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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2025-00138-01

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2025-00138-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 16 de febrero de 2026, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Casanare y, en su lugar, DECRETAR la pérdida de investidura del señor VÍCTOR JAIMES JERÓNIMO, concejal de Paz de Ariporo (Casanare). Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 72 Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00138 01 Solicitante: ARIEL ARTURO REYES FUENTES SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 85001-23-33-000-2025-00138-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

28 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 850012333000202500138011
Recurso de apelación contra la sentencia de 16 de febrero de
2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare.
Solicitante: ARIEL ARTURO REYES FUENTES

TESIS: SE DECRETA LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA DEL CONCEJAL DE PAZ DE
ARIPORO (CASANARE), POR INCURRIR EN VIOLACIÓN DEL RÉGIMEN DE
CONFLICTO DE INTERESES, AL PARTICIPAR EN LA APROBACIÓN DEL
ACUERDO 500.02–028 DE 25 DE DICIEMBRE DE 2023, SIN HABERSE
DECLARADO IMPEDIDO, A PESAR DE QUE SU SOBRINA FIGURABA EN EL
LISTADO DEFINITIVO DE HOGARES ADMITIDOS DE 30 DE NOVIEMBRE DE
2023, PARA SER BENEFICIARIOS DE TALES SUBSIDIOS.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el actor contra
la sentencia de 16 de febrero de 2026, proferida por la Sala Plena
del Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual denegó la
pérdida de investidura del señor VÍCTOR JAIMES JERÓNIMO,
concejal del municipio de Paz de Ariporo (Casanare), por hechos
ocurridos dentro del período constitucional 2020-2023.

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las

providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta
sentencia podrán confrontarse de forma virtual.

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Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00138 01
Solicitante: ARIEL ARTURO REYES FUENTES

I.- ANTECEDENTES

I.1.- El ciudadano ARIEL ARTURO REYES FUENTES, actuando en
nombre propio, solicitó decretar la pérdida de la investidura del señor
VÍCTOR JAIMES JERÓNIMO, concejal del municipio de Paz de
Ariporo (Casanare), por hechos sucedidos dentro del período
constitucional 2020-2023, al considerar que incurrió en la causal
prevista en el artículo 55, numeral 2, en concordancia con el artículo
70 de la Ley 136 de 2 de junio de 19942, y en el artículo 48, numeral
1, de la Ley 617 de 6 de octubre de 20003, esto es, por violación al
régimen de conflicto de intereses.

I.2.- En apoyo de su pretensión el solicitante adujo, en síntesis, que
el accionado fue elegido concejal de Paz de Ariporo (Casanare), con
el aval del partido Cambio Radical, para el período constitucional
2020-2023. Y que, en el año 2023, el Concejo de ese municipio
aprobó varios acuerdos que otorgaron facultades a la alcaldesa para
asignar subsidios de vivienda, tales como el Acuerdo 500.02-003 de
17 de mayo de 2023, en el que se autorizó la asignación de 569 lotes
como subsidios, y el Acuerdo 500.02-010 de 28 de agosto de 2023,
mediante el cual se autorizó la asignación de otros 18 subsidios.

Señaló que el 30 de noviembre de 2023, el jefe de la Oficina Asesora
de Planeación de Paz de Ariporo (Casanare) publicó el listado
definitivo de hogares admitidos para recibir subsidios, que incluyó

2 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de

los municipios […]”.
3 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de

1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional […]”.

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Solicitante: ARIEL ARTURO REYES FUENTES

en el puesto 2058, la cédula de ciudadanía de la sobrina del
accionado, señora LILIANA JAIMES MORENO; y que a pesar de
ello el accionado votó positivamente, sin declararse impedido, el
Acuerdo 500.02-028 de 25 de diciembre de 2023, que autorizó la
asignación y adjudicación de 194 subsidios familiares de vivienda.

Mencionó que a partir de la aprobación de este último acuerdo, el
citado subsidio se concretó a favor de la sobrina del accionado, según
consta en las resoluciones 300.52.779 de 27 de diciembre de 2023
—por la cual se asignaron 781 subsidios familiares de vivienda en
modalidad de lotes con disponibilidad de servicios, en el área urbana
del Paz de Ariporo—, y 300.52.1493 y 300.52.1505 de 28 de
diciembre de 2023, expedidas por la Alcaldía de Paz de Ariporo
(Casanare) —mediante las cuales se efectuó la transferencia de
dominio del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 475-
41972, bien fiscal urbano con disponibilidad de servicios públicos—.

Sostuvo que el accionado debió declararse impedido y no participar
en las sesiones que aprobaron los acuerdos municipales que
autorizaron a la alcaldesa de Paz de Ariporo otorgar subsidios de
vivienda, pues benefició directamente a su pariente dentro del cuarto
grado de consanguinidad. Y que dan cuenta de ello los antecedentes
jurisprudenciales de la Sección Primera del Consejo de Estado,
contenidos en las sentencias de 15 de diciembre de 2023, radicación
50001233300020230000601, y 17 de julio de 2025, radicación
85001233300020240008101.

Comentó que para la fecha de votación del acuerdo que concedió al
alcalde municipal la autorización para asignar subsidios de vivienda

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familiar, existía un listado de postulantes admitidos entre los que
figuraba la familiar del concejal, que participó de la convocatoria
para la adjudicación de subsidios de vivienda familiar y había sido
elegida para tal beneficio, razón por la que al no haberse declarado
impedido se configuró un conflicto de intereses.

I.3.- El concejal, actuando a través de apoderado, contestó la
solicitud de pérdida de investidura, para lo cual admitió su condición
de cabildante y la expedición de los acuerdos municipales
cuestionados, no así el parentesco con la señora LILIANA VARGAS
MORENO, al señalar que es inexistente y no fue acreditado en la
solicitud; y reconoció que la Oficina de Planeación de Paz de Ariporo
(Casanare) publicó un listado de personas beneficiarias de las
convocatorias realizadas en virtud de los Acuerdos 500.2-003 de 17
de mayo, 500.02.010 de 28 de agosto y 500-02-028 de 25 de
diciembre, todos del año 2023, lo cual fue posterior a la aprobación
de dichos acuerdos, publicación que, de todas maneras, no conoció,
sumado a que el número de cédula referido por el actor no pertenece
a su supuesta consanguínea.

Indicó que el predio con matrícula inmobiliaria 475-41972,
correspondiente a la Manzana 14, Lote 7B, Calle 15 #6Este-52, no
se incluyó en la autorización otorgada a la alcaldesa mediante el
Acuerdo 500.02-028 de 25 de diciembre de 2023, cuya autorización
para adjudicación de 194 subsidios de vivienda se limitó
taxativamente a los folios comprendidos entre el 475-41291 y el
475-41391, excluyéndose en su artículo segundo, expresamente, el
referido folio; y que la adjudicación de dicho lote fue una decisión

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netamente administrativa, adoptada sin concurso del Concejo de Paz
de Ariporo (Casanare).

Sostuvo que no está probado que mediante la Resolución 373.52-
0779 de 27 de diciembre de 2023 se le asignara un subsidio familiar
de vivienda a la señora LILIANA JAIMES MORENO; y que el folio
de matrícula inmobiliaria 475-41972 no fue adjudicado bajo la
autorización del Acuerdo 500.02-028 de 25 de diciembre de 2023,
sino por voluntad del ejecutivo municipal, porque no se incluyó en el
cuadro del artículo segundo de este, ni en los acuerdos 500.02-03
de 17 de mayo de 2023 y 500.02.10 de 28 de agosto de 2023.

Manifestó que tiene conocimiento de la sentencia de 17 de julio de
2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, dentro
del proceso con radicación 850012333000202400081011, mediante
la cual se decretó la pérdida de investidura del señor CARLOS JULIO
VIVAS PALENCIA, concejal de Paz de Ariporo (Casanare), con
ocasión de la expedición del Acuerdo 500.02-028 de 25 de diciembre
de 2023, pero que sus circunstancias particulares son
diametralmente opuestas a las del caso en precedencia, de ahí que
aplicarlo automáticamente implicaría incurrir en un juicio de
responsabilidad objetiva.

Arguyó que el Acuerdo 500.02.028 de 25 de diciembre de 2023,
tramitado como proyecto de acuerdo 300.47.1-031 de 15 de
diciembre de 2023, tuvo como propósito autorizar a la alcaldesa para
asignar y adjudicar 194 subsidios familiares de vivienda en especie,
con destinación de los 194 inmuebles fiscales urbanos resultantes de
la subdivisión predial aprobada mediante la Resolución 372.45.2-

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0088 de 2023, protocolizada a través de la escritura pública 1548 de
14 de diciembre de 2023; y que el parágrafo 1° del artículo primero
identificó taxativamente los 194 lotes con folios de matrícula
comprendidos entre el 475-41291 y el 475-41391, en cinco rangos
expresos, por lo que el predio 475-41972, supuestamente
adjudicado a la señora LILIANA JAIMES MORENO, al no figurar en
dicha enumeración, tampoco lo obligaba a declararse impedido
frente a la aprobación de este acuerdo.

Señaló que el predio con matrícula inmobiliaria 475-41972 se originó
en una división material realizada el 15 de diciembre de 2023, con
anotación 002 de esa fecha, radicación 2023-475-6-3712,
protocolizada mediante la Escritura 1548 de 14 de diciembre de 2023
de la Notaría Única de Paz de Ariporo (Casanare), a partir del folio
de matrícula matriz 475-41355, correspondiente inicialmente al Lote
7 Manzana 14 Comercial Bloque 1; y que dicha división material
abrió los folios 475-41971 (Lote 7A) y 475-41972 (Lote 7B), pero
que debido a que este predio no se incluyó en ninguno de los tres
acuerdos municipales, su adjudicación fue una decisión autónoma de
la administración municipal, sin autorización directa ni delegada del
Concejo, lo que permite concluir que no incurrió en conflicto de
intereses, al ser su voluntad ajena a la aprobación del subsidio del
lote en cuestión.

Anotó que, si bien el actor manifestó haber aportado su registro civil
y el de la señora LILIANA JAIMES MORENO, tales documentos no
fueron efectivamente allegados, lo que le impide al Juez determinar
sus parientes consanguíneos de tercer grado; y que tal desacierto

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probatorio es insalvable para la judicatura, pues corregirlo de oficio
transgrediría el debido proceso y el principio de igualdad procesal.

Alegó que su conducta no resulta antijurídica, para lo cual se refirió
a la concepción dual de antijuridicidad (formal-material) acogida en
el ordenamiento colombiano, según la cual la responsabilidad por
infracción de las leyes sancionatorias exige la verificación de un daño
efectivo a los bienes jurídicos protegidos y no la mera valoración de
una intención que se juzga lesiva; y que, en el caso concreto, su
voluntad manifestada en el trámite y aprobación de cada uno de los
tres acuerdos municipales se ajustó a derecho, no “torció” el interés
general, respetó los principios constitucionales de la función pública
establecidos en los artículos 3° y 209 de la Constitución Política y de
la Ley 1437 de 2 de julio de 20124, y no estuvo orientada a favorecer
a su supuesta sobrina.

Por último, resaltó que la solicitud guardó absoluto silencio respecto
del elemento subjetivo y tampoco lo probó, lo que era imposible
debido a que los acuerdos cuestionados no otorgaron beneficio
alguno a la presunta sobrina del accionado, por lo que, al no existir
conducta culpable ni antijuridicidad, no puede estructurarse juicio
alguno de reproche de culpabilidad.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal, mediante sentencia de 16 de febrero de 2026, denegó la
pérdida de investidura del accionado, para lo cual mencionó, de

4 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo […]”.

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forma preliminar, que mediante auto de 13 de noviembre de 2025
no se decretaron como pruebas documentales las resoluciones
300.52.1493 y 300.52.1505, ambas de 28 de diciembre de 2023,
expedidas por la Alcaldía de Paz de Ariporo (Casanare), toda vez que
tales actos administrativos no guardaban relación con los hechos de
la solicitud, al referirse a transferencias de dominio a favor de los
señores HÉCTOR JULIÁN VIVAS PALENCIA y NARDA JIMENA
VIVAS PALENCIA, es decir, personas ajenas a este proceso judicial
y cuyo caso fue conocido en la acción de pérdida de investidura con
radicación 850012333000202400081011; y que tampoco se
tuvieron en cuenta los folios de matrícula inmobiliaria 475-41917 y
475-37801, ni las copias de los registros civiles de nacimiento de los
señores HÉCTOR JULIÁN VIVAS PALENCIA y NARDA JIMENA
VIVAS PALENCIA, por no resultar conducentes, pertinentes o útiles
para la resolución del caso.

Sostuvo que en el año 2023 el accionado participó en la discusión y
aprobación de los Acuerdos 500.2.003 de 17 de mayo, 500.02.010
de 28 de agosto y 500.02.028 de 25 de diciembre de 2023, mediante
los cuales se autorizó a la alcaldesa de Paz de Ariporo (Casanare) la
asignación y adjudicación de unos lotes a título de subsidios
familiares, de los que se le asignó uno a la señora LILIANA JAIMES
ROMERO.

Indicó, respecto del parentesco del accionado con la señora
LILIANA JAIMES ROMERO, que, si bien fueron allegados los
registros civiles de nacimiento de ella y su progenitora, la señora
LIRIA ROMERO NOVOA, con ellos no se podía establecer
parentesco con el concejal porque su registro civil de nacimiento no

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fue aportado con la solicitud, a pesar de ser anunciado en el acápite
de pruebas, y lo cierto es que no fue suministrado por el actor. Sin
embargo, en la diligencia de alegatos el apoderado del accionado
aceptó que la señora LILIANA JAIMES ROMERO sí era su sobrina,
por lo que si bien los registros civiles de nacimiento son prueba ad
substantiam actus del estado civil, es de anotar que tal circunstancia
se dio por sentada y liberó del rigor probatorio documental a este
aspecto del parentesco, el cual se tuvo por acreditado.

Refirió que el 30 de noviembre de 2023 la Oficina Asesora de
Planeación de Paz de Ariporo (Casanare), publicó el listado definitivo
de los números del documento de los jefes de los hogares admitidos
para ser beneficiarios de los subsidios familiares de vivienda en
especie, dentro de los cuales aparece el número de cédula
1115859645; y que, como se anotó, el accionado participó en la
discusión y aprobación, entre otros, del Acuerdo 500.02.028 de 25
de diciembre de 2023, mediante el cual se autorizó a la alcaldesa de
Paz de Ariporo (Casanare) la asignación y adjudicación de 194
subsidios familiares de vivienda en especie-lotes con disponibilidad
de servicios.

Comentó que mediante las resoluciones 300.52-779 de 27 de
diciembre y 300.52-803 de 28 de diciembre de 2023, expedidas por
la alcaldesa municipal de Paz de Ariporo (Casanare), se le asignó el
predio identificado con matrícula inmobiliaria 475-41972 al jefe del
hogar identificado con cédula de ciudadanía 1115859645; y que con
el certificado de tradición del folio de matrícula inmobiliaria 475-
41972, se demostró que la propietaria del predio al que corresponde

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dicha matrícula es la señora LILIANA JAIMES ROMERO,
identificada con la cédula de ciudadanía 1115859645.

Señaló que sí hubo un interés del accionado en la autorización de
asignación de subsidios de vivienda en especie para beneficiar a su
pariente, quedando así demostrado el elemento objetivo de la
causal, pues su actuación con voto afirmativo en el acuerdo que
autorizó la adjudicación de subsidios, y el vínculo de parentesco
entre él y la señora LILIANA JAIMES ROMERO, beneficiaria del
subsidio de vivienda, probaron la vulneración del régimen de
conflicto de intereses, al encajar, esa conducta, en el artículo 70 de
la Ley 136.

En cuanto al análisis subjetivo de la conducta del accionado, anotó
que el listado definitivo de 2922 hogares admitidos para ser posibles
beneficiarios de los subsidios de vivienda, y en el cual aparece el
número de cédula de la señora LILIANA JAIMES ROMERO en la
posición 2058, no fue remitido al Concejo Municipal, y su
comunicación se hizo hasta el 30 de noviembre de 2023, a través
del sitio web oficial de la Alcaldía de Paz de Ariporo (Casanare), por
lo que aquel no podía saber que su sobrina era beneficiaria de tales
subsidios, pues los acuerdos mediante los cuales la Corporación
autorizó a la alcaldesa para asignarlos son de 17 de mayo y 28 de
agosto de 2023, es decir son mucho más antiguos que la lista en la
que aparece por primera vez la cédula de su familiar.

Arguyó, con relación al Acuerdo 500.02.028 de 25 de diciembre de
2023, que aunque se aprobó con posterioridad a la publicación del
listado, encontró que dicho instrumento no incluyó los datos de los

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posibles beneficiarios, sino que únicamente autorizó a la alcaldesa
municipal para que, de manera autónoma y discrecional,
seleccionara 194 hogares y adjudicara los subsidios entre los
hogares ya admitidos, lo que significa que la determinación concreta
de los beneficiarios no fue ni debatida ni decidida por el Concejo,
sino adoptada directamente por la administración municipal.

Aseveró que aun cuando la familiar del concejal aparecía en el listado
publicado el 30 de noviembre de 2023, no se encontró prueba que
permitiera concluir que conocía o debía conocer que la alcaldesa la
incluiría dentro de los 194 hogares seleccionados, ni que su voto en
la autorización general de facultades tuviera impacto inmediato,
directo y asegurado sobre el resultado administrativo posterior. Y
que, en este caso, no existió un interés cierto y actual, sino que se
convirtió en hipotético o eventual, por cuanto el número de
postulantes y admitidos a la convocatoria es mucho mayor que el de
los subsidios otorgados, de manera existía un alea de adjudicación
más que una certeza de que la sobrina fuese segura beneficiaria del
subsidio.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO

El actor interpuso recurso de apelación en el cual pretende que se
revoque la sentencia de 16 de febrero de 2026 y, en su lugar, se
decrete la pérdida de investidura del accionado, para lo cual alega
que el a quo incurrió en una omisión probatoria determinante al no
valorar el listado definitivo de hogares admitidos, publicado el 30 de
noviembre de 2023 por el jefe de la Oficina Asesora de Planeación
Municipal de la Alcaldía de Paz de Ariporo (Casanare), en cuya

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posición 2058 fue incluido el número de la cédula de ciudadanía de
la familiar del cabildante, lo que acredita su inscripción y admisión
en la convocatoria antes de la aprobación del Acuerdo 500.02-028
de 25 de diciembre de 2023.

Menciona que los acuerdos de mayo y agosto de 2023, son actos
preparatorios de la autorización otorgada mediante el Acuerdo
500.02-028 de 25 de diciembre de 2023, por lo que el concejal
conocía el listado de admitidos de 30 de noviembre de 2023, al
momento de votar este último; que, con ese conocimiento, aprobó
el referido acuerdo sin declararse impedido; y que allegada dicha
prueba al expediente por la Secretaría de Planeación del municipio
de Paz de Ariporo (Casanare), mediante oficio 370.15.271, el
Tribunal no hizo el mismo análisis que en el proceso de pérdida de
investidura seguido contra el cabildante CARLOS JULIO VIVAS
PALENCIA, con radicación 8500123330002024000800, en el que sí
decretó la pérdida de investidura.

Alega que, a diferencia de la providencia apelada, y a pesar de
tratarse de los mismos hechos, en la sentencia de 14 de noviembre
de 2024, proferida en el proceso con radicación
85001233300020240008100, el Tribunal determinó en los
numerales 18.4.16 y 18.4.17 que, debido el carácter público, social
y de capital importancia del programa de asignación de subsidios de
vivienda, que involucró 3.675 postulantes para 781 subsidios —
autorizados mediante los Acuerdos 500-02-003 de 17 de mayo de
2023, 500-02-010 de 28 de agosto de 2023 y 500.02-028 de 25 de
diciembre de 2023— el concejal debió verificar, antes de votar la
autorización a la alcaldesa, que ningún familiar estuviera admitido

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como posible beneficiario, y que al omitirlo constituyó un descuido
inexcusable al deber mínimo de prudencia y diligencia exigible a un
servidor público.

IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN

El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,
numeral 3, de la Ley 1881 de 15 de enero de 20185, no fue
descorrido por el accionado.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer, en los precisos términos del
recurso de apelación, y en consonancia con la solicitud inicial, si el
concejal de Paz de Ariporo (Casanare), señor VÍCTOR JAIMES
JERÓNIMO, incurrió en la causal prevista en el artículo 55, numeral
2, en concordancia con el artículo 70 de la Ley 136, y en el artículo
48, numeral 1, de la Ley 617, esto es, por violación del régimen de
conflicto de intereses, precedido de una conducta dolosa o
gravemente culposa, luego de haber participado, sin haberse
declarado impedido, en el trámite y aprobación de los acuerdos
500.02-003 de 17 de mayo, 500.02-010 de 28 de agosto y 500.02-
028 de 25 de diciembre de 2023, que le otorgaron facultades a la
alcaldesa de ese municipio para asignar y adjudicar subsidios
familiares de vivienda en especie, en forma de lotes, a pesar de que

5 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se

consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.

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su sobrina, la señora LILIANA JAIMES ROMERO, había sido
incluida en el listado definitivo de jefes de hogares admitidos desde
el 30 de noviembre de 2023.

V.2.- De la violación del régimen de conflicto de intereses
como causal de pérdida de investidura de concejales6

En la presente solicitud se endilga la configuración de la causal de
pérdida de investidura prevista en los artículos 55, numeral 2, de la
Ley 136, y 48, numeral 1, de la Ley 617, así:

“[…] Ley 136, artículo 55. Pérdida de la investidura de
concejal. Los concejales perderán su investidura por:
(...)
2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades
o de conflicto de intereses [...]” (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

“[...] Ley 617, artículo 48.- Pérdida de investidura de
diputados, concejales municipales y distritales y de
miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas
administradoras locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de
conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses
cuando se trate de considerar asuntos que afecten al
concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la
ciudadanía en general […]” (Resaltado fuera del texto original).

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente

Nubia Margoth Peña Garzón, sentencias de 2 de diciembre de 2021, número único de radicación
47001233300020200075601; 3 de octubre de 2019, número único de radicación
05001233300020170347301; y 25 de febrero de 2021, número único de radicación
25000231500020190021701.

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En este sentido, el artículo 70 de la Ley 136, previó, en cuanto al
conflicto de intereses de concejales, la siguiente definición
conceptual que instruye la aplicación de esa figura:

“[…] Artículo 70.- Conflicto de interés. Cuando para los
concejales exista interés directo en la decisión porque le
afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o
compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad
o primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho,
deberá declararse impedido de participar en los debates o
votaciones respectivas.

Los concejos llevarán un registro de intereses privados en el cual
los concejales consignarán la información relacionada con su
actividad económica privada. Dicho registro será de público
conocimiento. Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de una
causal de impedimento de algún concejal, que no se haya
comunicado a la respectiva corporación, podrá recusarlo ante ella
[…]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

La Sección ha establecido que el conflicto de intereses es un
concepto jurídico indeterminado y, debido a ello, es el juez quien
decide, en cada caso concreto, si existe o no fundamento suficiente
para acceder a la solicitud elevada. Por su parte, la jurisprudencia
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación se ha pronunciado en múltiples ocasiones frente al
alcance y contenido de la causal en comento y su incursión en sede
judicial, consideraciones que, si bien son vertidas en el marco de
controversias de desinvestidura de congresistas de la República,
orientan su entendimiento, configuración y aplicación en los asuntos
que, como en el caso sub lite, examinan las conductas de concejales.

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Así, en la sentencia de 12 de abril de 2011, de la Sala Plena, se
recogen en gran medida las diferentes providencias que abordan el
tema, de la cual se transcriben los apartes más significativos:

“[…] Ahora bien, no obstante, la generalidad del alcance que tienen
los arts. 182 y 183.1 de la C.P., poseen un contenido mínimo
clarificador, que es importante destacar a continuación antes de
abordar el caso concreto:

i) El conflicto de interés puede ser de orden económico o moral, de
manera que en estos dos conceptos se deben enmarcar todas las
circunstancias reprochables desde el punto de vista del interés en
su concreción. Sin embargo, la indeterminación de los mismos
sigue caracterizando la institución.

ii) La consecuencia inmediata de estar incurso en ellos es que se le
prohíbe al congresista participar de la deliberación y decisión del
tema puesto a consideración del Congreso.

En este sentido, la Sala Plena consideró en la sentencia del 11 de
mayo de 2009 –exp. P.I. 2009 00043-: “La Carta Política impone a
los congresistas el deber de poner en conocimiento de la respectiva
Cámara las situaciones de orden moral o económico que los inhiban
para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su
consideración. La Ley 5ª de 1992 -Sección IV-, reguló lo relativo a
la aplicación, declaración, comunicación y efectos del impedimento
y la recusación y el artículo 286 reitera el deber que tienen de
declararse impedidos ‘… de participar en los debates y votaciones
respectivas…’.”

iii) El conflicto de intereses afecta la posibilidad de participar en toda
clase de actuaciones y decisiones donde, en principio, debería
actuar el congresista, es decir, que está inhibido “para participar en
el trámite de los asuntos sometidos a su consideración.” Esto
significa que no puede intervenir en la deliberación ni en la votación
de proyectos de ley, de actuaciones judiciales, ni en la adopción de
otras decisiones administrativas, electorales o políticas, siempre
que lo afecten.

De este criterio ha sido la Sala Plena en muchas ocasiones. Entre
ellas lo ha aplicado a la elección de funcionarios a su cargo, en cuyo
caso ha analizado si en el evento concreto se presenta un conflicto
de intereses del congresista demandado que participó en la
correspondiente elección: “Para la Sala, la situación de conflicto de
interés que puede presentarse en un asunto o materia de

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conocimiento de los congresistas, no se circunscribe únicamente a
los relacionados con su labor legislativa, pues como antes lo ha
precisado la Sala Plena7, los miembros del Congreso tienen otras
funciones de naturaleza administrativa, electoral, judicial, de
control político y fiscal, atribuidas por la Constitución y la ley. Por
esta razón, ha dicho la Sala8, que la situación de conflicto debe
analizarse en cada caso específico, para determinar si las
particulares circunstancias del congresista, su cónyuge o
compañero o compañera permanente, o sus parientes, o socios, se
contraponen con el interés comprometido en el asunto o materia
en el que intervenga.” -sentencia del 10 de noviembre de 2009.
Rad. 11001-03-15-000-2008-01180-00(PI)-2008-01367. CP.
Martha Teresa Briceño-

En el mismo sentido manifestó: “Que el impedimento puede darse
por la participación o votación en una decisión o asunto de que
conozca el Congreso de la República, sea que se trate de
deliberaciones y votaciones relacionadas con proyectos de ley o
actos legislativos, o se trate de una decisión trascendental. En
efecto, es inequívoco el artículo 291 al señalar que el congresista
debe declararse impedido cuando observe que existe un conflicto
de intereses para conocer y participar ‘sobre determinado proyecto
o decisión trascendental’.

“Por tanto, el impedimento no solo puede darse cuando se trate del
ejercicio de las funciones puramente legislativas del Congreso sino
cuando se trate de las otras funciones de ese órgano como las
funciones de control político, las administrativas, las judiciales y las
electorales.

“La Sala no desconoce que el conflicto de intereses podría darse de
forma contundente cuando se trata de la intervención de los
congresistas en el proceso de formación de normas jurídicas que
luego vendrían a favorecerlos de forma particular y concreta, como
cuando se dictan normas relativas al régimen del derecho penal
estando el congresista sometido efectivamente a una investigación
penal, cosa que no sucede en este caso. Este tema fue tratado por
la Sala de Consulta del Consejo de Estado en el concepto del 15 de
mayo de 20089, y así se concluyó en ese dictamen.” -sentencia del

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 10 de noviembre de

2001, Expediente PI-0130, consejero ponente Germán Rodríguez Villamizar.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de17 de octubre de

2000, Expediente AC-11116, consejero ponente Mario Alario Méndez.
9 “[…] ¿Debe un congresista declararse impedido de participar en los debates y votaciones respecto

del proyecto de Acto Legislativo números 047 de 2007 Cámara y 014 de 2007 Senado, porque la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal le ha abierto una investigación preliminar por
actos relacionados con la llamada "parapolítica"? De acuerdo con los fundamentos normativos y los
hechos analizados en el presente concepto, la Sala considera recomendable que proceda a declarar
su impedimento ante la respectiva Corporación, para que sea ésta la que decida sobre el mismo. En

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23 marzo de 2010, rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI). CP.
Hugo Fernando Bastidas-

En forma concluyente también ha expresado que “Para que se
estructure la violación del régimen del conflicto de intereses es
suficiente que el congresista participe en los debates10, así sea
simplemente integrando el quórum de la sesión donde se discuta el
tema respectivo11.” –Sala Plena. Sentencia del 27 de julio de 2010.
Rad. 11001-03-15-000-2009-01219-00(PI). CP. Mauricio Fajardo
Gómez-

iv) Cuando se concreta alguna circunstancia que obliga al
congresista a separarse del tema que compete resolver al
Congreso, aquél debe ponerla en conocimiento de la Corporación,
so pena de ser recusado. En estos términos, tanto la institución del
impedimento como la recusación tienen apoyatura directa en el art.
182 de la CP.

v) Se le encomendó al legislador complementar la tarea que se
encuentra implícita en esta causal: identificar “lo relacionado con
los conflictos de intereses y las recusaciones”. Esta atribución para
ultimar los detalles de la materia, en lo no regulado en la
Constitución Política, constituye una típica reserva de ley.

vi) De lo expresado se deduce que los elementos que configuran el
conflicto de intereses son: a) la existencia de un interés particular
del congresista en la deliberación o decisión de un tema específico
a cargo del Congreso, b) que efectivamente participe de ello, c) que
ese interés sea directo, no eventual o hipotético, d) que además el
interés sea actual, y e) que el beneficio recibido no sea general sino
particular […]”12.

caso de hacerlo y de votar el congresista favorablemente el mencionado proyecto de Acto legislativo,
¿qué consecuencias podrían sobrevenirle en materia disciplinaria y pérdida de investidura? De
acuerdo con lo expuesto en este concepto, en caso de que el congresista no declare su impedimento
ante la Corporación y de alguna manera participe en el debate y votación del proyecto, además de
la posibilidad de que pueda ser recusado, dicha participación podría dar lugar a que se le iniciara
una investigación disciplinaria y se configurara una causal para un eventual proceso de pérdida de
investidura […]”.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de abril de 2003,

número único de radicación 11001-03-15-000-2002-1127-01(PI-058), consejero ponente
Alejandro Ordóñez Maldonado.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de

2003, número único de radicación 11001-03-15-000-2003-0587-01(PI), consejero ponente
Alejandro Ordóñez Maldonado.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 12 de abril de

2011, número único de radicación 11001-03-15-000-2010-01325-00 (PI), consejero ponente
Enrique Gil Botero y 2 de julio de 2013, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-00-
00322-00(PI), consejero ponente María Elizabeth García Gonzalez. Ver también, en el mismo
sentido, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 6 de junio
de 2017, número único de radicación 11001-03-15-000-2016-02279-00(PI) consejero ponente

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A su vez, esta Sección ha acogido y reiterado, en múltiples
oportunidades, lo dicho en el concepto de 28 de abril de la Sala de
Consulta y Servicio Civil sobre la noción, finalidad, fundamento y
características que debe reunir el conflicto de interés, en el cual se
plasmaron las siguientes consideraciones13:

[…] 2. El conflicto de intereses. Es una institución de
transparencia democrática que por su alcance y fundamento debe
analizarse en forma concreta.

2.1. Noción. En términos generales es aquella cualidad de
concurrencia antagónica entre el interés particular y el interés
público que afecta la decisión a tomar y obliga a declararse
impedido a quien deba tomarla.

2.2. Finalidad. El instituto del conflicto de intereses trata de
impedir que prevalezca el interés privado del congresista [en este
caso entiéndase concejal] sobre los intereses públicos, el cual,
prevalido de su influencia, podría obtener provechos indebidos
para sí o para terceros, es decir, evitar favorecer intereses que
no sean los relativos al bien común o que la imparcialidad de sus
decisiones se comprometa y distorsione por motivos personales o
particulares. Se trata así de un asunto inherente al fuero interno del
congresista, a un aspecto esencialmente subjetivo, el que de existir
y no ser manifestado conforme al reglamento, da lugar a la
recusación.

2.3. Fundamento. De allí que el fundamento del impedimento
radica en que: a) el conflicto de interés afecta la transparencia de
la decisión -para el caso, la motivación del voto-. En efecto, en toda
decisión siempre debe haber, en forma inequívoca, un solo interés:
el interés general de la ley. Por tanto, en caso de conflicto se
mezclan el interés privado y el público, con lo cual queda en duda
cuál fue el interés dominante. b) En que el impedimento evita que
la decisión sea determinada por el interés particular en detrimento
del interés público.

Jaime Orlando Santofimio Gamboa y de 1o. de febrero de 2018 número único de radicación 66001-
23-33-000-2017-00089-01(PI), consejero ponente Oswaldo Giraldo López.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

18 de marzo de 2021, número único de radicación 85001233300020200001602, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés.

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2.4 Necesidad de análisis en cada caso particular: La Sala
estima conveniente advertir que el tema, de por sí complejo,
requiere para su tratamiento del análisis de cada caso concreto,
pues la conducta humana admite de manera necesaria matices y,
por tanto, el instituto del conflicto de intereses, al ser del resorte
del fuero interno, debe ser valorado con especial cuidado para no
vulnerar los derechos del congresista o hacer inanes los alcances
de la ley.

3. Requisitos para la configuración del conflicto de intereses
en el caso de los congresistas. Como quiera que dicho conflicto
se configura por la concurrencia de interés privado e interés público,
se hace indispensable tener en cuenta, entre otros, los siguientes
requisitos:

3.1 Interés privado concurrente. De acuerdo con lo expuesto,
resulta indubitable que este interés debe aparecer en tal forma que
comprometa objetivamente la intangibilidad del interés general
perseguido, para lo cual la Sala estima necesario hacer las
siguientes precisiones:

a) Existencia: Se configura el interés privado cuando hay
“exigencia para la satisfacción de necesidades humanas” -
Messineo, Tomo II, p. 10 -, lo cual acontece cuando surgen v. gr.:
ventajas o provechos representados en derechos
subjetivos, o en ventajas de tipo reparativo positivo (como
indemnización por daños o detrimento de derechos) o negativo
(reparación de gastos), o de tipo enriquecedor (como ganancias,
utilidades, provechos, derechos, etc.), o cuando se refieren a la
simple exoneración de desventajas (exoneración de obligaciones,
cargas, etc.).

b) Juridicidad: Se da cuando el interés privado, protegible de
ordinario, pero con la aptitud de afectar la transparencia, debido a
que siendo actual y estando amparado por la ley puede perturbar
el ánimo del interesado a actuar en su propio favor. Para ello debe
tenerse en cuenta que el interés: 1) Es actual, cuando se ha
adquirido y puede afectarse. De allí que por ausencia de éste (sic)
requisito quede excluido el interés futuro. 2) Es jurídico, porque se
encuentra amparado por la ley. Por tanto es inaceptable interés
originado en el roce meramente social (v. gr. el de comunicación o
trato) para generar conflicto de interés. y, 3) Es afectable, cuando
puede extinguirse o modificarse el que se tiene. En cambio, no se
da cuando el interés es inalienable (v. gr. La vida).

c) Privado: Se da cuando el interés es de naturaleza particular de
manera inequívoca y, por lo mismo, se descarta cuando se actúa
movido por el interés público o general -regulación abstracta en

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general-. El interés puede ser individual o colectivo, referido en el
primer caso, por ej., a la propiedad particular y, en el segundo, al
interés común de los propietarios en una urbanización.

d) Titularidad: El interés debe radicar en el congresista [en este
caso entiéndase concejal] o en su cónyuge, compañero (a),
pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad, en el caso bajo estudio.

3.2 El interés público concurrente en la decisión pertinente.
Para que este interés público concurrente pueda verse
menoscabado, también se hace indispensable tener en cuenta
aquellos aspectos que puedan afectar que sea el único
determinante de la decisión; lo cual implica que en la misma
persona que tiene un interés privado, también concurran estos
requisitos:

a) Calidad de congresista.
b) Intervención en las deliberaciones y votaciones.
c) Proyecto de decisión de interés público.
d) Afectación particular, consistente en que el proyecto a votar
pueda afectar el interés directo del congresista, arriba mencionado.

3.3 Conflicto de interés. De la concurrencia objetiva de los dos
intereses mencionados puede desprenderse inequívocamente la
existencia de un conflicto de interés como causal de impedimento
o recusación. En tanto que este fenómeno no se estructuraría, de
una parte, cuando no concurra alguno de los requisitos
mencionados para los referidos intereses, y, de otro, cuando
simplemente se trata de mera apreciación subjetiva de conflicto sin
sustento en elementos objetivos [...]”14.

A partir de estos precisos elementos de juicio la Sección15 ha
determinado que con dicha causal se procura sancionar la posibilidad
de que los concejales pretendan, con determinadas decisiones,
lucrarse u obtener beneficios, ventajas o privilegios personales, en
detrimento de la comunidad, desconociendo precisamente el interés

14 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 28 de abril de 2004, radicación

núm. 1572, consejero ponente Flavio Augusto Arce Rodríguez.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 30 de

mayo de 2019, número único de radicación 05001-23-31-000-2017-02538-01(PI), consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés y de 28 de noviembre de 2013, número único de radicación
50001-23-33-000-2013-00027-02(PI), consejera ponente María Elizabeth García González.

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general que debe guiar el ejercicio de sus funciones; esto es, cuando
el accionado tiene interés directo en el asunto que se encuentra
conociendo porque le afecta en forma personal, o a su cónyuge o
compañero o compañera permanente, o de alguno de sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
primero civil, o de su socio o socios de derecho o de hecho, ya sea
de orden moral o económico.

El asunto puesto en conocimiento del miembro de la corporación
pública le plantea un enfrentamiento entre su interés personal y el
interés general o bien común que, se reitera, debe guiar el ejercicio
de sus funciones, lo que obliga a que aquél manifieste su
impedimento para efectos de que sea resuelto, so pena de incurrir
en la referida causal de desinvestidura.

La causal de violación al régimen de conflicto de intereses en cabeza
de un concejal, supone la omisión en que se incurre cuando, en un
asunto sometido a su intervención, no advierte ante el resto del
órgano político-administrativo al cual pertenece, la connivencia entre
sus intereses particulares, –ya sean de orden moral y/o económico-
y los ineludibles intereses públicos que per se está obligado a
proteger en desarrollo de sus funciones públicas corporativas, en
tanto que de dicha concurrencia de intereses resulta afectado de
alguna manera u obtiene un provecho privado.

Siendo consecuente con los antecedentes jurisprudenciales
referenciados y reiterados, la Sala hace hincapié en los presupuestos
cuya presencia debe quedar demostrada de forma suficiente y
concurrente dentro del proceso, en orden a verificar la configuración

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de la causal de conflicto de intereses en concejales:

a) Que el accionado haya adelantado la actuación imputada en
ejercicio de su respectiva investidura;

b) Que exista un interés actual, particular y directo del concejal, o
de su cónyuge o compañero o compañera permanente, o de alguno
de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad o primero civil, o de su socio o socios de derecho
o de hecho, de orden moral o económico, en la deliberación o
decisión de un tema específico a cargo de la respectiva corporación
pública, es decir un asunto de conocimiento funcional del miembro
de la corporación pública, cualquiera sea su naturaleza, lo que no
circunscribe la causal, únicamente, a las cuestiones político-
administrativas, sino a toda materia que sea competencia del
órgano; y,

c) Que, a pesar de ello, dicho concejal conforme el quórum o
intervenga en el debate del referido asunto, o lo vote o participe
efectivamente del trámite, sin haber manifestado el impedimento
para actuar o sin haber sido recusado para los efectos16.

V.3.- Del caso concreto

V.3.1.- Análisis subjetivo de la conducta del concejal

16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de febrero de

2015, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-01139-00(PI), consejera ponente
doctora María Claudia Rojas Lasso.

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La Sala advierte que en la sentencia apelada se comprobó la
configuración del elemento objetivo de la causal de violación al
régimen de conflicto de intereses en cabeza del accionado, luego de
verificarse su participación, sin declararse impedido, en el trámite y
aprobación del Acuerdo 500.02-028 de 25 de diciembre de 2023, por
el cual se otorgaron facultades a la alcaldesa de ese municipio para
asignar y adjudicar subsidios familiares de vivienda en especie, en
forma de lotes, a pesar de que su sobrina, la señora LILIANA
JAIMES ROMERO, había sido incluida en el listado definitivo de
jefes de hogares admitidos desde el 30 de noviembre de 2023. Esta
conclusión no fue controvertida por el concejal.

Por su parte el actor, en calidad de apelante único, controvierte en
su recurso que el Tribunal hubiera exonerado al concejal porque no
encontró prueba que permitiera concluir que conocía o debía conocer
que la alcaldesa incluiría a su sobrina en los 194 hogares
seleccionados, así como que hubiese concluido que su voto en la
autorización general de facultades no tuvo impacto inmediato,
directo y asegurado sobre el resultado administrativo posterior, por
lo que fue descartado un interés cierto y actual.

Ante la circunstancia, la Sala procederá con el análisis subjetivo de
la conducta del concejal VÍCTOR JAIMES JERÓNIMO, para lo cual
se prohíjan los criterios elaborados por la Sala en sentencia de 25 de
mayo de 201717, que al tenor indicó:

“[…] En cuanto al análisis subjetivo de la conducta desplegada
por el señor MARIO HINESTROZA ANGULO, en medio del

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente

María Elizabeth García González, sentencia de 25 de mayo de 2017, número único de radicado
81001-23-39-000-2015-00081-01(PI).

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25

Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00138 01
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respeto a sus garantías al Debido Proceso sancionatorio y en
aras de establecerse si en aquélla estuvo presente o no el
elemento de la culpabilidad en los términos explicados, se
recuerda y reitera lo considerado recientemente por la Corte
Constitucional en su sentencia SU424 de 2016:

“[…] 33. De este capítulo resultan relevantes las siguientes
conclusiones:

• La pérdida de investidura es una acción pública18, que
comporta un juicio de naturaleza ética que tiene como
propósito proteger la dignidad del cargo que ocupan los
miembros de cuerpos colegiados, y permite imponer como
sanción no solo la desvinculación de un congresista de su cargo
de elección popular, sino también la imposibilidad futura
de volver a ocupar un cargo de la misma naturaleza, si
éste llega a incurrir en alguna de las causales de
procedencia de la figura señaladas en la Carta Política.

• Son causales de pérdida de investidura19: el incumplimiento
de los deberes inherentes a su cargo, la violación del régimen
de inhabilidades e incompatibilidades20; la indebida destinación
de dineros públicos21; el conflicto de intereses22 y el tráfico de
influencias debidamente comprobado23.

• La gravedad de la sanción que se impone, exige que el
proceso de pérdida de investidura se lleve a cabo con
observancia del debido proceso, particularmente, de los
principios pro homine, in dubio pro reo, de legalidad (las
causales son taxativas y no hay lugar a aplicar normas
por analogía), objetividad, razonabilidad, favorabilidad,
proporcionalidad y culpabilidad.

34. Los presupuestos anteriores permiten a la Corte concluir
que el análisis de responsabilidad que realiza el juez en el
proceso sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo,
pues en un Estado de Derecho los juicios que implican un
reproche sancionador, por regla general, no pueden operar
bajo un sistema de responsabilidad objetiva, y las sanciones

18 Corte Constitucional Sentencia SU-1159 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
19 Art. 183 de la Carta Política. Sin embargo, otra causal también es la consagrada en el artículo 110

constitucional relacionada con la prohibición a quienes desempeñan funciones públicas, de hacer
contribuciones a partidos, candidatos o movimientos políticos.
20 Art. 179 (El numeral 8 de este artículo fue modificado por el Acto Legislativo 01 de 2003); 180,

181 y 183 de la Constitución Política.
21 Art. 183 de la Constitución Política.
22 Art. 182 y 183 de la Constitución Política.
23 Art. 183 C.P. Al respecto puede consultarse la sentencia C-207 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar

Gil.

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que se adopten en ejercicio del ius puniendi deberán
verificar la ocurrencia de una conducta regulada en la
ley (principio de legalidad o tipicidad), contraria al
ordenamiento jurídico (principio de antijuridicidad) y
culpable.

Así pues, en lo aquí pertinente, tras verificar la configuración
de la causal, el juez de pérdida de investidura examina si
en el caso particular se configura el elemento de
culpabilidad (dolo o culpa) de quien ostenta la dignidad,
esto es, atiende a las circunstancias particulares en las
que se presentó la conducta y analiza si el demandado
conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló
y si su voluntad se enderezó a esa acción u omisión.

En ese sentido, el juez de este proceso sancionatorio debe
determinar si se configura la causal y si a pesar de que
ésta aparezca acreditada, existe alguna circunstancia
que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea
porque haya actuado de buena fe o, en caso de que la
causal lo admita, se esté ante una situación de caso
fortuito o fuerza mayor, o en general exista alguna
circunstancia que permita descartar la culpa.
(…)
Así pues, en el primero de estos se juzga la ruptura del pacto
político existente entre el elector y el elegido, que es un
elemento fundamental de la democracia representativa. En
efecto, cuando el candidato se presenta ante el
electorado hace una declaración de no estar incurso en
causal de inhabilidad que impida su elección y si tal
declaración no es cierta, el elegido viola ese pacto
político, evento en el que procede la pérdida de la
investidura, cuya finalidad es preservar la legitimidad
de las instituciones de la sociedad política.
(…)
85. Así, la Sala encuentra que la sanción de pérdida de
investidura impuesta por la Sala Plena del Consejo de Estado
a los ahora accionantes generó un defecto sustantivo en la
sentencia porque omitió la aplicación de una norma claramente
aplicable al caso. En efecto, como se vio en los
fundamentos jurídicos 24 a 34 de esta providencia, el
proceso sancionador de pérdida de investidura exige la
aplicación del principio de culpabilidad, pese a lo cual
ese elemento no fue valorado en los procesos y, por el
contrario, se impuso la responsabilidad objetiva en este
asunto. Son cuatro las premisas que apoyan esa conclusión:

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La primera: en virtud de lo dispuesto en el artículo 29
Superior, por regla general, los procesos sancionadores
proscriben la responsabilidad objetiva. En efecto, salvo
algunos casos propios del derecho administrativo sancionador
en los que aún se ha admitido la responsabilidad únicamente
por el resultado, en los procesos que tienen por objeto
reprochar y castigar la realización de una conducta prohibida
o restringida, la valoración de la culpa es determinante e
ineludible, pues no hay pena ni sanción sin culpa. En
consecuencia, si el proceso de pérdida de investidura
impone la sanción más gravosa para el ejercicio del
derecho a ser elegido de un ciudadano y el derecho a
elegir al candidato del electorado, tal es la prohibición
vitalicia para aspirar a cargos de elección popular, es
lógico entender que las garantías del debido proceso
sancionador también deben ser aplicadas al proceso de
pérdida de investidura. Luego, el principio de
culpabilidad en el proceso de pérdida de investidura
constituye una norma aplicable, de inevitable
observancia.

La segunda: el hecho de que una misma causal de inhabilidad
pueda interpretarse y aplicarse a la misma situación fáctica en
dos procesos distintos (el de nulidad electoral y el de pérdida
de investidura), exige reglas de coherencia y certeza en el
derecho que otorgue un sentido útil a la autonomía de los
procesos diseñados para el efecto. De esta manera, la
diferencia sustancial, y no solo formal, entre los
procesos electoral y de pérdida de investidura,
consistiría en valorar el tipo de reproche a efectuar,
pues mientras en el primero la consecuencia puede
medirse únicamente por el resultado, en el segundo es
indispensable evaluar la conducta y la intención en la
producción del resultado. Dicho en otras palabras,
mientras el juicio electoral evalúa la adecuación de la
causal de inhabilidad en forma objetiva (estaba o no
estaba inhabilitado), el juicio constitucional de pérdida
de investidura analiza la adecuación de la causal de
inhabilidad en forma subjetiva, esto es, con culpa del
demandado (sabía o debía saber que estaba
inhabilitado).

La tercera: la Sala Plena del Consejo de Estado impuso la
sanción de pérdida de investidura a los accionantes sin valorar
la ausencia de culpa en la configuración de la causal de
inhabilidad aplicada. Por la conducta asumida por los
demandantes en este caso es fácil inferir que se
inscribieron al cargo de elección popular con la

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convicción de que no se encontraban inhabilitados para
su ejercicio. Las sentencias reprochadas soslayaron el
hecho de que los accionantes no solo fueron diligentes
en la averiguación del estado actual de la jurisprudencia
en torno a la interpretación de la causal en debate, sino
también actuaron con sujeción al precedente vigente y
vinculante de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
(…)
La cuarta: si como se expuso anteriormente, en el proceso de
pérdida de investidura deben aplicarse los principios del
derecho sancionatorio, dado que la sanción impone la
restricción perpetua de los derechos políticos, era obligatorio
dotar de amplias garantías el procedimiento jurisdiccional. En
ese sentido, en virtud del artículo 29 de la Constitución, que
dispone el principio de presunción de inocencia, del cual se
desprende la culpabilidad, es necesario verificar culpa o
dolo en la conducta reprochable para imponer el castigo
de inhabilitación para ser elegido a perpetuidad, razón
por la cual la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
indicado que el proceso de pérdida de investidura se
desarrolla en el ámbito de la responsabilidad subjetiva
[…]”24 (Negrillas y subrayas por fuera de texto).

El proceso de pérdida de investidura exige, entonces, a partir
de estos claros parámetros, la observancia del derecho
fundamental al debido proceso del demandado,
particularmente, de los principios pro homine, in dubio pro reo,
de legalidad (las causales son taxativas y no hay lugar a aplicar
normas por analogía), objetividad, razonabilidad,
favorabilidad, proporcionalidad y culpabilidad.

Se recuerda que, desde la perspectiva de los fines
constitucionales que se protegen, es clara la autonomía
sustancial entre el juicio de pérdida de investidura y el
electoral: “[…] el primero, conlleva la ponderación de la
ética pública y los derechos del elegido, pues su núcleo
de protección es la dignidad que implica el mandato
otorgado en ejercicio de la democracia; y el segundo,
pondera la regularidad del proceso democrático y los derechos
de los elegidos y los electores, es decir, busca preservar la
validez del voto popular […]”.25

24 Corte Constitucional, sentencia SU424 de 11 de agosto de 2016, magistrada ponente Gloria Stella

Ortiz Delgado. Providencia ratificada recientemente por la Sala en sentencia de 9 de marzo de 2017,
radicado nro. 76001-23-33-007-2016-00267-01(PI), consejero ponente Carlos Enrique Moreno
Rubio (E).
25 Ídem.

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Es en ese entorno en el cual debe escudriñarse la conducta
desplegada por el demandado -la celebración de un contrato
público-, en aras de establecer si él sabía o debía saber que
estaba inhabilitado para inscribirse y ser elegido Concejal del
Municipio de Arauca (Arauca), pues el asunto se contrae a
demostrar que optó por inscribirse y participar de los comicios,
muy a pesar de que conocía o debía conocer esa actuación
vetada para los ciudadanos que pretendieran inscribirse y ser
elegidos Concejales, esto es, la intervención en la celebración
de contratos con entidades públicas dentro del año anterior a
su elección.

Cabe señalar que la Corte Constitucional en la sentencia SU-
501 de 6 de agosto de 2015 (Magistrada ponente doctora
Myriam Ávila Roldán), señaló que como quiera que en los
procesos de pérdida investidura no es posible calificar el grado
de culpabilidad (dolo, culpa grave o leve), y por tanto tampoco
es posible modular la sanción, se requiere acreditar un mínimo
de culpabilidad para que sea impuesta la sanción.

En efecto, al respecto sostuvo:

“[…] 51. Sobre este especial énfasis, la jurisprudencia ha
delimitado varios de los aspectos más relevantes que
caracterizan al proceso de pérdida de investidura como un
proceso jurisdiccional especial. No obstante, existen ciertos
elementos de la pérdida de investidura que no han sido fijados
por la doctrina constitucional debido a la escasa regulación que
la propia Constitución realizó sobre su procedimiento, el cual,
adicionalmente, debe ser observado con estricto rigor dado su
carácter estricto y restringido. Como explicó la sentencia C-
237 de 201226 “la pérdida de la investidura tiene a la
Constitución de 1991 como fuente principalísima en su
regulación, lo que hace relevante el hecho que algunas de las
disposiciones constitucionales tienen eficacia jurídica directa”.

52. Así por ejemplo, se ha controvertido la necesidad de
establecer el grado de culpabilidad del procesado, teniendo en
cuenta que se trata de un proceso que juzga el incumplimiento
de obligaciones disciplinarias sobre la conducta del
representante popular.27 En efecto, en el proceso de

26 Corte Constitucional, sentencia C-237 de 22 de marzo de 2012, magistrado ponente Humberto

Antonio Sierra Porto.
27 Sobre esta discusión vale la pena resaltar la aclaración de voto del consejero de estado Hugo

Fernando Bastidas Bárcenas a la sentencia de pérdida de investidura PI-2009-00708-00, en la que
señaló que la acción de pérdida de investidura tiene un carácter punitivo dentro del cual es necesario
la comprobación previa de los elementos subjetivos de la falta. En el voto concurrente se señaló:
“[l]a acción de pérdida de investidura debe desencadenar un proceso gobernado por esos principios,

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pérdida de investidura no es posible calificar el grado de
culpabilidad (dolo, culpa grave o leve), y por tanto
tampoco es posible modular la sanción, pues como ha
señalado la jurisprudencia constitucional, se trata de un
sistema que establece una sanción de manera rígida y única,
la pérdida de investidura.

53. Para la Corte, la justificación de esta particularidad
del sistema de responsabilidad de la pérdida de
investidura se deriva de su carácter excepcional dentro
de “ius puniendi estatal”28, carácter cuya
excepcionalidad deriva en una sanción rígida en el que
se requiere el mínimo de culpabilidad para que sea
impuesta la sanción más severa a los derechos políticos.
En síntesis, tratándose del proceso de pérdida de investidura,
se trata de un sistema excepcional de juzgamiento de carácter
político-disciplinario el cual establece una sanción rígida y
única, la pérdida de la investidura […] (Negrillas fuera de
texto)”.

Precisado lo anterior, el abordaje del aspecto subjetivo
requiere el análisis del dolo y la culpa, entendido el primero
como la intención positiva de lesionar un interés jurídico,
entretanto la segunda atañe a un concepto que está ligado a
la diligencia debida para el desarrollo de determinada
actividad.

Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con
culpa, deben analizarse los elementos que constituyen el
aspecto subjetivo de la misma, los cuales corresponden al
conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud, esto es,
si el sujeto conocía o debía conocer que su comportamiento
resultaba contrario al ordenamiento jurídico.

En los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía
plenamente que su comportamiento era constitutivo de una
causal de pérdida de investidura, estaríamos ante una
situación de total intención en la realización de la misma y, por
ende, de un grado de culpabilidad doloso. En aquellos eventos
en los que se concluya que el sujeto no conocía la ilicitud de
su conducta, pero que en virtud de la diligencia requerida para

en especial, el principio de presunción de inocencia. El dolo y la culpa son lo incorrecto de una
conducta que, por ende, merece el reproche jurídico pertinente, vale decir, la condigna sanción.
Imponer una sanción solo por el mero resultado es injusto.” En igual sentido: Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 23 de marzo de 2010, radicado PI 11001-03-
15-000-2009-00198-00, consejero ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
28 Sentencias SU-400 de 2012 (M.P. Adriana M. Guillén Arango) y SU-399 de 2012 (M.P. Humberto

Antonio Sierra Porto).

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el desarrollo de su actividad debía saber que la misma
resultaba contraria a derecho, se está ante un comportamiento
culposo, de no mediar sólidas circunstancias que se lo hubieran
impedido.

Para definir este elemento subjetivo entonces, el análisis de la
conducta debe dirigirse a establecer si el señor MARIO
HINESTROZA ANGULO conocía o debía conocer que la suya era
constitutiva de inhabilidad, con miras a determinar si existió
dolo o culpa en su comportamiento.

En el caso del dolo, el objeto de prueba corresponde a
determinar el pleno conocimiento que tiene el sujeto sobre
que determinada conducta (en este caso la celebración del
contrato), genera la inhabilidad, pues ante dicho conocimiento,
la ejecución de la conducta demuestra la intención en la
misma.

Entretanto para determinar si la conducta fue culposa, tiene
que estar demostrado, al menos, que el sujeto debía conocer
su ilicitud en virtud de la diligencia que para la inscripción como
candidato al Concejo del Municipio de Arauca (Arauca), le era
menester desplegar.

Ahora bien, para establecer esta diligencia acudiremos a los
presupuestos señalados en el artículo 63 del Código Civil, el
cual prevé:

“Artículo 63. Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de
culpa o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste
en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún
las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear
en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles
equivale al dolo.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella
diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente
en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación,
significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone
a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen padre de
familia, es responsable de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada
diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración

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de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone
a la suma diligencia o cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la
persona o propiedad de otro”.

En el caso concreto, la revisión de los requisitos y el
marco normativo que rige el cargo al cual se aspira, es
una obligación general para quien pretende acceder a la
función pública, incluso en los eventos de elección
popular, sin embargo el entendimiento de dichos
requisitos debe analizarse de acuerdo con las
condiciones personales del sujeto, esto es el grado de
formación, su profesión, las circunstancias que lo
rodearon, así como a los actos que haya realizado para
conocer dicho marco normativo, por ejemplo solicitar
conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de
la referida inhabilidad, para con base en ello, determinar
si se obró con el cuidado requerido y así definir si su
conducta es culposa o si, por el contrario, se está ante
una situación de buena fe exenta de culpa que impida el
reproche subjetivo de su obrar.

Esta conducta corresponde, según el citado artículo 63, a la
falta de cuidado que los hombres emplean ordinariamente en
los negocios propios. La Ley 136 establece en su artículo 42
las calidades o requisitos positivos con los que debe contar un
candidato para ser elegido concejal Municipal, esto es, ser
ciudadano en ejercicio y haber nacido o ser residente del
respectivo municipio o de la correspondiente área
metropolitana durante los seis (6) meses anteriores a la fecha
de la inscripción o durante un período mínimo de tres (3) años
consecutivos en cualquier época.

A su vez, en su artículo 43, esta Ley prevé las inhabilidades o
requisitos negativos de los que debe carecer el candidato al
Concejo para ser elegido y ejercer la curul, dentro de las cuales
se encuentra, como ya se ha explicado, haber intervenido en
el año anterior a las elecciones, en la celebración de contratos
con entidades públicas en interés propio o de terceros, para
ser ejecutados en el mismo Municipio al cual aspira a ser
concejal.

Ambos tipos de requisitos son de obligatoria observancia,
revisión y análisis previos por parte de todo ciudadano que
pretenda ser elegido concejal Municipal. Esa, es una diligencia
que surge como debida en el ordinario transcurrir del proceso
de inscripción del respectivo candidato, siéndole por demás

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exigible en medio de las normales medidas de cuidado y
precaución que tenía que adelantar para llegar a la certeza del
cumplimiento de los mismos y, por ende, de una candidatura
reglamentaria y sometida a las condiciones legales para
ejercer el cargo de Cabildante.

Al respecto, el artículo 9º del Código Civil, según el cual, “la
ignorancia de las leyes no sirve de excusa”, fue objeto de
examen de constitucionalidad por la Corte Constitucional, que
en dicha ocasión explicó lo siguiente, que ahora de prohíja:

“[…] Precisamente la disposición que hoy se cuestiona, fue
demandada como contraria al contenido del artículo 16 de la
Carta anterior, que implícitamente recogía el principio de
igualdad. Y al desechar el cargo, dijo la Corte Suprema, en fallo
elaborado por el Magistrado Luis Carlos Sáchica: “Es la
igualdad jurídica, que otorga iguales facultades e impone
idénticos deberes, y da igual protección a unos y a otros. Esto
es, se repite, una igualdad de derechos y no de medios. Si no

se acepta este principio, se rompe la unidad y uniformidad del
orden jurídico, atomizado en múltiples estatutos particulares,
o sea, en un sistema de estatutos privados privilegiados (…)

(…) Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora
equivale a establecer un privilegio a su favor violatorio
de la igualdad constitucional y generador del caos
jurídico”29 […]30” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Como se puede advertir de lo establecido en la precitada sentencia,
la revisión de los requisitos y el estudio del marco normativo que
rige el cargo al cual se aspira, son una obligación general para quien
pretende acceder a la función pública, en los que están
comprendidos los cargos de elección popular; sin embargo, el
entendimiento de dichos requisitos podría analizarse de acuerdo con
las condiciones personales del sujeto, esto es, el grado de formación,
su profesión, las circunstancias que lo rodearon, así como a los actos
que haya realizado para conocer dicho marco normativo, por

29 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, marzo 30 de 1978.
30 Corte Constitucional, sentencia C-651 de 1997, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz.

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ejemplo, solicitar conceptos o asesorarse frente a la configuración o
no de la referida inhabilidad, para con base en ello determinar si se
obró con el cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa
o si, por el contrario, se está ante una situación de buena fe exenta
de culpa que impida el reproche subjetivo de su obrar31.

Lo anterior, sin dejar de lado que, tal como se previno, la ignorancia
de las leyes no sirve para excusar su transgresión, al tenor del
artículo 9°, del Código Civil, habida cuenta que las disposiciones que
regulan el ejercicio del cargo que se pretende ocupar, o que se está
ocupando, son de obligatoria observancia y diligente entendimiento
a la luz de cada circunstancia en particular, con el fin de determinar,
al menos con certeza promedio, si el individuo está inmerso, o no,
en las prohibiciones ordenadas por la Constitución Política y la ley.

Por su parte, la Ley 2003 de 19 de noviembre de 201932, que
modificó el artículo 1º de la Ley 1881, estableció que el proceso
sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de
responsabilidad subjetiva y la acción se ejercerá en contra de los
congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente culposa,
hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura
establecidas en la Constitución, lo que aporta, significativamente, en
aquellos factores que también deben verificarse en el
comportamiento desplegado por los miembros de las corporaciones
públicas territoriales, -dolo o culpa grave-.

31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de

mayo de 2019, número único de radicado 81001-23-39-000-2016-00056-01, consejera ponente
Nubia Margoth Peña Garzón.
32 “[…] Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5ª de 1992 y se dictan otras disposiciones […]”.

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V.3.1.1.- Con fundamento en el acervo probatorio estrictamente
relacionado con la resolución del presente asunto 33, la Sala pudo
verificar que, en efecto, el señor VÍCTOR JAIMES JERÓNIMO fue
elegido concejal de Paz de Ariporo (Casanare), con aval del partido
Cambio Radical, para el período constitucional 2020-2023, de
conformidad con el Formulario E-26 CON de 31 de octubre de 201934,
expedido por los miembros de la Comisión Escrutadora de la
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, cargo del cual
tomó posesión según acta 500.01.2-001 de 2 de enero de 2020.

Se encontró que la administración municipal de Paz de Ariporo
(Casanare), con la aprobación de su concejo, otorgó un total de
setecientos noventa (790) subsidios familiares de vivienda en
especie, en forma de lotes con disponibilidad de servicios, logrando
atender el 43% de la demanda expresada en inscritos al cierre de la
convocatoria, quedando un total de 1045 (57%) hogares sin obtener
el beneficio, por lo que “[…] adelantaron esfuerzos para la
generación de nuevas oportunidades para las familias que no
poseían vivienda propia, a través de la oferta pública de nuevos
subsidios familiares de vivienda, en las diferentes modalidades […]”.
Fue así como el Concejo de Paz de Ariporo (Casanare), mediante el
Acuerdo 500.02–014 de 4 de septiembre de 2022, facultó a la
alcaldesa de ese municipio por el término de un año calendario —
contado a partir del 12 de septiembre de 2022 y hasta el 11 de
septiembre de 2023— para suscribir contratos fiduciarios; constituir
patrimonios autónomos y transferir los bienes inmuebles fiscales
urbanos de propiedad del ente territorial, destinados a la

33 Tal como fue advertido al inicio de esta providencia, todas las pruebas recaudadas en el proceso

reposan en el en el sistema para la gestión judicial SAMAI.
34 Disponible [en línea]: [https://observatorio.registraduria.gov.co/historico-resultados.html].

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construcción de viviendas nuevas, los cuales se identificaron con los
folios de matrícula inmobiliaria comprendidos desde el 475-37329
hasta el 475-37474 (146 predios) y desde el 475-37723 hasta el
475-37872 (150 predios).

Consecuente con lo anterior, decidieron en ese cabildo: (i) destinar
el predio urbano denominado ‘SENDEROS DE NUESTRA TIERRA’ en
la Resolución No. 372.45.2-006 de 19 de enero de 2023 —con un
área de 6 hectáreas más 2661.26 M2— al desarrollo de programas
de vivienda de interés social en la modalidad de lotes con
disponibilidad de servicios; (ii) modificar el artículo primero del
Acuerdo 500.02–011 de 30 de mayo de 2021, reorientando la
destinación específica de los lotes que se identifican con los folios de
matrícula inmobiliaria comprendidos desde el 475- 37329 hasta el
475-37474 (146 predios) y desde el 475-37723 hasta el 475-37872
(150 predios), para programas de subsidios familiares de vivienda
en especie–lotes con disponibilidad de servicios, ahora denominado
‘SENDEROS DE NUESTRA TIERRA PARTE DOS’; y (iii) autorizar a la
alcaldesa municipal, hasta el 31 de diciembre de 2023 para asignar
y adjudicar 569 lotes con disponibilidad de servicios a manera de
subsidio familiar de vivienda en especie.

Así las cosas:

I) Para cubrir tales necesidades, fue expedido el Acuerdo 500.02-
003 de 17 de mayo de 2023, “[…] Por medio del cual se autoriza a
la alcaldesa municipal para asignar y adjudicar 569 lotes con
disponibilidad de servicios, a manera de subsidios familiares de

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vivienda en especie y se dictan otras disposiciones […]”, cuya parte
resolutiva fue la siguiente:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: DESTINACIÓN DE USO. Destinar
el uso del bien fiscal urbano denominado SENDEROS DE
NUESTRA TIERRA, segregado del globo de mayor extensión
denominado GL – AREA RESTANTE / Matrícula Inmobiliaria
No. 475-35797, en la forma como quedó especificado en la
resolución No. 372.45.2 - 006 de fecha 19 de enero de 2023,
emanada de la Oficina de Ordenamiento Territorial, con un
área de SÉIS HECTÁREAS MÁS DOS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y UNO CON VEINTISEIS METROS CUADRADOS (6
HAS + 2661,26 M2) al desarrollo de programas de subsidio
familiar de vivienda en especie, en la modalidad de lotes con
disponibilidad de servicios.

PARÁGRAFO. - El predio SENDEROS DE NUESTRA TIERRA, según
el Acto Administrativo mencionado, que se protocolizará ante
notario público y se inscribirá ante la Oficina de Registro de
Instrumentos públicos, se encuentra contenido dentro de los
siguiente linderos y medidas: NORTE: en una distancia de 53,70
metros lineales, con derecho de vía la Barranca, gira en 90°
aproximadamente en dirección sur, en una distancia de 11,95
metros lineales con proyección de la Carrera 6 Este, gira en 90°
aproximadamente en dirección oriente, en una distancia de 183,98
metros lineales con proyección de la Calle 17. ORIENTE: en una
distancia de 190,16 metros lineales con proyección de la Carrera 8
Este. SUR: en una distancia de 273,95 metros lineales, con
proyección de la Calle 15 A. OCCIDENTE: en una distancia de
136,73 metros lineales con proyección de la Carrera 5 Este, gira en
90° aproximadamente en dirección oriente, en una distancia de
36,27 metros lineales y gira en 90° aproximadamente en dirección
norte, en una distancia de 65,38 metros lineales con equipamiento
Bomberos y cierra al punto de partida.

ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICACION DESTINACIÓN DE
USO. Modificar el ARTÍCULO PRIMERO del Acuerdo Municipal No.
500.02 – 011 de fecha 30 de mayo de 2021, en el sentido de
destinar los 296 lotes, que se identifican con los folios de
matrícula inmobiliaria comprendidos desde el 475- 37329
hasta el 475-37474 (146 predios) y desde el 475-37723 y
hasta el 475-37872 (150 predios), al desarrollo del
programas de subsidio familiar de vivienda en especie,
modalidad lotes con disponibilidad de servicios en adelante
denominado “SENDEROS DE NUESTRA TIERRA PARTE
DOS”.

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PARÁGRAFO: Los demás apartes y articulado del acuerdo
municipal No. 500.02 – 011 de fecha 30 de mayo de 2021 continúa
en los mismos términos en que fueron expedidos.

ARTÍCULO TERCERO: AUTORIZACIÓN. Autorizar a la
alcaldesa del Municipio de Paz de Ariporo, para que a partir
de la fecha de aprobación del presente acuerdo y hasta el
31 de diciembre de 2023, asigne y adjudique quinientos
sesenta y nueve (569) lotes con disponibilidad de servicios,
a igual número de familias de escasos recursos económicos,
a través de subsidios familiares de vivienda en especie.

PARÁGRAFO 1: Los 569 inmuebles a que se refiere el
presente artículo, se encuentran identificados de la
siguiente manera: a). 270 lotes que se segregan del predio
denominado “SENDEROS DE NUESTRA TIERRA”, según las
estipulaciones de la resolución No. 372.45.2 - 006 de fecha 19 de
enero de 2023 y que se desprenden del globo mayor extensión
denominado GL – AREA RESTANTE, identificado con Matrícula
Inmobiliaria No. 475-35797; b). 296 lotes, que se identifican con
los folios de matrícula inmobiliaria comprendidos desde el 475-
37329 hasta el 475-37474 (146 predios) y desde el 475-37723 y
hasta el 475-37872 (150 predios), con disponibilidad de servicios,
denominado "SENDEROS DE NUESTRA TIERRA PARTE DOS"; c). 3
lotes de terreno urbano identificados con los folios de matrícula
inmobiliaria números 475-30968, 475-30828 y 475-35864.

PÁRAGRAFO 2: En el acto administrativo de convocatoria que
expida la alcaldesa para la asignación y adjudicación de los 569
subsidios familiar de vivienda en especie – lotes con disponibilidad
de servicios, deberá contener enfoque diferencial e incluyente,
definiendo el mecanismo para la selección de los beneficiarios en
forma participativa y democrática.

ARTÍCULO CUATO: VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir
de la fecha de su sanción y publicación […]” (Negrillas y subrayas
fuera de texto).

De conformidad con el acta de sesión plenaria 500.01.2-044 de 17
de mayo de 2023, el concejal asistió y votó la aprobación de dicho
acuerdo que es el acto de inicio que ordenó la entrega de subsidios
a ciudadanos de Paz de Ariporo (Casanare), del que emanan las
facultades hasta el 31 de diciembre de 2023; y se autorizó al
ejecutivo municipal para realizar la convocatoria para la asignación

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de 569 lotes, de los cuales 270 lotes fueron segregados del predio
‘SENDEROS DE NUESTRA TIERRA’, con estipulaciones en la
Resolución 372.45.02.06 de 19 de enero de 2023; 269 lotes del
predio ‘SENDEROS DE NUESTRA TIERRA PARTE 2’; y 3 lotes de
terreno urbano.

Luego, ante la acogida masiva de la convocatoria por parte de
hogares carentes de vivienda en el municipio y con el propósito de
ampliar su cobertura y alcance, la administración municipal identificó
y seleccionó un total de 18 inmuebles urbanos fiscales, los cuales se
identificaron con las matrículas inmobiliarias: 475-30576, 475-
30577, 475-30578, 475-30568, 475-30569, 475-30570, 475-
30571, 475-30572, 475-30573, 475-30574, 475-30575, 475-
30567, 475-30566, 475-30565, 475-30579, 475-30580, 475-
30581, 475-30582.

II) Se requirió, por lo tanto, autorizar a la alcaldesa municipal de Paz
de Ariporo (Casanare), hasta el 31 de diciembre de 2023, para que
asignara y adjudicara, a manera de subsidio familiar de vivienda en
especie, los 18 inmuebles fiscales urbanos identificados con las
matrículas inmobiliarias antes relacionadas, motivo por el cual fue
expedido el Acuerdo 500.02-010 de 28 de agosto de 2023, “[…] Por
medio del cual se autoriza a la alcaldesa municipal para asignar y
adjudicar 18 subsidios familiares de vivienda en especie -lotes con
disponibilidad de servicios y se dictan otras disposiciones […]”, cuya
parte resolutiva fue la siguiente:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: DESTINACIÓN DE USO. Destinar
los inmuebles urbanos identificados con las Matrículas
Inmobiliarias Nos. 475-30576, 475-30577, 475-30578,
475-30568, 475-30569, 475-30570, 475-30571, 475-

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30572, 475-30573, 475-30574, 475-30575, 475-30567,
475-30566, 475-30565, 475-30579, 475-30580, 475-
30581, 475-30582, al desarrollo del programa de subsidio
familiar de vivienda en especie, modalidad lotes con
disponibilidad de servicios, para beneficio de igual número
de hogares de escasos recursos económicos y con alta
vulnerabilidad.

PARÁGRAFO. – Dejar parcialmente sin efectos el ARTÍCULO
SÉPTIMO del acuerdo No. 500.02-010 de fecha octubre 3 de 2016,
en la parte pertinente a los inmuebles que hacen parte del presente
acuerdo, conservando su validez en destinación y uso los demás
inmuebles que inicialmente formaron parte del PROGRAMA DE
VIVIENDA– VIPA FIDUBOGOTA.

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZACIÓN. Autorizar a la
alcaldesa del Municipio de Paz de Ariporo, para que a partir
de la fecha de aprobación del presente acuerdo y hasta el
31 de diciembre de 2023, realice la selección de dieciocho
(18) hogares dentro de los que se encuentra previamente
inscritos y que sean admitidos en la convocatoria
implementada con la resolución No. 300.52-286 del 30 de
mayo de 2023, les asigne y adjudique mediante
resoluciones administrativas, los Subsidios Familiares de
Vivienda en Especie, representados en lotes urbanos con
disponibilidad de servicios.

PARÁGRAFO. – Los inmuebles urbanos objeto de asignación y
adjudicación, a manera de Subsidios Familiares de Vivienda en
Especie, son los descritos en el ARTÍCULO PRIMERO del presente
Acuerdo Municipal.

ARTÍCULO TERCERO: SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS. Para
los fines de selección de los 18 hogares beneficiarios, la alcaldesa
municipal tendrá en cuenta la relación de hogares admitidos en la
convocatoria de la resolución No. 300.52-286 del 30 de mayo de
2023; en consecuencia, tanto asignación de los subsidios, como el
sorteo de nomenclaturas y la adjudicación de los respectivos lotes
de terreno, serán actividades que se realizarán cronológica y
procedimentalmente con las que corresponden al proyecto de
vivienda definido en el Acuerdo Municipal No. 500.02-003 de 2023,
conservando el enfoque diferencial e incluyente, al igual que el uso
de instrumentos participativos y democráticos.

ARTÍCULO CUARTO: VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a
partir de la fecha de su sanción y publicación, dejando sin efectos
parcialmente el ARTÍCULO SÉPTIMO del acuerdo No. 500.02-010
de fecha octubre 3 de 2016, en lo relacionado con la destinación de

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los inmuebles relacionados en el artículo primero del presente
acuerdo […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto.

Conforme consta en el acta de sesión plenaria 500.01.2-079 de 23
de agosto de 2023, el accionado asistió y votó la aprobación de dicho
acuerdo con el que se adicionaron 18 lotes que se entregarían a los
postulantes admitidos, conforme al procedimiento establecido.

El 30 de noviembre de 2023, la Oficina Asesora de Planeación
publicó, a través de la página web de la Alcaldía de Paz de Ariporo
(Casanare)35, el listado definitivo de 2922 hogares admitidos, para
continuar el proceso de selección de beneficiarios —luego de haberse
realizado mesa técnica de 29 de noviembre, en la que se resolvieron
61 reclamaciones y se revisó y aprobó el listado definitivo de
admitidos y no admitidos, postulados desde el 15 de noviembre de
2023— en uso de las facultades otorgadas en los acuerdos
municipales 500.02-003 de 17 de mayo y 500.02-010 de 28 de
agosto de 2023, en concordancia con la Resolución núm. 300.52-
286 de 30 de mayo de ese año.

En dicho listado de 30 de noviembre de 2023, fue incluido como
beneficiario, en la casilla 2058, el ‘jefe de hogar’ portador de la
cédula de ciudadanía 1115859645.

El 25 de diciembre de 2023, en el Concejo de Paz de Ariporo
(Casanare) se discutió en segundo debate y se aprobó, con la
presencia y voto del accionado, sin que manifestara impedimento o
fuese recusado, el proyecto de acuerdo 300.47.1-031 de 15 de

35 [https:/www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Convocatorias.aspx].

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diciembre de 2023, el cual finalizó con la expedición del Acuerdo
500.02-028 de 25 de diciembre de 2023 “[…] Por medio del cual se
autoriza a la alcaldesa municipal para asignar y adjudicar 194
subsidios familiares de vivienda en especie-lotes con disponibilidad
de servicios y se dictan otras disposiciones […]”, conforme consta en
el acta 500.01.2.125 de 25 de diciembre de 2023, expedida por el
concejo de ese ente territorial.

Como motivaciones relevantes para el caso concreto, en dicho
acuerdo se sostuvo lo siguiente:

“[…] Que, así las cosas, a 30 de noviembre de 2023, fecha de
publicación de listado definitivo de admitidos, con los
Acuerdos Municipales números 500.02 - 003 y 500.02 – 010
de 2023, han autorizado la asignación y adjudicación de un
total de 587 Subsidios Familiares de Vivienda en Especie –
Lotes con disponibilidad de servicios; no obstante, la
demanda por este tipo de subsidios representada en el
listado de Admitidos en la convocatoria de la Resolución No.
300.52-286 del 30 de mayo de 2023, es de 2922 familias, lo
cual, permite concluir que el 80% (2335) de los hogares
admitidos, no alcanzarían a ser atendidos dentro del
proyecto en ejecución; por ello, es urgente e inaplazable
desarrollar acciones que disminuyan estos indicadores.
(…)

Que atendiendo la necesidad expresa de las 2922 familias
pazdeariporeñas carentes de vivienda propia, que
resultaron admitidas en la convocatoria de la Resolución No.
300.52-286 del 2023, además de las sugerencias verbales de
algunos líderes y representantes de las organizaciones de la
sociedad civil del municipio y reconociendo que el incremento del
número de los Subsidios Familiares de Vivienda a otorgar, es una
acción administrativa de beneficio social, que contribuye
eficazmente al logro de las metas y objetivos en materia de
vivienda, expresados en el Plan de Desarrollo Municipal “POR AMOR
A NUESTRA TIERRA 2020–2023”, la Administración Municipal
encontró social, técnica y jurídicamente viable, expedir la
Resolución número 372.45.2 – 0088 de fecha 12 de
diciembre de 2023, por medio de la cual se aprobó la
subdivisión de los 97 inmuebles fiscales de propiedad del

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municipio, los cuales se identifican con folios de matrículas
inmobiliarias comprendidos entre el No. 475- 41291 al No. 475-
41307 (17 lotes), del No. 475-41309 al No. 475-41311 (3 lotes);
del No. 475-41313 al No. 475-41342 (30 lotes); del No. 475-
41344 al No. 475-41357 (14 lotes) y del No. 475-41359 hasta
el 475-41391 (33 lotes), de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos–ORIP, de Paz de Ariporo.

Que, el mencionado Acto Administrativo de subdivisión predial, fue
debidamente protocolizado mediante escritura pública No. 1548 de
fecha 14 de diciembre de 2023, de la Notaría Única del Círculo de
Paz de Ariporo, Casanare, y fue radicada ante la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos – ORIP de Paz de Ariporo, para los fines
de inscripción y apertura de los correspondientes folios de
matrícula inmobiliaria; esto es, que se tendrán debidamente
abiertos un total de 194 folios de matrículas inmobiliarias,
correspondientes a los lotes de terreno resultantes de la
subdivisión predial en comento.

Que los 194 inmuebles urbanos resultantes de la subdivisión
aprobada mediante la Resolución No. 372.45.2–0088 de
2023, protocolizada mediante escritura pública No. 1548 de
fecha 14 de diciembre de 2023, tienen disponibilidad de
servicios públicos y cumplen con las normas de urbanismo
definidas en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del
municipio, quedando habilitados para formar parte del
proyecto de asignación de Subsidios Familiares de Vivienda
en Especie, que se encuentra en ejecución, siendo pertinente
que el Honorable Concejo Municipal, reoriente su destinación
específica, a programas de vivienda de interés social y prioritario;
asimismo se requiere autorizar a la alcaldesa de Paz de
Ariporo, hasta el 31 de diciembre de 2023, para que asigne
194 subsidios familiares de vivienda en especie – lotes con
disponibilidad de servicios y realice la adjudicación de los
mismos.

Que la Administración Municipal, deberá realizar la selección
de los 194 hogares beneficiarios del subsidio, teniendo en
cuenta el listado de admitidos en la convocatoria
implementada con la resolución No. 300.52-286 del 30 de
mayo de 2023; en consecuencia, tanto la selección de los
beneficiarios, como la asignación de los 194 subsidios y la
adjudicación de los respectivos lotes de terreno, serán
actividades que se realizarán conjuntamente con la
selección, asignación y adjudicación de los 587 subsidios
familiares de vivienda en especie – lotes con disponibilidad
de servicios, autorizados con los Acuerdos Municipales

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números 500.02 - 003 de mayo 17 de 2023 y 500.02 – 010
del 28 de agosto de 2023.

Que, consecuente con lo anterior, es necesario autorizar a la
alcaldesa municipal, para asignar y adjudicar, a manera de
subsidio familiar de vivienda en especie, los 194 inmuebles
fiscales urbanos, que resultan de la subdivisión de los 97
predios que se encuentran identificados con las Matrículas
Inmobiliarias antes relacionadas.

Fue así como es su parte resolutiva se dispuso lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: DESTINACIÓN DE USO. Destinar
los 194 inmuebles fiscales urbanos resultantes de la
subdivisión predial aprobada mediante la Resolución No.
372.45.2 – 0088 de 2023, protocolizada mediante escritura
pública No. 1548 de fecha 14 de diciembre de 2023, que
tienen disponibilidad de servicios públicos y cumplen con las
normas de urbanismo definidas en el Plan Básico de
Ordenamiento Territorial del municipio, al desarrollo de
programas de subsidios familiares de vivienda en especie,
en la modalidad de lotes con disponibilidad de servicios, para
beneficio de igual número de hogares de escasos recursos
económicos y con alta vulnerabilidad.

PARAGRAFO 1. – Los 194 lotes urbanos a que se refiere el
presente artículo, son resultantes de la subdivisión de los 97
inmuebles fiscales de propiedad del municipio, que en
principio se identifican con folios de matrículas inmobiliarias
comprendidos entre el No. 475- 41291 al No. 475-41307 (17
lotes), del No. 475-41309 al No. 475-41311 (3 lotes); del No. 475-
41313 al No. 475-41342 (30 lotes); del No. 475-41344 al No.
475-41357 (14 lotes) y del No. 475-41359 hasta el 475-41391
(33 lotes), de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos –
ORIP, de Paz de Ariporo.

PARAGRAFO 2. – Dejar parcialmente sin efectos el ARTÍCULO
PRIMERO del Acuerdo Municipal No. 500.02-017 de fecha
noviembre 13 de 2023, en la parte pertinente a los 97 inmuebles
fiscales que se identifican en el PARAGRAFO 1 del presente Artículo,
conservando su validez en destinación y uso de los demás
inmuebles a que se refiere dicho Acuerdo.

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZACIÓN. Autorizar a la
alcaldesa del Municipio de Paz de Ariporo, para que a partir
de la fecha de aprobación del presente acuerdo y hasta el

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31 de diciembre de 2023, realice la selección de ciento
noventa y cuatro (194) hogares dentro del listado de
admitidos en la convocatoria implementada con la
resolución No. 300.52-286 del 30 de mayo de 2023, asigne
los correspondientes Subsidios Familiares de Vivienda en
especie y expida las resoluciones administrativas por medio
de las cuales se adjudican los 194 inmuebles fiscales
urbanos resultantes de la subdivisión predial aprobada
mediante la Resolución No. 372.45.2 - 0088 de 2023 y
protocolizada mediante escritura pública No. 1548 de fecha
14 de diciembre de 2023, contenidos en el siguiente cuadro:
(…)

PREDIOS RESULTANTES DE LA SUBDIVISIÓN
PREDIO A
SUBDIVIDIR
MZ
MATRICULA ÁREA
INMOB. LOT NOMENCLATURA NORTE ORIENTE SUR OCCIDENTE
M2

CALLE 15 LOTE 4B LOTE 6B CALLE 15 EN LOTE 7B EN
7A 104,00
#6ESTE-60 EN 8.00m EN 13.00m 8.00m 13.00m
475-41355 14 LOTE 4A LOTE 7A
CALLE 15 CALLE 15 LOTE 8A EN
7B 104,00 EN EN
#6ESTE-52 EN 8.00m 13.00m
8.00m 13.00m

(…)
PARAGRAFO. Tanto la selección de los 194 hogares
beneficiarios, como la asignación de los subsidios familiares
de vivienda en especie y la adjudicación de los respectivos
lotes de terreno con disponibilidad de servicios, son
actividades que se realizarán cronológica y
procedimentalmente con las que corresponden al proyecto
de vivienda definido en los Acuerdos Municipales números
500.02 - 003 de mayo 17 de 2023 y 500.02 - 010 del 28 de
agosto de 2023, conservando el enfoque diferencial e incluyente,
al igual que el uso de instrumentos democráticos.

ARTÍCULO TERCERO: VIGENCIA. El presente Acuerdo rige
a partir de la fecha de su sanción y publicación, dejando sin
efectos todas las disposiciones municipales que le sean
contrarias y especialmente revoca parcialmente el ARTÍCULO
PRIMERO del Acuerdo Municipal No. 500.02-017 de 2023, en
la forma prevista en el Parágrafo 2, del artículo primero del
presente acuerdo […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

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Este acuerdo, sancionado el 26 de diciembre de 2023 por la alcaldesa
municipal de Paz de Ariporo (Casanare), tal como se observa,
permitió adicionar en 194 lotes el programa de subsidios que se
originaron con la modificación del acuerdo 500.02-017 de 13 de
noviembre de 2023, luego de subdividir predialmente 97 inmuebles
fiscales, para poder cubrir a todos los hogares beneficiarios del
listado de admitidos de 30 de noviembre de 2023, otorgándose, para
tales efectos, una autorización a la alcaldesa municipal para que
seleccionara los 194 postulantes definitivamente admitidos y expedir
así los actos administrativos de adjudicación.

Posteriormente, a través de la Resolución núm. 300.52-779 de 27
de diciembre de 2023, con fundamento en las facultades otorgadas
por los acuerdos municipales núms. 500.02-003 de 17 de mayo
2023, 500.02-010 de 28 de agosto y 500.02-28 de 25 de diciembre
de 2023, la alcaldesa de Paz de Ariporo (Casanare) asignó 781
subsidios familiares de vivienda en especie con disponibilidad de
servicios en el área urbana de ese municipio, a los hogares
relacionados en ese acto, así:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO - Asignar setecientos ochenta y un
(781) Subsidios Familiares de Vivienda en especie - lotes
con disponibilidad de servicios, en el área urbana del
Municipio de Paz de Ariporo, a los hogares que se relacionan
a continuación, los cuales careciendo de vivienda propia, cumplen
con los requisitos y condiciones exigidos por la Ley y la normatividad
vigente, además de las exigencias establecidas en la Resolución
Administrativa No. 300.52 - 286 de fecha 30 de mayo de 2023 y
según las consideraciones de la parte motiva de la presente
providencia:
(…)

IDENTIFICACIÓN UBICACIÓN DEL INMUEBLE
No. DE AREA MATRICULA
DE
ORDEN MZ LOTE NOMENCLATURA (M2) INMOBILIARIA
BENFICIARIOS

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Solicitante: ARIEL ARTURO REYES FUENTES

560 1115859645 14 7B CALLE 15 No. 6 ESTE-52 104,00 475-41972
(…)

ARTÍCULO SEGUNDO – La transferencia del subsidio familiar de
vivienda en especie – lotes con disponibilidad de servicios, a cada
uno de los hogares relacionados en el artículo primero de la presente
resolución, se realizará mediante acto administrativo, el cual, una
vez notificado al (a los) titular (es) del derecho, deberá ser inscrito
en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria, en la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Paz de Ariporo […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

En dicho acto administrativo, como se aprecia, y al igual que ocurrió
en el listado de admitidos de 30 de noviembre de 2023, fue incluido
como beneficiario, en la casilla 560, el ‘jefe de hogar’ portador de la
cédula de ciudadanía 1115859645, a quien se le asignó el inmueble
ubicado en la calle 15 # 6ESTE-52, con 104.00 M2, identificado con
matrícula inmobiliaria 475-41972, manzana 14, lote 7B, producto de
la subdivisión predial de la matrícula inmobiliaria matriz 475-41355,
conforme se aprobó y decidió en el Acuerdo 500.02-028 de 25 de
diciembre de 2023, votado por el accionado.

Para realizar la anterior asignación de los 781 subsidios familiares
de vivienda en especie, los miembros de la Mesa Técnica de Apoyo
al proyecto de asignación de esos subsidios, creada con la Resolución
núm. 300.52-256 de 30 de mayo de 2023, llevaron a cabo la
selección de los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda y los
correspondientes lotes de terreno, los cuales cumplieron con los
requisitos y condiciones exigidos por la Ley y normatividad vigentes.

Mediante la Resolución núm. 300.52-803 de 28 de diciembre de
2023, la alcaldesa de Paz de Ariporo (Casanare), con fundamento en
las autorizaciones concedidas por los acuerdos municipales 500.02-

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003 de 17 de mayo, 500.02-010 de 28 de agosto y 500.02-28 de 25
de diciembre de 2023, realizó la transferencia de un bien fiscal, a
manera de subsidio de vivienda familiar en especie del citado lote de
terreno con disponibilidad de servicios, así:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO - TRANSFERENCIA: Transferir, a
manera de Subsidio Familiar de Vivienda en Especie - Lote,
el inmueble urbano identificado con Folio de Matrícula
Inmobiliaria No. 475-41972 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Paz de Ariporo – Casanare,
ubicado en la CALLE 15 N° 6 ESTE-52, Manzana 14- Lote 7B
(BLOQUE 1), barrio LA GRANJA – Sector denominado
"SENDEROS DE NUESTRA TIERRA", a favor de LILIANA
JAIMES ROMERO, identificado (a) con la cédula de
ciudadanía número 1115859645, en adelante denominado el
(la) beneficiario (a), mayor de edad, vecino (a) de Paz de Ariporo,
de estado civil soltero (a), cuyo núcleo familiar está conformado por
los siguientes miembros:

DOCUMENTO
NOMBRE APELLIDO PARENTESCO CON JH
IDENTIFICACIÓN
LILIANA JAIMES ROMERO 1115859645 Jefe de Hogar
MABEL SOFÍA VARGAS JAIMES 1115859318 Hijo(a)

PARÁGRAFO. - El inmueble a que se refiere el presente artículo,
tiene un área de ciento cuatro (104,00) m², delimitado
dentro de los siguientes linderos y medidas: Por el
NORESTE: LOTE 4A EN 8.00 m. SURESTE: LOTE 7A EN 13.00
m. NOROESTE: LOTE 8A EN 13.00 m. SUROESTE: CALLE 15
EN 8.00 m.

ARTÍCULO SEGUNDO- CONDICIÓN RESOLUTORIA. Sin
detrimento a las acciones penales y legales a que haya lugar, la
Administración Municipal podrá declarar la caducidad de la presente
resolución y la restitución del subsidio familiar de vivienda, cuando
se compruebe que existió falsedad o imprecisión en los documentos
presentados o en la información suministrada para acreditar los
requisitos establecidos para la asignación.

ARTÍCULO TERCERO – CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO DE
FAMILIA. Por tratarse de un proyecto de Subsidio Familiar de
Vivienda en Especie – Lotes con disponibilidad de servicios, el (la)
beneficiario (a) deberá constituir sobre el inmueble que mediante
el presente acto se le transfiere y recibe a título de Subsidio Familiar

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de Vivienda en Especie, patrimonio de familia inembargable a favor
del (la) cónyuge o compañero (a) permanente – si lo hubiere y de
los hijos habidos y por haber, en los términos, forma y condiciones
previstos en el artículo 60 de la Ley 9 de 1989, el artículo 38 de la
Ley 3 de 1991 y en los artículos 9 y 43 de la Ley 1537 del 20 junio
de 2012.

ARTÍCULO CUARTO - AFECTACIÓN A VIVIENDA FAMILIAR.
El (la) beneficiario (a) manifiesta bajo la gravedad del juramento
que su estado civil es Soltero (a), razón por la cual NO procede la
afectación de vivienda familiar sobre el inmueble que adquiere por
este instrumento.

ARTÍCULO QUINTO - REGISTRO – La presente Resolución
deberá inscribirse en la Oficina de Instrumentos Públicos de Paz de
Ariporo – Casanare, como un ACTO SIN CUANTÍA en el folio de
matrícula inmobiliaria No 475-41972; en este sentido, teniendo
en cuenta la naturaleza jurídica de los intervinientes y por tratarse
de un aporte estatal en especie, no causa derechos registrales,
según lo establecido en el artículo 35 de la Ley 1537 de 2012,
modificado por el artículo 121 del decreto 2106 de 2019.

ARTÍCULO SEXTO - NOTIFICACIÓN Y RECURSOS. – El (la)
beneficiario (a) deberá ser notificado (a) de la presente resolución,
advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición,
el cual se deberá interponer dentro de los diez (10) días siguientes
a su notificación, en los términos del artículo 76 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO SÉPTIMO: VIGENCIA. - La presente Resolución rige
a partir de la fecha de su ejecutoria de conformidad con lo
establecido en el artículo 87 del Código Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - C.P.A.C.A. […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

En efecto, con el certificado de tradición del folio de matrícula
inmobiliaria 475-41972, se pudo evidenciar que el predio ubicado en
la calle 15 # 6ESTE-52 —folio abierto a partir de la matrícula
inmobiliaria matriz 475-41355— fue adquirido por transferencia a
título de subsidio en especie por la señora LILIANA JAIMES
ROMERO, identificada con cédula de ciudadanía 1115859645.

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V.3.1.2.- Con relación al asunto del parentesco entre el concejal
VÍCTOR JAIMES JERÓNIMO y la señora LILIANA JAIMES
ROMERO, la sentencia apelada sostuvo que si bien fueron allegados
los registros civiles de nacimiento de ella y su progenitora, la señora
LIRIA ROMERO NOVOA, con tales documentos no era posible
establecer relación de consanguinidad con el accionado porque su
registro civil de nacimiento no fue aportado con la solicitud, a pesar
de ser anunciado en el acápite de pruebas, ni fue suministrado por
el actor.

No obstante, el Tribunal encontró probado que el concejal VÍCTOR
JAIMES JERÓNIMO sí es tío de la señora LILIANA JAIMES
ROMERO, a partir de la aceptación de tal circunstancia durante la
diligencia de alegatos en primera instancia, en la que el apoderado
del concejal admitió que ella sí era su sobrina. Así lo determinó el
Tribunal: “[…] si bien los registros civiles de nacimiento son prueba
ad substantiam actus del estado civil, es de anotar que el apoderado
del concejal dio por sentado el parentesco entre concejal y
adjudicataria y liberó del rigor probatorio documental sobre este
aspecto del parentesco que se tendrá acreditado […]”.

Los alegatos a los cuales hizo alusión la providencia recurrida,
también fueron presentados por escrito por el apoderado y en ellos
se advierte lo referido por el Tribunal así:

“[…] JAIME ALBERTO RODRÍGUEZ GARCÍA, mayor de edad,
abogado en ejercicio e identificado junto a mi firma; portador de la
T. P No 154.778 del C. S. de la J., obrando en nombre y
representación del señor: VÍCTOR JAIME JERÓNIMO,
comedidamente allego conclusiones que precisan algunos
aspectos de las alegaciones orales expresadas en la
audiencia de hoy.

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PETICIÓN

Con todo respeto, solicito al honorable Tribunal, en su calidad de
disciplinador natural de la causa se desestimen las pretensiones de
la demanda de desinvestidura, por cuanto: i) No se estructuran los
elementos del tipo objetivo, que permitan mediante este juicio de
imputación de responsabilidad (tipicidad estricta del elemento
objetivo) por ser temeraria la afirmación de la demanda, de
supuesto beneficio directo o interés particular del demandado en la
votación y aprobación de los acuerdos: Acuerdo Municipales
Nos:500. 2 -003 del 17 de mayo de 2025; Acuerdo 500.02.010 del
28 de agosto de 2023 y 500 – 02 – 028 del 25 de diciembre de
2023, mediante los cuales se autorizó, a Despacho de la Señora
Alcaldesa Municipal para otorgar subsidios de vivienda; en razón a
que el subsidio otorgado a la sobrina del demandado, no fue
discutido por el Concejo Municipal, ya que dicho en dicho
subsidio se realizó por una decisión de la administración sin
el concurso de la corporación edilicia Municipal. 2)
derrumbado ese prepuesto fáctico objetivo, resulta inocuo avanzar
hacia los elementos subjetivos de la pérdida de investidura.

1. EL RECAUDO.

La evidencia desvirtúa categóricamente las mendaces afirmaciones
de los hechos de la demanda; allí se afirmó, sin base probatoria
alguna, que el concejal Víctor Jaime Jerónimo, participo y
votó los acuerdos municipales que le otorgaron un subsidio
de vivienda a su sobrina, sin declarase impedido,
concurriendo en su conducta en un conflicto de intereses.

La parte actora limitó la imputación fáctica a esas escuetas
afirmaciones, sin averiguar, ni siquiera determinar la
identificación de la Sobrina de mi defendido, ni tampoco, con
un nombre errático, defectos probatorios que oficiosamente
fueron subsanados por el H. Tribunal, inclinando la balanza
de igualdad de armas en pro del actor.
(…)

2. LA TIPICIDAD Y LA NORMATIVA INTERNA

El cargo imputado fue el de violar el conflicto de intereses, descrito
de manera abierta en los artículos 55 y 70, numeral 2, de la Ley 136
de 1994, y 48 numeral 1 de la Ley 617 de 2000; el escueto
concepto de violación señaló que el concejal discutió y
aprobó mediante acuerdo una autorización para su sobrina
fuera beneficiada con un lote de terreno con disponibilidad
de servicios, a título de subsidio de vivienda en especie.

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(…)

Aun cuando la demanda contiene errores fatales, la defensa
técnica, refiere que la Beneficiaria del subsidio es la
ciudadana: LILIANA JAIMES ROMERO, identificada con la
C.C. No 1.115.959.645, que, si bien fue postulante a los
subsidios ofrecidos por el Municipio de Paz de Ariporo y fue
aceptada como admitida, su subsidio no fue autorizado por
la corporación edilicia […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Esta conclusión a la que arribó el Tribunal, con la que sustentó la
configuración del elemento objetivo de la causal de conflicto de
intereses, tampoco fue controvertida ni recurrida por el accionado,
todo lo cual le permite a la Sala mantener intacta la comprobación
de este hecho, relativo a la relación de parentesco en tercer grado
de consanguinidad entre el concejal VÍCTOR JAIMES JERÓNIMO
y la señora LILIANA JAIMES ROMERO, valoración que también
tiene su arraigo en el principio de libertad probatoria que gobierna
los procesos de pérdida de investidura —en los términos establecidos
por esta Sección— cuando en el expediente se echa de menos el
respectivo registro civil de nacimiento:

“[…] 89. Los documentos anteriores no permiten establecer, más
allá de la coincidencia de algunos apellidos, la existencia de
parentesco por consanguinidad o afinidad entre los señores Jhonny
Andrés Basto Hernández, Juan Carlos Basto Morales y Jhonatan
Alirio Basto Bohórquez.

90. Sin embargo, teniendo en cuenta que el parentesco y el
estado civil de las personas en esta clase de procesos se rige
por la regla de libertad probatoria, la Sala considera que sí
se encuentra probado el parentesco en tercer grado de
consanguinidad entre los concejales Juan Carlos Basto
Morales y Jhonatan Alirio Basto Bohórquez.

91. Se aportó al proceso la copia del acta núm. 119 de la sesión
plenaria del Concejo Municipal de Acacías realizada el 8 de
noviembre de 2024, en la cual se realizó la elección de la mesa
directiva del concejo municipal.

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92. En desarrollo del punto 5 sobre elección de la mesa directiva,
luego de que la concejal y presidenta ad-hoc Lucy Fernanda
Tamayo Fierro hubiere postulado al concejal Jhonatan Alirio Basto
Bohórquez para la primera vicepresidencia, por su pertenencia al
Partido Político Creemos, de oposición, y que este concejal aceptara
la postulación, se le otorgó la palabra al concejal Juan Carlos
Basto Morales quien manifestó: “[…] presidente, observando
que de pronto pues tengo claro que no podría haber un posible
conflicto pero la norma es clara y hemos discutido todo el tema, le
solicito ponga en consideración un posible conflicto de interés con
las normas concordantes referente al asunto de conflicto de interés.
[…] presidente lo que le solicito es que se atienda un posible
conflicto de interés teniendo en cuenta la 617, reglamentos
y normas concordantes porque se podría ocasionar un
posible conflicto y lo único que hago es al ser Jonathan (sic)
mi sobrino quiero que se declare un posible conflicto más no
sé qué es claro por eso le digo presidenta que ponga a
consideración un posible impedimento, me retiro del recinto
presidente […]” (Negrilla fuera de texto).

93. La Sala considera que la declaración realizada por el
concejal Juan Carlos Basto Morales no solo constituye
prueba directa sobre la existencia del parentesco en tercer
grado de consanguinidad con el concejal Jhonatan Alirio
Basto Bohórquez, sino que ello se refuerza probatoriamente
a título indiciario por el hecho de que el padre del concejal
Jhonatan Alirio Basto Bohórquez es el señor José Alirio
Basto Morales, quien ostenta los mismos apellidos del
concejal Juan Carlos […]”36 (Negrillas y subrayas fuea de texto).

V.3.1.3.- Las anteriores pruebas demuestran que el accionado, en
su condición de concejal de Paz de Ariporo (Casanare), participó en
la aprobación y votó el Acuerdo 500.02-028 de 25 de diciembre de
2023, "[…] Por medio del cual se autoriza a la Alcaldesa municipal
para asignar y adjudicar 194 subsidios familiares de vivienda en
especie -lotes con disponibilidad de servicios y se dictan otras
disposiciones […]”, muy a pesar de que, para esa fecha, el ‘Listado
Definitivo de Hogares Admitidos’ —para continuar el proceso de

36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de

abril de 2026, número único de radicación 50001233300020250007101, consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes.

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selección de beneficiarios de los subsidios en especie a título de lotes
— ya había sido publicado desde el 30 de noviembre de 2023 por la
Oficina Asesora de Planeación de la Alcaldía de Paz de Ariporo
(Casanare), a través de la página web de la Alcaldía, listado en el
que fue incluido el documento de identificación 1115859645,
correspondiente a la señora LILIANA JAIMES ROMERO, sobrina
del accionado.

En tal sentido, la Sala considera que sí le asistía al accionado un
interés particular, actual y directo en el debate del Acuerdo 500.02-
028 de 25 de diciembre de 2023, toda vez que lo que allí se discutió,
votó y aprobó fue: (i) adicionar en 194 lotes el programa de
subsidios que se originaron con la modificación del acuerdo 500.02-
017 de 13 de noviembre de 2023, consistente en subdividir,
predialmente, 97 inmuebles fiscales, para así poder cubrir a todos
los hogares beneficiarios del listado de admitidos de 30 de
noviembre de 2023 —en el que había sido incluida la sobrina del
concejal—; y (ii) otorgar una autorización a la alcaldesa municipal
para que fuese quien seleccionara esos 194 hogares dentro del
listado de admitidos en la convocatoria implementada, asignara los
correspondientes subsidios y expidiera las resoluciones
administrativas por medio de las cuales estos se adjudicaran.

En otras palabras, dichas decisiones establecidas en el Acuerdo
500.02-028 de 25 de diciembre de 2023, supusieron un interés
directo, particular, actual, real e inmediato, mas no aleatorio o
hipotético, en cabeza del concejal, el cual entró en conflicto con el
interés general que él debía proteger en el desarrollo de sus
funciones públicas, porque para la fecha en que participó y votó la

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subdivisión predial para obtener más predios para cubrir la totalidad
de los hogares, así como la respectiva autorización a la alcaldesa
para seleccionarlos y asignarlos, ya su sobrina había sido admitida,
expresamente, como beneficiaria de esos subsidios; su deber era el
de haberse declarado impedido, de conformidad con el artículo 70
de la Ley 136, para participar en la discusión del referido acuerdo,
ante el interés que le asistía y a su pariente.

Al respecto, y como lo concluyó la Sección en un caso similar
adelantado contra otro concejal de Paz de Ariporo (Casanare), por
los mismos hechos del asunto bajo examen: “[…] a partir del
momento en que se dotó de publicidad el contenido del ‘Listado
Definitivo de Hogares Admitidos’, para continuar el proceso de
selección de beneficiarios- hogares admitidos de 30 de noviembre
de 2023, se produjo para el accionado una colisión o enfrentamiento
entre el interés general, que debe privilegiarse en el ejercicio de su
labor como concejal, con el interés particular, quedando así
comprometida su imparcialidad y ecuanimidad en la toma de
cualquier decisión sobre el futuro del proyecto normativo que
finalizó en el Acuerdo 500.02-028 de 25 de diciembre de 2023
[…]”37.

Asimismo, se destaca que esas razones impiden que dicho interés
se confunda con el que les asiste a todas las personas o a la
comunidad en general, por lo que era esperable que el accionado
pusiera en conocimiento esa circunstancia ante el pleno de la
Corporación para evitar que se comprometiera el interés general, la

37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de

julio de 2025, número único de radicación 85001233300020240008101, consejera ponente Nubia
Margoth Peña Garzón.

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justicia y el bien común, principios y elementos fundantes del
Estado.

El subsidio de vivienda familiar en especie en Paz de Ariporo
(Casanare), dejó de cobijar a la generalidad de las personas para
abarcar a un conglomerado segmentado y específico, como lo señaló
esta Sección en sentencia de 3 de abril de 202538, en la que un caso
similar determinó:

“[...] Al respecto, es preciso señalar que mediante Aviso 1 de 1.°
de noviembre de 202239, el municipio de Acacías había publicado
el listado de hogares que se postularon para adquirir un subsidio
familiar de vivienda municipal en el proyecto Balcones del Camino
Real, que se efectuó los días 27 al 29 de octubre de 2022, en
cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 211 de 2022; lo que
de contera significa que, a partir de ese momento, se dotó de
publicidad el contenido de esa decisión.

Según se observa, a partir de ese momento, se produjo para
el accionado una colisión o enfrentamiento entre el
interés general que debe privilegiarse en el ejercicio de su
labor como concejal con el interés particular, quedando
comprometida la imparcialidad y ecuanimidad en la toma
de cualquier decisión sobre el futuro del proyecto
normativo que a la postre pasaría a convertirse en el
Acuerdo 576 de 10 de marzo de 2022.

Contrario a lo sostenido por el apelante, el interés resulta
directo, particular y actual y este no se confunde con el
que les asiste a todas las personas o a la comunidad en
general, pues para el momento en que participó en el
trámite y aprobación del Acuerdo 576 de 10 de marzo de
2022, ya se había publicado el listado de pre-
seleccionados, por lo que era esperable que el accionado
pusiera en conocimiento esa circunstancia ante el pleno
de la corporación para evitar que se comprometa “[…] el
interés general, la justicia y el bien común, principios y

38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de

abril de 2025, núm. único de radicación 50001233300020240000901, consejero ponente Germán
Eduardo Osorio Cifuentes.
39 Documento 003. Páginas 323 a 393.

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elementos […] fundantes del Estado (artículo 1)[…]40”,
principios que se buscan preservar justamente con la
consagración del régimen de conflicto de interés como
constitutivo de pérdida de investidura. Por ende, el
subsidio de vivienda de interés familiar dejó de cobijar a
la generalidad de las personas para abarcar a un
conglomerado determinado. […]” (Destacado fuera de texto).

Tampoco le asiste razón al accionado al sostener que no existía un
interés particular y directo, bajo el argumento de que no se benefició
a sus familiares de manera directa, por cuanto, a su juicio, la
selección, asignación y la adjudicación de los lotes no devino
automáticamente de la aprobación de ese acuerdo y menos de la
publicación del listado de admitidos, sino que estaba sujeta a actos
posteriores de la alcaldesa municipal, ajenos a su voluntad y su
poder de decisión41.

Lo anterior, en razón a que no es relevante para la configuración del
conflicto de interés el hecho de que en el Acuerdo 500.02-028 de 25
de diciembre de 2023 se haya introducido o no una ventaja para el
concejal o su familia, puesto que la finalidad que persigue la causal
invocada es evitar que la imparcialidad de las decisiones se
comprometa o distorsione por motivos personales o particulares42.

Si bien es cierto que cuando se discutió y aprobó el referido acuerdo
aún no se habían subdividido los 97 inmuebles fiscales de propiedad
del municipio, en los 194 finales, ni se habían asignado los subsidios
de vivienda en especie, ni efectuado la transferencia del dominio de
los inmuebles, y que para esa asignación los miembros de una Mesa

40 Corte Constitutional, C 302 de 2021, magistrada ponente Cristina Pardo Schlesinger.
41 Cit. Sección Primera, sentencia de 17 de julio de 2025, número único de radicación
85001233300020240008101, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
42 Idem.

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Técnica de Apoyo llevaron a cabo la selección de los beneficiarios del
subsidio familiar, también lo es, se insiste, que el hecho relevante y
que determina el conflicto de interés radica en que para la fecha de
votación del Acuerdo 500.02-028 de 25 de diciembre de 2023, la
familiar del concejal ya estaba elegida y admitida y hacía parte del
proceso para recibir ese subsidio de vivienda, como consta en el
‘Listado Definitivo de Hogares Admitidos’.

Frente a este asunto, cabe señalar que en providencia de 15 de
diciembre de 202343, reiterada en sentencia de 3 de abril de 202544,
la Sección Primera, al analizar un asunto similar al caso bajo estudio,
puntualizó lo siguiente:

“[…] La Sala no comparte lo señalado por el a quo, y, por el
contrario, considera que este elemento está cumplido por las
razones que pasan a explicarse:

(i) Por aviso nro. 1 del 1 de noviembre de 2022 la Secretaría de
Planeación y Vivienda del municipio de Acacías publicó el listado
de hogares que se postularon para adquirir un subsidio familiar
de vivienda municipal en el proyecto “Balcones del Camino Real”,
dentro de los que se encontraba Flor Stella López León y LFHL,
quienes se acredita con los respectivos registros civiles son
respectivamente la esposa y la hija del concejal.

(ii) Pese a que desde el 1 de noviembre de 2022 se habían
publicado los ciudadanos que se postularon para adquirir el citado
subsidio de vivienda, está probado que el concejal el 22 de
noviembre de 2022, en calidad de ponente, radicó “Informe de
Ponencia para SEGUNDO debate del Proyecto de Acuerdo 697 de
2022. “Por medio del cual se otorgan facultades al alcalde
municipal de Acacías-Meta para la asignación de subsidios de

43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de

diciembre de 2023, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 50001-23-33-000-2023-
00007-01. En similar sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2023, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único
de radicación 50001-23-33-000-2023-00006-01.
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de

abril de 2025, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, núm. único de radicación 50001-2333-000-
2024-00009-01.

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vivienda familiar en las diversas modalidades y se dictan otras
disposiciones” (…)”45 en el que presentó ponencia positiva al
proyecto de acuerdo.
(…)

(iii) Además está acreditado con el acta nro. 121 del 23 de
noviembre de 2022 que en la sesión ordinaria del concejo
municipal de Acacías llevada a cabo en esa fecha se discutió en
segundo debate el proyecto de acuerdo nro. 697 y que el concejal
acusado participó y votó en la discusión.

(iv) En consecuencia, la Sala considera que al concejal sí le
asistía un interés en el debate del Acuerdo 592 de 2022
puesto que lo que allí se discutía era la autorización al
alcalde municipal para otorgar los subsidios de vivienda y
para adelantar los actos de transferencia de los inmuebles, y,
para la fecha en la que se votó el acuerdo, ya se habían
publicado los ciudadanos que se postularon al
mencionado subsidio, entre quienes figuraba su esposa e hija.

(v) De contera, no se comparte lo dicho por el a quo cuando
señala que al concejal la discusión del Acuerdo 592 de 2022 le
afectaba en igualdad de condiciones que a la ciudadanía en
general porque para la fecha en la que se llevó a cabo la
votación, su esposa e hija ya se habían postulado para ser
beneficiarias del subsidio de vivienda, lo que implicaba
que la decisión de autorizar al alcalde de Acacías para
entregar los subsidios y hacer los actos de transferencia
de los inmuebles suponía un interés directo, particular e
inmediato por el hecho de que su esposa e hija estaban en
el proceso para acceder al subsidio.

(vi) Adicionalmente, tampoco le asiste razón al a quo en
manifestar que no existía ningún interés con fundamento
en que, aunque el concejal acusado participó en la
votación del Acuerdo 592 de 2022, ello no implicó que se
adicionara algún tipo de ventaja o privilegio para el
concejal, o su esposa e hija “pues solo autorizó o extendió la
autorización al alcalde del municipio de Acacías para adjudicar los
subsidios”, puesto que según indicó los parámetros o requisitos
para acceder al subsidio fueron fijados antes de la votación del
acuerdo.

Lo anterior, con fundamento en primer lugar, en que el solicitante
no fundamentó la configuración de la causal en el hecho que la
participación del concejal acusado en el debate del Acuerdo 592

45 (Cita original): Anexos demanda. Ponencia segundo debate.

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de 2022 haya implicado introducir una ventaja o privilegio para
él o sus familiares, sino en el hecho que cuando se votó el referido
acuerdo la esposa e hija ya se habían postulado para ser
beneficiarias.

En segundo lugar, no es relevante para la configuración del
conflicto de interés el hecho de que en el Acuerdo 592 de
2022 se haya introducido o no una ventaja para el
concejal o su familia, o que los presupuestos para acceder
al subsidio estuviesen ya previstos, puesto que la
finalidad que persigue la causal invocada es evitar que la
imparcialidad de las decisiones se comprometa o
distorsione por motivos personales o particulares; en ese
sentido, para la Sala el hecho que determina el conflicto
de interés es que cuando ocurrió la votación del Acuerdo
592 de 2022, la esposa e hija del concejal ya se habían
postulado para ser beneficiarias, de modo que, al
inscribirse al programa de subsidios, es evidente que al
concejal y a su esposa, les afectaba de manera directa y
personal la autorización que se hizo al alcalde para
entregar los subsidios de vivienda y hacer la transferencia
de dominio a través del Acuerdo 592 de 2022. […]”.
(Destacado fuera del texto)

Además de lo anterior, cabe mencionar que es irrelevante que no se
haya anexado el ‘Listado Definitivo de Hogares Admitidos’ de 30 de
noviembre de 2023, al Proyecto de Acuerdo 300.47.1-031 de 15 de
diciembre de 2023, o al Acuerdo 500.02-028 de 25 de diciembre de
2023, habida cuenta que a partir del momento en que se publicó en
la página web de la Alcaldía de Paz de Ariporo (Casanare), se hizo
de público conocimiento, así como la información contenida en el
mismo, relacionada con las cédulas de ciudadanía de quienes serían
adjudicatarios del beneficio del subsidio de vivienda en especie46.

No obstante, lo anterior, la Sala pone de presente que en la
exposición de motivos del Proyecto de Acuerdo 300.47.1-031 de 15

46 Cit. Sección Primera, sentencia de 17 de julio de 2025, número único de radicación
85001233300020240008101, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.

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de diciembre de 2023, “Por medio del cual se autoriza a la alcaldesa
municipal para asignar y adjudicar 194 subsidios familiares de
vivienda en especie-lotes con disponibilidad de servicios y se dictan
otras disposiciones”, que envió la alcaldesa municipal de Paz de
Ariporo (Casanare) al Concejo de ese ente territorial, para su estudio
y aprobación, sí se indicó, de manera expresa, que el referido listado
de admitidos fue publicado el 30 de noviembre de 2023, así:

“[…] JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA

Según los antecedentes antes descritos, a 30 de noviembre
de 2023, fecha de publicación de listado definitivo de
admitidos, con los Acuerdos Municipales números 500.02 -
003 y 500.02 – 010 de 2023, han autorizado la asignación y
adjudicación de un total de 587 Subsidios Familiares de
Vivienda en Especie – Lotes con disponibilidad de servicios;
no obstante, la demanda por este tipo de subsidios
representada en el listado de Admitidos en la convocatoria
de la Resolución No. 300.52-286 de 2023, es de 2922
familias; dicho en otros términos, que al final se tendrán
2335 hogares (el 80%), que habiéndose postulado en
debida forma, no alcanzarían los beneficios del proyecto en
ejecución; por ello, es urgente e inaplazable desarrollar
acciones que disminuyan estos indicadores […]”.

Asimismo, en la motivación del citado proyecto de acuerdo 300.47.1-
031 de 15 de diciembre de 2023, también se hizo referencia acerca
de la publicidad del listado definitivo de admitidos, de la siguiente
manera:

“[…] Que, así las cosas, a 30 de noviembre de 2023, fecha
de publicación de listado definitivo de admitidos, con los
Acuerdos Municipales números 500.02 - 003 y 500.02 – 010 de
2023, han autorizado la asignación y adjudicación de un
total de 587 Subsidios Familiares de Vivienda en Especie–
Lotes con disponibilidad de servicios; no obstante, la
demanda por este tipo de subsidios representada en el listado de
Admitidos en la convocatoria de la Resolución No. 300.52-286 del
30 de mayo de 2023, es de 2922 familias, lo cual, permite
concluir que el 80% (2335) de los hogares admitidos, no

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alcanzarían a ser atendidos dentro del proyecto en
ejecución; por ello, es urgente e inaplazable desarrollar
acciones que disminuyan estos indicadores. […]”
(Destacado fuera de texto).

De tal manera que una vez publicado dicho listado definitivo de
admitidos, y previo a participar en la aprobación del referido
proyecto, el accionado debió verificar que ningún familiar estuviera
admitido como posible beneficiario del subsidio de vivienda familiar,
para determinar si se encontraba impedido para aprobar el referido
proyecto y, por ende, si debía apartarse de su discusión y evitar que
se comprometiera el interés general, la justicia y el bien común,
principios y elementos fundantes del Estado47.

Si bien el referido listado tenía una relación con números de cédulas
y sin los nombres de las personas, también lo es que debido a su
condición de concejal y por tratarse de la autorización de asignación
gratuita de bienes del Estado a los pobladores de Paz de Ariporo
(Casanare) —subsidios en especie previstos desde el Plan de
Desarrollo Municipal “POR AMOR A NUESTRA TIERRA 2020-2023”,
sector ‘Vivienda’, programa ‘Más hogares accediendo a una vivienda
digna’, subprograma ‘Viviendas con entorno de calidad’ presentado
por la alcaldesa de Paz de Ariporo (Casanare)— debió indagar con
sus allegados y familia dentro del grado de parentesco prohibido por
la ley, para revisar quien había sido beneficiado, pues era su
obligación valorar el conjunto de circunstancias de orden moral o
económico que le impedían participar en el trámite o aprobación de
ese asunto, y así actuar con claridad y pulcritud en los temas
sometidos a su consideración, máxime cuando el listado era de

47 Idem.

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público conocimiento para la ciudadanía en general48 y gozaba de
amplia difusión, importancia social y trascendencia local ante la
entrega gratuita de lotes a muchas familias.

La Sala pone de presente que el folio de matrícula inmobiliaria 475-
41972 no le fue adjudicado a la señora LILIANA JAIMES MORENO
por el Acuerdo 500.02-028 de 25 de diciembre de 2023, sino por
voluntad del ejecutivo municipal, quien, con la Resolución 300.52-
779 de 27 de diciembre de 2023, a partir de las facultades otorgadas
por el Acuerdo 500.02-28 de 25 de diciembre de 2023, asignó 781
subsidios familiares de vivienda en especie con disponibilidad de
servicios en el área urbana de ese municipio; y con la Resolución
300.52-803 de 28 de diciembre de 2023, le transfirió, a aquella, el
bien fiscal a manera de subsidio de vivienda familiar en especie,
luego de resultar subdividido por el referido acuerdo.

Ello, lejos de exculpar la conducta del concejal, lo que permite
evidenciar es que la asignación del subsidio familiar de vivienda en
especie y la adjudicación del respectivo lote de terreno con
disponibilidad de servicios a la sobrina del concejal, no se hubiera
podido realizar sin los actos divisorios y de autorización otorgados a
través del Acuerdo 500.02-028 de 25 de diciembre de 2023, votado
y aprobado por el accionado sin declararse impedido, sumado a que,
como se puso de presente anteriormente, la actividad llevada a cabo
por la alcaldesa de Paz de Ariporo (Casanare) fue posterior a la
configuración del conflicto de intereses en el presente asunto, labor

48 Ver sentencia de 3 de abril de 2025 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Primera, núm. único de radicación 50001-2333-000-2024-00009-01, consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes.

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que le fue autorizada directamente por el concejo y que no exonera
de responsabilidad al encartado.

Ahora, en lo concerniente al supuesto precedente jurisprudencial
contenido en la sentencia de 20 de enero de 202349 de la Sección
Primera, en la cual se trajo a colación la sentencia de 30 de enero
de 200450, la que, a su juicio, reúne los mismos elementos fácticos
y jurídicos con respecto al presente asunto, en la que se denegó la
pérdida de investidura de un concejal, por encajar el caso dentro de
la excepción que trata el artículo 48, numeral 1, de la Ley 617, cabe
mencionar que la citada sentencia proferida el 30 de enero de 2004
no es aplicable a este asunto porque no guarda similitud fáctica, ni
jurídica con lo que aquí se debate.

Lo anterior, debido a que la Sección Primera, en esa oportunidad,
negó la pérdida de investidura con fundamento en el hecho de que
los acuerdos en cuyos debates intervino el accionado se limitaban a
otorgarle autorización general al Alcalde Municipal para adjudicar los
subsidios, adjudicación que respondía a una función reglada
asignada al Ejecutivo Municipal y que lo colocaba en igualdad de
condiciones con la ciudadanía en general, sin demostrarse la
existencia de un interés directo, particular y actual en el servidor
público, ni acreditarse si se había publicado el listado de admitidos
con anterioridad a la aprobación de esos acuerdos.

49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, sentencia de 20 de

enero de 2023, número único de radicación 05001233300020220096801, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés.
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, sentencia de 30 de

enero de 2004, número único de radicación 25000231500020030119001(PI), consejero ponente
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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Mientras que, en este caso concreto, sí se demostró un interés
directo, particular y actual en el concejal y que dicho interés no se
confunde con el que les asiste a todas las personas ni lo coloca en
igualdad de condiciones con la comunidad en general, pues para el
momento en que participó en el trámite y aprobación del referido
acuerdo, su sobrina se había inscrito para ser beneficiaria del
subsidio y ya se había publicado el listado de admitidos con su
número de identificación, lo que era de público conocimiento, por lo
que el subsidio de vivienda familiar dejó de cobijar a la generalidad
de las personas para abarcar a un conglomerado determinado51.

Ciertamente, la Sala observa que el comportamiento del accionado
sí estuvo precedido de la falta de cuidado que se exhibe al no
manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas
negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios
propios. En efecto, el concejal estaba en condiciones cognitivas de
comprender el hecho o la circunstancia configurativa de la referida
causal de pérdida de investidura, toda vez que se advierte que el
conocimiento del marco normativo del cargo que ostentaba es una
obligación general de cabal cumplimiento52.

De conformidad con la presunción prevista en los artículos 4º de la
Constitución Política, 9° y 18 del Código Civil; y 57 de la Ley 4ª de
191353, el concejal accionado conocía sus deberes constitucionales,

51 Criterio reiterado en los siguientes pronunciamientos de la Sección Primera: sentencia de 15 de

diciembre de 2023 (C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 50001-23-33-000-2023-
00007-01). Sentencia de 15 de diciembre de 2023 (C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de
radicación 50001-23-33-000-2023-00006-01). Sentencia de 3 de abril de 2025 (C.P. Germán
Eduardo Osorio Cifuentes, núm. único de radicación 50001-2333-000-2024-00009-01).
52 Cit. Sección Primera, sentencia de 17 de julio de 2025, número único de radicación

85001233300020240008101, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
53 “[…] Sobre régimen político y municipal […]”.

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legales y reglamentarios54. Y, consecuencialmente, dentro de ese
marco normativo que ha debido conocer estaba, precisamente, el
conflicto de intereses, según el cual, conforme al artículo 70 de la
Ley 136, los concejales están en la obligación de declararse
impedidos de participar en los debates o votaciones respectivas,
cuando adviertan que existe “[…] interés directo en la decisión
porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o
compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero
civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho […]”, en tanto se
encuentra contenido en una disposición legal, que hace parte del
marco normativo que regula su actividad como concejal55.

Las citadas normas le imponían al concejal la obligación de constatar
si él mismo, un allegado o alguno de sus parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad, se encontraban en alguna situación de
interés directo, actual y particular, en tanto que podía significarle un
conflicto de intereses que debía ponerse en conocimiento de la
corporación mediante el respectivo impedimento, lo cual se omitió
en el caso concreto56.

Ahora, como se puso de presente anteriormente, se tiene que para
exonerarse de la culpabilidad que da lugar a la pérdida de investidura
resulta preciso estudiar los actos que realizó el concejal para conocer

54 Ver sentencia de 13 de marzo de 2025 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicado 25000 23 15 000 2024
00769 01 (PI).
55 Ver sentencia de 19 de septiembre de 2019 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación
13001-23-33-000-2018-00738-01(PI).
56 Cit. Sección Primera, sentencia de 17 de julio de 2025, número único de radicación

85001233300020240008101, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.

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del respectivo marco normativo, con el propósito de establecer si por
virtud de ellos actuó de buena fe calificada y, por ende, su conducta
puede exculparse.

Al respecto, la Sala advierte que en el caso sub examine el concejal
accionado no obró con diligencia al participar en la deliberación y
votación del Acuerdo 500.02-028 de 25 de diciembre de 2023, a
pesar de que desde el 30 de noviembre de 2023 su sobrina había
sido admitida en los hogares beneficiados con el subsidio en especie
de Paz de Ariporo (Casanare), culpa grave consiste en no manejar
los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas
negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios
propios57.

Ello, se insiste, por cuanto para la fecha en que participó en el
trámite y votación del citado acuerdo era público el ‘Listado
Definitivo de Hogares Admitidos’, en el cual figuraba su pariente
LILIANA JAIMES MORENO, quien hacía parte del proceso para
recibir el subsidio de vivienda, momento desde el cual se produjo
una colisión entre el interés general con el particular, luego de votar
y aprobar la subdivisión predial necesaria para que los lotes
alcanzaran para muchos más hogares beneficiarios, así como las
respectivas autorizaciones con las que la alcaldesa le adjudicó y
transfirió el inmueble ubicado en la Calle 15 No. 6 ESTE-52,
identificado con matrícula inmobiliaria 475-41972 de Paz de Ariporo
(Casanare).

57 Ver sentencia de 3 de abril de 2025 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Primera, núm. único de radicación 50001-2333-000-2024-00009-01), consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes.

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Cabe precisar que cuando un servidor público de elección popular se
encuentra en una situación en la cual vea comprometidos los
principios que gobiernan la función pública sobre un asunto que deba
conocer, debe manifestar de manera oportuna su impedimento, pues
al no hacerlo, además, desconoce el mandato constitucional previsto
en el artículo 113 de la Constitución Política, canon que establece
que los miembros de cuerpos colegiados de elección directa
representan al pueblo y deben actuar consultando la justicia y el bien
común58.

Así pues, aunque el concejal alegó que no está probado que tuviera
conocimiento de la postulación de la señora LILIANA JAIMES
MORENO al proceso de selección de beneficiarios-hogares para
subsidios de vivienda en especie, es pertinente indicar que lo que
precisamente se reprocha de su conducta es que no haya actuado
con la debida diligencia para constatar si había alguna circunstancia
que le impidiera participar en la votación del referido acuerdo vital
para el éxito del plan de entrega gratuita de lotes, más aún cuando
la información respecto de los ciudadanos que se postularon para ser
beneficiarios del subsidio de vivienda fue de público conocimiento,
importancia social y trascendencia local.

Y si bien es cierto que ‘nadie está obligado a lo imposible’, también
lo es que el hecho de que en el ‘Listado Definitivo de Hogares
Admitidos’ solo aparecían los números de cédulas de ciudadanía de
los admitidos, sin los nombres, ello no lo eximía de responsabilidad,
toda vez que develado dicho listado, lo más cuidadoso, prudente,

58 Cit. Sección Primera, sentencia de 17 de julio de 2025, número único de radicación
85001233300020240008101, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.

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diligente, cauteloso y propio de sus deberes como concejal, era
revisarlo e indagar entre sus allegados y familiares que vivían en el
mismo municipio, previo a participar en la aprobación del referido
acuerdo, lo cual no resultaba imposible de realizar, máxime si con
ello se lograba evitar que se comprometiera el interés general, la
justicia y el bien común, principios y elementos fundantes del
Estado.

Adicionalmente, tampoco se demostró que el accionado hubiese
solicitado la asesoría de un abogado a fin de averiguar la situación
en la que se encontraba ni se evidencia que existan interpretaciones
disímiles en la jurisprudencia respecto del alcance de la conducta
reprochada y de los elementos concurrentes para su configuración59.

En efecto, el concejal no expuso ningún argumento para demostrar
que su conducta estuvo amparada en la jurisprudencia de esta
Corporación o que hubiese solicitado conceptos y asesorías y estas
fueran idóneas, lo que implica que su actuar no estuvo amparado en
la buena fe calificada proveniente de un error invencible.

V.3.1.4.- La Sala60, por su parte, ha determinado que la
antijuridicidad no podría analizarse desde la dogmática del derecho
penal o del derecho disciplinario en la medida en que la figura de la
pérdida de investidura no se basa en el daño a un bien jurídico
tutelado, -lo cual da lugar a la antijuridicidad material en el derecho
penal-, ni en el incumplimiento de deberes funcionales del servidor

59 Ver la citada sentencia de 3 de abril de 2025.
60 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de

noviembre de 2021, número único de radicación 05001-23-33-000-2021-00618-01(PI), consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.

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público, -en el contexto del derecho disciplinario-, sino que, por
oposición a los precitados regímenes sancionatorios, constituye un
juicio cuyo fundamento se encuentra en la preservación de la
dignidad del cargo público de elección popular a través del control
que ejercen los ciudadanos y demás sujetos habilitados sobre los
miembros de corporaciones públicas de elección popular cuando
estos incurran en conductas contrarias al buen servicio, al interés
general o a la dignidad que ostentan, esto es conductas que
comportan la defraudación del principio de representación.

Por ello, lo que se sanciona en procesos como el actual es la
trasgresión al código de conducta que los miembros de
corporaciones públicas de elección popular deben observar
atendiendo la naturaleza representativa de la investidura que
ostentan, razón por la que el constituyente y el legislador ya han
realizado previamente una valoración de las conductas que, por su
gravedad, deben evitarse por los elegidos, y las han establecido de
manera taxativa sin que le sea posible al juez de la desinvestidura
efectuar valoraciones adicionales, entendiéndose así que la
ejecución de la conducta prohibida se tiene por antijurídica, en sí
misma, por constituir una defraudación a la confianza depositada por
los electores.

En el presente asunto, la conducta del accionado resultó
evidentemente antijurídica luego de votar la aprobación del acto
administrativo de 25 de diciembre de 2025, en el seno de la
corporación municipal, que subdividió 97 predios para destinarlos al
programa de subsidios en especie, en forma de lotes, a jefes de
hogar que necesitaban solución de vivienda en Paz de Ariporo

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(Casanare) y autorizó la asignación y transferencia de estos a la
alcaldesa del ente territorial, a pesar de que su pariente en tercer
grado de consanguinidad había sido admitida, con anterioridad, en
el listado de beneficiarios que se hizo de público conocimiento del
municipio, desde el 30 de noviembre de 2023.

V.5.- Al encontrarse acreditado el elemento subjetivo de la causal
de pérdida de investidura, por violación del régimen del conflicto de
intereses prevista en los artículos 55, numeral 2, de la Ley 136, y
48, numeral 1, de la Ley 617, en concordancia con el artículos 70 de
la Ley 136, la Sala procederá a revocar la sentencia de 16 de febrero
de 2026, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de
Casanare y, en su lugar, decretará la pérdida de investidura del
señor VÍCTOR JAIMES JERÓNIMO, concejal de Paz de Ariporo
(Casanare).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 16 de febrero de 2026,
proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Casanare
y, en su lugar, DECRETAR la pérdida de investidura del señor
VÍCTOR JAIMES JERÓNIMO, concejal de Paz de Ariporo
(Casanare).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

72

Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00138 01
Solicitante: ARIEL ARTURO REYES FUENTES

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión de 28 de mayo de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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