Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06876-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06876-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-06876-01
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
22 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá, D. C., veintidós (22) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06876-01
Accionante: Carlos Julio Vivas Palencia
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: Acción de tutela – segunda instancia
La Sala procede a resolver, en segunda instancia, la demanda en ejercicio de la acción
de tutela presentada por el señor Carlos Julio Vivas Palencia contra una decisión
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado en el medio de control de pérdida
de investidura de un concejal.
SÍNTESIS1
El señor Carlos Julio Vivas Palencia, a través de apoderado, cuestiona la sentencia
proferida el 17 de julio de 2025 por la Sección Primera del Consejo de Estado, dentro del
medio de control de pérdida de investidura radicada con el núm.
85001233300020240008101, que confirmó la decisión de primera instancia emitida por
el Tribunal Administrativo de Casanare, la cual decretó la pérdida de investidura del
accionante, concejal del municipio de Paz de Ariporo (Casanare). La Sala confirmará la
decisión de primera instancia, que declaró improcedente la demanda de tutela porque no
cumple con el requisito general de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 31 de octubre de 2025, el señor Vivas Palencia interpuso demanda de tutela en
contra de la decisión emitida por la Sección Primera del Consejo de Estado, con el fin
de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, la
seguridad jurídica y la confianza legítima2.
2. El accionante considera que dichas garantías constitucionales han sido vulneradas
por la sentencia emitida por la Sección Primera del Consejo de Estado en el proceso
radicado con el núm. 85001233300020240008101, que confirmó la decisión emitida por
el Tribunal Administrativo de Casanare, que decretó su pérdida de investidura como
concejal del municipio de Paz de Ariporo (Casanare).
1 Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / pérdida de investidura / improcedencia / falta de
relevancia.
2 Expediente SAMAI de primera instancia, índice 001.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06876-01
Accionante: Carlos Julio Vivas Palencia
Decisión: se confirma la improcedencia por falta de relevancia
3. Las pretensiones fueron (se transcriben):
AMPARAR la protección de los derechos fundamentales al debido proceso – artículo 29 de
la Constitución Política–; derecho a la igualdad – artículo 13 ibidem-; seguridad jurídica y
confianza legítima -Artículo 83 ibidem, esto es, violación directa a la Constitución Política,
así como por defecto procedimental y defecto material o sustantivo.
Y, en consecuencia, 4.1.1. Se REVOQUE la Sentencia de Segunda Instancia proferida el
17 de julio de 2025 por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo -
Sección Primera – Magistrada Ponente Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, en el marco del
proceso de pérdida de investidura con radicado número 85001233300020240008101 , en
el cual se declaró la pérdida de investidura al señor CARLOS JULIO VIVAS PALENCIA,
elegido como Concejal del Municipio de Paz de Ariporo (Casanare) por el Partido Polo
Democrático Alternativo para el periodo constitucional 2024 – 2027. [Negrillas agregadas].
B. HECHOS
4. El señor Carlos Julio Vivas Palencia fue elegido concejal del municipio de Paz de
Ariporo (Casanare), para el período constitucional 2020-2023, en representación del
partido político Polo Democrático Alternativo.
5. La señora Lina María Ordóñez Leal solicitó decretar la pérdida de la investidura del
señor Vivas Palencia, al considerar que violó el régimen de conflicto de intereses
previsto en el artículo 55, numeral 2, en concordancia con el artículo 70 de la Ley 136
de 2 de junio de 1994, y en el artículo 48, numeral 1, de la Ley 617 de 6 de octubre de
2000.
6. La demanda de pérdida de investidura se fundamentó en que el señor Vivas
Palencia participó en la aprobación del Acuerdo municipal 500.02-028 de 25 de
diciembre de 2023, por medio del cual se autorizó a la alcaldesa municipal de Paz de
Ariporo (Casanare) a asignar y adjudicar lotes con disponibilidad de servicios, a manera
de subsidios de vivienda en especie, a pesar de tener certeza de que existía un listado
definitivo de hogares admitidos para continuar el proceso de selección de beneficiarios-
hogares admitidos, en el cual se encontraban los hermanos Héctor Julián Vivas Palencia
y Narda Jimena Vivas Palencia, quienes finalmente resultaron beneficiarios de esos
subsidios.
7. El señor Carlos Julio Vivas Palencia fue reelegido como concejal para el periodo
2024 2027, por el mismo partido político.
8. El Tribunal Administrativo de Casanare, en sentencia del 14 de noviembre de 2024,
declaró la pérdida de la investidura del señor Vivas Palencia, al considerar que, en
calidad de concejal, votó un Acuerdo que autorizaba la asignación de subsidios de
vivienda cuando dos de sus hermanos ya figuraban como postulantes admitidos y que
si bien la asignación dependía de otras autoridades, su voto era necesario para que
existiera la posibilidad de que ellos resultaran beneficiados, por lo que, debió declararse
impedido, pues conocía o debía conocer el listado público de admitidos, lo que
configuraría un conflicto de intereses. La providencia fue apelada por el señor Vivas
Palencia.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06876-01
Accionante: Carlos Julio Vivas Palencia
Decisión: se confirma la improcedencia por falta de relevancia
9. La Sección Primera del Consejo de Estado3, en sentencia de segunda instancia del
17 de julio de 2025, confirmó la pérdida de investidura del señor Vivas Palencia. Al
respecto, consideró que se configuraron “los elementos objetivo y subjetivo de la causal
de pérdida de investidura, por violación del régimen del conflicto de intereses prevista
en los artículos 55, numeral 2, de la Ley 136, y 48, numeral 1, de la Ley 617, en
concordancia con los artículos 70 de la Ley 136”.
C. Fundamentos de la vulneración
10. El accionante dirige la acusación únicamente contra la decisión emitida por la
Sección Primera del Consejo de Estado en el trámite de la acción de pérdida de
investidura. Considera que la providencia contiene los siguientes defectos:
11. Fáctico, porque desconoció las reglas de la sana crítica, pues considera que la
valoración de las pruebas se limitó a parámetros subjetivos, pues no tenía la forma de
cómo saber que sus hermanos se encontraban dentro de las listas de los beneficiados;
que, se dio por hecho que debía conocer el número de identificación de sus hermanos
y también que estos estaban bajo una estrecha relación. Además, señaló que, no hay
prueba que acredite esa relación, no se tuvo en cuenta que el Acuerdo municipal 500.02-
028 de 25 de diciembre de 2023que aprobó y votó el concejal no era definitivo, es más,
no era esencial para la adjudicación y asignación, como tampoco se observó la
materialización del conflicto de intereses.
12. Procedimental y material o sustantivo, al omitir argumentar la decisión más allá de
las razones expuestas en la decisión de primera instancia. Al respecto, señaló que, su
conducta como concejal se limitó a aprobar y votar un proyecto en el cual se
encontraban los números de identificación de los beneficiarios, sin especificar sus
nombres, exigiéndosele que debía conocerlos, además, otras pruebas dan cuenta que
él no adjudicó ni asignó ningún proyecto.
13. Además, precisó que antes de que se aprobara y votara el referido Acuerdo,
conoció el listado de hogares admitidos de 15 de noviembre de 2023 y el listado
definitivo de hogares admitidos de 30 de noviembre de 2023, los cuales tampoco son
pruebas fehacientes para que se configure la causal alegada por la actora y confirmada
por el fallo de segunda instancia.
D. Trámite procesal
14. La acción de tutela fue admitida4 por la consejera de Estado Claudia Rodríguez
Velásquez, de la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 5 de noviembre 2025. La
providencia admisoria ordenó notificar a la Sección Primera de esta Corporación, a los
magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Casanare y a la señora Lina María
Ordoñez Leal, en calidad de terceros con interés.
E. Oposiciones e intervenciones
3 M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
4 Expediente SAMAI de primera instancia, índice 005.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06876-01
Accionante: Carlos Julio Vivas Palencia
Decisión: se confirma la improcedencia por falta de relevancia
15. La Sección Primera del Consejo de Estado pidió que se declarara improcedente la
acción de tutela, porque no cumple el requisito general de relevancia constitucional, toda
vez que las pretensiones están orientadas a constituir una instancia adicional del proceso
de pérdida de investidura para prolongar la discusión que ya se dio ante los jueces
naturales de la causa.
16. Señaló que, en caso de encontrarse superados los requisitos de procedibilidad del
recurso de amparo contra providencia judicial, se deben negar las pretensiones, porque
no incurrió en los defectos invocados ni ha transgredido los derechos fundamentales del
actor.
17. Como sustento de sus solicitudes, indicó que de las pruebas aportadas al proceso de
pérdida de investidura se concluyó que el señor Vivas Palencia, como concejal de Paz
de Ariporo (Casanare), suscribió el Acuerdo 500.02-028 de 25 de diciembre de 2023,
«[…] por medio del cual se autoriza a la Alcaldesa municipal para asignar y adjudicar 194
subsidios familiares de vivienda en especie -lotes con disponibilidad de servicios y se
dictan otras disposiciones […]», a pesar de que, para esa fecha, el listado definitivo de
hogares admitidos para continuar con el proceso de selección había sido publicado por
la Oficina Asesora de Planeación del ente territorial, donde se encontraban incluidas las
cédulas de dos de sus hermanos.
18. Manifestó que el conflicto de intereses surgió porque, para la fecha de la votación
dos de los hermanos del concejal – parientes en segundo grado de consanguinidad – ya
estaban postulados y admitidos en el proceso de selección de beneficiarios, conforme
con el listado definitivo de hogares admitidos publicado el 30 de noviembre de 2023. En
esa medida, el interés no era hipotético, sino real, directo y particular, por lo tanto, el
señor Vivas Palencia debió declararse impedido conforme con lo previsto en el artículo
70 de la Ley 136 de 1994.
19. La sentencia acusada enfatizó que: (i) no era relevante que el listado no estuviera
anexado al proyecto de acuerdo, porque su publicación lo hacía públicamente accesible
y el concejal tenía el deber de verificar si tenía algún parentesco involucrado; (ii) la sola
asistencia a la sesión, aun si no hubiese votado, constituye participación y configura la
causal de pérdida de investidura por conflicto de intereses; (iii) aunque la asignación final
de los subsidios dependía de otras autoridades y factores técnicos, no podían realizarse
sin la autorización dada a través del acuerdo que se aprobó con su voto; y, (iv) los
hermanos del concejal resultaron beneficiarios de los subsidios, lo que confirma a
relevancia del interés comprometido.
20. Finalmente, precisó que el concejal no actuó con la diligencia debida, pues no verificó
la existencia del conflicto, no solicitó asesoría jurídica y no acreditó haber obrado bajo un
error invencible, por lo que, su conducta no estuvo amparada por una buena fe calificada
F. La sentencia impugnada
21. La decisión impugnada de 29 de enero de 2026 declaró improcedente, por falta de
relevancia constitucional, la acción de tutela instaurada por el señor Carlos Julio Vivas
Palencia, al considerar que lo que en realidad plantea el accionante es una inconformidad
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06876-01
Accionante: Carlos Julio Vivas Palencia
Decisión: se confirma la improcedencia por falta de relevancia
con la sentencia emitida por la Sección Primera del Consejo de Estado, lo cual no es
suficiente para dejar sin efectos una sentencia “proferida por una Alta Corporación”. Bajo
ese argumento, consideró que no se configuraron los cargos por los defectos fáctico,
procedimental y material o sustantivo.
G. La impugnación
22. El apoderado del accionante indica que el fallo de tutela de primera instancia incurrió
en una indebida valoración del requisito de relevancia constitucional, al considerar
erradamente que los cargos planteados constituían una simple reiteración de los
argumentos expuestos en el proceso de pérdida de investidura. Si bien los hechos
coinciden, la solicitud de amparo no pretende reabrir el debate probatorio, sino evidenciar
una vulneración grave del debido proceso derivada de una valoración arbitraria de las
pruebas y de interpretaciones irrazonables de la normativa.
23. Insiste en la configuración de defectos fácticos y sustantivos, consistentes en la
construcción de presunciones sin respaldo probatorio -como el supuesto conocimiento
que se me atribuye sobre la situación de mis familiares-, la indebida atribución de efectos
decisivos a mi voto y la ausencia de prueba sobre la existencia de un interés directo.
Tales circunstancias afectan sus derechos fundamentales, en especial los de naturaleza
política, dada la gravedad de la sanción de pérdida de investidura.
24. En segundo lugar, cuestiona la aplicación del precedente relativo a la procedencia
excepcional de la tutela contra providencias de altas corporaciones, pues consideró que
el juez de primera instancia exigió un estándar sin analizar de fondo los defectos
alegados. Según el recurrente, sí se configuraba una “anomalía de tal entidad”, en la
medida en que la decisión sancionatoria se fundamentó en inferencias y no en pruebas
directas, desconociendo las garantías propias del debido proceso. Por ello, considera que
el juez constitucional de primera instancia descartó indebidamente el estudio material del
caso bajo el argumento de reiteración de cargos, renunciando a verificar si la providencia
cuestionada se ajustaba a la Constitución, lo que justifica la revocatoria del fallo y el
amparo de los derechos invocados.
II. CONSIDERACIONES
G. Competencia
25. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer, en segunda instancia, el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y
en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
H. Sentido de la decisión
26.La Sala confirmará la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que la
demanda de tutela es improcedente por falta de relevancia constitucional.
J. Finalidad de la acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06876-01
Accionante: Carlos Julio Vivas Palencia
Decisión: se confirma la improcedencia por falta de relevancia
27. Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones estas que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante
un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz, los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad o de un particular.
28. Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar
los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir con ella términos
precluidos o acciones caducadas.
29. De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos constitucionales
fundamentales del demandante.
K. La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias
judiciales5
30. Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.
31. En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no
todos los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la
competencia de los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional
como la seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.
32. Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de
la Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de
requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a
preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales se
la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una genuina,
verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.
33. En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades
concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios,
impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)
restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos
fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se
convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales ejecutoriadas.
5 Consejo de Estado, Sentencia del 21 de enero de 2026, radicado 11001-03-15-000-2025-07772-00, M.P.
Fredy Ibarra Martínez.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06876-01
Accionante: Carlos Julio Vivas Palencia
Decisión: se confirma la improcedencia por falta de relevancia
34. En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente6, la Corte ha reiterado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un
medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez
natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez constitucional
sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el ámbito de la
legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional que afecte
derechos fundamentales de las partes involucradas.
35. De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de índole
constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de un
derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos legales
de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma
procesal7”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se acredite de
manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos fundamentales.
36. En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se
había planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora “busca
una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos con la
intención de revivir los términos procesales”.
37. En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña
una exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con
invocar, en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste la
carga de explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada
comporta una restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado
por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la
que se dispuso que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales 8”,
enfatizando en que corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene tal
entidad, so pena de rechazo o improcedencia.
38. En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento
más exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte Constitucional
fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se presume por la sola
invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de un derecho
fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema jurídico de
naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se pretenden atribuir
a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre el por qué estos
6 Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.
7 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06876-01
Accionante: Carlos Julio Vivas Palencia
Decisión: se confirma la improcedencia por falta de relevancia
desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración concreta de un
derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del requisito “más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada” de tales derechos:
“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.”.9
39. En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o simples
desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela
no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de la
decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios
legalmente concluidos.
40. Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019,
determinó que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de las
decisiones de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta diáfano
que la intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único fin de
cuestionar la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente por
encontrarse en desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho
mecanismo carece de una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.
41. El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo
del actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con
miras a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura,
específicamente, con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la
consecuencia lógica es que es que el amparo así deprecado se torna a todas luces
improcedente pues en esa hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no
compromete directamente mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente
a los jueces ordinarios, quienes fueron investidos por el legislador de precisas facultades
para ello.
42. El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces
ordinarios, de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten
una genuina y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos
fundamentales, en orden a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte,
so pena de vaciar de contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del
9 Ídem.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06876-01
Accionante: Carlos Julio Vivas Palencia
Decisión: se confirma la improcedencia por falta de relevancia
juez de tutela no puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las
providencias proferidas por los jueces naturales en su ejercicio de tal y cualquier intento
dirigido a reemplazar o arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser
contenido.
43. En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-
128 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción de
tutela reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela debe
trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación, aplicación
o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia no puede
limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de proyección
constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación grave,
concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una decisión
judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una pretensión
dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y resueltas en el
proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción competente.
44. En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio
que condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara y
específica, que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación
razonable y comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.
45. En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga
al juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende
emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones probatorias
jurídicas o hermeneúticas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o
privados; únicamente cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de
los defectos alegados en el caso concreto.
L. El análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto, en segunda
instancia
46. La Sala considera que la acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, en tanto los argumentos expuestos por la parte actora no trascienden el
ámbito de la mera legalidad ni evidencian una vulneración autónoma de derechos
fundamentales, sino que reproducen el debate ya planteado y resuelto en el proceso de
pérdida de investidura. En efecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “no basta
[…] aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito”10, sino
que es necesario exponer razones que permitan evidenciar una afectación constitucional
real. No obstante, en el caso concreto, los reproches relacionados con la valoración
probatoria, la inexistencia de un interés directo y la incidencia del voto del concejal
corresponden a los mismos aspectos analizados por el juez natural11, lo que confirma que
la solicitud de amparo pretende reabrir una controversia ya decidida.
10 Ver, entre otras, la Sentencia SU-573 de 2019.
11 Las anteriores pruebas demuestran que el concejal CARLOS JULIO VIVAS PALENCIA, en su condición
de concejal del municipio de Paz de Ariporo (Casanare) participó en la aprobación y votó el Acuerdo 500.02-
028 de 25 de diciembre de 2023, "por medio del cual se autoriza a la Alcaldesa municipal para asignar y
adjudicar 194 subsidios familiares de vivienda en especie -lotes con disponibilidad de servicios y se dictan
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06876-01
Accionante: Carlos Julio Vivas Palencia
Decisión: se confirma la improcedencia por falta de relevancia
47. Esta conclusión no se desvirtúa con lo expuesto en el escrito de impugnación, en el
que se afirma que “la solicitud de amparo presentada no busca convertir la tutela en una
tercera instancia, sino evidenciar una vulneración manifiesta de derechos fundamentales”
y que el debate “no se centra en un simple error de interpretación legal, sino en la
vulneración de garantías esenciales que componen el debido proceso constitucional”. Sin
embargo, pese a esa formulación, la Sala observa que los cargos reiteran
sustancialmente los mismos cuestionamientos ya propuestos en sede ordinaria, en
particular, aquellos dirigidos a controvertir la valoración de las pruebas y la configuración
del interés directo, lo que evidencia que, en realidad, se pretende sustituir el criterio de la
Sección Primera del Consejo de Estado por el del juez constitucional.
48. En ese sentido, los planteamientos según los cuales la decisión cuestionada “se
fundamentó en una valoración probatoria que desconoció las reglas de la sana crítica”,
que se construyeron “presunciones sin respaldo fáctico” o que se otorgó un alcance
indebido al voto del concejal, no introducen un problema constitucional nuevo, sino que
insisten en una discrepancia frente al análisis probatorio y jurídico efectuado por la
Sección Primera, el cual ya fue examinado de manera expresa y razonada en la sentencia
objeto de tutela.
49. Finalmente, tratándose de una providencia proferida por un órgano judicial de cierre,
como lo es la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de
Estado, la procedencia de la acción de tutela exige la acreditación de “una anomalía de
otras disposiciones", a pesar de que, para esa fecha, el Listado Definitivo de Hogares Admitidos, para
continuar el proceso de selección de beneficiarios-hogares admitidos, había sido publicado por la Oficina
Asesora de Planeación de la alcaldía de Paz de Ariporo (Casanare), a través de la página web de la Alcaldía
de ese ente territorial el 30 de noviembre de 2024; y que en dicho listado aparecían incluidas las cédulas
de ciudadanía núms. 1.115.856.506 y 1.006.413.924 de los señores HÉCTOR JULIÁN VIVAS PALENCIA
y NARDA JIMENA VIVAS PALENCIA, respectivamente, hermanos del concejal accionado.
En tal sentido, la Sala considera, contrario a lo aducido por el apelante, que al concejal accionado sí le
asistía un interés directo, particular, actual, real e inmediato, en el debate del Acuerdo 500.02-028 de 25 de
diciembre de 2023, toda vez que lo que allí se discutía era la autorización a la alcaldesa municipal de Paz
de Ariporo (Casanare) para asignar los subsidios familiares de vivienda en especie y adjudicar los
respectivos lotes de terreno con disponibilidad de servicios; y que para la fecha en la que se votó el acuerdo
en referencia, ya se había publicado el listado de los ciudadanos que se postularon a los referidos subsidios,
entre quienes figuraban sus hermanos. En otras palabras, dicha decisión de autorizar a la alcaldesa
municipal de Paz de Ariporo (Casanare) para asignar los subsidios familiares de vivienda en especie y
adjudicar los respectivos lotes de terreno con disponibilidad de servicios, suponía un interés directo,
particular, actual, real e inmediato, mas no aleatorio o hipotético, porque para la fecha en que el accionado
participó y votó sobre dicha autorización, ya sus hermanos, con quienes tiene un vínculo de segundo grado
de consanguinidad, estaban en el proceso para acceder a esos subsidios, por lo que de conformidad con
el artículo 70 de la Ley 136 el accionado no debía participar en la discusión del referido acuerdo ante el
interés que les asistía. Al respecto, debe aclararse que a partir del momento en que se dotó de publicidad
el contenido del Listado Definitivo de Hogares Admitidos, para continuar el proceso de selección de
beneficiarios- hogares admitidos, se produjo para el accionado una colisión o enfrentamiento entre el
interés general, que debe privilegiarse en el ejercicio de su labor como concejal, con el interés particular,
quedando comprometida la imparcialidad y ecuanimidad en la toma de cualquier decisión sobre el futuro
del proyecto normativo que finalizó en el Acuerdo 500.02-028 de 25 de diciembre de 2023. Asimismo, se
destaca que dicho interés resulta directo, particular y actual y que este no se confunde con el que les asiste
a todas las personas o a la comunidad en general, pues para el momento en que participó en el trámite y
aprobación del referido Acuerdo, se reitera, ya se había publicado el listado de admitidos, por lo que era
esperable que el accionado pusiera en conocimiento esa circunstancia ante el pleno de la Corporación para
evitar que se comprometa el interés general, la justicia y el bien común, principios y elementos fundantes
del Estado, y, por ende, el subsidio de vivienda familiar en especie dejó de cobijar a la generalidad de las
personas para abarcar a un conglomerado determinado, como lo señaló esta Sección en sentencia de 3
de abril de 2025 […].
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06876-01
Accionante: Carlos Julio Vivas Palencia
Decisión: se confirma la improcedencia por falta de relevancia
tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional” 12. No obstante, la
parte actora se limita a afirmar que dicha anomalía se configura porque la decisión “se
basó en inferencias y no en pruebas directas”, sin demostrar de qué manera ello
constituye un defecto de dimensión constitucional y no una simple inconformidad con la
valoración probatoria. Por el contrario, la providencia cuestionada se encuentra
debidamente motivada y responde a un ejercicio razonado de interpretación jurídica, por
lo que no se advierte irregularidad alguna que justifique la intervención del juez de tutela.
En consecuencia, al no satisfacerse el requisito de relevancia constitucional, se impone
confirmar la improcedencia del amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFÍRMASE la decisión de primera instancia que declaró improcedente la
acción de tutela interpuesta por Carlos Julio Vivas Palencia contra el Consejo de Estado,
Sección Primera, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO: Una vez notificada, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
12 Ver, entre otras, la Sentencia SU-103 de 2022.
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