Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07772-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07772-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07772-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
21 de enero de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintiuno (21) de enero de dos mil veintiséis (2026).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07772-00
Demandante: SANDRA MILENA LÓPEZ SOTO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
SE DECLARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE
TUTELA POR FALTA DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL.
Síntesis del caso: la actora cuestionó la sentencia que confirmó la decisión que le negó las
pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho para obtener el reconocimiento y pago
de las diferencias salariales presuntamente derivadas de un incremento salarial en el escalafón
docente. La Sala encontró que no se superó el requisito de relevancia constitucional porque la
controversia se orientó a reabrir un debate propio del juez natural.
La Sala decide la acción de tutela presentada 1 por la señora Sandra Milena López Soto
en contra del Tribunal Administrativo del Quindío para la protección de sus derechos
fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia
consagrados en los artículos 29, 13 y 229 de la Constitución Política, presuntamente
vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 6 de junio de 2025 en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación no. 63001-33-33-003-2024-
00189-01.
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1
Mediante escrito presentado ante esta Corporación el 5 de diciembre de 2025. (Índice 00002 del
aplicativo SAMAI)
2
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07772-00
Actora: Sandra Milena López Soto
Acción de tutela
1) Se desempeña como docente oficial, vinculada con el régimen del Decreto Ley 1278
de 2002, en el grado 3CM del escalafón docente.
2) El Gobierno Nacional decretó incrementos salariales iguales para los docentes
regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002 durante los años 2005, 2006 y 2007; sin
embargo, para el año 2008 dispuso aumentos porcentuales diferenciados, de manera
que al grado 3DM se le aplicó un incremento del 44,89%, mientras que al grado 3CM
se le aplicó un incremento del 32,71%, circunstancia que, en su criterio, generó una
afectación económica por la disminución de la base salarial proyectada hacia vigencias
posteriores.
3) Con fundamento en lo anterior, presentó reclamación administrativa ante la
Secretaría de Educación del Municipio de Armenia y el Ministerio de Educación
Nacional, en la cual solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y
prestacionales derivadas del incremento desigual del año 2008; dichas reclamaciones
fueron negadas mediante los oficios ARM2024EE004016 y 2024-EE-059182,
expedidos el 28 de febrero de 2024, por la Secretaría de Educación Municipal de
Armenia y el Ministerio de Educación Nacional, respectivamente.
4) En ese contexto, promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación de
Armenia, con el propósito de que se declarara la nulidad de los actos que negaron su
reclamación y se ordenara el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y
prestacionales que estimó causadas, debate que fue resuelto por el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Armenia, mediante sentencia del 4 de diciembre
de 2024, en la cual se negaron las pretensiones 2.
2
El juzgado consideró que, de conformidad con el test de igualdad desarrollado por la Corte
Constitucional, es jurídicamente posible establecer tratamientos diferenciados entre servidores, siempre
que el trato tenga sustento en criterios previstos por el ordenamiento y responda a finalidades legítimas;
en el caso concreto, estimó que el régimen del escalafón docente permite diferencias asociadas a
variables objetivas y sostuvo que la normatividad aplicable al régimen docente busca estimular la
profesionalización y la excelencia, de modo que las diferencias salariales derivadas de la ubicación en
el escalafón no son, por sí mismas, contrarias al principio de igualdad.
Un docente ubicado en un grado determinado (como 3CM) tiene condiciones de experiencia y formación
distintas a las de quien se encuentra en otro grado (como 3DM); por ello, halló congruencia en que
existan diferencias salariales asociadas a esa ubicación y concluyó que no se configuró una
discriminación injustificada.
Las asignaciones salariales y sus variaciones están justificadas por el legislador, en cuanto se vinculan
con elementos como la formación profesional del docente y sostuvo que las diferencias no resultaban
“injustificadas” ni “caprichosas” y no desconocían derechos laborales, salariales o prestacionales.
3
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07772-00
Actora: Sandra Milena López Soto
Acción de tutela
5) La demandante apeló esa decisión 3 y, mediante sentencia del 6 de junio de 2025, el
Tribunal Administrativo del Quindío confirmó la decisión de primera instancia con
fundamento en que no se configuraba una vulneración del derecho a la igualdad, en
tanto el trato salarial diferenciado entre los grados 3CM y 3DM se encontraba justificado
en criterios objetivos propios del escalafón docente, tales como la formación y la
experiencia, y que, por consiguiente, no resultaba procedente equiparar el incremento
salarial del grado 3CM al otorgado al grado 3DM.
2. Los fundamentos de la vulneración
La actora alegó que la providencia judicial cuestionada adolece de un defecto
sustantivo y afirmó que la autoridad judicial demandada avaló un trato salarial desigual
derivado del incremento aplicado en el año 2008 entre los grados 3CM y 3DM, a pesar
de que se trataba de una diferencia porcentual que no podía justificarse únicamente en
la estructura general del escalafón docente.
Conforme con lo debatido en el proceso ordinario, resaltó que al grado 3DM se le aplicó
en 2008 un incremento del 44,89%, mientras que al grado 3CM se le aplicó un
incremento del 32,71%, lo cual habría generado una afectación permanente sobre la
base salarial y, por ende, sobre los ingresos posteriores de quienes se encontraban
ubicados en el grado 3CM.
Respecto de los incrementos decretados en los años 2008, 2009 y 2011, se respetó el mínimo que la
jurisprudencia ha considerado básico para mantener el poder adquisitivo, esto es, el porcentaje de
pérdida del poder adquisitivo o inflación y a partir de ese punto, se tuvieron en cuenta factores como
formación, capacitación y experiencia para aumentar salarios docentes, y que dichos factores sirvieron
como parámetro para los incrementos salariales subsiguientes.
3
De acuerdo con los documentos obrantes en el expediente, los fundamentos de la apelación se
centraron en reiterar que se vulneró su derecho fundamental a la igualdad, porque en el año 2008 se
aplicó un incremento salarial diferenciado entre los grados 3CM y 3DM, en la medida en que al grado
3DM se le otorgó un aumento del 44,89%, mientras que al grado 3CM se le aplicó un incremento del
32,71%, lo cual configuró un trato desigual e injustificado.
La diferencia en el incremento de 2008 no se explicaba por la estructura ordinaria del escalafón docente,
sino que correspondía a un trato desigual en el porcentaje de aumento, con efectos permanentes sobre
la base salarial de quienes estaban ubicados en el grado 3CM.
La actora insistió en que esa desigualdad proyectó efectos hacia los años siguientes y no fue
compensada posteriormente, razón por la cual el perjuicio no se agotaba en la vigencia 2008 sino que
se extendía en el tiempo.
También alegó que no existían elementos que demostraran la existencia de motivos objetivos y válidos
para justificar los incrementos desiguales.
4
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07772-00
Actora: Sandra Milena López Soto
Acción de tutela
Si bien en la demanda se mencionó la existencia de un defecto fáctico y un
desconocimiento del precedente judicial, la actora no los desarrolló con un contenido
específico respecto de tales cargos.
3. Pretensiones.
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:
“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO en la
sentencia proferida el día 06 de junio de 2025, en el expediente radicado bajo
número 63001-3333-003-2024-00189-01, transgredió los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD la señora SANDRA MILENA LOPEZ
SOTO, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la
jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al
caso y, el material probatorio obrante en el proceso ordinario.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO dejar sin efectos la providencia referida en
el numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de
la norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la
situación particular de la docente SANDRA MILENA LOPEZ SOTO a la luz
de los argumentos planteados en la demanda ordinaria y, los hechos
debidamente probados en el debate jurídico.”. (mayúsculas del original -
archivo disponible en medio magnético en el índice 00002 del aplicativo
SAMAI)
4. Actuación procesal.
Mediante auto del 10 de diciembre de 2025 (índice 00005 del aplicativo Samai) se
admitió la acción de tutela, se notificó al presidente y magistrados integrantes del
Tribunal Administrativo del Quindío y se vinculó al titular del Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Armenia, al ministro de Educación Nacional y al
secretario de educación de Armenia, entregándoles copia de la demanda y los anexos.
5. Actuación de la autoridad judicial demandada
El magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Quindío solicitó que se declare
la improcedencia de la demanda con fundamento en que no se acreditó de manera
concurrente los requisitos generales exigidos para la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencias judiciales; en particular, enfatizó que el asunto no
superó el requisito de relevancia constitucional, en la medida que se trata de una
controversia de contenido legal y económico que ya fue resuelta en la jurisdicción de
lo contencioso-administrativo.
5
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07772-00
Actora: Sandra Milena López Soto
Acción de tutela
La acción constitucional se fundamenta en la inconformidad de la actora con la
sentencia de segunda instancia y busca, en la práctica, replantear el litigio decidido en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual desnaturaliza este
mecanismo de amparo.
La providencia del 6 de junio de 2025 no incurrió en defectos que habilitaran el amparo,
porque en ella se realizó el estudio del régimen salarial docente, se aplicó el análisis
de igualdad y se concluyó que no era procedente equiparar el incremento salarial del
grado 3CM con el del grado 3DM por tratarse de situaciones distintas asociadas a
factores como formación y experiencia.
Finalmente, citó decisiones recientes de esta Corporación en las cuales se resolvieron
controversias muy similares a la aquí planteada y se declararon improcedentes tales
acciones de tutela por falta de relevancia constitucional y por pretender reabrir debates
propios del juez natural (índice 00008 del aplicativo Samai).
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, y 2) el caso concreto.
1. La finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para
desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07772-00
Actora: Sandra Milena López Soto
Acción de tutela
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.
2. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Quindío con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales antes referidos, presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia
del 6 de junio de 2025, mediante la cual se confirmó la decisión que negó las
pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
promovida por la actora para lograr el reconocimiento y pago de las diferencias
salariales y prestacionales que estimó causadas a partir del incremento salarial
diferencial aplicado en el año 2008 entre los grados 3CM y 3DM del escalafón docente.
En los términos en que fue planteada la controversia la Sala declarará la improcedencia
de la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional,
conforme se expone a continuación:
3.1 La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias
judiciales
Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.
En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos
los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia
de los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la
seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.
Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la
Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de
requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a
preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales
se la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una
genuina, verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07772-00
Actora: Sandra Milena López Soto
Acción de tutela
En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que
el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades
concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios,
impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)
restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos
fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se
convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales
ejecutoriadas.
En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente 4, la Corte ha reiterado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un
medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez
natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez
constitucional sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el
ámbito de la legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional
que afecte derechos fundamentales de las partes involucradas.
De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de
índole constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de
un derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos
legales de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de
una norma procesal5”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se
acredite de manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos
fundamentales.
En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se
había planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora
“busca una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos
con la intención de revivir los términos procesales”.
4
Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.
5
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07772-00
Actora: Sandra Milena López Soto
Acción de tutela
En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña
una exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con
invocar, en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste
la carga de explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada
comporta una restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado
por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la
que se dispuso que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales 6”, enfatizando en que corresponde al demandante justificar por qué su
pretensión tiene tal entidad, so pena de rechazo o improcedencia.
En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más
exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte
Constitucional fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se
presume por la sola invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de
un derecho fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema
jurídico de naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se
pretenden atribuir a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre
el por qué estos desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración
concreta de un derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del
requisito “más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia
de una restricción desproporcionada” de tales derechos:
“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii)
que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige
contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.”. 7
En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o
simples desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la C orte
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
7
Ídem.
9
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07772-00
Actora: Sandra Milena López Soto
Acción de tutela
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela
no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de
la decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni r eabrir litigios
legalmente concluidos.
Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019,
determinó que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de
las decisiones de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta
diáfano que la intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único
fin de cuestionar la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente
por encontrarse en desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho
mecanismo carece de una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.
El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo
del actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con
miras a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura,
específicamente, con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la
consecuencia lógica es que es que el amparo así deprecado se torna a todas luces
improcedente pues en esa hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no
compromete directamente mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente
a los jueces ordinarios, quienes fueron investidos por el legislador de precisas
facultades para ello.
El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios,
de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una
genuina y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales,
en orden a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena de
vaciar de contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del juez de
tutela no puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las providencias
proferidas por los jueces naturales en su ejercicio de tal y cualquier intento dirigido a
reemplazar o arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser
contenido.
En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-
128 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción
de tutela reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela
debe trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación,
aplicación o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07772-00
Actora: Sandra Milena López Soto
Acción de tutela
no puede limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de
proyección constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación
grave, concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una
decisión judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una
pretensión dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y
resueltas en el proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción
competente.
Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción
para cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo
establecido por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, esta
hipótesis comporta un escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar, prima
facie, si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad
judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de
acción tanto de los jueces constitucionales, como de las demás jurisdicciones’ en
estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios.” (negrillas adicionales).” 8.
En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio
que condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara
y específica, que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación
razonable y comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.
En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga al
juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende
emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones
probatorias o jurídicas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o
privados; únicamente cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de
los defectos alegados en el caso concreto.
3.2. El análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto
1) La Sala considera que la acción de tutela no superó el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto, a partir del examen integral de la demanda, se desprende
que los reproches de la actora se dirigen, esencialmente, a controvertir la conclusión
8
Criterio que, a su vez fue ratificado en la sentencia SU-215 de 16 de junio de 2022, MP Natalia Ángel
Cabo.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07772-00
Actora: Sandra Milena López Soto
Acción de tutela
adoptada por el Tribunal Administrativo del Quindío en la sentencia del 6 de junio de
2025.
2) En el presente asunto, si bien la demandante invocó la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la administración de
justicia, así como la existencia de supuestos defectos en la providencia cuestionada,
lo cierto es que la sustentación de tales cargos se limitó a reiterar su inconformidad
con la decisión judicial adversa a sus intereses, en tanto insiste en que el incremento
salarial aplicado en el año 2008 para el grado 3CM (32,71%) debió ser equiparado al
reconocido para el grado 3DM (44,89%) y que esa diferencia afectó su base salarial.
3) No obstante, tales aspectos fueron objeto de análisis en la providencia que aquí se
cuestiona, en la cual el tribunal explicó las razones por las cuales no se configuraba
una vulneración del derecho a la igualdad y por qué el trato diferenciado se encontraba
justificado en el marco del escalafón docente, con lo cual descartó que existiera un
deber de equiparación automática entre categorías distintas:
"(...) es claro que, como se sostuvo en el fallo recurrido, la situación
reprochada como desigual, no cumple las primeras exigencias de
comparación, si se verifica que, se identifica un trato disímil, pero a sujetos
distintos y en condiciones diferentes, así sean ambos docentes profesionales,
son servidores a los que se les exige distinta cualificación, evaluación y
experiencia, lo que, desde ya, supone la validez de la existencia de tratos
diversos a diferentes sujetos. Además, la demandante pretende equiparar el
Nivel Salarial C con maestría con el nivel salarial D con maestría, sin tener en
cuenta que uno y otro reciben una remuneración de asiento o de base al
momento de la reglamentación distinta, en tanto el educador profesional con
maestría que está en el Nivel Salarial C tenía una remuneración visiblemente
menor al de mayor trayectoria y que ha seguido ascendiendo en los niveles
salariales, razón por la cual, no son dos situaciones comparables de uno y
otro servidor.
Por tanto, la reglamentación objeto de reproche, permite identificar una base
salarial acorde con la realidad de cada servidor docente, a fin de que los
aumentos salariales que en lo sucesivo hiciese el Gobierno Nacional no
permitan generar una brecha notable entre remuneraciones de docentes, sin
que se desconozca que el docente con mayor grado y nivel seguirá
percibiendo una mejor remuneración salarial (...).
En definitiva, se manifestó en la sentencia censurada que, en el caso
concreto, “(…) el trato diferenciado obedece los principios que la misma
normatividad ha previsto para estimular la profesionalización y excelencia de
quienes hacen parte del magisterio, y en tal efecto no vulneran el derecho a
la igualdad, por el contrario, la ubicación del docente en el escalafón se
encuentra determinado por las condiciones de experiencia y formación que la
ley señale”. Agregó que, el salario al encontrarse en grados de escalafón
diferente A - B – C – D, el principio de trabajo igual salario igual, no aplica,
por las condiciones y razones objetivas como la formación, la capacitación y
preparación que justifican la diferencia de trato y, en especial para el año
2008 responde a una “política pública debidamente autorizada por el Decreto
1278 de 2002, artículos 46 y 47”, motivando el Estado al sector docente para
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07772-00
Actora: Sandra Milena López Soto
Acción de tutela
alcanzar los grados más altos, con indicación de aumentos salariales para la
categorías, como lo dispone cada uno de los Decretos.
Esta Sala de Decisión, además, encuentra que el recurrente basa su
argumento referido a que no se justificó el incremento porcentual salarial
diferente a cada escalafón con base en un cálculo matemático, estableciendo
los porcentajes diferentes de incremento salarial. Sin embargo, el Órgano de
Cierre de la Jurisdicción Constitucional, en sentencia C-408 del 24 de
noviembre del 2021, tema tratado también por el fallo recurrido, señaló que
los análisis de igualación matemática entre remuneraciones no tienen cabida,
atendiendo a que, es relevante tener en cuenta las diferencias fácticas de
cada servidor, las cuales en el presente caso sí son apreciables, como lo son
la formación y la experiencia requerida para ocupar uno u otro escalafón. Por
ello, el principio de “a trabajo igual, salario igual”, contrario a lo afirmado en el
recurso, “no plantea una igualdad matemática, sino una igualdad real, que
busca un trato igual a las personas que se encuentran bajo unas mismas
condiciones, y que justifica un trato diferente sólo cuando se encuentran bajo
distintas condiciones”.
Asimismo, se precisa que, si bien el recurrente indica que no obran en el
expediente estudios técnicos u otros medios de convicción que den cuenta
de la existencia de razones objetivas y válidas para ordenar los incrementos
desiguales, este es un argumento que no fue presentado en la demanda y,
en consecuencia, no le es dable a este Órgano Colegiado en esta sede
judicial pronunciarse al respecto ya que ese el escenario en el que debió
plantearlo. No obstante, en el hipotético caso que ese tema se hubiere
planteado desde el inicio del proceso, tampoco le asistiría razón al
demandante, en cuanto no probó que el Gobierno haya tenido la obligación
de realizar dichos estudios técnicos, por cuanto la Ley 4 de 1992, “Mediante
la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el
Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza
Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores
Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido
en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política”
tampoco erigió dicha obligación en su art. 2, que fijó los criterios y objetivos
que debe tener en cuenta el Ejecutivo para la fijación del régimen salarial y
prestacional (...)”. (archivo disponible en medio magnético en el índice 00002
del aplicativo SAMAI)
4) De ese modo, la autoridad judicial demandada dio cuenta de las razones que
justificaban la confirmación de la negativa de las pretensiones, incluso frente a los
mismos argumentos que hoy reproduce la accionante en sede de tutela, lo cual
evidencia que la presente acción se orienta a replantear un debate propio del juez
natural y de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, sin que se advierta la
formulación de un problema autónomo de naturaleza constitucional que habilite el
estudio de fondo en esta sede.
5) Así entonces, los argumentos de la parte actora no se refieren a una afectación
grave, específica y desproporcionada de derechos fundamentales, puesto que se
limitan a insistir en que el incremento salarial diferencial aplicado en el año 2008 entre
los grados 3CM y 3DM vulneró el derecho a la igualdad y debió dar lugar al
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07772-00
Actora: Sandra Milena López Soto
Acción de tutela
reconocimiento de las diferencias salariales y prestacionales reclamadas,
planteamiento que corresponde al ámbito propio del juez natural del proceso ordinario.
6) Sin embargo, la providencia transcrita evidencia que la autoridad judicial sí examinó
tales alegaciones y explicó, de manera razonada, por qué el trato diferenciado entre
niveles del escalafón docente respondía a criterios objetivos de formación y experiencia
y no habilitaba una equiparación automática entre categorías distintas, sin que se
advierta una actuación caprichosa, irrazonable o abiertamente contraria a derecho.
7) La inconformidad central de la parte actora se orienta, en realidad, a obtener un
nuevo examen sobre la validez constitucional y legal de los incrementos salariales
decretados por el Gobierno Nacional en el año 2008, así como a que el juez
constitucional reabra una discusión ya dirimida por las autoridades judiciales en sede
natural, pretensión que corresponde al campo de la legalidad y del debate ordinario, no
al de la configuración de un problema constitucional autónomo.
8) En otras palabras, el debate planteado no se estructura como la denuncia de una
ruptura protuberante del debido proceso, sino como un desacuerdo con la
interpretación y aplicación que el juez natural realizó del régimen salarial docente y de
los criterios de comparación propios del juicio de igualdad.
9) En estas condiciones, la controversia planteada no trasciende el ámbito de la
legalidad ni se proyecta como un problema constitucional nítido en los términos fijados
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre acción
de tutela contra providencias judiciales, sino que lo que en realidad se pretende es que
el juez de tutela sustituya el criterio del Tribunal Administrativo del Quindío en un asunto
propio de su competencia como juez de segunda instancia del proceso ordinario.
10) En conclusión, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por cuanto el interés de la
parte actora es emplear la acción de tutela como una instancia adicional al proceso
ordinario en función de cuestionar las razones que tuvo en cuenta el juez natural de la
causa para adoptar su decisión, con el único fin de mostrar su desacuerdo con esa
determinación, proceder que se encuentra vedado.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07772-00
Actora: Sandra Milena López Soto
Acción de tutela
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA:
1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por Sandra Milena López
Soto, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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