Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06876-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06876-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-06876-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
29 de enero de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06876-00
Demandante: Carlos Julio Vivas Palencia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06876-00
Demandante: Carlos Julio Vivas Palencia
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Tema: Tutela contra providencia judicial, pérdida de investidura de
concejal por la causal de conflicto de intereses. Requisitos
generales de procedibilidad
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta, mediante apoderada judicial, por Carlos
Julio Vivas Palencia contra la sentencia de 17 de julio de 2025, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Primera, por la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, la igualdad, la seguridad jurídica y la confianza
legítima, con fundamento en las siguientes:
Pretensiones
«AMPARAR la protección de los derechos fundamentales al debido proceso – artículo 29
de la Constitución Política–; derecho a la igualdad – artículo 13 ibidem-; seguridad jurídica
y confianza legítima -Artículo 83 ibidem, esto es, violación directa a la Constitución Política,
así como por defecto procedimental y defecto material o sustantivo.
Y, en consecuencia, 4.1.1. Se REVOQUE la Sentencia de Segunda Instancia proferida el
17 de julio de 2025 por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo -
Sección Primera – Magistrada Ponente Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, en el marco del
proceso de pérdida de investidura con radicado número 85001233300020240008101, en
el cual se declaró la pérdida de investidura al señor CARLOS JULIO VIVAS PALENCIA,
elegido como Concejal del Municipio de Paz de Ariporo (Casanare) por el Partido Polo
Democrático Alternativo para el periodo constitucional 2024 – 2027. »
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
Situación que dio origen al proceso de pérdida de investidura
El señor Carlos Julio Vivas Palencia fue elegido concejal del municipio de Paz de
Ariporo (Casanare), para el período constitucional 2020-2023, en representación del
partido político Polo Democrático Alternativo.
Durante dicho periodo constitucional, el actor aprobó el Acuerdo municipal 500.02-028
de 25 de diciembre de 2023, por medio del cual se autorizó a la alcaldesa del referido
ente territorial, para asignar y adjudicar lotes con disponibilidad de servicios, a manera
de subsidios de vivienda en especie, según consta en el acta núm. 500.01.2.125 de
25 de diciembre de 2023, expedida por el Concejo Municipal, con voto positivo del
mencionado concejal, al Proyecto de Acuerdo 300.47.1-031 de 15 de diciembre de
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2023, por medio del cual se autorizó a la mencionada alcaldesa municipal para asignar
y adjudicar 194 subsidios.
Los señores Héctor Julián Vivas Palencia y Narda Jimena Vivas Palencia, hermanos
del señor Carlos Julio Vivas Palencia, resultaron beneficiarios de los mencionados
subsidios.
El señor Carlos Julio Vivas Palencia fue reelegido como concejal para el periodo 2024-
2027, por el mismo partido político.
El proceso de pérdida de investidura
La ciudadana Lina María Ordoñez Leal interpuso demanda de pérdida de investidura
contra Carlos Julio Vivas Palencia, concejal del municipio de Paz de Ariporo
(Casanare), al considerar que incurrió en la causal prevista en los numerales 2 del
artículo 55 de la Ley 136 de 1994 y 1 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, en
concordancia con el artículo 70 de la Ley 136, por violación al régimen de conflicto de
intereses.
Lo anterior, porque el señor Vivas Palencia no se declaró impedido en el trámite y
aprobación del Acuerdo 500.02–028 de 25 de diciembre de 2023, por el cual se
otorgaron facultades a la alcaldesa municipal del mencionado ente territorial para
asignar y adjudicar 194 lotes, a manera de subsidios familiares de vivienda en especie,
a pesar de que sus hermanos figuraban en el listado definitivo de hogares admitidos
para ser beneficiarios de esos subsidios.
El Tribunal Administrativo de Casanare, en sentencia de 14 de noviembre de
2024, declaró la pérdida de la investidura que ostentaba el señor Carlos Julio Vivas
Palencia, elegido concejal del municipio de Paz de Ariporo por el Partido Polo
Democrático Alternativo para el periodo constitucional 2024-2027. Al respecto,
consideró que, el concejal votó un Acuerdo que autorizaba la asignación de subsidios
de vivienda cuando dos de sus hermanos ya figuraban como postulantes admitidos,
que si bien, la asignación dependía de otras autoridades, su voto era necesario para
que existiera la posibilidad de que ellos resultaran beneficiados, por lo que, debió
declararse impedido, pues conocía o debía conocer el listado público de admitidos, lo
que configuraría un conflicto de intereses.
El señor Vivas Palencia interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión,
porque con el argumento de que no se configura la causal de pérdida de investidura
alegada, pues no tenía ningún interés directo en la asignación de los subsidios, toda
vez que la selección de beneficiarios dependía de actos posteriores, aleatorios y
ajenos a su voluntad. Además, señaló que el listado de admitidos no permitía
identificar personas, que él no intervino en la convocatoria ni en la asignación, y que
el beneficio para sus familiares era solo hipotético.
El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia de 17 de julio de
2025, confirmó la decisión de primera instancia, al considerar que se dieron los
supuestos de configuración de la causal de pérdida de investidura sobre conflicto de
intereses, toda vez que, el concejal tenía un interés directo y actual en la aprobación
del Acuerdo, porque al momento de votar ya existía un listado público de admitidos en
el que figuraban sus hermanos, por lo tanto, se generaba un conflicto entre el interés
general y su interés particular, afectando su imparcialidad y obligándolo a declararse
impedido conforme al artículo 70 de la Ley 136 de 1994.
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2. Argumentos de la acción de tutela
A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico, porque
desconoció las reglas de la sana crítica, pues considera que la valoración de las
pruebas se limitó a parámetros subjetivos, pues no tenía la forma de cómo saber que
sus hermanos se encontraban dentro de las listas de los beneficiados; que, se dio por
hecho que debía conocer el número de identificación de sus hermanos y también que
estos estaban bajo una estrecha relación. Además, señaló que, no hay prueba que
acredite esa relación, no se tuvo en cuenta que el Acuerdo que aprobó y votó el
concejal no era definitivo, es más, no era esencial para la adjudicación y asignación,
como tampoco se observó la materialización del conflicto de intereses.
Por otra parte, señaló que en la providencia cuestionada se configuraron los defectos
procedimental y material o sustantivo al omitir argumentar la decisión más allá de
las razones expuestas en la decisión de primera instancia.
Señaló que, su actuar se limitó a aprobar y votar un proyecto en el cual se encontraban
los números de identificación de los beneficiarios, sin especificar sus nombres,
exigiéndosele que debía conocerlos, además, otras pruebas dan cuenta que él no
adjudicó ni asignó ningún proyecto. Además, precisó que antes de que se aprobara y
votara el referido Acuerdo, conoció el listado de hogares admitidos de 15 de noviembre
de 2023 y el listado definitivo de hogares admitidos de 30 de noviembre de 2023, los
cuales tampoco son pruebas fehacientes para que se configure la causal alegada por
la actora y confirmada por el fallo de segunda instancia.
3. Trámite previo
El 5 de noviembre de 2025, el despacho de la ponente admitió la acción de tutela y
ordenó notificar a los magistrados integrantes de la Sección Primera del Consejo de
Estado, en calidad de demandados, y a los magistrados integrantes del Tribunal
Administrativo de Casanare y a la señora Lina María Ordoñez Leal, en calidad de
terceros con interés.
4. La respuesta del demandado
La Sección Primera del Consejo de Estado pidió que se declarara improcedente la
acción de tutela, porque no cumple el requisito general de relevancia constitucional,
toda vez que las pretensiones están orientadas a constituir una instancia adicional del
proceso de pérdida de investidura para prolongar la discusión que ya se dio ante los
jueces naturales de la causa.
Señaló que en caso de encontrarse superados los requisitos de procedibilidad del
recurso de amparo contra providencia judicial, se deben negar las pretensiones,
porque no incurrió en los defectos invocados ni ha transgredido los derechos
fundamentales del actor.
Que de las pruebas aportadas al proceso, en la providencia acusada se concluyó que
el señor Vivas Palencia, como concejal de Paz de Ariporo (Casanare), suscribió el
Acuerdo 500.02-028 de 25 de diciembre de 2023, «[…] por medio del cual se autoriza a
la Alcaldesa municipal para asignar y adjudicar 194 subsidios familiares de vivienda en
especie -lotes con disponibilidad de servicios y se dictan otras disposiciones […]», a pesar
de que, para esa fecha, el listado definitivo de hogares admitidos para continuar con
el proceso de selección había sido publicado por la Oficina Asesora de Planeación del
ente territorial, donde se encontraban incluidas las cédulas de dos de sus hermanos.
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Indicó que el conflicto surgió porque, para la fecha de la votación dos de sus hermanos
– parientes en segundo grado de consanguinidad – ya estaban postulados y admitidos
en el proceso de selección de beneficiarios, conforme con el listado definitivo de
hogares admitidos publicado el 30 de noviembre de 2023. Que, en esa medida, el
interés no era hipotético, sino real, directo y particular, por lo tanto, debió declararse
impedido conforme con lo previsto en el artículo 70 de la Ley 136 de 1994.
Que la sentencia acusada enfatizó que: (i) no era relevante que el listado no estuviera
anexado al proyecto de acuerdo, porque su publicación lo hacía públicamente
accesible y el concejal tenía el deber de verificar si tenía algún parentesco involucrado;
(ii) la sola asistencia a la sesión, aun si no hubiese votado, constituye participación y
configura la causal de pérdida de investidura por conflicto de intereses; (iii) aunque la
asignación final de los subsidios dependía de otras autoridades y factores técnicos,
no podían realizarse sin la autorización dada a través del acuerdo que se aprobó con
su voto; y, (iv) los hermanos del concejal resultaron beneficiarios de los subsidios, tal
y como se evidenció en la Resolución 300.52-779 de 27 de diciembre de 2023, lo que
confirma a relevancia del interés comprometido.
Que, además, el concejal no actuó con la diligencia debida, pues no verificó la
existencia del conflicto, no solicitó asesoría jurídica y no acreditó haber obrado bajo
un error invencible, por lo que, su conducta no estuvo amparada por una buena fe
calificada.
5. Intervenciones de los terceros vinculados
El Tribunal Administrativo del Casanare remitió el link de acceso al expediente de
pérdida de investidura 85001-2333-000-2024-00081-00/01, sin pronunciarse sobre los
hechos que dieron origen a la acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto ».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
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providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si la Sección Primera del Consejo de Estado vulneró
los derechos fundamentales invocados por el actor, por incurrir en defectos fáctico,
procedimental y material o sustantivo, al confirmar la decisión que declaró la pérdida
de investidura que ostentaba el señor Carlos Julio Vivas Palencia, elegido concejal del
municipio de Paz de Ariporo por el Partido Polo Democrático Alternativo para el
periodo constitucional 2024-2027, por encontrar configurada la causal denominada
conflicto de intereses.
La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela de la referencia
porque no cumple con el requisito general de relevancia constitucional, toda vez que
las pretensiones del actor están orientadas a constituir una tercera instancia del
proceso de reparación directa en el que se profirió la sentencia cuestionada.
(i) La relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales.
El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20144, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:
1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
4
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012
02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 5.
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
(se destaca)
(ii) Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto
El señor Carlos Julio Vivas Palencia interpuso la presente acción de tutela, con el fin
de que se deje sin efecto la sentencia de 17 de julio de 2025, mediante la cual el
Consejo de Estado, Sección Primera confirmó la decisión de primera instancia de
declarar la pérdida de investidura que ostentaba como concejal del municipio de Paz
de Ariporo (Casanare), por el Partido Polo Democrático Alternativo, para el periodo
constitucional 2024-2027.
Lo anterior, porque considera que la autoridad judicial accionada incurrió en defectos
fáctico, procedimental y material o sustantivo, porque no se dan los supuestos de
configuración de la causal de conflicto de intereses, prevista en los numerales 2 del
artículo 55 de la Ley 136 de 1994 y 1 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, en
concordancia con el artículo 70 de la Ley 136, pues la valoración de las pruebas
aportadas al proceso fue subjetiva y no atendió a los principios de la sana crítica.
Sobre el particular, la Sala advierte que esos argumentos fueron expuestos en el
recurso de apelación y resueltos por la Sección Primera del Consejo de Estado y,
ahora, son alegados como fundamento de la presente acción de tutela.
Al respecto, la Sala encuentra que, al decidir en primera instancia el proceso de
pérdida de investidura contra el señor Carlos Julio Vivas Palencia, el Tribunal
Administrativo de Casanare, en sentencia de 14 de noviembre de 2024, encontró
que, estaba plenamente demostrado su calidad de concejal, la relación de parentesco,
5
Ibidem.
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Demandante: Carlos Julio Vivas Palencia
en segundo grado de consanguinidad (hermanos) con Héctor Julián Vivas Palencia y
Narda Jimena Vivas Palencia y, que participó y votó como concejal del municipio de
paz de Ariporo el 25 de diciembre de 2023, favorablemente el proyecto de Acuerdo
300-47-031 de 15 de diciembre de 2023, «Por medio del cual se autoriza a la alcaldesa
municipal para asignar y adjudicar 194 subsidios familiares de vivienda en especie-lotes con
disponibilidad de servicios y se dictan otras disposiciones», según acta nro. 500.01.2-125
del Concejo Municipal de Paz Ariporo.
Respecto al interés particular, indicó que, el concejal votó el acuerdo que autorizaba
asignar los subsidios cuando dos de sus hermanos ya estaban admitidos en el listado
público de postulante. Que, si bien la asignación dependía de otras autoridades, de
no haberse dado esa autorización no se hubiese podido entregar ningún subsidio, por
lo tanto, el voto favorecía potencialmente a sus familiares. Además, señaló que el
listado era público y accesible, por lo que el concejal no podía alegar desconocimiento.
Que, en esa medida, se transgredió la imparcialidad exigida y configuró un interés
particular incompatible con el interés general, constituyendo conflicto de intereses.
El señor Carlos Julio Vivas Palencia interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión, alegando que no existió un interés directo, porque: (i) la eventual asignación
de subsidios a sus hermanos fue hipotética y aleatoria, porque dependía de actos
posteriores de la Alcaldía y de un sorteo entre miles de admitidos; (ii) el listado
publicado solo contenía los números de cédula, él no mantenía comunicación con sus
hermanos, por lo que no tenía forma de identificarlos como beneficiarios; (iii) que el
fallo de primera instancia omitió valorar la resolución que demostraba la selección
aleatoria de 781 beneficiarios y que la aprobación del acuerdo del 25 de diciembre no
beneficiaba automáticamente a nadie, para el efecto trajo a colación precedentes
donde se negó la pérdida de investidura por tratarse de intereses inciertos y generales;
y, (iv) de ser su conducta reprochable, solo constituiría una falta leve y por lo tanto,
deben aplicarse los eximentes disciplinarios reconocidos por la Corte Constitucional,
pues actuó cumpliendo un deber constitucional sin intención de favorecer a familiares.
A partir de lo anterior, la Sala advierte que las actoras proponen la misma discusión
jurídica que presentó en el proceso de pérdida de investidura, lo cual evidencia que lo
que pretende la parte actora es hacer uso de la presente solicitud de amparo, como
una instancia adicional.
En efecto, de lo expuesto hasta aquí se evidencia que la discusión planteada por la
actora ya fue resuelta por el Consejo de Estado, Sección Primera, en la sentencia
de 17 de julio de 2025, que, en lo que interesa, consideró:
Frente al análisis objetivo de los elementos configurantes de la causal de conflicto
de intereses, se refirió a la calidad de concejal del señor Vivas Palencia y
posteriormente, a la concurrencia de un interés directo, particular o inmediato del
concejal, para lo cual relacionó las pruebas aportadas al proceso, de las cuales
concluyó:
«Las anteriores pruebas demuestran que el concejal CARLOS JULIO VIVAS PALENCIA, en su
condición de concejal del municipio de Paz de Ariporo (Casanare) participó en la aprobación y votó
el Acuerdo 500.02-028 de 25 de diciembre de 2023, "por medio del cual se autoriza a la Alcaldesa
municipal para asignar y adjudicar 194 subsidios familiares de vivienda en especie -lotes con
disponibilidad de servicios y se dictan otras disposiciones", a pesar de que, para esa fecha, el Listado
Definitivo de Hogares Admitidos, para continuar el proceso de selección de beneficiarios-hogares
admitidos, había sido publicado por la Oficina Asesora de Planeación de la alcaldía de Paz de Ariporo
(Casanare), a través de la página web de la Alcaldía de ese ente territorial el 30 de noviembre de
2024; y que en dicho listado aparecían incluidas las cédulas de ciudadanía núms. 1.115.856.506 y
1.006.413.924 de los señores HÉCTOR JULIÁN VIVAS PALENCIA y NARDA JIMENA VIVAS
PALENCIA, respectivamente, hermanos del concejal accionado.
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En tal sentido, la Sala considera, contrario a lo aducido por el apelante, que al concejal accionado sí
le asistía un interés directo, particular, actual, real e inmediato, en el debate del Acuerdo 500.02-028
de 25 de diciembre de 2023, toda vez que lo que allí se discutía era la autorización a la alcaldesa
municipal de Paz de Ariporo (Casanare) para asignar los subsidios familiares de vivienda en especie
y adjudicar los respectivos lotes de terreno con disponibilidad de servicios; y que para la fecha en la
que se votó el acuerdo en referencia, ya se había publicado el listado de los ciudadanos que se
postularon a los referidos subsidios, entre quienes figuraban sus hermanos.
En otras palabras, dicha decisión de autorizar a la alcaldesa municipal de Paz de Ariporo (Casanare)
para asignar los subsidios familiares de vivienda en especie y adjudicar los respectivos lotes de
terreno con disponibilidad de servicios, suponía un interés directo, particular, actual, real e inmediato,
mas no aleatorio o hipotético, porque para la fecha en que el accionado participó y votó sobre dicha
autorización, ya sus hermanos, con quienes tiene un vínculo de segundo grado de consanguinidad,
estaban en el proceso para acceder a esos subsidios, por lo que de conformidad con el artículo 70
de la Ley 136 el accionado no debía participar en la discusión del referido acuerdo ante el interés
que les asistía.
Al respecto, debe aclararse que a partir del momento en que se dotó de publicidad el contenido del
Listado Definitivo de Hogares Admitidos, para continuar el proceso de selección de beneficiarios-
hogares admitidos, se produjo para el accionado una colisión o enfrentamiento entre el interés
general, que debe privilegiarse en el ejercicio de su labor como concejal, con el interés particular,
quedando comprometida la imparcialidad y ecuanimidad en la toma de cualquier decisión sobre el
futuro del proyecto normativo que finalizó en el Acuerdo 500.02-028 de 25 de diciembre de 2023.
Asimismo, se destaca que dicho interés resulta directo, particular y actual y que este no se confunde
con el que les asiste a todas las personas o a la comunidad en general, pues para el momento en
que participó en el trámite y aprobación del referido Acuerdo, se reitera, ya se había publicado el
listado de admitidos, por lo que era esperable que el accionado pusiera en conocimiento esa
circunstancia ante el pleno de la Corporación para evitar que se comprometa el interés general, la
justicia y el bien común, principios y elementos fundantes del Estado, y, por ende, el subsidio de
vivienda familiar en especie dejó de cobijar a la generalidad de las personas para abarcar a un
conglomerado determinado, como lo señaló esta Sección en sentencia de 3 de abril de 2025 (…).»
Posteriormente, desestimó el argumento del actor, referente a que no existía un
interés particular y directo, porque la asignación y adjudicación de los lotes no era
automática, sino que dependía de actos posteriores adelantados por otras
autoridades, por lo siguiente:
«Lo anterior, en razón a que no es relevante para la configuración del conflicto de interés el hecho
de que en el Acuerdo 500.02-028 de 25 de diciembre de 2023 se haya introducido o no una ventaja
para el concejal o su familia, puesto que la finalidad que persigue la causal invocada es evitar que
la imparcialidad de las decisiones se comprometa o distorsione por motivos personales o
particulares.
El hecho que determina el conflicto de interés es que cuando ocurrió la votación del citado Acuerdo
500.02-028, los familiares del concejal accionado ya se habían postulado para ser beneficiarios, de
modo que al inscribirse al programa de subsidios familiares de vivienda en especie, es evidente que
a los hermanos del concejal les afectaba de manera directa y personal la autorización que se hizo a
la alcaldesa municipal de Paz de Ariporo (Casanare) para asignar los subsidios familiares de
vivienda en especie y adjudicar los respectivos lotes de terreno con disponibilidad de servicios a
través del citado Acuerdo.
Y si bien es cierto que cuando se discutió y aprobó el referido acuerdo aún no se habían asignado
los subsidios de vivienda en especie, ni efectuado la transferencia del dominio de los inmuebles, y
que para esa asignación los miembros de una Mesa Técnica de Apoyo llevó a cabo la selección de
los beneficiarios del subsidio familiar, también lo es, se insiste, en que el hecho relevante y que
determina el conflicto de interés radica en que para la fecha de votación del Acuerdo 500.02-028 de
25 de diciembre de 2023 los hermanos del concejal accionado ya se encontraban postulados y
hacían parte del proceso para recibir ese subsidio de vivienda, en tanto que ya habían sido incluidos
en el Listado Definitivo de Hogares Admitidos para continuar el proceso de selección de
beneficiarios-hogares admitidos.»
Igualmente, no encontró acertada las razones del señor Vivas Palencia referentes a
que no se había anexado el listado definitivo de hogares admitidos al proyecto de
Acuerdo 300.47.1-031 de 15 de diciembre de 2023, o al Acuerdo 500.02-028 de 25 de
diciembre de 2023 para la fecha en que se aprobó, por lo siguiente:
«(…) a partir del momento en que se publicó dicho listado de admitidos en la página web de la
Alcaldía de Paz de Ariporo (Casanare), esto es, el 30 de noviembre de 2023, se hizo de público
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conocimiento, así como la información contenida en el mismo, relacionada con las cédulas de
ciudadanía de quienes podían ser adjudicatarios del beneficio del subsidio de vivienda en especie,
entre ellos, de los señores HÉCTOR JULIÁN VIVAS PALENCIA y NARDA JIMENA VIVAS
PALENCIA, hermanos del concejal accionado.
No obstante, lo anterior, la Sala debe poner de presente que en la Exposición de Motivos del
Proyecto de Acuerdo 300.47.1-031 de 15 de diciembre de 2023, “Por medio del cual se autoriza a la
alcaldesa municipal para asignar y adjudicar 194 subsidios familiares de vivienda en especie-lotes
con disponibilidad de servicios y se dictan otras disposiciones”, que envió la alcaldesa municipal de
Paz de Ariporo (Casanare) al Concejo de ese ente territorial, para su estudio y aprobación, sí se
indicó de manera expresa que el referido listado de admitidos fue publicado el 30 de noviembre de
2023 (…).
Asimismo, en el Considerando del citado Proyecto de Acuerdo 300.47.1-031 de 15 de diciembre de
2023, también se hizo referencia acerca de la publicidad del listado definitivo de admitidos (…).
De tal manera que una vez publicado dicho listado definitivo de admitidos y previo a participar en la
aprobación del referido proyecto, el concejal accionado debía revisarlo y verificar que ningún familiar
estuviera admitido como posible beneficiario del subsidio de vivienda familiar, para determinar si se
encontraba impedido para aprobar el referido proyecto y, por ende, si debía apartarse de su
discusión y con ello evitar que se comprometiera el interés general, la justicia y el bien común,
principios y elementos fundantes del Estado.
Ahora, si bien es cierto que en la publicación del listado definitivo de admitidos de 30 de noviembre
de 2023 solo existía una relación con números de cédulas sin los nombres de las personas, también
lo es que el señor CARLOS JULIO VIVAS PALENCIA, por tener la condición de concejal municipal
y por tratarse, en este caso, de un asunto de autorización de asignación de bienes del Estado en el
municipio de Paz de Ariporo (Casanare), debió revisar a quiénes pertenecían esas identificaciones,
toda vez que era su deber valorar el conjunto de circunstancias de orden moral o económico que le
impedían participar en el trámite o aprobación de un asunto para dar claridad y transparencia a los
temas que son sometidos a su consideración, máxime aún, cuando el listado era de público
conocimiento para la ciudadanía en general.»
Frente al alegato del actor de que la decisión de primera instancia no valoró la
Resolución 300.52-779 de 27 de diciembre de 2023, por medio del cual se aprobó la
selección de 781 beneficiarios de subsidios familiares de vivienda en especie, en el
área urbana del municipio de Paz de Ariporo (Casanare), en la cual se evidenciaba
que la elección y asignación había sido de manera aleatoria, según los criterios
establecidos por el municipio, en la providencia se indicó:
«Sobre el particular, la Sala advierte que si bien es cierto que el Tribunal, en la sentencia apelada,
no se refirió de manera expresa a la Resolución núm. 300.52-779 de 27 de diciembre de 2023,
también lo es que sí tuvo en cuenta el argumento de que los actos de selección y asignación de
subsidios dependían de otras autoridades diferentes al concejal accionado y tuvo un factor aleatorio,
pero consideró que, a pesar de ello, la asignación de beneficiarios finales de dichos subsidios no se
podía realizar sin la autorización para su asignación y adjudicación, otorgada con el voto favorable
del concejal accionado y de la respectiva Corporación.
Asimismo, sostuvo que con la aprobación del acuerdo en referencia existía una posibilidad real de
que los hermanos del accionado fueran beneficiarios finales del subsidio con independencia que la
asignación del misma pendiera de la actuación de otras autoridades y que lo destacable era la
existencia de recursos para asignar, sin que el factor aleatorio de la asignación y de calificación
técnica de los aspirantes admitidos, extinguiera el interés que por vínculos de familiaridad rodeaba
al concejal en su obrar (…).
Ciertamente, para la Sala, la asignación de los subsidios familiares de vivienda en especie y la
adjudicación de los respectivos lotes de terreno con disponibilidad de servicios no se hubiera podido
realizar sin la autorización, otorgada a través del Acuerdo 500.02-028 de 25 de diciembre de 2023,
toda vez que, como se puso de presente anteriormente, la alcaldesa municipal de Paz de Ariporo
(Casanare), a través de la Resolución núm. 300.52-779 de 27 de diciembre de 2023, asignó 781
subsidios familiares de vivienda en especie, entre ellos, a los hogares de los señores HÉCTOR
JULIÁN VIVAS PALENCIA y NARDA JIMENA VIVAS PALENCIA, hermanos del concejal accionado,
con fundamento en las facultades otorgadas, entre otros, por el citado Acuerdo núm. 500.02-28.»
En cuanto a la configuración del elemento subjetivo de la conducta del señor Vivas
Palencia, señaló:
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Demandante: Carlos Julio Vivas Palencia
«Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que el comportamiento del accionado sí estuvo
precedido de la falta de cuidado que se exhibe al no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado
que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios.
En efecto, el concejal CARLOS JULIO VIVAS PALENCIA estaba en condiciones cognitivas de
comprender el hecho o la circunstancia configurativa de la referida causal de pérdida de investidura,
toda vez que se advierte que el conocimiento del marco normativo del cargo al cual aspiraba el
accionado, -concejal municipal-, es una obligación general para aquel.
De conformidad con la presunción prevista en los artículos 4º de la Constitución Política, 9° y 18 del
Código Civil; y 57 de la Ley 4ª de 1913, el concejal accionado conocía sus deberes constitucionales,
legales y reglamentarios.
Y, consecuencialmente, dentro de ese marco normativo que ha debido conocer el accionado, se
encuentra precisamente el conflicto de intereses, según el cual, conforme al artículo 70 de la Ley
136, los concejales están en la obligación de declararse impedidos de participar en los debates o
votaciones respectivas cuando adviertan que existe “[…] interés directo en la decisión porque le
afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno de sus
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su
socio o socios de derecho o de hecho […]”, en tanto se encuentra contenido en una disposición
legal, que hace parte del marco normativo que regula su actividad como concejal.
Las citadas normas le imponían al concejal la obligación de constatar si él mismo o a alguno de sus
parientes dentro del segundo grado de consanguinidad se encontraban en alguna situación de
interés directo, actual y particular, en tanto que podía significarle un conflicto de intereses que debía
ser puesto en conocimiento de la Corporación mediante el respectivo impedimento, tal como lo omitió
en el caso concreto.»
Posteriormente, indicó que el comportamiento del señor Vivas Palencia estuvo
precedido de falta de cuidado, por lo siguiente:
«Al respecto, la Sala advierte que en el caso sub examine, el concejal accionado no obró con
diligencia al participar en la deliberación y votación del Acuerdo 500.02-028 de 25 de diciembre de
2023, “Por medio del cual se autoriza a la alcaldesa municipal para asignar y adjudicar 194 subsidios
familiares de vivienda en especie-lotes con disponibilidad de servicios y se dictan otras
disposiciones”.
Esta culpa, contrario a lo aducido por el apelante, no corresponde a la leve, sino a la grave, que
según el Código Civil consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las
personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios.
Ello, por cuanto para la fecha en que participó en el trámite y votación del citado Acuerdo era público
el Listado Definitivo de Hogares Admitidos, en el cual figuraban sus hermanos HÉCTOR JULIÁN
VIVAS PALENCIA y NARDA JIMENA VIVAS PALENCIA y hacían parte del proceso para recibir el
subsidio de vivienda; y, por ende, desde ese momento se produjo una colisión entre el interés general
con el particular, en favor de terceros.
De manera que debía conocer que sus familiares estaban participando en el proceso de convocatoria
para acceder al beneficio y habían sido incluidos en la denominada Listado Definitivo de Hogares
Admitidos, para continuar el proceso de selección de beneficiarios- hogares admitidos, de lo cual se
desprende que, ante dicha situación tenía el deber de declararse impedido y apartarse de la
discusión del Acuerdo en referencia, pero no lo hizo.
(…)
Adicionalmente, tampoco se demostró que el concejal accionado hubiese solicitado la asesoría de
un abogado a fin de averiguar la situación en la que se encontraba ni se evidencia que existan
interpretaciones disímiles en la jurisprudencia respecto del alcance de la conducta reprochada y de
los elementos concurrentes para su configuración.
En efecto, el concejal CARLOS JULIO VIVAS PALENCIA no expuso ningún argumento para
demostrar que su conducta estuvo amparada en la jurisprudencia de esta Corporación o que hubiese
solicitado conceptos y asesorías y estas fueran idóneas, lo que implica que su actuar no estuvo
amparado en la buena fe calificada proveniente de un error invencible.»
Finalmente, señaló que no eran aplicables las causales de exoneración previstas en
el Código General Disciplinario, por las siguientes razones:
«Es en este sentido que la Sala itera que las disposiciones contenidas en el estatuto disciplinario,
incluidas no solo las que instituyen faltas o prohibiciones sino también, como en el caso concreto,
que establecen causales exonerativas de responsabilidad disciplinaria, no operan con fines de
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pérdida de investidura, por cuanto si bien ambos procesos implican la manifestación del poder
punitivo del Estado, responden a actuaciones autónomas de distintas naturaleza y finalidad, uno se
desarrolla en sede administrativa y otro en jurisdiccional, no está previsto que la inobservancia de
las normas disciplinarias acarree la desinvestidura de los corporados, y el principio de taxatividad
que gobierna a este proceso judicial no admite interpretaciones extensivas o analógicas en el análisis
de sus causales.
Bajo tales circunstancias, no es de recibo la invocación y aplicación del artículo 31 de la Ley 1952,
que hace el concejal en su recurso de apelación, sobre las causales exonerativas de responsabilidad
disciplinaria en el proceso de pérdida de investidura, ni mucho menos indicar que dichas causales
son aplicables en virtud de lo expresado en la sentencia SU-073/20, pues, en consonancia con lo
argumentado por el Ministerio Público, no se observa que el Consejo de Estado o la Corte
Constitucional hayan señalado que a los juicios de pérdida de investidura se apliquen esas causales
de exclusión disciplinarias.»
Siendo así, como se expuso, aunque el actor alega que la providencia objeto de tutela
vulneró los derechos fundamentales invocados porque presuntamente incurrió en los
defectos fáctico, procedimental y material o sustantivo violación, al declararse la
pérdida de investidura del concejal Carlos Julio Vivas Palencia, los argumentos
expuestos ya fueron resueltos por el juez natural.
Lo anterior, en el entendido que el Consejo de Estado, Sección Primera, encontró
acreditados los elementos objetivo y subjetivo de la causal de pérdida de la investidura
por conflicto de intereses, prevista en los numerales 2 del artículo 55 de la Ley 136 de
1994 y 1 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, en concordancia con el artículo 70 de
la Ley 136.
Así, queda demostrado que los cargos por los defectos fáctico, procedimental y
material o sustantivo no cumplen el requisito de relevancia constitucional, por cuanto
el actor insiste en exactamente los mismos aspectos que fueron expuestos ante el
juez de la pérdida de investidura, lo que evidencia su inconformidad con la forma como
se hizo el análisis del caso por el juez de cierre en segunda instancia.
Sumado a lo anterior, tal como lo ha reiterado esta Sala de Decisión, en los casos en
que la tutela se dirige contra una sentencia proferida por una Alta Corporación, la Corte
Constitucional6 ha establecido un requisito adicional de procedencia, en el sentido que
se constate la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa
intervención del juez constitucional, pues se trata, en este caso, del tribunal de cierre
en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en esa línea se robustece el
elemento de especialidad del juez respecto de la causa que conoce y los principios de
independencia y autonomía.
Lo anterior es suficiente para que la Sala se abstenga de hacer un pronunciamiento
de fondo sobre la vulneración alegada por la demandante, dado que la acción de tutela
no cumple los requisitos de procedencia que habiliten el estudio de los cargos
invocados por parte del juez constitucional, en consecuencia, declarará improcedente
la acción de tutela.
6
Sentencias, SU-917 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, SU-050 de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y SU 573 de
2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Demandante: Carlos Julio Vivas Palencia
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por Carlos Julio Vivas
Palencia contra el Consejo de Estado, Sección Primera, por las razones expuestas en
la parte considerativa.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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