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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06517-01

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06517-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2025 POR LA Sección Primera del Consejo de Estado por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06517-01

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06517-01
Accionante: Procurador 91 Judicial I para la Conciliación Administrativa y
otro
Accionado: Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección A
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

Se decide la impugnación interpuesta por Edwin José López Fuentes y Víctor Miguel
Sierra Deluque, en calidad Procuradores 91 y 202 Judicial I para la Conciliación
Administrativa contra la sentencia proferida, en primera instancia, por la Sección Primera
del Consejo de Estado el 27 de noviembre de 2025.

SÍNTESIS1

Los accionantes interpusieron acción de tutela contra la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, con el propósito de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales
consideran vulnerados con ocasión de las providencias proferidas los días 11 de julio y
1.º de septiembre de 2025 por dicha Subsección, dentro del medio de control de nulidad,
acumulado con controversias contractuales, identificado con el número único de
radicación 44001-23-40-000-2022-00075-02, promovido en contra del departamento de
La Guajira. La Sala confirma la decisión de primera instancia, proferida por la Sección
Primera de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 16 de octubre de 20252, Edwin José López Fuentes y Víctor Miguel Sierra
Deluque, en calidad Procuradores 91 y 202 Judicial I para la Conciliación Administrativa,
interpusieron demanda en ejercicio de la acción de tutela en contra de la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Sostuvieron que la sentencia del 11 de
julio de 2025, proferida dentro del medio de control de nulidad, acumulado con
controversias contractuales, identificado con el número único de radicación 44001-23-
40-000-2022-00075-02, mediante las que se declaró la nulidad de la Ordenanza nro.
524 de 2020 de la Asamblea de La Guajira, se negaron las demás pretensiones (incluida

1 Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad / controversias contractuales / segunda instancia / debido

proceso y acceso a la administración de justicia / segunda instancia / confirma / Improcedencia / falta de relevancia
constitucional.
2 Índice 001 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06517-01
Accionante: Procurador 91 Judicial I para la Conciliación Administrativa y otro
Decisión: confirma improcedencia por falta de relevancia

la nulidad absoluta del contrato de sociedad contenido en la Escritura Pública nro. 1022
del 30 de diciembre de 2020) y se revocó la orden de dar por terminado y liquidar ese
contrato, así como también el auto del 1.º de septiembre de 2025, que resolvió la
solicitud de aclaración y complementación de dicha sentencia, vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

2. El accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:

“PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de los suscritos al DEBIDO
PROCESO -en sus dimensiones de motivación suficiente, congruencia, respeto del
precedente, juez natural/competencia y garantía de defensa y contradicción-, al ACCESO
A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y a la IGUALDAD; y, como consecuencia, DEJAR
SIN EFECTOS la sentencia proferida el 11 de julio de 2025 por la Sección Tercera –
Subsección A del Consejo de Estado, así como el auto del 1.º de septiembre de 2025 que
negó la sentencia complementaria.

SEGUNDO: ORDENAR a la Sección Tercera – Subsección A del Consejo de Estado que,
en el término de veinte (20) días contados a partir de la notificación de esta decisión, dicte
sentencia de reemplazo, integral, motivada y congruente, con sujeción estricta a las
consideraciones y precisiones expuestas en la parte motiva de la providencia que se dicte
en este proceso”. [Negrillas del texto original].

B. Hechos

3. Los accionantes señalaron que la Asamblea Departamental de La Guajira expidió
la Ordenanza núm. 524 de 2020, por medio de la cual adoptó la política pública
departamental de agua potable y saneamiento básico (PDA) y autorizó al Gobernador
para crear, de manera conjunta con los municipios, una empresa de servicios públicos.
Asimismo, la ordenanza lo facultó para adelantar las gestiones, trámites y actuaciones
administrativas, contractuales y presupuestales necesarias para la implementación de
dicha política y para garantizar la eventual operación de la empresa.

4. En desarrollo de las autorizaciones previstas en la referida ordenanza, mediante
Escritura Pública núm. 1022 del 30 de diciembre de 2020, el departamento de La Guajira
y varios municipios constituyeron la sociedad ESEPAGUA S.A. E.S.P., bajo la
modalidad de empresa de servicios públicos de carácter oficial.

5. Para la fecha de expedición de la Ordenanza núm. 524 de 2020 y del otorgamiento
de la mencionada escritura pública, se encontraba vigente en el departamento de La
Guajira la Administración Temporal del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico,
a cargo de un administrador temporal, responsable de la dirección, gestión y
administración del PDA en el departamento.

6. Los actores promovieron el medio de control de nulidad, acumulado con
controversias contractuales, en el cual solicitaron, de manera principal: i) la nulidad de
la Ordenanza y, como consecuencia de ello, ii) la nulidad absoluta del contrato de
sociedad contenido en la Escritura Pública núm. 1022 del 30 de diciembre de 2020, con
fundamento en el numeral 4 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993.

7. Como causal autónoma de nulidad absoluta del contrato, se alegó la incompetencia
del Gobernador para suscribir la referida escritura pública, con fundamento en el
numeral 1 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, al considerar que dicha competencia

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correspondía a la Administración Temporal del Sector de Agua Potable y Saneamiento
Básico vigente en el departamento de La Guajira.

8. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante sentencia
del 22 de noviembre de 2023, declaró la nulidad de la Ordenanza núm. 524 de 2020 y,
en consecuencia, la nulidad absoluta del contrato de sociedad contenido en la Escritura
Pública núm. 1022 de 2020. Asimismo, ordenó al Gobernador de La Guajira dar por
terminado dicho contrato y proceder a su liquidación.

9. Contra la decisión de primera instancia el gobernador de La Guajira y la sociedad
ESEPAGUA S.A. E.S.P. formularon recurso de apelación, el cual fue resuelto por la
autoridad judicial accionada, así:

“1. MODIFICAR la sentencia del 22 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de La Guajira y, en su lugar, se dispone:

“PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la ordenanza No. 524 de 2020, proferida por la
Asamblea Departamental de La Guajira, de conformidad con las razones expuestas en esta
sentencia.

SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones, de conformidad con las consideraciones y
efectos previstos en la parte motiva de esta providencia”.”. [Negrillas del texto original].

C. Fundamentos de la vulneración

10. Los accionantes señalaron que existe falta de motivación tanto en la sentencia
controvertida como en el auto que negó la solicitud de sentencia complementaria.

11. Respecto de la sentencia de segunda instancia, indicaron que no es cierto que no
se hubiera solicitado la nulidad del contrato de sociedad, pues dicha pretensión fue
expresamente formulada en la demanda, reiterada en la fijación del litigio y acogida en
el fallo de primera instancia. En ese orden, sostuvieron que la autoridad judicial estaba
obligada a pronunciarse sobre ese extremo.

12. En relación con el auto que negó la sentencia complementaria, afirmaron que
adolece de falsa motivación, al suprimir indebidamente el cargo autónomo de nulidad
del contrato por incompetencia del Gobernador, confundiéndolo con los reproches
dirigidos contra la ordenanza.

13. Sostuvieron que también se configuró un defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente, al vulnerarse la jurisprudencia que ha fijado los límites de competencia
del juez de segunda instancia, en la medida en que se desfiguró la causa petendi
mediante la modificación del fundamento fáctico y jurídico de la demanda.

14. En particular, afirmaron que se produjo una mutación indebida del régimen jurídico
aplicable, al sustituir el derecho público contractual por el derecho mercantil, así como
la introducción de una decisión no pedida, consistente en la exclusión de un socio, en
lugar de la nulidad absoluta del contrato solicitada, lo que configuró un quebrantamiento
del principio de congruencia procesal.

15. Igualmente, señalaron que se configuró un defecto sustantivo por inaplicación de
los artículos 13 y 44 de la Ley 80 de 1993, normas que imponen la nulidad absoluta

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integral del contrato estatal cuando el vicio recae sobre sus elementos estructurales,
razón por la cual resultaba improcedente acudir al derecho privado.

16. Finalmente, indicaron que se presentó un defecto procedimental absoluto, al
vulnerarse el principio de consonancia, al introducirse en la segunda instancia un
planteamiento novedoso, ajeno al recurso de apelación y sustraído del contradictorio.

D. Trámite procesal

17. Por auto del 30 de octubre de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado
admitió la demanda de tutela, negó la medida provisional solicitada, ordenó vincular al
departamento de La Guajira, a la Asamblea Departamental de La Guajira, a los
municipios de Fonseca, Urumita, La Jagua del Pilar, Distracción, Villanueva y San Juan
del Cesar, así como a la Empresa Departamental de Servicios Públicos Domiciliarios de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de La Guajira – ESEPGUA S.A. E.S.P. y al Tribunal
Administrativo de La Guajira. Igualmente, dispuso la notificación de las partes.

18. El 27 de noviembre de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado profirió
sentencia de primera instancia en el presente asunto, en la que declaró la improcedencia
porque la demanda de tutela no supero el requisito de subsidiariedad.

19. El 15 de diciembre de 2025, los accionantes impugnaron la sentencia de primera
instancia y el 16 de diciembre se concedió la impugnación.

E. Oposiciones e intervenciones

20. La Gobernación de La Guajira presentó informe con el cual solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela, por incumplimiento del requisito de subsidiariedad,
al considerar que los accionantes disponen del recurso extraordinario de revisión para
controvertir la sentencia cuestionada. Indicó que no se acredita la existencia de un
perjuicio irremediable que justifique la adopción de medidas urgentes por parte del juez
constitucional.

21. El consejero de Estado José Roberto Sáchica Méndez, para entonces presidente
de la Sección Tercera de esta Corporación, presentó informe en el que solicitó declarar
la improcedencia de la acción de tutela, al estimar que no se cumple el requisito general
de relevancia constitucional, en la medida en que los argumentos expuestos buscan
reabrir un debate ya concluido, lo que equivaldría a instaurar una tercera instancia y a
desnaturalizar el diseño de protección constitucional.

22. Indicó que, en relación con el fondo del asunto, la sentencia cuestionada se ajusta a
derecho, por cuanto la nulidad de la ordenanza no conlleva la invalidez del contrato
societario, dado que la participación de los demás socios garantiza la existencia legal de
la sociedad, conforme al artículo 108 del Código de Comercio. Señaló que la
interpretación adoptada no configura falsa motivación ni desconocimiento del marco
decisorio, sino la aplicación razonada de la normativa especial, incluida la remisión
prevista en el artículo 44 de la Ley 80 de 1993.

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23. Agregó que, al haber apelado todas las partes, el juez de segunda instancia actuó
dentro del ámbito de su competencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del
Código General del Proceso, sin que se advierta vulneración del debido proceso ni
incongruencia en la decisión. Precisó que no se configura una providencia infra petita, en
la medida en que los cargos relacionados con la incompetencia del Gobernador fueron
abordados dentro del análisis de la capacidad del departamento de La Guajira para ser
socio de la empresa de acueducto y alcantarillado.

24. Finalmente, sostuvo que los calificativos empleados por los accionantes reflejan una
inconformidad subjetiva con el sentido de la decisión judicial, lo cual no evidencia
arbitrariedad ni vulneración de derechos fundamentales, por tratarse de una controversia
de naturaleza estrictamente legal y no constitucional.

25. La Empresa Departamental de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de La Guajira S.A. E.S.P. (ESEPAGUA S.A. E.S.P.) presentó
informe en el que solicitó declarar improcedente la acción de tutela y, en consecuencia,
negar el amparo constitucional solicitado. Asimismo, pidió su desvinculación del trámite
por falta de legitimación en la causa por pasiva.

26.Indicó que las discrepancias planteadas por los accionantes frente a las providencias
cuestionadas no permiten acreditar la configuración de un defecto ostensible, específico
y determinante, ni una situación de indefensión que habilite la intervención del juez
constitucional, sino la intención de reabrir un debate ya decidido por el juez natural de la
causa.

27. El Municipio de Fonseca (La Guajira) presentó informe en el que solicitó declarar
la improcedencia de la acción de tutela, negar el amparo solicitado y ordenar su
desvinculación del presente asunto.

28. Señaló que no se cumple el requisito de subsidiariedad, en tanto los accionantes
cuentan con el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 250 del CPACA,
el cual resulta idóneo y eficaz para controvertir decisiones judiciales del Consejo de
Estado. Indicó que no se acredita una amenaza cierta, actual o inminente de derechos
fundamentales atribuible al municipio, por tratarse de un debate de interpretación jurídica
que debe resolverse en sede contencioso-administrativa.

29. El Municipio de San Juan del Cesar (La Guajira) presentó informe en el que solicitó
declarar la improcedencia de la acción de tutela, negar el amparo solicitado y ordenar su
desvinculación del trámite.

30. Indicó que los accionantes disponen del recurso extraordinario de revisión como
medio judicial adecuado para controvertir las providencias cuestionadas, lo que impide el
cumplimiento del requisito de subsidiariedad. Asimismo, señaló la falta de legitimación en
la causa por pasiva, al no existir un vínculo directo entre su actuación y la presunta
vulneración alegada. Agregó que no se evidencia una afectación cierta, concreta o actual
imputable al municipio, por tratarse de una diferencia interpretativa sobre el alcance de
una decisión judicial.

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31. El Municipio de Distracción (La Guajira) solicitó su desvinculación del trámite por
falta de legitimación en la causa por pasiva y consideró improcedente la acción de tutela,
al existir el recurso extraordinario de revisión como mecanismo idóneo y eficaz para
controvertir las decisiones judiciales cuestionadas.

32. El Municipio de La Jagua del Pilar (La Guajira) presentó informe en el que solicitó
negar el amparo solicitado, al considerar que no se configura vulneración de los derechos
fundamentales invocados, dado que las decisiones adoptadas por la autoridad judicial
accionada fueron el resultado de una valoración objetiva y razonada del acervo
probatorio, conforme a las normas sustantivas y procedimentales aplicables.

33. Indicó que no se vulneró el derecho de acceso a la administración de justicia, en la
medida en que la parte accionante contó con pleno acceso a los mecanismos judiciales
ordinarios y extraordinarios previstos en la ley, y que el desacuerdo con el sentido de las
decisiones no habilita el uso de la acción de tutela como instancia adicional.

34.El Municipio de Urumita (La Guajira) presentó informe en el que solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela, negar el amparo solicitado y ordenar su
desvinculación del trámite constitucional.

35. Señaló que no se cumple el requisito de subsidiariedad, por cuanto los accionantes
disponen de otro medio de defensa judicial eficaz, como el recurso extraordinario de
revisión. Asimismo, indicó la falta de legitimación en la causa por pasiva, al no existir nexo
causal entre su actuación y la presunta vulneración alegada, y precisó que los
cuestionamientos formulados se limitan al contenido y alcance de decisiones judiciales
adoptadas con sujeción al debido proceso.

36. El Tribunal Administrativo de La Guajira presentó informe en el que solicitó su
desvinculación del trámite constitucional, al considerar que no existe relación causal entre
los derechos invocados como vulnerados y alguna acción u omisión imputable a esa
autoridad judicial, dado que las providencias controvertidas fueron dictadas dentro del
medio de control de nulidad identificado con el radicado 44001-23-40-000-2022-00075-
02.

F. Decisión impugnada

37. Mediante sentencia del 27 de noviembre de 20253, la Sección Primera del Consejo
de Estado declaró la improcedencia de la demanda de tutela, por no superar el requisito
de subsidiariedad, así:

“PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Empresa
Departamental de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
La Guajira S.A. E.S.P. ESEPGUA S.A. E.S.P., los Municipios de Fonseca, San Juan del
Cesar, Distracción, Urumita, así como el Tribunal Administrativo de La Guajira, por las
razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones

3 Índice 029 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.

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expuestas en esta providencia. […]”.

38. Consideró la Sección Primera que los accionantes se limitan a expresar su
inconformidad con la forma en que fue proferida la sentencia de segunda instancia, al
cuestionar la competencia del juez ad quem por haberse pronunciado, en su criterio,
sobre aspectos ajenos al proceso ordinario, sin que tales planteamientos permitan
acreditar la existencia de una afectación cierta e inminente de derechos fundamentales
que haga necesaria la intervención urgente del juez constitucional, máxime cuando las
eventuales irregularidades alegadas pueden ser debatidas a través de los recursos
extraordinarios previstos en el ordenamiento jurídico, lo que descarta la configuración
de un perjuicio irremediable que habilite el amparo transitorio.

G. Impugnación

39. En escrito radicado el 15 de diciembre de 20254, los accionantes señalaron que la
sentencia recurrida declaró improcedente la acción de tutela con fundamento en dos
premisas centrales:

40. Que los reproches formulados se reducían a una eventual incongruencia susceptible
de ser discutida mediante el recurso extraordinario de revisión, cuya no interposición
implicaría el incumplimiento del requisito de subsidiariedad; y

41. Que no se acreditó un perjuicio irremediable que habilitara el amparo como
mecanismo transitorio. Sin embargo, dicho análisis parte de una lectura recortada de la
demanda de tutela, pues, aun cuando la propia providencia reconoce que los
cuestionamientos se orientan “principalmente” a una incongruencia, procede como si
ese fuera el único cargo planteado, y construye todo el juicio de improcedencia sobre
esa base.

42. Considera la parte accionante que la demanda de tutela no se circunscribió a un
reproche por incongruencia, sino que planteó un conjunto claro, autónomo y
diferenciado de defectos de naturaleza constitucional. En particular, alegó: (i) un grave
defecto de motivación, derivado de una reconstrucción artificiosa del contenido de la
demanda y del fallo de primera instancia, al desconocer pretensiones y cargos que
constan expresamente en el expediente; (ii) el desconocimiento del precedente
unificado de la Sección Tercera en relación con los límites de la competencia del juez
de segunda instancia; (iii) defectos sustantivos por una interpretación manifiestamente
irrazonable y por la inaplicación de los artículos 13 y 44 de la Ley 80 de 1993, al
desplazarse sin justificación el análisis del derecho público al derecho mercantil; y (iv)
un agravio autónomo derivado del auto de 1.º de septiembre de 2025, el cual se
encuentra excluido, por mandato legal, del ámbito del recurso extraordinario de revisión.
Tales reproches, en criterio de la parte actora, no resultan subsumibles en la causal
quinta del artículo 250 del CPACA ni susceptibles de corrección por esa vía.

43. Pese a ello, la sentencia recurrida se limitó a constatar, de manera meramente
formal, la existencia abstracta del recurso extraordinario de revisión, sin verificar -como
lo exige el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991- si dicho medio resultaba idóneo y eficaz
para corregir, en el caso concreto, los defectos denunciados. Además, exigió

4 Índice 0032 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.

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indebidamente la acreditación de un perjuicio irremediable propio de la tutela transitoria,
pese a que la acción fue ejercida como mecanismo definitivo. A ello se suma que la
revisión carece de efecto suspensivo, lo que la torna estructuralmente ineficaz en este
asunto, en la medida en que permite la consolidación de hechos consumados -
normativos, societarios y contractuales- que vaciarían de contenido cualquier eventual
fallo de reemplazo.

44. Finalmente, el asunto presenta una clara relevancia constitucional, pues no se trata
de un simple desacuerdo interpretativo, sino de la edificación de las providencias
cuestionadas sobre premisas fácticas y jurídicas desmentidas por el expediente, del
desconocimiento de un precedente de unificación que delimita la competencia del juez
de apelación, y de la inaplicación de normas de orden público que rigen la contratación
estatal. Tales circunstancias comprometen directamente el debido proceso, la igualdad
frente al precedente, el acceso efectivo a la justicia y el principio de juridicidad,
supuestos que la jurisprudencia constitucional y contencioso-administrativa han
reconocido como habilitantes de la procedencia excepcional de la tutela contra
providencias judiciales.

II. CONSIDERACIONES
H. Competencia

45. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver el asunto, en segunda instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el
Acuerdo 80 de 2019 (Reglamento de esta Corporación).

I. Sentido de la decisión

46. La Sala confirmará la decisión de primera instancia.

J. Finalidad de la acción de tutela

47. Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones estas que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante
un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz, los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad o de un particular.

48. Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar
los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir con ella términos
precluidos o acciones caducadas.

49. De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos constitucionales
fundamentales del demandante.

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K. La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias
judiciales5

50. Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.

51. En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no
todos los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la
competencia de los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional
como la seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.

52. Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de
la Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de
requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a
preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales se
la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una genuina,
verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.

53. En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades
concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios,
impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)
restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos
fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se
convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales ejecutoriadas.

54. En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente6, la Corte ha reiterado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un
medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez
natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez constitucional
sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el ámbito de la
legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional que afecte
derechos fundamentales de las partes involucradas.

55. De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de índole
constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de un
derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos legales
de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma

5 Consejo de Estado, Sentencia del 21 de enero de 2026, radicado 11001-03-15-000-2025-07772-00, M.P.

Fredy Ibarra Martínez.
6 Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.

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procesal7”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se acredite de
manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos fundamentales.

56. En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se
había planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora “busca
una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos con la
intención de revivir los términos procesales”.

57. En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña
una exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con
invocar, en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste la
carga de explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada
comporta una restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado
por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la
que se dispuso que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales 8”,
enfatizando en que corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene tal
entidad, so pena de rechazo o improcedencia.

58. En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento
más exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte Constitucional
fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se presume por la sola
invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de un derecho
fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema jurídico de
naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se pretenden atribuir
a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre el por qué estos
desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración concreta de un
derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del requisito “más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada” de tales derechos:

“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.”.9

7 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,

sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
9 Ídem.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06517-01
Accionante: Procurador 91 Judicial I para la Conciliación Administrativa y otro
Decisión: confirma improcedencia por falta de relevancia

59. En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o simples
desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela
no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de la
decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios
legalmente concluidos.

60. Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019,
determinó que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de las
decisiones de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta diáfano
que la intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único fin de
cuestionar la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente por
encontrarse en desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho
mecanismo carece de una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.

61. El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo
del actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con
miras a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura,
específicamente, con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la
consecuencia lógica es que es que el amparo así deprecado se torna a todas luces
improcedente pues en esa hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no
compromete directamente mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente
a los jueces ordinarios, quienes fueron investidos por el legislador de precisas facultades
para ello.

62. El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces
ordinarios, de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten
una genuina y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos
fundamentales, en orden a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte,
so pena de vaciar de contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del
juez de tutela no puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las
providencias proferidas por los jueces naturales en su ejercicio de tal y cualquier intento
dirigido a reemplazar o arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser
contenido.

63. En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-
128 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción de
tutela reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela debe
trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación, aplicación
o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia no puede
limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de proyección
constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación grave,
concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una decisión
judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una pretensión
dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y resueltas en el
proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción competente.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06517-01
Accionante: Procurador 91 Judicial I para la Conciliación Administrativa y otro
Decisión: confirma improcedencia por falta de relevancia

64. En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio
que condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara y
específica, que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación
razonable y comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.

65. En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga
al juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende
emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones probatorias
jurídicas o hermeneúticas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o
privados; únicamente cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de
los defectos alegados en el caso concreto.

L. El análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto

66. La Sala considera que la acción de tutela no supera el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto, a partir del examen integral de la demanda, se advierte que
los reproches formulados por los accionantes se dirigen, de manera predominante, a
controvertir la forma en que la autoridad judicial accionada resolvió el proceso ordinario,
así como las conclusiones jurídicas alcanzadas en la sentencia de segunda instancia y
en el auto posterior que decidió la solicitud de sentencia complementaria.

67. Aunque los accionantes invocaron la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, lo cierto es
que la sustentación de tales cargos se estructura, en lo esencial, sobre su inconformidad
con el sentido de las decisiones adoptadas por el juez natural, particularmente frente a
la interpretación del régimen jurídico aplicable al contrato de sociedad y al alcance de
las competencias del juez de segunda instancia.

68. Así, del examen integral de la demanda de tutela se desprende que los
planteamientos de los accionantes no se orientan a demostrar una afectación directa,
grave y desproporcionada de derechos fundamentales, sino a cuestionar la selección
normativa, la interpretación jurídica y la solución adoptada por la autoridad judicial al
resolver el litigio, así como la manera en que fueron abordados determinados cargos en
sede de apelación y en el trámite posterior de complementación. Tales reproches
revelan, en esencia, un desacuerdo con el juicio jurídico efectuado en el proceso
ordinario y con la decisión desfavorable adoptada en segunda instancia.

69. Así las cosas, lo que se observa es que la acción de tutela se pretende utilizar como
un mecanismo para reabrir un debate jurídico ya agotado en la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo y para obtener una nueva valoración sobre la corrección de
las decisiones judiciales cuestionadas, finalidad que desborda claramente el ámbito de
la relevancia constitucional. En ese sentido, la controversia planteada se inscribe en una
discusión de legalidad, relacionada con la interpretación y aplicación del régimen jurídico
de la contratación estatal y con el alcance de las facultades del juez de apelación,
aspectos que fueron objeto de análisis por el juez natural y que no trascienden al plano
constitucional.

70. En efecto, la propia sentencia de segunda instancia delimitó expresamente el marco

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06517-01
Accionante: Procurador 91 Judicial I para la Conciliación Administrativa y otro
Decisión: confirma improcedencia por falta de relevancia

de lo decidible, al precisar que la Sala “carece de facultades para emitir un
pronunciamiento distinto al pretendido por el demandante”, razón por la cual se abstuvo
de declarar la nulidad del contrato de sociedad, al no haber sido solicitada. A partir de
esa delimitación, la providencia explicó que el vicio advertido únicamente afectaba la
participación del Departamento y no la existencia de la sociedad, descartando cualquier
pronunciamiento adicional sobre la nulidad del contrato10.

71. En este contexto, la Sala advierte que las providencias cuestionadas fueron
adoptadas dentro del margen razonable de interpretación judicial, con fundamento en el
marco normativo aplicable y en el análisis propio del juez de segunda instancia, sin que
se evidencie la configuración de un defecto sustantivo, procedimental, fáctico u orgánico
de tal entidad que comprometa el núcleo esencial de los derechos fundamentales
invocados o revele una actuación arbitraria, caprichosa o manifiestamente irrazonable.

72. Por consiguiente, la acción constitucional carece de la carga argumentativa
reforzada exigida para acreditar el requisito de relevancia constitucional, en la medida
en que no demuestra que las decisiones censuradas desborden el ámbito de la legalidad
ni comporten una restricción constitucionalmente inaceptable de los derechos
fundamentales alegados.

73. Ahora bien, la Sala no comparte la tesis de la Sección Primera planteada en el fallo
de primera instancia, según la cual las eventuales irregularidades alegadas podían ser
debatidas a través de los recursos extraordinarios previstos en el ordenamiento jurídico.

74. Para esta Sala, la sola existencia abstracta de tales mecanismos no resulta
suficiente, por sí misma, para descartar la procedencia de la acción de tutela por
subsidiariedad. Los recursos extraordinarios se caracterizan por su procedencia
restrictiva, por la exigencia de causales específicas y por una técnica procesal
particularmente rigurosa, además de contar con términos propios y finalidades
delimitadas, de manera que no pueden equipararse automáticamente a un medio
judicial idóneo y eficaz para la protección inmediata de derechos fundamentales.

75. A lo anterior, se suma que la decisión impugnada no precisó con claridad cuál sería
el recurso extraordinario procedente en el caso concreto. Con todo, esta precisión no

10 78. Pese a la incapacidad precisada frente al departamento, ello no conduce a una declaratoria de tal

calado respecto de la sociedad, pues no fue solicitada y la Sala carece de facultades para emitir un
pronunciamiento distinto al pretendido por el demandante. Con todo, dicha incapacidad para hacer parte
de la sociedad no se extiende a la totalidad del contrato social, por cuanto este vicio impacta la autorización
para el Departamento, que no de los municipios, y sólo afecta al asociado en que concurre (art. 104 del
C.Co.). Con este derrotero, se constata que el vicio detectado no afecta la existencia de ESEPGUA (art.
108 del C.Co.) pues, aun cuando se dé la exclusión del departamento respecto del vínculo societario asunto
que no declara la Sala pues no fue solicitado–, permanecen otros seis (6) municipios en calidad de socios
(San Juan del Cesar, Fonseca, Urumita, Villanueva, Distracción y La Jagua del Pilar), lo que garantiza el
número mínimo de accionistas que la ley consagra para la constitución de una sociedad anónima83 –forma
bajo la cual se constituyó ESEPGUA–. 79. En estos términos, la Sala se abstendrá de declarar la nulidad
del contrato de sociedad por las razones aludidas, sin perjuicio de que el departamento deba ser separado
de su vinculación a la sociedad ESEPGUA S.A. ESP, dada la ilegalidad del acto que lo autorizaba para
conformar dicha persona jurídica; por ende, mediante las vías administrativas y societarias se deberá
proceder a su exclusión respecto de la composición accionaria de la referida S.A, con las demás
consecuencias que de ésta se desprendan frente a las acciones suscritas, pagadas, los aportes efectuados
y demás previsiones propias de esta situación, de conformidad con los criterios establecidos en el estatuto
mercantil y aquellos aplicables para estos efectos84. Lo anterior no obsta, para que en ejercicio de las
atribuciones sociales los demás integrantes de aquella adopten las determinaciones relacionadas con la
continuidad y subsistencia de la sociedad.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06517-01
Accionante: Procurador 91 Judicial I para la Conciliación Administrativa y otro
Decisión: confirma improcedencia por falta de relevancia

altera la conclusión alcanzada, pues la improcedencia del amparo en el presente asunto
se fundamenta en la ausencia de relevancia constitucional de los cargos formulados y
no en el incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

76. Por lo explicado, la Sala confirmará la improcedencia de la acción de tutela, pero
únicamente por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

77. La Sala recuerda que la acción de tutela contra providencias judiciales constituye
un juicio de validez y no de corrección. En esa medida, el juez constitucional no está
llamado a dirimir discrepancias interpretativas, divergencias de criterio ni desacuerdos
frente a la aplicación del derecho o la valoración probatoria realizada por el juez natural,
sino a verificar si la decisión cuestionada vulnera de manera directa normas superiores
y derechos fundamentales. Permitir su uso para replantear debates jurídicos ya
resueltos implicaría desnaturalizar este mecanismo excepcional y convertirlo en una
tercera instancia, en abierta contradicción con su finalidad constitucional y con el
principio de seguridad jurídica.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2025 POR LA
Sección Primera del Consejo de Estado por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO: COMUNÍQUESELE este fallo a la Sala que resolvió la controversia en
primera instancia y remítasele copia.

CUARTO: ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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