR JULIÁN VIVAS
PALENCIA y NARDA JIMENA VIVAS PALENCIA son hermanos del
accionado.
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Expresó que el accionado, el 25 de diciembre de 2023, participó y
votó favorablemente, como concejal del municipio de Paz de Ariporo
(Casanare), el Proyecto de Acuerdo 300-47-031 de 15 de diciembre
de 2023, “[…] por medio del cual se autoriza a la alcaldesa municipal
para asignar y adjudicar 194 subsidios familiares de vivienda en
especie- lotes con disponibilidad de servicios y se dictan otras
disposiciones […]”, según consta en el acta núm. 500.01.2-125 del
Concejo del citado municipio.
Indicó que la materia sometida al voto del concejal accionado fue la
concesión de una autorización a la alcaldesa del municipio de Paz de
Ariporo (Casanare), para asignar unos subsidios en especie, situación
que carece de un interés distinto del general, que es la garantía
efectiva del acceso a una vivienda digna. Y que, sin embargo, dicha
neutralidad en el interés con que debe obrarse al momento de emitir
el voto al acuerdo de autorización de asignación de subsidios en
especie se quiebra cuando logra acreditarse que familiares del
concejal accionado podrían resultar favorecidos con la asignación de
subsidios, por ser postulantes admitidos en el listado de 30 de
noviembre de 2023, que fue dado a conocer a la comunidad del ente
territorial en mención.
Manifestó que si bien los hermanos del concejal accionado son
merecedores del apoyo estatal para obtener un subsidio de vivienda
en especie por su condición socio económica, y que la eventual
configuración del conflicto de intereses no afecta la obtención del
subsidio, no sucede lo mismo con la autorización que votó el concejal,
con la cual dos de sus parientes resultaron beneficiados con
subsidios.
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Advirtió que si bien la conformación de los listados de postulantes
admitidos, la evaluación para determinar el puntaje para aplicar el
subsidio a un postulante aceptado y el respectivo acto de asignación
dependía de autoridades diferentes al accionado, no todos los actos
son posteriores al voto del acuerdo de autorización de asignación de
subsidios.
Anotó que también es cierto que sin dicha autorización la alcaldesa
municipal no podía asignar subsidios en especie; y que para el 25 de
diciembre 2023, cuando el accionado votó favorablemente el acuerdo
de asignación de subsidios, sus hermanos eran postulantes admitidos
y calificados como posibles beneficiarios del subsidio en especie,
conforme consta en el listado de 30 de noviembre de 2023 de
hogares admitidos, expedido por la oficina Asesora de Planeación de
la Alcaldía del municipio de Paz de Ariporo (Casanare), dado a
conocer a la comunidad.
Afirmó que, bajo tales circunstancias, al concejal accionado le era
imposible desconocer que dos de sus hermanos eran postulados
admitidos para el subsidio de vivienda en especie, pues el listado de
postulados admitidos fue publicitado como acto general, sin que sea
de recibo aceptar que la página o los links respetivos de la
convocatoria “no eran operativos” (sic); que la información era
inaccesible, como lo manifestó el accionado en la audiencia especial
de la Ley 1881 de 15 de enero de 20185; y que, por tanto, este listado
no era oculto, inaccesible y podía ser consultado por cualquier
5 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas, se
consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]".
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persona que ingresara a la página de convocatorias de la Alcaldía de
Paz de Ariporo (Casanare).
Sostuvo que si bien los hermanos del accionado pudieron ser o no
beneficiarios finales del subsidio, lo cierto es que no podía serlo
materialmente o de ninguna forma posterior, sin que obrara la
autorización de asignación de dichos subsidios otorgada con el voto
favorable del concejal accionado y la respectiva Corporación. Y que,
en consecuencia, el accionado dejó de obrar bajo los paradigmas del
interés general que su actuación como integrante del Concejo le
imponía, porque tenía una motivación especial o particular, distinta
al interés general y era la posibilidad de que sus hermanos tuvieran
la oportunidad de ser adjudicatarios de un subsidio en especie, cuya
asignación fue autorizada a la mencionada alcaldesa para todos los
postulados admitidos a la convocatoria, en que el concejal accionado
tenía familiares en segundo grado de consanguinidad, como lo son
los señores HÉCTOR JULIO VIVAS PALENCIA y NARDA VIVAS
PALENCIA.
Agregó que es un procedimiento, como tal objetivo, que no estaría
surcado por imparcialidad, mas no así la decisión de autorizar la
asignación de subsidios en especie, porque como postulantes
admitidos al proceso de adjudicación del subsidio para la fecha de
votación del Acuerdo 500.02-028 de 25 de diciembre de 2023, al
publicarse el listado de admitidos en la página web de la Alcaldía de
Paz de Ariporo (Casanare), desde el 30 de noviembre del año 2023,
era claro el conocimiento público del mismo y, a su vez, que los
hermanos del concejal en mención podían ser adjudicatarios del
beneficio de vivienda en especie. Por lo tanto, la motivación particular
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para ayudar se devela como un motivo fuera del general para votar
favorablemente el acuerdo, como en efecto lo hizo.
Señaló, frente al aspecto subjetivo de la conducta del conflicto de
intereses, que el programa de asignación de subsidios de vivienda
era un proyecto que abarcó un amplio espectro de la población, de
manera que el accionado debió prever lo previsible, por lo que ante
un número importante de subsidios por asignar respecto de
aspirantes y su correlación con el universo de hogares privados y los
que se adicionarían, era necesario comprobar, previo a otorgar la
autorización de asignación de subsidios a la alcaldesa, mediante el
Acuerdo 500.02-028 de 25 de diciembre de 2023, que ningún familiar
estuviera admitido como posible beneficiario del subsidio de vivienda.
Anotó que omitir la verificación del listado de postulantes admitidos
implica un descuido inexcusable al débito de prudencia o diligencia
mínima, exigible a un administrador público que agencia asuntos de
la comunidad, que aguarda que sus actuaciones estén conforme al
interés general, desprovistos de motivaciones particulares o
subjetivas ligadas a vínculos familiares de consanguinidad, para lo
cual no se requiere de formación profesional alguna, sino la
delicadeza “en el que hacer público y el simple cuidado de
constatación” (sic).
Expresó que si bien el concejal accionado en la audiencia especial de
la Ley 1881 manifestó que su núcleo familiar lo integra con su padre,
que está bajo su cuidado por situaciones de salud, producto de un
distanciamiento con sus hermanos, también lo es que su dicho no
tiene ninguna verificación o soporte probatorio adicional; y que una
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situación es el distanciamiento, sin que ello constituya ruptura de
relaciones con sus hermanos, a tal punto que de estar frente a
relaciones de odio, repudio o alejamiento importante, que lo hicieren
desentenderse de ellos y perderle el rastro; pero, que aun en una
relación de odio, por el solo hecho de que le afectara que los
hermanos se presentaran a la convocatoria de vivienda, resultaba de
mayor prioridad verificar situaciones que no le generaran un conflicto
de intereses, como la no pertenencia a la lista de potenciales
beneficiarios de un subsidio estatal, cuya distribución requería del
voto favorable del concejal accionado.
Aseveró que en el caso bajo estudio existe un interés directo y
particular, porque la prueba documental establece que los hermanos
del accionado, para la época de la aprobación del acuerdo de
autorizaciones para el otorgamiento de subsidios de vivienda
familiar, figuraban como postulantes admitidos.
Anotó que con la aprobación del referido acuerdo, los hermanos del
concejal, cuya admisión como postulantes estaba habilitada desde el
30 de noviembre de 2023, tendrían la opción de asignárseles un
subsidio de vivienda de interés social, al haberse autorizado
presupuestalmente la distribución de recursos públicos para 781
subsidios de vivienda, de manera que existía una posibilidad real que
fueran beneficiarios finales del subsidio, con independencia de que la
asignación de la misma pendiera de la actuación de otras
autoridades, ya que lo destacable era la existencia de recursos para
asignar, sin que el factor aleatorio de la asignación y de la calificación
técnica de los aspirantes admitidos, velara o extinguiera el interés
que por vínculos de familiaridad rodeaba al concejal en su obrar.
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Sostuvo que era mandatorio e inexcusable para el administrador
público el deber de obrar con un mínimo de diligencia comprobatoria
de quienes serían los potenciales beneficiarios, cuando ya existía
listado consolidado de admitidos, entre ellos, sus hermanos, por
tratarse de la asignación de bienes del Estado, esto es, de un
patrimonio público que no le pertenece como concejal, pero que sí
debió manifestar el impedimento para evitar conductas asimilables a
las del artículo 355 de la Constitución Política, para que la
Corporación decidiera sobre el mismo, bien sea aceptándolo o
negándolo, y no concluir la inexistencia de un conflicto de interés,
cuando el listado de admitidos fue publicado y ello representa el
conocimiento de la población y la imposibilidad de ignorarlo para el
concejal accionado, aun cuando para aprobar el proyecto de Acuerdo
de 25 de diciembre de 2023 no tuviera el listado, pues era de
conocimiento público y resultaba superfluo el allegarlo al trámite de
estudio y aprobación de dicho acuerdo.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO
El accionado interpuso recurso de apelación en el cual pretende que
se revoque la sentencia de 14 de noviembre de 2024 y, en su lugar,
se denieguen las pretensiones.
Trae a colación la sentencia SU 379/19 de la Corte Constitucional,
que señaló que en la aplicación del régimen de conflicto de intereses,
debe verificarse la existencia de un interés directo por parte de quien
participa en las etapas de la aprobación de un proyecto -debate o
votación-; y que la valoración que realice el juez sobre el provecho
(interés o beneficio) sea propio o a favor de un consanguíneo, no
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debe ser incierto, sino que requiere un nexo causal entre dicho
beneficio y el poder de interferir en la toma de la decisión.
Alega que de acuerdo con la citada sentencia y la Resolución 300.52-
286 de 30 de mayo de 2023, por medio de la cual se fijan las fechas
de apertura y cierre para postulaciones, la revisión, aprobación de
admitidos y realización del correspondiente sorteo por parte del
municipio de Paz de Ariporo (Casanare), mostraba como incierta la
designación de subsidios de vivienda, por lo que dicho interés dejó
de ser directo, no perseguía un provecho para los familiares de
manera directa, requirió desarrollos posteriores que lo convertían en
hipotético y aleatorio, como lo es la asignación de la unidad predial.
Aclara que dicho acto administrativo definió un comité técnico que
seleccionaría de forma aleatoria y asignaría los lotes mediante otro
acto administrativo; y que no tuvo injerencia directa en la
convocatoria ni en la selección ni asignación de esos subsidios.
Afirma que, en el presente caso, el interés resulta hipotético y
aleatorio, tanto para el accionado como para su familiar, puesto que
la selección, asignación y en términos generales, la adjudicación del
lote no deviene automáticamente de la aprobación del Acuerdo
municipal de 25 de diciembre de 2023 y menos de la publicación del
listado de admitidos, por cuanto se requerían de otros actos
administrativos, expedidos por otra autoridad, esto es, la Alcaldía de
Paz de Ariporo (Casanare), a saber: el acto de 27 de diciembre de
2023 de asignación de forma aleatoria entre 2922 personas de 781
lotes; y el acto de 28 de diciembre de 2023 de transferencia de un
bien fiscal urbano.
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Aduce que el a quo no valoró la prueba, correspondiente a la
Resolución núm. 300.52-779 de 27 de diciembre de 2023, por medio
de la cual se aprobó la selección de 781 beneficiarios, de forma
aleatoria (sorteo), de subsidios de familiares de vivienda en la
modalidad de lotes con disponibilidad de servicios, en el área urbana
del mencionado municipio.
Indica que si el fallador de primera instancia hubiera valorado dicha
prueba, habría evidenciado que para el 25 de diciembre de 2023
existían 2922 admitidos; que el 27 de diciembre siguiente, la
alcaldesa municipal asignó 781 subsidios de vivienda familiar,
elegidos de forma aleatoria y según criterios única y exclusivamente
establecidos por el municipio de Paz de Ariporo (Casanare); y que
solo con la aprobación del Acuerdo municipal de 25 de diciembre de
2023 no se beneficiaba directamente ningún familiar, toda vez que
estaba sujeto a factores externos, ajenos a su voluntad.
Expresa que para la fecha en que se aprobó el Acuerdo municipal
núm. 500.02-028 de 25 de diciembre de 2023 y que la Alcaldía de
Paz de Ariporo (Casanare) radicó el proyecto de acuerdo, no allegó
como anexo el listado definitivo de admitidos con los números de
cédula de ciudadanía, como tampoco indicó nombres propios, en la
exposición de motivos. Por el contrario, el Concejo del ente territorial
mencionado acordó que dicha Alcaldía debía aplicar los criterios que
reglamentó en la resolución de convocatoria.
Asevera que en las publicaciones del listado de admitidos de 30 de
noviembre de 2023 solo existe un listado con números de cédulas,
de las que no se puede interpretar quienes eran beneficiarios (por la
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poca comunicación que hay con sus hermanos), y con el objeto de
que cada interesado conociera su situación dentro del proceso, por
lo que no hubo lugar a impedimento.
Manifiesta que el fallo apelado no analizó sus alegatos de conclusión,
en los que puso de presente que su actuar fue pulcro y sin beneficiar
directamente a familiares, por cuanto la selección y asignación de
beneficiaros estaba reglada bajo un acto administrativo de carácter
general, expedido por el municipio de Paz de Ariporo (Casanare); y
que dicha selección de los potenciales beneficiarios, previa
verificación de filtros y procedimientos, tuvo un factor aleatorio e
hipotético.
Indica que en el presente caso existe como precedente
jurisprudencial la sentencia de 20 de enero de 2023 de la Sección
Primera6, en la cual se trajo a colación la sentencia de 30 de enero
de 20047, la cual, a su juicio, reúne los mismos elementos fácticos y
jurídicos con respecto al presente asunto, en la que se denegó la
pérdida de investidura de un concejal, por encajar el caso dentro de
las excepción que trata el artículo 48, numeral 1, de la Ley 617, por
cuanto: i) el interés general se fusionaba en igualdad de condiciones
con los de la población en general; ii) a los familiares de los
accionados les asistía un interés hipotético, aleatorio e incierto de ser
beneficiados; y iii) que la decisión final de ser beneficiados NO
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, sentencia de 20 de
enero de 2023, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 05001-23-33-000-
2022-00968-01.
7 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, sentencia de 30 de
enero de 2004, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, núm. único de radicación 25000-23-15-000-
2003-01190-01(PI).
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dependía de los acuerdos aprobados, pues su decisión ya estaba
reglada en la ley según cada caso estudiado.
Anota que la falta de diligencia es una conducta que es calificada
como falta leve; y que la pérdida de investidura es una acción de tipo
disciplinario, por lo que deben aplicarse los eximentes de
responsabilidad previstos en el artículo 31 del Código General
Disciplinario.
Sostiene que la Corte Constitucional, en la sentencia SU 073/20,
señaló expresamente que en el medio de control de pérdida de
investidura son aplicables las causales de eximentes de
responsabilidad previstas en materia disciplinaria, esto es, las
establecidas en el artículo 31 de la Ley 1952 de 28 de enero de 20198,
por lo que debe ser excluido de responsabilidad, toda vez que actuó
en estricto cumplimiento de un deber constitucional legal de mayor
importancia que el sacrificado.
IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN
IV.1.- El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,
numeral 3, de la Ley 1881, fue descorrido por el propio accionado, a
través de memorial de 1o. de abril de 2025, en el cual solicita que se
revoque la sentencia de primera instancia y se denieguen las
pretensiones.
8 “Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y
algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario”.
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Aduce que no se cumple con el requisito de un interés directo,
particular y actual, pues la selección, asignación y la adjudicación de
lotes no deviene automáticamente de la aprobación del Acuerdo
Municipal de 25 de diciembre de 2023 y menos de la publicación del
listado de admitidos.
Señala que la materialización del beneficio no es producto directo de
su poder de decisión, ya que la transferencia del bien fiscal urbano
no dependía del voto emitido, sino del proceso de selección ejecutado
por la Alcaldía de Paz de Ariporo (Casanare), para el interés de la
comunidad afectada con falta de vivienda.
Indica que dicho acuerdo no asignó ni adjudicó de manera directa los
subsidios familiares de vivienda en especie, sino que lo que hizo fue
autorizar a la alcaldesa municipal de Paz de Ariporo (Casanare),
previo proceso de selección, para que ella lo efectúe.
Expresa que en el momento en el que estudió el proyecto de acuerdo
en mención no tenía conocimiento sobre las cédulas de los admitidos
como candidatos. Su decisión se basó en darle la oportunidad a 781
personas de poder obtener un subsidio y de tener una vivienda digna.
Aclara que el referido acuerdo es producto del cumplimiento honesto,
de ejercer sus funciones como concejal y del interés general de la
comunidad altamente afectada.
Aduce que era imposible que conociera la totalidad de las 2.922
personas que habían sido admitidas como posibles candidatos a
obtener el subsidio de vivienda familiar y que su voto se dio en pro
de la comunidad.
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Trae a colación el principio de que “nadie está obligado a lo
imposible”, para afirmar que era imposible que él tuviera
conocimiento de que entre las 2.922 personas, que podrían ser
elegidas, se encontraban sus familiares o que estos resultarían
ganadores de un sorteo, pues en la exposición de motivos no se
encontraba el listado de posibles beneficiarios ni el controla el azar.
Advierte que es, entonces, más que razonable argumentar que la
diligencia del buen hombre de negocios es superada al exigir que se
tenga conocimiento del número de identidad nacional de personas
ajenas a uno mismo, aun tratándose de hermanos y que supiera que
iban a ganar; y que aun en el escenario remoto de que se conociera
el número de sus identificaciones, aspecto que en ningún momento
fue probado al interior del proceso, se pudiera revisar de manera
detenida las 2.922 cédulas publicadas, las cuales no tienen ningún
tipo de distintivo, más que números de hasta 11 cifras.
Anota que lo anterior hace imposible la verificación de la identidad
de los admitidos y, por ende, que con la publicación de los listados
conociera de la posibilidad de que sus hermanos fueran acreedores
del proyecto votado en plenaria del Concejo Municipal de Paz de
Ariporo (Casanare).
Sostiene que en el acervo probatorio no obra prueba alguna que
demuestre que mantenía una relación cercana con los señores
HÉCTOR JULIÁN VIVAS PALENCIA y NARDA JIMENA VIVAS
PALENCIA.
Manifiesta que debe tenerse en cuenta que, a la fecha de los hechos,
no mantenía una constante comunicación con sus hermanos, lo cual
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resulta normal en las relaciones familiares, cuando cada uno tiene
sus hogares y ocupaciones laborales y familiares propias, por lo que
en ningún momento llegó a su conocimiento la intención de sus
hermanos de participar en el proyecto, objeto de controversia, el cual
además, estaba sujeto a la suerte.
Expresa que es completamente inverosímil afirmar que su voto era
esencial cuando se desconoce la dinámica establecida para el proceso
de votación al interior de la Corporación.
Afirma que al revisar el acervo probatorio queda claro que el
reglamento interno del Concejo Municipal de Paz de Ariporo
(Casanare) no fue incorporado para su estudio, por lo que el a quo
desconoció las reglas para que el proyecto, objeto de controversia,
fuera aprobado y que le resultaba imposible determinar si su voto
era o no esencial para que lo determina como “la materialización del
beneficio”.
IV.2.- Por su parte, el agente del Ministerio Público solicita que se
revoque la sentencia apelada y, en su lugar, se denieguen las
pretensiones.
Para el efecto, señala que el señor CARLOS JULIO VIVAS
PALENCIA no incurrió en la causal de pérdida de investidura por
violación del régimen de conflicto de interés imputada, por cuanto la
aprobación del Acuerdo 500.02– 028 de 25 de diciembre de 2023 no
implicó un interés cierto para los hermanos del accionado, ni hubo
un interés directo, ni personal, pues el referido Acuerdo tenía un
carácter general, impersonal y abstracto, que requería para su
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materialización un sorteo, adelantado sin participación o injerencia
de los concejales, en el que competían en igualdad los 2.922 hogares
del municipio.
Alega que no le asiste razón al apelante, cuando sostiene que en los
procesos de pérdida de investidura son aplicables los eximentes de
responsabilidad previstos en el artículo 31 del Código General
Disciplinario, toda vez que la Ley 1881 solo dispone una remisión
expresa a la Ley 1437 de 18 de enero de 20119, y de ninguna manera
habilita acudir a la Ley 1952 de 2019, pues esta contiene el régimen
disciplinario que aplica la Procuraduría General de la Nación, las
personerías municipales, las oficinas de control disciplinario interno,
y el proceso disciplinario contra el Procurador General de la Nación,
sin que, en modo alguno, sea extensible a los procesos de pérdida
de investidura.
Precisa que los procesos de pérdida de investidura y los disciplinarios
tienen regulaciones totalmente diferentes y son procesos autónomos
e independientes.
Indica que cuando se realiza una lectura íntegra de la sentencia SU-
073 de 2020, citada por el apelante, se puede evidenciar que ni el
Consejo de Estado ni la Corte Constitucional señalan que a los juicios
de pérdida de investidura se apliquen los eximentes de
responsabilidad el Código General Disciplinario.
9 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo […]”.
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Por último, expresa que como no está configurado el elemento
objetivo, no hay lugar a evaluar la culpabilidad endilgada a título de
culpa grave por el Tribunal de primera instancia.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1.- Problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer, en los precisos términos del
recurso de apelación, y en consonancia con la solicitud inicial, si el
concejal del municipio de Paz de Ariporo (Casanare), señor CARLOS
JULIO VIVAS PALENCIA, incurrió en la causal prevista en los
artículos 55, numeral 2, de la Ley 136, y 48, numeral 1, de la Ley
617, en concordancia con el artículo 70 de la Ley 136, esto es, por
violación del régimen de conflicto de intereses, al haber participado,
sin haberse declarado impedido, en el trámite y aprobación del
Acuerdo 500.02–028 de 25 de diciembre de 2023, por el cual se
otorgaron facultades a la alcaldesa municipal del mencionado ente
territorial para asignar y adjudicar 194 lotes, a manera de subsidios
familiares de vivienda en especie, a pesar de que sus hermanos
figuraban en el listado definitivo de hogares admitidos para ser
beneficiarios de esos subsidios.
V.2.- De la violación del régimen de conflicto de intereses
como causal de pérdida de investidura de concejales10
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente
Nubia Margoth Peña Garzón, sentencias de 2 de diciembre de 2021, número único de radicación
47001233300020200075601; 3 de octubre de 2019, número único de radicación
05001233300020170347301; y 25 de febrero de 2021, número único de radicación
25000231500020190021701.
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En la presente solicitud se endilga la configuración de la causal de
pérdida de investidura prevista en los artículos 55, numeral 2, de la
Ley 136, y 48, numeral 1, de la Ley 617, así:
“[…] Ley 136, artículo 55. Pérdida de la investidura de
concejal. Los concejales perderán su investidura por:
(...)
2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades
o de conflicto de intereses [...]” (Negrillas y subrayas fuera de
texto).
“[...] Ley 617, artículo 48.- Pérdida de investidura de
diputados, concejales municipales y distritales y de
miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas
administradoras locales perderán su investidura:
1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de
conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses
cuando se trate de considerar asuntos que afecten al
concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la
ciudadanía en general […]” (Resaltado fuera del texto original).
En este sentido, el artículo 70 de la Ley 136, previó, en cuanto al
conflicto de intereses de concejales, la siguiente definición
conceptual que instruye la aplicación de esa figura:
“[…] Artículo 70.- Conflicto de interés. Cuando para los
concejales exista interés directo en la decisión porque le
afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o
compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho,
deberá declararse impedido de participar en los debates o
votaciones respectivas.
Los concejos llevarán un registro de intereses privados en el cual los
concejales consignarán la información relacionada con su actividad
económica privada. Dicho registro será de público conocimiento.
Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de una causal de
impedimento de algún concejal, que no se haya comunicado a la
respectiva corporación, podrá recusarlo ante ella […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
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La Sección ha establecido que el conflicto de intereses es un concepto
jurídico indeterminado y, debido a ello, es el juez quien decide, en
cada caso concreto, si existe o no fundamento suficiente para
acceder a la solicitud elevada. Por su parte, la jurisprudencia de la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación se
ha pronunciado en múltiples ocasiones frente al alcance y contenido
de la causal en comento y su incursión en sede judicial,
consideraciones que si bien son vertidas en el marco de controversias
de desinvestidura de congresistas de la República, orientan su
entendimiento, configuración y aplicación en los asuntos que, como
en el caso sub lite, examinan las conductas de concejales.
Así, en la sentencia de 12 de abril de 2011, de la Sala Plena, se
recogen en gran medida las diferentes providencias que abordan el
tema, de la cual se transcriben los apartes más significativos:
“[…] Ahora bien, no obstante, la generalidad del alcance que tienen
los arts. 182 y 183.1 de la C.P., poseen un contenido mínimo
clarificador, que es importante destacar a continuación antes de
abordar el caso concreto:
i) El conflicto de interés puede ser de orden económico o moral, de
manera que en estos dos conceptos se deben enmarcar todas las
circunstancias reprochables desde el punto de vista del interés en
su concreción. Sin embargo, la indeterminación de los mismos sigue
caracterizando la institución.
ii) La consecuencia inmediata de estar incurso en ellos es que se le
prohíbe al congresista participar de la deliberación y decisión del
tema puesto a consideración del Congreso.
En este sentido, la Sala Plena consideró en la sentencia del 11 de
mayo de 2009 –exp. P.I. 2009 00043-: “La Carta Política impone a
los congresistas el deber de poner en conocimiento de la respectiva
Cámara las situaciones de orden moral o económico que los inhiban
para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su
consideración. La Ley 5ª de 1992 -Sección IV-, reguló lo relativo a
la aplicación, declaración, comunicación y efectos del impedimento
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y la recusación y el artículo 286 reitera el deber que tienen de
declararse impedidos ‘… de participar en los debates y votaciones
respectivas…’.”
iii) El conflicto de intereses afecta la posibilidad de participar en toda
clase de actuaciones y decisiones donde, en principio, debería actuar
el congresista, es decir, que está inhibido “para participar en el
trámite de los asuntos sometidos a su consideración.” Esto significa
que no puede intervenir en la deliberación ni en la votación de
proyectos de ley, de actuaciones judiciales, ni en la adopción de
otras decisiones administrativas, electorales o políticas, siempre que
lo afecten.
De este criterio ha sido la Sala Plena en muchas ocasiones. Entre
ellas lo ha aplicado a la elección de funcionarios a su cargo, en cuyo
caso ha analizado si en el evento concreto se presenta un conflicto
de intereses del congresista demandado que participó en la
correspondiente elección: “Para la Sala, la situación de conflicto de
interés que puede presentarse en un asunto o materia de
conocimiento de los congresistas, no se circunscribe únicamente a
los relacionados con su labor legislativa, pues como antes lo ha
precisado la Sala Plena11, los miembros del Congreso tienen otras
funciones de naturaleza administrativa, electoral, judicial, de control
político y fiscal, atribuidas por la Constitución y la ley. Por esta razón,
ha dicho la Sala12, que la situación de conflicto debe analizarse en
cada caso específico, para determinar si las particulares
circunstancias del congresista, su cónyuge o compañero o
compañera permanente, o sus parientes, o socios, se contraponen
con el interés comprometido en el asunto o materia en el que
intervenga.” -sentencia del 10 de noviembre de 2009. Rad. 11001-
03-15-000-2008-01180-00(PI)-2008-01367. CP. Martha Teresa
Briceño-
En el mismo sentido manifestó: “Que el impedimento puede darse
por la participación o votación en una decisión o asunto de que
conozca el Congreso de la República, sea que se trate de
deliberaciones y votaciones relacionadas con proyectos de ley o
actos legislativos, o se trate de una decisión trascendental. En
efecto, es inequívoco el artículo 291 al señalar que el congresista
debe declararse impedido cuando observe que existe un conflicto de
intereses para conocer y participar ‘sobre determinado proyecto o
decisión trascendental’.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 10 de noviembre
de 2001, Expediente PI-0130, consejero ponente Germán Rodríguez Villamizar.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de17 de octubre de
2000, Expediente AC-11116, consejero ponente Mario Alario Méndez.
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“Por tanto, el impedimento no solo puede darse cuando se trate del
ejercicio de las funciones puramente legislativas del Congreso sino
cuando se trate de las otras funciones de ese órgano como las
funciones de control político, las administrativas, las judiciales y las
electorales.
“La Sala no desconoce que el conflicto de intereses podría darse de
forma contundente cuando se trata de la intervención de los
congresistas en el proceso de formación de normas jurídicas que
luego vendrían a favorecerlos de forma particular y concreta, como
cuando se dictan normas relativas al régimen del derecho penal
estando el congresista sometido efectivamente a una investigación
penal, cosa que no sucede en este caso. Este tema fue tratado por
la Sala de Consulta del Consejo de Estado en el concepto del 15 de
mayo de 200813, y así se concluyó en ese dictamen.” -sentencia del
23 marzo de 2010, rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI). CP.
Hugo Fernando Bastidas-
En forma concluyente también ha expresado que “Para que se
estructure la violación del régimen del conflicto de intereses es
suficiente que el congresista participe en los debates14, así sea
simplemente integrando el quórum de la sesión donde se discuta el
tema respectivo15.” –Sala Plena. Sentencia del 27 de julio de 2010.
Rad. 11001-03-15-000-2009-01219-00(PI). CP. Mauricio Fajardo
Gómez-
iv) Cuando se concreta alguna circunstancia que obliga al
congresista a separarse del tema que compete resolver al Congreso,
aquél debe ponerla en conocimiento de la Corporación, so pena de
ser recusado. En estos términos, tanto la institución del
13 “[…] ¿Debe un congresista declararse impedido de participar en los debates y votaciones respecto
del proyecto de Acto Legislativo números 047 de 2007 Cámara y 014 de 2007 Senado, porque la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal le ha abierto una investigación preliminar por
actos relacionados con la llamada "parapolítica"? De acuerdo con los fundamentos normativos y los
hechos analizados en el presente concepto, la Sala considera recomendable que proceda a declarar
su impedimento ante la respectiva Corporación, para que sea ésta la que decida sobre el mismo. En
caso de hacerlo y de votar el congresista favorablemente el mencionado proyecto de Acto legislativo,
¿qué consecuencias podrían sobrevenirle en materia disciplinaria y pérdida de investidura? De
acuerdo con lo expuesto en este concepto, en caso de que el congresista no declare su impedimento
ante la Corporación y de alguna manera participe en el debate y votación del proyecto, además de
la posibilidad de que pueda ser recusado, dicha participación podría dar lugar a que se le iniciara una
investigación disciplinaria y se configurara una causal para un eventual proceso de pérdida de
investidura […]”.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de abril de 2003,
número único de radicación 11001-03-15-000-2002-1127-01(PI-058), consejero ponente Alejandro
Ordóñez Maldonado.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de
2003, número único de radicación 11001-03-15-000-2003-0587-01(PI), consejero ponente
Alejandro Ordóñez Maldonado.
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impedimento como la recusación tienen apoyatura directa en el art.
182 de la CP.
v) Se le encomendó al legislador complementar la tarea que se
encuentra implícita en esta causal: identificar “lo relacionado con los
conflictos de intereses y las recusaciones”. Esta atribución para
ultimar los detalles de la materia, en lo no regulado en la
Constitución Política, constituye una típica reserva de ley.
vi) De lo expresado se deduce que los elementos que configuran el
conflicto de intereses son: a) la existencia de un interés particular
del congresista en la deliberación o decisión de un tema específico
a cargo del Congreso, b) que efectivamente participe de ello, c) que
ese interés sea directo, no eventual o hipotético, d) que además el
interés sea actual, y e) que el beneficio recibido no sea general sino
particular […]”16.
A su vez, esta Sección ha acogido y reiterado, en múltiples
oportunidades, lo dicho en el concepto de 28 de abril de la Sala de
Consulta y Servicio Civil sobre la noción, finalidad, fundamento y
características que debe reunir el conflicto de interés, en el cual se
plasmaron las siguientes consideraciones17:
[…] 2. El conflicto de intereses. Es una institución de
transparencia democrática que por su alcance y fundamento debe
analizarse en forma concreta.
2.1. Noción. En términos generales es aquella cualidad de
concurrencia antagónica entre el interés particular y el interés
público que afecta la decisión a tomar y obliga a declararse impedido
a quien deba tomarla.
2.2. Finalidad. El instituto del conflicto de intereses trata de
impedir que prevalezca el interés privado del congresista [en este
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 12 de abril de
2011, número único de radicación 11001-03-15-000-2010-01325-00 (PI), consejero ponente
Enrique Gil Botero y 2 de julio de 2013, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-00-
00322-00(PI), consejero ponente María Elizabeth García Gonzalez. Ver también, en el mismo
sentido, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 6 de junio
de 2017, número único de radicación 11001-03-15-000-2016-02279-00(PI) consejero ponente
Jaime Orlando Santofimio Gamboa y de 1o. de febrero de 2018 número único de radicación 66001-
23-33-000-2017-00089-01(PI), consejero ponente Oswaldo Giraldo López.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18
de marzo de 2021, número único de radicación 85001233300020200001602, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés.
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caso entiéndase concejal] sobre los intereses públicos, el cual,
prevalido de su influencia, podría obtener provechos indebidos
para sí o para terceros, es decir, evitar favorecer intereses que
no sean los relativos al bien común o que la imparcialidad de sus
decisiones se comprometa y distorsione por motivos personales o
particulares. Se trata así de un asunto inherente al fuero interno del
congresista, a un aspecto esencialmente subjetivo, el que de existir
y no ser manifestado conforme al reglamento, da lugar a la
recusación.
2.3. Fundamento. De allí que el fundamento del impedimento
radica en que: a) el conflicto de interés afecta la transparencia de la
decisión -para el caso, la motivación del voto-. En efecto, en toda
decisión siempre debe haber, en forma inequívoca, un solo interés:
el interés general de la ley. Por tanto, en caso de conflicto se
mezclan el interés privado y el público, con lo cual queda en duda
cuál fue el interés dominante. b) En que el impedimento evita que
la decisión sea determinada por el interés particular en detrimento
del interés público.
2.4 Necesidad de análisis en cada caso particular: La Sala
estima conveniente advertir que el tema, de por sí complejo,
requiere para su tratamiento del análisis de cada caso concreto,
pues la conducta humana admite de manera necesaria matices y,
por tanto, el instituto del conflicto de intereses, al ser del resorte del
fuero interno, debe ser valorado con especial cuidado para no
vulnerar los derechos del congresista o hacer inanes los alcances de
la ley.
3. Requisitos para la configuración del conflicto de intereses
en el caso de los congresistas. Como quiera que dicho conflicto
se configura por la concurrencia de interés privado e interés público,
se hace indispensable tener en cuenta, entre otros, los siguientes
requisitos:
3.1 Interés privado concurrente. De acuerdo con lo expuesto,
resulta indubitable que este interés debe aparecer en tal forma que
comprometa objetivamente la intangibilidad del interés general
perseguido, para lo cual la Sala estima necesario hacer las
siguientes precisiones:
a) Existencia: Se configura el interés privado cuando hay
“exigencia para la satisfacción de necesidades humanas” -Messineo,
Tomo II, p. 10 -, lo cual acontece cuando surgen v. gr.: ventajas
o provechos representados en derechos subjetivos, o en
ventajas de tipo reparativo positivo (como indemnización por daños
o detrimento de derechos) o negativo (reparación de gastos), o de
tipo enriquecedor (como ganancias, utilidades, provechos,
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derechos, etc.), o cuando se refieren a la simple exoneración de
desventajas (exoneración de obligaciones, cargas, etc.).
b) Juridicidad: Se da cuando el interés privado, protegible de
ordinario, pero con la aptitud de afectar la transparencia, debido a
que siendo actual y estando amparado por la ley puede perturbar el
ánimo del interesado a actuar en su propio favor. Para ello debe
tenerse en cuenta que el interés: 1) Es actual, cuando se ha
adquirido y puede afectarse. De allí que por ausencia de éste (sic)
requisito quede excluido el interés futuro. 2) Es jurídico, porque se
encuentra amparado por la ley. Por tanto es inaceptable interés
originado en el roce meramente social (v. gr. el de comunicación o
trato) para generar conflicto de interés. y, 3) Es afectable, cuando
puede extinguirse o modificarse el que se tiene. En cambio, no se
da cuando el interés es inalienable (v. gr. La vida).
c) Privado: Se da cuando el interés es de naturaleza particular de
manera inequívoca y, por lo mismo, se descarta cuando se actúa
movido por el interés público o general -regulación abstracta en
general-. El interés puede ser individual o colectivo, referido en el
primer caso, por ej., a la propiedad particular y, en el segundo, al
interés común de los propietarios en una urbanización.
d) Titularidad: El interés debe radicar en el congresista [en este
caso entiéndase concejal] o en su cónyuge, compañero (a), pariente
hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en
el caso bajo estudio.
3.2 El interés público concurrente en la decisión pertinente.
Para que este interés público concurrente pueda verse
menoscabado, también se hace indispensable tener en cuenta
aquellos aspectos que puedan afectar que sea el único determinante
de la decisión; lo cual implica que en la misma persona que tiene un
interés privado, también concurran estos requisitos:
a) Calidad de congresista.
b) Intervención en las deliberaciones y votaciones.
c) Proyecto de decisión de interés público.
d) Afectación particular, consistente en que el proyecto a votar
pueda afectar el interés directo del congresista, arriba mencionado.
3.3 Conflicto de interés. De la concurrencia objetiva de los dos
intereses mencionados puede desprenderse inequívocamente la
existencia de un conflicto de interés como causal de impedimento o
recusación. En tanto que este fenómeno no se estructuraría, de una
parte, cuando no concurra alguno de los requisitos mencionados
para los referidos intereses, y, de otro, cuando simplemente se trata
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de mera apreciación subjetiva de conflicto sin sustento en
elementos objetivos [...]”18.
A partir de estos precisos elementos de juicio, la Sección19 ha
determinado que con dicha causal se procura castigar la posibilidad
de que los concejales pretendan, con determinadas decisiones,
lucrarse u obtener beneficios, ventajas o privilegios personales, en
detrimento de la comunidad, desconociendo precisamente el interés
general que debe guiar el ejercicio de sus funciones; esto es, cuando
el accionado tiene interés directo en el asunto que se encuentra
conociendo porque le afecta en forma personal, o a su cónyuge o
compañero o compañera permanente, o de alguno de sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
primero civil, o de su socio o socios de derecho o de hecho, ya sea
de orden moral o económico.
El asunto puesto en conocimiento del miembro de la corporación
pública le plantea un enfrentamiento entre su interés personal y el
interés general o bien común que, se reitera, debe guiar el ejercicio
de sus funciones, lo que obliga a que aquél manifieste su
impedimento para efectos de que sea resuelto, so pena de incurrir
en la referida causal de desinvestidura.
La causal de violación al régimen de conflicto de intereses en cabeza
de un concejal, supone la omisión en que se incurre cuando, en un
asunto sometido a su intervención, no advierte ante el resto del
18 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 28 de abril de 2004, radicación
núm. 1572, consejero ponente Flavio Augusto Arce Rodríguez.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 30 de
mayo de 2019, número único de radicación 05001-23-31-000-2017-02538-01(PI), consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés y de 28 de noviembre de 2013, número único de radicación
50001-23-33-000-2013-00027-02(PI), consejera ponente María Elizabeth García González.
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órgano político-administrativo al cual pertenece, la connivencia entre
sus intereses particulares, –ya sean de orden moral y/o económico-
, y los ineludibles intereses públicos que per se está obligado a
proteger en desarrollo de sus funciones públicas corporativas, en
tanto que de dicha concurrencia de intereses resulta afectado de
alguna manera u obtiene un provecho privado.
Siendo consecuente con los antecedentes jurisprudenciales
referenciados y reiterados, la Sala hace hincapié en los presupuestos
cuya presencia debe quedar demostrada de forma suficiente y
concurrente dentro del proceso, en orden a verificar la configuración
de la causal de conflicto de intereses en concejales:
a) Que el accionado haya adelantado la actuación imputada en
ejercicio de su respectiva investidura;
b) Que exista un interés directo, particular y actual del concejal, o de
su cónyuge o compañero o compañera permanente, o de alguno de
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad o primero civil, o de su socio o socios de derecho o de
hecho, de orden moral o económico, en la deliberación o decisión de
un tema específico a cargo de la respectiva corporación pública, es
decir un asunto de conocimiento funcional del miembro de la
corporación pública, cualquiera sea su naturaleza, lo que no
circunscribe la causal, únicamente, a las cuestiones político-
administrativas, sino a toda materia que sea competencia del
órgano; y,
c) Que, a pesar de ello, dicho concejal conforme el quórum o
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intervenga en el debate del referido asunto, o lo vote o participe
efectivamente del trámite, sin haber manifestado el impedimento
para actuar o sin haber sido recusado para los efectos20.
V.3.- Del caso concreto
V.3.1.- Análisis objetivo de los elementos configurantes de la
causal de conflicto de intereses
Al examinar en el presente caso los presupuestos que deben estar
cumplidos para que se configure la causal de conflicto de intereses,
se observa lo siguiente:
a) En cuanto a la calidad de concejal
La Sala, con fundamento en el acervo probatorio estrictamente
relacionado con la resolución del presente asunto 21, pudo verificar
que, en efecto, el señor CARLOS JULIO VIVAS PALENCIA fue
elegido concejal del municipio de Paz de Ariporo (Casanare), por el
partido Polo Democrático Alternativo, para el período constitucional
2020-2023, de conformidad con el Formulario E-27 de 31 de octubre
de 2019, expedido por los miembros de la Comisión Escrutadora de
la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, cargo del
cual tomó posesión según acta 500.01.2-0117 de 2 de enero de
2020.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de febrero de
2015, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-01139-00(PI), consejera ponente
doctora María Claudia Rojas Lasso.
21 Tal como fue advertido al inicio de esta providencia, todas las pruebas recaudadas en el proceso
reposan en el en el sistema para la gestión judicial SAMAI.
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Y para el período constitucional 2024-2027, de acuerdo con el
Formulario E-27 de 1o. de noviembre de 2023, expedido por los
miembros de la mencionada Comisión Escrutadora, cargo del cual
tomó posesión según acta 500.01.2-001 de 2 de enero de 2024; y
conforme consta, también, en la certificación de 26 de septiembre de
2024, expedida por la secretaria del Concejo Municipal de Paz de
Ariporo (Casanare).
b) La concurrencia de un interés directo, particular o
inmediato del concejal o alguna de las personas señaladas en
la ley22, de orden moral o económico, en la deliberación o
decisión de un tema específico a cargo de la respectiva
corporación pública.
La Sala advierte que el Tribunal Administrativo de Casanare, en la
sentencia 14 de noviembre de 2024, accedió a la solicitud de pérdida
de investidura del señor CARLOS JULIO VIVAS PALENCIA,
concejal municipio de Paz de Ariporo (Casanare), al encontrar
probada la existencia de un interés directo y particular en el
accionado, que le impedía participar en la aprobación del Acuerdo
500.02-28 de 25 de diciembre de 2023, que autorizaba a la alcaldesa
de ese ente territorial para la asignación y adjudicación de subsidios
familiares de vivienda en especie, en razón a que sus hermanos
HÉCTOR JULIO VIVAS PALENCIA y NARDA VIVAS PALENCIA
podían resultar favorecidos con la asignación de dichos subsidios, por
figurar como postulantes en el listado de admitidos de 30 de
22 Cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o
de hecho.
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noviembre de 2023, que fue dado a conocer a la comunidad del ente
territorial en mención, con independencia de que la asignación de
esos subsidios dependiera de la actuación de otras autoridades.
Por su parte, el accionado, en su recurso de apelación, alegó que en
el presente caso no se cumple con el requisito de un interés directo,
toda vez que con la aprobación del citado Acuerdo municipal 500.02-
28 no se benefició de manera directa a sus familiares, en tanto que
la selección, asignación y la adjudicación de los lotes no devino
automáticamente de esa aprobación y menos de la publicación del
listado de admitidos, sino que estaba sujeta a actos posteriores de la
alcaldesa municipal, ajenos a su voluntad y su poder de decisión.
Sobre el particular, la Sala no comparte lo señalado por el apelante y,
por el contrario, considera que este elemento está cumplido por lo
siguiente:
(i) El 15 de noviembre de 2023, el jefe de la Oficina Asesora de
Planeación de la alcaldía de Paz de Ariporo (Casanare), expidió un
Listado de Hogares Admitidos, que continúan en el proceso de
selección de beneficiarios-hogares, en el que se relacionan 2.871
hogares de familias admitidas dentro de la convocatoria, dentro de los
que se encuentran las cédulas de ciudadanía 1.115.856.506 y
1.006.413.924, que corresponden a los señores HÉCTOR JULIÁN
VIVAS PALENCIA y NARDA JIMENA VIVAS PALENCIA,
respectivamente, hermanos del concejal accionado.
Por la página web de la Alcaldía de Paz de Ariporo (Casanare), la
Oficina Asesora de Planeación publicó el 30 de noviembre de 2023 el
Listado Definitivo de Hogares Admitidos, para continuar el proceso
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de selección de beneficiarios-hogares admitidos, suscrito por el jefe
de esa Oficina Asesora de Planeación, en uso de las facultades
otorgadas en los acuerdos municipales 500.02-003 de 17 de mayo
de 2023 y 500.02-010 de 28 de agosto de 2023, en concordancia
con la Resolución núm. 300.52-286 de 30 de mayo de 2023, en el
cual aparecen incluidas, en los puestos núms. 1892 y 898 de dicho
documento, las cédulas de ciudadanía 1.115.856.506 y
1.006.413.924, que corresponden a los señores HÉCTOR JULIÁN
VIVAS PALENCIA y NARDA JIMENA VIVAS PALENCIA,
respectivamente, hermanos del concejal accionado, en el cual se deja
constancia de lo siguiente:
“[…]
[…]
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[…]”.
(ii) El accionado es hermano de los señores HÉCTOR JULIÁN VIVAS
PALENCIA y NARDA JIMENA VIVAS PALENCIA, lo cual se
acredita con los respectivos registros civiles núms. seriales
17366972, 14978243 y 30648359, respectivamente, expedidos por
la Registraduría Nacional del Estado Civil, en las cuales se pone de
presente que los tres son hijos de los señores VÍCTOR JULIO VIVAS
PINZÓN y MELVA MERCEDES PALENCIA.
Por lo tanto, se encuentra probado el vínculo de parentesco en
segundo grado de consanguinidad existente entre el señor CARLOS
JULIO VIVAS PALENCIA y los señores HÉCTOR JULIÁN VIVAS
PALENCIA y NARDA JIMENA VIVAS PALENCIA.
(iii) El 25 de diciembre de 2023, en el Concejo Municipal de Paz de
Ariporo (Casanare) se discutió en segundo debate y se aprobó el
Proyecto de Acuerdo 300.47.1-031 de 15 de diciembre de 2023, “Por
medio del cual se autoriza a la alcaldesa municipal para asignar y
adjudicar 194 subsidios familiares de vivienda en especie-lotes con
disponibilidad de servicios y se dictan otras disposiciones”, el cual
finalizó con la expedición del Acuerdo 500.02-028 de 25 de
diciembre de 2023, conforme consta en el acta 500.01.2.125 de
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25 de diciembre de 2023, expedida por el Concejo Municipal de ese
ente territorial.
En dicha acta se acredita que el concejal accionado participó en esa
sesión y votó a favor dicho proyecto, así:
En el Acuerdo 500.02-028 de 25 de diciembre de 2023, “Por
medio del cual se autoriza a la alcaldesa municipal para asignar y
adjudicar 194 subsidios familiares de vivienda en especie-lotes con
disponibilidad de servicios y se dictan otras disposiciones”, se acordó
lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZACIÓN. Autorizar a la
alcaldesa del Municipio de Paz de Ariporo, para que a partir de la
fecha de aprobación del presente acuerdo y hasta el 31 de
diciembre de 2023, realice la selección de ciento noventa y
cuatro (194) hogares dentro del listado de admitidos en la
convocatoria implementada con la resolución No. 300.52-286 del
30 de mayo de 2023, asigne los correspondientes Subsidios
Familiares de Vivienda en especie y expida las
resoluciones administrativas por medio de las cuales se
adjudican los 194 inmuebles fiscales urbanos resultantes de
la subdivisión predial aprobada mediante la Resolución No.
372.45.2 - 0088 de 2023 y protocolizada mediante escritura
pública No. 1548 de fecha 14 de diciembre de 2023 […]
[…]
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PARAGRAFO. Tanto la selección de los 194 hogares
beneficiarios, como la asignación de los subsidios familiares
de vivienda en especie y la adjudicación de los respectivos
lotes de terreno con disponibilidad de servicios, son
actividades que se realizarán cronológica y procedimentalmente
con las que corresponden al proyecto de vivienda definido en los
Acuerdos Municipales números 500.02 - 003 de mayo 17 de 2023
y 500.02 - 010 del 28 de agosto de 2023, conservando el enfoque
diferencial e incluyente, al igual que el uso de instrumentos
democráticos. […]” (Destacado fuera de texto).
El citado acuerdo fue sancionado por la alcaldesa municipal de Paz
de Ariporo (Casanare), el 26 de diciembre de 2023, de la siguiente
manera:
Además, en la certificación, expedida el 25 de diciembre de 2025,
por la secretaria general del Concejo Municipal de Paz de Ariporo
(Casanare), consta que el “Acuerdo No. 500.02-028 (DICIEMBRE 25
DEL 2023) “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA A LA
ALCALDESA MUNICIPAL PARA ASIGNAR Y ADJUDICAR 194
SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA EN ESPECIE-LOTES
CON DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y SE DICTAN OTRAS
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DISPOSICIONES”, fue discutido y aprobado en sus dos debates
reglamentarios realizadas los días veintiún (21) en comisión y el
veinticinco (25) de diciembre de 2023 en plenaria”.
Posteriormente, a través de la Resolución núm. 300.52-779 de 27 de
diciembre de 2023, con fundamento en las facultades otorgadas por
los acuerdos municipales núms. 500.02-003 de 17 de mayo de 2023,
500.02-010 de 28 de agosto de 2023 y 500.02-28 de 25 de
diciembre de 2023, la alcaldesa municipal de Paz de Ariporo
(Casanare) asignó 781 subsidios familiares de vivienda en especie
con disponibilidad de servicios en el área urbana del municipio de Paz
de Ariporo (Casanare) a los hogares relacionados en ese acto, entre
ellos, estaban incluidos los hogares de los señores HÉCTOR JULIÁN
VIVAS PALENCIA y NARDA JIMENA VIVAS PALENCIA,
hermanos del concejal accionado.
Para realizar la anterior asignación de los 781 subsidios familiares de
vivienda en especie, los miembros de la Mesa Técnica de Apoyo al
proyecto de asignación de esos subsidios, creada con la Resolución
núm. 300.52-256 de 30 de mayo de 2023, llevó a cabo la selección
de los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda y los
correspondientes lotes de terreno, los cuales cumplieron con los
requisitos y condiciones exigidos por la Ley y la normatividad vigente.
Mediante la Resolución núm. 300.52-1493 de 28 de diciembre de
2023, la alcaldesa municipal de Paz de Ariporo (Casanare), con
fundamento en las autorizaciones concedidas por los acuerdos
municipales 500.02-003 de 17 de mayo de 2023, 500.02-010 de 28
de agosto de 2023 y 500.02-28 de 25 de diciembre de 2023,
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realizó la transferencia de un bien fiscal, a manera de subsidio de
vivienda familiar en especie, del siguiente lote de terreno con
disponibilidad de servicios, en el municipio de Paz de Ariporo
(Casanare), al señor HÉCTOR JULIÁN VIVAS PALENCIA, en los
siguientes términos:
Y a través de la Resolución núm. 300.52-1505 de 28 de diciembre de
2023, la servidora pública en mención, con fundamento en las
autorizaciones concedidas mediante los acuerdos municipales
500.02-003 de 17 de mayo de 2023, 500.02-010 de 28 de agosto de
2023 y 500.02-28 de 25 de diciembre de 2023, transfirió un bien
fiscal urbano, a manera de subsidio de vivienda familiar en especie,
del siguiente lote de terreno con disponibilidad de servicios, en el
municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a la señora NARDA JIMENA
VIVAS PALENCIA, de la siguiente manera:
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Las anteriores pruebas demuestran que el concejal CARLOS JULIO
VIVAS PALENCIA, en su condición de concejal del municipio de Paz
de Ariporo (Casanare) participó en la aprobación y votó el Acuerdo
500.02-028 de 25 de diciembre de 2023, "por medio del cual se
autoriza a la Alcaldesa municipal para asignar y adjudicar 194
subsidios familiares de vivienda en especie -lotes con disponibilidad
de servicios y se dictan otras disposiciones", a pesar de que, para
esa fecha, el Listado Definitivo de Hogares Admitidos, para continuar
el proceso de selección de beneficiarios-hogares admitidos, había
sido publicado por la Oficina Asesora de Planeación de la alcaldía de
Paz de Ariporo (Casanare), a través de la página web de la Alcaldía
de ese ente territorial el 30 de noviembre de 2024; y que en dicho
listado aparecían incluidas las cédulas de ciudadanía núms.
1.115.856.506 y 1.006.413.924 de los señores HÉCTOR JULIÁN
VIVAS PALENCIA y NARDA JIMENA VIVAS PALENCIA,
respectivamente, hermanos del concejal accionado.
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En tal sentido, la Sala considera, contrario a lo aducido por el
apelante, que al concejal accionado sí le asistía un interés directo,
particular, actual, real e inmediato, en el debate del Acuerdo
500.02-028 de 25 de diciembre de 2023, toda vez que lo que
allí se discutía era la autorización a la alcaldesa municipal de Paz de
Ariporo (Casanare) para asignar los subsidios familiares de vivienda
en especie y adjudicar los respectivos lotes de terreno con
disponibilidad de servicios; y que para la fecha en la que se votó el
acuerdo en referencia, ya se había publicado el listado de los
ciudadanos que se postularon a los referidos subsidios, entre quienes
figuraban sus hermanos.
En otras palabras, dicha decisión de autorizar a la alcaldesa
municipal de Paz de Ariporo (Casanare) para asignar los subsidios
familiares de vivienda en especie y adjudicar los respectivos lotes de
terreno con disponibilidad de servicios, suponía un interés directo,
particular, actual, real e inmediato, mas no aleatorio o
hipotético, porque para la fecha en que el accionado participó y votó
sobre dicha autorización, ya sus hermanos, con quienes tiene un
vínculo de segundo grado de consanguinidad, estaban en el proceso
para acceder a esos subsidios, por lo que de conformidad con el
artículo 70 de la Ley 136 el accionado no debía participar en la
discusión del referido acuerdo ante el interés que les asistía.
Al respecto, debe aclararse que a partir del momento en que se dotó
de publicidad el contenido del Listado Definitivo de Hogares
Admitidos, para continuar el proceso de selección de beneficiarios-
hogares admitidos, se produjo para el accionado una colisión o
enfrentamiento entre el interés general, que debe privilegiarse en el
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ejercicio de su labor como concejal, con el interés particular,
quedando comprometida la imparcialidad y ecuanimidad en la toma
de cualquier decisión sobre el futuro del proyecto normativo que
finalizó en el Acuerdo 500.02-028 de 25 de diciembre de 2023.
Asimismo, se destaca que dicho interés resulta directo, particular y
actual y que este no se confunde con el que les asiste a todas las
personas o a la comunidad en general, pues para el momento en que
participó en el trámite y aprobación del referido Acuerdo, se reitera,
ya se había publicado el listado de admitidos, por lo que era
esperable que el accionado pusiera en conocimiento esa
circunstancia ante el pleno de la Corporación para evitar que se
comprometa el interés general, la justicia y el bien común, principios
y elementos fundantes del Estado, y, por ende, el subsidio de
vivienda familiar en especie dejó de cobijar a la generalidad de las
personas para abarcar a un conglomerado determinado, como lo
señaló esta Sección en sentencia de 3 de abril de 202523, en la que
se precisó:
“[...] Al respecto, es preciso señalar que mediante Aviso 1 de 1.°
de noviembre de 202224, el municipio de Acacías había publicado
el listado de hogares que se postularon para adquirir un subsidio
familiar de vivienda municipal en el proyecto Balcones del Camino
Real, que se efectuó los días 27 al 29 de octubre de 2022, en
cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 211 de 2022; lo que
de contera significa que, a partir de ese momento, se dotó de
publicidad el contenido de esa decisión.
Según se observa, a partir de ese momento, se produjo para
el accionado una colisión o enfrentamiento entre el interés
general que debe privilegiarse en el ejercicio de su labor
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de
abril de 2025, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, núm. único de radicación 50001-2333-000-
2024-00009-01.
24 Documento 003. Páginas 323 a 393.
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como concejal con el interés particular, quedando
comprometida la imparcialidad y ecuanimidad en la toma
de cualquier decisión sobre el futuro del proyecto
normativo que a la postre pasaría a convertirse en el
Acuerdo 576 de 10 de marzo de 2022.
Contrario a lo sostenido por el apelante, el interés resulta
directo, particular y actual y este no se confunde con el
que les asiste a todas las personas o a la comunidad en
general, pues para el momento en que participó en el
trámite y aprobación del Acuerdo 576 de 10 de marzo de
2022, ya se había publicado el listado de pre-
seleccionados, por lo que era esperable que el accionado
pusiera en conocimiento esa circunstancia ante el pleno de
la corporación para evitar que se comprometa “[…] el
interés general, la justicia y el bien común, principios y
elementos […] fundantes del Estado (artículo 1)[…]25”,
principios que se buscan preservar justamente con la
consagración del régimen de conflicto de interés como
constitutivo de pérdida de investidura. Por ende, el
subsidio de vivienda de interés familiar dejó de cobijar a
la generalidad de las personas para abarcar a un
conglomerado determinado. […]” (Destacado fuera de texto).
Ahora, tampoco le asiste razón al apelante al sostener que no existía
un interés particular y directo, bajo el argumento de que no se
benefició a sus familiares de manera directa, por cuanto, a su juicio,
la selección, asignación y la adjudicación de los lotes no devino
automáticamente de la aprobación de ese acuerdo y menos de la
publicación del listado de admitidos, sino que estaba sujeta a actos
posteriores de la alcaldesa municipal, ajenos a su voluntad y su
poder de decisión.
Lo anterior, en razón a que no es relevante para la configuración del
conflicto de interés el hecho de que en el Acuerdo 500.02-028 de
25 de diciembre de 2023 se haya introducido o no una ventaja
para el concejal o su familia, puesto que la finalidad que persigue la
25 Corte Constitutional, C 302 de 2021, MP: Cristina Pardo Schlesinger.
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causal invocada es evitar que la imparcialidad de las decisiones se
comprometa o distorsione por motivos personales o particulares.
El hecho que determina el conflicto de interés es que cuando ocurrió
la votación del citado Acuerdo 500.02-028, los familiares del
concejal accionado ya se habían postulado para ser beneficiarios, de
modo que al inscribirse al programa de subsidios familiares de
vivienda en especie, es evidente que a los hermanos del concejal les
afectaba de manera directa y personal la autorización que se hizo a
la alcaldesa municipal de Paz de Ariporo (Casanare) para asignar los
subsidios familiares de vivienda en especie y adjudicar los
respectivos lotes de terreno con disponibilidad de servicios a través
del citado Acuerdo.
Y si bien es cierto que cuando se discutió y aprobó el referido acuerdo
aún no se habían asignado los subsidios de vivienda en especie, ni
efectuado la transferencia del dominio de los inmuebles, y que para
esa asignación los miembros de una Mesa Técnica de Apoyo llevó a
cabo la selección de los beneficiarios del subsidio familiar, también lo
es, se insiste, en que el hecho relevante y que determina el conflicto
de interés radica en que para la fecha de votación del Acuerdo
500.02-028 de 25 de diciembre de 2023 los hermanos del
concejal accionado ya se encontraban postulados y hacían parte del
proceso para recibir ese subsidio de vivienda, en tanto que ya habían
sido incluidos en el Listado Definitivo de Hogares Admitidos para
continuar el proceso de selección de beneficiarios-hogares admitidos.
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Frente a este asunto, cabe resaltar que en providencia de 15 de
diciembre de 202326, reiterada en sentencia de 3 de abril de 202527,
la Sección Primera, al analizar un asunto similar al caso bajo estudio,
puntualizó lo siguiente:
“[…] La Sala no comparte lo señalado por el a quo, y, por el
contrario, considera que este elemento está cumplido por las
razones que pasan a explicarse:
(i) Por aviso nro. 1 del 1 de noviembre de 2022 la Secretaría de
Planeación y Vivienda del municipio de Acacías publicó el listado
de hogares que se postularon para adquirir un subsidio familiar
de vivienda municipal en el proyecto “Balcones del Camino Real”,
dentro de los que se encontraba Flor Stella López León y LFHL,
quienes se acredita con los respectivos registros civiles son
respectivamente la esposa y la hija del concejal.
(ii) Pese a que desde el 1 de noviembre de 2022 se habían
publicado los ciudadanos que se postularon para adquirir el citado
subsidio de vivienda, está probado que el concejal el 22 de
noviembre de 2022, en calidad de ponente, radicó “Informe de
Ponencia para SEGUNDO debate del Proyecto de Acuerdo 697 de
2022. “Por medio del cual se otorgan facultades al alcalde
municipal de Acacías-Meta para la asignación de subsidios de
vivienda familiar en las diversas modalidades y se dictan otras
disposiciones” (…)”28 en el que presentó ponencia positiva al
proyecto de acuerdo.
[…]
(iii) Además está acreditado con el acta nro. 121 del 23 de
noviembre de 2022 que en la sesión ordinaria del concejo
municipal de Acacías llevada a cabo en esa fecha se discutió en
segundo debate el proyecto de acuerdo nro. 697 y que el concejal
acusado participó y votó en la discusión.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
diciembre de 2023, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 50001-23-33-000-2023-
00007-01. En similar sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2023, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de
radicación 50001-23-33-000-2023-00006-01.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de
abril de 2025, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, núm. único de radicación 50001-2333-000-
2024-00009-01.
28 (Cita original): Anexos demanda. Ponencia segundo debate.
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(iv) En consecuencia, la Sala considera que al concejal sí le
asistía un interés en el debate del Acuerdo 592 de 2022
puesto que lo que allí se discutía era la autorización al
alcalde municipal para otorgar los subsidios de vivienda y
para adelantar los actos de transferencia de los inmuebles, y,
para la fecha en la que se votó el acuerdo, ya se habían
publicado los ciudadanos que se postularon al mencionado
subsidio, entre quienes figuraba su esposa e hija.
(v) De contera, no se comparte lo dicho por el a quo cuando
señala que al concejal la discusión del Acuerdo 592 de 2022 le
afectaba en igualdad de condiciones que a la ciudadanía en
general porque para la fecha en la que se llevó a cabo la
votación, su esposa e hija ya se habían postulado para ser
beneficiarias del subsidio de vivienda, lo que implicaba
que la decisión de autorizar al alcalde de Acacías para
entregar los subsidios y hacer los actos de transferencia
de los inmuebles suponía un interés directo, particular e
inmediato por el hecho de que su esposa e hija estaban en
el proceso para acceder al subsidio.
(vi) Adicionalmente, tampoco le asiste razón al a quo en
manifestar que no existía ningún interés con fundamento
en que, aunque el concejal acusado participó en la
votación del Acuerdo 592 de 2022, ello no implicó que se
adicionara algún tipo de ventaja o privilegio para el
concejal, o su esposa e hija “pues solo autorizó o extendió la
autorización al alcalde del municipio de Acacías para adjudicar los
subsidios”, puesto que según indicó los parámetros o requisitos
para acceder al subsidio fueron fijados antes de la votación del
acuerdo.
Lo anterior, con fundamento en primer lugar, en que el solicitante
no fundamentó la configuración de la causal en el hecho que la
participación del concejal acusado en el debate del Acuerdo 592
de 2022 haya implicado introducir una ventaja o privilegio para él
o sus familiares, sino en el hecho que cuando se votó el referido
acuerdo la esposa e hija ya se habían postulado para ser
beneficiarias.
En segundo lugar, no es relevante para la configuración del
conflicto de interés el hecho de que en el Acuerdo 592 de
2022 se haya introducido o no una ventaja para el concejal
o su familia, o que los presupuestos para acceder al
subsidio estuviesen ya previstos, puesto que la finalidad
que persigue la causal invocada es evitar que la
imparcialidad de las decisiones se comprometa o
distorsione por motivos personales o particulares; en ese
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sentido, para la Sala el hecho que determina el conflicto de
interés es que cuando ocurrió la votación del Acuerdo 592
de 2022, la esposa e hija del concejal ya se habían
postulado para ser beneficiarias, de modo que, al
inscribirse al programa de subsidios, es evidente que al
concejal y a su esposa, les afectaba de manera directa y
personal la autorización que se hizo al alcalde para
entregar los subsidios de vivienda y hacer la transferencia
de dominio a través del Acuerdo 592 de 2022. […]”.
(Destacado fuera del texto)
Además de lo anterior, cabe mencionar que tampoco resulta
relevante que no se haya anexado el Listado Definitivo de Hogares
Admitidos al Proyecto de Acuerdo 300.47.1-031 de 15 de diciembre
de 2023, o al Acuerdo 500.02-028 de 25 de diciembre de 2023
para la fecha en que se aprobó, habida cuenta que a partir del
momento en que se publicó dicho listado de admitidos en la página
web de la Alcaldía de Paz de Ariporo (Casanare), esto es, el 30 de
noviembre de 2023, se hizo de público conocimiento, así como la
información contenida en el mismo, relacionada con las cédulas de
ciudadanía de quienes podían ser adjudicatarios del beneficio del
subsidio de vivienda en especie, entre ellos, de los señores HÉCTOR
JULIÁN VIVAS PALENCIA y NARDA JIMENA VIVAS PALENCIA,
hermanos del concejal accionado.
No obstante, lo anterior, la Sala debe poner de presente que en la
Exposición de Motivos del Proyecto de Acuerdo 300.47.1-031 de 15
de diciembre de 2023, “Por medio del cual se autoriza a la alcaldesa
municipal para asignar y adjudicar 194 subsidios familiares de
vivienda en especie-lotes con disponibilidad de servicios y se dictan
otras disposiciones”, que envió la alcaldesa municipal de Paz de
Ariporo (Casanare) al Concejo de ese ente territorial, para su estudio
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y aprobación, sí se indicó de manera expresa que el referido listado
de admitidos fue publicado el 30 de noviembre de 2023, así:
Asimismo, en el Considerando del citado Proyecto de Acuerdo
300.47.1-031 de 15 de diciembre de 2023, también se hizo
referencia acerca de la publicidad del listado definitivo de admitidos,
de la siguiente manera:
“[…] Que, así las cosas, a 30 de noviembre de 2023, fecha de
publicación de listado definitivo de admitidos, con los
Acuerdos Municipales números 500.02 - 003 y 500.02 – 010 de
2023, han autorizado la asignación y adjudicación de un total de
587 Subsidios Familiares de Vivienda en Especie – Lotes con
disponibilidad de servicios; no obstante, la demanda por este tipo
de subsidios representada en el listado de Admitidos en la
convocatoria de la Resolución No. 300.52-286 del 30 de mayo de
2023, es de 2922 familias, lo cual, permite concluir que el 80%
(2335) de los hogares admitidos, no alcanzarían a ser atendidos
dentro del proyecto en ejecución; por ello, es urgente e
inaplazable desarrollar acciones que disminuyan estos
indicadores. […]” (Destacado fuera de texto).
De tal manera que una vez publicado dicho listado definitivo de
admitidos y previo a participar en la aprobación del referido
proyecto, el concejal accionado debía revisarlo y verificar que ningún
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familiar estuviera admitido como posible beneficiario del subsidio de
vivienda familiar, para determinar si se encontraba impedido para
aprobar el referido proyecto y, por ende, si debía apartarse de su
discusión y con ello evitar que se comprometiera el interés general,
la justicia y el bien común, principios y elementos fundantes del
Estado.
Ahora, si bien es cierto que en la publicación del listado definitivo de
admitidos de 30 de noviembre de 2023 solo existía una relación con
números de cédulas sin los nombres de las personas, también lo es
que el señor CARLOS JULIO VIVAS PALENCIA, por tener la
condición de concejal municipal y por tratarse, en este caso, de un
asunto de autorización de asignación de bienes del Estado en el
municipio de Paz de Ariporo (Casanare), debió revisar a quiénes
pertenecían esas identificaciones, toda vez que era su deber valorar
el conjunto de circunstancias de orden moral o económico que le
impedían participar en el trámite o aprobación de un asunto para dar
claridad y transparencia a los temas que son sometidos a su
consideración, máxime aún, cuando el listado era de público
conocimiento para la ciudadanía en general29.
Además de lo anterior, sobre este asunto, debe advertirse que para
que se cumpla el requisito del interés directo, particular o inmediato
del concejal en la deliberación o decisión de un tema específico a
cargo de la respectiva Corporación pública, la sola asistencia a la
sesión de la Corporación con la cual se contribuye a la conformación
29 Ver sentencia de 3 de abril de 2025 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, núm. único de radicación 50001-2333-
000-2024-00009-01).
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del quorum deliberatorio o decisorio, así el servidor no intervenga en
la votación, constituye una de las formas de participación en su
debate y, por ende, da lugar a la configuración de la causal de
pérdida de investidura por violación al régimen de conflicto de
intereses30, sin que el sentido del voto defina ni condicione el
carácter del interés privado que recae sobre el accionado, el cual no
es susceptible de ser alterado o modificado con una votación a favor
o en contra del proyecto en el que estuvo envuelto ese interés
particular.31
De ahí que no era necesario conocer la dinámica establecida para el
proceso de votación al interior del Concejo Municipal de Paz de
Ariporo (Casanare), ni el reglamento interno de la mencionada
Corporación, conforme lo argumentó el accionado, cuando se
descorrió el traslado del recurso de apelación en segunda instancia.
Ahora, la Sala debe poner de presente que el apelante alegó que el
a quo no valoró la Resolución núm. 300.52-779 de 27 de diciembre
de 2023, por medio del cual se aprobó la selección de 781
beneficiarios de subsidios familiares de vivienda en especie, en el
área urbana del municipio de Paz de Ariporo (Casanare); que si el
fallador de primera instancia lo hubiera hecho, habría evidenciado
que la alcaldesa de ese municipio eligió y asignó dichos beneficiarios,
de forma aleatoria y según criterios única y exclusivamente
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de
marzo de 2023. C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 05001 23 33 000 2022
01141 01 (PI). Criterio reiterado en la sentencia de 27 de junio de 2024 (Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, núm.
único de radicación 50001 23 33 000 2024 00029 01).
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de
enero de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 05001 23 33 000 2021
01942 01. Criterio reiterado en la citada sentencia de 27 de junio de 2024.
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establecidos por el municipio; y que con la sola aprobación del
Acuerdo municipal de 25 de diciembre de 2023 no se benefició
directamente a ningún familiar, toda vez que estaba sujeto a
factores externos, ajenos a su voluntad.
Asimismo, adujo que el fallo apelado no analizó sus alegatos de
conclusión en los que puso de presente que su actuar fue pulcro y
sin beneficiar directamente a familiares, por cuanto la selección y
asignación de beneficiaros estaba reglada bajo un acto
administrativo de carácter general, expedido por el municipio de Paz
de Ariporo (Casanare); y que dicha selección de los potenciales
beneficiarios, previa verificación de filtros y procedimientos, tuvo un
factor aleatorio e hipotético.
Sobre el particular, la Sala advierte que si bien es cierto que el
Tribunal, en la sentencia apelada, no se refirió de manera expresa a
la Resolución núm. 300.52-779 de 27 de diciembre de 2023, también
lo es que sí tuvo en cuenta el argumento de que los actos de
selección y asignación de subsidios dependían de otras autoridades
diferentes al concejal accionado y tuvo un factor aleatorio, pero
consideró que, a pesar de ello, la asignación de beneficiarios finales
de dichos subsidios no se podía realizar sin la autorización para su
asignación y adjudicación, otorgada con el voto favorable del
concejal accionado y de la respectiva Corporación.
Asimismo, sostuvo que con la aprobación del acuerdo en referencia
existía una posibilidad real de que los hermanos del accionado fueran
beneficiarios finales del subsidio con independencia que la asignación
del misma pendiera de la actuación de otras autoridades y que lo
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destacable era la existencia de recursos para asignar, sin que el
factor aleatorio de la asignación y de calificación técnica de los
aspirantes admitidos, extinguiera el interés que por vínculos de
familiaridad rodeaba al concejal en su obrar, para lo cual razonó de
la siguiente manera:
“[…] 18.3.8. En este sentido, si bien la conformación de los
listados de postulantes admitidos, la evaluación para
determinar el puntaje para aplicar el subsidio a un
postulante aceptado y el respectivo acto de asignación
dependía de autoridades diferentes al concejal, no todos
los actos son posteriores al voto del acuerdo de
autorización de asignación de subsidios, así como que
también es cierto que sin dicha autorización la alcaldesa municipal
no podía asignar subsidios en especie y que para la fecha del 25
de diciembre de 2023, en que el demandado votó favorablemente
el acuerdo de asignación de subsidios, sus hermanos eran
postulantes admitidos y calificados como posibles beneficiarios del
subsidio en especie, conforme al listado del 30 de noviembre de
2023 de hogares admitidos emitido por la oficina asesora de
planeación de la alcaldía dado a conocer a la comunidad.
18.3.9. Bajo tales circunstancias al concejal demandado le era
imposible desconocer que dos de sus hermanos eran postulantes
admitidos para el subsidio de vivienda en especie, pues el listado
de postulantes admitidos fue publicitado como acto general
conforme al artículo 65 del CPACA, sin que sea de recibo aceptar
que la página o los links respectivos de la convocatoria no eran
operativos y la información era inaccesible, como lo afirmó el
demandado en la audiencia especial de la Ley 1881 de 2018, por
tanto, este listado no era oculto, inaccesible y podía ser
consultado por cualquier persona, que ingresara a la página de
convocatorias de la alcaldía de Paz de Ariporo.
18.3.10. Ahora, que si bien los hermanos del concejal
pudieron ser o no beneficiarios finales del subsidio, lo
cierto es que no podía serlo materialmente o de ninguna
forma posterior, sino obraba la autorización de asignación
de dichos subsidios otorgada con el voto favorable del
concejal demandado y la respectiva Corporación. En
consecuencia, el demandado dejó de obrar bajo los
paradigmas del interés general que su actuación como
integrante del concejo le imponía, porque tenía una
motivación especial o particular distinta al interés general
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y era la posibilidad que sus hermanos tuvieran la
oportunidad de ser adjudicatarios de un subsidio en
especie, cuya asignación fue autorizada a la alcaldesa para todos
los postulantes admitidos a la convocatoria, en que el concejal
tenía familiares en segundo grado de consanguinidad como lo son
Narda Jimena y Héctor Julio Vivas Palencia.
18.3.10. El acuerdo, si bien es una autorización de
asignación de subsidios a un número importante de
aspirantes admitidos y cuya selección no dependía del
demandado sino de otras autoridades, porque ello suponía
un proceso de inscripción, calificación de aspirantes y
asignación de un puntaje para allí decidir si era o no
beneficiario, es un procedimiento como tal objetivo que no
estaría surcado por imparcialidad, mas no así la decisión
de autorizar la asignación de subsidios en especie, porque
como postulantes admitidos al proceso de adjudicación del
subsidio para la fecha de votación del acuerdo del 25 de
diciembre, desde el 30 de noviembre del año 2023 al publicarse
el listado de admitidos en la página web de la alcaldía era claro el
conocimiento público del mismo y a su vez que los hermanos del
concejal podían ser adjudicatarios del beneficio de vivienda en
especie, por lo tanto, la motivación particular para ayudar se
devela como un motivo fuera del general para votar
favorablemente el acuerdo, como en efecto lo hizo.
[…]
18.4.12. A pesar que se aduzca que el proceso de adjudicación
del subsidio es complejo por tener varias fases en las que el
concejal demandado no participa en la inscripción de los
postulantes, ni de la calificación de los beneficiarios finales, no es
menos cierto, que la carencia de autorización de
adjudicación de subsidios de vivienda imposibilitaba
cualquier proceso de postulación, selección y adjudicación
de subsidios de vivienda. En consecuencia, el acuerdo de
autorizaciones, era la puerta de entrada para que un postulante
admitido pudiera ser adjudicatario y para que la administración
iniciare o continuare el proceso respectivo y adjudicare los
subsidios.
[…]
18.4.16. Así las cosas el programa de asignación de subsidios de
vivienda era un proyecto de pública, social y capital importancia,
que abarcó un amplio espectro de la población, de manera que el
demandado debió prever lo previsible, por tanto, ante una
número importante de subsidios por asignar respecto de
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aspirantes y su correlación con el universo de hogares privados y
los que se adicionarían, era necesario comprobar previo a
otorgar la autorización de asignación de subsidios a la
alcaldesa mediante el acuerdo núm. 00.02 – 028 del 25 de
diciembre de 2023, que ningún familiar estuviera admitido
como posible beneficiario del subsidio de vivienda.
[…]
18.5.4. Con la aprobación del acuerdo, los hermanos del concejal
cuya admisión como postulantes estaba habilitada desde el 30 de
noviembre de 2023, tendrían la opción de asignárseles un
subsidio de vivienda de interés social, al haberse autorizado
presupuestalmente la distribución de recursos públicos para 781
subsidios de vivienda, de manera que existía una posibilidad
real que fueran beneficiarios finales del subsidio con
independencia que la asignación del misma pendiera de la
actuación de otras autoridades, lo destacable era la
existencia de recursos para asignar, sin que el factor
aleatorio de la asignación y de calificación técnica de los
aspirantes admitidos, velara o extinguiera el interés que
por vínculos de familiaridad rodeaba al concejal en su
obrar. […]” (Destacado fuera de texto).
Ciertamente, para la Sala, la asignación de los subsidios familiares
de vivienda en especie y la adjudicación de los respectivos lotes de
terreno con disponibilidad de servicios no se hubiera podido realizar
sin la autorización, otorgada a través del Acuerdo 500.02-028 de
25 de diciembre de 2023, toda vez que, como se puso de presente
anteriormente, la alcaldesa municipal de Paz de Ariporo (Casanare),
a través de la Resolución núm. 300.52-779 de 27 de diciembre de
2023, asignó 781 subsidios familiares de vivienda en especie, entre
ellos, a los hogares de los señores HÉCTOR JULIÁN VIVAS
PALENCIA y NARDA JIMENA VIVAS PALENCIA, hermanos del
concejal accionado, con fundamento en las facultades otorgadas,
entre otros, por el citado Acuerdo núm. 500.02-28.
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(iii) En lo concerniente a que en el presente caso existe como
precedente jurisprudencial la sentencia de 20 de enero de 202332 de
la Sección Primera, en la cual se trajo a colación la sentencia de 30
de enero de 200433, la cual, a su juicio, reúne los mismos elementos
fácticos y jurídicos con respecto al presente asunto, en la que se
denegó la pérdida de investidura de un concejal, por encajar el caso
dentro de las excepción que trata el artículo 48, numeral 1, de la Ley
617, cabe mencionar que la citada sentencia proferida el 30 de enero
de 2004 no es aplicable a este asunto porque no guarda similitud
fáctica, ni jurídica con lo que aquí se debate.
Lo anterior, debido a que la Sección Primera, en esa oportunidad,
negó la pérdida de investidura con fundamento en el hecho que los
acuerdos en cuyos debates intervino el accionado se limitaban a
otorgarle autorización general al Alcalde Municipal para adjudicar los
subsidios, adjudicación que respondía a una función reglada asignada
al Ejecutivo Municipal y que lo colocaba en igualdad de condiciones
con la ciudadanía en general, sin demostrarse la existencia de un
interés directo, particular y actual en el servidor público, ni
acreditarse si se había publicado el listado de admitidos con
anterioridad a la aprobación de esos acuerdos, mientras que en este
caso sí se demostró un interés directo, particular y actual en el
concejal accionado y que dicho interés no se confunde con el que les
asiste a todas las personas ni lo coloca en igualdad de condiciones
con la comunidad en general, pues para el momento en que participó
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, sentencia de 20 de
enero de 2023, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 05001-23-33-000-
2022-00968-01.
33 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, sentencia de 30 de
enero de 2004, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, núm. único de radicación 25000-23-15-000-
2003-01190-01(PI).
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el accionado en el trámite y aprobación del referido Acuerdo, los
hermanos del concejal se habían inscrito para ser beneficiarios del
subsidio y ya se había publicado el listado de admitidos y era de
público conocimiento, por lo que el subsidio de vivienda familiar dejó
de cobijar a la generalidad de las personas para abarcar a un
conglomerado determinado34.
Por lo tanto, según las particularidades que existen en cada caso en
concreto, no hay lugar a considerar que la regla jurídica a la que se
arribó en la sentencia de 30 de enero de 2004, traída a colación en
la sentencia de 20 de enero de 2023 de la Sección Primera, resulte
aplicable al presente caso.
Así las cosas, la Sala encuentra satisfecho este segundo requisito de
la causal de pérdida de investidura.
c) Que, a pesar de ello, el concejal conforme el quorum o
intervenga en el debate del referido asunto, o lo vote o
participe efectivamente del trámite, sin haber manifestado el
impedimento para actuar o sin haber sido recusado para los
efectos.
La Sala advierte que este requisito, igualmente, se cumple, porque
está probado que el concejal accionado participó, contribuyó a la
conformación del quórum decisorio y votó de manera positiva el
Acuerdo Acuerdo 500.02-028 de 25 de diciembre de 2023, sin
34 Criterio reiterado en los siguientes pronunciamientos de la Sección Primera: sentencia de 15 de
diciembre de 2023 (C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 50001-23-33-000-2023-
00007-01). Sentencia de 15 de diciembre de 2023 (C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de
radicación 50001-23-33-000-2023-00006-01). Sentencia de 3 de abril de 2025 (C.P. Germán
Eduardo Osorio Cifuentes, núm. único de radicación 50001-2333-000-2024-00009-01).
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manifestar impedimento.
En efecto, está acreditado que el señor CAROS JULO VIVAS
PALENCIA, concejal del municipio de Paz de Ariporo (Casanare),
asistió y participó en la sesión de 25 de diciembre de 2023 del
Concejo Municipal de dicho ente territorial, en la que se discutió en
segundo debate la aprobación del Proyecto de Acuerdo 300.47.1-031
de 15 de diciembre de 2023, “Por medio del cual se autoriza a la
alcaldesa municipal para asignar y adjudicar 194 subsidios familiares
de vivienda en especie-lotes con disponibilidad de servicios y se
dictan otras disposiciones”, el cual finalizó con la expedición del
Acuerdo 500.02-028 de 25 de diciembre de 2023, conforme
consta en el acta 500.01.2.125 de 25 de diciembre de 2023,
expedida por el Concejo Municipal de ese ente territorial, así como
en la certificación, de 25 de diciembre de 2025, emanada de la
secretaría general de esa Corporación.
En tales condiciones, están reunidos los requisitos que acreditan la
configuración del elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura consistente en la violación del régimen del conflicto de
interés, razón por lo cual la Sala descenderá al estudio del elemento
subjetivo.
V.3.2.1.- Examen del elemento subjetivo en la conducta del
accionado
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En cuanto al análisis de culpabilidad del concejal CARLOS JULIO
VIVAS PALENCIA, se prohíjan los criterios elaborados por la Sala
en sentencia de 25 de mayo de 201735, que al tenor indicó:
“[…] En cuanto al análisis subjetivo de la conducta desplegada
por el señor MARIO HINESTROZA ANGULO, en medio del
respeto a sus garantías al Debido Proceso sancionatorio y en
aras de establecerse si en aquélla estuvo presente o no el
elemento de la culpabilidad en los términos explicados, se
recuerda y reitera lo considerado recientemente por la Corte
Constitucional en su sentencia SU424 de 2016:
“[…] 33. De este capítulo resultan relevantes las siguientes
conclusiones:
• La pérdida de investidura es una acción pública36, que
comporta un juicio de naturaleza ética que tiene como
propósito proteger la dignidad del cargo que ocupan los
miembros de cuerpos colegiados, y permite imponer como
sanción no solo la desvinculación de un congresista de su cargo
de elección popular, sino también la imposibilidad futura
de volver a ocupar un cargo de la misma naturaleza, si
éste llega a incurrir en alguna de las causales de
procedencia de la figura señaladas en la Carta Política.
• Son causales de pérdida de investidura37: el incumplimiento
de los deberes inherentes a su cargo, la violación del régimen
de inhabilidades e incompatibilidades38; la indebida destinación
de dineros públicos39; el conflicto de intereses40 y el tráfico de
influencias debidamente comprobado41.
• La gravedad de la sanción que se impone, exige que el
proceso de pérdida de investidura se lleve a cabo con
observancia del debido proceso, particularmente, de los
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente
María Elizabeth García González, sentencia de 25 de mayo de 2017, número único de radicado
81001-23-39-000-2015-00081-01(PI).
36 Corte Constitucional Sentencia SU-1159 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
37 Art. 183 de la Carta Política. Sin embargo, otra causal también es la consagrada en el artículo 110
constitucional relacionada con la prohibición a quienes desempeñan funciones públicas, de hacer
contribuciones a partidos, candidatos o movimientos políticos.
38 Art. 179 (El numeral 8 de este artículo fue modificado por el Acto Legislativo 01 de 2003); 180,
181 y 183 de la Constitución Política.
39 Art. 183 de la Constitución Política.
40 Art. 182 y 183 de la Constitución Política.
41 Art. 183 C.P. Al respecto puede consultarse la sentencia C-207 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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principios pro homine, in dubio pro reo, de legalidad (las
causales son taxativas y no hay lugar a aplicar normas
por analogía), objetividad, razonabilidad, favorabilidad,
proporcionalidad y culpabilidad.
34. Los presupuestos anteriores permiten a la Corte concluir
que el análisis de responsabilidad que realiza el juez en el
proceso sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo,
pues en un Estado de Derecho los juicios que implican un
reproche sancionador, por regla general, no pueden operar
bajo un sistema de responsabilidad objetiva, y las sanciones
que se adopten en ejercicio del ius puniendi deberán
verificar la ocurrencia de una conducta regulada en la ley
(principio de legalidad o tipicidad), contraria al
ordenamiento jurídico (principio de antijuridicidad) y
culpable.
Así pues, en lo aquí pertinente, tras verificar la configuración
de la causal, el juez de pérdida de investidura examina si
en el caso particular se configura el elemento de
culpabilidad (dolo o culpa) de quien ostenta la dignidad,
esto es, atiende a las circunstancias particulares en las
que se presentó la conducta y analiza si el demandado
conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y
si su voluntad se enderezó a esa acción u omisión.
En ese sentido, el juez de este proceso sancionatorio debe
determinar si se configura la causal y si a pesar de que
ésta aparezca acreditada, existe alguna circunstancia
que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea
porque haya actuado de buena fe o, en caso de que la
causal lo admita, se esté ante una situación de caso
fortuito o fuerza mayor, o en general exista alguna
circunstancia que permita descartar la culpa.
(…)
Así pues, en el primero de estos se juzga la ruptura del pacto
político existente entre el elector y el elegido, que es un
elemento fundamental de la democracia representativa. En
efecto, cuando el candidato se presenta ante el
electorado hace una declaración de no estar incurso en
causal de inhabilidad que impida su elección y si tal
declaración no es cierta, el elegido viola ese pacto
político, evento en el que procede la pérdida de la
investidura, cuya finalidad es preservar la legitimidad de
las instituciones de la sociedad política.
(…)
85. Así, la Sala encuentra que la sanción de pérdida de
investidura impuesta por la Sala Plena del Consejo de Estado a
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los ahora accionantes generó un defecto sustantivo en la
sentencia porque omitió la aplicación de una norma claramente
aplicable al caso. En efecto, como se vio en los
fundamentos jurídicos 24 a 34 de esta providencia, el
proceso sancionador de pérdida de investidura exige la
aplicación del principio de culpabilidad, pese a lo cual
ese elemento no fue valorado en los procesos y, por el
contrario, se impuso la responsabilidad objetiva en este
asunto. Son cuatro las premisas que apoyan esa conclusión:
La primera: en virtud de lo dispuesto en el artículo 29
Superior, por regla general, los procesos sancionadores
proscriben la responsabilidad objetiva. En efecto, salvo
algunos casos propios del derecho administrativo sancionador
en los que aún se ha admitido la responsabilidad únicamente
por el resultado, en los procesos que tienen por objeto
reprochar y castigar la realización de una conducta prohibida o
restringida, la valoración de la culpa es determinante e
ineludible, pues no hay pena ni sanción sin culpa. En
consecuencia, si el proceso de pérdida de investidura
impone la sanción más gravosa para el ejercicio del
derecho a ser elegido de un ciudadano y el derecho a
elegir al candidato del electorado, tal es la prohibición
vitalicia para aspirar a cargos de elección popular, es
lógico entender que las garantías del debido proceso
sancionador también deben ser aplicadas al proceso de
pérdida de investidura. Luego, el principio de
culpabilidad en el proceso de pérdida de investidura
constituye una norma aplicable, de inevitable
observancia.
La segunda: el hecho de que una misma causal de inhabilidad
pueda interpretarse y aplicarse a la misma situación fáctica en
dos procesos distintos (el de nulidad electoral y el de pérdida
de investidura), exige reglas de coherencia y certeza en el
derecho que otorgue un sentido útil a la autonomía de los
procesos diseñados para el efecto. De esta manera, la
diferencia sustancial, y no solo formal, entre los
procesos electoral y de pérdida de investidura,
consistiría en valorar el tipo de reproche a efectuar, pues
mientras en el primero la consecuencia puede medirse
únicamente por el resultado, en el segundo es
indispensable evaluar la conducta y la intención en la
producción del resultado. Dicho en otras palabras,
mientras el juicio electoral evalúa la adecuación de la
causal de inhabilidad en forma objetiva (estaba o no
estaba inhabilitado), el juicio constitucional de pérdida
de investidura analiza la adecuación de la causal de
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inhabilidad en forma subjetiva, esto es, con culpa del
demandado (sabía o debía saber que estaba
inhabilitado).
La tercera: la Sala Plena del Consejo de Estado impuso la
sanción de pérdida de investidura a los accionantes sin valorar
la ausencia de culpa en la configuración de la causal de
inhabilidad aplicada. Por la conducta asumida por los
demandantes en este caso es fácil inferir que se
inscribieron al cargo de elección popular con la
convicción de que no se encontraban inhabilitados para
su ejercicio. Las sentencias reprochadas soslayaron el
hecho de que los accionantes no solo fueron diligentes
en la averiguación del estado actual de la jurisprudencia
en torno a la interpretación de la causal en debate, sino
también actuaron con sujeción al precedente vigente y
vinculante de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
(…)
La cuarta: si como se expuso anteriormente, en el proceso de
pérdida de investidura deben aplicarse los principios del
derecho sancionatorio, dado que la sanción impone la
restricción perpetua de los derechos políticos, era obligatorio
dotar de amplias garantías el procedimiento jurisdiccional. En
ese sentido, en virtud del artículo 29 de la Constitución, que
dispone el principio de presunción de inocencia, del cual se
desprende la culpabilidad, es necesario verificar culpa o
dolo en la conducta reprochable para imponer el castigo
de inhabilitación para ser elegido a perpetuidad, razón
por la cual la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
indicado que el proceso de pérdida de investidura se
desarrolla en el ámbito de la responsabilidad subjetiva
[…]”42 (Negrillas y subrayas por fuera de texto).
El proceso de pérdida de investidura exige, entonces, a partir
de estos claros parámetros, la observancia del derecho
fundamental al debido proceso del demandado,
particularmente, de los principios pro homine, in dubio pro reo,
de legalidad (las causales son taxativas y no hay lugar a aplicar
normas por analogía), objetividad, razonabilidad, favorabilidad,
proporcionalidad y culpabilidad.
Se recuerda que, desde la perspectiva de los fines
constitucionales que se protegen, es clara la autonomía
sustancial entre el juicio de pérdida de investidura y el
42 Corte Constitucional, sentencia SU424 de 11 de agosto de 2016, magistrada ponente Gloria Stella
Ortiz Delgado. Providencia ratificada recientemente por la Sala en sentencia de 9 de marzo de 2017,
radicado nro. 76001-23-33-007-2016-00267-01(PI), consejero ponente Carlos Enrique Moreno
Rubio (E).
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electoral: “[…] el primero, conlleva la ponderación de la
ética pública y los derechos del elegido, pues su núcleo
de protección es la dignidad que implica el mandato
otorgado en ejercicio de la democracia; y el segundo,
pondera la regularidad del proceso democrático y los derechos
de los elegidos y los electores, es decir, busca preservar la
validez del voto popular […]”.43
Es en ese entorno en el cual debe escudriñarse la conducta
desplegada por el demandado -la celebración de un contrato
público-, en aras de establecer si él sabía o debía saber que
estaba inhabilitado para inscribirse y ser elegido Concejal del
Municipio de Arauca (Arauca), pues el asunto se contrae a
demostrar que optó por inscribirse y participar de los comicios,
muy a pesar de que conocía o debía conocer esa actuación
vetada para los ciudadanos que pretendieran inscribirse y ser
elegidos Concejales, esto es, la intervención en la celebración
de contratos con entidades públicas dentro del año anterior a
su elección.
Cabe señalar que la Corte Constitucional en la sentencia SU-
501 de 6 de agosto de 2015 (Magistrada ponente doctora
Myriam Ávila Roldán), señaló que como quiera que en los
procesos de pérdida investidura no es posible calificar el grado
de culpabilidad (dolo, culpa grave o leve), y por tanto tampoco
es posible modular la sanción, se requiere acreditar un mínimo
de culpabilidad para que sea impuesta la sanción.
En efecto, al respecto sostuvo:
“[…] 51. Sobre este especial énfasis, la jurisprudencia ha
delimitado varios de los aspectos más relevantes que
caracterizan al proceso de pérdida de investidura como un
proceso jurisdiccional especial. No obstante, existen ciertos
elementos de la pérdida de investidura que no han sido fijados
por la doctrina constitucional debido a la escasa regulación que
la propia Constitución realizó sobre su procedimiento, el cual,
adicionalmente, debe ser observado con estricto rigor dado su
carácter estricto y restringido. Como explicó la sentencia C-237
de 201244 “la pérdida de la investidura tiene a la Constitución
de 1991 como fuente principalísima en su regulación, lo que
hace relevante el hecho que algunas de las disposiciones
constitucionales tienen eficacia jurídica directa”.
43 Ídem.
44 Corte Constitucional, sentencia C-237 de 22 de marzo de 2012, magistrado ponente Humberto
Antonio Sierra Porto.
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52. Así por ejemplo, se ha controvertido la necesidad de
establecer el grado de culpabilidad del procesado, teniendo en
cuenta que se trata de un proceso que juzga el incumplimiento
de obligaciones disciplinarias sobre la conducta del
representante popular.45 En efecto, en el proceso de
pérdida de investidura no es posible calificar el grado de
culpabilidad (dolo, culpa grave o leve), y por tanto
tampoco es posible modular la sanción, pues como ha
señalado la jurisprudencia constitucional, se trata de un
sistema que establece una sanción de manera rígida y única, la
pérdida de investidura.
53. Para la Corte, la justificación de esta particularidad
del sistema de responsabilidad de la pérdida de
investidura se deriva de su carácter excepcional dentro
de “ius puniendi estatal”46, carácter cuya
excepcionalidad deriva en una sanción rígida en el que
se requiere el mínimo de culpabilidad para que sea
impuesta la sanción más severa a los derechos políticos.
En síntesis, tratándose del proceso de pérdida de investidura,
se trata de un sistema excepcional de juzgamiento de carácter
político-disciplinario el cual establece una sanción rígida y
única, la pérdida de la investidura […] (Negrillas fuera de
texto)”.
Precisado lo anterior, el abordaje del aspecto subjetivo requiere
el análisis del dolo y la culpa, entendido el primero como la
intención positiva de lesionar un interés jurídico, entretanto la
segunda atañe a un concepto que está ligado a la diligencia
debida para el desarrollo de determinada actividad.
Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con
culpa, deben analizarse los elementos que constituyen el
aspecto subjetivo de la misma, los cuales corresponden al
conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud, esto es,
si el sujeto conocía o debía conocer que su comportamiento
resultaba contrario al ordenamiento jurídico.
45 Sobre esta discusión vale la pena resaltar la aclaración de voto del consejero de estado Hugo
Fernando Bastidas Bárcenas a la sentencia de pérdida de investidura PI-2009-00708-00, en la que
señaló que la acción de pérdida de investidura tiene un carácter punitivo dentro del cual es necesario
la comprobación previa de los elementos subjetivos de la falta. En el voto concurrente se señaló:
“[l]a acción de pérdida de investidura debe desencadenar un proceso gobernado por esos principios,
en especial, el principio de presunción de inocencia. El dolo y la culpa son lo incorrecto de una
conducta que, por ende, merece el reproche jurídico pertinente, vale decir, la condigna sanción.
Imponer una sanción solo por el mero resultado es injusto.” En igual sentido: Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 23 de marzo de 2010, radicado PI 11001-03-
15-000-2009-00198-00, consejero ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
46 Sentencias SU-400 de 2012 (M.P. Adriana M. Guillén Arango) y SU-399 de 2012 (M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto).
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En los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía
plenamente que su comportamiento era constitutivo de una
causal de pérdida de investidura, estaríamos ante una situación
de total intención en la realización de la misma y, por ende, de
un grado de culpabilidad doloso. En aquellos eventos en los que
se concluya que el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta,
pero que en virtud de la diligencia requerida para el desarrollo
de su actividad debía saber que la misma resultaba contraria a
derecho, se está ante un comportamiento culposo, de no
mediar sólidas circunstancias que se lo hubieran impedido.
Para definir este elemento subjetivo entonces, el análisis de la
conducta debe dirigirse a establecer si el señor MARIO
HINESTROZA ANGULO conocía o debía conocer que la suya era
constitutiva de inhabilidad, con miras a determinar si existió
dolo o culpa en su comportamiento.
En el caso del dolo, el objeto de prueba corresponde a
determinar el pleno conocimiento que tiene el sujeto sobre
que determinada conducta (en este caso la celebración del
contrato), genera la inhabilidad, pues ante dicho conocimiento,
la ejecución de la conducta demuestra la intención en la misma.
Entretanto para determinar si la conducta fue culposa, tiene
que estar demostrado, al menos, que el sujeto debía conocer
su ilicitud en virtud de la diligencia que para la inscripción como
candidato al Concejo del Municipio de Arauca (Arauca), le era
menester desplegar.
Ahora bien, para establecer esta diligencia acudiremos a los
presupuestos señalados en el artículo 63 del Código Civil, el
cual prevé:
“Artículo 63. Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de
culpa o descuido.
Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste
en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún
las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear
en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale
al dolo.
Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella
diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente
en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación,
significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone
a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.
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El que debe administrar un negocio como un buen padre de
familia, es responsable de esta especie de culpa.
Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada
diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración
de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a
la suma diligencia o cuidado.
El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la
persona o propiedad de otro”.
En el caso concreto, la revisión de los requisitos y el
marco normativo que rige el cargo al cual se aspira, es
una obligación general para quien pretende acceder a la
función pública, incluso en los eventos de elección
popular, sin embargo el entendimiento de dichos
requisitos debe analizarse de acuerdo con las
condiciones personales del sujeto, esto es el grado de
formación, su profesión, las circunstancias que lo
rodearon, así como a los actos que haya realizado para
conocer dicho marco normativo, por ejemplo solicitar
conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de
la referida inhabilidad, para con base en ello, determinar
si se obró con el cuidado requerido y así definir si su
conducta es culposa o si, por el contrario, se está ante
una situación de buena fe exenta de culpa que impida el
reproche subjetivo de su obrar.
Esta conducta corresponde, según el citado artículo 63, a la
falta de cuidado que los hombres emplean ordinariamente en
los negocios propios. La Ley 136 establece en su artículo 42 las
calidades o requisitos positivos con los que debe contar un
candidato para ser elegido Concejal Municipal, esto es, ser
ciudadano en ejercicio y haber nacido o ser residente del
respectivo municipio o de la correspondiente área
metropolitana durante los seis (6) meses anteriores a la fecha
de la inscripción o durante un período mínimo de tres (3) años
consecutivos en cualquier época.
A su vez, en su artículo 43, esta Ley prevé las inhabilidades o
requisitos negativos de los que debe carecer el candidato al
Concejo para ser elegido y ejercer la curul, dentro de las cuales
se encuentra, como ya se ha explicado, haber intervenido en el
año anterior a las elecciones, en la celebración de contratos con
entidades públicas en interés propio o de terceros, para ser
ejecutados en el mismo Municipio al cual aspira a ser concejal.
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Ambos tipos de requisitos son de obligatoria observancia,
revisión y análisis previos por parte de todo ciudadano que
pretenda ser elegido Concejal Municipal. Esa, es una diligencia
que surge como debida en el ordinario transcurrir del proceso
de inscripción del respectivo candidato, siéndole por demás
exigible en medio de las normales medidas de cuidado y
precaución que tenía que adelantar para llegar a la certeza del
cumplimiento de los mismos y, por ende, de una candidatura
reglamentaria y sometida a las condiciones legales para ejercer
el cargo de Cabildante.
Al respecto, el artículo 9º del Código Civil, según el cual, “la
ignorancia de las leyes no sirve de excusa”, fue objeto de
examen de constitucionalidad por la Corte Constitucional, que
en dicha ocasión explicó lo siguiente, que ahora de prohíja:
“[…] Precisamente la disposición que hoy se cuestiona, fue
demandada como contraria al contenido del artículo 16 de la
Carta anterior, que implícitamente recogía el principio de
igualdad. Y al desechar el cargo, dijo la Corte Suprema, en fallo
elaborado por el Magistrado Luis Carlos Sáchica: “Es la igualdad
jurídica, que otorga iguales facultades e impone idénticos
deberes, y da igual protección a unos y a otros. Esto es, se
repite, una igualdad de derechos y no de medios. Si no
se acepta este principio, se rompe la unidad y uniformidad del
orden jurídico, atomizado en múltiples estatutos particulares,
o sea, en un sistema de estatutos privados privilegiados (…)
(…) Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora
equivale a establecer un privilegio a su favor violatorio
de la igualdad constitucional y generador del caos
jurídico”47 […]48” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Como se puede advertir de lo consignado en la precitada sentencia,
la revisión de los requisitos y el estudio del marco normativo que rige
el cargo al cual se aspira, son una obligación general para quien
pretende acceder a la función pública, en los que están comprendidos
los cargos de elección popular; sin embargo, el entendimiento de
dichos requisitos podría analizarse de acuerdo con las condiciones
47 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, marzo 30 de 1978.
48 Corte Constitucional, sentencia C-651 de 1997, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz.
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personales del sujeto, esto es, el grado de formación, su profesión,
las circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya
realizado para conocer dicho marco normativo, por ejemplo, solicitar
conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de la referida
inhabilidad, para con base en ello determinar si se obró con el
cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por el
contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa que
impida el reproche subjetivo de su obrar49.
Lo anterior, sin dejar de lado que, tal como se previno, la ignorancia
de las leyes no sirve para excusar su transgresión, al tenor del
artículo 9° del Código Civil, habida cuenta que las disposiciones que
regulan el ejercicio del cargo que se pretende ocupar, o que se está
ocupando, son de obligatoria observancia y diligente entendimiento
a la luz de cada circunstancia en particular, con el fin de determinar,
al menos con certeza promedio, si el individuo está inmerso, o no,
en las prohibiciones ordenadas por la Constitución Política y la ley.
Por su parte, la Ley 2003 de 19 de noviembre de 201950, que modificó
el artículo 1º de la Ley 1881, estableció que el proceso sancionatorio
de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva y
la acción se ejercerá en contra de los congresistas que, con su
conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren incurrido en una de
las causales de pérdida de investidura establecidas en la
Constitución, lo que aporta, significativamente, en aquellos factores
que también deben verificarse en el comportamiento desplegado por
49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de
mayo de 2019, número único de radicado 81001-23-39-000-2016-00056-01, consejera ponente
Nubia Margoth Peña Garzón.
50 “[…] Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5ª de 1992 y se dictan otras disposiciones […]”.
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los miembros de las corporaciones públicas territoriales, -dolo o culpa
grave-.
Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que el
comportamiento del accionado sí estuvo precedido de la falta de
cuidado que se exhibe al no manejar los negocios ajenos con aquel
cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen
emplear en sus negocios propios.
En efecto, el concejal CARLOS JULIO VIVAS PALENCIA estaba en
condiciones cognitivas de comprender el hecho o la circunstancia
configurativa de la referida causal de pérdida de investidura, toda
vez que se advierte que el conocimiento del marco normativo del
cargo al cual aspiraba el accionado, -concejal municipal-, es una
obligación general para aquel.
De conformidad con la presunción prevista en los artículos 4º de la
Constitución Política, 9° y 18 del Código Civil; y 57 de la Ley 4ª de
191351, el concejal accionado conocía sus deberes constitucionales,
legales y reglamentarios52.
Y, consecuencialmente, dentro de ese marco normativo que ha
debido conocer el accionado, se encuentra precisamente el conflicto
de intereses, según el cual, conforme al artículo 70 de la Ley 136, los
concejales están en la obligación de declararse impedidos de
participar en los debates o votaciones respectivas cuando adviertan
51 “[…] Sobre régimen político y municipal […]”.
52 Ver sentencia de 13 de marzo de 2025 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicado 25000 23 15 000 2024
00769 01 (PI).
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que existe “[…] interés directo en la decisión porque le afecte de
alguna manera, o a su cónyuge o compañero o compañera
permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o
socios de derecho o de hecho […]”, en tanto se encuentra contenido
en una disposición legal, que hace parte del marco normativo que
regula su actividad como concejal.53
Las citadas normas le imponían al concejal la obligación de constatar
si él mismo o a alguno de sus parientes dentro del segundo grado de
consanguinidad se encontraban en alguna situación de interés
directo, actual y particular, en tanto que podía significarle un conflicto
de intereses que debía ser puesto en conocimiento de la Corporación
mediante el respectivo impedimento, tal como lo omitió en el caso
concreto.
Ahora, como se puso de presente anteriormente, se tiene que para
exonerarse de la culpabilidad que da lugar a la pérdida de
investidura, resulta preciso estudiar los actos que realizó el concejal
para conocer del respectivo marco normativo, con el propósito de
establecer si por virtud de ellos actuó de buena fe calificada, y, por
ende, su conducta puede exculparse.
Al respecto, la Sala advierte que en el caso sub examine, el concejal
accionado no obró con diligencia al participar en la deliberación y
votación del Acuerdo 500.02-028 de 25 de diciembre de 2023,
“Por medio del cual se autoriza a la alcaldesa municipal para asignar
53Ver sentencia de 19 de septiembre de 2019 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación
13001-23-33-000-2018-00738-01(PI).
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y adjudicar 194 subsidios familiares de vivienda en especie-lotes con
disponibilidad de servicios y se dictan otras disposiciones”.
Esta culpa, contrario a lo aducido por el apelante, no corresponde a
la leve, sino a la grave54, que según el Código Civil consiste en no
manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas
negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios
propios55.
Ello, por cuanto para la fecha en que participó en el trámite y votación
del citado Acuerdo era público el Listado Definitivo de Hogares
Admitidos, en el cual figuraban sus hermanos HÉCTOR JULIÁN
VIVAS PALENCIA y NARDA JIMENA VIVAS PALENCIA y hacían
parte del proceso para recibir el subsidio de vivienda; y, por ende,
desde ese momento se produjo una colisión entre el interés general
con el particular, en favor de terceros.
De manera que debía conocer que sus familiares estaban
participando en el proceso de convocatoria para acceder al beneficio
y habían sido incluidos en la denominada Listado Definitivo de
Hogares Admitidos, para continuar el proceso de selección de
beneficiarios- hogares admitidos, de lo cual se desprende que, ante
dicha situación tenía el deber de declararse impedido y apartarse de
la discusión del Acuerdo en referencia, pero no lo hizo.
54 Artículo 63 del Código Civil.
55 Ver sentencia de 3 de abril de 2025 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, núm. único de radicación 50001-2333-
000-2024-00009-01).
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Cabe precisar que cuando un servidor público de elección popular se
encuentra en una situación en la cual vea comprometidos los
principios que gobiernan la función pública sobre un asunto que deba
conocer, debe manifestar de manera oportuna su impedimento, pues
al no hacerlo estaría desconociendo el mandato constitucional
previsto en el artículo 113 de la Constitución Política, canon
normativo que señala que los miembros de cuerpos colegiados de
elección directa representan al pueblo y deben actuar consultando la
justicia y el bien común.
Además de lo anterior, sobre este asunto, cabe mencionar que el
concejal accionado alegó que no está probado que tuviera
conocimiento de la postulación de los familiares al proceso de
selección de beneficiarios-hogares para subsidios de vivienda en
especie; y que tampoco estaba demostrado que él tuviera una
relación cercana con sus hermanos o que mantenía una constante
comunicación con ellos.
Frente a este argumento, es pertinente indicar que lo que
precisamente se reprocha de la conducta del concejal es que no haya
actuado con la diligencia debida para constatar si había alguna
circunstancia que le impidiera participar en la votación del referido
acuerdo, más aún cuando la información respecto de los ciudadanos
que se postularon para ser beneficiarios del subsidio de vivienda era
pública.
Y si bien es cierto que “nadie está obligado a lo imposible”, también
lo es que el hecho de que en el Listado Definitivo de Hogares
Admitidos solo aparecían los números de cédulas de ciudadanía de
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varios posibles beneficiarios sin los nombres de las personas a
quienes pertenecían, ello no lo eximía de responsabilidad, toda vez
que publicado dicho listado, lo más cuidadoso, prudente, diligente,
cauteloso y propio de sus deberes como concejal, era revisar ese
listado y las cédulas de ciudadanía que aparecían relacionadas,
previo a participar en la aprobación del referido acuerdo, lo cual no
resultaba imposible de realizar, máxime si con ello se lograba evitar
que se comprometiera el interés general, la justicia y el bien común,
principios y elementos fundantes del Estado.
Adicionalmente, tampoco se demostró que el concejal accionado
hubiese solicitado la asesoría de un abogado a fin de averiguar la
situación en la que se encontraba ni se evidencia que existan
interpretaciones disímiles en la jurisprudencia respecto del alcance
de la conducta reprochada y de los elementos concurrentes para su
configuración56.
En efecto, el concejal CARLOS JULIO VIVAS PALENCIA no expuso
ningún argumento para demostrar que su conducta estuvo amparada
en la jurisprudencia de esta Corporación o que hubiese solicitado
conceptos y asesorías y estas fueran idóneas, lo que implica que su
actuar no estuvo amparado en la buena fe calificada proveniente de
un error invencible.
V.3.2.2.- Las causales de exoneración establecidas en el
Código General Disciplinario no operan con fines de pérdida
de investidura
56 Ver la citada sentencia de 3 de abril de 2025.
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Al respecto, esta Sección ha considerado, incluso desde la vigencia
de la Ley 200 de 28 de julio de 199557, Código Disciplinario Único
anterior a la Ley 734, que la infracción de aquellas conductas y/o
circunstancias previstas como prohibidas o incompatibles en materia
disciplinaria se mantienen al margen del estudio jurisdiccional del
proceso de pérdida de investidura58.
A través de la sentencia de 4 de mayo de 201159, señaló que “[…] el
proceso de pérdida de investidura es ante todo de naturaleza
jurisdiccional y como tal se rige por las normas especiales que
consagran tanto su trámite como sus causales. Tan cierto es ello
que la Ley 734 de 2002 no consagró como sanción principal la
pérdida de la investidura, como sí lo hacía, de manera discutible,
la Ley 200 de 1995 en su artículo 29, numeral 9, lo que pone de
manifiesto que dicho proceso, por no ser del conocimiento de las
autoridades administrativas sino judiciales, no tiene la misma
connotación del que se regula en aquella y, por ende, no constituye
sanción dentro de éste […] Las normas previstas en la Ley 734
de 2002 están dirigidas al proceso disciplinario que, por su
naturaleza, difiere del de carácter jurisdiccional. De ahí que
no pueda afirmarse que tales preceptos deban tener
aplicación preferente, pues no se está en presencia de dos
57 Por la cual se adopta el Código Disciplinario Único.
58 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 7 de
marzo de 2002, número único de radicación 50001-23-31-000-2001-00346-01(7716) (PI),
consejero ponente Manuel Santiago Urueta Ayola; de 14 de marzo de 2002, número único de
radicación 50001-23-31-000-2001-00368-01(7715) (PI), consejero ponente Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo; de 17 de marzo de 2022, número único de radicación 17001-23-33-000-2021-
00136-01, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón; de 25 de marzo de 2022, número único
de radicación 44001-23-40-000-2021-00136-01, consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez;
y de 1o. de julio de 2022, número único de radicación 05001-23-33-000-2022-00262-01, consejera
ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
59 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de
mayo de 2011, número único de radicación 68001-23-31-000-2010-00713-01(PI), consejero
ponente Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
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actuaciones de la misma naturaleza, ni mucho menos con las
mismas consecuencias sancionatorias […]” (Negrillas y subrayas
fuera de texto).
De igual forma, en sentencia de 31 de agosto de 201760, estableció
que “[…] en la actualidad, no está habilitada la invocación de
las incompatibilidades dispuestas en el artículo 39 del Código
Disciplinario Único como causales de pérdida de investidura
territorial por violación de dicho régimen […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto). En reciente providencia de 9 de septiembre
de 202161, determinó que debían “[…] reiterarse que los
precedentes de esta Sala que se prohíjan en esta oportunidad
han defendido la autonomía de la institución de pérdida de
investidura con otros regímenes, como el derecho
disciplinario, los cuales difieren no solo desde el punto de
vista de su naturaleza, sino también su objeto y las
finalidades que persiguen; esta no fue la intención del
constituyente de 1991 y, tampoco, del legislador, y además, por
tratarse de una limitación de los derechos políticos, las causales son
taxativas y no admiten interpretaciones extensivas o analógicas […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
Es en este sentido que la Sala itera que las disposiciones contenidas
en el estatuto disciplinario, incluidas no solo las que instituyen faltas
o prohibiciones sino también, como en el caso concreto, que
60 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de
agosto de 2017, número único de radicación 08001-23-33-000-2016-00753-01(PI), consejero
ponente María Elizabeth García González.
61 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, número único de radicación 70001-23-33-000-2021-00014-01(PI), consejero
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establecen causales exonerativas de responsabilidad
disciplinaria, no operan con fines de pérdida de investidura,
por cuanto si bien ambos procesos implican la manifestación del
poder punitivo del Estado, responden a actuaciones autónomas de
distintas naturaleza y finalidad, uno se desarrolla en sede
administrativa y otro en jurisdiccional, no está previsto que la
inobservancia de las normas disciplinarias acarree la desinvestidura
de los corporados, y el principio de taxatividad que gobierna a este
proceso judicial no admite interpretaciones extensivas o analógicas
en el análisis de sus causales62.
Bajo tales circunstancias, no es de recibo la invocación y aplicación
del artículo 31 de la Ley 1952, que hace el concejal en su recurso de
apelación, sobre las causales exonerativas de responsabilidad
disciplinaria en el proceso de pérdida de investidura, ni mucho menos
indicar que dichas causales son aplicables en virtud de lo expresado
en la sentencia SU-073/2063, pues, en consonancia con lo
argumentado por el Ministerio Público, no se observa que el Consejo
de Estado o la Corte Constitucional hayan señalado que a los juicios
de pérdida de investidura se apliquen esas causales de exclusión
disciplinarias.
V.4.- Por último, se advierte que la jurisprudencia de la Sección
Primera ha sido consistente y armónica en relación con cada uno de
los supuestos constitutivos del conflicto de intereses, en especial, al
62 Ver sentencia de 13 de marzo de 2025 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón), núm. único de radicado
73001233300020240022101 (PI).
63 Corte Constitucional, sentencia SU 073/20 de 20 de febrero de 2020, M.P. Cristiana Pardo
Schlesinger.
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considerar que una de las formas en que se transgrede el régimen
del conflicto de interés, consiste en que el concejal, estando incurso
en alguna de las hipótesis previstas por la ley como causal de
impedimento, de aquellas aplicables al asunto del que conoce y
decide, pese a no haber sido recusado, omite manifestarse impedido;
esto, toda vez que los impedimentos con su correspondiente deber
de manifestación constituyen garantía irrestricta de la prevalencia del
interés general sobre el particular o privado del Concejal, o de su
círculo cercano, familiar o de negocios64.
V.5.- CONCLUSIÓN
Al encontrarse acreditados los elementos objetivo y subjetivo de la
causal de pérdida de investidura, por violación del régimen del
conflicto de intereses prevista en los artículos 55, numeral 2, de la
Ley 136, y 48, numeral 1, de la Ley 617, en concordancia con los
artículos 70 de la Ley 136, la Sala procederá a confirmar la sentencia
de 14 de noviembre de 2024, proferida por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo de Casanare, que decretó la pérdida de investidura
del señor CARLOS JULIO VIVAS PALENCIA, concejal del municipio
de Paz de Ariporo (Casanare), por hechos ocurridos dentro del
período constitucional 2020-2023.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
64 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de
marzo de 2025, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicado 25000 23 15 000 2024
00769 01 (PI).
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F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones
expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de 17 de julio de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por
los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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