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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00585-00

Fecha
15 de abril de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00585-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLÁRASE la improcedencia de la acción de tutela, por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00585-00

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

15 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá, D. C., quince (15) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00585-00
Accionante: William Eloy Cabezas Huila
Accionado: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión núm. 6 y otros
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala procede a resolver, en primera instancia, la demanda presentada en ejercicio de
la acción de tutela por William Eloy Cabezas Huila contra las sentencias proferidas por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, y por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el radicado núm. 25000-23-42-
000-2021-00881-00/01, así como contra la decisión adoptada por la Sala Especial de
Decisión núm. 6 del Consejo de Estado al resolver el recurso extraordinario de revisión,
en la actuación identificada con el radicado núm. 11001-03-15-000-2025-00594-00.

SÍNTESIS1

El accionante cuestiona la sentencia del 9 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, así como la
sentencia del 25 de enero de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, mediante las cuales -en primera y segunda instancia, respectivamente-
se negaron las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
encaminada a obtener la nulidad de los actos administrativos expedidos por la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) que negaron la reliquidación de su
asignación de retiro. También cuestiona la providencia mediante la cual el Consejo de
Estado, Sala Especial de Decisión No. 6, resolvió el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la decisión de segunda instancia. La Sala declarará improcedente el
amparo constitucional, al evidenciar el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 29 de enero de 20262, el señor William Eloy Cabezas Huila, mediante

1 Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del derecho / reliquidación de
asignación de retiro / Improcedencia / falta de relevancia / tercera instancia.
2 SAMAI, índice 00001.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00585-00
Accionante: William Eloy Cabezas Huila
Decisión: se declara improcedente el amparo constitucional

apoderado3, presentó una demanda en ejercicio de la acción de tutela, con el fin de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al
acceso a la administración de justicia, a la seguridad jurídica y a la remuneración móvil
y vital. Considera que dichas garantías constitucionales han sido vulneradas por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, y por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, con ocasión de las sentencias del
9 de marzo de 2023 y del 25 de enero de 2024, respectivamente, proferidas dentro del
proceso identificado con el radicado núm. 25000-23-42-000-2021-00881-00/01,
mediante las cuales se negaron las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho orientada a obtener la reliquidación de su asignación de
retiro, así como por la providencia proferida el 16 de julio de 2025 por el Consejo de
Estado, Sala Especial de Decisión No. 6, que resolvió el recurso extraordinario de
revisión interpuesto contra la decisión de segunda instancia, en la actuación identificada
con el radicado núm. 11001-03-15-000-2025-00594-00.

2. Como pretensiones, el accionante formuló las siguientes (se transcriben):

“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, a la
IGUALDAD, al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, a la SEGURIDAD
JURÍDICA y a la REMUNERACIÓN MÓVIL Y VITAL del señor WILLIAM ELOY
CABEZAS HUILA.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS las sentencias proferidas por la Sala Especial De
Decisión No. 6 del Consejo de Estado y la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado.

TERCERA: ORDENAR a la Sala Especial De Decisión No. 6 del Consejo De Estado o
en su defecto, a la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado que, en el
término perentorio de diez (10) días, PROFIERA UNA NUEVA SENTENCIA de
reemplazo en la que:

1. Reconozca la plena vigencia del Régimen Especial y el principio de Oscilación,
entendiendo que la pérdida de poder adquisitivo acumulada en el salario de los
activos afecta directamente la base de liquidación de los retirados.

2. Aplique la Excepción de Inconstitucionalidad sobre los decretos de aumento
salarial expedidos a partir del año 2005 y subsiguiente, teniendo para ajustar los
mismos para garantizar la actualización plena, la inflación causada y acumulada en
el periodo comprendido entre los años 1992-2004.

3. Ordene la reliquidación integral de la Asignación de Retiro, saneando la base
salarial de la pérdida inflacionaria acumulada durante el tiempo de servicio del actor,
tal como lo ordenó la Sentencia C-931 de 2004”. [Negrillas y mayúsculas del texto
original].

B. HECHOS

3. Mediante Resolución núm. 8594 del 13 de diciembre de 2011, la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) reconoció al señor William Eloy Cabezas Huila
una asignación de retiro, en razón a los servicios prestados en la Policía Nacional

3 Juan Carlos Arciniegas Rojas.

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Decisión: se declara improcedente el amparo constitucional

durante el periodo comprendido entre los 1984 y 2011.

4. Según el accionante, durante el período comprendido entre 1992 y 2011, el
Gobierno Nacional expidió decretos de incremento salarial por debajo del índice de
precios al consumidor (IPC), lo que habría ocasionado una pérdida progresiva del poder
adquisitivo de su salario base y, en consecuencia, de su asignación de retiro. Por tal
motivo, solicitó la reliquidación de dicha prestación, petición que fue negada por CASUR
mediante el Oficio núm. S-2021-006397/ANOPA-GRULLI 1.10 del 16 de enero de 2021
y el Oficio núm. 627309 del 28 de febrero de 2021.

5. El accionante promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el fin de obtener la nulidad de los actos
administrativos, mediante los cuales CASUR le negó la reliquidación de su asignación
de retiro. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara la
reliquidación, reajuste y pago de las sumas correspondientes, conforme a la
actualización plena del salario en los términos de la sentencia C-931 de 2004 de la Corte
Constitucional.

6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia del 9 de marzo de 023, negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que los actos acusados se encontraban amparados por la presunción de
legalidad.

7. Mediante sentencia del 25 de enero de 2024, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

8. Contra la decisión de la Sección Segunda del Consejo de Estado el accionante
interpuso recurso extraordinario de revisión, con fundamento en la causal prevista en el
artículo 250, numeral 8, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, al estimar que la sentencia C-931 de 2004 y la certificación del
Departamento Nacional de Estadística (DANE) “constituían documentos decisivos”.

9. Mediante providencia del 16 de julio de 2025, la Sala Especial de Decisión núm. 6
del Consejo de Estado declaró infundado el recurso extraordinario de revisión, al
considerar que la sentencia C-931 de 2004 no tiene la naturaleza de documento para
efectos de dicho mecanismo.

C. Fundamentos de la vulneración

10. El accionante considera que las decisiones proferidas por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, y la Sala
Especial de Decisión núm. 6 vulneran sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad jurídica y a la
remuneración móvil y vital, al desconocer la obligación de actualizar plenamente el
salario conforme a la inflación acumulada y, en consecuencia, afectar la base de
liquidación de su asignación de retiro.

11. Agregó que los operadores judiciales accionados desconocieron el mandato
contenido en la sentencia C-931 de 2004 de la Corte Constitucional, al validar la pérdida

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Accionante: William Eloy Cabezas Huila
Decisión: se declara improcedente el amparo constitucional

del poder adquisitivo del salario bajo argumentos formalistas, sin aplicar la excepción
de inconstitucionalidad frente a los decretos salariales que, a su juicio, resultan
contrarios a la Constitución Política.

12. Frente a la procedencia del amparo constitucional, manifestó que la acción de tutela
es el único mecanismo idóneo para garantizar sus derechos fundamentales, en la
medida en que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho resultó
ineficaz y la decisión adoptada en el recurso extraordinario de revisión no admite recurso
ordinario alguno.

D. Trámite procesal

13. Por auto del 2 de febrero de 20264, el magistrado ponente admitió la demanda de
tutela y ordenó notificar a la Sala Especial de Decisión No. 6 del Consejo de Estado; la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la Subsección A de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En calidad de terceros
con interés, se ordenó notificar a la Nación – Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea
Colombiana y a CASUR.

14. El 55, el 66 y el 97 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la
Sección Quinta del Consejo de Estado y CASUR contestaron la demanda de tutela,
respectivamente.

E. Oposiciones e intervenciones

15. El consejero de Estado Omar Joaquín Barreto Suárez manifestó la oposición de la
Sala Especial de Decisión núm. 6 del Consejo de Estado a las pretensiones de la acción
de tutela, al considerar que no se cumple el requisito de relevancia constitucional, en la
medida en que los cuestionamientos del accionante corresponden a inconformidades
frente al análisis realizado en el proceso ordinario y en el recurso extraordinario de
revisión, sin que se advierta vulneración de derechos fundamentales ni la configuración
de una causal específica de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

16. CASUR solicitó su desvinculación del trámite, por falta de legitimación en la causa
por pasiva, al no ser la entidad que profirió las decisiones cuestionadas en la acción de
tutela; además, indicó que no existe vulneración de derechos fundamentales y que el
accionante pretende utilizar la tutela como una tercera instancia para reabrir el debate
decidido por la jurisdicción contenciosa administrativa.

17.El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, se
opuso a las pretensiones de la demanda de tutela, al estimar que la providencia
cuestionada se profirió con fundamento en la normativa y la jurisprudencia aplicables, sin
que se configure vulneración de derechos fundamentales; agregó que la acción de tutela

4 NroActua 5 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
5 SAMAI, índice 0014.
6 SAMAI, índice 0017.
7 SAMAI, índice 0019.

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Decisión: se declara improcedente el amparo constitucional

no puede emplearse como una instancia adicional para controvertir decisiones adoptadas
por el juez natural.

II. CONSIDERACIONES

H. Competencia

18. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el Acuerdo 80 de 2019 de
esta Corporación.

I. Sentido de la decisión

19.La Sala declarará la improcedencia de la demanda de acción de tutela formulada el
señor William Eloy Cabezas Huila, por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.

J. Finalidad de la acción de tutela

20. Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones estas que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante
un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz, los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad o de un particular.

21. Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar
los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir con ella términos
precluidos o acciones caducadas.

22. De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos constitucionales
fundamentales del demandante.

K. La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias
judiciales8

23. Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.

24. En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no
todos los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la

8 Consejo de Estado, Sentencia del 21 de enero de 2026, radicado 11001-03-15-000-2025-07772-00, M.P.

Fredy Ibarra Martínez.

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competencia de los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional
como la seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.

25. Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de
la Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de
requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a
preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales se
la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una genuina,
verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.

26.En esa línea, la Corte Constitucional, en reciente decisión, fue enfática al sostener
que la acción de tutela:

“solo procede contra providencias judiciales en casos excepcionales, cuando se acrediten
los siguientes requisitos: (i) que exista legitimación en la causa por activa y por
pasiva; (ii) que el asunto sometido a conocimiento del juez tenga relevancia
constitucional; (iii) que el actor haya agotado antes de acudir a la acción de tutela los recursos
ordinarios y extraordinarios previstos por el legislador para la defensa de sus derechos, sin
perjuicio de que la intervención del juez constitucional se solicite con la pretensión de evitar
la consumación de un perjuicio irremediable, es decir, que se haya acreditado el requisito de
subsidiariedad; (iv) que se satisfaga el requisito de inmediatez, en términos de razonabilidad
y proporcionalidad; (v) que cuando se invoca una irregularidad procesal, ésta tenga
incidencia definitiva o determinante en la decisión judicial que se cuestiona; (vi) la
identificación razonable, por la persona interesada, de los hechos que generan la
lesión y los derechos quebrantados, y que, de haber sido posible, haya invocado
dichos argumentos en el proceso judicial; y, (vii) que no se trate de sentencias proferidas
en sede de tutela o por el Consejo de Estado cuando se resuelve una demanda de nulidad
por inconstitucionalidad”9. [Destaca la Sala].

27. Asimismo, en la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta
Corporación, en relación con la relevancia constitucional, señaló que el cumplimiento de
este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades concatenadas: i)
preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios, impidiendo que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii) restringir el amparo
a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos fundamentales, evitando
que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se convierta en una instancia o recurso
adicional frente a decisiones judiciales ejecutoriadas.

28. De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de índole
constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de un
derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos legales
de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma

9 Sentencia T-310 de 2025.

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procesal10”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se acredite de
manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos fundamentales.

29. En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se
había planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora “busca
una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos con la
intención de revivir los términos procesales”.

30. En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña
una exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con
invocar, en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le
asiste la carga de explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada
comporta una restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado
por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la
que se dispuso que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales11”,
enfatizando en que corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene tal
entidad, so pena de rechazo o improcedencia.

31. En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento
más exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte Constitucional
fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se presume por la sola
invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de un derecho
fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema jurídico de
naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se pretenden atribuir
a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre el por qué estos
desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración concreta de un
derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del requisito “más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada” de tales derechos:

“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.”.12

10 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,

sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
12 Ídem.

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32. En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o simples
desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela
no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de la
decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios
legalmente concluidos.

33. Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019,
determinó que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de las
decisiones de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta diáfano
que la intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único fin de
cuestionar la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente por
encontrarse en desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho
mecanismo carece de una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.

34. El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo
del actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con
miras a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura,
específicamente, con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la
consecuencia lógica es que es que el amparo así deprecado se torna a todas luces
improcedente pues en esa hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no
compromete directamente mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente
a los jueces ordinarios, quienes fueron investidos por el legislador de precisas facultades
para ello.

35. El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces
ordinarios, de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten
una genuina y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos
fundamentales, en orden a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte,
so pena de vaciar de contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del
juez de tutela no puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las
providencias proferidas por los jueces naturales en su ejercicio de tal y cualquier intento
dirigido a reemplazar o arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser
contenido.

36. A partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de
2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción de tutela
reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela debe
trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación, aplicación
o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia no puede
limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de proyección
constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación grave,
concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una decisión
judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una pretensión
dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y resueltas en el
proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción competente.

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37. En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio
que condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara y
específica, que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación
razonable y comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.

38. En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga
al juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende
emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones probatorias
jurídicas o hermeneúticas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o
privados; únicamente cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de
los defectos alegados en el caso concreto.

L. El análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto

39. La Sala advierte que los cuestionamientos formulados por el accionante carecen de
relevancia constitucional, en tanto no evidencian la existencia de un problema
iusfundamental autónomo, sino que se limitan a reiterar las mismas inconformidades
planteadas y resueltas en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del
derecho, así como en el recurso extraordinario de revisión.

40. En efecto, el argumento cardinal de la demanda de tutela -relativo a la supuesta
obligación de actualizar plenamente los salarios y la asignación de retiro con
fundamento en la sentencia C-931 de 2004- fue objeto de análisis expreso por los jueces
naturales, quienes se pronunciaron de fondo sobre su alcance y aplicabilidad.

41. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca identificó con claridad el problema
jurídico propuesto por el demandante, consistente en determinar si procedía “el reajuste
de la asignación en actividad […] teniendo en cuenta la actualización producto de la
inflación causada desde 1992 hasta 2004”, lo cual implicaba incluso la aplicación de la
excepción de inconstitucionalidad frente a los decretos salariales.

42. No obstante, tras un análisis normativo y jurisprudencial detallado, concluyó que el
derecho invocado no tenía vocación de prosperidad, al precisar que “no era válido
entender la sentencia C-931 de 2004 como una orden que obligaba a la actualización
de todos los salarios de servidores públicos”, y que el derecho a mantener el poder
adquisitivo “no era un derecho absoluto”, pues podía ser limitado conforme a criterios
de política económica y proporcionalidad.

43. En esa misma línea, la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, al
resolver el recurso de apelación, abordó nuevamente los argumentos del actor y reiteró
que el marco normativo aplicable excluía la pretensión de reliquidación con base en el
Índice de Precios al Consumidor, al precisar que dicho mecanismo “solo estuvo vigente
hasta el 31 de diciembre de 2004” y que, con posterioridad, el sistema de reajuste
retornó al principio de oscilación. Con fundamento en ello, concluyó que, dado que la
asignación de retiro del demandante fue reconocida en el año 2011, “no es posible que
este derecho pensional sea reajustado a partir del IPC”, con lo cual descartó de manera
expresa la tesis central de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

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44. Por último, la Sala Especial de Decisión No. 6 del Consejo de Estado, al resolver el
recurso extraordinario de revisión, también se pronunció sobre los planteamientos del
actor, quien invocó la causal prevista en el numeral 813 del artículo 250 del CPACA; sin
embargo, lo hizo de manera desacertada, al pretender sustentarla en la sentencia C-
931 de 2004 y en una certificación del DANE, pese a que dicha causal se refiere a la
existencia de una providencia anterior que constituya cosa juzgada entre las partes y
resulte incompatible con la decisión cuestionada.

45. Por lo anterior, la Sala Especial de Decisión núm. 6 del Consejo de Estado descartó
la configuración de la causal alegada y, en consecuencia, negó la prosperidad del
recurso extraordinario de revisión.

46. En ese contexto, se evidencia que las autoridades judiciales accionadas analizaron
los argumentos del señor Cabezas Huila de manera expresa, razonada y conforme con
el marco jurídico aplicable, aunque hayan arribado a conclusiones desfavorables a sus
intereses. De modo tal que la inconformidad del actor no se dirige, en realidad, a
cuestionar una vulneración concreta de derechos fundamentales, sino a debatir la
interpretación jurídica adoptada por los jueces naturales, con el propósito de obtener
una decisión favorable a sus intereses, lo cual resulta está proscrito en el escenario de
la acción de tutela contra providencia judicial.

47. Bajo estas condiciones, la Sala concluye que la presente acción de tutela pretende
reabrir un debate de naturaleza eminentemente legal, ya definido en las instancias
ordinarias y extraordinarias previstas por el ordenamiento, lo cual desborda la finalidad
del amparo constitucional y desconoce su carácter subsidiario y excepcional.

48. Al no acreditarse un problema de relevancia constitucional, sino una simple
discrepancia interpretativa, se impone declarar la improcedencia de la acción.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLÁRASE la improcedencia de la acción de tutela, por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.

13
Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, son causales de revisión:
[…].
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del
proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo
proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00585-00
Accionante: William Eloy Cabezas Huila
Decisión: se declara improcedente el amparo constitucional

TERCERO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada ENVÍESE el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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