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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2024-00009-01

Fecha
3 de abril de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2024-00009-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 21 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, pero por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 50001-23-33-000-2024-00009-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

3 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00009-01
Solicitante: Carlos Alberto González Gutiérrez
Accionado: Jhonny Andrés Basto Hernández
Tema: El conflicto de intereses como causal de pérdida de
investidura de los concejales. Reiteración jurisprudencial

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el accionado contra la
sentencia de 21 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta,
mediante la cual se accedió a la solicitud de pérdida de investidura del concejal
electo del municipio de Acacías, Jhonny Andrés Basto Hernández, para el período
constitucional 2020-2023.

I. ANTECEDENTES

I.1. La solicitud de pérdida de investidura1

1. El ciudadano Carlos Alberto González Gutiérrez, en ejercicio del medio de control
previsto en el artículo 143 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20112, solicitó la
pérdida de investidura del señor Jhonny Andrés Basto Hernández, concejal electo
del municipio de Acacías (Meta) para el periodo 2020-2023.

I.1.1. Los hechos

2. Informó que el concejal Jhonny Andrés Basto Hernández participó en el trámite
y aprobación del proyecto de Acuerdo 592 de 23 de noviembre de 2022, mediante
el cual se prorrogaron las facultades conferidas al alcalde municipal para adjudicar
subsidios de vivienda otorgadas por el Acuerdo 582 de 2022.

3. Explicó que la prórroga de tales facultades se extendió hasta el 30 de junio de
2023 para la asignación de subsidios de vivienda (VIP) a favor de aquellos
ciudadanos que se habían postulado entre el 27 y el 29 de octubre de 2022, en
cumplimiento del cronograma establecido por el Decreto Municipal 211 de 5 de
octubre de 2022, para el proyecto de vivienda Balcones del Camino Real.
1
Documento 003. Expediente digital de primera instancia.
2
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.

2

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00009-01
Solicitante: Carlos Alberto González Gutiérrez

4. Adujo que, según consta en el acta de la sesión correspondiente al 23 de
noviembre de 2022, el concejal Jhonny Andrés Basto Hernández no manifestó su
impedimento para apartarse del trámite y votación de la anterior iniciativa y su
intervención se fincó en realizar una defensa “[…] férrea […]” de dicho proyecto, a
pesar de que sabía que su prima hermana era una de las aspirantes para ser
beneficiaria del subsidio de vivienda familiar, citado ut supra.

I.1.2. La explicación de la causal de pérdida de investidura

5. La causal de pérdida de investidura invocada se encuentra prevista en el
numeral 2° del artículo 55 de la Ley 136 de 2 de junio de 19943, en concordancia
con el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 20004, sobre
violación al régimen de conflicto de intereses.

6. Precisó que al concejal Jhonny Andrés Basto Hernández le asistía un interés
directo, particular y actual en participar en el Acuerdo 592 de 2022 que autorizó al
alcalde del municipio de Acacías para otorgar subsidios de vivienda y adelantar los
actos de transferencia de dominio de los inmuebles objeto de subsidio, toda vez
que, para esa fecha su prima hermana, Leidy Georgina Basto Herrera, se había
postulado para ser beneficiaria.

7. En consecuencia, el accionado tenía el deber de manifestar su impedimento
para abstenerse de participar en este asunto, a fin de evitar encontrarse incurso en
la causal de pérdida de investidura por violación al régimen de conflicto de
intereses.

I.2. Trámite de la solicitud de pérdida de investidura en la primera instancia

8. La magistrada ponente a cargo de la sustanciación del proceso mediante auto
de 5° de febrero de 20245 admitió la demanda y ordenó la notificación personal al
accionado y al agente del Ministerio Público. Mediante auto de 22 de febrero de
20246, se negó la medida cautelar consistente en la suspensión provisional de las
funciones ejercidas por el acusado.

I.3. La contestación de la solicitud7

9. El concejal accionado, por conducto de apoderado judicial, contestó la solicitud.

10. Resaltó que, según el artículo 313 de la Constitución Política y el parágrafo 1°
del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551

3
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]”.
4
“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley
orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. […]”.
5
Documento 012. Auto que admite demanda.
6
Documento 021. Auto que niega medida cautelar.
7
Documento 019. Contestación de la demanda.

3

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00009-01
Solicitante: Carlos Alberto González Gutiérrez

de 2012, el concejo municipal de Acacías contaba con la facultad de prorrogar las
atribuciones del alcalde para otorgar subsidios de vivienda a los ciudadanos que se
postularan a la convocatoria pública.

11.Indicó que los registros civiles de Jhonny Andrés Basto Hernández y Leidy
Georgina Basto Herrera “[…] carecen de idoneidad y visibilidad […]”, pues dichos
documentos no son auténticos.

12. Mencionó que no se radicó el listado de los postulantes ante la duma a fin de
que se presentara, en el cuerpo de la exposición de motivos, un acápite que
describiera las circunstancias o eventos que podían generar un eventual conflicto
de interés de los concejales, según lo contempla el artículo 291 de la Ley 5ª de
1992.

13. Adujo que el Tribunal Administrativo del Meta, en asuntos similares, ha
defendido como tesis que no hay lugar a la configuración del conflicto de interés,
pues este no se estructura cuando los asuntos tratados afectan al concejal y a la
ciudadanía en igualdad de condiciones.

14. Estimó que el interés reprochado resulta hipotético y aleatorio, pues la prima
del acusado tenía una mera expectativa. Esto obedece a que para la fecha de
votación del acuerdo se había agotado la etapa de postulación, es decir, estaban
pendientes de surtirse las fases subsiguientes como son: la calificación y
preselección, el aporte del valor no subsidiado por los preseleccionados y la
asignación del subsidio familiar, etapas que debían surtirse ante autoridades
diferentes al concejo.

15. Alegó que en el presente caso no se demostró la antijuricidad material, pues el
referido Acuerdo 592 de 2022 no surtió efecto jurídico alguno.

I.4. Trámite del proceso judicial en primera instancia y la audiencia pública
prevista en el artículo 12 de la Ley 1881 de 15 de enero de 20188

16. Según auto de 1° de marzo de 20249 se dio apertura al período probatorio y se
fijó fecha para la realización de la audiencia pública prevista en el artículo 12 de la
Ley 1881 de 2018, la cual se celebró el 12 de marzo de 202410, con la participación
del solicitante, del agente del Ministerio Público y del apoderado del accionado.

17. La parte accionante reiteró los argumentos del escrito de la solicitud inicial11.

8
“[…] POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA DE LOS
CONGRESISTAS, SE CONSAGRA LA DOBLE INSTANCIA, EL TÉRMINO DE CADUCIDAD, ENTRE OTRAS
DISPOSICIONES […]".
9
Documento 024. Auto que decreta pruebas.
10
Documento 042. Acta de audiencia.
11
Documento 039. Alegatos de conclusión.

4

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00009-01
Solicitante: Carlos Alberto González Gutiérrez

18. El Procurador 48 Judicial II para Asuntos Administrativos12, mediante concepto
núm. 58 de 12 de marzo de 2024, consideró que el accionado incurrió en la causal
de pérdida de investidura por violación al régimen de conflicto de intereses. En
apoyo de su tesis, se refirió a la sentencia de 15 de diciembre de 2023, proferida
por la Sección Primera del Consejo de Estado13, en la cual se analizó una situación
idéntica a la estudiada en esta oportunidad.

19. El apoderado de la parte accionada14 reiteró que el interés que se le endilga al
acusado resulta hipotético y aleatorio, no directo ni actual, puesto que para la fecha
en que se aprobó el Acuerdo 592 de 2022, se había agotado solo la etapa de
postulación del programa del subsidio de vivienda.

20. Señaló que el acusado no tenía conocimiento de que su prima era postulante
al momento de participar en el trámite del proyecto de acuerdo referido, pues no se
allegó el listado de postulantes por parte de la administración, situación que se
encuentra confirmada con las certificaciones expedidas por la Secretaría del
concejo municipal de Acacías y la Secretaría de Planeación y Vivienda.

21. Precisó que no se aportaron pruebas útiles, conducentes y pertinentes que
demostraran que el accionado haya ejercido alguna influencia en el proceso de
selección de los postulantes para resultar beneficiarios del subsidio de vivienda y
aclaró que la señora Leidy Georgina Basto Herrera se postuló y se sometió al
programa en igualdad de condiciones que otros ciudadanos.

22. Solicitó aplicar la sentencia proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado de 30 de enero de 200415, que comparte idénticos presupuestos fácticos y
jurídicos.

I.5. La sentencia de primera instancia16

23.El Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia de 21 de marzo de
2024, decretó la pérdida de investidura del señor Jhonny Andrés Basto Hernández,
concejal del municipio de Acacías (Meta) para el periodo 2020-2023.

24. En criterio del Tribunal, en el caso en concreto, concurrieron los requisitos del
elemento objetivo de la causal por violación del régimen de conflicto de intereses,
esto es: (i) tener el acusado la calidad de concejal; (ii) existir un interés directo,
particular y real del demandado o de las personas que señala la ley, distinto al
propio de la función pública o al que le asiste a la comunidad en general, que le
impedía a aquel participar en el trámite de los asuntos sometidos a su

12
Documento 040. Concepto del Ministerio Público.
13
Citó: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2023, radicado núm.: 50001-23-33-000-2023-
00006-01.
14
Documento 040. Alegatos.
15
Citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de enero de 2004,
radicado núm.: 25000-23-15-000-2003-01190-01(PI)
16
Documento 053. Sentencia.

5

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00009-01
Solicitante: Carlos Alberto González Gutiérrez

consideración; (iii) la no manifestación de impedimento frente al asunto que es
motivo de decisión; (iv) haber conformado el cuórum o participado en el debate o
votación del asunto y; (v) su participación tuvo lugar en un asunto de conocimiento
funcional del concejo.

25. Argumentó que los registros civiles de nacimiento obrantes en el proceso, por
sí solos, no otorgaban certeza para probar el parentesco existente entre el concejal
Jhonny Andrés Basto Hernández y Leidy Georgina Basto Herrera. No obstante,
adujo que, en aplicación del principio de libertad probatoria, era posible acudir a la
confesión por apoderado judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193
del Código General del Proceso.

26. Precisó que la defensa del accionado se limitó a cuestionar la autenticidad y
veracidad de los registros civiles obrantes en el expediente; pero en ningún
momento esbozó argumento tendiente a negar la existencia de dicho vínculo.

27. Agregó que, de conformidad con las pruebas allegas al plenario, se logró
demostrar que el alcalde del municipio de Acacías, en ejercicio de las facultades
conferidas en el Acuerdo 576 de 2022, convocó a la comunidad a fin de que se
postularan a los subsidios de vivienda.

28. Explicó que el listado de hogares postulados fue publicado por la Secretaría de
Planeación y Vivienda mediante el aviso núm. 1 de 1.° de noviembre de 2022, en
el cual aparecía incluido el nombre de Leidy Georgina Basto Herrera, prima del
concejal accionado.

29. Anotó que al concejal accionado le asistía un interés directo, particular y actual
que le impedía participar en el trámite del referido acuerdo, pues era claro que su
prima hermana se había postulado para ser beneficiaria del subsidio de vivienda,
cuyo plazo de otorgamiento y transferencia de dominio se amplió por seis (6) meses
más. Por esta razón, debió manifestar su impedimento ante el concejo para evitar
incurrir en la causal de pérdida de investidura.

30. Trajo a colación dos sentencias proferidas el día 15 de diciembre de 202317,
por la Sección Primera del Consejo de Estado, por hechos similares a los aquí
analizados, fallos judiciales en los cuales se encontró configurada la causal de
pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de intereses.

31. Concluyó, en igual sentido, que el elemento subjetivo estaba demostrado. Para
tales propósitos, reiteró las tesis esgrimidas en las sentencias de 15 de diciembre
de 2023, citadas ut supra.

17
(i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Oswaldo Giraldo López, sentencia de
15 de diciembre de 2023, radicado núm.: 50001-23-33-000-2023-00007-01, demandante: José Enrique Molina Rojas y (ii)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sección Primera, CP: Oswaldo Giraldo López,
sentencia de 15 de diciembre de 2023, radicado núm.: 50001-23-33-000-2023-00006-01, demandante: José Enrique Molina
Rojas.

6

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00009-01
Solicitante: Carlos Alberto González Gutiérrez

32. A partir de lo anterior, señaló que el accionado no obró con diligencia al
participar en la deliberación y votación del proyecto que pasó a convertirse en el
Acuerdo 592 de 2022, pues para ese momento ya se había publicado la lista de los
postulantes beneficiarios de los subsidios de vivienda, entre los cuales, figuraba el
nombre de Leidy Georgina Basto Herrera.

33. Subrayó que no se probó que el accionado estuviera cobijado por alguna
circunstancia eximente de responsabilidad, pues no acreditó haber consultado o
pedido asesoría de cara a averiguar la situación generada con su prima, quedando
demostrada, de esta manera, la falta de diligencia en su actuar.

I.6. El recurso de apelación18

34. El accionado, por conducto de apoderado judicial, inconforme con la anterior
decisión interpuso recurso de apelación.

35. Indicó que la Corte Constitucional ha definido el principio pro homine o “[…]
cláusula de favorabilidad […]” como un “[…] criterio hermenéutico[…]” en materia
de derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o
a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos
protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando
se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su
suspensión extraordinaria.

36. Explicó que el principio in dubio pro reo ha sido definido como aquella garantía
constitucional derivada del artículo 29 de la Constitución Política, conforme a la cual
el juez está obligado a resolver toda duda a favor del accionado. Esta garantía cobra
especial relevancia en procesos de naturaleza sancionatoria, como ocurre con el
juicio de pérdida de investidura.

37. Estimó que el a quo desconoció el derecho al debido proceso y los principios
pro homine e in dubio pro reo, al encontrar probada la relación de parentesco entre
el concejal Jhonny Andrés Basto Hernández y Leidy Georgina Basto Herrera “[…]
sin que obre plena prueba que diera certeza más allá de toda duda razonable sobre
la relación de parentesco entre los dos, pues por la naturaleza del proceso de
pérdida de investidura y la connotación de su sanción, no es legal ni adecuado, dar
por acreditado el parentesco entre dos personas cuando se encuentran
irregularidades en los registros civiles de los mismos […]”.

38. Agregó que el a quo tenía el deber de resolver la duda a favor del accionado,
haciendo prevalecer aquella interpretación restrictiva y menos lesiva de los
derechos del acusado.

18
Documento 060. Recurso de apelación.

7

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00009-01
Solicitante: Carlos Alberto González Gutiérrez

39. Sostuvo que, en atención al carácter sancionatorio del juicio de pérdida de
investidura no era posible acudir a la confesión por apoderado judicial regulada en
el artículo 193 del Código General del Proceso, pues este medio de prueba no
resulta compatible con el proceso de pérdida de investidura, según lo sostuvo esta
Corporación Judicial en sentencia de 18 de enero de 201719.

40. Precisó que el fallo de primera instancia incurrió en desconocimiento del
precedente jurisprudencial consignado en la sentencia de 11 de diciembre de
200620, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado (radicado
núm.:15001-2331-000-2005-03429-01, C.P: Martha Sofía Sanz Tobón), que abordó
un asunto similar al debatido.

41. Subrayó que el tribunal de primer grado tampoco argumentó en qué consistió
el interés directo o el beneficio que le pudo reportar al accionado la aprobación del
Acuerdo 592 de 2022.

42. Explicó que la postulación de Leidy Georgina Basto Herrera al programa de
vivienda se realizó con fundamento en los requisitos exigidos por la administración
municipal. Además de ello, el proceso y/o criterios de selección de los subsidios de
vivienda no dependían del concejal, puesto que era necesario que se expidieran
decretos por parte del alcalde del municipio de Acacías.

43. Transcribió apartes de la sentencia SU-379 de 2019 de la Corte Constitucional
y se adhirió a los argumentos del salvamento de voto emitido por una de las
magistradas del Tribunal Administrativo del Meta21.

I.7. Trámite del recurso de apelación

44. La magistrada sustanciadora del proceso en primera instancia, a través de
proveído de 30 de abril de 202422, concedió la alzada y remitió el proceso al Consejo
de Estado.

45. Según auto de 20 de mayo de 202423 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por el accionado.

46. A través de proveído de 29 de julio de 202424 se negó el decreto de una solicitud
probatoria presentada por la parte accionante en segunda instancia y se decretó
una prueba de oficio, consistente en requerir a la Registraduría Municipal del
Estado Civil de Cáqueza (Cundinamarca) para que, dentro de los diez (10) días

19
Citó la Sentencia del 18 de enero de 2017, radicado núm.: 11001-03-15-000-2016-03385-00, MP: Ponente Cesar Palomino
Cortés.
20
Citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de diciembre de 2006,
radicado núm.: 15001-2331-000-2005-03429-01.
21
Magistrada del Tribunal Administrativo del Meta, Teresa Herrera Andrade.
22
Documento 063. Auto que concede.
23
Índice 6 SAMAI.
24
Cfr. Índice 21 del expediente digital de segunda instancia.

8

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00009-01
Solicitante: Carlos Alberto González Gutiérrez

siguientes a la recepción de la correspondiente comunicación, certificara si quien
consta como padre en los registros civiles de nacimiento de los señores Jorge
Aristóbulo Basto Hernández y Héctor Basto Hernández, corresponde o no a la
misma persona.

47. En virtud de que la Registraduría Nacional del Estado Civil no allegó la prueba
solicitada, por auto de 25 de noviembre de 202425 se requirió nuevamente a esta
entidad, para que aportara la prueba decretada de oficio.

48. El 3 de diciembre de 202426 se allegó la prueba solicitada y por Secretaría de
la Sección se corrió traslado27 de la misma y dentro de la oportunidad anterior, se
pronunció la parte accionada28.

49. La parte accionada presentó el 28 de enero de 2025 29 solicitud de nulidad
procesal.

50. Mediante auto de 5 de febrero de 202530 se rechazó de plano la solicitud de
nulidad.

51. La parte accionada interpuso recursos de reposición y en subsidio de apelación
contra el proveído anterior, el 13 de febrero de 202531, que fueron decididos en auto
de 10 de marzo de 202532, y este se encuentra ejecutoriado33.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

52. Para resolver la presente controversia, la Sala se pronunciará sobre los
siguientes aspectos: (i) la competencia; (ii) el problema jurídico; (iii) la prueba de la
calidad del accionado como sujeto pasivo; (iv) la causal de pérdida de investidura
por violación al régimen de conflicto de intereses; (v) aspectos de relevancia
probatoria; (vi) la confesión por apoderado judicial en procesos de pérdida de
investidura; (vii) análisis del caso concreto y de los presupuestos de la conducta
reprochada en el presente caso y, finalmente, se dará paso a unas (viii)
conclusiones finales.

25
Cfr. Índice 59 del expediente digital de segunda instancia.
26
Cfr. Índice 64 del expediente digital de segunda instancia.
27
Cfr. Índice 68 del expediente digital de segunda instancia.
28
Índice 070. SAMAI. Mediante memorial de 10 de diciembre de 2024, la defensa del accionado, señaló: “[…], ruego a su
honorable despacho la aplicación de la ley más favorable, los principios pro homine e in dubio pro reo, principio de legalidad
consagrado en el artículo 29 de la Carta Superior y, con la debida observancia de los principios pro homine, in dubio pro reo,
de legalidad, razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y culpabilidad, revocar la sentencia en primera instancia […]”.
29
Cfr. Índice 76 del expediente digital de segunda instancia.
30
Cfr. Índice 81 del expediente digital de segunda instancia.
31
Cfr. Índice 86 del expediente digital de segunda instancia.
32
Cfr. Índice 98 del expediente digital de segunda instancia.
33
Cfr. Índice 106. Constancia secretarial.

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00009-01
Solicitante: Carlos Alberto González Gutiérrez

II.1. La competencia

53. Esta Sala de Decisión es competente para decidir esta controversia en virtud
de lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000; en el
artículo 150 de la Ley 1437; y en el artículo 1334 del Acuerdo 80 expedido el 12 de
marzo de 201935.

II.2. El problema jurídico

54. La Sala debe determinar si el concejal Jhonny Andrés Basto Hernández incurrió
o no en la causal de pérdida de investidura prevista en los numerales 2° del artículo
55 de la Ley 136 de 1994 y 1° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, por haber
infringido el régimen del conflicto de intereses, al haber participado en el trámite y
aprobación del Acuerdo 592 de 2022, mediante el cual se prorrogaron las
facultades otorgadas al alcalde municipal para adjudicar subsidios de vivienda
hasta el 30 de junio de 2023 en el municipio de Acacías para el proyecto de vivienda
Balcones del Camino Real.

55. A juicio del solicitante, al accionado le asistía un interés directo, particular y
actual que le impedía participar y votar en tal iniciativa, puesto que su prima
hermana, Leidy Georgina Basto Herrera, era una de las postulantes para ser
beneficiaria de tal programa.

56. Así las cosas, le corresponde a la Sala analizar si concurren los requisitos
objetivos para la configuración de la causal de pérdida de investidura por violación
del régimen de conflicto de intereses. Una vez superado dicho estudio, deberá
examinarse el elemento subjetivo o de la culpabilidad, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1° de la Ley 1881 de 2018, modificado por el artículo 4° de
la Ley 2003 de 19 de noviembre de 201936.

II.3. La prueba de la calidad del accionado como sujeto pasivo

57. La Sala encuentra probado el requisito previsto en el literal b) del artículo 5° de
la Ley 1881 de 201837, aplicable a los procesos de pérdida de investidura de los
concejales por remisión del artículo 22 ibidem, puesto que el señor Jhonny Andrés
Basto Hernández resultó elegido concejal del municipio de Acacías, para el período
constitucional 2020-2023, según lo demuestran el Formulario E- 26 CON expedido
por la Registraduría Nacional del Estado Civil38 y el Acta 01 de la sesión de 2 de

34
Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los
artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
35
“[…] Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. […]”.
36
“[…] Por el cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones […]”.
37
“[…] ARTÍCULO 5. Cuando la solicitud sea presentada ante el Consejo de Estado por un ciudadano, esta deberá formularse
por escrito y contener, al menos: […] b) Nombre del Congresista y su acreditación expedida por la Organización Electoral
Nacional […]”.
38
Documento 003. Folio 78.

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00009-01
Solicitante: Carlos Alberto González Gutiérrez

enero de 202039, en la cual tuvo lugar la sesión de inauguración de la duma de
Acacías y la toma de posesión de los servidores públicos electos.

II.4. La causal de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto
de intereses

58. La causal de pérdida de investidura se encuentra prevista en los artículos 55,
numeral 2° y 70 de la Ley 136 de 1994, en armonía con el numeral 1° del artículo
48 de la Ley 617 de 2000, disposiciones normativas que, de manera coincidente,
señalan:

Ley 136 de 1994:

“[…] ARTÍCULO 55.- Pérdida de la investidura de concejal. Los
concejales perderán su investidura por:

[…] 2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de
conflicto de intereses.

[…]”. (Negrilla del texto y subrayado fuera del texto)

“[…] Artículo 70º. Conflicto de interés. Cuando para los concejales
exista interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o
a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno de sus
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o, de hecho,
deberá declararse impedido de participar en los debates o votaciones
respectivas […]” (Negrilla del texto y subrayado fuera del texto)

Ley 617 de 2000:

“[…] ARTÍCULO 48.- Pérdida de investidura de diputados, concejales
municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras
locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros
de juntas administradoras locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de
intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar
asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a
las de la ciudadanía en general […]”. (Negrilla del texto y subrayado fuera
del texto)

59. Esta causal ha sido catalogada como aquella conducta contraria a los principios
que gobiernan la función pública la cual se configura cuando el servidor público de
elección popular, movido por un interés particular “[…] toma una decisión o realiza
alguna gestión propia de sus funciones o cargo, en provecho suyo, de un familiar o
un tercero y en perjuicio de la función pública. Por ello, la norma exige que, ante la
pugna entre los intereses propios de la función y los particulares del funcionario,
éste deba declararse impedido, pues es la manera honesta de reconocer la

39
Documento 003. Folios 79 a 94.

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existencia de esa motivación y el deseo de cumplir con las funciones del cargo de
manera transparente e imparcial40[…]”.

60. Esta causal exige que cuando el servidor público de elección popular se
encuentre en una situación en la cual vea comprometidos los principios que
gobiernan la función pública sobre un asunto que deba conocer manifieste de
manera oportuna su impedimento, pues al no hacerlo estaría desconociendo el
mandato constitucional previsto en el artículo 133 de la Constitución Política, que
señala que los miembros de cuerpos colegiados de elección popular representan
al pueblo y deben actuar consultando la justicia y el bien común.

61. Según el artículo 70 de la Ley 136 de 1994, el conflicto de interés puede
derivarse en una situación que pueda reportarle algún provecho, ventaja o utilidad
al concejal o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno de
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
primero civil, o a su socio o socios de derecho o, de hecho.

62. La Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de 1° de noviembre de
201641, y esta Sección se han ocupado de explicar los requisitos exigidos para la
configuración del conflicto de interés como causal de pérdida de investidura,
consideraciones que si bien se han dado respecto de los congresistas resultan
aplicables a los concejales. Los requisitos que deben concurrir son los siguientes:

“[…] la Sala hace hincapié en los presupuestos cuya existencia debe
quedar demostrada de forma suficiente y concurrente dentro del proceso,
en orden a verificar la configuración de la causal mencionada:

a) Que la persona señalada de adelantar la actuación violatoria del
régimen de conflicto de intereses ejerza o haya ejercido la investidura de
Congresista de la República;

b) La existencia de un interés directo, particular y actual del Congresista,
ya sea de orden moral o económico, en la deliberación o decisión de un
tema específico a cargo del Congreso; y,

c) Que a pesar de ello, el Congresista participe efectivamente del
respectivo trámite, sin haber manifestado su impedimento para actuar o
sin haber sido recusado para los efectos.

[…]42”.

II.5. Aspectos de relevancia probatoria

63. Al proceso se aportaron los siguientes elementos de prueba:

40
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de noviembre de 2017, C.P. César
Palomino Cortés, radicado núm.: 11001-03-25-000-2005-00068-00(IJ).
41
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia de 1° de noviembre de 2016, radicado núm.: 11001-03-15-000-2015-01571-
00(PI), MP: María Elizabeth García González.
42
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia de 1° de noviembre de 2016, radicado núm.: 11001-03-15-000-2015-01571-
00(PI), MP: María Elizabeth García González.

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64. Copia del Decreto 113 de 21 de julio de 201543, por medio del cual se
reglamenta el Fondo de Vivienda de Interés Social del municipio de Acacías
(FONVIACACÍAS) y se dictan otras disposiciones.

65. Copia del Decreto 046 de 9 de abril de 202144, por medio del cual se reglamenta
el subsidio de vivienda de interés social en sus diferentes modalidades para el
municipio de Acacías-Meta y copia del Decreto 148 de 19 de agosto de 202245 que
modificó el artículo 32 del Decreto 046 referido ut supra.

66. Copia del Acuerdo 576 de 10 de marzo de 202246, por medio del cual el concejo
municipal de Acacías confirió facultades al alcalde para que otorgara subsidios de
vivienda familiar hasta el 31 de diciembre de 2022 y efectuara los actos de
transferencia de dominio de los inmuebles objeto de subsidio.

67. Copia del Decreto 158 de 9 de septiembre de 202247, por medio del cual el
alcalde del municipio de Acacías creó dentro del presupuesto de gastos del Sistema
General de Regalías el rubro denominado “[…] PROYECTO 20225000060034;
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO BALCONES DEL
CAMINO REAL PARA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS […]”.

68. Copia del Decreto 211 de 5 de octubre de 202248, mediante el cual el alcalde
del municipio de Acacías efectuó la convocatoria para la postulación de hogares
potenciales del subsidio familiar de vivienda municipal (SFVM), en la modalidad de
adquisición de vivienda nueva, para el proyecto Balcones del Camino Real en el
municipio de Acacías, en los días 27, 28 y 29 de octubre de 2022. Además, se
estableció el cronograma del proceso de inscripción de potenciales beneficiarios.

69. Copia del Decreto 304 de 25 de noviembre de 202249, por medio del cual se
modificó el cronograma del proceso de inscripción establecido en el Decreto 211
de 2022.

70. Copia del Aviso 1 del 1° de noviembre de 202250, por medio del cual el municipio
de Acacías publicó el listado de hogares que se postularon para adquirir un subsidio
familiar de vivienda municipal en el proyecto Balcones del Camino Real, que se

43
“[…] POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
FONVIACACIAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES […]”.003. Páginas 249 a 272.
44
“[…] POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL SUBSIDIO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN SUS
DIFERENTES MODALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE ACACÍAS – META Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES […]”.
Documento 003. Páginas 232 a 246.
45
“[…] POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 32 DEL DECRETO MUNICIPAL NO. 046 DE 2011 Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES […]”. Documento 003. Páginas 301 a 304.
46
“[…] Por medio del cual se otorgan facultades al Alcalde municipal de Acacías – Meta para la asignación de subsidios de
vivienda familiar en las diversas modalidades y se dictan otras disposiciones […]”. Documento 008. Páginas 72 a 76.
47
“[…] Por el cual se efectúa una adición al presupuesto de ingresos y gastos de recursos con cargo a las asignaciones
directas Bienio 2021-2022 […]”. Documento 003. Páginas 30 a 35.
48
“[…] Por medio del cual se apertura la convocatoria para la postulación de hogares potenciales al otorgamiento del subsidio
familiar de vivienda municipal (SFVM) en la modalidad de adquisición de vivienda nueva para el proyecto “Balcones del
Camino Real” en el municipio de Acacías – Meta […]”.003. Páginas 36 a 43.
49
“[…] Por medio del cual se modifica el Decreto Municipal No. 211 de 2022 […]”. Documento 003. Páginas 320 a 322.
50
Documento 003. Páginas 323 a 393.

13

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efectuó los días 27 al 29 de octubre de 2022, en el cual se deja constancia de lo
siguiente:

[…]

[…]51”.

71.Informe de ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo núm. 697 de
202252 “[…] Por medio del cual se otorgan facultades al alcalde municipal de
Acacías Meta para la asignación de subsidios de vivienda familiar en las diversas
modalidades y se dictan otras disposiciones […]”.

51
Documento 003. Cfr.: página 329.
52
Documento 008. Páginas 16 a 18.

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72. Copia del Acta 10 de 17 de noviembre de 2022 de la comisión primera del Plan
de Desarrollo y Bienes del concejo de Acacías53, en la cual consta que se sometió
a estudio y votación el proyecto de Acuerdo núm. 697 de 2022 “[…] Por medio del
cual se otorgan facultades al alcalde municipal de Acacías Meta para la asignación
de subsidios de vivienda familiar en las diversas modalidades y se dictan otras
disposiciones […]”.

73. Copia del informe de ponencia para segundo debate del proyecto de Acuerdo
núm. 697 de 2022 “[…] Por medio del cual se otorgan facultades al alcalde
municipal de Acacías Meta para la asignación de subsidios de vivienda familiar en
las diversas modalidades y se dictan otras disposiciones […]54”.

74. Copia del Acta 121 de 23 de noviembre de 202255, en la cual consta que la
plenaria del concejo en esa misma fecha sometió a estudio y votación en segundo
debate el proyecto de Acuerdo núm. 697 de 2022 “[…] Por medio del cual se
otorgan facultades al alcalde municipal de Acacías Meta para la asignación de
subsidios de vivienda familiar en las diversas modalidades y se dictan otras
disposiciones […]”.

75. Copia de la certificación expedida por el concejo municipal de Acacías de 23
de noviembre de 202256, en la cual se señala que el Acuerdo 592 de 23 de
noviembre de 2022 surtió el primer debate el día 17 de noviembre de 2022, en la
Comisión Primera del Plan de Desarrollo y, en segundo debate, en la plenaria de la
corporación pública el día 23 de noviembre de 2022.

76. Copia del Acuerdo 592 de 23 de noviembre de 202257, por medio del cual el
concejo municipal de Acacías confirió autorización al alcalde a fin de que otorgara
subsidios de vivienda municipal en las modalidades previstas en la ley y en los
reglamentos, desde el 1 de enero de 2023 hasta el día 30 de junio de 2023, según
la disponibilidad presupuestal. Igualmente, se concedió autorización al
burgomaestre a fin de que realizara los actos de trasferencia de dominio de los
inmuebles objeto de subsidio.

77. En la parte motiva del referido acuerdo se plasmó lo siguiente:

“[…] Que como quiera que se encuentra creado el subsidio de vivienda
municipal y en aras de dar cumplimiento de las metas del Plan de
Desarrollo Municipal, se requerirá contar con facultades del Concejo
Municipal para su asignación.

53
Documento 008. Páginas 5 a 15.
54
Documento 003. Páginas 193 a 195.
55
Documento 003. Páginas 137 a 189.
56
Documento 003. Página 202.
57
“[…] POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA AUTORIZACIÓN AL ALCALDE MUNICIPAL DE ACACÍAS – META PARA LA
ASIGNACION DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA FAMILIAR EN LAS DIVERSAS MODALIDADES Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES […]”. Documento 003. Páginas 197 a 201.

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00009-01
Solicitante: Carlos Alberto González Gutiérrez

Que el Alcalde Municipal mediante el Acuerdo N° 576 de 2022, se
encuentra facultado en los mismos términos respecto al otorgamiento de
subsidios de vivienda, pero las mismas fenecen el 31 de diciembre de
2022.

Que la administración municipal adelanta actualmente la convocatoria
para subsidio de vivienda, modalidad de adquisición de vivienda nueva
denominado “Balcones de Camino Real”, con fecha de otorgamiento de
los subsidios terminación programada para el 30 de diciembre de 2022,
sin embargo en prevención de que se requiera tiempo adicional en las
diversas etapas previas a la asignación de subsidios y necesarias para la
legalización de la asignación de los subsidios, se hace necesario contar
con las facultades otorgadas por el Concejo Municipal para el
otorgamiento de subsidios de vivienda.

Que de conformidad con las disposiciones legales para la promoción de
la vivienda de interés social prioritario, y teniendo en cuenta que las
facultades para la asignación de subsidios hasta el 31 de Diciembre del
presente año y las mismas fenecerán como se expresó anteriormente, se
hace necesario en el Municipio de Acacías, con el fin de dar
cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal, se concedan las
facultades para la Asignación de Subsidios de Vivienda, de
conformidad como se expresa en la presente iniciativa, desde el
primero de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023.

[…]”. (Negrilla fuera del texto)

78. Copia de la Resolución 1299 de 15 de diciembre de 202258, por medio de la
cual se ordenó publicar, en orden descendente, los postulantes pre – seleccionados
en el marco del proceso de selección de beneficiarios del subsidio de vivienda
municipal de interés social prioritario, en la modalidad de adquisición de vivienda
nueva del proyecto Balcones del Camino Real. Entre ellos figura el nombre de la
señora Leidy Georgina Basto Herrera, tal y como se ilustra de los siguientes
apartes:

“[…] RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: PRE-SELECIONADOS. Ordénese publicar el
registro calificado de los hogares postulados en orden descendente que
ocuparon las primeras Doscientos Diez (210) posiciones de conformidad
con lo previsto en el reglamento de asignación de Subsidio Municipal de
Vivienda en la modalidad de adquisición de vivienda nueva en el marco
del proyecto denominado BALCONES DE CAMINO REAL. Se indica que
se publica el jefe de núcleo familiar postulado.

FORMULARIO NOMBRES Y TIPO NO. POSICIÓN
APELLIDOS DOCUMENTO DOCUMENTO
JEFE DE
HOGAR

58
“[…] POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA PUBLICAR EN ORDEN DESCENDENTE LOS POSTULANTES PRE-
SELECCIONADOS EN EL MARCO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE VIVIENDA
MUNICIPAL DE INTERÉS SOCIAL PRIORITARIO EN LA MODALIDAD DE ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA DEL
PROYECTO “BALCONES DE CAMINO REAL” EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS –META Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES […]”. Documento 003. Páginas 483 a 513. Cfr: página 491.

16

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00009-01
Solicitante: Carlos Alberto González Gutiérrez

[…]

A-60 LEIDY CC […] 53
GEORGINA
BASTO
HERRERA

[…]

79. Copia de la Resolución 1371 de 30 de diciembre de 202259, por medio de la
cual el alcalde municipal de Acacías otorgó 194 subsidios de vivienda municipal de
interés social prioritario en la modalidad de adquisición de vivienda del proyecto
Balcones del Camino Real. Dentro del listado de beneficiarios aparece el nombre
de la señora Leidy Georgina Basto Herrera60, a saber:

“[…] RESOLUCIÓN No. 1371 DE 2022

“POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGAN CIENTO NOVENTA Y
CUATRO (194) SUBSIDIOS DE VIVIENDA MUNICIPAL DE INTERÉS
SOCIAL PRIORITARIO EN LA MODALIDAD DE ADQUISICIÓN DE
VIVIENDA NUEVA PROYECTO “BALCONES DE CAMINO REAL” EN
EL MUNICIPIO DE ACACÍAS – META” Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES

[…]

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS. Asignar
SUBSIDIOS DE VIVIENDA MUNICIPAL DE INTERÉS SOCIAL
PRIORITARIO EN LA MODALIDAD DE ADQUISICIÓN DE VIVIENDA
NUEVA PROYECTO “BALCONES DE CAMINO REAL” EN EL
MUNICIPIO DE ACACÍAS -META” por valor de ochenta y dos millones
quinientos mil pesos m/cte ($82.500.000) para cada núcleo familiar, es
decir, 82.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

PARÁGRAFO PRIMERO. Los recursos objeto de estudio de subsidio
serán entregados al contratista que seleccione el Municipio de Acacías,
previo adelantamiento del proceso de selección de conformidad con el
estatuto contractual.

ARTÍCULO SEGUNDO. NÚCLEOS FAMILIARES BENEFICIARIOS DE
SUBSIDIO. En concordancia con el anterior artículo, se relacionan los
CIENTO NOVENTA Y CUATRO (194) núcleos beneficiarios de subsidio.

59
“[…] POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGAN CIENTO NOVENTA Y CUATRO (194) SUBSIDIOS DE VIVIENDA
MUNICIPAL DE INTERÉS SOCIAL PRIORITARIO EN LA MODALIDAD DE ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA
PROYECTO “BALCONES DE CAMINO REAL” EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS – META Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES […].” 003. Páginas 514 a 534.
60
Documento 003. Cfr.: página 521.

17

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00009-01
Solicitante: Carlos Alberto González Gutiérrez

[…] (Negrilla del texto)

80.Copia de la certificación de 23 de enero de 202361, expedida por la Secretaría
General del concejo municipal, en la cual se señala lo siguiente:

“[…] [U]na vez revisado el archivo documental de la Corporación, los
anexos del proyecto de acuerdo No. 697 de 2022, el Acta No. 10 de
noviembre 17 de 2022, de la sesión de la comisión primera del plan de
desarrollo y bienes en la cual se llevó a cabo el primer debate y el acta
No.121 de noviembre 23 de 2022, donde se realizó el segundo debate del
proyecto de acuerdo No. 697, no se evidencio (sic) que, por parte de la
administración municipal, concejal o ciudadano se haya radicado listado
de postulantes o posibles beneficiarios al programa de vivienda “Balcones
del Camino Real […]”.

81. Copia de la certificación de 2 de mayo de 202362, expedida por la Secretaría de
Planeación y Vivienda en la cual se hace constar lo siguiente:

“[…] La administración municipal no da a conocer al Concejo Municipal, el
listado de hogares postulados a los subsidios de vivienda. Para el caso
particular del proyecto V.I.P. “Balcones de Camino Real”, no se comunicó
el listado de postulantes al Concejo Municipal. Esta relación se publicó
mediante los medios de divulgación estipulados en el Decreto 211 de
2022, acto administrativo que ordenó la convocatoria. […]”.

82. Copias de los registros civiles de nacimiento de la señora Leidy Georgina Basto
Herrera63 y los señores Jhonny Andrés Basto Hernández64, Héctor Basto
Hernández65 y Jorge Aristóbulo Basto Hernández66.

83. Certificación expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil remitida
vía correo electrónico el 3 de diciembre de 202467, en cumplimiento del auto de 29
de julio de 2024, cuyo contenido será analizado más adelante en esta providencia.

61
Documento 020 Contestación de la demanda. Prueba 1. Certificación 23 de enero de 2023.
62
Documento 020 contestación de la demanda. Prueba 2. Certificación del 2 de mayo de 2023.
63
Documento 021. Registros.
64
Documento 021. Registros.
65
Documento 031. Registro accionado
66
Documento 031. Registro accionado.
67
Índice 064. SAMAI.

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00009-01
Solicitante: Carlos Alberto González Gutiérrez

II.6. La confesión por apoderado judicial en procesos de pérdida de
investidura

84. La Sala Plena del Consejo de Estado68 y la Sección Primera, de manera
uniforme, han señalado que, si bien la Ley 1881 de 2018, no contempla el régimen
probatorio aplicable al juicio de pérdida de investidura no resulta posible acudir a la
confesión por apoderado judicial prevista en el artículo 193 del Código General del
Proceso, toda vez que dicho medio de prueba no resulta compatible con la
naturaleza de esta clase de juicio de naturaleza sancionatoria.

85. Esta Sección, en sentencia de 10 de diciembre de 202169, en el cual se
reiteraron los antecedentes jurisprudenciales que deben observarse en materia de
confesión por apoderado judicial en juicios sancionatorios como ocurre con la
pérdida de investidura, consideraciones que por su importancia se transcriben in
extenso:

“[…] La Sala no observa motivo sobreviniente que le impida reiterar ahora,
en vigencia de la Ley 188170, esta posición que fue vertida mientras
permaneció en vigor la Ley 144 de 13 de julio de 199471, en el sentido de
señalar que, para efectos de evaluar el medio de prueba de la confesión,
se debe acudir a la integración normativa con el Código de Procedimiento
Penal, que no con el Código General del Proceso, menos aún con el
68
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 19 de marzo de 2019, CP: William Hernández
Gómez, número único de radicación 11001-03-15-000-2016-03385-01(AC). En esta oportunidad se dijo: “[…] 37. La acción
pública de pérdida de investidura es un juicio sancionatorio que se adelanta en ejercicio del ius puniendi del Estado y que
implica una garantía a la democracia y de los derechos políticos, pues los ciudadanos pueden ejercer un control frente a
quienes han elegido, cuando aquellos incurran en actuaciones o conductas que sean violatorias de la dignidad del cargo, por
las causales previstas por la Constitución Política, si se trate de congresistas, o la ley, si se juzga concejales, diputados o
ediles. En resumen, es un juicio de carácter sancionatorio que debe regirse por los principios orientadores, entre otros, por la
presunción de inocencia, la buena fe, la favorabilidad, el non bis in ídem, la culpabilidad, legalidad o tipicidad, pro homine,
etc.

38. El juicio de pérdida de investidura puede culminar con la más grave sanción al derecho de ser elegido, esto es, la
imposibilidad de continuar desempeñando el cargo y la inhabilidad absoluta e intemporal para ocupar otro cargo de elección
popular. Por ello, con mayor razón, el citado juicio debe guiarse por los principios del debido proceso de la naturaleza
sancionatoria.

39. En el caso bajo estudio se advierte que la Sección Primera del Consejo de Estado aplicó rigurosamente el artículo 193
del Código General del Proceso, el cual admite la confesión mediante apoderado judicial, a pesar de que dicha norma no se
ajusta, ni es compatible con un proceso sancionatorio. De allí que se concluya en esta tutela que no es plausible admitir en el
juicio sancionatorio la confesión por medio de apoderado, debido que esta debe ser personal, asertiva, libre, espontánea, que
produzca consecuencias jurídicas adversas concretas.

40. Ahora bien, la confesión no es suficiente cuando obra como prueba insular en litigios de la justicia ordinaria, y por supuesto,
menos en un juicio sancionatorio, porque solo tendrá valor si el conjunto probatorio apunta en el mismo sentido de la confesión.
Es decir, no es admisible la confesión contraevidente. Por otro lado, tampoco es legal la confesión sobre hermenéutica legal
o principios de derecho, puesto que ineludiblemente debe referirse a hechos.
[…]”

47. Además, no puede perderse de vista que el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 regula que en los aspectos no
contemplados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, debe acudirse al Código de
Procedimiento Civil, hoy al Código General del Proceso, pero sólo «en lo que sea compatible con su naturaleza» y en el
presente asunto, como lo ha considerado la jurisprudencia antes referida, el carácter sancionatorio del juicio de pérdida de
investidura exige aplicar los principios propios de este tipo de procesos.
[…]”
69
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de diciembre de 2021, MP:
Nubia Margoth Peña, radicado núm.: 81001-2339-000-2020-00127-01.
70
“[…] Artículo 21. Para la impugnación de autos y en los demás aspectos no contemplados en esta ley se seguirá el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de forma subsidiaria el Código General del Proceso en
lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo […]”.
71
“[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas […]”.

19

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00009-01
Solicitante: Carlos Alberto González Gutiérrez

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, -codificación esta última que ni siquiera regula dicho medio
de prueba72-, conforme se afirmó en la aludida providencia judicial,
respondiendo así a la naturaleza sancionatoria de la acción de pérdida de
investidura que no es más que una manifestación del ius puniendi del
Estado, así como lo es la acción penal.

Atendiendo, entonces, la singular esencia sancionatoria de la pérdida de
investidura y al acudirse a la integración normativa con el Código de
Procedimiento Penal, mas no con el Código General del Proceso por
incompatible, en los términos explicados por la Sala, se advierte que el
artículo 8º, de la Ley 906 de 31 de agosto de 200473, prevé la prohibición
de autoincriminación, así:

[…]

Esta norma que regula el principio de no autoincriminación en materia
penal, y por lo mismo en el proceso sancionatorio de pérdida de
investidura, dispone el derecho del imputado a que (i) no sea obligado a
declarar en contra de sí mismo ni en contra de su cónyuge, compañero
permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil,
o segundo de afinidad; (ii) así como a no autoincriminarse ni incriminar
a su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad; (iii) y a que
su silencio no sea usado en su contra.

Así mismo, la referida disposición determina que el sujeto pasivo de la
acción penal puede renunciar al derecho a la no autoincriminación
siempre que dicha renuncia devenga de una manifestación libre,
consciente, voluntaria y debidamente informada, caso en el cual
deberá estar asesorado de su abogado defensor.

[…]

“[…] (i).- En la controversia que nos ocupa, no puede tenerse por
confesado un hecho proveniente de la manifestación efectuada por
el apoderado judicial del demandado en la contestación de la
demanda referente al voto afirmativo en la aprobación del proyecto
de acuerdo que se convertiría en el Acuerdo núm. 073 de 2002, por
cuanto no es posible aplicar el artículo 193 del Código General del
Proceso, al ser incompatible con la naturaleza sancionatoria de los
procesos contencioso-administrativos con pretensión de pérdida de
investidura.

(ii).- Por otra parte, de la manifestación realizada por el apoderado
judicial del demandado en la contestación de la demanda, tampoco
puede colegirse que este hubiere aceptado que votó afirmativamente
el proyecto de acuerdo que dio lugar al Acuerdo núm. 073 de 2002.
Así mismo, del acta del 22 de octubre de 2002 no puede inferirse que
el señor William Villamizar Laguado o cualquier otro miembro del
concejo municipal hubiera votado favorablemente el proyecto de
acuerdo que dio lugar al Acuerdo núm. 073 de 2002.

72
“[…] Artículo 211. Régimen probatorio. En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, en lo que no esté expresamente regulado en este Código, se aplicarán en materia probatoria las normas del
Código de Procedimiento Civil […]”.
73
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal […]”.

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00009-01
Solicitante: Carlos Alberto González Gutiérrez

(iii).- No puede aplicarse la sanción de pérdida de investidura al
demandado bajo una supuesta ilegalidad del Acuerdo núm. 073 de 2002,
pues dicho acto administrativo goza de presunción de legalidad por no
haberse decidido la demanda interpuesta en contra del mismo y que cursa
en el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cúcuta, y, adicionalmente,
porque la declaratoria de ilegalidad de un acuerdo o de una ordenanza,
no produce la pérdida de la investidura per se para los concejales o
diputados74.

[…]”. (Negrilla y subrayado del texto)

II.7. El estudio del caso en concreto

II.7.1. El estudio del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura

(i) Que la persona señalada de adelantar la actuación violatoria del régimen
de conflicto de intereses ejerza o haya ejercido la investidura de concejal

86. Conforme se indicó con anterioridad, la Sala encuentra probado que Jhonny
Andrés Basto Hernández resultó elegido concejal del municipio de Acacías, para el
período constitucional 2020-2023, conforme lo demuestran el Formulario E-26 CON
y el Acta 01 de 2 de enero de 2020. En tales condiciones, se cumple este primer
elemento que resulta común para todo juicio de pérdida de investidura.

(ii) La existencia de un interés directo, actual, particular o inmediato del
concejal o alguna de las personas señaladas en la ley, de orden moral o
económico, en la deliberación o decisión de un tema específico a cargo de la
respectiva corporación pública

87. El Tribunal Administrativo del Meta, en sentencia de 21 de marzo de 2024,
accedió a la solicitud de pérdida de investidura del concejal Jhonny Andrés Basto
Hernández, al encontrar probada la existencia de un interés directo, particular y
actual en el accionado que le impedía participar en la discusión del proyecto de
Acuerdo 592 de 2022 que tuvo lugar los días 17 y 23 de noviembre de 2022, en
razón a que la señora Leidy Georgina Basto Herrera, prima hermana del acusado,
se había postulado para percibir el subsidio de vivienda municipal de interés social
prioritario en la modalidad de adquisición de vivienda del proyecto Balcones del
Camino Real.

88. La anterior decisión fue apelada por el apoderado judicial del accionado, quien
consideró que la sentencia de primera instancia desconoció los principios pro
homine e in dubio pro reo y el derecho al debido proceso, en razón a que no era
posible acudir a la confesión por apoderado judicial, para encontrar demostrado el
vínculo de parentesco en cuarto grado de consanguinidad entre el concejal Jhonny
Andrés Basto Hernández y Leidy Georgina Basto Herrera, pues este medio de
74
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de marzo de 2017, número
único de radicación 54001-23-33-000-2015-00307-01(PI), CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.

21

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00009-01
Solicitante: Carlos Alberto González Gutiérrez

prueba no resulta compatible con la naturaleza sancionatoria del juicio de pérdida
de investidura.

89. Así las cosas, el apelante argumentó que el tribunal de primera instancia debió
propender por aquella hermenéutica que resultaba menos restrictiva de la causal
de pérdida de investidura, esto es, aquella más garantista o que permitiera la
aplicación de forma más amplia del derecho fundamental a elegir y ser elegido.

90. Aludió a la sentencia de 18 de enero de 201775, fallo judicial en el cual se señaló
que la confesión por apoderado judicial prevista en el Código General del Proceso
no resulta compatible con el juicio de pérdida de investidura.

91. Para efectos de resolver, cabe poner de presente que, según las reglas
jurisprudenciales fijadas por la Sala Plena y la Sección Primera del Consejo de
Estado, la sentencia impugnada no podía tener por acreditado el vínculo en cuarto
grado de consanguinidad entre Jhonny Andrés Basto Hernández y Leidy Georgina
Basto Herrera, acudiendo a la confesión por apoderado judicial, por cuanto este
medio de prueba no resulta compatible con la naturaleza sancionatoria propia del
juicio de desinvestidura.

92. La pérdida de investidura es una acción pública de naturaleza sancionatoria
que se traduce en la separación inmediata y a perpetuidad del servidor público
elegido por voto popular, que castiga la transgresión al catálogo de conductas
contrarias a la ética, la transparencia, el decoro y la imparcialidad que debe guiar
el ejercicio de su función. Por esta razón, en esta clase de juicios, cobra especial
relevancia el respeto por las garantías constitucionales que integran el debido
proceso como el principio pro homine, in dubio pro reo, de favorabilidad y de
culpabilidad.

93. Asimismo, no debe pasarse por alto que, de acuerdo con el artículo 213 de la
Ley 1437 de 201176, el juez cuenta con amplios poderes para decretar de oficio las
pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad, previo a la
imposición de esta sanción con las gravosas consecuencias que se deriva para los
derechos políticos del servidor público elegido por voto popular y para la
democracia representativa.

94. Además, en procesos de naturaleza sancionatoria tal deber obliga “[…] al juez
a asumir una conducta activa en el curso de la actuación. Por ende, en esta clase
de procesos el juez debe proveerse de los medios de prueba necesarios para

75
Citó la Sentencia del 18 de enero de 2017, radicado núm.: 11001-03-15-000-2016-03385-00, MP: Ponente Cesar Palomino
Cortés.
76
“[…] ARTÍCULO 213. Pruebas de oficio. En cualquiera de las instancias el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar de
oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y practicar
conjuntamente con las pedidas por las partes. […]”. Esta norma resulta aplicable en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de
la Ley 1881 de 2018.

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00009-01
Solicitante: Carlos Alberto González Gutiérrez

determinar, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, si los hechos alegados en
la demanda se adecúan o no a la causal o causales invocadas por el actor.77[…]”.

95.Sobre el particular, la Sección Primera, en sentencia de 15 de diciembre de
201778, señaló:

“[…] el ordenamiento jurídico procesal faculta al juez para que en
cualquier instancia decrete las pruebas que considere necesarios para el
esclarecimiento de los hechos objeto de análisis.

Cabe resaltar que la naturaleza del poder otorgado por el legislador al juez
se justifica en la idea de la búsqueda de la verdad, entendida esta como
el imperativo que se tiene para la obtención de decisiones justas79. Así,
más que una decisión fundamentada en la liberalidad del juez se trata de
un deber legal, que en nada riñe con el principio de la carga de la prueba
que tienen las partes.

Ahora bien, tal deber se acentúa aún más cuando se trata de procesos
que se tramitan en ejercicio de la acción de pérdida de investidura, la cual,
dada su naturaleza, como se sabe, tiene las características propias del
derecho sancionador, circunstancia que obliga al juez a asumir una
conducta activa en el curso de la actuación.

Por ende, en esta clase de procesos el juez debe proveerse de los medios
de prueba necesarios para determinar, de acuerdo con las reglas de la
sana crítica80, si los hechos alegados en la demanda se adecúan o no a
la causal o causales invocadas por el actor. […]”.

96. Precisado lo anterior, se determinará si de las pruebas allegadas al plenario es
posible o no determinar el vínculo de parentesco entre el concejal accionado y la
señora Leidy Georgina Basto Herrera.

97. Conforme consta en los registros civiles obrantes en el expediente, el concejal
Jhonny Andrés Basto Hernández es hijo de Jorge Aristóbulo Basto Hernández,
quien a su vez es hijo de Jorge Tulio Basto Clavijo, identificado con la cédula de
ciudadanía 1.537.380 de Cáqueza.

98. Por su parte, Leidy Georgina Basto Herrera es hija de Héctor Basto Hernández,
quien a su vez es hijo de Jorge Tulio Basto, identificado con cédula de ciudadanía
203.301 de Cáqueza.

99.Para el esclarecimiento del vínculo de parentesco en cuarto grado de
consanguinidad (primos) existente entre Jhonny Andrés Basto Hernández y Leidy
Georgina Basto Herrera, el consejero encargado de la sustanciación del proceso
decretó, de oficio, la prueba consistente en requerir a la Registraduría Municipal del

77
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, radicado núm.: 17001-23-33-000-2017-00050-
01, sentencia de 15 de diciembre de 2023, MP: Hernando Sánchez.
78
Ibidem.
79
Corte Constitucional. Sentencia SU – 768 de 2014. Magistrado Ponente: doctor Jorge Iván Palacio Palacio.
80
Artículo 176 del Código General del Proceso – CGP.

23

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00009-01
Solicitante: Carlos Alberto González Gutiérrez

Estado Civil de Cáqueza (Cundinamarca) para que, dentro de los diez (10) días
siguientes a la recepción de la correspondiente comunicación, certificara si quien
consta como padre en los registros civiles de nacimiento de los señores Jorge
Aristóbulo Basto Hernández y Héctor Basto Hernández, corresponden o no a la
misma persona.

100. La Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de certificación remitida vía
correo electrónico el día 3 de diciembre de 2024, citada ut supra, informó lo
siguiente:

“[…] Verificadas las bases de datos que produce y administra la
Registraduría Nacional del Estado Civil se precisa que, respecto al señor
JORGE TULIO BASTO CLAVIJO identificado con cédula de ciudadanía
número 203.301, registró como hijo al señor JORGE ARISTÓBULO
BASTO HERNANDEZ mediante registro civil de nacimiento de tomo 23 y
folio 478, serial 3214899, con cédula antigua número 1537380.

Así mismo registro (sic) como hijo, al señor; HECTOR BASTO
HERNANDEZ, mediante registro civil de nacimiento, serial interno
0997413439, con cédula de ciudadanía blanca laminada número.
203.301.

Que, consultada la GED-ID, se evidencia que el señor JORGE TULIO
BASTO CLAVIJO, realizó trámite de cédula de ciudadanía de primera
vez, cuyo documento base fue la cédula antigua número 1537380.

Que, producto del trámite de cédula de primera vez, se le asigna el
número de identificación 203.301.

Aunado a lo anterior se logra evidenciar que el ciudadano JORGE
TULIO BASTO CLAVIJO, tuvo y se identificó con cédula antigua
No.1537380 y que posteriormente expidió cédula de ciudadanía
blanca laminada con el No. 203.301.

Es de aclarar que, las cédulas antiguas fueron expedidas antes del 24 de
noviembre de 1952, documento que a la fecha ha perdido validez por
disposición del artículo 1° de la Ley 39 del 18 de julio de 1961, cuya
principal función era el ejercicio del Derecho al Voto de los ciudadanos,
con posterioridad mediante la Ley 39 del 18 de julio de 1961, se expide
las cédulas de ciudadanía, por parte de la Registraduría Nacional del
Estado Civil, documentos que sirve como identificación de los ciudadanos.
[…]”. (Negrilla y subrayado del texto)

101. Es un hecho probado, entonces, que el señor Jhonny Andrés Basto
Hernández y Leidy Georgina Basto Herrera son primos hermanos, tal y como se
ilustra en la siguiente gráfica:

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00009-01
Solicitante: Carlos Alberto González Gutiérrez

Jorge Tulio Basto Clavijo (quien
se identificó con cédula de
ciudadanía antigua 1.537.380 y
posteriormente con cédula de
ciudadanía 203.301)

Abuelo

Jorge Aristóbulo Basto Héctor Hernando Basto
Hernández Hernández

Padre Padre

Jhonny Andrés Basto Hernández Leidy Georgina Basto Herrera

Primo 1 Primo 2

102. Al encontrarse probado el vínculo de parentesco en cuarto grado de
consanguinidad existente entre el señorJhonny Andrés Basto Hernández y Leidy
Georgina Basto Herrera, la Sala debe definir si se configuró en el concejal acusado
un interés directo, particular y actual que le impedía participar en el trámite y
aprobación del Acuerdo 592 de 2022.

103. El conflicto de interés ha sido definido como aquella razón subjetiva que obliga
a un servidor público de elección popular a manifestar su impedimento para
participar en el debate o votación de un asunto que deba conocer, bien sea porque
le beneficia directamente o a alguno de sus parientes cercanos relacionados con
él. Desde el punto de vista deontológico, esta causal de pérdida de investidura
busca que los servidores públicos de elección popular manifiesten las
circunstancias de índole moral o económico que puedan comprometer la
independencia, imparcialidad y transparencia que debe guiar el ejercicio de su
función.

104. En el presente caso, se encuentra demostrado que el concejal Jhonny Andrés
Basto Hernández participó en el trámite y aprobación del Acuerdo 592 de 23 de
noviembre de 2022, que tuvo lugar en las sesiones de 17 y 23 de noviembre del
año 2022, el cual tenía por objeto ampliar las facultades otorgadas al alcalde
municipal mediante el Acuerdo 576 de 10 de marzo de 2022 hasta el 30 de junio de
2023, a prevención, y para que hiciera los correspondientes actos de transferencia,
a pesar de que, para esa fecha, la lista de postulantes había sido publicada por la
Secretaría de Planeación y Vivienda mediante el Aviso No. 1 de 1.° de noviembre
de 2022, y en la cual aparecía incluido el nombre de Leidy Georgina Basto Herrera,
prima del concejal accionado.

25

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00009-01
Solicitante: Carlos Alberto González Gutiérrez

105. El interés resulta directo, actual e inmediato y el mismo viene determinado por
el hecho de que para la fecha en que participó y votó el Acuerdo 576 de 10 de
marzo de 2022, por medio del cual se ampliaron las facultades al alcalde del
municipio para otorgar subsidios de vivienda de interés social, su prima tenía la
condición de postulante.

106. Al respecto, es preciso señalar que mediante Aviso 1 de 1.° de noviembre de
202281, el municipio de Acacías había publicado el listado de hogares que se
postularon para adquirir un subsidio familiar de vivienda municipal en el proyecto
Balcones del Camino Real, que se efectuó los días 27 al 29 de octubre de 2022, en
cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 211 de 2022; lo que de contera significa
que, a partir de ese momento, se dotó de publicidad el contenido de esa decisión.

107. Según se observa, a partir de ese momento, se produjo para el accionado una
colisión o enfrentamiento entre el interés general que debe privilegiarse en el
ejercicio de su labor como concejal con el interés particular, quedando
comprometida la imparcialidad y ecuanimidad en la toma de cualquier decisión
sobre el futuro del proyecto normativo que a la postre pasaría a convertirse en el
Acuerdo 576 de 10 de marzo de 2022.

108. Contrario a lo sostenido por el apelante, el interés resulta directo, particular y
actual y este no se confunde con el que les asiste a todas las personas o a la
comunidad en general, pues para el momento en que participó en el trámite y
aprobación del Acuerdo 576 de 10 de marzo de 2022, ya se había publicado el
listado de pre-seleccionados, por lo que era esperable que el accionado pusiera en
conocimiento esa circunstancia ante el pleno de la corporación para evitar que se
comprometa “[…] el interés general, la justicia y el bien común, principios y
elementos […] fundantes del Estado (artículo 1)[…]82”, principios que se buscan
preservar justamente con la consagración del régimen de conflicto de interés como
constitutivo de pérdida de investidura. Por ende, el subsidio de vivienda de interés
familiar dejó de cobijar a la generalidad de las personas para abarcar a un
conglomerado determinado.

109. Esta Sección, en sentencia de 15 de diciembre de 202383, al abordar un asunto
similar al aquí analizado, arribó a similar conclusión, con sustento en las siguientes
consideraciones que se transcriben in extenso:

“[…] La Sala no comparte lo señalado por el a quo, y, por el contrario,
considera que este elemento está cumplido por las razones que pasan a
explicarse:

81
Documento 003. Páginas 323 a 393.
82
Corte Constitutional, C 302 de 2021, MP: Cristina Pardo Schlesinger.
83
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2023, MP:
Oswaldo Giraldo López, radicado núm.: 50001-23-33-000-2023-00007-01. En idéntico sentido ver: Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2023, MP: Oswaldo Giraldo López,
radicado núm.: 50001-23-33-000-2023-00006-01.

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00009-01
Solicitante: Carlos Alberto González Gutiérrez

(i) Por aviso nro. 1 del 1 de noviembre de 2022 la Secretaría de Planeación
y Vivienda del municipio de Acacías publicó el listado de hogares que se
postularon para adquirir un subsidio familiar de vivienda municipal en el
proyecto “Balcones del Camino Real”, dentro de los que se encontraba
Flor Stella López León y LFHL, quienes se acredita con los respectivos
registros civiles son respectivamente la esposa y la hija del concejal.

(ii) Pese a que desde el 1 de noviembre de 2022 se habían publicado los
ciudadanos que se postularon para adquirir el citado subsidio de vivienda,
está probado que el concejal el 22 de noviembre de 2022, en calidad de
ponente, radicó “Informe de Ponencia para SEGUNDO debate del
Proyecto de Acuerdo 697 de 2022. “Por medio del cual se otorgan
facultades al alcalde municipal de Acacías-Meta para la asignación de
subsidios de vivienda familiar en las diversas modalidades y se dictan
otras disposiciones” (…)”84 en el que presentó ponencia positiva al
proyecto de acuerdo.

En este punto, se destaca que en el expediente obra la certificación
expedida el 23 de noviembre de 2022 suscrita por el presidente y
secretaria general del concejo municipal de Acacías en el que consta que
“el proyecto de Acuerdo nro. 697, hoy Acuerdo nro. 592 del 23 de
noviembre de 2022, fue aprobado con las modificaciones presentadas en
plenaria, con el voto positivo de trece concejales y dos votos negativos”,
de donde se desprende que el proyecto de acuerdo del cual fue ponente
y presentó ponencia positiva el concejal acusado finalizó con la expedición
del Acuerdo 592 de 2022.

(iii) Además está acreditado con el acta nro. 121 del 23 de noviembre de
2022 que en la sesión ordinaria del concejo municipal de Acacías llevada
a cabo en esa fecha se discutió en segundo debate el proyecto de acuerdo
nro. 697 y que el concejal acusado participó y votó en la discusión.

(iv) En consecuencia, la Sala considera que al concejal sí le asistía un
interés en el debate del Acuerdo 592 de 2022 puesto que lo que allí se
discutía era la autorización al alcalde municipal para otorgar los subsidios
de vivienda y para adelantar los actos de transferencia de los inmuebles,
y, para la fecha en la que se votó el acuerdo, ya se habían publicado los
ciudadanos que se postularon al mencionado subsidio, entre quienes
figuraba su esposa e hija.

(v) De contera, no se comparte lo dicho por el a quo cuando señala que
al concejal la discusión del Acuerdo 592 de 2022 le afectaba en igualdad
de condiciones que a la ciudadanía en general porque para la fecha en
la que se llevó a cabo la votación, su esposa e hija ya se habían
postulado para ser beneficiarias del subsidio de vivienda, lo que
implicaba que la decisión de autorizar al alcalde de Acacías para
entregar los subsidios y hacer los actos de transferencia de los
inmuebles suponía un interés directo, particular e inmediato por el
hecho de que su esposa e hija estaban en el proceso para acceder al
subsidio.[…]”. (Negrilla fuera del texto)

110. Así las cosas, la Sala encuentra satisfecho este segundo requisito de la
causal de pérdida de investidura.

84
(Cita original): Anexos demanda. Ponencia segundo debate.

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00009-01
Solicitante: Carlos Alberto González Gutiérrez

c) Que, a pesar de ello, el concejal participe efectivamente del respectivo
trámite, sin haber manifestado su impedimento para actuar o sin haber
sido recusado para los efectos

111. El Acuerdo 592 de 23 de noviembre de 2022 surtió el primer debate el día 17
de noviembre de 2022, en la Comisión Primera del Plan de Desarrollo y Bienes y,
en segundo debate en la plenaria de la duma el día 23 de noviembre de 2022, de
conformidad con la certificación secretarial referida ut supra.

112. Según consta en el Acta 10 de 17 de noviembre de 2022 de la comisión primera
del Plan de Desarrollo y Bienes del concejo de Acacías, el concejal Jhonny Andrés
Basto Hernández asistió a esa sesión, contestó el llamado a lista, con su asistencia
contribuyó a la conformación del cuórum decisorio y votó de manera positiva el
proyecto normativo que pasó a convertirse en el Acuerdo 592 de 2022, sin haberse
declarado impedido.

113. Igualmente, de conformidad con el Acta 121 de 23 de noviembre de 2022, el
concejal Jhonny Andrés Basto Hernández asistió a esa sesión, contestó el llamado
a lista y votó de manera positiva el proyecto normativo que pasó a convertirse en el
Acuerdo 592 de 2022, sin haberse declarado impedido.

114. En tales condiciones, se encuentra cumplido este tercer requisito y, con ello, el
elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura consistente en la violación
del régimen del conflicto de interés.

II.7.2. Estudio del elemento subjetivo de la causal

115. El artículo 1° de la Ley 1881 de 2018, modificado por el artículo 4.° de la Ley
2003 de 19 de noviembre de 201985 establece que el proceso sancionatorio de
pérdida de investidura “[…] es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se
ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente
culposa, hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura
establecidas en la Constitución […]”. Por ende, para establecer el grado de
responsabilidad es necesario demostrar el dolo o la culpa grave.

116. La Corte Constitucional, en la sentencia SU-424 de 201686 indicó que en los
procesos de pérdida de investidura queda proscrita la responsabilidad objetiva, toda
vez que se trata de un juicio de naturaleza sancionatoria que debe estar gobernado
por los principios que forman parte integrante del debido proceso:

“[…] el análisis de responsabilidad que realiza el juez en el proceso
sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo, pues en un Estado
de Derecho los juicios que implican un reproche sancionador, por regla

85
“[…] Por el cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones […]”.
86
Corte Constitucional, sentencia SU 424 de 16, MP: Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00009-01
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general, no pueden operar bajo un sistema de responsabilidad objetiva, y
las sanciones que se adopten en ejercicio del ius puniendi deberán
verificar la ocurrencia de una conducta regulada en la ley (principio de
legalidad o tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico (principio de
antijuridicidad) y culpable.

Así pues, en lo aquí pertinente, tras verificar la configuración de la causal,
el juez de pérdida de investidura examina si en el caso particular se
configura el elemento de culpabilidad (dolo o culpa) de quien ostenta la
dignidad, esto es, atiende a las circunstancias particulares en las que se
presentó la conducta y analiza si el demandado conocía o debía
conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó
a esa acción u omisión.

En ese sentido, el juez de este proceso sancionatorio debe determinar si
se configura la causal y si a pesar de que ésta aparezca acreditada, existe
alguna circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea
porque haya actuado de buena fe o, en caso de que la causal lo admita,
se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en general
exista alguna circunstancia que permita descartar la culpa […]”. (Negrilla
fuera del texto).

117. La jurisprudencia del Consejo de Estado, desde la sentencia de 25 de mayo de
201787 se ha ocupado de definir los parámetros que deben tenerse en cuenta en el
estudio de la culpabilidad en procesos de pérdida de investidura, pues se requiere
evaluar si el servidor público de elección popular, en este caso, un concejal actuó
en forma dolosa o gravemente culposa, en la siguiente forma:

“[…]Sentencia de 25 de mayo de 2017

65. Esta Corporación, mediante sentencia de 25 de mayo de 201788, indicó que
para definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa, se debían analizar
los elementos que constituían el aspecto subjetivo de la misma, los cuales
correspondían al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud, esto es,
si el sujeto conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba
contrario al ordenamiento jurídico.

66. Sobre el particular, señaló que aun cuando la revisión de los requisitos y el
marco normativo que regía el cargo al cual se aspiraba era una obligación
general para el candidato, el entendimiento de dichos requisitos debía
analizarse de acuerdo con las condiciones personales del sujeto, esto es, el
grado de formación, su profesión, las circunstancias que lo rodearon, así como
a los actos que haya realizado para conocer dicho marco normativo, por ejemplo
solicitar conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de la referida
inhabilidad, para con base en ello, determinar si se obró con el cuidado
requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por el contrario, se estaba
ante una situación de buena fe exenta de culpa que impidiera el reproche
subjetivo de su obrar.

[…]

87
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: María Elizabeth García González,
sentencia de 25 de mayo de 2017, radicado núm.: 81001-23-39-000-2015-00081-01(PI).
88
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 25 de mayo de 2017, C.P. María
Elizabeth García González, Número único de radicación: 810012339000201500081-01.

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Sentencia SU – 632 de 12 de octubre de 2017

70. La Corte Constitucional, mediante sentencia SU – 632 de 12 de octubre de
201789, consideró que la culpabilidad es uno de los elementos que se deben
valorar en los procesos de pérdida de investidura, esto es, determinar “[…] si el
demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su
voluntad se enderezó a esa acción u omisión, aspecto que implica verificar si
se está ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en general exista
alguna circunstancia que permita descartar la culpa […]”.

Sentencia de 10 de mayo de 2018

71. Esta Corporación, en sentencia de 10 de mayo de 201890, consideró que la
omisión del deber de conocer los requisitos y calidades con los que debe contar
un candidato para ser elegido concejal municipal, así como las inhabilidades
que le impiden serlo derivaba en “[…] una conducta negligente de su parte
[…]”91.

72. En ese sentido, concluyó que “[…] el demandado, por elemental cautela y
cuidado, ha debido conocer las inhabilidades e incompatibilidades aplicables al
cargo al cual pretende aspirar, sin que esté demostrado en el plenario que actuó
de forma diligente […]”.

[…]

Sentencia de 11 de marzo de 2021

77. Esta Corporación, en sentencia de 11 de marzo de 202192, consideró que
“[…] no cualquier gestión permite demostrar diligencia y cuidado por parte de
quien es acusado de haber incurrido en una inhabilidad u otra causal de pérdida
de investidura; y por el solo hecho de haber elevado una consulta o formulado
una inquietud a una entidad de derecho público o a un particular, se deba tener
por superada la censura de su conducta. Precisamente […] el análisis de la
culpabilidad del demandado no se agota allí, sino que el Juez tiene la obligación
de auscultar las singularidades de cada caso en aras de calificar el
comportamiento desplegado por el demandado […]”.

89
Corte Constitucional, Sentencia SU – 632 de 12 de octubre de 2017; Magistrado Ponente, doctor José Fernando Reyes
Cuartas.
90
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de mayo de 2018, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación: 170012333000201600473-01.
91
Las consideraciones de esta sentencia fueron reiteradas en otras providencias de la Corporación. Ver Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 16 de mayo de 2019, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón,
Número único de radicación: 810012339000201600056-01; providencia en la cual se consideró que “[…] El proceder del
demandado deriva en negligente, habida cuenta que no verificó el régimen de inhabilidades que rodeaba el cargo al cual
aspiró, pues ello le hubiera permitido percatarse que en su persona se erigía una prohibición para aspirar y ser elegido
Concejal Municipal […]”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 2 de
agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, Número único de radicación: 730012333005201600620-01;
providencia en la cual se consideró que “[…] está claramente establecido en este proceso que no obstante su deber de
conocer estas normas y que el desconocimiento de las mismas no lo exoneraba de la correspondiente responsabilidad […]”;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P.
Hernando Sánchez Sánchez, Número único de radicación: 810012339000201700118-01 y Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 3 de mayo de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Número
único de radicación: 760012333000201800572-01; providencias en las cuales se consideró que “[…] No hay prueba en el
expediente que permita determinar que el Concejal demandado obró con el cuidado requerido y así definir si su conducta es
culposa o si, por el contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa que impida el reproche subjetivo de su
obrar. Al respecto, cabe precisar que el artículo 9.º del Código Civil, según el cual, “[…] la ignorancia de las leyes no sirve de
excusa […]”.
92
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia 11 de marzo de 2021, C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón, número único de radicación: 150012333000202000065-01.

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00009-01
Solicitante: Carlos Alberto González Gutiérrez

78. Asimismo, señaló que en los conceptos jurídicos y opiniones solicitados a
entidades públicas, cuerpos u órganos consultivos, así como las asesorías
jurídicas requeridas a profesionales del derecho, se debe propender por la
formulación correcta y completa de las preguntas, con el acompañamiento, de
ser necesario, de la documentación y elementos que permitan su debida
comprensión, inquietud que debe coincidir con los supuestos fácticos y jurídicos
que son verdaderos motivos de duda y que podrían encuadrar en la causal de
pérdida de investidura; y de la respuesta del asunto que se ha encomendado,
las apreciaciones o recomendaciones jurídicas vertidas en los conceptos y
asesorías deben ser conclusivas y contener medianos criterios de idoneidad,
congruencia, pertinencia y sustentación razonada en su elaboración, de modo
tal que de estos se desprenda un convencimiento justificado, defendible y
razonable de no estar incurso en una conducta constitutiva de pérdida de
investidura.

[…]”. (Negrilla y subrayado del texto)

118. De acuerdo con lo anterior, si el servidor público conocía que una determinada
conducta era constitutiva de una causal de pérdida de investidura y, a pesar de ello,
incurrió en ese comportamiento, se estaría ante un grado de culpabilidad doloso,
pero si el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta pero, en virtud de la diligencia
requerida para el desarrollo de su actividad, debía saber que la misma resultaba
contraria a derecho y adoptar las medidas para evitar su realización, se estaría ante
un comportamiento culposo, de no mediar sólidas circunstancias que se lo hubieran
impedido.

119. Para establecer si la conducta se realizó con dolo o con culpa, se debe tener
en cuenta la naturaleza del cargo, las funciones de este, las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, y así definir si el acusado estaba
en condiciones de comprender el hecho o circunstancia configurativa de la causal
de pérdida de investidura; si acató las normas jurídicas, y si le era exigible otra
conducta.

120. La revisión de los requisitos y el marco normativo que rige el cargo al cual se
aspira constituye una obligación general para quien pretende acceder a la función
pública.

121. En el presente caso, la Sala encuentra que el concejal accionado no obró con
diligencia al participar en la deliberación y votación del Acuerdo 592 de 2022
mediante el cual se autorizó al alcalde municipal de Acacías, desde el 1.° de enero
hasta el 30 de junio de 2023, para la asignación de los subsidios de vivienda y para
que hiciera los correspondientes actos de transferencia.

122. Ello por cuanto para la fecha en que participó en el trámite y votación del
Acuerdo 592 de 2022 era público el listado de pre-seleccionados, en el cual figuraba
su prima y, por ende, desde ese momento se produjo una colisión entre el interés
general con el particular, en favor de terceros. Esta culpa corresponde a la grave
que según el Código Civil consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00009-01
Solicitante: Carlos Alberto González Gutiérrez

cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en
sus negocios propios93.

123. Tampoco se demostró que el accionado haya solicitado la asesoría de un
abogado de cara a averiguar la situación en la que se encontraba ni se evidencia
que existan interpretaciones disímiles en la jurisprudencia respecto del alcance de
la conducta reprochada, y de los elementos concurrentes para su configuración.

124. El apelante advierte que no se radicó el listado de los postulantes ante la duma
a fin de que se presentara, en el cuerpo de la exposición de motivos, un acápite
que describiera las circunstancias o eventos que podían generar un eventual
conflicto de interés de los concejales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
291 de la Ley 5ª de 1992.

125. Sobre el particular, debe señalarse que el artículo 291 de la Ley 5ª de 1992 94,
señala que el autor del proyecto y el ponente presentarán en el cuerpo de la
exposición de motivos un acápite que describa las circunstancias o eventos que
podrían generar un conflicto de interés para la discusión y votación del proyecto.

126. En el presente caso, si bien es cierto que, según lo ratificaron las certificaciones
de 23 de enero de 2023, expedidas por la Secretaría General del concejo municipal
y la Secretaría de Planeación y Vivienda, no se radicó el listado de postulantes o
de posibles beneficiarios al programa de vivienda Balcones de Camino Real, el
propio artículo 291 de la Ley 5ª de 1992 señala que dicha circunstancia constituye
tan solo un criterio o guía a fin de que los congresistas adopten una determinada
decisión, sin perjuicio de que estos adviertan la existencia de otras circunstancias
constitutivas de conflicto de interés.

127. Lo dicho hasta ahora permite señalar que la sola circunstancia de que en el
articulado del proyecto normativo no se haya incluido el listado de beneficiarios no
lo excusaba del deber de manifestar su impedimento, pues el servidor público debe
valorar el conjunto de circunstancias de orden moral o económico que le impiden
participar en el trámite o aprobación de un asunto para dar claridad y transparencia
a los temas que son sometidos a su consideración, más aún, cuando el listado era
de público conocimiento para la ciudadanía en general.

128. Por otro lado, el apelante sostiene que el fallo de primera instancia incurrió en
desconocimiento del precedente jurisprudencial al haber interpretado la causal
analizada de manera contraria a la sentencia de 11 de diciembre de 200695,

93
Artículo 63 del Código Civil
94
“[…] Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes […]”.
“[…] ARTÍCULO 291. Declaración de Impedimentos. El autor del proyecto y el ponente presentarán en el cuerpo de la
exposición de motivos un acápite que describa las circunstancias o eventos que podrían generar un conflicto de interés para
la discusión y votación del proyecto, de acuerdo al artículo 286. Estos serán criterios guías para que los otros congresistas
tomen una decisión en torno a si se encuentran en una causal de impedimento, no obstante, otras causales que el Congresista
pueda encontrar. […]”.
95
Citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de diciembre de 2006,
radicado núm.: 15001-2331-000-2005-03429-01.

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Solicitante: Carlos Alberto González Gutiérrez

proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que abordó un asunto
similar al debatido, para lo cual resulta necesario delimitar el alcance del
precedente.

129.La jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado han
coincidido en señalar que el precedente comprende “[…] la sentencia o el conjunto
de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en
los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las
autoridades judiciales al momento de emitir un fallo. […]”96.

130. Para identificar si estamos en presencia de un precedente deben tenerse en
cuenta los siguientes criterios: (i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa
como precedente debe incorporar una regla judicial relacionada con el caso a
resolver posteriormente; (ii) debe tratarse de un problema jurídico semejante y (iii)
los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia deben ser semejantes
o plantear un punto de derecho similar al que se debe resolver posteriormente97.

131. En el presente caso, la Sala encuentra que la Sección Primera del Consejo de
Estado, mediante sentencia de 11 de diciembre de 200698, analizó la situación de
un concejal de cara a su eventual participación en los proyectos de acuerdo
mediante los cuales se facultó al alcalde del municipio de Chivatá a otorgar
subsidios de vivienda, hacer la escrituración respectiva y para que adquiriera un
crédito destinados al proyecto de vivienda de interés social, a pesar de que su
hermano había sido elegido como beneficiario del subsidio.

132. En esa oportunidad, la Sección Primera confirmó la decisión judicial de primera
instancia que negó la solicitud de pérdida de investidura, con fundamento en los
siguientes argumentos:

“[…] De las anteriores normas se puede colegir, que el Sistema Nacional
de Vivienda de Interés Social fue creado con el fin de brindar una solución
de vivienda a las personas que cumplan con las condiciones que
establece la ley, es decir de aquellos hogares que se hayan postulado por
el hecho de carecer de recursos y que quieran obtener vivienda, mejorarla
o tener legalmente los títulos de la misma. Por lo tanto, la autorización
que se logró a través del Acuerdo 005 de 2004, del cual fue partícipe
el concejal Pedro Gutiérrez, y que facultaba al alcalde para obtener
un crédito destinado al proyecto de vivienda de interés social, se
tomó en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general,
pues pretende beneficiar a aquellas personas de la comunidad que
cumplan con los requisitos que establece la ley para la obtención de
los subsidios. Por lo tanto, de acuerdo con las pruebas obrantes en el
expediente y con las normas anteriormente transcritas, se desprende que
el señor Pedro Gutiérrez, concejal del municipio de Chivatá, no influyó en

96
Corte Constitucional: C- 474 de 2020, MP: José Fernando Reyes Cuartas.
97
Corte Constitucional, T-794 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio.
98
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de diciembre de 2006,
radicado núm.: 15001-23-31-000-2005-03429-01, MP: Martha Sofia Sanz Tobón.

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Solicitante: Carlos Alberto González Gutiérrez

el otorgamiento del subsidio a su hermano, José Elicio Gutiérrez, pues el
mismo cumplía con los requisitos exigidos por la ley para obtener el
subsidio.

Se añade, que única y exclusivamente el señor Pedro Gutiérrez participó
en los debates de los Acuerdos que facultaron al Alcalde del municipio de
Chivatá para la adquisición de un crédito con una entidad financiera
legalmente reconocida por un monto de $100.000.000 de pesos, pero no
tuvo injerencia alguna en la adjudicación de los lotes, ya que como se
mencionó anteriormente, los requisitos se encuentran establecidos en la
ley y los subsidios ya estaban asignados al momento de aprobarse el
mencionado acuerdo.

[…]”. (Negrilla fuera del texto).

133. En este orden de ideas, no se vislumbra la existencia de similitud o
coincidencia en los presupuestos fácticos, toda vez que en aquella oportunidad se
negó la pérdida de investidura por considerar que la participación del concejal
acusado en el proyecto que tuvo como finalidad conferir autorización al alcalde para
la adquisición de un crédito de vivienda de interés social se hizo en igualdad de
condiciones a la de la ciudadanía en general, mientras que, en el presente caso, se
analiza la situación del accionado de cara a su participación en el proyecto de
acuerdo mediante el cual se prorrogaron las facultades otorgadas al alcalde
municipal para adjudicar subsidios de vivienda, momento en el cual era público el
listado de personas postuladas, entre las cuales figuraba el nombre de la pariente
del acusado.

134. En síntesis, dadas las diferencias sustanciales en cuanto a los presupuestos
fácticos entre uno y otro proceso, la regla jurídica a la que se arribó en el proceso
de pérdida de investidura con radicación 2005-03429-01, no resulta aplicable al
presente caso.

135. Similar conclusión se predica respecto de la sentencia de 15 de octubre de
202499, toda vez que, en esa oportunidad se analizó la situación de un congresista
por su eventual participación en los siguientes proyectos de ley: (i) “[…] Por medio
de la cual se fortalecen las juntas de acción comunal y otros organismos comunales
como organizaciones de la economía popular, comunitaria y solidaria […]” (ii) “[…]
Mediante la cual se promueve el fortalecimiento institucional de los municipios
PDET y se dictan otras disposiciones […]” y (iii) “[…] Por medio de la cual se habilita
la adjudicación, concesión y el otorgamiento de uso de tierras en reservas
forestales de la Ley 2ª de 1959 y se dictan otras disposiciones […]”.

136. En esta oportunidad, la Sala Especial de Decisión 6 negó la solicitud de pérdida
de investidura del accionado, con fundamento en lo siguiente:

99
La Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decision 6, MP: Omar Joaquín
Barreto Suárez, sentencia de 15 de octubre de 2024, radicado núm.: 11001-03-15-000-2024-03204-00. La apoderada del
accionado aludió a esta sentencia en escrito visible en el índice 55 SAMAI.

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“[…] 154. En este contexto, la Sala reitera que la existencia de un conflicto
de intereses, de conformidad con la definición establecida en la Ley 5 de
1992, implica inicialmente la demostración concurrente de un beneficio
particular, actual y directo a favor del congresista, de su cónyuge,
compañero o compañera permanente o parientes dentro del segundo
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

155. Al respecto, lo primero que se observa es que, de acuerdo con los
argumentos expuestos por la parte actora, la causal de pérdida de
investidura no reúne la totalidad de los elementos objetivos que se
requieren para su configuración, por cuanto no se acreditó un interés
particular, actual y directo.

156. Además de lo anterior, la parte actora no aportó como medio de
convicción los proyectos de ley presentados en su momento por el
congresista, de manera que no se demostró si quiera la participación
efectiva del congresista en los debates, esto es, el sentido de su
votación o autoría de los referidos proyectos de ley, más allá de las
afirmaciones del solicitante.

157. No obstante, a partir de los títulos de los proyectos de ley que enunció
el actor, se extrae con claridad que no es dable predicar la configuración
del elemento objetivo de la causal, esto es, un beneficio particular, actual
y directo a favor del congresista, de su cónyuge o sus parientes dentro del
segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil,
en tanto la normativa parece tener un alcance general, abstracto e
impersonal.

[…]

159. En este contexto, el beneficio que alega el solicitante de la pérdida
de investidura es claramente hipotético, incierto y eventual, lo que excluye
la posibilidad de considerarlo como actual o inmediato, por lo que no se
encuentra acreditado el elemento objetivo de la violación del régimen del
conflicto de intereses.

[…]”. (Negrilla fuera del texto)

137. Así las cosas, al existir diferencias notorias y sustanciales entre el problema
jurídico resuelto en aquella oportunidad con el propuesto en esta decisión y, según
las particularidades que existen en cada caso en concreto, no hay lugar tampoco a
considerar que la regla jurídica a la que se arribó en el proceso de pérdida de
investidura con radicación núm. 2024-03204-00 resulte aplicable al presente caso.

II.8. Conclusiones

138. La Sala confirmará la sentencia de 21 de marzo de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta, por encontrar demostrada la causal de pérdida de
investidura consistente en la violación al régimen del conflicto de intereses por parte
del concejal Jhonny Andrés Basto Hernández, pero por las razones expuestas en
la parte motiva del presente proveído.

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00009-01
Solicitante: Carlos Alberto González Gutiérrez

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 21 de marzo de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta, pero por las razones expuestas en la parte motiva
del presente proveído.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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