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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07637-00

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07637-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLÁRASE la improcedencia de la acción de tutela, por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07637-00

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

5 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07637-00
Accionante: Cooperativa de Transportadores Nacionales de Pamplona
“COTRANAL LTDA”
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala procede a resolver, en primera instancia, sobre la demanda en ejercicio de la
acción de tutela presentada por la Cooperativa de Transportadores Nacionales de
Pamplona “COTRANAL LTDA” -en adelante COTRANAL- contra el auto proferido el 13
de noviembre de 2025 (notificado el 18 de noviembre) por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander en el medio de control de nulidad restablecimiento del derecho,
radicado con el núm. 54518333300120240016300.

SÍNTESIS1

La sociedad accionante, por apoderado, cuestiona la providencia del 13 de noviembre
de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante la
cual se confirmó la decisión del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Pamplona que declaró la caducidad de la demanda presentada en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovida en contra del Acto
Administrativo núm. 413 del 5 de septiembre de 2023, expedido por el municipio de
Pamplona (Norte de Santander). Dicho acto otorgó a la empresa Santurban SAS
“permiso para la prestación del servicio público de transporte terrestres automotor
colectivo municipal de pasajeros [de esa localidad] conforme a la normatividad vigente,
según el concurso público LP – AP – 002 de 2023 […]”. La Sala declara improcedente
el amparo constitucional por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 1° de diciembre de 20252, COTRANAL presentó una demanda en ejercicio de la
acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la
igualdad y al debido proceso. Considera que dichas garantías constitucionales han sido
vulneradas por el auto proferido el 13 de noviembre de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, mediante el cual confirmó la decisión del Juzgado

1 Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del derecho / auto que declara la

caducidad del medio de control / Improcedencia / falta de relevancia / ausencia de carga argumentativa mínima.
2 SAMAI, índice 00001.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07637-00
Accionante: Cooperativa de Transportadores Nacionales de Pamplona “COTRANAL LTDA”
Decisión: declárase la improcedencia de la acción de tutela

Primero Administrativo del Circuito de Pamplona, que rechazó, por caducidad, la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho impetrada contra el acto
administrativo núm. 413 del 5 de septiembre de 2023, expedido por el municipio de
Pamplona (Norte de Santander).

2. Como pretensiones, el accionante formuló las siguientes (se transcriben):

“Con fundamento en el art. 86 de la Carta Magna vigente y el Art. 10 del Decreto 2591/91,
presento ante Ustedes la siguiente petición de TUTELA; en protección de los Derechos
Fundamental consagrados en los artículos 13 de IGUALDAD DE ACCESO A UNA
CLARA Y DEBIDA APLICACIÓN DE JUSTICIA ; y 29 DEBIDO PROCESO; conculcados
por la ACCION Y OMISION de los HONORABLES MAGISTRADOS SALA DE DECISIÓN
DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO NORTE DE SANTANDER BERNARDINO
CARRERO ROJAS, DIGNA MARÍA GUERRA PICÓN Y ROBIEL AMED VARGAS
GONZALEZ, al CONFIRMAR la providencia proferida el dieciocho (18) de noviembre de
dos mil veinticuatro (2024) por el cual Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Pamplona, mediante la cual se declaró la caducidad en el presente medio de control,
SIN ESTARLO; al no tener en cuenta la suspensión de términos dentro del proceso del
radicado 54-518-33 33-001-2024-00163-1; para que se dignen en forma inmediata,
dentro del término de 48 horas siguientes después de la notificación del fallo que Tutele
los derechos invocados; procedan a revocar el auto de primera instancia que declaró la
caducidad en el presente medio de control, SIN ESTARLO; y en su lugar se ordene la
admisión de la demanda del medio de control invocado”.

B. HECHOS

3. El 18 de diciembre de 2023, COTRANAL, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 1383 de la Ley 1437 de
20114, solicitó la anulación del Acto Administrativo núm. 413 del 5 de septiembre de
2023 “Por medio de la cual se otorga [a la Empresa SANTURBAN S.A.S5] permiso para
la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor colectivo municipal
de pasajeros en el municipio de Pamplona – Norte de Santander, conforme a la
normatividad vigente, según el concurso público LP- AP – 002 DE 2023 y se dictan otras
disposiciones”.

4. El conocimiento de la demanda le correspondió, por reparto, al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Pamplona y le fue asignado el radicado núm.
54515333300120240000300.

5. El 5 de febrero de 2024, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pamplona
inadmitió la demanda, porque i) no se indicó de manera razonada la cuantía; ii) los

3 ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea
lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad
del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar
que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo
del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del
derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho
particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los
cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento
del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.
4 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
5 Identificada con Nit. 900.559.825-4.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07637-00
Accionante: Cooperativa de Transportadores Nacionales de Pamplona “COTRANAL LTDA”
Decisión: declárase la improcedencia de la acción de tutela

hechos no fueron expuestos con claridad ni se individualizaron adecuadamente las
acciones u omisiones atribuibles a la entidad demandada; iii) las pruebas testimoniales
fueron solicitadas sin concretar los hechos objeto de prueba, limitándose a mencionar
los nombres de los testigos; y iv) no se acreditó el cumplimiento del requisito de
procedibilidad de la conciliación prejudicial, exigido por el artículo 161 del CPACA, el
artículo 23 de la Ley 640 de 20016 y el Decreto 1716 de 20097.

6. El 19 de febrero de 2024, COTRANAL presentó memorial dirigido a subsanar la
demanda. Sin embargo, el 4 de marzo siguiente, el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Pamplona rechazó la demanda poque no se subsanó oportunamente el
defecto relativo al requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial, exigido para
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Expuso el juzgado que,
mediante escrito del 19 de febrero de 2024, COTRANAL se limitó a informar que la
solicitud de conciliación había sido radicada con posterioridad a la presentación de la
demanda y que la audiencia se encontraba programada para una fecha futura, sin
allegar el acta de conciliación fallida ni la constancia expedida por el Ministerio Público
que demostrara el agotamiento del requisito antes de acudir a la jurisdicción.

7. El 13 de marzo de 2024, COTRANAL interpuso recurso de apelación contra la
decisión de rechazo proferida por el Juzgado, el cual sustentó con la constancia del acta
de conciliación extrajudicial fallida celebrada el 12 de marzo de 2024, expedida por el
Procurador 23 Judicial II para la Conciliación Administrativa de Cúcuta, en la que se dejó
constancia de que la entidad convocada manifestó que los hechos objeto del litigio no
eran susceptibles de conciliación.

8. El 12 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander confirmó el
auto del 4 de marzo de 2024, mediante el cual el Juzgado Primero del Circuito de
Pamplona rechazó la demanda impetrada por COTRANAL, debido a que la solicitud de
conciliación que se requiere para agotar el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho como requisito de procedibilidad fue radicada con
posterioridad a la presentación de la demanda.

9. El 7 de octubre de 2024, COTRANAL presentó una nueva demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Acto Administrativo núm. 413 del 5 de septiembre
de 2023, la cual, por reparto, también le correspondió al Juzgado Primero Administrativo
del Circuito de Pamplona y fue radicada con el núm. 54518333300120240016300.

10. El 18 de noviembre de 2024, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Pamplona rechazó por caducidad la demanda8 interpuesta por COTRANAL, al
considerar que el término máximo para presentarla era el 5 de enero de 2024. Al
respecto, agregó que “si bien con la presentación de la demanda inicial, se suspendió
el término de caducidad, con el rechazo de ésta, se entiende como si nunca se hubiera
presentado y, por lo tanto, como si no se hubiese producido la suspensión de dicho
término. En consecuencia, el hecho de que se instaurara este nuevo medio de control,
no implica que se reviva el término de caducidad, máxime, cuando el acto administrativo

6 “Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones”.
7 “Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y

del Capítulo V de la Ley 640 de 2001”.
8 Radicado núm. 54518333300120240016300.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07637-00
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Decisión: declárase la improcedencia de la acción de tutela

objeto de estudio es el mismo que fue objeto de rechazo”.

11. El 25 de noviembre de 2024, COTRANAL apeló la decisión proferida por el Juzgado.
Indicó que se incurrió en un error en la contabilización del término de caducidad, al
desconocer que dicho término se encontraba suspendido como consecuencia de la
presentación oportuna de la demanda inicial de nulidad y restablecimiento del derecho,
radicada el 18 de diciembre de 20239.

12. El 13 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
confirmó la caducidad declarada por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Pamplona, con fundamento en que el término de caducidad del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho es único e improrrogable y que la presentación
de una demanda anterior rechazada no tiene efectos suspensivos ni “implica que se
reviva el término de caducidad”.

C. Fundamentos de la vulneración

13. La sociedad accionante considera que la decisión del Tribunal Administrativo de
Norte de Santander transgrede sus derechos fundamentales a la igualdad y debido
proceso, toda vez que declaró, “SIN ESTARLO”, la caducidad del medio de control de
nulidad y restablecimiento ejercido en contra del Acto Administrativo núm. 413 del 5 de
septiembre de 2023.

14. Agregó que el término de caducidad del medio de control interpuesto el 7 de octubre
de 2024 se encontraba suspendido desde la presentación de la demanda inicial el 18
de diciembre de 2023 así como también durante todo el trámite judicial subsiguiente,
motivo por el cual no era procedente declarar la caducidad, dado que el segundo medio
de control impetrado contra el Acto Administrativo núm. 413 del 5 de septiembre de 2023
fue presentado dentro del término legal.

15. Frente a la procedencia del amparo constitucional, la sociedad accionante manifestó
que “[e]sta acción es procedente por cuanto es la única forma de proteger
inmediatamente los Derechos Fundamentales de los artículos 13 IGUALDAD y 29
DEBIDO PROCESO consagrados en la C.N.; que viene siendo conculcado por la acción
y omisión de los funcionarios de la Institución accionada”.

D. Trámite procesal

16. Por auto del 3 de diciembre de 202510, el magistrado ponente admitió la demanda de
tutela y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Norte de Santander y, en calidad de
terceros con interés, al municipio de Pamplona y al Juzgado Primero Administrativo de
Pamplona. Este último fue requerido para que remitiera copia digital de los expedientes
de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho.

17. El 10 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
contestó la demanda de acción de tutela interpuesta por COTRANAL.

9 A la que le correspondió el radicado núm. 54515333300120240000300.
10 Índice 004 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07637-00
Accionante: Cooperativa de Transportadores Nacionales de Pamplona “COTRANAL LTDA”
Decisión: declárase la improcedencia de la acción de tutela

E. Oposiciones e intervenciones

18. En escrito del 10 de diciembre de 202511, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander sostuvo que no vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la parte
accionante, por cuanto las decisiones adoptadas dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho radicado 54-518-33-33-001-2024-00163-01 se profirieron
con estricto apego a la normatividad vigente y al principio de legalidad; señaló que el
término de caducidad constituye un plazo único que opera directamente frente al acto
administrativo demandado, de modo que la presentación de una demanda anterior que
culminó con auto de rechazo no suspende ni revive dicho término.

Los demás sujetos vinculados guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES
H. Competencia

19. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el Acuerdo 80 de 2019 de
esta Corporación.

I. Sentido de la decisión

La Sala declarará la improcedencia de la demanda de acción de tutela formulada por
20.
COTRANAL, por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

J. Finalidad de la acción de tutela

21. Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones estas que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante
un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz, los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad o de un particular.

22. Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar
los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir con ella términos
precluidos o acciones caducadas.

23. De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos constitucionales
fundamentales del demandante.

11 Archivo 017RECIBEPRUEBAS del expediente digital SAMAI.

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Decisión: declárase la improcedencia de la acción de tutela

K. La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias
judiciales12

24. Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.

25. En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no
todos los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la
competencia de los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional
como la seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.

26. Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de
la Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de
requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a
preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales se
la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una genuina,
verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.

27.En esa línea, la Corte Constitucional, en reciente decisión, fue enfática al sostener
que la acción de tutela:

“solo procede contra providencias judiciales en casos excepcionales, cuando se acrediten
los siguientes requisitos: (i) que exista legitimación en la causa por activa y por
pasiva; (ii) que el asunto sometido a conocimiento del juez tenga relevancia
constitucional; (iii) que el actor haya agotado antes de acudir a la acción de tutela los recursos
ordinarios y extraordinarios previstos por el legislador para la defensa de sus derechos, sin
perjuicio de que la intervención del juez constitucional se solicite con la pretensión de evitar
la consumación de un perjuicio irremediable, es decir, que se haya acreditado el requisito de
subsidiariedad; (iv) que se satisfaga el requisito de inmediatez, en términos de razonabilidad
y proporcionalidad; (v) que cuando se invoca una irregularidad procesal, ésta tenga
incidencia definitiva o determinante en la decisión judicial que se cuestiona; (vi) la
identificación razonable, por la persona interesada, de los hechos que generan la
lesión y los derechos quebrantados, y que, de haber sido posible, haya invocado
dichos argumentos en el proceso judicial; y, (vii) que no se trate de sentencias proferidas
en sede de tutela o por el Consejo de Estado cuando se resuelve una demanda de nulidad
por inconstitucionalidad”13. [Destaca la Sala].

28. Asimismo, en la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta
Corporación, en relación con la relevancia constitucional, señaló que el cumplimiento de
este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades concatenadas: i)
preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios, impidiendo que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii) restringir el amparo
a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos fundamentales, evitando
que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras

12 Consejo de Estado, Sentencia del 21 de enero de 2026, radicado 11001-03-15-000-2025-07772-00, M.P.

Fredy Ibarra Martínez.
13 Sentencia T-310 de 2025.

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jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se convierta en una instancia o recurso
adicional frente a decisiones judiciales ejecutoriadas.

29. De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de índole
constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de un
derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos legales
de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma
procesal14”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se acredite de
manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos fundamentales.

30. En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se
había planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora “busca
una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos con la
intención de revivir los términos procesales”.

31. En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña
una exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con
invocar, en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le
asiste la carga de explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada
comporta una restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado
por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la
que se dispuso que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales15”,
enfatizando en que corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene tal
entidad, so pena de rechazo o improcedencia.

32. En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento
más exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte Constitucional
fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se presume por la sola
invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de un derecho
fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema jurídico de
naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se pretenden atribuir
a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre el por qué estos
desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración concreta de un
derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del requisito “más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada” de tales derechos:

14 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,

sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.”.16

33. En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o simples
desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela
no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de la
decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios
legalmente concluidos.

34. Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019,
determinó que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de las
decisiones de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta diáfano
que la intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único fin de
cuestionar la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente por
encontrarse en desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho
mecanismo carece de una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.

35. El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo
del actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con
miras a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura,
específicamente, con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la
consecuencia lógica es que es que el amparo así deprecado se torna a todas luces
improcedente pues en esa hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no
compromete directamente mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente
a los jueces ordinarios, quienes fueron investidos por el legislador de precisas facultades
para ello.

36. El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces
ordinarios, de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten
una genuina y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos
fundamentales, en orden a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte,
so pena de vaciar de contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del
juez de tutela no puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las
providencias proferidas por los jueces naturales en su ejercicio de tal y cualquier intento
dirigido a reemplazar o arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser
contenido.

37.A partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de
2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción de tutela

16 Ídem.

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reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela debe
trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación, aplicación
o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia no puede
limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de proyección
constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación grave,
concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una decisión
judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una pretensión
dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y resueltas en el
proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción competente.

38. En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio
que condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara y
específica, que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación
razonable y comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.

39. En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga
al juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende
emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones probatorias
jurídicas o hermeneúticas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o
privados; únicamente cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de
los defectos alegados en el caso concreto.

L. El análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto

40. La Sala considera que la demanda de tutela carece de relevancia constitucional, en
tanto que no contiene argumentos suficientes ni contundentes, a partir de los cuales
pueda inferirse que la providencia emitida por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander cuestionada involucre un problema que trascienda el ámbito estrictamente
legal o procesal. Tampoco se puso de presente una afectación concreta de derechos
fundamentales que justifique la intervención del juez constitucional.

41. En efecto, en el escrito de tutela no se identifican los defectos específicos en los
que presuntamente habría incurrido el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
El accionante no señala, siquiera de manera somera, la configuración de alguno de los
defectos orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico o de cualquier otra naturaleza
reconocida por la jurisprudencia constitucional.

42. Tampoco se desarrolla una argumentación clara, suficiente y fundada que permita
inferir la existencia de una lesión concreta a derechos fundamentales derivada de la
decisión judicial cuestionada. Esta Corporación, en consonancia con la jurisprudencia
de la Corte Constitucional17, de vieja data ha establecido la acción de tutela se rige por
el principio de informalidad18, sin embargo, ello no exonera al accionante de exponer las
razones por las cuales considera vulnerados sus derechos, ni de explicar cómo la
providencia atacada produjo dicha afectación.

17 Sentencia C-522/23.
18 Consejo de Estado, Sección Primera, CP Hernando Sánchez Sánchez, Sentencia del 27 de septiembre

de 2018, radicación núm. 11001-03-15-000-2018-02531-00.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07637-00
Accionante: Cooperativa de Transportadores Nacionales de Pamplona “COTRANAL LTDA”
Decisión: declárase la improcedencia de la acción de tutela

43. Como se indicó en precedencia, la parte accionante, en su escrito de tutela, se limitó
a afirmar, de manera genérica, que la decisión del Tribunal Administrativo de Norte de
Santander vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso por
haber declarado la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho ejercido contra el Acto Administrativo núm. 413 del 5 de septiembre de 2023,
bajo la simple aseveración de que ese fenómeno procesal no se encontraba
configurado, y a reiterar que el término correspondiente al medio de control presentado
el 7 de octubre de 2024 permanecía suspendido desde la presentación de la demanda
inicial el 18 de diciembre de 2023.

44. Empero, no expuso argumentos de raigambre constitucional autónomos ni
desarrolló una explicación mínima y razonada que permitiera inferir de qué manera la
providencia judicial cuestionada produjo una lesión concreta y actual de los derechos
fundamentales invocados.

45. Así las cosas, es claro que la demanda carece en lo absoluto de una carga mínima
argumentativa, a partir de la cual sea posible advertir, siquiera de manera preliminar,
una vulneración de derechos fundamentales que amerite un análisis de fondo en sede
de tutela. La ausencia total de identificación de hechos relevantes, derechos
presuntamente lesionados y razones de la vulneración impide al juez constitucional
ejercer un control material sobre la decisión judicial cuestionada, lo que conduce a la
improcedencia del amparo, conforme a la jurisprudencia reiterada y explicada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLÁRASE la improcedencia de la acción de tutela, por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada ENVÍESE el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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