Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07186-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07186-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07186-01
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
29 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Veintinueve (29) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07186-01
Accionante: Ana Lucía Pulido Bobadilla
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala resuelve la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia del
11 de diciembre de 2025 proferida por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo
de Estado, mediante la cual negó el amparo solicitado.
SÍNTESIS1
La señora Ana Lucía Pulido Bobadilla cuestiona la sentencia proferida el 14 de agosto de
2025 por el Tribunal Administrativo del Meta, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado con el núm. 50001-33-33-008-2020-00247-00/01,
mediante la cual se revocó la decisión del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito
Judicial de Villavicencio que había negado las pretensiones de la demanda, para, en su
lugar, declarar la existencia de una relación laboral real y efectiva entre la accionante y
el Hospital Departamental San Juan de Dios de Puerto Carreño E.S.E., únicamente para
efectos pensionales, y declarar probada de oficio la excepción de caducidad respecto de
las pretensiones dirigidas al reconocimiento y pago de las prestaciones salariales y
sociales. La Sala revoca la decisión de primera instancia y declara la improcedencia de
la demanda de tutela, por falta de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 13 de noviembre de 2025, la señora Ana Lucía Pulido Bobadilla presentó acción
de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad. Considera que dichas garantías constitucionales fueron
vulneradas con ocasión de las sentencias proferidas el 8 de noviembre de 2024 por el
Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio y el 14 de agosto
de 2025 por el Tribunal Administrativo del Meta, dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 50001-33-33-008-
2020-00247-00/01, promovido contra el Hospital Departamental San Juan de Dios de
Puerto Carreño E.S.E.
1 Temas: Acción de tutela / nulidad y restablecimiento del derecho / caducidad / prestaciones sociales /
revoca / improcedencia / falta de relevancia.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07186-01
Accionante: Ana Lucía Pulido Bobadilla
Se revoca y declara improcedencia
2. La accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:
“PRIMERO: Me sean tutelados los derechos fundamentales constitucionales al DEBIDO
PROCESO, A LA IGUALDAD, DEFECTO FACTICO, PROCEDIMENTAL Y DEFECTO
PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO, DEFECTOS SUSTANTIVO Y
DE DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE. Teniendo en cuenta que han sido
vulnerados por el JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DE VILLAVICENCIO Y
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META.
SEGUNDO: Dejar sin efectos la sentencia proferida por el JUZGADO 8
ADMINISTRATIVO DE VILLAVICENCIO, de fecha 08 de Noviembre de 2024 y la del
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META de fecha 14 de Agosto de 2025, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
Nº50001333300820200024700 y 50001333300820200024701, por incurrir en defecto
factico [sic] y sustantivo y desconocimiento del precedente”. [Negrillas y mayúsculas del
texto citado].
B. Hechos
3. La señora Ana Lucía Pulido Bobadilla presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra el Hospital Departamental San Juan de Dios de
Puerto Carreño E.S.E., con el fin de que se declarara la nulidad de los actos
administrativos que negaron la existencia de una relación laboral y el reconocimiento de
las acreencias derivadas de los servicios que prestó como auxiliar administrativa entre
el 22 de noviembre de 2005 y el 31 de octubre de 2018.
4.Mediante sentencia del 27 de noviembre de 2023, el Juzgado Octavo Administrativo
del Circuito Judicial de Villavicencio declaró probada la excepción de caducidad del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, al considerar que la
demanda había sido presentada por fuera del término previsto por el artículo 164 de la
Ley 1437 de 2011. Inconforme con esa decisión, la demandante interpuso recurso de
apelación.
5. El Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia del 25 de julio de 2024,
revocó parcialmente la decisión de primera instancia, en cuanto declaró la caducidad de
la pretensión dirigida al reconocimiento de la relación laboral para efectos del pago de
los aportes al sistema de seguridad social. Para el tribunal, dicha pretensión no se
encontraba afectada por el fenómeno de la caducidad, dada la naturaleza de los
derechos pensionales reclamados. En consecuencia, devolvió el expediente al juzgado
de origen para que profiriera una nueva sentencia en la que se analizara de fondo esa
pretensión.
6. En cumplimiento de lo ordenado por el superior, el Juzgado Octavo Administrativo
del Circuito Judicial de Villavicencio profirió sentencia el 8 de noviembre de 2024,
mediante la cual negó la pretensión relacionada con el pago de los aportes a seguridad
social en salud y pensión, al considerar que no se acreditó el elemento de subordinación
propio de una relación laboral. Además, condenó en costas a la parte demandante.
7.La señora Ana Lucía Pulido Bobadilla apeló la decisión del Juzgado, al considerar
que el a quo no valoró adecuadamente la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-
2021, pues la demandante estuvo vinculada de manera continua con el Hospital
Departamental San Juan de Dios de Puerto Carreño E.S.E. entre 2005 y 2018, mediante
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Accionante: Ana Lucía Pulido Bobadilla
Se revoca y declara improcedencia
contratos de prestación de servicios que encubrieron funciones permanentes,
misionales y subordinadas.
8. El Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia del 14 de agosto de 2025,
revocó la decisión de primera instancia, declaró la existencia de una relación laboral real
y efectiva entre la demandante y el Hospital, pero únicamente para efectos pensionales,
y declaró probada de oficio la excepción de caducidad respecto de las pretensiones
dirigidas al reconocimiento y pago de las demás prestaciones salariales y sociales. Para
ello, a partir de las pruebas decretadas de oficio, encontró acreditados los elementos
propios de la relación laboral encubierta, esto es, la prestación personal del servicio, la
remuneración, la subordinación y la continuidad en la vinculación; sin embargo, limitó
los efectos de esa declaración al reconocimiento y pago de los aportes pensionales
correspondientes.
C. Fundamentos de la vulneración
9. La accionante sostuvo que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
defecto sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución, al aplicar indebidamente la caducidad del medio de control frente a
pretensiones derivadas de una relación laboral encubierta.
10. Señaló que la sentencia cuestionada desconoció los principios de primacía de la
realidad sobre las formas, favorabilidad laboral e igualdad, pues, aunque reconoció la
existencia de una relación laboral real y efectiva para efectos pensionales, negó el pago
de las demás prestaciones sociales con fundamento en la caducidad.
11. Afirmó que esa interpretación resultaba contraria al precedente del Consejo de
Estado fijado en la Sentencia de Unificación CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016
sobre contrato realidad, según el cual las controversias relacionadas con el
reconocimiento de una relación laboral encubierta y sus consecuencias prestacionales
deben analizarse con especial atención a la naturaleza laboral de los derechos
reclamados.
12. En consecuencia, consideró que las providencias cuestionadas afectaron sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, por cuanto resolvieron el
asunto a partir de una lectura restrictiva de las normas procesales, sin valorar
integralmente la realidad del vínculo laboral alegado.
D. Trámite procesal
13. Mediante auto del 18 de noviembre de 20252, la Sección Segunda, Subsección B,
de esta Corporación admitió la demanda de tutela; ordenó la notificación al Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio y al Tribunal Administrativo
del Meta y la vinculación, en calidad de tercero, a la ESE Hospital Departamental San
Juan de Dios3.
14. El 11 de diciembre de 2025, la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de
2 Índice 004 del expediente de primera instancia.
3 Tomado de la sentencia impugnada, dado que en el expediente de SAMAI no aparece el auto admisorio.
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Accionante: Ana Lucía Pulido Bobadilla
Se revoca y declara improcedencia
Estado profirió sentencia, mediante la cual negó el amparo solicitado 4.
15. El 26 de enero de 2026, la accionada presentó impugnación en contra de la
sentencia de primera instancia5, la cual fue concedida por auto del 5 de febrero de 20266.
E. Oposiciones e intervenciones
16. El Tribunal Administrativo del Meta solicitó declarar improcedente la acción de
tutela, al considerar que la providencia cuestionada fue proferida con sujeción a las
normas aplicables, a los términos procesales y a los principios que orientan la función
judicial.
17. Señaló que la decisión del 14 de agosto de 2025 se sustentó en los argumentos
jurídicos expuestos en la sentencia y, por tanto, se ratificó en las consideraciones allí
desarrolladas para resolver el recurso de apelación interpuesto dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.
18. Agregó que no se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad de la accionante, toda vez que el tribunal actuó dentro del ámbito de sus
competencias y resolvió el asunto conforme al marco normativo y jurisprudencial
aplicable.
19. Por su parte, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio
allegó copia del expediente digital del proceso ordinario, pero guardó silencio frente a
los hechos y pretensiones de la solicitud de amparo. La E.S.E. Hospital Departamental
San Juan de Dios de Puerto Carreño, vinculada como tercero con interés, tampoco
rindió informe dentro del trámite constitucional.
F. La sentencia de primera instancia
20. Mediante sentencia del 11 de diciembre de 2025, la Sección Segunda, Subsección
B, del Consejo de Estado negó el amparo solicitado. Al respecto, precisó que, aunque
la accionante cuestionó las providencias proferidas por el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio y el Tribunal Administrativo del Meta,
el estudio constitucional debía recaer únicamente sobre la sentencia del Tribunal, por
ser la decisión que resolvió el recurso de apelación y puso fin al proceso ordinario.
21. El a quo constitucional consideró que la autoridad judicial accionada no vulneró los
derechos fundamentales invocados, pues la decisión cuestionada se sustentó en una
interpretación razonable de las normas sobre caducidad y del precedente aplicable en
materia de contrato realidad. En particular, concluyó que el Tribunal Administrativo del
Meta reconoció la existencia de la relación laboral para efectos pensionales, pero
mantuvo la caducidad respecto de las demás prestaciones salariales y sociales, sin que
esa conclusión configurara un defecto sustantivo, desconocimiento del precedente o
violación directa de la Constitución.
G. La impugnación
22. La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia, al considerar que no
4 Índice 013 del expediente de primera instancia.
5 Índice 015 del expediente de primera instancia.
6 Índice 018 del expediente de primera instancia.
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Accionante: Ana Lucía Pulido Bobadilla
Se revoca y declara improcedencia
fueron analizados de fondo los fundamentos constitucionales expuestos en la solicitud
de amparo. A su juicio, la sentencia desconoció que las autoridades judiciales
accionadas vulneraron su derecho al debido proceso, al aplicar indebidamente la
caducidad frente a pretensiones derivadas de una relación laboral encubierta.
23. Además, sostuvo que no resultaba razonable reconocer la existencia de una
relación laboral para efectos del pago de aportes a seguridad social y, al mismo tiempo,
negar el reconocimiento de las prestaciones sociales reclamadas con fundamento en la
caducidad. En su criterio, esa conclusión desconoce la naturaleza laboral del vínculo y
los efectos que se derivan del principio de primacía de la realidad sobre las formas.
24. Además, indicó que las autoridades judiciales no valoraron adecuadamente las
actividades que desarrolló bajo subordinación, particularmente en el cargo de cajera, y
que la aplicación de la caducidad en este tipo de asuntos desconoce sus derechos
constitucionales, así como la jurisprudencia aplicable a controversias relacionadas con
contrato realidad.
25. Finalmente, señaló que el juez de primera instancia no se pronunció de fondo sobre
todos los derechos fundamentales invocados en la acción de tutela. Por ello, solicitó que
el superior revisara la decisión impugnada, la modificara y, en su lugar, amparara los
derechos constitucionales reclamados
H. Competencia
26. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para resolver, en segunda instancia, la demanda de acción de tutela interpuesta por Ana
Lucia Pulido Bobadilla en contra del Tribunal Administrativo del Meta y el Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).
I. Sentido de la decisión
27. La Sala revocará la decisión de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado, que negó el amparo y declarará la improcedencia de la demanda de tutela, por
falta de relevancia constitucional.
J. Finalidad de la acción de tutela
28. Según el artículo 867 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones estas que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante
7 Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una
orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que
será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá
a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07186-01
Accionante: Ana Lucía Pulido Bobadilla
Se revoca y declara improcedencia
un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz, los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad o de un particular.
29. Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar
los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir con ella términos
precluidos o acciones caducadas.
30. De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos constitucionales
fundamentales del demandante.
K. La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias
judiciales8
31. Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.
32. En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no
todos los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la
competencia de los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional
como la seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.
33. Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de
la Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de
requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a
preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales se
la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una genuina,
verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.
34.En esa línea, la Corte Constitucional, en reciente decisión, fue enfática al sostener
que la acción de tutela:
“solo procede contra providencias judiciales en casos excepcionales, cuando se acrediten
los siguientes requisitos: (i) que exista legitimación en la causa por activa y por
pasiva; (ii) que el asunto sometido a conocimiento del juez tenga relevancia
constitucional; (iii) que el actor haya agotado antes de acudir a la acción de tutela los recursos
ordinarios y extraordinarios previstos por el legislador para la defensa de sus derechos, sin
evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de
tutela y su resolución.
La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la
prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o
respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. En ningún caso
podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.
8 Consejo de Estado, Sentencia del 21 de enero de 2026, radicado 11001-03-15-000-2025-07772-00, M.P.
Fredy Ibarra Martínez.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07186-01
Accionante: Ana Lucía Pulido Bobadilla
Se revoca y declara improcedencia
perjuicio de que la intervención del juez constitucional se solicite con la pretensión de evitar
la consumación de un perjuicio irremediable, es decir, que se haya acreditado el requisito de
subsidiariedad; (iv) que se satisfaga el requisito de inmediatez, en términos de razonabilidad
y proporcionalidad; (v) que cuando se invoca una irregularidad procesal, ésta tenga
incidencia definitiva o determinante en la decisión judicial que se cuestiona; (vi) la
identificación razonable, por la persona interesada, de los hechos que generan la
lesión y los derechos quebrantados, y que, de haber sido posible, haya invocado
dichos argumentos en el proceso judicial; y, (vii) que no se trate de sentencias proferidas
en sede de tutela o por el Consejo de Estado cuando se resuelve una demanda de nulidad
por inconstitucionalidad”9. [Destaca la Sala].
35. Asimismo, en la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta
Corporación, en relación con la relevancia constitucional, señaló que el cumplimiento de
este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades concatenadas: i)
preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios, impidiendo que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii) restringir el amparo
a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos fundamentales, evitando
que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se convierta en una instancia o recurso
adicional frente a decisiones judiciales ejecutoriadas.
36. De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de índole
constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de un
derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos legales
de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma
procesal10”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se acredite de
manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos fundamentales.
37. En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se
había planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora “busca
una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos con la
intención de revivir los términos procesales”.
38. En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña
una exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con
invocar, en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le
asiste la carga de explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada
comporta una restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado
por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la
que se dispuso que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales
9 Sentencia T-310 de 2025.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07186-01
Accionante: Ana Lucía Pulido Bobadilla
Se revoca y declara improcedencia
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales11”,
enfatizando en que corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene tal
entidad, so pena de rechazo o improcedencia.
39. En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento
más exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte Constitucional
fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se presume por la sola
invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de un derecho
fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema jurídico de
naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se pretenden atribuir
a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre el por qué estos
desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración concreta de un
derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del requisito “más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada” de tales derechos:
“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.”.12
40. En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o simples
desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela
no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de la
decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios
legalmente concluidos.
41. Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019,
determinó que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de las
decisiones de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta diáfano
que la intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único fin de
cuestionar la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente por
encontrarse en desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho
mecanismo carece de una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.
42. El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo
del actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
12 Ídem.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07186-01
Accionante: Ana Lucía Pulido Bobadilla
Se revoca y declara improcedencia
miras a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura,
específicamente, con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la
consecuencia lógica es que es que el amparo así deprecado se torna a todas luces
improcedente pues en esa hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no
compromete directamente mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente
a los jueces ordinarios, quienes fueron investidos por el legislador de precisas facultades
para ello.
43. El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces
ordinarios, de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten
una genuina y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos
fundamentales, en orden a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte,
so pena de vaciar de contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del
juez de tutela no puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las
providencias proferidas por los jueces naturales en su ejercicio de tal y cualquier intento
dirigido a reemplazar o arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser
contenido.
44. A partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de
2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción de tutela
reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela debe
trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación, aplicación
o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia no puede
limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de proyección
constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación grave,
concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una decisión
judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una pretensión
dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y resueltas en el
proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción competente.
45. En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio
que condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara y
específica, que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación
razonable y comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.
46. En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga
al juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende
emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones probatorias
jurídicas o hermeneúticas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o
privados; únicamente cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de
los defectos alegados en el caso concreto.
L. El caso concreto
47. En el presente asunto, la señora Ana Lucía Pulido Bobadilla cuestiona la sentencia
proferida el 14 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo del Meta, mediante la
cual se declaró la existencia de una relación laboral real y efectiva con la E.S.E. Hospital
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07186-01
Accionante: Ana Lucía Pulido Bobadilla
Se revoca y declara improcedencia
Departamental San Juan de Dios de Puerto Carreño, únicamente para efectos
pensionales, y se mantuvo la caducidad respecto de las pretensiones dirigidas al
reconocimiento y pago de las demás prestaciones salariales y sociales.
48. La accionante atribuye a la providencia cuestionada la configuración de un defecto
sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, con
fundamento en que el tribunal habría aplicado indebidamente la caducidad en un asunto
relacionado con contrato realidad.
49. La Sala advierte que la solicitud de amparo no satisface la carga argumentativa
mínima exigida para acreditar la relevancia constitucional del asunto, pues no explica de
manera suficiente las razones por las cuales la interpretación adoptada por el juez natural
desbordó el margen razonable de apreciación judicial o comportó una afectación grave,
directa y desproporcionada de sus derechos fundamentales.
50. En efecto, la parte actora se limita a reiterar su desacuerdo con la forma en que las
autoridades judiciales analizaron la caducidad del medio de control y los efectos
derivados del vínculo laboral que alegó haber sostenido con la E.S.E. demandada. No
obstante, ese debate fue abordado en el proceso ordinario y resuelto en dos
oportunidades, primero por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de
Villavicencio y luego por el Tribunal Administrativo del Meta, autoridad que incluso
reconoció la existencia de la relación laboral para efectos pensionales, pero concluyó que
las demás pretensiones estaban afectadas por la caducidad.
51. Así las cosas, lo que se advierte es que la accionante pretende reabrir, por vía de
tutela, una discusión de naturaleza legal relacionada con la aplicación de las reglas de
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Esa
controversia, por sí sola, no reviste relevancia constitucional, en la medida en que
corresponde a una cuestión propia del juez de lo contencioso administrativo y no a un
problema que comprometa directamente el contenido, alcance o goce efectivo de un
derecho fundamental.
52. Además, la Sala observa que la discusión sobre la caducidad se emplea como punto
de partida para replantear nuevamente el debate sobre el supuesto vínculo laboral que,
a juicio de la accionante, se configuró con la E.S.E. Hospital Departamental San Juan de
Dios de Puerto Carreño y sobre las consecuencias económicas que de él debían
derivarse. Sin embargo, esa controversia también fue examinada dentro del proceso
ordinario, en el que se valoraron los elementos del vínculo alegado y se definió el alcance
de las pretensiones que podían ser reconocidas.
53. Precisa la Sala que la acción de tutela no puede convertirse en un mecanismo para
obtener una nueva valoración de los argumentos jurídicos y probatorios ya estudiados
por los jueces ordinarios, ni en una instancia adicional para revisar la corrección de la
interpretación adoptada por el Tribunal Administrativo del Meta. El juez constitucional no
está llamado a sustituir al juez natural en el análisis de la caducidad ni en la definición de
los efectos prestacionales derivados de una relación laboral encubierta, salvo que se
demuestre una actuación arbitraria, irrazonable o abiertamente contraria a la
Constitución, lo cual no ocurrió en este caso.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07186-01
Accionante: Ana Lucía Pulido Bobadilla
Se revoca y declara improcedencia
54. Ahora bien, aunque la accionante invoca la vulneración de sus derechos al debido
proceso y a la igualdad, así como los principios de favorabilidad laboral y primacía de la
realidad sobre las formas, tales referencias no son suficientes para transformar una
controversia legal en un debate de relevancia constitucional. La parte actora tenía la
carga de identificar, con claridad y suficiencia, cuál fue el defecto concreto de la
providencia cuestionada, por qué la interpretación judicial resultó constitucionalmente
inadmisible y de qué manera produjo una afectación desproporcionada de sus derechos
fundamentales.
55. En consecuencia, la Sala concluye que la demanda de tutela carece de relevancia
constitucional, porque no plantea un problema constitucional autónomo, sino una
discrepancia con la interpretación legal realizada por el juez natural en torno a la
caducidad y a los efectos del contrato realidad. Por ello, se revocará la decisión de
primera instancia, que negó el amparo, y, en su lugar, se declarará la improcedencia de
la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de primera instancia proferida la Sección Segunda,
Subsección B, del Consejo de Estado, mediante la cual se negó el amparo solicitado por
la señora Ana Lucía Pulido Bobadilla. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la
acción de tutela presentada por la señora Ana Lucía Pulido Bobadilla contra el Tribunal
Administrativo del Meta y el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de
Villavicencio, por falta de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
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