Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00425-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00425-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-00425-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
7 de marzo de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00425-00
Demandante: Jhonny Andrés Basto Hernández
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00425-00
Demandante: JHONNY ANDRÉS BASTO HERNÁNDEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA - Se niega el amparo, por cuanto la ausencia de intervención del
Ministerio Público en un proceso de pérdida de investidura no da lugar a la vulneración del
derecho fundamental al debido proceso / INTERVENCIÓN FACULTATIVA DEL
MINISTERIO PÚBLICO – En los términos del artículo 303 del CPACA, en armonía con el
artículo 12 de la Ley 1881 de 2018, la intervención del Ministerio Público es discrecional.
La Sala1 decide la acción de tutela instaurada por el señor Jhonny Andrés Basto
Hernández contra la Sección Primera del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda
1. El 28 de enero de la presente anualidad, el señor Jhonny Andrés Basto
Hernández interpuso acción de tutela contra la Sección Primera del Consejo de
Estado, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso
y «a ser elegido», en el trámite de pérdida de investidura con radicado 50001-23-
33-000-2024-00009-01. Formuló las siguientes pretensiones (se transcriben):
1. (…), Tutelar mis derechos fundamentales al debido proceso y ser elegido y,
en consecuencia:
2. Ordenar a la Sección Primera del Consejo de Estado, suspender el debate
del proyecto de fallo del proceso No. 50001 23 33 000 2024 00009 01, el cual
se llevará a cabo el 30 de enero del presente año, toda vez que no se ha hecho
parte fundamental la Procuraduría General del (sic) Nación ante la petición de
vigilancia superior, presencia y concepto que es vital y de suma importancia
dentro del proceso, para que haya una decisión justa.
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Se advierte que el 18 de febrero de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el respectivo proyecto de sentencia.
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Demandante: Jhonny Andrés Basto Hernández
2. De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3. El 16 de enero de 2024, el señor Carlos Alberto González Gutiérrez promovió
acción pública de pérdida de investidura contra Jhonny Andrés Basto Hernández,
concejal del Municipio de Acacías (Meta) para el periodo 2020–2023, por considerar
que participó en la aprobación del Acuerdo 592 del 23 de noviembre de 2022, sin
manifestar que estaba inmerso en un conflicto de intereses.
4. En sentencia del 21 de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo del Meta decretó
la pérdida de investidura del accionado2. Destacó que mediante el Acuerdo 592 de
2022 el Concejo Municipal de Acacías autorizó al alcalde del referido municipio para
que realizara la asignación de subsidios de vivienda y los correspondientes actos
de transferencia; no obstante, el accionado participó en la deliberación del proyecto
del acuerdo, aun cuando para la fecha de discusión y votación del mismo ya se
había publicado la lista de las personas postuladas para ser beneficiarias de los
subsidios, entre las que se encontraba Leidy Georgina Basto Herrera, prima del
concejal.
5. Inconforme con la decisión, el señor Basto Hernández interpuso recurso de
apelación. Allí alegó que en el plenario no obraba prueba alguna que acreditara,
más allá de toda duda razonable, la relación de parentesco con la señora Leidy
Georgina Basto Herrera, de modo que el Tribunal a quo debió resolver tal duda a
su favor y cuestionó que la expresión «prima hermana», utilizada en la contestación
de la demanda, hubiera sido tenida por la Sala de conocimiento como una
«confesión por apoderado judicial».
6. El 20 de mayo de 2024, el Despacho sustanciador del proceso en segunda
instancia admitió el recurso de apelación.
7. El 4 de junio de 2024, el proceso ingresó al Despacho para fallo y, el 30 julio
siguiente, se decretó una prueba de oficio; de modo que, en el asunto se encuentra
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La Magistrada Teresa Herrera Andrade salvó voto. En su criterio, la Sala Mayoritaria se limitó a
analizar la existencia de un vínculo de consanguinidad entre el accionado y la señora Leidy Georgina
Basto Herrera, sin que se hubiera demostrado que el concejal hubiera influido en la asignación del
subsidio de vivienda a su prima, quien para acceder al mismo debió cumplir con los requisitos
impuestos para ello.
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Demandante: Jhonny Andrés Basto Hernández
pendiente proferir sentencia de segunda instancia.
8. En el escrito de amparo, el señor Basto Hernández adujo que la Procuraduría
General de la Nación se encuentra en «etapa de transición», porque, según él, con
la posesión del nuevo procurador, los procuradores delegados ante el Consejo de
Estado han renunciado, razón por la cual no se han pronunciado dentro del referido
proceso de pérdida de investidura.
9. Por lo anterior, el pasado 14 de enero, solicitó la «vigilancia especial» sobre el
proceso, ante la Procuraduría General de la Nación, por considerar que «el
concepto y la presencia del Ministerio Público dentro del proceso de Pérdida de
Investidura, [garantiza el ejercicio de sus derechos fundamentales al debido proceso
y a elegir y ser elegido]».
10. A juicio del accionante, la vulneración de sus derechos fundamentales deviene
del hecho de que, a pesar de que el Ministerio Público no ha emitido concepto sobre
las actuaciones surtidas en segunda instancia, la Secretaría y la Presidencia de la
Sección Primera del Consejo de Estado convocaron a Sala del 30 de enero de 2025,
con el objeto de que discutir el proyecto de fallo presentado por el magistrado
sustanciador del proceso.
11. Para el señor Basto Hernández, el pronunciamiento del Ministerio Público en
segunda instancia es imperativo y resulta «crucial y fundamental» para asegurar la
salvaguardia de sus derechos.
12. Además, indicó que, contrariando el principio de publicidad y transparencia de
las actuaciones judiciales, en el expediente digital del proceso sólo se visualizan
cuatro documentos públicos.
Trámite impartido e intervenciones
13. Mediante auto del 31 de enero de 20253, el Despacho sustanciador negó la
solicitud de medida de protección provisional formulada por el accionante, admitió
la solicitud de amparo contra la Sección Primera del Consejo de Estado y vinculó,
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SAMAI, índice 5.
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en calidad de tercero con interés, al señor Carlos Alberto González Gutiérrez.
Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
14. La Sección Primera del Consejo de Estado 4 , a través del magistrado
sustanciador del proceso de pérdida de investidura, solicitó que se declarara
improcedente la solicitud de amparo, pues carece del requisito de subsidiariedad y
que, en caso de que se analice de fondo, se negaran las súplicas de la demanda,
en la medida en que no se vulneraron los derechos fundamentales del accionante.
15. Señaló que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario de protección de
derechos fundamentales; no obstante, como puede evidenciarse en el sistema de
información judicial SAMAI, el proceso de pérdida de investidura con radicado 2024-
00009-01 actualmente se encuentra en trámite, sin que a la fecha se haya proferido
sentencia de segunda instancia.
16. Adicionalmente, expuso que en el proceso se ha garantizado la intervención del
agente del Ministerio Público, quien asistió a la audiencia prevista en el artículo 12
de la Ley 1881 del 15 de enero de 2018 y rindió concepto.
17. Asimismo, precisó que tal autoridad ha sido debidamente notificada de todas las
actuaciones que se han surtido en el proceso y que, con todo, al tenor de lo
dispuesto en el artículo 303 del CPACA, la intervención del Ministerio Público es
facultativa.
18. Por otro lado, adujo que en el trámite se ha garantizado el principio de publicidad
de las actuaciones judiciales, pues revisado el expediente de pérdida de investidura,
se advierte que la Secretaría ha autorizado a las partes el acceso al expediente
digital. Concretamente, en los índices 19 y 69 de SAMAI obran las constancias
secretariales que dan cuenta de que se autorizó el acceso al apoderado principal y
a la apoderada sustituta del accionado.
19. Finalmente, sostuvo que el argumento de la falta de publicidad de las
actuaciones ya había sido puesto a consideración del Despacho sustanciador del
proceso a través de una solicitud de nulidad, la cual fue rechazada de plano,
mediante auto del 5 de febrero de 2025.
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SAMAI, índice 10.
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II. C O N S I D E R A C I O N E S
Problema Jurídico
20. De conformidad con lo expuesto en los antecedentes, corresponde a la Sala
determinar si, en el marco del trámite de pérdida de investidura con radicado 50001-
23-33-000-2024-00009-01, la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y «a ser elegido» del señor Jhonny Andrés Basto
Hernández, al convocar a sala para discutir el correspondiente proyecto de
sentencia, pese a que el Ministerio Público no ha emitido concepto.
Caso concreto y solución del problema jurídico
21. En el caso bajo estudio, el señor Basto Hernández indicó que se vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso y «a ser elegido», porque, pese a que
el Ministerio Público no ha emitido concepto sobre las actuaciones surtidas en
segunda instancia en el proceso de pérdida de investidura con radicado 2024-
00009-01, la Secretaría y la Presidencia de la Sección Primera del Consejo de
Estado convocaron a Sala del 30 de enero de 2025, con el objeto de que discutir el
proyecto de fallo presentado por el magistrado sustanciador del proceso.
22. Para el accionante, la Sección Primera de esta Corporación tiene vedado proferir
sentencia de segunda instancia en el proceso de pérdida de investidura, sin que el
Ministerio Público emita concepto sobre las actuaciones surtidas en esa instancia
judicial; sin embargo, la Sala advierte que, como bien lo señaló el magistrado
sustanciador del proceso en la contestación de la demanda, la intervención del
Ministerio Público, al tenor de lo previsto en el artículo 303 del CPACA, es
facultativa.
23. En efecto, la referida disposición normativa dispone:
ARTÍCULO 303. ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO. El Ministerio
Público está facultado para actuar como demandante o como sujeto procesal
especial y podrá intervenir en todos los procesos e incidentes que se
adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en defensa del
orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías
fundamentales.
(…)
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24. Así, en términos de obligatoriedad o discrecionalidad de la intervención, es claro
que por el verbo utilizado en la norma referida -podrá-, el legislador confirió al
Ministerio Público la facultad de intervenir en los procesos e incidentes que se
adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sin que sea dable
concluir que su pronunciamiento o participación es obligatoria en todos los trámites.
25. Por su parte, el artículo 12 de la Ley 1881 de 2018, aplicable a los procesos de
pérdida de investidura de concejales y diputados por remisión expresa del artículo
22 ibidem5, en su tenor literal dispone:
ARTÍCULO 12. A la audiencia pública asistirá la Sala Especial de Decisión de
Pérdida de Investidura y será presidida por el magistrado ponente. Esta
diligencia quedará registrada en medio magnético para que obre dentro del
expediente.
Las partes podrán intervenir, por una sola vez, en el siguiente orden: El
solicitante o su apoderado, el agente del Ministerio Público y el Congresista
y su apoderado.
26. De lo anterior se colige que, en el trámite del proceso de pérdida de investidura,
el legislador también previó la intervención del agente del Ministerio Público en
términos de discrecionalidad y no de obligatoriedad.
27. En conclusión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 303 del CPACA,
en armonía con la previsión del artículo 12 de la Ley 1881 de 2018, la participación
del Ministerio Público en los procesos de pérdida de investidura no sólo no es
imperativa, como erróneamente pretende hacerlo ver el accionante, sino que,
además, carece de naturaleza vinculante. Es decir, el juez de la causa dispone si
acoge las consideraciones emitidas por la entidad en sus conceptos o si, por el
contrario, se aparta parcial o totalmente de ellas para proferir la decisión que
corresponda.
28. Con todo, y pese a la discrecionalidad de la intervención, que, de entrada, daría
lugar a negar las pretensiones de la demanda encaminadas a suspender el debate
de un proyecto de sentencia, por la falta de participación del Ministerio Público en
el proceso, la Sala observa que el mismo aún se encuentra en trámite, sin que se
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ARTÍCULO 22. Las disposiciones contenidas en esta ley serán aplicables, en lo que sea
compatible, a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00425-00
Demandante: Jhonny Andrés Basto Hernández
evidencie siquiera anotación alguna que demuestre que se hubiera registrado
proyecto de sentencia alguno.
29. Ahora, si bien es cierto el magistrado sustanciador del proceso en la
contestación de la demanda informó que en el caso de estudio el Ministerio Público
sí emitió concepto, que identificó como «Documento 040. Concepto del Ministerio
Público», lo cierto es que, revisado en detalle el expediente en el aplicativo SAMAI,
se observa que en los índices 43 y 45 se registraron dos memoriales contentivos de
los conceptos 62 y 65 rendidos por la Procuraduría 49 Judicial II para Asuntos
Administrativos en el marco del proceso con radicado 50001-23-33-000-2024-
00163-00.
30. De modo que los conceptos obrantes en los referidos índices no se rindieron
con destino al proceso de pérdida de investidura con radicado 2024-00009-01, sino
a otro de igual naturaleza que se adelanta en contra del accionante, pero con
fundamento en supuestos fácticos distintos a los del que aquí se analiza.
31. Sin embargo, la Sala insiste en que el hecho de que el Ministerio Público no
hubiera emitido pronunciamiento alguno hasta el momento o que definitivamente no
lo haga, no viola en modo alguno el derecho al debido proceso del accionante, pues
su intervención es facultativa.
32. Por otro lado, en relación con el reproche del accionante respecto a la falta de
publicidad de las actuaciones que se han registrado en el Sistema de Información
Judicial, la Sala observa que, como lo informó el magistrado sustanciador del
proceso, en los índices 19 y 69 se dejó constancia secretarial de que se autorizó el
ingreso al expediente en SAMAI al apoderado principal del accionado y a su
apoderada sustituta. Por lo que se concluye que el señor Basto Hernández y sus
apoderados han tenido acceso al expediente, pues han intervenido activamente
radicando memoriales, formulando solicitudes, pronunciándose frente a traslados
de documentos y pruebas, entre otros.
33. Adicionalmente, también se observa que esa presunta irregularidad fue puesta
de presente en el trámite del proceso primigenio mediante una solicitud de nulidad,
la cual fue rechazada de plano en auto del 5 de febrero de 2025. Decisión contra la
cual el apoderado del accionado interpuso recursos de reposición y, en subsidio,
apelación (SAMAI, índice 86 del proceso de pérdida de investidura).
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34. Así las cosas y teniendo en cuenta que la decisión que rechazó de plano el
incidente de nulidad no se encuentra en firme, por cuanto fue recurrido por el propio
accionante, el juez del amparo no está facultado para intervenir en un asunto en el
que aún se encuentra pendiente por resolver un trámite promovido con fundamento
en la misma causa, que para el caso de estudio es la falta de publicidad de las
actuaciones judiciales alojadas el expediente electrónico del proceso de pérdida de
investidura.
35. En síntesis, los cargos formulados en la solicitud de amparo no están llamados
a prosperar en la medida en que, dada la naturaleza facultativa/discrecional de la
intervención del Ministerio Público en los procesos que se adelanten ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y por cuanto en el proceso de origen
se encuentra pendiente por resolver un mecanismo idóneo para resolver la supuesta
irregularidad en cuanto al acceso al expediente digital. Se impone, entonces, negar
el amparo deprecado por el señor Jhonny Andrés Basto Hernández.
36. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Negar la acción de tutela interpuesta por el señor Jhonny Andrés Basto
Hernández, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO. Si esta sentencia no se impugna, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
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