Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06517-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06517-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-06517-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
27 de noviembre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06517-00
Accionante: Procurador 91 Judicial I para la Conciliación Administrativa y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06517-00
Demandante: Procurador 91 Judicial I para la Conciliación Administrativa y otro
Demandado: Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección A
Tesis: La acción de tutela es improcedente por incumplimiento del
requisito de subsidiariedad cuando el demandante no ha hecho uso
de los mecanismos extraordinarios establecidos en la ley para la
defensa de sus derechos.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela interpuesta por
los Procuradores 91 y 202 Judicial I para la Conciliación Administrativa, en contra del
Consejo de Estado- Sección Tercera- Subsección A.
I. LA SOLICITUD
Edwin José López Fuentes y Víctor Miguel Sierra de Luque, en calidad de
Procuradores 91 y 202 Judicial I para la Conciliación Administrativa, respectivamente,
interpusieron acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Tercera de esta
Corporación, con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso y acceso a la administración de justicia, los cuales consideraron
vulnerados con ocasión de las providencias de 11 de julio y 1 de septiembre de 2025
proferidas por la autoridad judicial accionada, dentro del medio de control de nulidad1
identificado con el número único de radicación 44001-23-40-000-2022-00075-02,
promovido por los accionantes en contra del departamento de La Guajira.
En consecuencia, los accionantes pretenden:
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de los suscritos al DEBIDO
PROCESO -en sus dimensiones de motivación suficiente, congruencia, respeto
del precedente, juez natural/competencia y garantía de defensa y contradicción-,
al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y a la IGUALDAD; y, como
consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 11 de julio de 2025
por la Sección Tercera – Subsección A del Consejo de Estado, así como el auto
del 1.º de septiembre de 2025 que negó la sentencia complementaria.
SEGUNDO: ORDENAR a la Sección Tercera – Subsección A del Consejo de
Estado que, en el término de veinte (20) días contados a partir de la notificación
de esta decisión, dicte sentencia de reemplazo, integral, motivada y congruente,
con sujeción estricta a las consideraciones y precisiones expuestas en la parte
motiva de la providencia que se dicte en este proceso. (Destacan los accionantes)
1 Acumulado con controversias contractuales.
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Accionante: Procurador 91 Judicial I para la Conciliación Administrativa y otro
En el escrito de tutela los actores indican que la Asamblea Departamental de La
Guajira expidió la Ordenanza 524 de 2020, mediante la cual adoptó la política pública
departamental de agua y saneamiento (PDA) y autorizó al Gobernador para crear,
junto con los municipios, una empresa de servicios públicos. Asimismo, le facultó para
adelantar las gestiones, trámites y actuaciones administrativas, contractuales y
presupuestales necesarias para implementar dicha política y garantizar la eventual
operación de la empresa.
Aducen que, mediante Escritura Pública nro. 1022 del 30 de diciembre de 2020, el
departamento de La Guajira y varios municipios constituyeron la sociedad
ESEPAGUA S.A. E.S.P., bajo la modalidad de empresa de servicios públicos de
carácter oficial, conforme a las autorizaciones previstas en la Ordenanza 524 de 2020.
Manifiestan que para la fecha de expedición de la citada ordenanza y del otorgamiento
de la escritura pública, se encontraba vigente en el departamento de La Guajira la
Administración Temporal del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, a cargo
de un administrador temporal, responsable de la dirección, gestión y administración
del PDA en el departamento.
Señalan que promovieron el medio de control de nulidad (acumulado con
controversias contractuales), en el que solicitaron de manera principal: i) la nulidad de
la Ordenanza 524 de 2020 y, como consecuencia, ii) la nulidad absoluta del contrato
de sociedad contenido en la Escritura Pública nro. 1022 del 30 de diciembre de 2020,
con fundamento en el numeral 4 del artículo 44 de la Ley 80 de 19932.
Exponen que formularon en la demanda como causal autónoma de nulidad absoluta
del contrato la incompetencia del Gobernador para suscribir la Escritura Pública nro.
1022 del 30 de diciembre de 2020, con sustento en el numeral 1 del artículo 44 de la
Ley 80 de 1993, argumentando que dicha suscripción correspondía a la
Administración Temporal del Sector De Agua Potable y Saneamiento Básico vigente
en La Guajira.
Aseguran que, en primera instancia, el Tribunal Administrativo de La Guajira3,
mediante sentencia del 22 de noviembre de 2023 declaró la nulidad de la Ordenanza
citada y, en consecuencia, la nulidad absoluta del contrato de sociedad contenido en
la Escritura Pública nro. 1022 de 2020; además, ordenó al Gobernador de La Guajira
dar por terminado dicho contrato y proceder a su liquidación.
Afirman que la autoridad accionada, al resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la anterior decisión, modificó el fallo de primera instancia en el sentido de
declarar la nulidad de la Ordenanza nro. 524 de 2020, negar las demás pretensiones
de la demanda (incluida la nulidad absoluta del contrato de sociedad) y revocar la
orden de dar por terminado y liquidar dicho contrato.
Refieren que presentaron solicitud de sentencia complementaria, con la cual
pretendían que se profiriera un pronunciamiento expreso sobre el cargo autónomo de
nulidad absoluta por incompetencia funcional del Gobernador de La Guajira para
suscribir la precitada Escritura Pública nro. 1022 de 2020, la cual fue negada por la
autoridad judicial accionada mediante auto del 1 de septiembre de 2025.
Alegan que en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela y que las providencias cuestionadas incurren en los defectos de
2 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”
3 En adelante el Tribunal.
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falta de motivación, sustantivo por desconocimiento del precedente y procedimental
absoluto.
Indican que existe falta de motivación tanto en la sentencia controvertida como en el
auto que negó la sentencia complementaria. En la primera, señalan que no es cierto
lo afirmado respecto a que no se solicitó la nulidad del contrato de sociedad, pues
dicha pretensión sí fue expresamente incluida en la demanda, en la fijación del litigio
y en el fallo de primera instancia, por lo que la autoridad judicial se debía pronunciar
sobre el particular. En la segunda, aducen que se incurrió en falsa motivación al
suprimir indebidamente el cargo autónomo de nulidad del contrato por incompetencia
del Gobernador, confundiéndolo con los reproches dirigidos a la ordenanza.
Precisan, que se incurre en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente,
al vulnerar la jurisprudencia que ha fijado los límites de competencia del ad quem, en
razón a que en el presente asunto se desfiguró la causa petendi al modificar el
fundamento fáctico y jurídico de la demanda, así como al mutar indebidamente el
régimen aplicable del derecho público contractual al derecho mercantil e introducir una
decisión no pedida, la exclusión de un socio, en vez de la nulidad absoluta del contrato
solicitada. Aducen que la sentencia censurada no revela un simple disenso
interpretativo, sino que comporta un quiebre frontal de la congruencia procesal.
Alega que también se configura el defecto sustantivo por inaplicación de los artículos
13 y 44 de la Ley 80 de 1993, normas que imponen la nulidad absoluta integral del
contrato estatal cuando el vicio afecta elementos estructurales, razón por la cual era
improcedente acudir al derecho privado.
Finalmente, en relación con el defecto procedimental absoluto, señala que este se
configura cuando se vulnera el principio de consonancia, al introducir en la segunda
instancia un planteamiento novedoso, ajeno al recurso y sustraído del contradictorio.
II. TRÁMITE DE LA TUTELA
2.1. Mediante auto del 30 de octubre de 2025, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela, negó la medida provisional solicitada, ordenó vincular al
departamento de La Guajira, a la Asamblea Departamental de La Guajira, a los
municipios de Fonseca, Urumita, La Jagua del Pilar, Distracción, Villanueva y San
Juan del Cesar, así como a la Empresa Departamental de Servicios Públicos
Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de La Guajira – ESEPGUA S.A.
E.S.P. y al Tribunal Administrativo de La Guajira. Igualmente, dispuso la notificación
de las partes y se pronunció sobre las pruebas allegadas.
2.2. La Gobernación de La Guajira4 presentó informe en el que solicita declarar
improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de subsidiariedad, al
estimar que los accionantes pueden acudir al recurso extraordinario de revisión para
controvertir la sentencia cuestionada. Indicó que no se configura un perjuicio
irremediable que justifique la adopción de medidas urgentes por parte del juez
constitucional.
2.3. El consejero de Estado José Roberto Sáchica Méndez, presidente de la Sección
Tercera de esta Corporación5, presentó informe en el que solicita declarar la
improcedencia de la acción de tutela, al considerar que no se cumple el requisito
4 Ver índice SAMAI nro. 9.
5 Ver índice SAMAI nro. 11.
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general de relevancia constitucional, toda vez que los argumentos expuestos por los
accionantes buscan reabrir un debate ya concluido, lo que equivaldría a instaurar una
tercera instancia y desnaturalizar el diseño de protección constitucional previsto por el
ordenamiento jurídico.
Señaló, con relación al fondo del asunto, que la sentencia cuestionada se ajusta a
derecho, por cuanto la nulidad de la ordenanza no deriva en la invalidez del contrato
societario, dado que la participación de los demás socios garantiza la existencia legal
de la sociedad conforme al artículo 108 del Código de Comercio. Indicó que la
interpretación adoptada no constituye falsa motivación ni desconocimiento del marco
decisorio, sino la aplicación razonada de la normativa especial, incluida la remisión
contenida en el artículo 44 de la Ley 80 de 1993.
Afirmó que, al haber apelado todas las partes, el juez de segunda instancia actuó
dentro del ámbito de su competencia al resolver sin limitaciones, conforme a lo
dispuesto en el artículo 328 del CGP, sin que se advierta vulneración del debido
proceso ni incongruencia en la decisión. Precisó que tampoco se configura una
providencia infra petita, toda vez que los cargos relativos a la incompetencia del
gobernador se subsumieron en el análisis de la capacidad del departamento de La
Guajira para ser socio de la empresa de acueducto y alcantarillado.
Resaltó que los calificativos empleados por los accionantes reflejan una inconformidad
meramente subjetiva con el sentido de la decisión judicial, lo que no demuestra
arbitrariedad ni vulneración de derechos fundamentales. Aseguró que la controversia
planteada corresponde al ámbito estrictamente legal y no constitucional, motivo por el
cual procede declarar la improcedencia de la acción de tutela, en garantía de la cosa
juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía judicial.
2.4. La Empresa Departamental de Servicios Públicos Domiciliarios de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de La Guajira S.A. E.S.P. ESEPGUA S.A.
E.S.P.6 presentó informe en el que solicita declarar improcedente la acción de tutela
y, en consecuencia, denegar el amparo constitucional solicitado. Adicionalmente, pidió
ser desvinculada del trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Indicó que, aunque los accionantes expresan discrepancias argumentativas frente a
las providencias cuestionadas, no se acredita la configuración de un defecto
ostensible, específico y determinante, ni la situación de indefensión que habilite el
amparo solicitado; por el contrario, lo que se evidencia, es la intención de reabrir el
debate ya decidido por el juez natural de la causa.
Señaló que no existen los defectos específicos alegados en las providencias atacadas
que permitan configurar una vía de hecho que habilite la intervención del juez
constitucional.
2.5. El Municipio de Fonseca (La Guajira)7 presentó informe en el que solicita
declarar improcedente la acción de tutela, negar el amparo solicitado y ordenar su
desvinculación del presente asunto.
Adujo que no se cumple el requisito general de subsidiariedad, toda vez que los
accionantes cuentan con el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo
6 Ver índice SAMAI nro. 12.
7 Ver índice SAMAI nro. 13.
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250 del CPACA8, el cual es idóneo y eficaz para controvertir decisiones judiciales del
Consejo de Estado.
Señaló que no se acredita ninguna amenaza cierta, actual o inminente de derechos
fundamentales atribuible al municipio, por cuanto el debate planteado se limita a una
interpretación jurídica de una providencia, la cual debe ventilarse en sede contencioso
administrativo y no a través de la acción de tutela.
2.6. El Municipio de San Juan del Cesar (La Guajira)9 presentó informe en el que
solicita declarar la improcedencia de la acción de tutela, negar el amparo solicitado y
ordenar su desvinculación del presente asunto.
Manifestó que los accionantes cuentan con el recurso extraordinario de revisión como
medio judicial adecuado para controvertir las providencias proferidas por el Consejo
de Estado, lo que implica que no se cumple el requisito general de subsidiariedad.
Agregó que se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no
existe un vínculo directo entre su actuación y la presunta vulneración alegada. Indicó
que no se evidencia una vulneración cierta, concreta o actual que le sea imputable,
pues los planteamientos de los accionantes obedecen a una diferencia interpretativa
respecto del alcance de una decisión judicial, materia que debe resolverse mediante
los mecanismos procesales ordinarios y no por medio de la acción de tutela.
Aseguró que revisar las providencias acusadas a través de esta solicitud
constitucional vulnera los principios de autonomía judicial, cosa juzgada y seguridad
jurídica, reconocidos como pilares del sistema de administración de justicia.
2.7. El Municipio de Distracción (La Guajira)10 presentó informe en el que solicita
su desvinculación al trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva.
De igual forma, estima que la acción de tutela es improcedente, en razón a que los
accionantes disponen del recurso extraordinario de revisión como mecanismo idóneo
y eficaz para controvertir las decisiones judiciales cuestionadas.
2.8. El Municipio de La Jagua del Pilar (La Guajira)11 presentó informe en el que
solicita negar el amparo solicitado. Afirmó que no existe vulneración de los derechos
fundamentales invocados, puesto que las decisiones adoptadas por la autoridad
judicial accionada fueron el resultado de una valoración objetiva y razonada del acervo
probatorio, conforme a las normas sustantivas y procedimentales pertinentes.
Manifestó que no se configura una vulneración del derecho de acceso a la
administración de justicia, dado que la parte accionante tuvo acceso pleno a los
mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios previstos en la ley.
Señaló que el hecho de que las decisiones adoptadas no le hayan sido favorables no
implica vulneración de sus derechos, por lo que la acción de tutela no puede
convertirse en una instancia adicional o paralela para reabrir debates propios del
proceso ordinario.
8 En adelante CPACA.
9 Ver índice SAMAI nro. 15.
10 Ver índice SAMAI nro. 16.
11 Ver índice SAMAI nro. 18.
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2.9. El Municipio de Urumita (La Guajira)12 presentó informe en el que solicita
declarar la improcedencia de la acción de tutela, negar el amparo solicitado y ordenar
su desvinculación del trámite constitucional.
Señaló que la solicitud de amparo es improcedente, por cuanto no se cumple el
requisito general de subsidiariedad, toda vez que los accionantes disponen de otro
medio de defensa judicial eficaz, como el recurso extraordinario de revisión.
Sostuvo que se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva, pues no existe
un nexo causal entre la actuación institucional y la presunta vulneración de los
derechos fundamentales alegados.
Asimismo, agregó que del escrito de tutela no se advierte ninguna vulneración real,
concreta o actual atribuible al ente territorial, ya que los argumentos expuestos se
limitan a cuestionamientos sobre el contenido y alcance de las decisiones judiciales
objeto de controversia.
Manifestó que las decisiones judiciales reprochadas fueron adoptadas por la autoridad
judicial competente con sujeción al debido proceso, razón por la cual su revisión en
sede de tutela desconocería los principios de autonomía judicial, cosa juzgada y
seguridad jurídica.
2.10. El Tribunal Administrativo de La Guajira13 presentó informe en el que solicitó
su desvinculación del trámite constitucional, al considerar que no existe una relación
causal entre los derechos invocados como vulnerados y alguna acción u omisión
imputable a esa autoridad judicial.
Precisó que lo que se controvierte en la presente acción son las providencias dictadas
dentro del medio de control de nulidad identificado con el radicado 44001-23-40-000-
2022-00075-02, por lo que no le corresponde asumir responsabilidad en el asunto
debatido.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. Competencia
De conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1º del Decreto 333 de 2021 y el artículo 25 del Acuerdo nro. 80 de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela
entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.
3.2. Cuestión previa
Se observa que la Empresa Departamental de Servicios Públicos Domiciliarios de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de La Guajira S.A. E.S.P. ESEPGUA S.A. E.S.P.,
los municipios de Fonseca, San Juan del Cesar, Distracción, Urumita, así como el
Tribunal solicitaron, en sus respectivos informes, su desvinculación del presente
trámite constitucional.
12 Ver índice SAMAI nro. 22.
13 Ver índice SAMAI nro. 23.
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Para resolver dichas solicitudes, es preciso señalar que el artículo 13 del Decreto 2591
de 1991 regula lo relativo a la legitimación en la causa por pasiva, en los siguientes
términos:
Artículo 13. Personas Contra Quien se Dirige la Acción e Intervinientes. La
acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que
presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o
con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos,
sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud.
De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de
noviembre de 200614, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva, así:
En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia
T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al
demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor
le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente
y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que, en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr
que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y
contradicción.
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el
demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del
actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no
es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o
cuando no es su conducta la que inflige el daño. (Destaca el Sala)
En atención a lo expuesto, la Sala considera que no procede acceder a las solicitudes
de desvinculación de la Empresa Departamental de Servicios Públicos Domiciliarios
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de La Guajira S.A. E.S.P. (ESEPGUA S.A. E.S.P.)
ni de las entidades territoriales municipales, toda vez que, del análisis del expediente
de nulidad radicado bajo el número 44001-23-40-000-2022-00075-02, se advierte que
dichas entidades se vincularon dentro del referido medio de control, razón por la cual
les asiste interés en las resultas del presente trámite constitucional.
14 Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06517-00
Accionante: Procurador 91 Judicial I para la Conciliación Administrativa y otro
En la misma vía, corresponde negar la solicitud de desvinculación del Tribunal, en
razón a que dicha autoridad judicial conoció en primera instancia el proceso ordinario
donde se profirieron las providencias censuradas dentro del presente trámite, por lo
que le asiste interés en las resultas del proceso.
3.3. Hechos relevantes
3.3.1. Los Procuradores 91 Judicial I, 42 Judicial II y 202 Judicial I para asuntos
administrativos interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad,
acumulado con controversias contractuales, con el fin de obtener la nulidad de la
Ordenanza nro. 524 de 2020 expedida por la Asamblea Departamental de La Guajira,
por medio de la cual se autorizó al departamento a constituir y/o participar en la
creación y conformación de una empresa de servicios públicos del orden
departamental. Así mismo, solicitaron que como consecuencia de la nulidad se
disponga que el contrato de sociedad contenido en la Escritura Pública 1022 del 30
de diciembre de 2020 mediante la cual se constituye la empresa “ESEPGUA S.A.
E.S.P.” es nulo de nulidad absoluta y que se ordene la liquidación de la citada
sociedad.
El mencionado medio de control se tramitó bajo el radicado nro. 44001-23-40-000-
2022-00075-02.
3.3.2. Mediante sentencia de primera instancia del 22 de noviembre de 2023 el
Tribunal declaró la nulidad de la mencionada ordenanza, así como la nulidad absoluta
del contrato de sociedad contenido en la Escritura Pública nro. 1022 de 2020, en virtud
de lo previsto en el numeral 4 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993.
En esta misma providencia se ordenó al gobernador de la Guajira: “i) dar por terminado
el contrato de sociedad contenido en la escritura pública No. 1022 del treinta (30) de
diciembre de dos mil veinte (2020), lo que deberá hacer a través de acto administrativo
debidamente motivado y ii) disponer su liquidación en el estado en que se encuentre”.
3.3.3. Contra la anterior decisión se interpuso recurso de apelación por las partes, el
cual fue decidido mediante sentencia del 11 de julio de 2025 por la Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, quien resolvió:
1. MODIFICAR la sentencia del 22 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de La Guajira y, en su lugar, se dispone:
“PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la ordenanza No. 524 de 2020, proferida
por la Asamblea Departamental de La Guajira, de conformidad con las razones
expuestas en esta sentencia.
SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones, de conformidad con las
consideraciones y efectos previstos en la parte motiva de esta providencia”
[…].
3.3.4. Respecto del anterior fallo, los accionantes solicitaron sentencia
complementaria, la cual fue resuelta desfavorablemente mediante providencia del 1
de septiembre de 2025.
3.4. Análisis de la Sala
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06517-00
Accionante: Procurador 91 Judicial I para la Conciliación Administrativa y otro
Corresponde a la Sala establecer si, en el presente asunto, la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales
invocados por los accionantes al dictar la sentencia del 11 de julio y el auto del 1 de
septiembre de 2025, dentro del medio de control de nulidad acumulado con
controversias contractuales identificado con el radicado nro. 44001-23-40-000-2022-
00075-02.
Para ello, se examinará previamente el cumplimiento de los presupuestos generales
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en particular el
relativo a la subsidiariedad, requisito indispensable para habilitar un estudio de fondo.
3.4.1. El requisito de subsidiariedad
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela solo procede
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable15.
A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “la acción de tutela
no procederá: cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto
a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.
Por lo tanto, uno de los requisitos que se debe cumplir es el de subsidiariedad, en la
medida que solo resulta procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable 16.
La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de subsidiariedad
envuelve tres eventos que conducen a la improcedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial17: (i) cuando el asunto está en trámite; (ii) en el evento en que no
se han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios, y (iii)
si se usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos
previstos en el ordenamiento jurídico.
No obstante, el Tribunal Constitucional ha establecido dos excepciones al principio de
subsidiariedad de la acción de tutela: (i) cuando el mecanismo ordinario de defensa
no es idóneo ni eficaz para la protección inmediata de los derechos fundamentales, y
(ii) cuando se pretende evitar la configuración de un perjuicio irremediable, el cual
debe ser inminente y grave, que requiere de la adopción de medidas de carácter
urgente para superar el daño y, por lo tanto, que la protección constitucional es
impostergable18.
3.4.2. Caso concreto
Del análisis del expediente se observa que mediante la sentencia censurada la
autoridad judicial accionada modificó el fallo de 22 de noviembre de 2023 proferido
por el Tribunal, en el sentido de declarar la nulidad de la Ordenanza 524 de 2020
expedida por la Asamblea Departamental, pero negar las demás pretensiones de la
demanda.
15 Artículo 86. “(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable (…)”.
16 Sentencia T-441 del 15 de julio de 2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
17 Corte Constitucional. Sentencia T - 396 del 26 de junio de 2014. M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.
18 Sentencia T-150 de 2016.
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En dicha sentencia, la corporación judicial accionada precisó que la Ordenanza 524
de 2020 fue tramitada con desconocimiento del procedimiento previsto en el artículo
37 del Decreto 1222 de 1986, que exige que el debate de los proyectos de ordenanza
se surta en la comisión respectiva, ya que el proyecto fue sometido directamente a la
plenaria, sin haber agotado la discusión previa en comisión, etapa esencial dentro del
proceso de formación normativa en las asambleas departamentales.
Indicó que esta irregularidad constituía un vicio sustancial e insubsanable, al afectar
una fase fundamental del trámite legislativo departamental, impedir la deliberación
especializada propia de las comisiones y vulnerar el principio de legalidad, razones
por las cuales declaró la nulidad de la ordenanza.
Posteriormente, mediante auto del 1 de septiembre de 2025, la autoridad accionada
negó la solicitud de adición de la sentencia presentada por la actora, al señalar que la
configuración de un solo vicio invalidante resultaba suficiente para excluir la
ordenanza del ordenamiento jurídico, por lo que no era necesario abordar los demás
reproches formulados en la demanda.
Precisó que, una vez declarada la nulidad de la ordenanza por irregularidades en su
trámite, se analizó la pretensión relativa al contrato de constitución de ESEPGUA S.A.
E.S.P. y concluyó que su nulidad no procedía, al estimar que conforme los artículos
104 y 108 del Código de Comercio la falta de capacidad del departamento no afectaba
la existencia de la sociedad, por estar integrada por otras entidades territoriales del
orden municipal.
Indicó que era innecesario pronunciarse sobre la competencia del gobernador para
suscribir la escritura pública y descartó la existencia de omisión decisoria o de un fallo
extra o infra petita.
Por su parte, los accionantes estiman que las anteriores providencias vulneran sus
derechos por cuanto incurren en varios defectos, a saber: i) falta de motivación por
desconocimiento del principio de congruencia, ya que, en su criterio, la autoridad
judicial accionada sí se debía pronunciar sobre la solicitud de nulidad del contrato
social; (ii) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente al vulnerarse los
límites de competencia del juez de segunda instancia e introducir un análisis sobre
exclusión de socios con fundamento en los artículos 104 y 108 del Código de
Comercio, lo cual no fue objeto de debate en el proceso y, por tanto, aplicar
indebidamente el derecho mercantil en detrimento del régimen de contratación estatal;
y iii) defecto procedimental absoluto por decidir aspectos no solicitados y omitir
pronunciarse sobre la competencia del gobernador para suscribir la escritura pública.
Específicamente, los accionantes destacaron en el escrito de tutela lo siguiente:
Acreditado que la decisión se apoya en una premisa fáctica sin respaldo en el
expediente, se configura un defecto de motivación en los términos de la línea
jurisprudencial iniciada en la sentencia T-233 de 200736, en donde se señala que
la tutela procede cuando la argumentación, entre otras hipótesis, es
decididamente defectuosa y, a la vez, se estructura la hipótesis de motivación
aparente, falsa o sofística definida por la T-323 de 202437, que se presenta cuando
el fallo se aparta de la verdad probada por suposición, supresión o tergiversación.
En este orden de ideas, al partir la sentencia impugnada de la premisa
manifiestamente falsa que no se solicitó la nulidad consecuencial, omite una
pretensión expresamente planteada vulnerando de manera directa el art. 281
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CGP, que exige que la sentencia guarde consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidas en la demanda.
Lo anterior, no se trata de un simple lapsus: supone un apartamiento consciente
de la verdad procesal objetivamente acreditada en el plenario y desconoce el
marco obligatorio de la fijación del litigio consensuada en la audiencia inicial,
configurando incongruencia por omisión y desnaturalizando el debate
jurisdiccional definido por las partes.
En efecto, lo anterior no es un yerro intrascendente. La elusión de la pretensión
principal en el proceso acumulado (nulidad con controversias contractuales) es,
precisamente, lo que habilita que la accionada, acto seguido, introduzca de
manera incongruente —como se expondrá en el cargo por violación del
precedente de unificación— la tesis según la cual la incapacidad del
Departamento para integrar la sociedad no se extiende a la totalidad del contrato
social, pues el vicio solo afectaría la autorización del Departamento y no la de los
municipios, impactando únicamente al asociado en quien concurre.
Como se explicó en el cargo anterior, dicha conclusión se sustenta indebidamente
en normas de derecho mercantil —ajenas a la causa petendi planteada desde la
primera instancia en clave de derecho público—, con lo cual se desplaza el
régimen aplicable y se consuma la incongruencia denunciada. Lo anterior desnuda
una contradicción insalvable, como quiera que la accionada primero se declara
impedida para decidir la nulidad consecuencial —amparándose en una premisa
falsa (“no fue solicitada”)— y, a renglón seguido, asume competencia para valorar
otra causa petendi que no está en el expediente (exclusión del socio bajo normas
mercantiles).
Es decir, paradójicamente la Sala de subsección no puede conocer lo que sí fue
pedido, pero sí entra a resolver lo que nadie pidió y que, además, cambia el
régimen jurídico del caso (público a mercantil).
En el anterior contexto, se observa que los cuestionamientos de los accionantes están
dirigidos principalmente a demostrar una eventual incongruencia entre lo debatido en
el proceso ordinario y lo decidido por el juez de segunda instancia, inconformidades
que por su naturaleza, deben ser ventiladas a través del recurso extraordinario de
revisión, específicamente, mediante la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250
del CPACA, referida a la existencia de nulidad en la sentencia que pone fin al proceso.
En efecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación 19 ha
señalado respecto del numeral 5 de la norma aludida supra, que hay diferentes
circunstancias que pueden conllevar a la configuración de una nulidad en la sentencia
que pone fin a un proceso ordinario seguido ante la jurisdicción contencioso
administrativa, en los siguientes términos:
[…] Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de apelación.
Para que se configure esta causal resulta necesario que el vicio se genere en el
preciso momento en que se dicta la sentencia objeto de censura contra la cual no
procede el recurso de apelación, pues si se trata de un reclamo acaecido en una
etapa previa a ésta, no tendrá cabida el recurso extraordinario de revisión, salvo,
que se trate de circunstancias que aunque ocurrieron con anterioridad a esta
etapa procesal no pudieron ser advertidas por el recurrente que solo las conoció
con la sentencia. Lo contrario, equivaldría a permitir que el mencionado recurso
se convierta en una oportunidad para subsanar la incuria o desidia en que las
19 Consejo de Estado, Sala Plena de los Contencioso Administrativo, sentencia de 1 de noviembre de
2016, C.P Sandra Lisset Ibarra Vélez, número único de radicación 11001031500020120023000.
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partes incurrieron en el trámite del proceso ordinario al no proponer las nulidades
del caso de acuerdo con las reglas de oportunidad previstas en el artículo 142 del
C.P.C, o para proponer nulidades que quedaron saneadas en los términos del
artículo 144 ib.
Ahora bien, sobre los supuestos que dan origen a esta causal, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha señalado los siguientes:
a. Dictarse sentencia a pesar de la terminación previa del proceso por
desistimiento, transacción o perención, porque con esto se revive un proceso
legalmente concluido.
b. Dictarse sentencia cuando el proceso se encuentra suspendido.
c. Dictarse sentencia sin las mayorías necesarias para la decisión, por la firma de
más, o menos jueces de los requeridos legalmente.
d. Pretermitir la instancia, por ejemplo: i) al proferir una sentencia sin motivación o
ii) violar el principio de la non reformatio in pejus [como cuando se condena al
demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en la demanda
o por causa distinta a la invocada].
e. Decidir aspectos que no corresponden, por falta de jurisdicción o competencia
del juez.
En resumen, puede decirse que las causales de nulidad de las sentencias están
enmarcadas en dos grupos a saber, el compuesto por las irregularidades
originadas en vicios que constituyen causal de nulidad del proceso y solo pudieron
ser advertidos en la sentencia y, las relativas a los vicios que contiene la sentencia.
Finalmente debe recordarse que la carga probatoria del recurso frente a la causal
corresponde de manera íntegra al recurrente […] (Se destaca).
De acuerdo con la anterior jurisprudencia, una eventual incongruencia de la sentencia,
derivada de la falta de correspondencia entre lo debatido en el proceso y lo decidido
por la autoridad judicial, es un vicio que debe ventilarse mediante el recurso
extraordinario de revisión, diseñado precisamente para el control de esa clase de
irregularidades.
En el presente caso, se advierte que los accionantes no han acudido al mencionado
recurso, pese a que constituye el mecanismo judicial idóneo, adecuado y específico
para controvertir la presunta incongruencia que atribuyen a las providencias
cuestionadas. En consecuencia, no se satisface el requisito de subsidiariedad que
habilite el estudio de fondo de la acción de tutela.
Ahora bien, la Sala no advierte que la accionante haya justificado la configuración del
perjuicio irremediable que de manera excepcional permita estudiar el fondo del asunto.
En este punto, es preciso recordar que la jurisprudencia constitucional20 ha fijado los
siguientes criterios a partir de los cuales se debe analizar si, efectivamente, en un caso
concreto, se está ante la presencia de un perjuicio irremediable que habilite la
procedencia transitoria del mecanismo de amparo constitucional: i) que el perjuicio se
produce de manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental; ii) que el daño es
inminente; iii) que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; iv) que
resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de
20 Corte Constitucional Sentencias T-225 de 1993, SU-086 de 1999, T- 695 de 2014, entre otras.
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amenaza en la que se encuentra; y v) que la gravedad de los hechos es de tal
magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo
necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales
fundamentales.
En efecto, los accionantes se limitan a indicar las razones por las cuáles, en su criterio,
la autoridad judicial accionada no podía pronunciarse sobre aspectos que no fueron
objeto del proceso ordinario, para señalar la supuesta falta de competencia del juez
de segunda instancia, argumentos que por sí solos no evidencian un daño o afectación
cierta e inminente a un derecho fundamental de la actora que demande de manera
urgente e inmediata la intervención del juez constitucional. Por el contrario, lo que se
advierte es que existen inconformidades respecto a la forma en que se dictó la
sentencia de segunda instancia, las cuales pueden ser expuestas a través de los
recursos extraordinarios que están previstos en el ordenamiento jurídico con el fin de
cuestionar las decisiones que allí se adopten.
Por tal motivo, no se evidencia la configuración de un perjuicio irremediable que
habilite la intervención del juez de tutela de manera transitoria para la protección de
los derechos fundamentales alegados.
En consecuencia, la Sala declarará improcedente la presente solicitud de amparo, al
no acreditarse el cumplimiento del requisito general de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Empresa
Departamental de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de La Guajira S.A. E.S.P. ESEPGUA S.A. E.S.P., los Municipios de Fonseca,
San Juan del Cesar, Distracción, Urumita, así como el Tribunal Administrativo de La
Guajira, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes esta providencia por el medio más expedito.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA PABLO ANDRÉS CÓRDOBA
GARZÓN ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
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CARLOS FERNANDO MANTILLA GERMÁN EDUARDO OSORIO
NAVARRO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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