Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-05734-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-05734-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-05734-01
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
28 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05734-01
Accionante: Universidad Popular del Cesar
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
El presente asunto le correspondió por reparto al consejero de Estado Alberto Montaña
Plata, quien sometió a consideración de la Sala, en sesión del 9 de diciembre de 2025,
proyecto de fallo mediante el cual propuso confirmar la sentencia del 16 de octubre de
2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que amparó los derechos
fundamentales de la accionante. No obstante, dicho proyecto no obtuvo la mayoría
requerida para su aprobación, razón por la cual fue derrotado en Sala. En consecuencia,
el expediente pasó al despacho del consejero de Estado Diego Enrique Franco Victoria,
quien asumió la ponencia y, en tal calidad, se decide la impugnación interpuesta por la
señora Maylen Cristina Morón Torres, en su condición de tercero interesado, contra la
referida sentencia.
SÍNTESIS1
La accionante cuestiona la sentencia del 19 de junio de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda
formulada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Universidad Popular del Cesar. La Sala revoca la decisión de primera instancia
que concedió el amparo constitucional y, en su lugar, declara improcedente la acción de
tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, al advertir que los
reproches formulados se limitan a reiterar inconformidades frente a la interpretación
normativa y la valoración probatoria realizadas por el juez natural, con el propósito de
reabrir un debate propio del proceso ordinario.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 12 de septiembre de 2025, la Universidad Popular del Cesar, por conducto de
apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Cesar. Sostuvo la institución universitaria que la sentencia del 19 de junio de 2025,
proferida por dicho órgano judicial dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado núm. 20001-33-33-001-2021-00158-01, mediante la cual se
1 Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del derecho / Desvinculación de
empleado / Defectos sustantivo y fáctico / Se revoca primera instancia / Improcedencia /
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05734-01
Accionante: Universidad Popular del Cesar
Se revoca la decisión de primera instancia
Decisión: se declara la improcedencia por falta de relevancia
revocó la decisión del Juzgado Primero Administrativo de Valledupar -que negó las
pretensiones de la demanda- y, en su lugar, accedió a las mismas, vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
2. El accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:
“1. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración
de justicia de la Universidad Popular del Cesar, que se estiman vulnerados por la
sentencia de segunda instancia de 19 de junio de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar dentro del proceso No. 20-001-33-33-001-2021-00158-01.
2. Dejar sin efectos la sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar del 19 de junio de
2025 (segunda instancia), por haberse proferido con violación de derechos
fundamentales. En consecuencia, se pide restablecer la situación jurídica vulnerada, lo
que implica que permanezca ejecutoriada la sentencia de primera instancia del 31 de
octubre de 2022 dictada por el Juzgado Primero Administrativo de Valledupar, mediante
la cual se negaron las pretensiones de la demanda instaurada por Maylen Cristina Morón
Torres.
3. Ordenar al Tribunal Administrativo del Cesar (autoridad judicial accionada) que, en
caso de considerarlo procedente la Sala, dicte una nueva sentencia de segunda instancia
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho mencionado, ajustándose a
los lineamientos que fije el fallo de tutela en cuanto al respeto del precedente y corrección
de los defectos identificados. En subsidio de lo anterior, que sea el propio Consejo de
Estado quien emita la decisión de reemplazo, dada la claridad de la situación fáctica y
jurídica, confirmando la legalidad del acto administrativo demandado.
4. Disponer las demás medidas de cumplimiento y garantías necesarias para hacer
efectivo el amparo que se conceda, de conformidad con los artículos 23 y 27 del Decreto
2591 de 1991. En particular, se solicita, si lo considera necesario, notificar esta decisión
a la actora original, señora Maylen Cristina Morón Torres (tercera interesada en el
resultado de la tutela), así como a la actual ocupante del cargo (Karen Hernández Ortiz),
para los fines legales pertinentes.
5.Dar cumplimiento a lo resuelto, en caso de concederse el amparo, dentro de los
términos estipulados en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, so pena de desacato.”
B. Hechos
3. Maylen Cristina Morón Torres fue nombrada, mediante Resolución No. 46 de 17 de
enero de 2020, en el cargo administrativo de Jefe de la Oficina de Relaciones Públicas
e Internacionales, código 1045 grado 07 de la Universidad Popular del Cesar. Tomó
posesión del cargo el 20 de enero de 2020. Según el Manual de Funciones de la
Universidad, dicho empleo es directivo y está clasificado como un empleo de libre
nombramiento y remoción.
4. El artículo 1, literal m) del Acuerdo 23 de 2014 del Consejo Superior Universitario
señaló que “El Rector podrá, previa justificación ante el Consejo Superior Universitario,
nombrar y remover a los empleados de las áreas académicas y administrativas, de
conformidad con la ley y los reglamentos de la Universidad Popular del Cesar”.
5. Con base en la referida disposición, el entonces rector de la Universidad Popular
del Cesar, José Rafael Sierra Lafaurie, mediante comunicación de 9 de diciembre de
2020, le informó al Consejo Superior Universitario lo siguiente: “me permito justificar una
medida a adoptar, relacionada con algunos movimientos o cambios de Jefes de Oficinas
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05734-01
Accionante: Universidad Popular del Cesar
Se revoca la decisión de primera instancia
Decisión: se declara la improcedencia por falta de relevancia
Asesoras adscritas a la Rectoría de la Universidad Popular del Cesar, que tiene como
objeto rodear mi administración con personal idóneo y de manejo y confianza tal como
lo permite la Ley”.
6. Mediante la Resolución núm. 2151 de 18 de diciembre de 2020, el rector declaró
insubsistente el nombramiento de la señora Maylen Morón Torres como Jefe de la
Oficina de Relaciones Públicas e Internacionales, toda vez que se trataba de un cargo
de libre nombramiento y remoción. El acto administrativo no incluyó motivación.
7. En 2021, la señora Morón Torres, por medio de apoderado, presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Universidad Popular del Cesar (Proceso
núm. 2021-00158-01), mediante la cual pidió declarar la nulidad de la Resolución núm.
2151 de 2020. Específicamente alegó que la Universidad omitió un “paso previo y
necesario” al no “justificar” suficientemente ante el Consejo Superior Universitario la
decisión de desvincularla. Como restablecimiento, solicitó su reintegro al cargo (o a uno
equivalente) y el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir, entre otras
pretensiones.
8. Mediante sentencia del 31 de octubre de 2022, el Juzgado Primero Administrativo
de Valledupar negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el cargo ocupado
por la demandante era de libre nombramiento y remoción, conforme al parágrafo 2 del
artículo 41 de la Ley 909 de 2004, lo que habilitaba su desvinculación mediante acto
discrecional y no motivado. Asimismo, interpretó que la exigencia de “previa
justificación” prevista en el literal m) del artículo 1 del Acuerdo 23 de 2014 del Consejo
Superior de la UPC se satisfacía con la comunicación dirigida a dicho órgano el 9 de
diciembre de 2020. Finalmente, concluyó que no se probó desviación de poder, por lo
que la declaratoria de insubsistencia se encontraba amparada por la presunción de
legalidad.
9. Inconforme con la decisión, la demandante la apeló. El Tribunal Administrativo de
Cesar, mediante Sentencia de 19 de junio de 2025, revocó el fallo de primera instancia
y accedió a las pretensiones de la demanda. Reconoció que el cargo era de libre
nombramiento y remoción, pero resaltó la autonomía universitaria consagrada en la Ley
30 de 1992. Agregó que, por ello, la aplicación de la Ley 909 de 2004 en las
universidades públicas era residual cuando existían estatutos propios. Bajo esa
premisa, le dio plena validez y obligatoriedad al Acuerdo 23 de 2014 del Consejo
Superior de la UPC, particularmente a la exigencia de “previa justificación” ante el
Consejo Superior para adelantar la desvinculación de un empleado.
10. Con base en lo anterior, concluyó que no se realizó una justificación en debida
forma2 y, en esa medida, se configuraba un vicio procedimental sustancial.
C. Fundamentos de la vulneración
11. La Universidad Popular del Cesar considera que la sentencia del Tribunal
2
Se agregó que el tribunal señaló: “que el Rector debió proporcionar fundamentos objetivos, concretos y puntuales que explicaran
por qué la señora Morón (y los demás jefes removidos) no eran idóneos o carecían de su confianza a juicio del nominador. Al no
haberse expuesto tales motivos específicos en la comunicación previa, el Tribunal calificó la actuación como viciada por “expedición
irregular” –esto es, por incumplir un procedimiento sustancial exigido por el ordenamiento interno de la Universidad– y, por ende,
declaró la nulidad del acto de insubsistencia. En consecuencia, ordenó el reintegro inmediato de la demandante al cargo que ocupaba
(u otro equivalente), sin solución de continuidad y con el pago de todos los salarios y prestaciones dejados de percibir.”
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05734-01
Accionante: Universidad Popular del Cesar
Se revoca la decisión de primera instancia
Decisión: se declara la improcedencia por falta de relevancia
Administrativo del Cesar incurrió en los defectos sustantivo y fáctico.
12. Sobre el defecto sustantivo, alega que el Tribunal realizó una interpretación errónea
y desproporcionada del Acuerdo 23 de 2014, al exigir al rector demostrar con razones
“convincentes” la pérdida de confianza o falta de idoneidad de la funcionaria. Agrega
que esta exigencia desconocía la naturaleza del libre nombramiento y remoción,
regulada por el parágrafo 2 del artículo 41 de la Ley 909 de 2004, según la cual estos
actos no requieren motivación y se sustentan en la confianza del nominador.
13. También indica que El Tribunal convirtió la “previa justificación” (que no implica
aprobación previa ni motivación) en un requisito material esencial, de tal suerte que
desconoció la autonomía de la administración y el carácter discrecional y de confianza
del cargo de libre nombramiento y remoción.
14. Finalmente, califica como irregular la comunicación de 9 de diciembre de 2020 sin
demostrar un vicio real, con desconocimiento de la jurisprudencia que establece que la
estabilidad en estos cargos es precaria y subordinada a la confianza. Agregó que el
tribunal estudió de manera errada la existencia de un vicio consistente en una
justificación insuficiente.
15. Sobre el defecto fáctico, en síntesis, señala que el Tribunal Administrativo de Cesar
anuló el acto administrativo únicamente a partir de una supuesta falta de justificación
por parte del rector sin tener en cuenta que no existían pruebas que demostraran
desviación de poder u otras arbitrariedades.
D. Trámite procesal
16. Por auto del 17 de septiembre de 20253, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
admitió la demanda de tutela y ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Cesar, al
Juzgado Primero Administrativo del Cesar, a la señora Mailen Cristina Morón Torres y a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Además, ordenó requerir al referido
juzgado para que remitiera copia digital del expediente del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
17.El 16 de octubre de 2025 (notificada al día siguiente), la Sección Cuarta del Consejo
de Estado. profirió sentencia de primera instancia en el presente asunto, en la que
concedió el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia de la Universidad Popular del Cesar.
1. El 24 de octubre de 2025, la señora Mailen Cristina Morón Torres, mediante
apoderado, impugnó la sentencia proferida por la Sección Cuarta del de Estado y el 30
de octubre siguiente se concedió la impugnación.
2. El presente asunto le correspondió por reparto al doctor Alberto Montaña Plata, quien
presentó a consideración de la Sala, en sesión del 9 de diciembre de 2025, proyecto de
fallo en el que propuso adoptar la siguiente decisión:
3 Índice 12 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai
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Accionante: Universidad Popular del Cesar
Se revoca la decisión de primera instancia
Decisión: se declara la improcedencia por falta de relevancia
“CONFIRMAR la Sentencia de 16 de octubre de 2025, proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado. […]. [Negrillas del texto original].
3.Sin embargo, dicho proyecto no obtuvo la mayoría requerida para su aprobación, razón
por la cual fue derrotado en Sala. En consecuencia, el expediente pasó a despacho del
doctor Diego Enrique Franco Victoria, quien asumió la ponencia para la elaboración de la
decisión que se adopta en esta providencia.
E. Oposiciones e intervenciones
18. El Tribunal Administrativo del Cesar indicó que “la sentencia cuestionada fue
debidamente justificada y se fundamentó en una interpretación armónica de las normas
aplicables a la situación litigiosa, esto es, la Ley 30 de 1996 regulatoria del servicio público
de Educación superior, específicamente, en relación al tema de la autonomía de la que
gozan [y] el Acuerdo No. 023 del 29 de julio de 2014, modificatorio del artículo 28 del
Acuerdo 001 de 1994 o Estatuto General de la Universidad Popular del Cesar.
19. Agregó que de la simple lectura del escrito que contiene la tutela se logra advertir que
la finalidad perseguida por la parte accionante no es otra que convertir esta acción
constitucional en una instancia más del proceso ordinario.
20. El Juzgado Primero Administrativo del Cesar remitió el expediente de la primera
instancia del proceso de nulidad y restablecimiento.
21. El apoderado de la señora Morón Torres manifestó que el Tribunal Administrativo del
Cesar adoptó una decisión acertada al fundamentarla en una interpretación armónica del
artículo 69 de la Constitución, la Ley 30 de 1992 y los estatutos internos de la Universidad
Popular del Cesar, reconociendo que, en virtud de la autonomía universitaria, las
universidades públicas pueden autoimponerse procedimientos obligatorios para la
gestión de su personal. En ese marco, concluyó que la exigencia de “previa justificación”
prevista en el Acuerdo 023 de 2014 no constituía un simple deber informativo, sino un
paso procedimental esencial para la válida formación del acto administrativo de retiro,
cuyo incumplimiento configuró un vicio sustancial que afectó el debido proceso
administrativo.
22. Asimismo, la providencia fue razonada al valorar el material probatorio y determinar
que la comunicación remitida por el rector el 9 de diciembre de 2020 no satisfacía el
estándar estatutario de justificación, por tratarse de una manifestación genérica carente
de razones concretas respecto de la situación de la funcionaria desvinculada.
F. Decisión impugnada
23. Mediante sentencia del 16 de octubre de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado concedió el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso
a la administración de justicia de la Universidad Popular del Cesar, así:
“1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia de la Universidad Popular del Cesar, acorde con las consideraciones expuestas.
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Decisión: se declara la improcedencia por falta de relevancia
2. Dejar sin efectos la sentencia del 19 de junio de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar, en consecuencia,
3. Ordenar al Tribunal Administrativo del Cesar que, dentro de los veinte (20) días siguientes
a la notificación de la presente providencia, se profiera decisión de remplazo, en la que se
tengan en cuenta las consideraciones hechas en el presente fallo de tutela en relación con
la interpretación del literal m) del artículo 4 del Acuerdo 023 de 2014. […]”
24. Consideró la Sección Cuarta que el Tribunal Administrativo del Cesar incurrió en
defectos sustantivo y fáctico. Para ello, partió de que no existía controversia sobre la
naturaleza del cargo desempeñado, el cual era de libre nombramiento y remoción, ni
sobre la existencia del oficio del 9 de diciembre de 2020 mediante el cual el rector
informó al Consejo Superior Universitario su intención de efectuar cambios en cargos
directivos. Asimismo, precisó que la Universidad Popular del Cesar es un ente
universitario autónomo que se rige por sus estatutos internos, particularmente por el
literal m) del artículo 4 del Acuerdo 023 de 2014, que exige una justificación previa ante
el Consejo Superior, sin establecer parámetros adicionales sobre su contenido o
suficiencia.
25. Y agregó que el Tribunal Administrativo del Cesar amplió el alcance del Acuerdo, al
exigir que la justificación previa contuviera razones concretas, objetivas y detalladas
sobre la falta de idoneidad o pérdida de confianza de la funcionaria, lo que en la práctica
supuso imponer un estándar de motivación no previsto en la norma estatutaria y propio
de cargos que no son de libre nombramiento y remoción. En ese sentido, consideró que
la valoración probatoria realizada desconoció el carácter discrecional del cargo y el
contenido literal de la exigencia de justificación, razón por la cual estimó configurados
los defectos alegados y dejó sin efectos la sentencia de segunda instancia, ordenando
la expedición de una decisión de reemplazo conforme a la interpretación fijada.
G. Impugnación
26. En escrito radicado el 24 de octubre de 20254, el apoderado de la señora Morón
Torres señaló que la Universidad Popular del Cesar estaba protegida por el principio de
autonomía universitaria previsto en la Ley 30 de 1992.
27. Agregó que el Acuerdo 1 de 1994 señaló que ese ente universitario se regía por
norma especial “es decir, su propio estatuto”. En esa medida, aseguró que no se debía
aplicar la Ley 909 de 2004 según la cual el retiro de empleados de libre nombramiento
y remoción puede ser discrecional, sino los Acuerdos universitarios pertinentes. Afirmó
que, según el Acuerdo 23 de 2014 de la Universidad Popular del Cesar, se debía
justificar el retiro y, en este caso, no se hizo, razón por la cual se debió anular el acto
administrativo como, en efecto, lo hizo el Tribunal Administrativo de Cesar.
28. Finalmente pidió “dejar incólume el fallo de segunda instancia” dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho. Posteriormente, esto es el 24 de noviembre
de 2025, allegó otro memorial en el que ampliaba su recurso que, sin embargo, no será
tenido en cuenta por resultar abiertamente extemporáneo.
4 Índice 22 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05734-01
Accionante: Universidad Popular del Cesar
Se revoca la decisión de primera instancia
Decisión: se declara la improcedencia por falta de relevancia
II. CONSIDERACIONES
H. Competencia
29. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el Acuerdo 80 de 2019 de
esta Corporación.
I. Sentido de la decisión
30. La Sala revocará la decisión de primera instancia que concedió el amparo y, en su
lugar, se declarará improcedente la demanda por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.
J. Finalidad de la acción de tutela
31. Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones estas que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante
un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz, los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
32. Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar
los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir con ella términos
precluidos o acciones caducadas.
33. De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos constitucionales
fundamentales del demandante.
K. La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias
judiciales5
34. Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.
35. En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no
todos los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la
competencia de los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional
como la seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.
5 Consejo de Estado, Sentencia del 21 de enero de 2026, radicado 11001-03-15-000-2025-07772-00, M.P.
Fredy Ibarra Martínez.
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Se revoca la decisión de primera instancia
Decisión: se declara la improcedencia por falta de relevancia
36. Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de
la Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de
requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a
preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales se
la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una genuina,
verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.
37. En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades
concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios,
impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)
restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos
fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se
convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales ejecutoriadas.
38. En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente6, la Corte ha reiterado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un
medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez
natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez constitucional
sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el ámbito de la
legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional que afecte
derechos fundamentales de las partes involucradas.
39. De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de índole
constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de un
derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos legales
de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma
procesal7”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se acredite de
manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos fundamentales.
40. En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se
había planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora “busca
una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos con la
intención de revivir los términos procesales”.
41. En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña
una exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con
invocar, en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste la
carga de explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada
6 Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.
7 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.
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Se revoca la decisión de primera instancia
Decisión: se declara la improcedencia por falta de relevancia
comporta una restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado
por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la
que se dispuso que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales 8”,
enfatizando en que corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene tal
entidad, so pena de rechazo o improcedencia.
42. En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento
más exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte Constitucional
fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se presume por la sola
invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de un derecho
fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema jurídico de
naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se pretenden atribuir
a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre el por qué estos
desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración concreta de un
derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del requisito “más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada” de tales derechos:
“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.”.9
43. En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o simples
desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela
no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de la
decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios
legalmente concluidos.
44. Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019,
determinó que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de las
decisiones de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta diáfano
que la intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único fin de
cuestionar la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente por
encontrarse en desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho
mecanismo carece de una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
9 Ídem.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05734-01
Accionante: Universidad Popular del Cesar
Se revoca la decisión de primera instancia
Decisión: se declara la improcedencia por falta de relevancia
45. El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo
del actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con
miras a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura,
específicamente, con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la
consecuencia lógica es que es que el amparo así deprecado se torna a todas luces
improcedente pues en esa hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no
compromete directamente mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente
a los jueces ordinarios, quienes fueron investidos por el legislador de precisas facultades
para ello.
46. El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces
ordinarios, de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten
una genuina y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos
fundamentales, en orden a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte,
so pena de vaciar de contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del
juez de tutela no puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las
providencias proferidas por los jueces naturales en su ejercicio de tal y cualquier intento
dirigido a reemplazar o arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser
contenido.
47. En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-
128 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción de
tutela reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela debe
trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación, aplicación
o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia no puede
limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de proyección
constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación grave,
concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una decisión
judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una pretensión
dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y resueltas en el
proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción competente.
48. En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio
que condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara y
específica, que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación
razonable y comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.
49. En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga
al juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende
emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones probatorias
jurídicas o hermeneúticas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o
privados; únicamente cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de
los defectos alegados en el caso concreto.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05734-01
Accionante: Universidad Popular del Cesar
Se revoca la decisión de primera instancia
Decisión: se declara la improcedencia por falta de relevancia
L. El análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto
50.La Sala considera que la acción de tutela no superó el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto, a partir del examen integral de la demanda, se desprende
que los reproches de la actora se dirigen, esencialmente, a controvertir la conclusión
adoptada por el Tribunal Administrativo del Cesar en la sentencia del 19 de junio de
2025.
51. Si bien la demandante invocó la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia, lo cierto es
que la sustentación de tales cargos no son más que la reiteración de su inconformidad
con la decisión judicial que accedió a las pretensiones de la señora Morón Torres.
52. En efecto, del examen integral de la demanda de tutela se advierte que la
inconformidad de la actora no se dirige a evidenciar una vulneración directa, grave y
desproporcionada de derechos fundamentales, sino a cuestionar la interpretación
normativa y la valoración probatoria efectuada por el Tribunal Administrativo del Cesar
al resolver el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. En particular, los
reproches formulados se orientan a controvertir el alcance que dicho órgano judicial
otorgó al literal m) del artículo 1 del Acuerdo 23 de 2014 y a insistir en que la exigencia
de “previa justificación” debía entenderse satisfecha con la comunicación del 9 de
diciembre de 2020, planteamiento que revela un desacuerdo estrictamente
hermenéutico y probatorio frente a la decisión adoptada en segunda instancia.
53. Así las cosas, lo que se observa es que la acción de tutela se pretende utilizar como
un mecanismo para reabrir un debate jurídico ya agotado en la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo y para obtener una nueva valoración sobre la corrección de
la decisión judicial desfavorable, lo cual desborda claramente el ámbito de la relevancia
constitucional. Tal pretensión se enmarca en una discusión de legalidad -relativa a la
interpretación de normas estatutarias de la institución universitaria y a la suficiencia de
una determinada actuación administrativa- que fue objeto de análisis por el juez natural
y que no trasciende al plano constitucional, ni evidencia una actuación arbitraria,
caprichosa o irrazonable que habilite la intervención excepcional del juez de tutela.
54. En este contexto, la Sala observa que la providencia cuestionada se adoptó dentro
del margen razonable de interpretación judicial, con apoyo en el marco normativo
aplicable, el análisis del material probatorio y el principio de autonomía universitaria, sin
que se advierta la configuración de un defecto sustantivo, fáctico u orgánico de tal
entidad que comprometa el núcleo esencial de los derechos fundamentales invocados.
55. Por consiguiente, la acción constitucional carece de la carga argumentativa
reforzada que exige la acreditación del requisito de relevancia constitucional, en tanto
no demuestra que la decisión censurada desborde el ámbito de la legalidad ni comporte
una restricción constitucionalmente inaceptable.
56. Finalmente, la Sala recuerda que la acción de tutela contra providencias judiciales
constituye un juicio de validez y no de corrección. En esa medida, el control del juez
constitucional no se orienta a dirimir discrepancias interpretativas, divergencias de
criterio ni desacuerdos frente a la aplicación de una regla de derecho, ni a sustituir la
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05734-01
Accionante: Universidad Popular del Cesar
Se revoca la decisión de primera instancia
Decisión: se declara la improcedencia por falta de relevancia
valoración probatoria del juez natural, sino a verificar si la decisión cuestionada vulnera
una norma superior y afecta derechos fundamentales. Cuando se acredita y verifica tal
transgresión resulta legítima la intervención del juez de tutela; de lo contrario, permitir
su uso para replantear debates jurídicos ya resueltos implicaría desnaturalizar este
mecanismo excepcional y convertirlo en una tercera instancia, en abierta contradicción
con su finalidad constitucional, en particular, con el principio de seguridad jurídica.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida el 16 de octubre de 2025 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado que concedió el amparo. En su lugar DECLÁRASE
improcedente la acción de tutela presentada por la Universidad Popular del Cesar por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO: COMUNÍQUESELE este fallo a la Sala que resolvió la controversia en
primera instancia y remítasele copia.
CUARTO: ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Salva voto
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
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