Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 44001-23-40-000-2022-00075-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 44001-23-40-000-2022-00075-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 44001-23-40-000-2022-00075-02
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
11 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Once (11) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Expediente: 44001234000020220007502 (71.050)
Demandantes: Procuraduría General de la Nación – Procuraduría 91
Judicial I Administrativa, Procuraduría 42 Judicial II
Administrativa y Procuraduría 202 Judicial I Administrativa
Demandado: Departamento de La Guajira y otros
Medio de control: Nulidad (acumulado con controversias contractuales)
Asunto: Sentencia de segunda instancia
TEMAS: SIMPLE NULIDAD - irregularidades en el trámite de expedición de una ordenanza
como motivo de nulidad de un contrato de sociedad / no todo defecto tiene la relevancia
para desencadenar un efecto invalidante / TRÁMITE DE ORDENANZAS
DEPARTAMENTALES – el procedimiento previsto en el reglamento interno de una
Asamblea departamental no puede contravenir lo previsto en la ley – la inobservancia del
debate en las comisiones reglamentarias constituye un defecto que atenta contra el
principio de participación democrática / NULIDAD DEL CONTRATO DE SOCIEDAD –
obedece a un régimen especial desarrollado en el derecho mercantil, aplicable a las
sociedades con patrimonio público.
Surtido el trámite de ley sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a resolver los recursos de apelación interpuestos contra
la sentencia que accedió a las súplicas de la demanda1.
La controversia se centra en determinar si procede la nulidad de una ordenanza
departamental por la supuesta concreción de irregularidades en su expedición y,
en consecuencia, si hay lugar a declarar la invalidez del contrato mediante el cual
se constituyó una sociedad anónima, bajo la forma de empresa prestadora de
servicios públicos.
I. LA SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la providencia adoptada el 22 de noviembre de 2023, por
medio de la cual el Tribunal Administrativo de La Guajira decidió (transcripción
literal):
“PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la ordenanza No. 524 de 2020 ‘por la cual se
autoriza al gobernador del departamento de La Guajira, para constituir y/o participar
como accionista en la creación y conformación de una empresa de servicios públicos
del orden departamental y se dictan otras disposiciones’, proferida por la asamblea
departamental de La Guajira. Lo anterior, conforme con las razones expuestas en la
parte motiva de la providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, en virtud de lo
establecido en el numeral 4 del artículo 44 de la ley 80 de 1993, DECLARAR la
nulidad absoluta del contrato de sociedad contenido en la escritura pública No. 1022
1
No condenó en costas a las partes al ser un asunto en el que se ventila un interés público.
Expediente 44001234000020220007502 (71.050)
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Departamento de La Guajira y otros
Referencia: Nulidad
del treinta (30) de diciembre de dos mil veinte (2020), en virtud del cual se conformó
la ‘empresa departamental de servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo de La Guajira S.A. E.S.P.’, bajo sigla ESEPGUA. Lo anterior,
conforme a las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: ORDENAR al gobernador del departamento de La Guajira, en su
condición de representante legal del aludido ente territorial i) dar por terminado el
contrato de sociedad contenido en la escritura pública No. 1022 del treinta (30) de
diciembre de dos mil veinte (2020), lo que deberá hacer a través de acto
administrativo debidamente motivado y ii) disponer su liquidación en el estado en que
se encuentre. Lo anterior, con arreglo a lo razonado en la parte motiva de la presente
providencia.
CUARTO: Sin costas en primera instancia”2.
2. El anterior proveído decidió la demanda instaurada el 23 de mayo de 2022 3
por la Procuraduría General de la Nación4, actuando a través de tres (3)
Procuradores Judiciales para Asuntos Administrativos5, (en adelante la
Procuraduría o la demandante) contra el departamento de La Guajira (en adelante
el departamento o la entidad territorial) y la Asamblea Departamental6 de dicho ente
(en adelante la Asamblea o la Corporación), ambos los demandados.
3. Las pretensiones, hechos principales y fundamentos jurídicos se enuncian a
continuación.
Pretensiones
4. La demandante solicitó que se hicieran las siguientes declaraciones y
condenas (transcripción literal incluidos eventuales errores):
“PRINCIPALES:
PRIMERA. - Se declare la nulidad de la Ordenanza 524/2020, que autoriza al
Gobernador para, i) constituir y/o participar en una Sociedad por Acciones bajo la
forma jurídica de ESP de carácter oficial, descentralizada del orden
departamental, con capital público, en asocio con los Municipios, ii) realizar en el
marco de la implementación del PDA Guajira las gestiones pertinentes con el fin
de adelantar el proceso de implementación, organización y fortalecimiento
institucional de la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado
y aseo en términos de eficiencia como lo determina la Ley 142/1994 y demás
normas reglamentarias aplicables de descentralización administrativa en lo
pertinente a la prestación de dichos servicios públicos en el área urbana y rural de
la jurisdicción del Departamento de la Guajira, iii) Asignar al Departamento las
funciones de Gestor en la Sociedad que se llegare a constituir, realizar todas las
acciones, de índole financiero, contractual y administrativo, que sean requeridos
2
Índice 98, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA La Guajira–.
3
Índice 1, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA La Guajira–.
4
La Procuraduría General de la Nación, en los términos del art. 277 de la Constitución Política, ostenta la competencia para
interponer las acciones judiciales que considere pertinentes, en garantía de sus funciones de, vigilancia del cumplimiento del
ordenamiento jurídico y velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas. Asimismo, el Decreto 262
de 2000 –por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de
Estudios del Ministerio Público–, en su art. 38, determina que a los Procuradores Judiciales les corresponde “interponer las
acciones populares, de tutela, de cumplimiento, de nulidad de actos administrativos y nulidad absoluta de los contratos
estatales, y las demás que resulten conducentes para asegurar la defensa del orden jurídico, en especial las garantías y los
derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos o del ambiente o el patrimonio público” (se subraya).
5
A saber: (i) Procurador 91 Judicial I –Dr. Edwin José López Fuentes–, (ii) Procuradora 42 Judicial II –Dra. Pilar Medina
Olmos–, y (iii) Procurador 202 Judicial I – Dr. Víctor Sierra Deluque–.
6
Las Asambleas Departamentales fueron concebidas en el art. 299 de la Constitución Política, como corporaciones político-
administrativas de elección popular, con autonomía administrativa y presupuesto propio, sin personería jurídica, por lo que,
en principio, no pueden concurrir directamente al proceso; no obstante, esta Corporación, en providencia de unificación del
25 de septiembre de 2013, radicación 25000-23-26-000-1997-05033-01(20420), expresó que esa capacidad procesal
también radica en los sujetos que tengan “una habilitación legal expresa” para el efecto, como ocurre para el caso de las
Asambleas, puesto que la Ley 2200 de 2022 –ley orgánica de la organización y funcionamiento de los departamentos–
determinó, en su art. 29, que éstas tienen capacidad para comparecer al proceso y obrar como demandante, demandado o
interviniente.
2
Expediente 44001234000020220007502 (71.050)
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Departamento de La Guajira y otros
Referencia: Nulidad
para la implementación de la Política Pública del PDA, así como para la puesta en
marcha y financiamiento del ente gestor cuya autorización es requerida y iv)
realizar modificaciones en el presupuesto de ingresos y gastos de la actual
vigencia fiscal, las cuales envuelven, traslados, adiciones y demás movimientos
presupuéstales (sic), aportes de rentas y autorizar la asunción de los compromisos
que se requieran de conformidad con las normas presupuestarias para dar
cumplimiento a las autorizaciones otorgadas,
SEGUNDA: Como corolario de lo anterior, con sustento en la causal de nulidad
prevista en el artículo 44.4 de la Ley 80/93, que prevé que los contratos del Estado
son absolutamente nulos cuando se declaren nulos los actos administrativos en
que se fundamenten, se disponga que el CONTRATO DE SOCIEDAD contenido
en la Escritura Pública 1022 del 30 de diciembre/2020 mediante la cual se
constituye la empresa “ESEPGUA S.A. E.S.P.”, es NULO DE NULIDAD
ABSOLUTA.
TERCERA: Que, como consecuencia de la anterior declaración, se ordene su
liquidación en el estado en que se encuentre.
CUARTA: Se condene a la parte demandada al pago de los gastos y costas del
proceso.
UNICA SUBSIDIARIA: En el evento de no prosperar las anteriores pretensiones,
solicitamos, se declare la nulidad de la cláusula 74 de los estatutos de la empresa
ESEPGUA por violación directa del Decreto 4548/09 que dispone que los
procesos de contratación que se adelanten por el Gestor se rigen por el Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública, en desarrollo de lo previsto
en el artículo 14 de la Ley 1150/2007”7.
Hechos
5. El 12 de diciembre de 2020, la Procuraduría requirió a la Asamblea copia de
los documentos que sustentaban el proyecto de ordenanza 27 de ese año, para la
creación de una ESP departamental; estimaba el ente de control que, al revisar la
página web de dicha Corporación, no se evidenciaba información sobre aquella, lo
que desconocía los arts. 3 de la Ley 1437 de 2011, y 2 y 3 de la Ley 1712 de 2014.
Esta solicitud fue resuelta el 5 de enero de 2021, en documento a través del cual la
Asamblea precisó, en punto a las normas referidas, que “en lo sucesivo y en lo que
corresponda a nuestras competencias, se procederá conforme a dichas
disposiciones”8.
6. El 18 de diciembre de 2020, se publicó en la página web de la Asamblea la
Ordenanza 524 de 2020, mediante la cual se autorizó al departamento a constituir
una ESP –cuyo socio mayoritario sería la entidad territorial, con una participación
del 51% y los municipios que la conforman aportarían el 49% restante del
patrimonio–. Indicó que, en el trámite de este acto, se evidenciaron varias
irregularidades que afectan la autorización allí fue emitida.
7. Mediante escritura pública 1022 del 30 de diciembre de 2020, se constituyó
la empresa ESEPGUA S.A. E.S.P. (en adelante ESEPGUA o la ESP), y se indicó
en el artículo 74 de sus estatutos que su régimen de contratación era el derecho
privado9.
Fundamentos de derecho
7
Índice 2, SAMAI: EXPEDIENTE DIGITAL, archivo: “4ED_00020220007500PDF(.pdf) NroActua 2” [cuaderno 1], fls.6 y 7.
8
Índice 2, SAMAI: EXPEDIENTE DIGITAL, archivo: “4ED_00020220007500PDF(.pdf) NroActua 2” [cuaderno 1], fl.4.
9
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en comunicación del 17 de enero de 2020, manifestó que de conformidad con
el Decreto 4548 de 2009, el régimen de contratación de ESEPGUA S.A. E.S.P. es el EGCAP, con independencia de que en
sus estatutos de aluda al derecho privado.
3
Expediente 44001234000020220007502 (71.050)
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Departamento de La Guajira y otros
Referencia: Nulidad
8. El acto enjuiciado desconoce los arts. 6, 121 y 157 de la Constitución
Política, 34 de la Ley 5 de 1992, 73 de la Ley 136 de 1994, 3 de la Ley 1437 de
2011, 2 y 3 de la Ley 1712 de 2014, 38, 68 y 95 de la Ley 489 de 1998, 11 del
Decreto 1221 de 1986, 13.3.1 del Decreto 028 de 2008, 1 del Decreto 4548 de 2009
y el Reglamento Interno de la Asamblea (Ordenanza 410 de 2016). Como concepto
de la violación, se plantearon los siguientes cargos:
9. (a) Expedición en forma irregular. Este vicio se refiere a que, (i) se certificó
que el primer debate de realizó el 10 de diciembre de 2020, cuando ello aconteció
el siguiente día10; (ii) las sesiones plenarias se llevaron a cabo en días distintos a
los establecidos en el reglamento interno11; (iii) se pretermitió la discusión del
proyecto de ordenanza en la Comisión Segunda de Presupuesto, Hacienda, Crédito
Público, Asuntos Económicos y Fiscales12, en tanto que el mismo fue aprobado en
primer debate de Plenaria13, contraviniendo los arts. 87, 88, 89, 90 y 97 del
Reglamento Interno de la Asamblea; (iv) en el hipotético escenario de estimar que
no se omitió la discusión del asunto en la respectiva comisión –al considerar que
se produjo una sesión conjunta entre ésta y la Plenaria– lo cierto es que el
reglamento señala que éstas no pueden sesionar de forma agrupada 14; de hecho,
el reglamento establece que un proyecto no puede debatirse el mismo día por parte
de la Comisión y la Plenaria (art. 98); (v) la creación de la ESP no estuvo
acompañada de los estudios que sustenten su conveniencia económica y social,
así como la viabilidad financiera, como exigen los arts. 262 del Decreto 1222 de
1986 (Código de Régimen Departamental) y 11 del Decreto 1221 de 1986 (Estatuto
básico de las entidades descentralizadas departamentales)15; (vi) hubo dualidad en
la presentación de la iniciativa de la ordenanza, lo cual conculca las competencias
asignadas al Gobernador y al administrador temporal del sector de agua potable16;
(vii) no se agotó la consulta previa con las comunidades indígenas, especialmente
con el pueblo wayúu, comoquiera que la ordenanza en juicio versa sobre una
materia sensible para aquel, como lo es, la provisión de agua potable, en el marco
de la implementación de la Política Pública Nacional del Plan Departamental para
el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento en el Departamento
de La Guajira (en adelante PDA)17; y (viii) se vulneraron los principios de
10
Como consta en el Acta de sesión plenaria No. 129.
11
Que prevé, en su art. 40, que dichas sesiones deben realizarse los martes, miércoles y jueves. La sesión No. 129 se
efectuó un viernes.
12
“… la Corte Constitucional ha considerado que el desconocimiento de las competencias temáticas de las comisiones en el
proceso de formación de la ley constituye un vicio de relevancia constitucional que impondría al órgano de control el deber
de retirar del ordenamiento jurídico el texto normativo que surtió un trámite irregular” (índice 2, SAMAI: EXPEDIENTE
DIGITAL, archivo: “4ED_00020220007500PDF(.pdf) NroActua 2” [cuaderno 1], fl.18).
13
Acta de sesión plenaria No. 129. La lectura sistemática del Reglamento de la Corporación revela que el primer debate de
los proyectos se realiza en las comisiones permanentes; en efecto, se indica que “para que un proyecto sea ordenanza debe
aprobarse en tres (3) debates, debiéndose, efectuar el primero en el seno de la comisión competentes (sic), lo que es
concordante con el artículo 37 del Código de Régimen Departamental y con las normas que regulen casos, materias o
procedimientos similares, tal como se advierte del Reglamento del Congreso …”.
14
Pues prevé que las reuniones de las Comisiones se efectuarán en horas distintas a las Plenarias de la Corporación (art.
40 del Reglamento interno).
15
Esto se constata del análisis de la respuesta a la petición formulada a la Asamblea, en donde, “en ningún apartado de la
exposición de motivos o del informe de comisión de fecha 13 de diciembre de 2020, se advierte, el cumplimento del requisito
precitado” (índice 2, SAMAI: EXPEDIENTE DIGITAL, archivo: “4ED_00020220007500PDF(.pdf) NroActua 2” [cuaderno 1],
fl.26).
16
El Decreto Ley 28 de 2008 establece que “quien ostentaba la competencia para presentar el proyecto de acuerdo que
culminó con la expedición de la ordenanza 524/2020 era el administrador temporal, como quiera que en todos los documentos
previos y del texto mismo, se constata que la materia estaba relacionada con el sector de Agua potable y saneamiento básico,
en donde claramente las normas en cita, señalan que el administrador temporal ostenta las facultades propias del jefe del
organismo intervenido para la administración del servicio público” (índice 2, SAMAI: EXPEDIENTE DIGITAL, archivo:
“4ED_00020220007500PDF(.pdf) NroActua 2” [cuaderno 1], fl.30).
17
Mediante sentencia T-302/17 la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional (ECI), por la vulneración
generalizada, irrazonable y desproporcionada de varios derechos fundamentales de la niñez del pueblo wayúu, entre ellos,
el acceso al agua potable en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia. En virtud de dicha declaración de la
4
Expediente 44001234000020220007502 (71.050)
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Departamento de La Guajira y otros
Referencia: Nulidad
transparencia y publicidad, ya que no se evidenció información alguna sobre el
proyecto de ordenanza en la página web de la Corporación, trasgrediendo lo
prescrito en los arts. 3 del CPACA, y 2 y 3 de la Ley 1712 de 2014.
10. (b) Incompetencia, dado que la ordenanza se profirió sin seguir el
procedimiento previsto en el ordenamiento jurídico, ya que no se efectuó el debate
en la comisión permanente correspondiente; además, quien contaba con la facultad
de presentar el proyecto de ordenanza que implementaba el PDA era el
administrador temporal del servicio de agua potable y saneamiento básico, según
los arts. 2.6.3.4.2.22 del Decreto 1068 de 2015 y 13.3.1. del Decreto 28 de 2008,
no el Gobernador del departamento.
11. (c) Infracción de las normas en que debía fundarse, debido al
desconocimiento de las previsiones legales que sustentan los anteriores cargos.
12. A su vez, la demandante sostuvo que se configuró la causal prevista en el
art. 44.4 de la Ley 80 de 1993, puesto que la declaratoria de nulidad del acto
enjuiciado da lugar a la invalidez del contrato de sociedad contenido en la escritura
pública No. 1022 del 30 de diciembre de 2020, mediante la cual se constituyó a la
empresa ESEPGUA S.A. E.S.P.
13. No solo la iniciativa en la presentación de la ordenanza recaía en el
administrador temporal de agua potable y saneamiento básico 18, también le
correspondía la firmar el documento constitutivo, lo que evidencia la incompetencia
del Gobernador al suscribir la misma.
14. El art. 74 de los estatutos sociales –que indica que el régimen de
contratación de la empresa es el derecho privado– desatiende el Decreto 4548 de
2009 que establece que los procesos de contratación que adelante el Gestor del
PDA –calidad que ostenta ESEPGUA S.A. E.S.P.19– se rigen por el EGCAP20. Y la
aplicación del régimen de derecho privado, que prevé el art. 31 de la Ley 142 de
1994, solo procede frente a las entidades estatales que efectivamente prestan
servicios públicos.
Contestaciones de la demanda21
Corte “sin importar el (sic) orden, que se tome y se concrete en los municipios de Uribia, Manaure, Maicao y el Distrito de
Riohacha, requiere que se active la consulta previa antes de su expedición, como quiera que la participación de la comunidad
wayuu fue uno de los derechos por los cuales se declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional”.
18
“El administrador temporal o administrador designado ejerce, de acuerdo con la normatividad que enmarca su actividad,
las competencias y facultades propias del jefe del organismo intervenido para la administración del servicio público objeto de
la medida de asunción temporal … Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, CP: Augusto Hernández Becerra. -
Rad. No.: 11001-03-06-000-2011-00002-00, Concepto del 3 de marzo 2011, Número interno: 2046” (índice 2, SAMAI:
EXPEDIENTE DIGITAL, archivo: “4ED_00020220007500PDF(.pdf) NroActua 2” [cuaderno 1], fl.45).
19
Lo que se corrobora del texto del art. 2 del proyecto de ordenanza que hace parte de la exposición de motivos y de los
considerandos del acto enjuiciado.
20
Tal como lo ratificó el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en su comunicación del 17 de enero de 2022 (anexo 5 de
la demanda).
21
En auto del 21 de junio de 2022, el Tribunal inadmitió la demanda a fin de que la demandante aportara la constancia de
envío, por medio de electrónico, del libelo y sus anexos al demandado, así como la confirmación de recibido del mensaje de
datos (fls.394 a 400, c.1.). Luego, en virtud de lo dispuesto en la Ley 2220 de 2022 –ley orgánica atinente a la organización
y funcionamiento de los departamentos–, la Procuraduría reformó la demanda para vincular como parte del extremo pasivo
a la Asamblea Departamental de La Guajira, toda vez que dicha normativa le otorgó capacidad a las Asambleas
Departamentales para comparecer a los procesos (fls.411 y 412, c.1.). El 19 de julio de 2022, el fallador de primer grado
admitió la demanda, así como su reforma, ordenó notificar tal determinación al departamento y a la Asamblea y dispuso la
vinculación de los municipios de: Fonseca, Urumita, La Jagua del Pilar, Distracción. Villanueva, San Juan del Cesar y de la
empresa ESEPGUA S.A. E.S.P. (aunque no ordenó la notificación personal de ésta en la parte resolutiva de la providencia)
(fls.815 a 822, c.1.).
5
Expediente 44001234000020220007502 (71.050)
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Departamento de La Guajira y otros
Referencia: Nulidad
15. El departamento22 se opuso a las pretensiones de la demanda. Propuso
como excepciones las de: (i) inepta demanda, por falta de identificación y
vinculación de todos los sujetos que tienen interés en las resultas de la pretensión
dirigida a obtener la nulidad del contrato de sociedad demandado23; (ii) ineficacia
de la argumentación propuesta contra la ordenanza, toda vez que el departamento
sí tiene competencia para concurrir en la prestación de los servicios públicos de
agua potable y saneamiento básico, y la expedición del acto demandado se ciñó al
trámite que le corresponde; además, la Procuraduría alegó la vulneración de
normas que no tienen relación con la expedición de ordenanzas por parte de las
Asambleas Departamentales, como lo son, los arts. 6, 121 y 157 de la Constitución
Política, las Leyes 5 de 1992, 136 de 1994 y 1712 de 2014; y (iii) la genérica24.
16. La Asamblea25 también se opuso a las súplicas incoadas. Afirmó que no es
cierto que el acto debatido se expidiera de forma irregular, ya que sí se llevaron a
cabo los tres debates previstos en el art. 75 del Decreto Ley 1222 de 1986, en tres
días distintos26. Los mismos se surtieron mediante sesiones extraordinarias y por
medio de reuniones de la plenaria, “puesto que es la Asamblea a quien le
corresponde aprobar los proyectos de ordenanza”27. Añadió que el Gobernador sí
tenía competencia para presentar el proyecto de ordenanza de forma conjunta con
el administrador del organismo intervenido, de conformidad con los arts. 13.3.1 del
Decreto 28 de 2008, 2.6.3.4.2.22. del Decreto 1068 de 2015 y 94 del Decreto Ley
1222 de 1986.
17. Como medios de defensa adujo: (i) cumplimiento del deber constitucional y
legal 28,(ii) legalidad del acto administrativo29; y (iii) la excepción genérica.
18. El municipio de Fonseca30 anotó que se atiene a lo que decida la autoridad
judicial, en punto a la prosperidad de las pretensiones elevadas.
19. El municipio de Urumita31 propuso las excepciones de: (i) falta de prueba
que desvirtué la presunción de legalidad del acto demandado32, (ii) inexistencia de
pruebas para sustentar las pretensiones, en tanto los documentos aportados no
demuestran infracción del ordenamiento jurídico; (iii) la genérica o innominada.
22
Índice 2, SAMAI: EXPEDIENTE DIGITAL, archivo: “4ED_00020220007500PDF(.pdf) NroActua 2” [cuaderno 1], fl.1110 a
1116
23
Mediante proveído del 29 de mayo de 2023, el Tribunal declaró no probada esta excepción, puesto que, a través del auto
admisorio de la demanda, se ordenó la la comparecencia de los municipios de Fonseca, Urumita, La Jagua del Pilar,
Distracción, Villanueva y San Juan del Cesar, en calidad de accionantes de la E.S.P., es decir, no se vislumbra la irregularidad
referida. (índice 2, SAMAI: EXPEDIENTE DIGITAL, archivo: “4ED_00020220007500PDF(.pdf) NroActua 2” [cuaderno 1], fl.
1199 a 1201).
24
Esto es, que se reconozca cualquier otro medio de defensa que se acredite en el plenario.
25
Índice 2, SAMAI: EXPEDIENTE DIGITAL, archivo: “4ED_00020220007500PDF(.pdf) NroActua 2” [cuaderno 1], fl. 864 a
879
26
“… los tres debates se dieron el día viernes once de diciembre, el día lunes catorce de diciembre y el día martes quince de
diciembre, es decir que se encontraban dentro del término establecido en el Decreto 281 de 2020 [que convocó a la Asamblea
a sesiones extraordinarias]” (fl.866).
27
Índice 2, SAMAI: EXPEDIENTE DIGITAL, archivo: “4ED_00020220007500PDF(.pdf) NroActua 2” [cuaderno 1], fl.873
28
El acto administrativo enjuiciado fue expedido en acatamiento de los principios superiores y los mandatos de la
normatividad vigente.
29
Dado que la ordenanza aplicó las previsiones del ordenamiento vigente (Decreto Ley 1222 de 1986 y Ordenanza 410 de
2016).
30
Índice 2, SAMAI: EXPEDIENTE DIGITAL, archivo: “4ED_00020220007500PDF(.pdf) NroActua 2” [cuaderno 1], fls.846 a
848.
31
Índice 2, SAMAI: EXPEDIENTE DIGITAL, archivo: “4ED_00020220007500PDF(.pdf) NroActua 2” [cuaderno 1], fls.851 a
857.
32
Para el efecto, reseñó jurisprudencia relativa a la carga de prueba de la demandante de desvirtuar la legalidad del acto
administrativo enjuiciado.
6
Expediente 44001234000020220007502 (71.050)
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Departamento de La Guajira y otros
Referencia: Nulidad
Intervención del coadyuvante del extremo pasivo33
20. La Empresa Departamental de Servicios Públicos Domiciliarios de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de La Guajira –ESEPGUA S.A. E.S.P.–34
manifestó que tiene interés la decisión que se profiera frente a la súplica contractual,
pues de acogerse se frustraría el objeto social para el cual fue creada.
Fundamentos de la sentencia impugnada35
21. El a quo aseguró que no cualquier irregularidad o vicio advertido en el trámite
del acto enjuiciado lo despoja de la presunción de legalidad; indicó que los
siguientes defectos no tienen la trascendencia para derribar la validez de la
ordenanza acusada: (a) la anotación de la fecha incorrecta de la sesión plenaria
No. 129; (b) la convocatoria de las sesiones de la Asamblea en días distintos a los
indicados en el reglamento de la misma; (c) la falta agotamiento de la consulta
previa como requisito para la expedición del acto debatido, pues la ordenanza no
contiene un impacto diferenciado o singular para comunidades indígenas Wayúu36;
y (d) la supuesta trasgresión al principio de publicidad en el proceso de expedición
de la ordenanza.
22. Sostuvo que la ordenanza enjuiciada sí adolece de nulidad, por cuanto: (i)
se surtió el primer debate del proyecto en sesión plenaria y no en la comisión
respectiva37, (ii) el proyecto del acto no estuvo acompañado de los estudios de
incidencias administrativas, económicas y presupuestales derivadas de la iniciativa
de creación de entidades descentralizadas, en los términos de los arts. 261 y 262
del Decreto Ley 1222 de 198638, y (iii) la iniciativa de la ordenanza fue presentada
de forma conjunta entre el gobernador del departamento y el administrador
temporal del sector agua potable, pese a que esa era una competencia exclusiva
del gobernador, en atención al art. 262 del Decreto Ley 1222 de 1986.
33
El a quo, en auto del 13 de abril de 2023, señaló que los municipios de La Jagua del Pilar, Distracción, Villanueva y San
Juan del Cesar no contestaron la demanda. Asimismo, tuvo a ESEPGUA S.A. E.S.P. como coadyuvante del extremo pasivo
(índice 2, SAMAI: EXPEDIENTE DIGITAL, archivo: “4ED_00020220007500PDF(.pdf) NroActua 2” [cuaderno 1], fl. 1170 a
1174).
34
Índice 2, SAMAI: EXPEDIENTE DIGITAL, archivo: “4ED_00020220007500PDF(.pdf) NroActua 2” [cuaderno 1], fl.1149 a
1153.
35
Índice 98, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA La Guajira–.
36
Al respecto, el a quo aseveró que más allá de que la declaratoria de existencia del estado de cosas inconstitucional en La
Guajira comprenda, entre otras cosas, el derecho al agua de las comunidades indígenas Wayúu, la medida contentiva en la
ordenanza demandada (i) no tiene como objeto el desarrollo de actividades de explotación de recursos naturales en áreas
de influencia directa de estas comunidades étnicas; (ii) sus disposiciones son aplicables de manera general, abstracta e
impersonal a todos los habitantes del departamento, sin que se establezca una diferenciación específica para las
comunidades indígenas u otro grupo étnico; (iii) no contiene una regulación determinada para las comunidades étnicas; (iv)
no tiene una mayor incidencia en los territorios de las comunidades ni una incidencia específica, pues la regulación no se
limita a las zonas habitadas por éstas; (v) no impone restricciones o gravámenes ni concede beneficios a las comunidades
indígenas; (vi) no afecta su identidad o integridad cultural, social y económica; (vii) no se trata de una regulación integral de
una materia relacionada con las comunidades; y (viii) no redefine o altera su territorio.
37
Aunque, en principio, se observa un conflicto entre lo previsto en el art. 82 del reglamento interno de la Asamblea –que
prevé que “el primer debate de cada proyecto de ordenanza debe realizarse en sesión plenaria”–, y el Decreto Ley 1222 de
1986, art. 36, –que señala que las comisiones deben dar informe para segundo y tercer debate a los proyectos de ordenanza–
este se supera en aplicación del principio de jerarquía normativa y la interpretación sistemática de los demás artículos del
reglamento interno que regulan el trámite de las ordenanzas (los arts. 69, 89, 101 y 103 de la Ordenanza 410 de 2016), en
el sentido de establecer que el primer debate del proyecto sí debe surtirse en la comisión respectiva. La simple lectura del
acta No. 129 de 2020 revela que el primer debate del proyecto que originó la ordenanza enjuiciada se surtió en sesión
plenaria, lo cual constituye una irregularidad que sí afecta la legalidad del acto cuestionado, en tanto omitió las competencias
temáticas asignadas a las comisiones y pasó por alto las diligencias previstas en los arts. 88, 89, 90 y 97 del reglamento
interno –relativas al debate y discusión de ponencias en comisión–.
38
El CONPES 3984 de 2020 se estableció como condición, para que el departamento pudiera reasumir la prestación del
servicio de agua potable y saneamiento básico, que estructurara un Gestor del PDA, a través de una empresa de servicios
públicos descentralizada. Este mandato no eximía a los demandados cumplir con el trámite fijado para la expedición de una
ordenanza.
7
Expediente 44001234000020220007502 (71.050)
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Departamento de La Guajira y otros
Referencia: Nulidad
23. En línea con lo expuesto, afirmó que es nulo absolutamente el contrato de
sociedad que dio origen a ESEPGUA S.A. E.S.P., pues se configuró la causal
contemplada en el art. 44.4 de la Ley 80 de 1993 –se declaren nulos los actos
administrativos en que se fundamenten–, en tanto el departamento y los municipios
vinculados concurrieron a la suscripción de la escritura pública No. 1022 del 30 de
diciembre de 2020 –constitutiva del contrato de sociedad–, con fundamento en lo
previsto en la ordenanza cuestionada.
24. Si bien las escrituras públicas no son pasibles de enjuiciamiento ante esta
jurisdicción, las declaraciones que éstas contengan y que sean generadoras de una
situación jurídica general o particular, esto es, si su contenido refleja un acto
administrativo o un acuerdo de voluntades en la que intervenga una entidad estatal,
sí pueden ser susceptibles de control en sede contencioso administrativa, razón por
la que ordenó al gobernador del departamento dar por terminado el contrato de
sociedad, mediante acto administrativo debidamente motivado y disponer su
liquidación en el estado en que se encuentre.
II. LOS RECURSO DE APELACIÓN
25. El departamento y ESEPGUA39 piden revocar la sentencia de primer grado.
Manifiestan que no procede la nulidad de la Ordenanza 524 de 2020, toda vez que:
a) su trámite acató lo previsto en Decreto Ley 1222 de 1986 –norma
jerárquicamente superior al reglamento interno de la Asamblea–40;
b) el art. 82 del reglamento interno de la Asamblea establece que el primer
debate de los proyectos debe efectuarse en sesión plenaria y solamente
será para estudiar su conveniencia, legalidad y constitucionalidad;
c) el mandato de surtir el primer debate en comisión sólo procede de forma
excepcional, esto es, para los planes y programas de que trata el art. 187.2
de la Constitución Política de 1886, según el art. 37 del Decreto Ley 1222
de 1986;
d) sí se rindió el informe de ponencia del asunto, radicado el 12 de diciembre
de 2020;
e) el proyecto fue promovido, sustentado y firmado por el funcionario
competente para presentarlo como iniciativa, es decir, el gobernador del
departamento –art. 73 del Decreto Ley 1222 de 1986–. Constituye un exceso
de ritual manifiesto tener como vicio invalidante la circunstancia de que la
iniciativa también fuere presentada por el administrador temporal en
representación de la Nación; y
f) al proyecto de ordenanza sí se aportó una exposición detallada de los
motivos del acto propuesto e indicó los CONPES 3883 de 2017 y 3984 de
2020 que lo soportaban.
26. Añaden que la anulación del contrato de sociedad no deriva de la invalidez
de la ordenanza, en caso de que ésta procediera, por cuanto esta última no es
constitutiva de aquella41, solamente da una autorización al gobernador para crear
39
Presentaron un escrito de alzada conjunto, visible en el índice 2, SAMAI: EXPEDIENTE DIGITAL, archivo:
“4ED_00020220007500PDF(.pdf) NroActua 2” [cuaderno 1], fls.1533 a 1572.
40
En tanto que se surtieron los tres (3) debates, en tres (3) días distintos, que prevé el art. 75 del Decreto Ley 1222 de 1986.
41
Para la creación de la sociedad se requirió de un trámite precontractual, que no se agotaba con dicha autorización.
8
Expediente 44001234000020220007502 (71.050)
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Departamento de La Guajira y otros
Referencia: Nulidad
y/o participar en una sociedad por acciones bajo la forma de ESP. Tampoco cabe
la posibilidad de que la nulidad un acto administrativo relativo a la prestación de
servicios públicos tenga efectos hacia el pasado, pues el art. 38 de la Ley 142 de
1994 consagra que la nulidad de esos actos solo produce efectos hacia el futuro.
27. La Asamblea42 también solicita revocar el fallo impugnado, dado que el
primer debate de los proyectos de ordenanza de carácter ordinario se efectúa en
sesión plenaria, en tanto que la primera discusión de las ordenanzas orgánicas43
es la única que se realiza en la comisión correspondiente. Agrega que la exposición
de la iniciativa del acto contiene la justificación y necesidad de la medida adoptada,
y su presentación de forma conjunta entre el administrador temporal del sector de
agua potable y el gobernador no invalida la competencia de este último.
28. La Procuraduría44 afirma que si bien el a quo acogió tres de los cargos
esgrimidos, pide hacer un pronunciamiento sobre las demás razones aludidas en
la demanda, puesto que, (i) la competencia para presentar la iniciativa de la
ordenanza era del administrador temporal del sector agua potable, en virtud de la
asunción de atribuciones del jefe del organismo intervenido45, (ii) desde la ejecutoria
de la sentencia T-302/17 de la Corte Constitucional, cualquier medida normativa
(positiva o negativa), sin importar el orden, que se concrete en los municipios de
Uribia, Manaure, Maicao y el distrito de Riohacha, relacionada con derechos de la
comunidad Wayúu, entre ellos, el agua potable, requiere la consulta previa antes
de su expedición. La vulneración de dicho trámite afecta con especial intensidad o
de manera diferenciada a esa comunidad46, y (iii) se trasgredió la obligación de dar
a conocer al público, sin que medie petición alguna, el trámite de la ordenanza. La
omisión de publicidad de decisiones que preceden al acto definitivo puede constituir
causal de nulidad por vulneración al debido proceso, o expedición irregular.
29. Insiste en que el gobernador del departamento carecía de competencia para
firmar la escritura constitutiva de la ESP, pues ésta era del administrador temporal47
y agrega que es un contrasentido la decisión del a quo de declarar nulo el contrato
de sociedad, seguida de la orden impartida al gobernador de terminarlo
unilateralmente y disponer su liquidación, por lo que lo pide modificar el ordinal
tercero del fallo apelado, a fin de eliminar la orden de dar por terminado el el
acuerdo societario y conservar la disposición de su liquidación en el estado en que
se encuentre.
42
Índice 2, SAMAI: EXPEDIENTE DIGITAL, archivo: “4ED_00020220007500PDF(.pdf) NroActua 2” [cuaderno 1], fls.1575 a
1581.
43
A saber, las que aprueban el plan nacional de desarrollo y las relacionadas con temas de planeación, desarrollo económico
y social, apoyo financiero y crediticio a los municipios, el turismo, el transporte, el ambiente, las obras públicas, las vías de
comunicación y las zonas fronterizas.
44
Índice 2, SAMAI: EXPEDIENTE DIGITAL, archivo: “4ED_00020220007500PDF(.pdf) NroActua 2” [cuaderno 1], fls.1599 a
1626.
45
Señala que el artículo 2.6.3.4.2.22 del Decreto 1068 de 2015 indica que “[s]in perjuicio del ejercicio de las demás
competencias y facultades propias del jefe del organismo intervenido para la administración del servicio público objeto de la
medida de asunción temporal (…)”, por lo que el administrador temporal ejerce, en relación con dicho servicio, las facultades
del gobernador, conforme al art. 305 de la Constitución Política, en las cuales quedan incluidas “las demás que le señalen la
Constitución, las leyes y las ordenanzas” –concepto 2046 de 2011 de la Sala de Consulta y Servicio Civil–.
46
Literal a) del artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado mediante la Ley 21 de
1991, que señala expresamente que los gobiernos, sin distinción alguna, deben consultar a los pueblos interesados, cada
vez que se prevean, entre otras, medidas o administrativas susceptibles de afectarles directamente y en todo caso, establecer
los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida
que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en organismos administrativos
responsables de políticas y programas que les conciernan. En el contenido de las actas de los debates no se verifica
participación ciudadana en general y menos de la comunidad diferenciada Wayúu.
47
El art. 2.6.3.4.2.22 del Decreto 1068 de 2015 prevé que al administrador designado le corresponde “b) suscribir los
contratos que sean requeridos para garantizar el cumplimiento de las metas de continuidad, cobertura y calidad de los
servicios intervenidos”.
9
Expediente 44001234000020220007502 (71.050)
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Departamento de La Guajira y otros
Referencia: Nulidad
Trámite en segunda instancia
30. El Tribunal concedió los recursos de apelación48 y esta Corporación los
admitió en proveído del 3 de abril de 202449. En auto del 17 de junio de 2024, el
Despacho sustanciador negó la solicitud de medida cautelar, formulada por la
demandante en segunda instancia50. No se corrió traslado a las partes para alegar,
por cuanto no se decretaron pruebas ante esta Corporación51.
III. CONSIDERACIONES
Problema jurídico
31. La atención de la Sala en esta instancia se contrae a determinar, en primer
lugar, si ¿la ordenanza enjuiciada debe anularse? Para absolver este interrogante,
la Sala iniciará por precisar su contenido y el contexto que la originó, luego se
establecerá si se configura alguno de los reproches endilgados en su contra y, para
el efecto, se estudiarán los vicios que fundamentaron la decisión en primera
instancia; si se concluye su falta de acreditación, se pasarán a estudiar los defectos
referidos por la Procuraduría en su impugnación.
32. La respuesta afirmativa al anterior interrogante conducirá a la Sala a
examinar si con base en tal declaración procede la invalidez del contrato de
sociedad que dio origen a ESEPGUA, contenido en la escritura pública No. 1022
de 2020. En caso de que las anteriores pretensiones no prosperen, se estudiará la
petición subsidiaria relacionada con la nulidad del art. 74 de los estatutos sociales
de la empresa, en punto a su régimen de contratación.
Cuestión previa
33. El orden de examen de los cargos propuestos propende por un estudio
completo de las razones de la apelación, en unión con la adopción de una decisión
eficiente de la autoridad judicial; por tal razón, sólo en el evento de que no
prosperen los supuestos que fundamentaron la determinación cuestionada, se
pasará a estudiar los demás cargos que el a quo descartó en su providencia. Esta
metodología resulta una vía eficaz para desatar el conflicto, y permite subrayar que,
de hallar configurado un vicio de ilegalidad en la ordenanza demandada, la Sala
quedará relevada de analizar los demás defectos aducidos por cuanto la concreción
de un vicio invalidante resulta suficiente para despojar a la ordenanza enjuiciada de
su atributo de legalidad y expulsarlo del orden jurídico, por lo que ya no habrá un
acto sobre el cual avanzar en la realización de otros análisis.
Análisis del caso
48
Índice 2, SAMAI: EXPEDIENTE DIGITAL, archivo: “4ED_00020220007500PDF(.pdf) NroActua 2” [cuaderno 1], fl. 1630 a
1632
49
Índice 4 de SAMAI.
50
Índice 25 de SAMAI. La Procuraduría pidió que se ordenara al representante legal de ESEPGUA abstenerse de suscribir
contratos cuyo régimen de contratación no sea el EGCAP. Se negó tal solicitud, pues no se evidenció la ocurrencia de algún
hecho sobreviniente que de cabida al decreto de una medida cautelar, después de la negativa de otra (ya se había presentado
la misma solicitud, y fue negada por el Tribunal de primer grado).
51
De conformidad con el art. 247 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021.
10
Expediente 44001234000020220007502 (71.050)
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Departamento de La Guajira y otros
Referencia: Nulidad
34. Como antecedente directo de la Ordenanza 524 de 2020 se encuentra el
oficio 1-2017-0125 del 20 de febrero de 2017, contentivo del “informe de diagnóstico
a la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el
Departamento en el marco del PAP-PDA de las vigencias 2010 a 2016...”, que puso
en evidencia la concreción de los eventos de riesgo de que tratan los numerales
9.1 y 9.18 del Decreto 28 de 200852, estos son, la falta de entrega al Gobierno
Nacional de la información completa, o el suministro de información errónea sobre
el mencionado servicio y la constatación de una situación inminente que afecta las
metas de continuidad, cobertura y calidad de aquel, así como el ineficiente o
inadecuado uso de los recursos del Sistema General de Participaciones, en tanto
que el departamento, al 31 de diciembre de 2016, solo ejecutó el 33 % de los
recursos disponibles para el Plan Departamental de Agua – PDA.
35. En línea con lo anterior, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, y de
Vivienda, Ciudad y Territorio presentaron al CONPES la recomendación de adoptar
la Asunción Temporal de la Competencia del departamento, la cual fue ratificada
por este organismo, mediante el documento CONPES Social 3883 del 21 de febrero
de 2017. Esta medida se adoptó en la Resolución 460 del 2017, que estableció en
su art. 6, que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio debía asumir, por un
plazo determinado, las funciones concerninetes al sector de agua potable y
saneamiento básico del departamento, de conformidad con las competencias
indicadas en el Decreto 28 de 200853 y la Ley 715 de 2001. Se contempló dicha
medida por un período de 36 meses.
36. En diciembre de 2019, el Ministerio de Vivienda rindió el “Informe de
evaluación a la Administración Temporal del Sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico del Departamento de La Guajira”54, en el cual afirmó que, a
pesar de que la administración temporal logró un alto cumplimiento de indicadores,
no alcanzó la ejecución del PGEI 2017 - 2019 en un 80 %, como lo ordenó el
documento CONPES 3883 de 2017. Se fijaron como condiciones para que el
departamento reasumiera la competencia del sector de agua potable y saneamiento
básico las de: (1) presentar un avance en la ejecución de los proyectos del PDA por
encima del 80%; (2) definir los instrumentos de planeación de corto y largo plazo
52
“Por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos
del Sistema General de Participaciones”.
53
“ARTÍCULO 13 del DECRETO 28 DE 2008. Medidas correctivas. Con el propósito de ejercer el control a los eventos de
riesgo identificados en el presente decreto, además de las previstas para cada sector en las normas vigentes, son medidas
correctivas:
(...)
13.3. Asunción temporal de competencia. En el evento en que el municipio incumpla el plan de desempeño con los ajustes
a que se refiere el artículo 12 del presente decreto, la competencia para asegurar la prestación del servicio la asumirá
temporalmente el departamento, y en el caso de los departamentos o distritos, la Nación, de acuerdo con las siguientes
disposiciones:
13.3.1. El departamento o la Nación, según el caso, ejercerán las atribuciones referentes a la programación presupuestal,
ordenación del gasto, competencia contractual y nominación del personal en relación con los recursos del Sistema General
de Participaciones asignados para la financiación del correspondiente servicio. En este evento, el departamento o la Nación,
están facultados para determinar quién tendrá a su cargo la administración del servicio y para celebrar los contratos con
terceros para este fin.
El administrador o el tercero contratado para estos efectos tendrán las facultades propias del jefe del organismo intervenido
para la administración del servicio público y podrá disponer para tal fin de los recursos del Sistema General de Participaciones
como ordenador de gasto y nominador dentro de los límites de la ley. Lo anterior, sin perjuicio del proceso de certificación de
competencia sectorial previsto en las disposiciones vigentes en relación con los recursos del Sistema General de
Participaciones, de lo previsto en el numeral 73.15 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 98 de la
Ley 1151 de 2007 y lo dispuesto en la Ley 1176 de 2007.
13.3.2. El departamento o la Nación, según el caso, adoptarán las medidas administrativas, institucionales, presupuestales,
financieras y contractuales, necesarias para asegurar la continuidad, cobertura y calidad en la prestación de los servicios y
la ejecución de los recursos dispuestos para su financiación, para lo cual se le girarán los respectivos recursos del Sistema
General de Participaciones ...” (se subraya).
54
Índice 2, SAMAI: EXPEDIENTE DIGITAL, archivo: “4ED_00020220007500PDF(.pdf) NroActua 2” [cuaderno 1], fls.342 y
ss.
11
Expediente 44001234000020220007502 (71.050)
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Departamento de La Guajira y otros
Referencia: Nulidad
de PDA; (3) estructurar planes de acción para los municipios vinculados al PDA; así
como (4) implementar el plan de aseguramiento en la prestación de los servicios
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en los municipios vinculados al PDA.
37. Vistos los índices de cumplimiento del administrador temporal, este último,
junto con MinVivienda, recomendaron: (i) extender la medida de asunción temporal
de competencias; (ii) la creación de una Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios departamental, para que actuará como gestor del PDA; o (iii) la
ampliación de la planta de personal en el área de Servicios Públicos y/o el diseño
de un Proyecto de Inversión para ejecutar el PDA directamente, con la precisión de
que las dos últimas medidas implicaban la estructuración de una estrategia
institucional que no se podía “realizar en menos de doce meses, adicional a la
puesta en marcha que también requiere de un tiempo adicional (sic) en capacitación
y desarrollo de habilidades sectoriales”55.
38. Bajo este panorama, la Asamblea profirió el 15 de diciembre de 2020, la
ordenanza objeto de cuestionamiento, en el cual se determinó lo siguiente:
“ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al señor Gobernador del Departamento de la
Guajira, para constituir y/o participar en una Sociedad por Acciones bajo la forma
jurídica de Empresa de Servicios Públicos de carácter oficial, descentralizada del
orden departamental, con capital público, en asocio con los Municipios del
Departamento de La Guajira que resulten interesados en participar como socios
de la misma, atendiendo los términos establecidos en la Ley 142 de 1994 y demás
normas afines y concordantes que regulen la materia.
ARTICULO SEGUNDO: Autorizar al Gobernador del Departamento de La Guajira,
para realizar en el marco de la implementación de la Política Pública Nacional del
Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento en el Departamento de La Guajira PDA, las gestiones pertinentes
con el fin de adelantar el proceso de implementación, organización y
fortalecimiento institucional de la prestación de los servicios públicos de
acueducto, alcantarillado y aseo en términos de eficiencia como lo determina la
Ley 142 de 1994 y demás normas reglamentarias aplicables de descentralización
administrativa en lo pertinente a la prestación de dichos servicios públicos en el
área urbana y rural de la jurisdicción del Departamento de la Guajira.
PARAGRAFO: En la Sociedad por Acciones bajo la forma jurídica de Empresa de
Servicios Públicos de carácter oficial, descentralizada del orden departamental,
que se llegare a constituir, se le asignarán al Departamento de La Guajira las
funciones de Gestor indicadas en el artículo 2.3.3.1.2.3 del Decreto N° 1425 de
2019.
ARTICULO TERCERO; Autorizar al Gobernador del Departamento de La Guajira,
para realizar todas las acciones, de índole financiero, contractual y administrativo,
que sean requeridos para la implementación de la Política Pública Nacional del
Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento en el Departamento de La Guajira PDA, así como para la puesta en
marcha y financiamiento del ente gestor cuya autorización se autoriza en la
presente ordenanza.
ARTÍCULO CUARTO: Autorizar al Gobernador del Departamento de La Guajira,
para realizar modificaciones en el presupuesto de ingresos y gastos de la actual
vigencia fiscal, las cuales envuelven, traslados, adiciones y demás movimientos
presupuestales, aportes de rentas y autorizar la asunción de los compromisos que
se requieran de conformidad con las normas presupuestales para dar
cumplimiento a las autorizaciones otorgadas en la presente ordenanza.
ARTÍCULO QUINTO: El Gobernador del Departamento de La Guajira, (sic)
deberá presentar un informe a la Asamblea Departamental sobre las actividades
55
Ibidem, fl.360.
12
Expediente 44001234000020220007502 (71.050)
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Departamento de La Guajira y otros
Referencia: Nulidad
realizadas en desarrollo de cada una de las facultades otorgadas a través de la
presente ordenanza”56.
39. Los cargos aducidos contra el acto enjuiciado se afincan en la presunta
irregularidad en su expedición y en la incompetencia del gobernador del
departamento para la presentación de la iniciativa del proyecto de ordenanza –
también se aludió el cargo de infracción de normas en debía fundarse la ordenanza;
sin embargo, este vicio se subsume en los razonamientos esbozados respecto de
los otros defectos–. Bajo este panorama, pasa a examinarse la ilegalidad alegada
en relación con los debates que debían surtirse para la aprobación del proyecto de
ordenanza –primera razón en que el Tribunal basó su decisión de anulación–.
40. La expedición irregular se concreta en una vulneración de los elementos que
componen el trámite del acto, al no seguir los parámetros del procedimiento fijados
en la ley para el efecto. Pero no todo defecto concerniente a la formalidad del acto
administrativo desencadena en la sanción anulatoria del mismo, en tanto sólo el
desconocimiento u omisión de aquellas que deriven en aspectos sustanciales de la
determinación y que, además, revistan la connotación de gravedad, capaz de
cambiar el sentido de la decisión tienen la relevancia para repercutir en su validez57.
41. Corresponde al juez desentrañar, en cada caso, los requisitos o fases del trámite
cuyo cumplimiento se cuestiona, para establecer si dicha irregularidad es de tal
envergadura que pueda llegar a cambiar la decisión debatida, lo cual impone
adelantar un análisis de las actuaciones que precedieron la expedición del acto, a
la luz del régimen aplicable.
42. En el presente asunto, la expedición de las ordenanzas está contenido en el
reglamento interno de la Corporación –Ordenanza 410 de 2016 –, el cual, a su vez,
debe acompasarse con lo estatuido en el Decreto Ley 1222 de 1986 –Código de
Régimen Departamental–, norma que regulaba dicha materia para la época de los
hechos que dieron origen al sub examine.
43. En los términos de los artículos 75 y 76 del Decreto 1222 de 1986, para que un
proyecto de ordenanza adquiera esta connotación, se requiere que sea debatido y
avalado por la mayoría de los diputados en tres (3) sesiones de la Asamblea, las
cuales deben realizarse en días distintos. Si esos asuntos que no obtienen la
aprobación en por lo menos dos debates, deben ser archivados al término de las
sesiones ordinarias o extraordinarias; pero si el mismo fue aprobado, deberá pasar
al gobernador para revisión y sanción, seguida de su promulgación y publicación
en la gaceta departamental.
44. Estemandato fue reproducido en el art. 66 del reglamento interno de la
Corporación58. Al final de la ordenanza censurada se anotó que se surtieron tres
debates: (a) el primero, el 10 de diciembre de 2020, (b) el segundo, el 14 de ese
mismo mes y año, y (c) el tercero, el 15 de diciembre siguiente. El foco de la
56
Índice 2, SAMAI: EXPEDIENTE DIGITAL, archivo: “4ED_00020220007500PDF(.pdf) NroActua 2” [cuaderno 1], fls.110 a
115.
57
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto del 22 de septiembre de
2021, radicación 11001-03-26-000-2021-00071-00(66795), Consejero Ponente: José Roberto Sáchica Méndez.
58
ARTICULO 66. DEBATES A LOS PROYECTOS DE ORDENANZA. Cada proyecto de ordenanza debe surtir tres debates,
en días distintos y no se pasará a la sanción del Señor Gobernador, sin haber sido aprobado en cada debate por la mayoría
relativa.
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Expediente 44001234000020220007502 (71.050)
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controversia estriba en la naturaleza de dichas discusiones, puesto que el a quo
asegura que este trámite desconoció Decreto Ley 1222 de 1986, en la medida que
su primer debate no se surtió en la comisión respectiva sino en plenaria. Frente a
ello, el departamento, ESEPGUA y la Asamblea, consideran que no se trasgredió
el procedimiento previsto puesto que el art. 37 del mencionado Decreto Ley solo
prevé el primer debate ante comisión para unos temas específicos –dentro de los
cuales no se ubica el asunto en cuestión– y, además, el art. 82 del reglamento
interno establece que el primer debate de los proyectos de ordenanza debía
efectuarse en plenaria, como, en efecto, aconteció.
45. Para desatar la contradicción advertida, se observa que el art. 36 del Decreto
Ley 1222 de 1986 consagra que “[l]as asambleas deberán integrar comisiones
encargadas de dar informes para segundo y tercer debate a los proyectos de
ordenanza, según los asuntos o negocios de que dichas comisiones conozcan y el
contenido del proyecto”. Por su parte, el art. 37 de esa misma norma regula que
“[l]as asambleas departamentales elegirán dentro de los diez (10) primeros días de
sus sesiones ordinarias, la comisión del plan compuesta por un número no mayor
de la tercera parte de sus miembros, encargada de dar primer debate a los
proyectos de ordenanza relativos a los planes y programas de que trata el ordinal
2 del artículo 187 de la Constitución y de vigilar su ejecución”.
46. La estructura que plantean estas normas permite colegir las siguientes
premisas: (i) las Corporaciones deben constituir comisiones permanentes, según
una distribución temática para el conocimiento de los asuntos que son de su
resorte59, (ii) a estas últimas se les asignó la labor de rendir informe, previo a la
realización del segundo y tercer debate, (iii) al lado de esos comités, el art. 37
ordena la creación de una comisión específica sobre el plan de desarrollo
económico y social departamental, (iv) ésta debe dar el primer debate a los
proyectos de ordenanza aludidos en el art. 187.2 de la Constitución Política –
vigente para la época de su expedición, es decir, la Constitución de 1886–. Dichos
proyectos se refieren a temas concernientes a “los planes y programas de
desarrollo económico y social departamental, así como los de las obras públicas
que hayan de emprender o continuarse, con la determinación de los recursos e
inversiones que se autoricen para su ejecución, y de las medidas necesarias para
impulsar el cumplimiento de los mismos”; (v) la precisión sobre la realización del
primer debate por parte de la comisión del plan no fue establecida como una fase
única para los proyectos de esa materia; y, (vi) el propósito del mencionado art. 37
no versa sobre el establecimiento de un trámite especial para la discusión de ciertos
proyectos, sino respecto de la creación de una comisión particular para el
conocimiento de una materia concreta.
47. La alusión que el pluricitado art. 37 hace a la discusión del primer debate en
comisión se extiende como una exigencia para los demás asuntos –más allá de que
no versen sobre los temas atribuidos en específico a la comisión del plan–, en tanto
que de éste se deriva la obligación de adelantar el primer debate en comisión, ya
sea permanente o en la especial del plan. Este mandato se enlaza con lo indicado
59
El art. 72 del Decreto Ley 1222 de 1986 determina que “[l]os actos de las asambleas departamentales destinados a dictar
disposiciones para el arreglo de alguno de los asuntos que son de su incumbencia se denominarán ordenanzas; los que
tengan por objeto la ejecución de un hecho especial, como un nombramiento, o la decisión de un punto determinado, que no
imponen obligaciones ni crean derechos a los asociados, se denominarán en general resoluciones”.
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en el art. 36 ib. en el que se impone a la comisión respectiva el deber de rendir el
informe de lo acontecido en primer debate, previo a la discusión del segundo y
tercer debate en plenaria de la Corporación. Ello es así, pues carecería de
razonabilidad encargar a la comisión de la tarea de rendir informe a sí misma sobre
un asunto que ya conoce, de modo que dicho encargo tiene como fundamento
reportar a la Asamblea en pleno lo acontecido en punto a los proyectos que se
discutieron al seno de las atribuciones de cada comisión particular, según la
distribución temática previamente dispuesta.
48. La visión de los derroteros que prevé el Decreto Ley 1222 de 1986, es
consonante con lo dicho por esta Corporación sobre esta materia, en oportunidades
anteriores:
“En armonía con la anterior disposición [el Decreto Ley 1222 de 1986] se encuentra
el artículo 132 de la Ordenanza 00026 de 2007, ‘Por la cual se expide el Reglamento
Interno de la Asamblea Departamental del Atlántico y se dictan otras disposiciones’,
el cual estableció:
‘Ningún proyecto será ordenanza sin el lleno de los requisitos o condiciones
siguientes:
1. Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión
permanente.
2. Tener informe de comisión para segundo debate.
3. Haber sido aprobado en plenaria en segundo debate.
4. Haber sido aprobado en plenaria en tercer debate.
5. Haber obtenido la sanción del Gobierno Departamental.
6. Haber sido publicado en la gaceta departamental’”60.
49. La lectura integral de las previsiones referidas, permite establecer que el
primer debate de los proyectos de ordenanza debe efectuarse ante la comisión
respectiva, luego ésta debe rendir informe, previo a la realización de la segunda
discusión del proyecto en plenaria de la Asamblea, seguido de otro informe
presentado por la comisión como paso antecedente al tercer debate en plenaria del
proyecto; conforme a este circuito de construcción normativa, si el mismo obtiene
la aprobación requerida, pasa a sanción del gobernador y a su posterior publicación
en la gaceta departamental.
50. Al examinar el reglamento interno de la Asamblea (la ordenanza 410 de
2016)61, se observa una discordancia con lo acabado de indicar, puesto que su art.
82 determina que “[e]l primer debate de cada proyecto de Ordenanza se efectuará
en Sesión Plenaria de la Asamblea y solamente será para estudiar su conveniencia,
legalidad y su constitucionalidad”; sin embargo, la misma se supera fácilmente de
cara a la naturaleza del reglamento, cuya categoría normativa es menor frente a la
que ostenta la ley que regula la materia y en cuyo marco se confiere tal autorización;
por lo que el desencuentro entre uno y otro instrumento se supera al hacer
prevalecer el mandato de categoría superior, que en este caso corresponde al
Decreto Ley 1222 de 1986.
51. Aunque el propio art. 33 ib. asigna a cada asamblea departamental la
atribución para expedir el reglamento para su organización y funcionamiento, tal
60
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 14 de octubre de 2021,
radicación 08001-23-31-000-2012-90245-01, Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López.
61
Índice 2, SAMAI: EXPEDIENTE DIGITAL, archivo: “4ED_00020220007500PDF(.pdf) NroActua 2” [cuaderno 1], fls.221 a
282.
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encargo no puede exceder o desconocer las previsiones generales que demarcan
la materia, dispuestas como como reglas orientadoras de la actividad de dichas
corporaciones a lo largo del territorio nacional; de modo que tal gesta debe estar
enmarcada en los límites definidos por la ley y no autorizan a modificar el sistema
de construcción normativa territorial, ni el diseño de discusión y aprobación de estos
instrumentos.
52. El reglamento constituye una norma general ubicada en una escala inferior
frente a la ley en la estructura de jerarquía normativa, por lo que debe someterse a
lo que las previsiones superiores establezcan. En otras palabras, ese tipo de actos
tiene por objeto el desarrollo y acatamiento de normas de mayor rango, quedando
sometidos a éstas; por ende, cuando el reglamento supera o rebasa el ámbito
expresado por la ley e incursiona en la órbita de competencia del Legislador,
compromete su validez62.
53. Hay que señalar, que de una lectura sistemática e integral respecto de las
demás previsiones que conforman el reglamento interno de la Asamblea, al margen
de la disonancia advertida en el art. 82, se colige que las demás reglas de su
articulado son concordantes con el Decreto Ley 1222 de 1986, en punto a
determinar que el primer debate de los proyectos de ordenanzas se efectúa en la
comisión permanente respectiva.
54. El capítulo II del Título III del reglamento, esbozó todo un acápite relativo al
primer debate, en el que se estableció que; (a) previo a la discusión del asunto se
designará un ponente para la elaboración de un informe sobre el asunto63; (b) el
debate no se inicia hasta que todos los diputados de la comisión hubieren recibido
el informe de la ponencia –art. 8964–, lo cual avala que esa primera discusión
procede en sede de comisión y no de plenaria, si no los llamados a recibir el informe
serían todos los diputados de la Corporación; (c) en caso de rechazarse un
proyecto, procede su apelación ante la plenaria de la Asamblea –art. 9965–. Esta
regla ratifica que el primer debate tiene lugar en la comisión, pues la apelación se
surte ante el superior jerárquico de la autoridad que emite la decisión, de modo que
la plenaria no puede ser la misma que emita la determinación, pues es la llamada
a resolver la alzada; (d) el aplazamiento de un proyecto procede por aprobación de
la mayoría de los miembros de la comisión –art. 10066–, regla expresa en
contemplar que en dicho comité se realiza la primera discusión del asunto; y (e) la
orden de cierre del debate se dirige sin dubitación a la comisión respectiva, en tanto
la norma prescribe que “el Presidente de la Comisión preguntará a la Plenaria de la
misma: ¿Quiere la Comisión que este proyecto tenga segundo debate?” –art.
10167–, lo cual no hace más que afianzar, como se dijo, que esa primera discusión
62
Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del 19 de septiembre de 2017, radicación 2318, Consejero Ponente:
Germán Bula Escobar.
63
Arts. 84, 87 y 88.
64
“ARTICULO 89: INICIACIÓN DEL DEBATE. La iniciación del primer debate no tendrá lugar, hasta que los Diputados de la
respectiva comisión no hayan recibido la reproducción de la Ponencia, a través de cualquiera de los medios y en los términos
señalados en el artículo anterior” (se subraya).
65
“ARTÍCULO 99: Rechazado o Negado un Proyecto de Ordenanza: Procede el recurso de apelación dentro de los 10 días
siguientes a la notificación, el cual se resolverá ante la plenaria. Y en cumplimiento del presente reglamento. Si el recurso se
resuelve en forma negativa el proyecto se archivara acto mediante el cual no procede ningún recurso alguno” (se subraya).
66
“ARTICULO 100: APLAZAMIENTO DEL PROYECTO. Al Proyecto de Ordenanza puede presentársele una modificación o
proposición de suspensión hasta por tres (3) meses y debe ser aprobada por la mayoría de los miembros de la comisión.
Vencido éste término deberá nuevamente someterse a estudio y en ese caso sólo procederá la decisión de aprobación o
archivo” (se subraya).
67
“ARTICULO 101: DECISIÓN DE FONDO. Cerrada la discusión con respecto a un Proyecto de Ordenanza el Presidente
de la Comisión preguntará a la Plenaria de la misma: ¿Quiere la Comisión que este proyecto tenga segundo debate?” (se
subraya).
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de la iniciativa de la ordenanza anida en la comisión permanente correspondiente,
y una vez ésta sea aprobada, su estudio, en segunda y tercera oportunidad, sí debe
surtirse en la plenaria de la Corporación68.
55. En suma, al advertir la disconformidad encontrada en punto al contenido del
art. 82 del reglamento interno frente a la norma superior (el Decreto Ley 1222 de
1986) y en los términos del art. 148 del CPACA69, se inaplicará este precepto de
cara a la definición del asunto concreto.
56. Así las cosas, como la interpretación completa del contenido del decreto ley
conlleva a desplegar la primera discusión del proyecto de ordenanza en la comisión
respectiva, como un eslabón obligado que abre paso a su examen en los otros dos
debates. Entendimiento que, como se indicó, guarda coherencia con los demás
preceptos del reglamento de la Asamblea, resultaba obligatorio adelantar la primera
deliberación del asunto en sede de la comisión correspondiente.
57. En el sub-lite expedición de la ordenanza no acató las discusiones exigidas
para su aprobación por parte de la Asamblea, no porque se hubiese incumplido con
la realización de las tres sesiones en días distintos, pues éstas sí se celebraron, lo
que ocurrió es se desconoció el procedimiento previsto para llevarlas a cabo según
los mandatos el ordenamiento jurídico. El vicio se concreta en la inobservancia de
la normativa particular en punto a la naturaleza de los debates que debían
efectuarse, puesto que el primero de ellos se dio ante la plenaria de la Corporación,
cuando lo que correspondía era hacerlo en la comisión respectiva de cara a la
especialidad y análisis que se impone adelantar antes de pasar el asunto al
conocimiento de la plenaria. El material probatorio obrante en el expediente resulta
ilustrativo respecto de la conclusión a la que arriba esta Subsección, como pasa a
verse:
Documento Contenido
ACTA No. 129 del 11 de Se consignó que, en sesión plenaria de la Asamblea, se puso
diciembre de 202070 a consideración de primer debate el proyecto de ordenanza
No. 27 de 202071: “este fue aprobado, y fue el querer de los
Honorables Diputados que pase a su segundo debate”.
ACTA No. 130 del 14 de Luego de radicarse el informe de ponencia de la comisión
diciembre de 202072 segunda, el 13 de diciembre de 2020, se puso a consideración,
en segundo debate, el proyecto de ordenanza ante la plenaria,
el cual “fue aprobado, y fue el querer de los Honorables
Diputados que pase a su tercer debate”.
Sí la Comisión votare afirmativamente el Proyecto, éste pasará a la Plenaria a Segundo debate, donde podrá modificarse el
mismo.
Si la Comisión votare negativamente el proyecto se dará por rechazado y el Presidente procederá a disponer su archivo”.
68
“ARTICULO 103: TRÁMITE. Recibido el Proyecto de la Comisión respectiva, el Presidente de la Asamblea lo someterá
para segundo debate a la plenaria de la Corporación...”
“ARTICULO 129: CIERRE DE LA DISCUSIÓN Y VOTACIÓN. Cuando ya nadie tomare la palabra en la discusión para el
tercer debate de cada proyecto de Ordenanza, el Presidente cerrará la discusión después de haberla anunciado y propondrá
la siguiente cuestión: "¿Quiere la Asamblea que este Proyecto sea Ordenanza del Departamento?” (se subraya).
Si la Asamblea votare afirmativamente, el Secretario (a) pondrá la fecha de la adopción al pie del proyecto, que será suscrito
por el Presidente y el Secretario (a), ante la misma Asamblea.
Si se votare negativamente, el Proyecto se dará por rechazado y el Presidente dispondrá su archivo”.
69
ARTÍCULO 148. CONTROL POR VÍA DE EXCEPCIÓN. En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, inaplicar con efectos interpartes los actos
administrativos cuando vulneren la Constitución Política o la ley.
La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo sólo producirá efectos en relación con el proceso dentro del cual
se adopte.
70
Índice 2, SAMAI: EXPEDIENTE DIGITAL, archivo: “4ED_00020220007500PDF(.pdf) NroActua 2” [cuaderno 1], fls.190 a
194.
71
Que derivó en la expedición de la Ordenanza 524 de 2020.
72
Índice 2, SAMAI: EXPEDIENTE DIGITAL, archivo: “4ED_00020220007500PDF(.pdf) NroActua 2” [cuaderno 1], fls.195 a
198.
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ACTA No. 131 del 15 de En esta sesión se efectúo el tercer debate del proyecto. Se
diciembre de 202073 consignó lo siguiente:
“La señora Presidente ... se permite poner a consideración de
la plenaria el Proyecto de Ordenanza No 027 de 2020 en todas
sus partes, y este fue aprobado, y fue el querer de los
Honorables Diputados que se convierta en Ordenanza No 524
de 2020”.
58. Establecida la irregularidad en que incurrió la Asamblea en el trámite de la
ordenanza, corresponde determinar si la misma tiene la virtualidad de afectar la
validez del acto.
59. Las fases preestablecidas en el ordenamiento jurídico para la construcción
y discusión que se adelanta en los órganos de representación popular a nivel
territorial, no son un aspecto menor envergadura, en la medida que hacen parte del
engranaje establecido desde el pórtico constitucional en punto a la consolidación
de los valores democráticos en que se funda el Estado Social de Derecho. En estos
términos, el origen y especialidad con la que debe avanzar el proceso de edificación
de la norma contenida en una ordenanza es un parámetro fijado en el modelo de
organización adoptado por el Estado que garantiza el principio de participación
política, a través del aseguramiento de la intervención de los representantes de la
población, a fin de que éstos puedan examinar los asuntos sometidos a su
conocimiento, expresar sus opiniones sobre los mismos y deliberar en torno a la
pertinencia del asunto, en punto a su aprobación o no.
60. Ante la confrontación de tan importantes valores de orden democrático, el
cumplimiento de estas fases no se inscribe en un mero formalismo de gestión, en
cambio, se ubica en un terreno sustancial que expresa la forma germinal y en
etapas sucesivas que debe seguir un proyecto para llegar a consolidar la expedición
de una ordenanza, siendo cada uno de sus escenarios eslabones de un contexto
de especialidad, discusión, deliberación y aprobación de una etapa frente a otra.
61. La jurisprudencia de la Corte Constitucional, en todo caso, ha precisado que
hay defectos que no revelan un verdadero vicio en la constitución del acto, por lo
que al examinar las irregularidades del procedimiento señala que se debe analizar
si, i) a pesar de estas falencias se cumplió el objetivo protegido por la norma
procesal, o ii) este déficit fue convalidado o subsanado dentro del mismo trámite
que derivó en la formación del acto74.
62. La tarea de deliberación como garantía de implementación de medidas de
protección democrática se proyecta en todos los ámbitos en los que se ejercen
labores de naturaleza normativa. De modo que no solo es evaluable su
cumplimiento a nivel nacional, sino que su realización también sucede en los
niveles departamental, distrital o municipal del territorio. Tal discusión se hace
patente en cada una de las etapas que prevé el ordenamiento jurídico para el
efecto, de donde se destaca que el debate que se lleva a cabo en las comisiones
permanentes y especializadas, tiene razón de ser en los fundamentos de eficiencia
y solidez que debe acompañar toda iniciativa normativa, y que, tratándose de
Asambleas Departamentales, será confiado a los diputados de la comisión que
manejan con mayor frecuencia el tema objeto de regulación, de manera que el
73
Índice 2, SAMAI: EXPEDIENTE DIGITAL, archivo: “4ED_00020220007500PDF(.pdf) NroActua 2” [cuaderno 1], fls.196.
74
Sentencia C-792 de 2000, citada en la sentencia C-011 de 2013 de la Corte Constitucional.
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estudio del proyecto se efectúe inicialmente por aquellos representantes que tienen
experiencia o conocimiento especializado en la materia que se discurre, y se
garantice y promueva un trámite deliberativo más profundo y argumentado.
63. Cuando el Legislador asigna una fase del procedimiento a un cuerpo u
órgano en particular, en este caso a una comisión, no lo hace por un motivo
arbitrario, de preferencia, o carente de fundamento, lo realiza a fin de que se cumpla
un propósito, que en este caso no es otro que buscar que el proyecto de ordenanza
tenga su primer examen bajo el lente de un cuerpo especializado en la materia, es
decir, que se trate realmente de un control deliberativo, sopesado y razonado, libre
de improvisación, ligereza e impericia.
64. En este orden de ideas, la no realización del primer debate en la comisión
especial que corresponda, no puede convalidarse con la realización de una sesión
plenaria, porque lejos de que el diseño de participación popular pueda rendirse al
aforismo de que quien puede lo más puede lo menos, el esquema de deliberación
democrática está afianzado en la construcción de un sistema normativo respaldado
en la especialidad de sus análisis, soportado en estudios de diversa gama, y cuya
propuesta, en ese primer peldaño, debe agotar la máxima discusión, que es la que
propicia y justifica el trabajo de las comisiones especiales que prevé el
ordenamiento jurídico.
65. La verificación de la realización de los debates correspondientes no se suple
con la simple observación de su deliberación en tres ocasiones distintas, pues no
se trata de una llana comprobación de un elemento formal, sino de advertir si el
objeto que soporta el establecimiento de los requisitos, y con ellos, de la estructura
de discusión, se cumplió o no, todo lo cual se analiza en la perspectiva que atañe
al intercambio argumentado que debe darse y en clave sustancial a éstas.
66. Para la Sala, el propósito perseguido en la norma procesal que rigió el asunto
en estudio no se cumplió, en la medida que no se surtió una concertación técnica y
experta en punto al proyecto de ordenanza propuesto, lo cual se comprueba con la
falta de soporte para la creación de la empresa, en contravía con lo previsto en el
art. 262 del Decreto Ley 1222 de 198675, en la medida que su iniciativa estuvo
acompañada de escueta exposición de motivos, carente de estudios o
explicaciones frente a las incidencias administrativas, económicas y presupuestales
que implicaría la creación y puesta en marcha de la ESP. En este documento, el
Gobernador y el Administrador Temporal se limitaron a referir algunas bases
normativas, sin plasmar ni desarrollar los análisis o estudios que merece y exige
esta decisión ante los efectos que generaba la creación de la ESP en los distintos
ámbitos que la normativa requería.
67. Asimismo, luego de la realización del primer debate, en el estudio rendido
por el ponente asignado por la comisión segunda76, se propuso incluir dos nuevos
artículos –el tercero y el cuarto– relacionados con las autorizaciones provistas al
75
“ARTÍCULO 262.-Sólo a iniciativa de los gobernadores podrán las asambleas autorizar, pro témpore y de manera precisa,
la creación, transformación, supresión, fusión o modificación, de entidades descentralizadas. Los respectivos proyectos
deberán acompañarse de los estudios a que se refiere el inciso final del artículo anterior [ese inciso se refiere a los estudios
que muestren las incidencias administrativas, económicas y presupuestales de las medidas que se proponen]”
76
índice 2, SAMAI: EXPEDIENTE DIGITAL, archivo: “4ED_00020220007500PDF(.pdf) NroActua 2” [cuaderno 1], fls.203 a
220.
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Gobernador para para realizar todas las acciones, de índole financiero, contractual
y administrativo, que fueran requeridos para la implementación del PDA, así como
las modificaciones al presupuesto del departamento que se consideraran
pertinentes, sin más precisiones al respecto. Lo que sobresale de este informe y de
los preceptos que incluyó, es la carencia de fundamentos, sustrato que debe
acompañar una iniciativa de este resorte, en tanto adolece de justificación técnica,
financiera o contable alguna, es decir, no tienen respaldo, dado que su sustento se
circunscribió a la enunciación de un marco legal, rezagando su motivación a un
ejercicio teórico de reproducción normativa.
68. La omisión del primer debate ante la comisión respectiva también pretermitía
la oportunidad de que se resolviera en apelación el evento del rechazo o negativa
del proyecto de ordenanza, lo que cercenaba el ejercicio deliberativo sin motivación
razonable.
69. En esa medida y ante la configuración de un vicio que sí desconoció el fin
que protegía la norma procesal, la Sala considera que obran razones para que se
declare la nulidad de la Ordenanza No. 524 de 2020, expedida por la Asamblea
Departamental de La Guajira, por cuanto no se surtieron los debates exigidos para
su aprobación en los términos prescritos en la ley. Como se anunció atrás, esta
declaración releva a la Sala de pronunciarse sobre los demás cargos de nulidad
endilgados, pues resulta suficiente la constatación de este escenario para despojar
al acto validez.
70. A la petición de declaratoria de nulidad de la ordenanza, el actor acumuló
como consecuencial, la de nulidad del contrato de sociedad de ESEPGUA,
contenido en la escritura pública No. 1022 del 30 de diciembre de 2020. Como el
reproche está dirigido a cuestionar la validez del acto de constitución de la empresa,
autorizada a través de la Ordenanza No. 524 de 2020 y contenido en la citada
escritura pública, que materializa el pacto logrado entre el Departamento de La
Guajira y los municipios de San Juan del Cesar, Urumita, Fonseca, Villanueva,
Distracción, y La Jagua del Pilar, el mismo es susceptible de control jurisdiccional77,
por contener un acuerdo de voluntades en el que participaron varias entidades
estatales78.
71. Para evaluar la validez del acuerdo que dio lugar a la empresa, la Sala se
remite a lo previsto en el derecho privado sobre la materia, que establece que la
nulidad del contrato de sociedad “obedece a un régimen especialísimo que se
circunscribe al derecho societario”79, en la medida que los efectos de la regulación
particular concebida para este último “difieren según el presupuesto normativo que
la origine. El legislador mercantil estableció, en efecto, un régimen para la nulidad
proveniente de ilicitud del objeto o de la causa, y otro para la que surge de la
incapacidad absoluta de alguno de los asociados”80.
77
Criterio reiterado en el proceso que cuestionó la validez del acto de constitución de la sociedad RTVC. Ver auto de la
Subsección A de la Sección Tercera del 11 de diciembre de 2020, radicación 11001-03-26-000-2020-00103-00, Consejero
Ponente: José Roberto Sáchica Méndez.
78
Nota original: Expediente núm.: 11001-0324-000-1999-02477-01. Actor: José Noel Ramírez Becerra. Magistrado Ponente
Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, citada en auto del 19 de octubre de 2021, radicado 11001-03-24-000-2021-00604-00,
Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón.
79
Superintendencia de Sociedades, Delegatura para Procedimientos Mercantiles, sentencia del 5 de octubre de 2016,
proceso 2012-801-059, Cámara de Comercio de Barranquilla contra Carcos Mantenimiento de Equipos S.A.S. y otros.
80
Reyes Villamizar, Francisco, Derecho Societario, Tomo 1,38 Ed (2016, Bogotá, Editorial Temis) pág.175.
20
Expediente 44001234000020220007502 (71.050)
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Referencia: Nulidad
72. El art. 899 del C.Co. establece tres hipótesis desencadenantes de nulidad
absoluta, consistentes en (i) la contradicción del negocio jurídico respecto de una
norma imperativa, (ii) la causa u objeto ilícitos del contrato, y (iii) la celebración del
acuerdo por persona absolutamente incapaz. Con la precisión en el art. 104 de ese
mismo compendio normativo, de que los vicios aludidos “afectarán únicamente la
relación contractual u obligación del asociado en quien concurran”.
73. Tratándose del vicio relativo a la incapacidad absoluta, el art. 105 del
estatuto mercantil determina que podrá sanearse por ratificación de los socios en
quienes concurran las causales de nulidad o por prescripción de dos años –este
término empieza a correr desde la fecha en que cese la incapacidad–; sin embargo,
esta causal sólo tiene la virtualidad de producir la nulidad de la sociedad “cuando
afecte a un número de socios que impida la formación o existencia de la misma”, a
voces del art. 108 del C.Co.
74. En la órbita pública, la nulidad absoluta por incapacidad se amplía en la
contratación estatal para ser tratada en perspectiva de competencia, en el
entendido que la medida de capacidad para las entidades del Estado al estar
circunscrita al principio de legalidad, hace referencia a la autorización expresa y
previa del ordenamiento jurídico en punto al marco de actuación en que los entes
públicos pueden actuar, lo que concreta el elemento de la competencia (arts. 6, 121
y 122 de la Constitución Política).
75. Lo esencial en este aspecto es distinguir los puntos de desencuentro que
derivan de la mezcla del régimen público con el privado, como son, la concepción
de capacidad (competencia) que ostentan las entidades estatales y la
improcedencia de subsanar las irregularidades advertidas en torno a ésta, por
tratarse de defectos de incompetencia insaneables, que generan nulidades
absolutas, incluso en los contratos sometidos al derecho común.
76. Así, las causales de nulidad societarias frente a una persona jurídica de
naturaleza pública deben aplicarse en atención a los especiales matices que tocan
el escenario estatal. Ello se traduce en que procede la utilización de los eventos
especiales y taxativamente contemplados en la legislación mercantil para el efecto,
bajo la precisión de que la capacidad (competencia) que les atañe a los entes
públicos que acudan como socios para la constitución de sociedades está dada por
el ordenamiento jurídico y que los defectos que evidencien la incapacidad absoluta
(incompetencia) de estos sujetos, no pueden ser objeto de saneamiento por medio
de ratificación.
77. En esa medida y con la declaratoria de nulidad de la Ordenanza 524 de 2020,
el efecto no es la nulidad del contrato social; dicha constatación lo que hace es
despojar al departamento de la autorización que le fue conferida a efectos de
constituir y participar como socio de una sociedad por acciones bajo la forma de
ESP, –a fin de que ésta se encargue de la prestación de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y sus actividades
complementarias, y actúe como Gestor del PDA de la entidad territorial–, lo que
muestra que se afecta la capacidad del departamento para ser socio de
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Expediente 44001234000020220007502 (71.050)
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Referencia: Nulidad
ESEPGUA81, dado que se retira del ordenamiento jurídico la norma que lo habilitó
para este efecto82.
78. Pese a la incapacidad precisada frente al departamento, ello no conduce a
una declaratoria de tal calado respecto de la sociedad, pues no fue solicitada y la
Sala carece de facultades para emitir un pronunciamiento distinto al pretendido por
el demandante. Con todo, dicha incapacidad para hacer parte de la sociedad no se
extiende a la totalidad del contrato social, por cuanto este vicio impacta la
autorización para el Departamento, que no de los municipios, y sólo afecta al
asociado en que concurre (art. 104 del C.Co.). Con este derrotero, se constata que
el vicio detectado no afecta la existencia de ESEPGUA (art. 108 del C.Co.) pues,
aun cuando se dé la exclusión del departamento respecto del vínculo societario –
asunto que no declara la Sala pues no fue solicitado–, permanecen otros seis (6)
municipios en calidad de socios (San Juan del Cesar, Fonseca, Urumita, Villanueva,
Distracción y La Jagua del Pilar), lo que garantiza el número mínimo de accionistas
que la ley consagra para la constitución de una sociedad anónima83 –forma bajo la
cual se constituyó ESEPGUA–.
79. En estos términos, la Sala se abstendrá de declarar la nulidad del contrato
de sociedad por las razones aludidas, sin perjuicio de que el departamento deba
ser separado de su vinculación a la sociedad ESEPGUA S.A. ESP, dada la
ilegalidad del acto que lo autorizaba para conformar dicha persona jurídica; por
ende, mediante las vías administrativas y societarias se deberá proceder a su
exclusión respecto de la composición accionaria de la referida S.A, con las demás
consecuencias que de ésta se desprendan frente a las acciones suscritas, pagadas,
los aportes efectuados y demás previsiones propias de esta situación, de
conformidad con los criterios establecidos en el estatuto mercantil y aquellos
aplicables para estos efectos84. Lo anterior no obsta, para que en ejercicio de las
atribuciones sociales los demás integrantes de aquella adopten las
determinaciones relacionadas con la continuidad y subsistencia de la sociedad.
80. Superado lo anterior, se abre paso el examen de la petición subsidiaria.
81
En casos como el sub-lite, esta Corporación ha indicado que la declaratoria de nulidad tiene efectos ex tunc (con efectos
hacia el pasado, es decir, retroactivos); sin embargo, los mismos serán ex nunc (en adelante o desde ahora) en respeto de
situaciones jurídicas consolidadas.
Así, se dijo en un asunto similar al sub examine:
“Por último, la Sala pone de presente que la nulidad de los artículos 22 y 23 de la Ordenanza 00133 de 2011 afecta su validez
desde el momento de su expedición y, por ende, surte efectos ex tunc, es decir hacia el pasado. En este punto debe resaltarse
que bien podría pensarse que todas las actuaciones surgidas a la vida jurídica con fundamento en el acto anulado se
contagian de sus defectos, y como consecuencia perecen ante la inminente invalidez de su fuente. No obstante, la
jurisprudencia del Consejo de Estado no ha compartido esa tesis, y por el contrario, ha sostenido que, aun cuando la
declaratoria de nulidad produce efectos ex tunc, las situaciones jurídicas consolidadas no pueden verse afectadas por ésta
(...)
Conforme a lo expuesto, ha precisado la Corporación que lo que se pretende justamente con dejar a salvo de ese efecto
retroactivo las situaciones consolidadas, es garantizar la seguridad jurídica de los asociados” (Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 14 de octubre de 2021, radicación 08001-23-31-000-2012-
90245-01, Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López).
82
“ARTÍCULO 8 DEL DECRETO 1221 DE 1986. DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS INDIRECTAS. Las personas
jurídicas en las cuales participen los Departamentos y los municipios, o sus entidades descentralizadas, asociados entre
ellos o con particulares, cuando para tal efecto estuvieren debidamente autorizados, se sujetarán a las normas contempladas
en los Decretos-leyes 3130 de 1968, artículo 4º, y 130 de 1976, artículos 1º al 5º.
Las autorizaciones deben ser dadas previa y expresamente por las Asambleas, los Concejos Municipales y por los actos que
hayan creado las entidades que se asocian o constituyen compañías entre sí o con otras personas” (se subraya).
83
“ARTÍCULO 374 C.Co. NÚMERO MÍNIMO DE ACCIONISTAS EN LA SOCIEDAD ANÓNIMA. La sociedad anónima no
podrá constituirse ni funcionar con menos de cinco accionistas”.
84
De conformidad con régimen especial previsto en la Ley 142 de 1994, en particular, lo definido en el art. 19, y su remisión
expresa al estatuto mercantil.
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81. Para esclarecer la validez del precepto estatutario debatido, se trae de
presente su contenido:
“ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO CUARTO.- ACTOS Y CONTRATOS: El régimen
jurídico de contratación de la sociedad es el derecho privado, conforme a lo
previsto en los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 3 de la Ley
689 de 2001”85.
82. La Sala advierte que la previsión enjuiciada no es contraria, pero si
incompleta en relación con los mandatos que cobijan a la empresa. Esta afirmación
se explica teniendo en cuenta el objeto social compuesto de ESEPGUA, el cual,
según el art. 5 de sus estatutos, se refiere, entre otros, a la prestación de los
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo y sus actividades
complementarias en la geografía del departamento y en las demás zonas o
regiones del territorio nacional gestionar, recibir y administrar recursos del orden
municipal, departamental, nacional, y de instituciones de carácter público, privado
o mixto dirigidos al fortalecimiento del sector de agua potable y saneamiento básico,
que sirvan para la ejecución de proyectos de infraestructura en acueductos y/o agua
potable, alcantarillado y aseo y sus actividades complementarias; y actuar como
Gestor del Plan Departamental de Agua Potable y Saneamiento Básico de La
Guajira.
83. En esa medida, cuando la empresa desarrolla su objeto, en el vértice
asociado a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo, resulta acertada la remisión a la Ley 142 de 1994 sobre el
régimen aplicable a sus actos y contratos, correspondiendo al derecho privado.
84. No obstante, cuando ESEPGUA proceda en calidad de Gestora del PDA
departamental, la alusión a la Ley 142 de 1994 a la que se refiere el art. 74 de sus
estatutos resulta incompleta, por cuanto pasa por alto que el cumplimiento de las
funciones por parte del Gestor se rige por el EGCAP, en virtud de la determinación
que en estos términos fue consignada en art. 1 del Decreto 4548 de 2009 86, de
conformidad con el art. 14 de la Ley 1150 de 2007.
85. Por tanto, la anterior distinción resulta insuficiente para declarar la nulidad
del precepto enjuiciado, pues lo que evidencia es la manifestación incompleta del
régimen al que está sometida ESEPGUA según la actividad que desarrolle, y no
habría razón para anular tal disposición comoquiera que sí aplica y tiene
fundamento en tratándose de las actividades que preste como ESPD. Pero aun, sin
que la citada cláusula haga tal distinción en el régimen –ya sea como ESP o como
Gestor– tal falencia no tiene la entidad de modificar el régimen que por mandato
legal le corresponde a ESEPGUA, comoquiera que tal determinación es de orden
público, por ello, indisponible para las partes, por lo que será el imperio de la ley,
según la actividad, el que deba ser aplicado y sin posibilidad de omitirlo o
modificarlo por acuerdo de voluntades; en consecuencia, no se accederá a la
prosperidad de la súplica subsidiaria.
85
Índice 2, SAMAI: EXPEDIENTE DIGITAL, archivo: “4ED_00020220007500PDF(.pdf) NroActua 2” [cuaderno 1], fls.153.
86
“Artículo 1. Los procesos de contratación que se adelanten por el Gestor, en cumplimiento de las funciones asignadas por
el artículo 12 del Decreto 3200 de 2008, se rigen por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en
desarrollo de lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las demás
disposiciones previstas en el mencionado decreto” (se resalta).
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Expediente 44001234000020220007502 (71.050)
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Costas
86. En los términos del art. 188 del CPACA, no se condenará en costas a las
partes, toda vez que el sub-lite fue instaurado a fin de proteger el interés público.
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
1. MODIFICAR la sentencia del 22 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de La Guajira y, en su lugar, se dispone:
“PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la ordenanza No. 524 de 2020,
proferida por la Asamblea Departamental de La Guajira, de conformidad con
las razones expuestas en esta sentencia.
SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones, de conformidad con las
consideraciones y efectos previstos en la parte motiva de esta providencia”.
2. Sin condena en costas en esta instancia.
3. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
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