Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2024-00175-02
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2025 › Radicado 50001-23-33-000-2024-00175-02
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2024-00175-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 50001-23-33-000-2024-00175-02
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
27 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: Pérdida de investidura
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
Accionado: John Alexander Casallas Velásquez
Tema: Violación del régimen de conflicto de intereses como
causal de pérdida de investidura de los concejales - reiteración
de jurisprudencia
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte accionada contra la
sentencia de 4 de octubre de 2024, proferida por la Sala Plena Tribunal
Administrativo del Meta.
I. ANTECEDENTES
I.1.- La demanda1
1. La señora Lina Maritza Ordoñez Leal, en ejercicio del medio de control previsto
en el artículo 143 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20112, solicitó:
“[…] I.I.I. PRETENSIONES
PRIMERA: DECRETAR LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA del concejal JOHN
ALEXANDER CASALLAS VELÁSQUEZ identificado con la cédula 17.419.535 por
violar el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, régimen de inhabilidades,
incompatibilidades y conflicto de intereses de conformidad con lo probado en los
hechos y los soportes adjuntos.
SEGUNDA: ordenar notificar de la decisión al concejo municipal de Acacías-meta
(sic), a la Registraduría Nacional y al Consejo Nacional Electoral para lo de su
competencia. […]”(negrilla del texto).
I.1.1.- Los hechos
2. Manifestó que el señor John Alexander Casallas Velásquez, el 29 de octubre de
2023, fue elegido concejal del municipio de Acacías (Meta) para el período 2024-
2027 y tomó posesión del cargo el 2 de enero de 2024.
1
Cfr. Índice 2, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240017500.
2
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.
2
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
3. Indicó que el señor Luis Enrique Díaz García fue candidato al Concejo Municipal
de Acacías en las elecciones territoriales realizadas el 29 de octubre de 2023 por el
“[…] PARTIDO POLÍTICO CENTRO DEMOCRÁTICO […]” (negrilla del texto) e
integró la lista con el concejal accionado.
4. Señaló que en la sesión plenaria del concejo municipal del 4 de enero de 2024 se
realizó la entrevista a los aspirantes al cargo de secretario general de la corporación
para el período 2024.
5. Anotó que el señor Luis Enrique Díaz García, aspirante a ocupar al cargo
secretario general de la corporación, indicó en su intervención ante los concejales
del municipio de Acacías, entre ellos el accionado, con ocasión de la entrevista a
los aspirantes a dicho cargo, que había aspirado dos veces, sin éxito, a ser electo
concejal del municipio y que quería hacer parte de la corporación como asesor.
6. Mencionó que, finalizada las entrevistas, los concejales del municipio de Acacías
procedieron a su valoración.
7. Advirtió que el día 5 de enero de 2024, el señor Luis Enrique Díaz García presentó
renuncia a su aspiración a ocupar el cargo de secretario general del concejo de ese
municipio para el período 2024; no obstante, el día 6 de enero de 2024, el señor
Díaz García retiró la renuncia.
8. Destacó que en la sesión plenaria del concejo municipal de Acacías de 7 de enero
de 2024:
“[…] el presidente de la plenaria, pone en consideración y somete a votación de la
plenaria la renuncia presenta (sic) por el candidato LUIS ENRIQUE DÍAZ GARCÍA,
siendo negada la aceptación de su renuncia con 8 votos negativos y 7 positivos, por
lo que el candidato siguió con su aspiración legítima. Votación en la que participó el
concejal JOHN ALEXANDER CASALLAS VELÁSQUEZ. […]” (negrilla del texto)
9. Subrayó que, una vez fue negada la renuncia a la aspiración a ocupar el cargo de
secretario general de la corporación presentada por el señor Luis Enrique Díaz
García, los concejales procedieron a depositar su voto para elegir a quien ocuparía
el citado cargo de los 3 candidatos que participaron en las entrevistas, “[…] Votación
en la que participó el concejal JOHN ALEXANDER CASALLAS VELÁSQUEZ
depositando su voto. […]”. (Negrilla del texto).
10. Puso de presente que:
“[…] De la lectura de las actas N.° 3 y 6 de sesión plenaria de los días 4 y 7 de enero
de 2024, en las que se realizó la entrevista y elección del secretario general del
concejo municipal 2024, se puede concluir que el concejal JOHN ALEXANDER
CASALLAS VELÁSQUEZ NO realizó ninguna manifestación de impedimento por
conflicto de interés para participar en el proceso pese a que era conocedor que su
compañero de lista al concejo formaba parte de lista de los elegibles al cargo de
secretario general.
3
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
DÉCIMO PRIMERO: La PARTICIPACIÓN del concejal JOHN ALEXANDER
CASALLAS VELÁSQUEZ, en; I) la entrevista, II) en la votación para tramitar la
renuncia, y III) en la votación para elegir secretario general del concejo municipal
periodo 2024, y estando dentro los aspirantes su compañero de partido y de lista
como candidato al concejo de Acacías el señor LUIS ENRIQUE DIAZ GARCÍA, y el
no haber manifestado impedimento por conflicto de interés, permite que se cumplan
con los presupuestos objetivos y subjetivos como la conducta dolosa clara y flagrante
violación al numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y el numeral 1 del
artículo 48 de la Ley 617 de 2000 […]” (negrilla y subrayado del texto)
I.1.2. La causal de pérdida de investidura
11. El accionante, como fundamento de la solicitud, estimó que el accionado
desconoció los artículos 55, numeral 2., y 70 de la Ley 136 de 2 de junio de 1994 3
y el artículo 48, numeral 1., de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000 4, normas que
prevén como causal de pérdida de investidura para, entre otros, los concejales, la
violación del régimen de conflicto de intereses.
I.2. Contestación de la solicitud de pérdida de investidura5
12. El concejal accionado, a través de apoderado, dio contestación a la solicitud
formulada en su contra y pidió:
“[…] VII. PETICIONES
Al tenor de las excepciones anteriormente planteadas, comedidamente solicito a Su
señoría, que previo el trámite correspondiente, se efectúen las siguientes
declaraciones y condenas.
PRIMERO. DECLARAR la SUSPENSIÓN del presente medio de control.
SEGUNDO. DECLARAR probadas las excepciones previas propuestas.
TERCERO. DECLARAR probadas las excepciones de mérito propuestas.
CUARTO. CONDENAR en costas judiciales y en perjuicios a la parte demandante.
[…]”.
13. Solicitó la suspensión del proceso, conforme a los artículos 161 de la Ley 1564
de 12 de julio de 20126 y 306 de la Ley 1437, en razón a que en el mismo tribunal
administrativo se tramitaba el medio de control de nulidad electoral identificado con
el expediente núm. “[…] 50001233300020240006200 […]”, en el cual se solicitó la
nulidad del Acta núm. 06 de 7 de enero de 2024, en la cual se eligió a quien ocuparía
el cargo de secretario general del Concejo Municipal de Acacías, período 2024.
(Negrilla del texto).
3
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]”.
4
“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley
Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. […]”.
5
Cfr. Índice 10, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240017500.
6
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
4
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
14. Afirmó que:
“[…] Es evidente señor Magistrado, que la decisión que tome el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO dentro del medio de control de NULIDAD ELECTORAL que cursa
bajo el radicado No. 50001233300020240006200 influirá completamente frente al
presente proceso de PÉRDIDA DE INVESTIDURA que cursa igualmente en su
honorable despacho bajo el radicado No. 50001 23 33 000 2024 00175 00, por los
siguientes aspectos:
1. En el medio de control de NULIDAD ELECTORAL que cursa bajo el radicado
No. 50001233300020240006200, se pretende declarar la NULIDAD del acta
No. 06 del 07 de enero de 2024 por medio de la cual se eligió el Secretario
General del Concejo Municipal de Acacías (Meta) para el periodo 2024.
2. En el Medio de Control de PÉRDIDA DE INVESTIDURA identificado con el
radicado No. 50001 23 33 000 2024 00175 00 se pretende la declaración de la
PERDIDA DE INVESTIDURA de mi PODERDANTE por aparentemente
trasgredir el régimen de CONFLICTOS DE INTERÉS Y CAUSALES DE
IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN establecido en el numeral 14 del artículo 11
de la Ley 1437 de 2011, dentro del trámite del concurso para la elección del
Secretario General del Concejo Municipal de Acacías (Meta) para el periodo
2024.
3. Si el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO dentro del medio de control de
NULIDAD ELECTORAL que cursa bajo el radicado No.
50001233300020240006200, determina declarar la NULIDAD de la elección del
Secretario General del Concejo Municipal de Acacías (Meta) para el periodo
2024, todas las actuaciones que se surtieron en dicho concurso quedarían sin
efectos y no tendrían validez jurídica, es decir, que lo actuado por el Concejal
JHON ALEXANDER CASALLAS VELÁSQUEZ paulatinamente perdería
validez jurídica y no habría lugar al medio de control de PÉRDIDA DE
INVESTIDURA porque los hechos y motivos que la originaron, ya no existirían.
4. Conforme a lo anterior señor Magistrado, observamos indudablemente que
la Sentencia que deba darse dentro del Medio de Control de PÉRDIDA DE
INVESTIDURA identificado con el radicado No. 50001 23 33 000 2024 00175
00, depende indudablemente a lo que primeramente resuelva el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO dentro del medio de control de NULIDAD ELECTORAL que
cursa en su Despacho bajo el radicado No. 50001233300020240006200, por
lo tanto, existe el mérito suficiente para que se decrete la SUSPENSIÓN
DEL PROCESO solicitada. […]” (negrilla y subrayado del texto).
15. Formuló, luego de referirse a los hechos de la solicitud, la excepción previa de
ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida
acumulación de pretensiones puesto que, en su concepto, no se cumplió el requisito
previsto en el literal c) del artículo 5. ° de la Ley 1881 de 15 de enero de 2018 7
consistente en la invocación de la causal por la cual se solicita la pérdida de
investidura y su debida explicación, lo cual daría lugar al rechazo de la demanda.
16. Sostuvo que la accionante se limitó a citar las normas que se trasgredieron por
el accionado pero no:
7
“[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la doble
instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.
5
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
“[…] hace una explicación sucinta de la supuesta causal invocada.
Para dar cumplimiento al requisito establecido en el literal c, del artículo 5 de la Ley
1881 de 2018, LA DEMANDANTE debió haber establecido un acápite especial dentro
del escrito del medio de control, donde debió establecer expresamente cual fue
supuestamente la causal de PÉRDIDA DE INVESTIDURA que cometió mi
PODERDANTE y adicionalmente, debió haber realizado la explicación de dicha
comisión, estableciendo las situaciones jurídico fácticas que dieron lugar a la
impetración del medio de control, esgrimiendo uno a uno de los hechos y
asociándolos con la consecuencia jurídica, PERO NO SUCEDIÓ ASÍ, toda vez que la
DEMANDANTE solo se dedicó a citar la supuesta norma trasgredida y no realizó la
explicación que nos ordena la Ley. […]” (negrilla del texto).
17. Propuso, como excepción de mérito, la de temeridad y mala fe en el medio de
control, siguiendo el numeral 3. del artículo 79 de la Ley 1564.
18. Adujo que el concurso adelantado por el Concejo Municipal de Acacías para
elegir a quien ocuparía el cargo de secretario general para el período 2024 estuvo
“[…] permeado por la ilegalidad y la vulneración al derecho al debido proceso […]”,
a tal punto que se encontraba cuestionado en el medio de control de nulidad
electoral identificado con el expediente núm. “[…] 50001233300020240006200
[…]”. (Negrilla del texto).
19. Mencionó que:
“[…] Aclarado lo anterior, es preciso mencionar que el origen del presente medio de
control de PÉRDIDA DE INVESTIDURA data por la presunta trasgresión al régimen
de CONFLICTOS DE INTERÉS Y CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN
establecido en el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, porque
supuestamente mi PODERDANTE no se declaró impedido para participar dentro del
trámite del concurso por medio del cual se pretendía la elección del Secretario
General del Concejo Municipal de Acacías (Meta) para el periodo 2024, donde el
señor LUIS ENRIQUE DÍAZ era participante.
Si observamos objetivamente lo esbozado en el acápite de “frente a los hechos”, se
demostró indudablemente señor Magistrado como el señor LUIS ENRIQUE DÍAZ se
sostuvo en el concurso por maniobras fraudulentas realizadas por él, el presidente
del Concejo YAN CARLOS CHAVARRO MUNVERAR (sic) y coadyuvadas por el EX
CONCEJAL ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, toda vez que el primero había
renunciado a su candidatura, pero por medio de una mal llamada “jugada”, se
reintegró al concurso.
Conforme a lo anterior señor Magistrado, observamos en la actuación administrativa
surtida para el concurso adelantado para la elección del Secretario General del
Concejo Municipal de Acacías (Meta) para el periodo 2024, un actuar ilegal con
propósitos dolosos, donde lo único que se pretendía era la reintegración al concurso
para el cargo de Secretario General al señor LUIS ENRIQUE DÍAZ, con la finalidad
de configurar la trasgresión al régimen de CONFLICTOS DE INTERÉS Y CAUSALES
DE IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN establecido en el numeral 14 del artículo 11 de
la Ley 1437 de 2011, perjudicando únicamente a mi REPRESENTADO; que sin
embargo, el señor JHON ALEXANDER dentro de su buena fe calificada, nunca
favoreció al señor LUIS ENRIQUE DÍAZ, es más, votó negativo para que este no se
reintegrara al concurso.
6
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
Aclarado que dicho medio de control de PÉRDIDA DE INVESTIDURA, es el resultado
de un actuar temerario y de mala fe por parte de los sujetos mencionados y por la
plenaria del Concejo Municipal de Acacías (Meta), respetuosamente le solicito señor
MAGISTRADO que se deben negar las pretensiones de la demanda y se debe
acceder a la presente excepción determinando la terminación del proceso. […]”
(negrilla del texto)
I.3. Trámite del proceso
20. Mediante auto de 23 de mayo de 20248 se admitió la solicitud de pérdida de
investidura, se ordenó la notificación personal al accionado y al agente del Ministerio
Público y se le hizo saber al accionado que contaba con el término de cinco (5) días
para referirse por escrito a la solicitud, aportar pruebas o pedir la práctica de las que
considerara conducentes.
21. El accionado se pronunció frente a la solicitud de pérdida de investidura 9 y el
agente del Ministerio Público solicitó la práctica de pruebas10. En auto de 16 de julio
de 202411 se decretó la práctica de pruebas y se fijó para el día 29 de julio de 2024,
hora 9 A.M., la realización de la audiencia pública a la que se refieren los artículos
11 y 12 de la Ley 1881.
22. En escrito de 19 de julio de 202412, el accionado presentó recurso de apelación
en contra de la decisión adoptada en el auto de 16 de julio de 2024 consistente en
negar el decreto y práctica de tres (3) testimonios solicitados, del cual se corrió el
respectivo traslado13.
23. A través de auto de 25 de julio de 202414 se decidió aplazar la realización de la
audiencia pública a la que se refieren los artículos 11 y 12 de la Ley 1881.
24. En auto de 30 de julio de 202415 se incorporó y dejó a disposición de los sujetos
procesales la prueba documental aportada por el concejo municipal de Acacías y se
concedió, en el efecto devolutivo, el recurso de apelación presentado por el
accionado contra el auto de 16 de julio de 2024.
25. Mediante auto de 3 de septiembre de 202416 se fijó para el día 16 de septiembre
de 2024, hora 9 A.M., la realización de la audiencia pública a la que se refieren los
artículos 11 y 12 de la Ley 1881, la cual fue reprogramada en auto de 10 de
septiembre de 202417, para el día 23 de septiembre de 2024, hora 9 A.M.
8
Cfr. Índice 4, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240017500.
9
Cfr. Índice 10, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240017500.
10
Cfr. Índice 9, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240017500.
11
Cfr. Índice 14, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240017500.
12
Cfr. Índice 18, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240017500.
13
Cfr. Índice 20, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240017500.
14
Cfr. Índice 23, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240017500.
15
Cfr. Índice 31, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240017500.
16
Cfr. Índice 38, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240017500.
17
Cfr. Índice 44, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240017500.
7
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
26. La audiencia pública mencionada fue realizada el día 23 de septiembre de
18
2024 , con la asistencia e intervención de la accionante, del agente del Ministerio
Público y del accionado y su apoderado.
I.4. La sentencia de primera instancia19
27. La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia de 4 de
octubre de 2024, resolvió:
“[…] PRIMERO.- DECRETAR LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA del señor JOHN
ALEXANDER CASALLAS VELÁSQUEZ, concejal del Municipio de Acacías (Meta) del
actual período constitucional -2024 a 2027-, conforme a lo expuesto a las
consideraciones de esta providencia. […]”.
28. Explicó que el problema jurídico que debía resolver en este medio de control era
el consistente en determinar:
“[…] si el señor JOHN ALEXANDER CASALLAS VELÁSQUEZ como Concejal del
Municipio de Acacías (Meta) para el periodo 2024-2027, se encuentra incurso en la
causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 14 del artículo 11 de la Ley
1437 de 2011, en concordancia con el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 de
2000, y el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, debido a la configuración
del impedimento, y su participación en el trámite de elección del Secretario General
de dicha Corporación, en el que uno de los aspirantes había integrado junto con él, la
lista del partido político Centro Democrático para el Concejo de Acacías en los
comicios del 29 de octubre de 2023, en los términos que lo aduce el demandante; o,
si por el contrario, no se cumple con el elemento subjetivo, debiéndose negar la
solicitud de pérdida de investidura, conforme lo requiere el demandado. […]” (negrilla
del texto).
29. Se refirió al caso concreto, al trámite de la elección del secretario general del
Concejo Municipal de Acacías y a la participación del accionado, en los siguientes
términos:
29.1. Indicó que el 4 de enero de 2024 se realizó sesión del Concejo Municipal de
Acacías con la asistencia de todos los concejales, en la cual, conforme al orden del
día y entre otros temas, se resolverían impedimentos y recusaciones y se realizarían
las entrevistas a los aspirantes al cargo de secretario general para la vigencia 2024.
29.2. Al tratar el punto atinente a los impedimentos y recusaciones, se puso de
presente que el concejal “[…] YAN CARLOS CHAVARRO MUNEVAR […]”
manifestó que podría encontrarse en impedimento para “[…] para resolver y
participar en la elección del Personero Municipal 2024 […]”, por presentarse la
situación prevista en el artículo 11, numeral 8., de la Ley 1437, por existir “[…]
enemistad grave con la participante. […]”.
18
Cfr. Índice 52, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240017500.
19
Cfr. Índice 56, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240017500.
8
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
29.3. En la citada sesión algunos concejales realizaron precisiones frente al trámite
de impedimentos y recusaciones previsto en el artículo 12 de la Ley 1437 y se
concluyó este tópico “[…] realizando el llamado a lista para votación nominal,
observándose el voto del concejal JOHN ALEXANDER CASALLAS VELÁSQUEZ
en sentido positivo. […]”.
29.4. Los concejales se ocuparon de las entrevistas de los aspirantes al cargo de
secretario general del concejo municipal para la vigencia 2024 y, preliminarmente,
intervino la concejal Zulma Yolima Díaz “[…] manifestando que «entre los
participantes hay un familiar en el cuarto grado de consanguinidad» por lo que
presenta su impedimento. Frente a este aspecto se observa el voto positivo de los
demás concejales, entre ellos del señor CASALLAS VELÁSQUEZ. […]”.
29.5. Se hizo referencia a las intervenciones de los aspirantes a ocupar el citado
cargo, entre ellas, a la realizada por el señor Luis Enrique Díaz Casallas, y a la
evaluación de las entrevistas por parte del concejal accionado conforme al formato
que para el efecto les fue suministrado a los concejales.
29.6. Mencionó que:
“[…] Atendiendo a la cronología, se encuentra que el día 5 de enero de 2024 se radicó
mediante correo electrónico, siendo destinatario el Concejo Municipal de Acacías, la
renuncia20 a la aspiración de la Secretaría General por parte del señor LUIS ENRIQUE
DÍAZ GARCÍA aludiendo motivos personales. Sin embargo, obra una radicación del
día siguiente21 por parte del mismo candidato solicitando «no tener en cuenta la
renuncia enviada ayer al correo electrónico de la corporación, ya que no se ha llevado
a consideración de la plenaria y no se ha aprobado».
Las sesiones inaugurales siguieron su curso, y en la plenaria del 6 de enero de 2024,
en la que el demandado integró el quórum, durante el punto de «proposiciones y
varios» se hace alusión a la renuncia que había llevado el día anterior por parte del
aspirante LUIS DÍAZ al concurso de Secretario y, en el marco de definir sobre el
levantamiento del impedimento de la concejal ZULMA DÍAZ, el concejal ORLANDO
GRANADOS ACEVEDO pone de presente unos audios en los que el aspirante le
había indicado al presidente su deseo de desestimar dicha renuncia.
(…)
En este sentido es que se somete a votación de los concejales la proposición de
levantar el impedimento de la concejal ZULMA YOLIMA, siendo desestimada la
misma con 8 votos negativos, entre ellos del demandado, frente a 6 votos positivos.
A continuación, se registra en el Acta No 06 del 7 de enero de 202422, lo acontecido
en la plenaria del mismo día. Allí se observa igualmente la asistencia del concejal
demandado, y en el sexto punto de la orden del día se encuentra la «elección de
Secretaria General 2024».
20
Folio 131 archivo «002. Demanda y anexos -SAMAI índice 2»
21
Folio 132 archivo «002. Demanda y anexos -SAMAI índice 2»
22
Folios 41-63 archivo «017. Concejo aporta documental -SAMAI índice 28» y folios 133-171 archivo «002. Demanda y anexos
-SAMAI índice 2»
9
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
Durante el desarrollo de este punto, inicialmente se hace lectura de la renuncia
presentada por el aspirante LUIS ENRIQUE DÍAZ, y según el acta, también se «hace
lectura del oficio radicado mediante correo electrónico por el señor Luis Miguel (sic)
Díaz García el día seis de enero del año 2024, el cual tiene por asunto objetar
renuncia», y el presidente de la Corporación pone a disposición de la plenaria la
proposición sobre si se acepta o no la renuncia y posterior desistimiento del aspirante
LUIS DÍAZ, frente a lo cual, se registra la votación nominal con 8 votos positivos y 6
negativos, entre ellos del concejal JOHN ALEXANDER CASALLAS VELÁSQUEZ,
conforme se plasma a continuación:
(…)
Así, se tuvo como aceptado por la plenaria que el candidato continuara en la lista de
elegibles; y seguidamente, tras designarse la comisión escrutadora, se realizó el
llamado a lista para que los concejales depositaran el voto en la urna, encontrándose
entre ellos el señor JOHN ALEXANDER CASALLAS VELÁSQUEZ.
Y, finalmente, fue informado el resultado de los 14 votos así «ERIKA ALEXANDRA
MOSQUERA PEÑA: 8 SANDRA MARILU LÓPE JIMÉNEZ: (sic) 6», estableciéndose
como Secretaria General del Concejo 2024 elegida a la señora ERIKA ALEXANDRA.
[…]”
30. Detallado el trámite que siguió el proceso de elección del secretario general de
la corporación y la participación del accionado, analizó la configuración objetiva de
la causal de pérdida de investidura de violación del régimen de conflicto de
intereses.
31. Sostuvo que el accionado era concejal del municipio de Acacías y, frente a la
existencia del interés, manifestó que estaba probado que i) el accionado y el señor
Luis Enrique Díaz García hicieron parte de la lista por el partido político Centro
Democrático para las elecciones al concejo de ese municipio realizadas el 29 de
octubre de 2023 y ii) el señor Luis Enrique Díaz García fue aspirante a ocupar el
cargo de secretario general de esa corporación, de tal forma que:
“[…] teniendo en cuenta que la actuación administrativa que adelantaba el señor
JOHN ALEXANDER CASALLAS VELÁSQUEZ consistía, al igual que los demás
concejales, en realizar la elección del Secretario General de la Corporación, al
encontrarse dentro de los aspirantes el señor LUIS ENRIQUE DÍAZ GARCÍA, quien
fue su copartidario en la lista definitiva al Concejo de Acacías en los pasados comicios
electorales del 29 de octubre de 2023, por expreso mandato del legislador debía
declararse impedido.
Sin embargo, contrario a su impedimento, tal como lo puso de presente la
representante del Ministerio Público, el concejal CASALLAS VELÁSQUEZ asumió el
conocimiento del asunto desde la sesión del 4 de enero de 2024, pues se registró su
asistencia y votación, participando en dicho trámite durante las demás sesiones del 6
y 7 de enero de 2024, hasta que culminó con la elección de la Secretaria de la
Corporación.
De esta manera, la Sala encuentra configurado el segundo elemento objetivo,
teniendo en cuenta que el interés en esta causal está presupuesto por el legislador
en la literalidad de la norma. Lo que puede explicarse en que, al compartir la misma
afinidad política y ser miembros de un mismo partido, para el legislador podía existir
algún tipo de solidaridad al interior de las corporaciones de elección popular, dando
10
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
así por cierto el interés en las actuaciones en que coincidieran los copartidarios, y lo
plasmó en una regla de obligatorio cumplimiento, establecida en el numeral 14 del
artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.
(…)
Para concluir, debe indicarse que si bien las decisiones adoptadas por el concejal
JOHN ALEXANDER CASALLAS VELÁSQUEZ no resultaron definitivas en la
postulación del señor LUIS ENRIQUE DÍAZ GARCÍA, en el entendido que, tal como
consta en el Acta No 06 del 7 de enero de 202423, su voto en torno a darle continuidad
a su permanencia en el proceso de elección fue negativo, y según se infiere de la
votación definitiva24 tampoco votó por su candidatura, pues no tuvo ningún voto a
favor suyo; lo cierto es que «para la configuración del conflicto de interés el hecho
relevante es que el concejal haya participado en la discusión y votación del asunto,
indistintamente del sentido del voto» tal como lo ha indicado el Consejo de Estado25.
Y de esta manera se configura el segundo elemento de la causal con la sola
participación del concejal demandado, que conforme ya se expuso se originó desde
el momento en que evaluó al copartidario entrevistado y participó en la serie de
decisiones administrativas relacionadas con el trámite de elección al cargo que
aspiraba, aun cuando mediaba una causal de interés expresamente prevista por el
legislador, y en virtud de ella debía declarar su impedimento al momento de participar
en dicho trámite, esto es, desde la sesión de 4 de enero de 2024. […]”
32. Resaltó que estaba probado que el accionado, dentro del trámite de elección de
quien ocuparía el cargo de secretario general del Concejo Municipal de Acacías, no
manifestó impedimento alguno y conformó el cuórum, participó en el debate y votó
el citado asunto.
33. Adicionalmente, mencionó que era un asunto propio de las funciones de los
concejos y de los concejales la elección de su secretario por el período de un (1)
año, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 136.
34. Al encontrar acreditado el elemento objetivo de la violación del régimen de
conflicto de intereses, analizó el elemento subjetivo de culpabilidad y descartó que
el accionado haya actuado de manera dolosa.
35. Anotó, en relación con la culpa grave, que el accionado propuso como
argumentos para descartarla i) su formación académica que le impedía tener
conocimiento respecto de las causales de impedimento y ii) la actuación de buena
fe cualificada.
36. Argumentó, frente a la formación académica del accionado, que, de acuerdo con
el artículo 42 de la Ley 136, para ser elegido concejal se requiere ser ciudadano en
ejercicio y haber nacido o ser residente en el respectivo municipio, de tal forma que,
23
Folios 41-63 archivo «017. Concejo aporta documental -SAMAI índice 28» y folios 133-171 archivo «002. Demanda y anexos
-SAMAI índice 2»
24
Folios 158-171 archivo «002. Demanda y anexos -SAMAI índice 2»
25
Sección Primera, sentencia del 15 de diciembre de 2023. CP: Oswaldo Giraldo López Rad: 50001-23-33-000-2023-00007-
01. Dte: José Enrique Molina Rojas.
11
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
como lo señaló el accionado, “[…] la ausencia en muchos casos de una formación
académica, resulta ser propia para incurrir en causales de impedimento […]”.
37. Anotó que el legislador previó la posibilidad de que gobernadores, alcaldes,
diputados y concejales pudieran recibir capacitación por parte de la Escuela
Superior de Administración Pública, para lo cual citó los artículos 25, 26 y 27 de la
Ley 1551 de 6 de julio de 201226, los cuales modificaron los artículos 5, 6 y 7 de la
Ley 1368 de 29 de diciembre de 200927.
38. Subrayó que la Escuela Superior de Administración Pública y las instituciones de
educación superior fueron autorizadas para crear programas gratuitos de
capacitación para los concejales incluso en materias relacionadas con las funciones
que ejercen y encontró que la Escuela Superior de Administración Pública:
“[…] dispuso la realización de un curso virtual de inducción a concejales electos
municipales y distritales 2024-2027, entre el 18 y el 30 de diciembre de 2023 de
manera virtual, conforme consta en el registro de la página web de dicha entidad 28.
Así, aunque en las alegaciones la parte demandada, refiere que en la actualidad
debido a las capacitaciones recibidas por el concejal sí conoce dichas previsiones
normativas; debe indicarse que el demandado pudo haber acudido por iniciativa
propia a las capacitaciones sobre las mismas y el ejercicio de las funciones que le
imponía el cargo, mucho más si por la labor que desarrollaba el demandado
desconocía el régimen, las funciones y las inhabilidades e impedimentos propios del
ejercicio de concejal. […]”
39. Puso de presente que esta corporación ha indicado que no basta alegar la buena
fe simple sino que la conducta debía estar amparada por la buena fe cualificada,
puesto que quien aspira a ser elegido en un cargo de elección popular está en la
obligación de conocer y asesorarse adecuadamente de los deberes que el cargo le
impone y de cuáles son las inhabilidades, incompatibilidades y el régimen de
conflicto de intereses que le son aplicables.
40. Aseguró que no era posible desvirtuar la culpa grave del accionado puesto que
el desconocimiento “[…] de la norma […]” no era indicativo de buena fe cualificada,
toda vez que el haber sido elegido como concejal le imponía el deber de asesorarse
respecto de sus deberes y causales de inhabilidad, incompatibilidad y conflicto de
intereses, “[…] máxime cuando se contaba con elementos para ello […]”.
41. Aseveró que no resultaba de recibo el argumento del accionado consistente en
que el haber incurrido en la causal de pérdida de investidura atribuida es el resultado
de una actuación política de quienes tenía experiencia en la corporación, puesto
que:
26
“[…] Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]”.
27
“[…] Por medio de la cual se reforman los artículos 66 y 67 de la Ley 136 de 1994 y se dictan otras disposiciones. […]”.
28
Enlace:
https://www.esap.edu.co/la-esap-llevara-a-cabo-curso-virtual-de-induccion-aconcejales-electos-municipales-y-distritales-
2024-2027/
12
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
“[…] de una parte porque resulta cuestionable que durante la sesión del 4 de enero
de 202429 se dispuso la resolución de impedimentos y recusaciones, en donde el
presidente de la Corporación, el concejal YAN CARLOS CHAVARRO MUNEVAR
puso de presente el impedimento para resolver y participar en la elección del
Personero Municipal 2024, en razón a que «se pudiese encontrar inmiscuido en un
conflicto de intereses conforme lo establece el artículo 11 numeral octavo de la Ley
1437 Código Contencioso Administrativo» y más adelante los mismos concejales
hicieron precisiones en torno al trámite de impedimentos y recusaciones previsto en
el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011; de manera que el concejal CASALLAS
VELÁSQUEZ tuvo la oportunidad de revisar la norma que igualmente enunciaba la
causal de impedimento en la que estaba incurso, pues incluso dispuso la votación en
sentido positivo, dado que de haberla revisado detenidamente, a prima facie hubiese
notado que su situación se encausaba en el numeral 14.
Aunado a lo anterior, en la misma plenaria la concejal ZULMA YOLIMA DÍAZ
manifestó que «entre los participantes hay un familiar en el cuarto grado de
consanguinidad» por lo que presentó su impedimento, siendo esta la segunda
oportunidad en la que el concejal CASALLAS VELÁSQUEZ hubiera podido notar
igualmente que se encontraba impedido.
En el mismo sentido, al realizar su presentación el aspirante LUIS ENRIQUE DÍAZ
GARCÍA30 indicó que «para muchos es bien que he sido aspirante dos veces al
Concejo Municipal como ustedes, señorita Nayi, Concejal Casallas, concejal Bastos
y todos los Concejales sé que es buscar votos, he tenido esa oportunidad esto es un
cargo político, yo soy político como ustedes», por lo que de haber leído la norma y
ante el contexto fáctico del que el entrevistado enteraba a la plenaria, no resultaba
complejo para el concejal enjuiciado deducir la configuración del impedimento.
Entonces, aún cuando la renuncia del aspirante y su aceptación no se hubiesen
ceñido en principio al reglamento, como lo indica el demandado, lo cierto es que
dichas actuaciones resultan posteriores a la participación que ya había realizado el
señor CASALLAS, pues se recuerda que también plasmó su concepto frente a los
aspirantes durante la entrevista. Y debe agregarse además que de haber
representado inconformidad el procedimiento dado a esa situación, el concejal debió
manifestarlo durante la plenaria o incluso al momento de darse la aprobación de la
misma, sin embargo, guardó silencio.
De esta manera, aunque las alegaciones del enjuiciado se enfocaban hacia la
presencia de un error invencible, se recuerda que el mismo se configura cuando el
mismo no resulta superable31:
(…)
Entonces, de acuerdo con lo anterior, aunque el concejal demandado actuó con
convencimiento de que estaba ejerciendo su labor con apego a la ley, no es posible
determinar el error invencible en el sub judice, comoquiera que i) podía contar con
capacitación sobre el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de
intereses, y ii) de manera preliminar tuvo acceso al contenido de la norma en la que
se encontraba la causal de impedimento, de manera que una lectura de la misma -
artículo 11 de la Ley 1437 de 2011-, que además no resulta ininteligible o compleja,
pues no contiene términos técnicos ni hace remisiones, permitía detectar de manera
suficiente que podía encontrarse incurso en la causal de impedimento que ahora se
reprocha.[…]” (subrayado del texto).
29
Folios 4-24 archivo «017. Concejo aporta documental -SAMAI índice 28»
30
Folios 4-24 archivo «017. Concejo aporta documental -SAMAI índice 28»
31
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 27 de febrero de 2014, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, Rad.
11001-03-25-000-2012-00888-00(2728-12).
13
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
I.5. El recurso de apelación32
42. El accionado presentó recurso de apelación con el cual pretende:
“[…] PRIMERA: Se REVOQUE la SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA expedida
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META el día 04 del mes de Octubre del
año 2024, por medio de la cual dispuso DECRETAR LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA
del CONCEJAL JOHN ALEXANDER CASALLAS VELÁSQUEZ […]” (negrilla del
texto)
i) “[…] I.I. FRENTE A LA INDEBIDA CONCEPCIÓN DEL MEDIO DE
CONTROL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA […]” (negrilla y subrayado
del texto).
43. Indicó que la primera instancia desconoció la finalidad del proceso de pérdida de
investidura puesto que, en momento alguno, se determinó cual era el interés moral
o económico perseguido, ni mucho menos el beneficio que obtuvo.
44. Estimó que se omitió realizar “[…] el verdadero estudio que persigue el medio del
control, el cual debía consistir si efectivamente el CONCEJAL DEMANDADO con
su actuar faltó a la ética o no dentro del desarrollo de sus funciones […]” (negrilla
del texto), lo cual no se habría logrado demostrar y no se cuestionó si con su
actuación se buscó favorecer “[…] intereses particulares o privados, ni se pudo
establecer si el mismo obtuvo algún tipo de beneficio […]”.
ii) “[…] I.II. FRENTE A LA VULNERACIÓN DE DERECHOS
FUNDAMENTALES DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROCESO
[…]” (negrilla y subrayado del texto)
45. Indicó que en la contestación a la solicitud de pérdida de investidura solicitó el
decreto y práctica de los testimonios de los señores Luis Enrique Díaz García, Juan
Carlos Basto Morales y Wilson Rene Ortiz Quishpe, para que declararan:
“[…] sobre el desarrollo de las sesiones donde acaecieron los hechos demandados y
en especial al señor LUIS ENRIQUE DÍAZ GARCÍA, quien configuró la presunta
causal de conflicto de interés, para que rindiera interrogatorio y manifestara al
TRIBUNAL si se conocían entre ellos o si existió o no algún tipo de intención por parte
del CONCEJAL CASALLAS VELÁSQUEZ de favorecerlo o ponerlo en una posición
privilegiada dentro del trámite de elección para el cargo de Secretario General del
Concejo Municipal de Acacías (Meta), para la vigencia 2024. […]”
46. Aseveró que la primera instancia desconoció la jurisprudencia de esta
corporación, la Carta Política y lesionó sus derechos fundamentales a la defensa,
debido proceso y a aportar pruebas, al negar, en el auto de 16 de julio de 2024, la
práctica de los tres (3) testimonios solicitados:
32
Cfr. Índice 59, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240017500.
14
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
“[…] manifestando que los “testimonios resultas innecesarios para el propósito
referido y en consecuencia se niega la práctica de los mismos”.
La anterior decisión del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META resulta en
contravía de la especialidad del proceso de PÉRDIDA DE INVESTIDURA, que como
ya lo manifestamos en párrafos anteriores, al Administrador de Justicia se le impone
la obligación, que ante la rudeza vitalicia de la sanción, debe dar las plenas garantías
procesales y de derechos al DEMANDADO establecidas en la Constitución Política
de Colombia y los Tratados Internacionales, por lo tanto, con la negación de los
medios de prueba solicitados, al concejal demandado CASALLAS VELÁSQUEZ se
le vulneró la oportunidad de demostrar si su actuar obedeció o no a la ética que
demanda el cargo, si con su actuar se pretendía o no la búsqueda intereses
particulares o si con su actuar se pretendía o no la intención trasgredir las
disposiciones legales.
Ante esto, el día 19 de Julio del año 2024, dispusimos impetrar RECURSO DE
APELACIÓN en contra del AUTO del día 16 del mes de Julio del año 2024, por medio
del cual el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META dispuso a NEGAR LA
PRÁTICA de los 3 testimonios solicitados, a lo cual, dicho despacho dispuso a
concederlo en efecto devolutivo y enviarlo al Consejo de Estado por reparto para que
fuese resuelto.
El TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META, desconociendo lo establecido por el
CONSEJO DE ESTADO el día veintitrés (23) de marzo de dos mil diez (2010)
dentro de la sentencia dictada en el proceso identificado con el radicado No. 11001-
03-15-000-2009-00198-00(PI) y los derechos fundamentales establecidos en el
artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, SIN IMPORTAR LA
ESPECIALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA,
dispuso a fijar fecha para la celebración de la Audiencia Pública y en la misma,
celebrada el día 23 del mes de Septiembre del año 2024, manifestó lo siguiente: “en
el mismo proveído se concedió en el efecto devolutivo ante el Consejo de Estado, el
recurso de apelación promovido por el demandado contra el auto que negó el decreto
y práctica de la prueba testimonial; tal como lo autoriza el numeral segundo del
artículo 323 del C.G.P es pertinente continuar con el trámite del proceso y por
ende surtir la presente audiencia”.
Es decir, que de lo manifestado por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
dentro de la Audiencia Pública, se denota que dicho despacho jamás tuvo la intención
de determinar debidamente la veracidad de los hechos por los que se demanda al
Concejal CASALLAS VELÁSQUEZ, igualmente, jamás tuvo la intención que valorar
y probar si el actuar de mi REPRESENTADO obedeció a la ética que demanda el
cargo y desconoció plenamente la ESPECIALIDAD del medio de control de Pérdida
de Investidura, tramitándolo como cualquier otro, sin importar de negar las garantías
y derechos que por ministerio de la Ley y la Jurisprudencia le correspondían a mi
PODERDANTE.
Aclarado lo anterior y más gravoso aún, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
META el día 04 del mes de Octubre del año 2024, procede a expedir SENTENCIA
DE PRIMERA INSTANCIA decretando la pérdida de investidura del Concejal
CASALLAS VELÁSQUEZ, sin haber aún decisión por parte del CONSEJO DE
ESTADO respecto al recurso de apelación impetrado en contra del AUTO del día 16
del mes de Julio del año 2024, por medio del cual el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL META dispuso a NEGAR LA PRÁCTICA de los 3 testimonios solicitados, es
decir, que se decidió sin garantizarle el pleno derecho fundamental a la defensa de
mi REPRESENTADO.
El TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META, al haber negado las pruebas
testimoniales solicitadas y al haber proferido SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
15
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
sin esperar la resolución del recurso de apelación que se surte ante el Consejo de
Estado para saber si se otorgaba o no la práctica de las pruebas testimoniales
solicitadas, trasgredió los siguientes aspectos generadores de la revocatoria de esta
sentencia apelada:
1. Vulneró los derechos fundamentales del CONCEJAL CASALLAS
VELÁSQUEZ al debido proceso, a la defensa y a presentar pruebas y a
controvertir las que se alleguen en su contra establecidos en el artículo 29 de la
Constitución Política de Colombia.
2. Vulneró la especialidad del Medio de Control de PÉRDIDA DE
INVESTIDURA al no garantizar al demandado las etapas y herramientas
judiciales necesarias para que pudiese demostrar su inocencia frente a los
hechos por los que se le demanda.
3. No le respetó al Concejal CASALLAS VELÁSQUEZ las plenas garantías
establecidas en la Constitución Política de Colombia y los Tratados
Internacionales, omitiéndole la oportunidad de desvirtuar los hechos por los que
se le demanda y sancionándolo gravosamente con la pérdida de investidura
vitalicia, vulnerando sus derechos políticos. […]”. (Negrilla y subrayado del
texto).
iii) “[…] I.III. FRENTE A LA PRESENCIA DEL ERROR DE HECHO: […]”
(negrilla y subrayado del texto).
47. El accionado le endilgó a la sentencia apelada un “[…] error de hecho a la hora
del decreto, práctica y valoración probatoria. […]”, por las siguientes razones:
“[…] 1. Mediante el AUTO del día 16 del mes de Julio del año 2024, el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL META dispuso a NEGAR LA PRÁTICA de los 3 testimonios
solicitados (JUAN CARLOS BASTO MORALES, WILSON RENE ORTIZ QUISHPE Y
LUIS ENRIQUE DIAZ GARCIA), es decir, que negó y omitió 3 pruebas, mediante las
cuales se pretendía demostrar si existía o no el conflicto de interés demandado y si
existió o no la intención de velar por un presunto interés particular; es decir, que negó
3 solicitudes probatorias que hubiesen cambiado la decisión tomadas por dicho
Tribunal.
2. El TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META, al haber celebrado la AUDIENCIA
PÚBLICA cerrando la etapa probatoria sin esperar la decisión del Consejo de Estado
del recurso de apelación interpuesto en contra del AUTO del día 16 del mes de Julio
del año 2024 expedido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META por medio
del cual se dispuso a NEGAR LA PRÁCTICA de los 3 testimonios solicitados (JUAN
CARLOS BASTO MORALES, WILSON RENE ORTIZ QUISHPE Y LUIS ENRIQUE
DIAZ GARCIA), negó y omitió la oportunidad de practicar las 3 pruebas solicitadas,
mediante las cuales se pretendía demostrar si existía o no el conflicto de interés
demandado y si existió o no la intención de velar por un presunto interés particular;
es decir, que negó y omitió la oportunidad de practicar estas 3 pruebas que hubiesen
cambiado la decisión tomada por dicho Tribunal, sin saber que hubiese decidido el
Consejo de Estado.
3. El TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META al haber el día 04 del mes de
Octubre del año 2024, procedido a expedir SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
decretando la pérdida de investidura del Concejal CASALLAS VELÁSQUEZ, sin
esperar la decisión del Consejo de Estado del recurso de apelación interpuesto en
contra del AUTO del día 16 del mes de Julio del año 2024 expedido por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL META por medio del cual se dispuso a NEGAR LA
16
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
PRÁCTICA de los 3 testimonios solicitados (JUAN CARLOS BASTO MORALES,
WILSON RENE ORTIZ QUISHPE Y LUIS ENRIQUE DIAZ GARCIA), negó y omitió la
oportunidad de practicar y VALORAR las 3 pruebas solicitadas, mediante las cuales
se pretendía demostrar si existía o no el conflicto de interés demandado y si existió o
no la intención de velar por un presunto interés particular; es decir, que negó y omitió
la oportunidad de practicar y VALORAR estas 3 pruebas que hubiesen cambiado la
decisión tomada en la SENTENCIA por dicho Tribunal, sin saber que hubiese decidido
el Consejo de Estado. […]” (negrilla del texto).
iv) “[…] I.IV. FRENTE A LOS ARGUMENTOS DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DENTRO DE LA SENTENCIA […]” (negrilla y
subrayado del texto)
48. Manifestó que, en lo relativo la existencia del interés directo, la sentencia de
primera habría incurrido en error puesto no fue acreditado en el proceso la ventaja
o provecho concedido al señor Luis Enrique Díaz García.
49. Destacó que, producto del error de hecho advertido y la vulneración del derecho
fundamental a la defensa al no permitir la práctica de las pruebas testimoniales
solicitadas, se le negó la posibilidad de demostrar y superar la duda razonable
respecto de la inexistencia de algún tipo de “[…] interés de generar alguna ventaja
o provecho […]” al señor Luis Enrique Díaz García, en el proceso de elección de
quien ocuparía el cargo de secretario general del Concejo Municipal de Acacías,
período 2024.
50. Indicó que con el recurso de apelación:
“[…] se aportan 2 pruebas documentales, contentivas de 2 declaraciones
juramentadas, rendidas por el Concejal CASALLAS VELÁSQUEZ y la otra por el
señor LUIS ENRIQUE DÍAZ, donde juntos convergen en lo siguiente:
1. Que jamás han tenido entre ellos un vínculo familiar, amistoso o cualquier otra
cercanía.
2. Que el Concejal CASALLAS VELÁSQUEZ dentro del proceso de elección del
Secretario General del Concejo Municipal de Acacías (Meta), para la vigencia 2024,
JAMÁS tuvo la intención, ni dio ventaja o provecho al señor LUIS ENRIQUE DÍAZ.
[…]” (negrilla del texto).
51. Recalcó que en el presente asunto no existió ventaja o provecho alguno a tal
punto que, como la primera instancia lo reconoce, el señor Luis Enrique Díaz García
no obtuvo votos en el mencionado proceso de elección.
52. Argumentó que no presentó el requisito del interés denominando “juridicidad”,
puesto que su actuación no tuvo el propósito de beneficiar al señor Luis Enrique
Díaz García en el proceso de elección de quien ocuparía el cargo de secretario
general del Concejo Municipal de Acacías a tal punto que, como lo reconoce la
primera instancia, votó negativo a la proposición de reintegrar al señor Díaz García
a ese proceso tras haber presentado renuncia a participar.
17
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
53. Señaló, asimismo, que, conforme a las 2 pruebas documentales aportadas con
el recurso de apelación, se podía acreditar que no tenía ningún tipo de cercanía con
el señor Díaz García y, por ello, no existió interés en favorecerlo o de obtener
ventaja, de tal forma que no se probó “[…] el requisito de “privado” para la
configuración del conflicto de interés, generando que el mismo sea inexistencia […]”.
54. Puso de presente que “[…] resultaba imposible acreditar el cumplimiento del
requisito de “titularidad” para la configuración del conflicto de interés […]”, si se tenía
en cuenta que las pruebas aportadas con el recurso de apelación consistentes en
su declaración juramentada y en la declaración juramentada del señor Díaz García,
permitían concluir que no existió ningún tipo de “[…] interés de favorecimiento […]”.
55. Enfatizó que no se logró demostrar que en el presente asunto se hayan reunido
los requisitos “[…] para la configuración del conflicto de intereses correspondientes
al interés privado concurrente y al interés público concurrente en la decisión […]”,
en razón a que, insiste, no existió ningún tipo de ventaja, provecho o favorecimiento
en su favor o del señor Díaz García, esto es, no existió ningún tipo de interés privado
y, por ello, no se configuró “[…] el interés público concurrente […]”.
56. No compartió la sentencia apelada en cuanto encontró probada la existencia
objetiva del conflicto de intereses, en razón a que:
“[…] 1. Al momento en que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META juzga las
características del interés directo, particular y real del caso en concreto del concejal
CASALLAS VELÁSQUEZ, ciñéndose a lo definido en un asunto similar Sala Plena
del Tribunal Administrativo del Meta, sentencia del 18 de abril de 2024, M.P. Claudia
Patricia Alonso Pérez, Rad. 50 001 23 33 000 2024 00067 00, desconoce el requisito
de NECESIDAD DE ANALISIS EN CADA CASO PARTICULAR, toda vez que el
Tribunal omitió estudiar particularmente el presente caso, generando el ERROR DE
HECHO que se presenta y desconociendo las situaciones fácticas importantes que
demuestran que jamás existió un interés particular o privado.
2. Teniendo en cuenta señores Magistrados, que se logró demostrar que en el caso
en concreto no se cumplieron a cabalidad los requisitos para la configuración del
conflicto de intereses correspondientes al interés privado concurrente y al interés
público concurrente en la decisión pertinente, se CONCLUYE entonces que no se
configura el cumplimiento del segundo elemento objetivo correspondiente a la
“Existencia del Interés” dentro del proceso de pérdida de investidura, generando
que mi PODERDANTE no pueda ser desinvestido (sic) de su cargo de concejal y se
deba revocar la sentencia de primera instancia. […]” (negrilla del texto).
57. Cuestionó la sentencia de primera instancia por existir, en su concepto, una
indebida valoración del elemento subjetivo. Estimó que se descartó de plano el
estudio de los aspectos personales del accionado frente a los hechos sustento de
la solicitud de pérdida de investidura.
58. Subrayó que la primera instancia habría cometido los siguientes errores:
“[…] 1. Al NEGARSE a estudiar los aspectos personales del Concejal CASALLAS
VELÁSQUEZ frente a la conducta presuntamente cometida, valoró indebidamente el
elemento subjetivo de la pérdida de investidura, generando un juicio netamente
18
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
formal, desconociendo las demás situaciones que pudiesen ser justificantes de la
conducta.
2. Al NO realizar el debido estudio de los aspectos personales del Concejal
CASALLAS VELÁSQUEZ frente a la conducta presuntamente cometida, impidió
siquiera la consideración de la existencia o no de un eximente de responsabilidad que
pudiese desestimar la presencia de los títulos de dolo o culpa en la conducta
desarrollada.
3. Al NO realizar el debido estudio de los aspectos personales del Concejal
CASALLAS VELÁSQUEZ frente a la conducta presuntamente cometida, el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META impuso una sanción
DESPROPORCIONADA Y GRAVE a mi REPRESENTADO, toda vez que decidió
afectar vitaliciamente los derechos políticos del mismo, negándole la oportunidad de
poder aspirar futuramente a otro cargo de elección popular; esta sanción fue impuesta
por el TRIBUNAL sin siquiera considerar la ética del concejal en el desarrollo de su
cargo, ni mucho menos realizando un juicio de proporcionalidad acerca de qué si la
conducta cometida fue tan gravosa como para tener dicha sanción vitalicia.
Ante esto, se deduce que el concejal CASALLAS VELÁSQUEZ en su participación
en el proceso de selección del cargo de Secretario General del Concejo Municipal de
Acacías (Meta), para la vigencia 2024, por sus aspectos personales, actúo con el
pleno desconocimiento del RÉGIMEN DE CONFLICTO DE INTERESES,
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES y con la convicción errada e invencible
de que su conducta no constituye falta disciplinaria, conforme se logró demostrar
dentro del proceso, toda vez que nunca hubo un interés por beneficiar o dar ventaja
al señor LUIS ENRIQUE DÍAZ, ni se demostró que mi REPRESENTADO en ejercicio
de su cargo haya dado beneficio alguno al señor DÍAZ; por lo tanto, el TRIBUNAL
ERRA al valorar indebidamente el elemento subjetivo de la conducta, toda vez que
no había lugar a un juicio de culpabilidad. […]” (negrilla del texto)
59. Enfatizó en que aportó como prueba “[…] ACTA DE DECLARACIÓN FINES
EXTRAPROCESALES DECLARACIÓN No. CINCO MIL CINCO 5005 […]” (negrilla
del texto), en la cual manifestó, bajo la gravedad del juramento que tenía como nivel
de escolaridad bachillerato concluido en el año 1997; que jamás había estudiado
carrera técnica, tecnológica o profesional alguna; y que se dedicó por más de 30
años a la actividad de conductor.
60. Destacó que la declaración permitía colegir que desconocía las normas
disciplinarias que regulan la función pública, lo que querría decir que:
“[…] el concejal CASALLAS VELÁSQUEZ al mes de enero del año 2024, recién
posesionado en su cargo DESCONOCIA INSUPERABLEMENTE EL RÉGIMEN DE
CONFLICTO DE INTERESES, INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, al ser
un tema que jamás estudió por su condición de escolaridad y jamás trató en el
desarrollo de su profesión como conductor porque no le era aplicable.
Es preciso indicar señores Magistrados que para lograr entender EL RÉGIMEN DE
CONFLICTO DE INTERESES, INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES se
requiere un mínimo de educación profesional o de experiencia en la función pública,
por lo tanto, una persona común como en el caso del concejal CASALLAS
VELÁSQUEZ le resulta imposible saber de la existencia de dicho régimen o lograr
interpretar como debería actuar ante la presencia en una de sus causales.
19
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
Conforme a lo anterior, deducir por analogía señores Magistrados que un bachiller,
sin experiencia en el sector público, sin conocimiento en las tecnologías y en su tercer
día como concejal ya tenga el bagaje de un profesional con años de experiencia; es
querer sacar de la lógica interpretativa una realidad para no querer aplicar el
principio de favorabilidad, solo con el fin de imponer la falta más gravosa como lo
es la muerte política a un ser humano.
Por todo lo planteado Honorables Magistrados, podemos concluir; que está probado
que el concejal, actuó bajo el convencimiento inequívoco e invencible de estar
cumpliendo una función constitucional y legal, sin tener la capacidad de
entendimiento de la ilegalidad de la conducta, la cual, podría en un eventual caso
de haber existido, llegar hacer calificada como LEVE amparado en el código civil; lo
que permite la exclusión de la responsabilidad según la jurisprudencia, junto con la
regla de exclusión de la responsabilidad disciplinaria ley 1952 de 2019 aplicable
para los procesos de perdida de investidura.
Ante esto, se deduce que el concejal CASALLAS VELÁSQUEZ en su participación
en el proceso de selección del cargo de Secretario General del Concejo Municipal de
Acacías (Meta), para la vigencia 2024, por sus aspectos personales, actúo con el
pleno desconocimiento del RÉGIMEN DE CONFLICTO DE INTERESES,
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES y con la convicción errada e invencible
de que su conducta no constituye falta disciplinaria, conforme se logró demostrar
dentro del proceso, toda vez que nunca hubo un interés por beneficiar o dar ventaja
al señor LUIS ENRQUE DÍAZ, ni se demostró que mi REPRESENTADO en ejercicio
de su cargo haya dado beneficio alguno al señor DÍAZ; por lo tanto, el TRIBUNAL
ERRA al valorar indebidamente el elemento subjetivo de la conducta, toda vez que
no había lugar a un juicio de culpabilidad. […]” (negrilla del texto).
61. Puso de presente que la sentencia de primera instancia, para el análisis del
elemento subjetivo, se refirió a un curso que ofrece la Escuela Superior de
Administración Pública para las autoridades elegidas, lo cual no fue parte de la
solicitud de pérdida de investidura, ni fue solicitado como prueba y por ello no fue
posible controvertir ese argumento, lo cual le generó dudas razonables relativas a
su participación en ese curso y en qué condiciones, las cuales, en virtud del principio
pro homine debían ser resueltas en su favor y negar las pretensiones de la solicitud.
62. Indicó que se generaba una duda razonable sobre su presunta falta de diligencia
y resaltó que el presente asunto era similar al juzgado por la corporación en el
expediente núm. 11001 03 15 000 2022 05556 00, en el cual se calificó la conducta
del accionado como de leve y se negaron las pretensiones de la solicitud.
63. Adujo, frente al argumento consistente en que en el desarrollo de la sesión tuvo
la oportunidad de revisar la norma que establece la causal de impedimento en la
que esta incurso, que resultaba “[…] totalmente inválido […]”, puesto que:
“[…] discrepa con las disposiciones jurisprudenciales descritas con anterioridad, ya
que se supone que si se estudia la condición personal del sujeto, es con la finalidad
de lograr evidenciar un justificante que por sus situaciones académicas o
profesionales desconocía plenamente acerca de la existencia del hecho objeto de
reproche, es decir, que así se haya mencionado en el recinto por otros corporados un
presunto CONFLICTO DE INTERESES, INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD, el
sujeto por su determinación, jamás hubiese entendido, comprendido o sabido en que
20
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
consistía tales figuras jurídicas, ni mucho menos que las mismas eran objeto de
sanción.
Ante esto señores Magistrados, se evidencia que el argumento tratante no es válido
únicamente porque en la sesión plenaria la CONCEJAL ZULMA DÍAZ, quien fuese
concejal por segunda vez, planteó su impedimento por conflicto de interés, es de
recordar que este proceso sancionatorio es de carácter personal e individual, por lo
tanto, no se puede equiparar la conducta realizada por esta concejal que presenta
una situación académica profesional y que tiene experiencia en el ejercicio del cargo
como CONCEJAL por ser reelegida, es decir, que efectivamente ya conocía el
RÉGIMEN DE CONFLICTO DE INTERESES, INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES, con la conducta realizada por el CONCEJAL CASALLAS
VELÁSQUEZ quien por su condición personal académica y de profesión desconocía
plenamente del RÉGIMEN DE CONFLICTO DE INTERESES, INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES y actúo con la convicción errada e invencible de que su
conducta no constituye falta disciplinaria.
Sin embargo, ante esta situación, se reitera que el CONCEJAL CASALLAS
VELÁSQUEZ jamás actúo en la búsqueda de beneficios particulares y privados,
siempre procedió respetando la ética que demanda el cargo de concejal. […]” (negrilla
del texto)
64. Alegó que la primera instancia no tuvo en cuenta que, en el presente caso, se
estaba en presencia de un error invencible como eximente de responsabilidad e hizo
referencia a la sentencia SU 073 de 2020, proferida por la Corte Constitucional, para
destacar que dentro del medio de control de pérdida de investidura se podían aplicar
las causales eximentes de responsabilidad establecidas en el artículo 31 de la Ley
1952 de 28 de enero de 201933, en particular la prevista en el numeral 8., relativa la
convicción errada e invencible de que la conducta no constituye falta disciplinaria.
65. Encontró acreditado en este caso que:
“[…] dentro del proceso de selección del cargo de Secretario General del Concejo
Municipal de Acacías (Meta), por sus condiciones personales académicas y laborales,
actúo con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía
falta disciplinaria alguna, toda vez que desconocía plenamente de la existencia y
funcionamiento del RÉGIMEN DE CONFLICTO DE INTERESES, INHABILIDADES
E INCOMPATIBILIDADES; sin embargo actúo con transparencia, sin la búsqueda de
intereses o ventajas personales, es decir, que su conducta no puede ser juzgada a
título de dolo o culpa.
Sabiendo esto señores Magistrados, se evidencia que el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL META ERRA al dar el título de culpa grave a la conducta
presuntamente cometida por el CONCEJAL CALLAS VELÁSQUEZ, toda vez que
como se demostró, estamos ante la presencia de un ERROR INVENCIBLE lo cual
excluye el cumplimiento del elemento subjetivo de la pérdida de investidura, al no
haber un juicio de culpabilidad por la existencia de un eximente de responsabilidad.
[…]”.
33
“[…] Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones
de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario. […]”.
21
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
I.6. Trámite del recurso de apelación
66. Mediante auto de 13 de noviembre de 202434, se concedió el recurso de
apelación interpuesto por el accionado en contra de la sentencia de 4 de octubre de
2024.
67. En auto de 7 de marzo de 202535, se resolvió admitir el recurso de apelación y
“[…] NEGAR el decreto de las pruebas solicitadas en segunda instancia […]”.
68. El apoderado del accionado presentó solicitud para que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado asumiera el conocimiento de
este proceso, conforme el artículo 27136 de la Ley 143737.
69. El agente del Ministerio Público, en el Concepto núm. 118 – 2538, solicitó la
confirmación de la sentencia de primera instancia, puesto que:
“[…] De conformidad con las normas citadas, con la jurisprudencia invocada, con las
pruebas allegadas y practicadas, y con las consideraciones y reflexiones consignadas
en este concepto, para esta Procuraduría Delegada respecto del señor JHON
ALEXANDER CASALLAS VELÁSQUEZ se configuran las causales contenidas en el
numeral 1º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 y del numeral 2º del artículo 5 de la
Ley 136 de 1994, así como también la contemplada en el numeral 14º del artículo 11
de la Ley 1437 de 2011, relacionadas con la violación del régimen de conflicto de
intereses, al no haberse declarado impedido para participar en la elección par proveer
(sic) el cargo de Secretario General del Concejo Municipal, a pesar de que el señor
LUIS ENRIQUE DÍAZ estaba dentro de los aspirantes al cargo y, con pleno
conocimiento de que ambos hicieron parte de la lista al concejo por el partido Centro
Democrático para las elecciones del 29 de octubre de 2023. […]”
70. En auto de 31 de julio de 202539 se decidió no avocar la solicitud de unificación
jurisprudencia presentada por el accionado.
71. El apoderado del accionado, con posterioridad a que el expediente ingresara
para proferir sentencia, presentó solicitud para que se considerara para la decisión
del presente asunto, la sentencia de 4 de septiembre de 2025, proferida en el
expediente núm. 50001 23 33 000 2024 00302 0140.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
72. Esta Sala de Decisión, con miras a resolver la presente controversia, abordará:
i) su competencia; ii) la acreditación de la condición de concejal respecto del
accionado; iii) la cuestión previa relativa al recurso de apelación formulado por el
34
Cfr. Índice 61, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240017500.
35
Cfr. Índice 7, SAMAI.
36
Modificado por el artículo 79 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021, “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en
materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. […]”.
37
Cfr. Índices 13 y 14, SAMAI.
38
Cfr. Índice 15, SAMAI.
39
Cfr. Índice 27, SAMAI.
40
Cfr. Índice 33, SAMAI.
22
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
accionado en contra del auto de 16 de julio de 2024; iv) el problema jurídico; v) la
causal de pérdida de investidura invocada; y vi) los cargos formulados por el
apelante contra la sentencia de primera instancia.
II.1. La competencia
73. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para decidir esta
controversia en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 2. del artículo 48 de la Ley
617; en el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 41, expedido por
la Sala Plena de esta Corporación; y en el artículo 15042 de la Ley 1437.
II.2. La acreditación de la condición de concejal
74. La condición del accionado, John Alexander Casallas Velásquez, como concejal
del municipio de Acacías (Meta), período 2024 – 2027, se encuentra acreditada por
la copia del formato E26 CON43, expedido por la Registraduría Nacional del Estado
Civil, mediante el cual se declararon electos los concejales de ese municipio, entre
ellos, el accionado.
75. Reposa copia del formato E2744, expedido por la Registraduría Nacional del
Estado Civil, el cual se declaró que:
“[…] JOHN ALEXANDER CASALLAS VELÁSQUEZ (…) ha sido elegido(a)
CONCEJAL por el Municipio de ACACÍAS – META, para el Período Constitucional de
2024 al 2027, por el PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO. […]”
76. Se allegó copia del Acta núm. 01 que da cuenta de la sesión de inauguración del
Concejo Municipal de Acacías realizada el 2 de enero de 2024. En esta sesión
tomaron posesión los concejales de ese municipio, entre ellos, el accionado.
77. Se precisa que la condición delaccionado como concejal del municipio de
Acacías, período 2024-2027, no fue objeto de cuestionamiento en el recurso de
apelación.
II.3. La cuestión previa relativa al recurso de apelación formulado por el
accionado en contra del auto de 16 de julio de 2024
78. El accionado, en la contestación de la solicitud de pérdida de investidura 45, pidió
la práctica, entre otras, de las siguientes pruebas:
“[…] – TESTIMONIALES:
41
Modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67,
80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
42
Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021, “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en
materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. […]”.
43
Cfr. Índice 2, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240017500.
44
Cfr. Índice 2, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240017500.
45
Cfr. Índice 10, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240017500.
23
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
Amablemente señor MAGISTRADO solicito se fije fecha y hora para llamar a testificar
a las siguientes personas:
1. Al señor LUIS ENRIQUE DÍAZ GARCIA, mayor de edad, identificado (…) quien
rendirá testimonio acerca de los hechos que originaron la supuesta trasgresión al
régimen de CONFLICTOS DE INTERÉS Y CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y
RECUSACIÓN establecido en el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011
por parte de mi PODERDANTE.
2. Al señor JUAN CARLOS BASTO MORALES, mayor de edad, identificado (…),
quien igualmente rendirá testimonio acerca de los hechos que originaron la supuesta
trasgresión al régimen de CONFLICTOS DE INTERÉS Y CAUSALES DE
IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN establecido en el numeral 14 del artículo 11 de la
Ley 1437 de 2011 por parte de mi PODERDANTE.
3. Al señor WILSON RENE ORTIZ QUISHPE, mayor de edad, identificado (…), quien
igualmente rendirá testimonio acerca de los hechos que originaron la supuesta
trasgresión al régimen de CONFLICTOS DE INTERÉS Y CAUSALES DE
IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN establecido en el numeral 14 del artículo 11 de la
Ley 1437 de 2011 por parte de mi PODERDANTE. […]” (negrilla del texto)
79. Mediante auto de 16 de julio de 202446, el magistrado sustanciador del proceso
se pronunció respecto de las pruebas que serían practicadas en el proceso.
80. En lo que tiene que ver, con las declaraciones de los señores Luis Enrique Díaz
García, Juan Carlos Basto Morales y Wilson René Ortiz Quishpe, solicitadas por el
accionado en la contestación a la solicitud de pérdida de investidura, resolvió:
“[…] 3. Solicitudes probatorias.
2. PARTE DEMANDADA.
(…)
2.2. Prueba testimonial
En cuanto a la declaración de los señores LUIS ENRIQUE DÍAZ GARCÍA, JUAN
CARLOS BASTO MORALES y WILSON RENÉ ORTÍZ QUISHPE, se observa que al
pretender atestiguar «acerca de los hechos que originaron la supuesta trasgresión al
régimen de conflictos de interés y causales de impedimento y recusación establecido
en el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011» por el demandado, no reúnen
los elementos de conducencia, pertinencia ni utilidad para demostrar los hechos que
se demandan.
Lo anterior, por cuanto la vulneración o no de las disposiciones normativas aludidas
en la solicitud testimonial se determina a través de la prueba documental que versa
sobre los antecedentes y la elección del Secretario del Concejo de Acacías. Aunado
a lo cual, en los documentos que se incorporen al respecto, constan las actuaciones
tanto del señor LUIS ENRIQUE DÍAZ GARCÍA como candidato integrante de la lista
de elegibles a secretario del Concejo Municipal de Acacías, como de los concejales
JUAN CARLOS BASTO MORALES y WILSON RENÉ ORTÍZ QUISHPE quienes
intervinieron en dicho trámite electoral. De manera que sus testimonios resultan
46
Cfr. Índice 14, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240017500.
24
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
innecesarios para el propósito referido y en consecuencia se niega la práctica de los
mismos. […]” (negrilla del texto).
81. El accionado presentó recurso de apelación47 contra el auto de 16 de julio de
2024 y pidió la revocatoria del punto “[…] 3 del AUTO […]” para que, en su lugar,
se decretaran los testimonios solicitados.
82. Alegó que los testimonios solicitados eran conducentes, pertinentes y útiles,
puesto que tenían nexo causal con los hechos juzgados en este medio de control,
al versar sobre la inexistencia de algún interés político, moral, familiar o económico
entre él y el señor Luis Enrique Díaz García, aspirante al ocupar el cargo de
secretario general del Concejo Municipal de Acacías y respecto del trámite del
proceso de elección de quien ocuparía el citado cargo.
83. Consideró que el testimonio del señor Luis Enrique Díaz García era conducente,
pertinente y útil, por las siguientes razones:
“[…] Testimonio del señor LUIS ENRIQUE DÍAZ GARCIA, en calidad de concursante
dentro del proceso de elección para el cargo de Secretario General del Concejo
Municipal de Acacías (Meta) para la vigencia 2024, con quien existe el presunto
conflicto de interés con mi REPRESENTADO:
• CONDUCENCIA: Señor MAGISTRADO, la presente prueba TESTIMONIAL es
conducente, toda vez que con la declaración que rinda el señor DÍAZ GARCIA, quien
era el concursante que generó el presunto conflicto de interés, se podrá demostrar si
efectivamente existía o no, algún tipo de interés político, económico, familiar o moral
que pudiese parcializar la participación de mi REPRESENTADO dentro del proceso
de elección del Secretario General del Concejo Municipal de Acacías (Meta) para la
vigencia 2024; por lo tanto, ante la inexistencia de documentos y/o otros medios
probatorios, es el TESTIMONIO señor MAGISTRADO la única prueba
CONDUCENTE para lograr demostrar la veracidad de dichos hechos.
• PERTINENCIA: Señor MAGISTRADO, la presente prueba TESTIMONIAL es
pertinente, toda vez que el presente litigio versa sobre si existía o no un conflicto de
interés en la participación que realizó mi REPRESENTADO en su calidad de
CONCEJAL dentro del proceso de elección del Secretario General del Concejo
Municipal de Acacías (Meta) para la vigencia 2024, donde el señor LUIS ENRIQUE
DÍAZ GARCIA fue concursante; conforme a lo anterior, el presente TESTIMONIO es
pertinente, toda vez que se requiere para demostrar la comisión o no del ELEMENTO
SUBJETIVO DE LA CONDUCTA demostrando si efectivamente existía o no un
conocimiento previo de la norma de impedimentos y si existía una real intención o no
de favorecer al señor DÍAZ GARCIA dentro del proceso de selección.
• UTILIDAD: Señor MAGISTRADO, la presente prueba TESTIMONIAL, adicional de
ser conducente y pertinente, también es útil, toda vez que su finalidad se basa en
lograr demostrar dentro del presente medio de control, si mi PODERDANTE cometió
o no, el ELEMENTO SUBSEJTIVO (sic) DE LA CONDUCTA, lo cual es de gran
relevancia para la decisión a tomarse. […]” (negrilla del texto)
84. Estimó que el testimonio del señor Juan Carlos Basto Morales era conducente,
pertinente y útil, teniendo en cuenta que:
47
Cfr. Índice 18, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240017500.
25
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
“[…] Testimonio del señor JUAN CARLOS BASTO MORALES, en calidad de
CONCEJAL de la Corporación que participó en las sesiones plenarias de los días 4,
5, 6 y 7 del mes de Enero del año 2024:
• CONDUCENCIA: Señor MAGISTRADO, la presente prueba TESTIMONIAL es
conducente, toda vez que con la declaración que rinda el señor BASTO MORALES,
quien es actualmente CONCEJAL de la Corporación y participó en las sesiones
plenarias de los días 4, 5, 6 y 7 del mes de Enero del año 2024, fue testigo directo del
procedimiento que se realizó en el concurso para la selección del Secretario General
del Concejo Municipal de Acacías (Meta) para la vigencia 2024, por lo tanto, podrá
declarar sobre el trámite que se le dio a la renuncia presentada por el señor LUIS
ENRIQUE DÍAZ GARCIA a la participación en dicho concurso, que terminó
generando el presunto conflicto de intereses entre mi REPRESENTADO y el señor
DÍAZ GARCIA; por lo tanto, ante la inexistencia de documentos y/o otro medios
probatorios que den plena certeza de estos hechos, es el TESTIMONIO señor
MAGISTRADO la prueba CONDUCENTE para lograr demostrar la veracidad de
dichos hechos.
• PERTINENCIA: Señor MAGISTRADO, la presente prueba TESTIMONIAL es
pertinente, toda vez que si bien es cierto, el presente litigio versa sobre si existía o no
un conflicto de interés en la participación que realizó mi REPRESENTADO en su
calidad de CONCEJAL dentro del proceso de elección del Secretario General del
Concejo Municipal de Acacías (Meta) para la vigencia 2024, donde el señor LUIS
ENRIQUE DÍAZ GARCIA fue concursante; conforme a lo anterior, el presente
TESTIMONIO es pertinente, toda vez que se requiere para demostrar si hubo o no
veracidad, imparcialidad y buena fe en el trámite que se le dio a la renuncia
presentada por el señor LUIS ENRIQUE DÍAZ GARCIA a la participación en dicho
concurso, que terminó en su reincorporación generando el presunto conflicto de
intereses entre mi REPRESENTADO y el señor DÍAZ GARCIA.
• UTILIDAD: Señor MAGISTRADO, la presente prueba TESTIMONIAL, adicional de
ser conducente y pertinente, también es útil, toda vez que su finalidad se basa en
lograr demostrar si el trámite que se le dio a la renuncia presentada por el señor LUIS
ENRIQUE DÍAZ GARCIA a la participación dentro del proceso de elección para el
cargo de Secretario General del Concejo Municipal de Acacías (Meta) para la vigencia
2024, se realizó en debida forma o únicamente con la intención de generar el presunto
conflicto de intereses entre mi REPRESENTADO y el señor DÍAZ GARCIA para
lograr su pérdida de investidura, lo cual es de gran relevancia para la decisión a
tomarse. […]” (negrilla del texto).
85. Subrayó que el testimonio del señor Wilson René Ortiz Quishpe era conducente,
pertinente y útil, puesto que:
“[…] Testimonio del señor WILSON RENE ORTIZ QUISHPE, en calidad de
CONCEJAL de la Corporación que participó en las sesiones plenarias de los días 4,
5, 6 y 7 del mes de Enero del año 2024:
• CONDUCENCIA: Señor MAGISTRADO, la presente prueba TESTIMONIAL es
conducente, toda vez que con la declaración que rinda el señor ORTIZ QUISHPE,
quien es actualmente CONCEJAL de la Corporación y participó en las sesiones
plenarias de los días 4, 5, 6 y 7 del mes de Enero del año 2024, fue testigo directo del
procedimiento que se realizó en el concurso para la selección del Secretario General
del Concejo Municipal de Acacías (Meta) para la vigencia 2024, por lo tanto, podrá
declarar sobre el trámite que se le dio a la renuncia presentada por el señor LUIS
ENRIQUE DÍAZ GARCIA a la participación en dicho concurso, que terminó
generando el presunto conflicto de intereses entre mi REPRESENTADO y el señor
26
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
DÍAZ GARCIA; por lo tanto, ante la inexistencia de documentos y/o otro medios
probatorios que den plena certeza de estos hechos, es el TESTIMONIO señor
MAGISTRADO la prueba CONDUCENTE para lograr demostrar la veracidad de
dichos hechos.
• PERTINENCIA: Señor MAGISTRADO, la presente prueba TESTIMONIAL es
pertinente, toda vez que si bien es cierto, el presente litigio versa sobre si existía o no
un conflicto de interés en la participación que realizó mi REPRESENTADO en su
calidad de CONCEJAL dentro del proceso de elección del Secretario General del
Concejo Municipal de Acacías (Meta) para la vigencia 2024, donde el señor LUIS
ENRIQUE DÍAZ GARCIA fue concursante; conforme a lo anterior, el presente
TESTIMONIO es pertinente, toda vez que se requiere para demostrar si hubo o no
veracidad, imparcialidad y buena fe en el trámite que se le dio a la renuncia
presentada por el señor LUIS ENRIQUE DÍAZ GARCIA a la participación en dicho
concurso, que terminó en su reincorporación generando el presunto conflicto de
intereses entre mi REPRESENTADO y el señor DÍAZ GARCIA.
• UTILIDAD: Señor MAGISTRADO, la presente prueba TESTIMONIAL, adicional de
ser conducente y pertinente, también es útil, toda vez que su finalidad se basa en
lograr demostrar si el trámite que se le dio a la renuncia presentada por el señor LUIS
ENRIQUE DÍAZ GARCIA a la participación dentro del proceso de elección para el
cargo de Secretario General del Concejo Municipal de Acacías (Meta) para la vigencia
2024, se realizó en debida forma o únicamente con la intención de generar el presunto
conflicto de intereses entre mi REPRESENTADO y el señor DÍAZ GARCIA para
lograr su pérdida de investidura, lo cual es de gran relevancia para la decisión a
tomarse. […]” (negrilla del texto)
86. Del recurso de apelación se corrió el respectivo traslado48 y, por auto de 30 de
julio de 202449 se concedió, en el efecto devolutivo, ante el Consejo de Estado.
87. La primera instancia, en virtud de lo establecido en el artículo 323 de la Ley 1564
de 12 de julio de 201250, profirió la sentencia de 4 de octubre de 202451 sin haberse
resuelto el recurso de apelación presentado en contra del auto de 16 de julio de
2024, fallo frente al cual se formuló, igualmente, recurso de apelación.
88. La Sala procederá a desatar el recurso de apelación presentado por el accionado
contra el auto de 16 de julio de 2024, conforme la habilitación del artículo 323 de la
Ley 156452, norma que establece:
“[…] En caso de apelación de la sentencia, el superior decidirá en esta todas las
apelaciones contra autos que estuvieren pendientes, cuando fuere posible. […]”
89. El accionado pidió la práctica de los testimonios de los señores Luis Enrique Díaz
García, Juan Carlos Basto Morales y Wilson René Ortiz Quishpe para que aquellos
rindieran su versión en relación con los hechos que originaron la supuesta
trasgresión al régimen de conflicto de intereses y de la causal de impedimento y
recusación regulada en el artículo 11, numeral 14., de la Ley 1437.
48
Cfr. Índice 20, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240017500.
49
Cfr. Índice 31, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240017500.
50
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”
51
Cfr. Índice 56, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240017500.
52
Cfr. En el mismo sentido: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente:
Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia de 13 de julio de 2017. Radicación núm.: 50001-23-33-000-2016-00586-02(PI).
27
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
90. Los hechos que sustentan la violación del régimen de conflicto de intereses y de
la causal de impedimento y recusación prevista en el artículo 11, numeral 14., de la
Ley 1437, conforme la solicitud de pérdida de investidura, se presentaron en el
desarrollo del procedimiento administrativo de elección de quien ocuparía el cargo
de secretario general del Concejo Municipal de Acacías para el período 2024.
91. En el auto de 16 de julio de 2024 se tuvieron como pruebas los documentos
aportados por las partes accionante y accionada.
92. Así, en relación con el desarrollo del procedimiento administrativo de elección de
quien ocuparía el cargo de secretario general del Concejo Municipal de Acacías
para el período 2024, la parte accionante aportó los siguientes documentos:
“[…] 5. ACTA SESIÓN PLENARIO No. 03 ENERO 4-2024 entrevista candidatos a
secretaria general (…) 6. RENUNCIA Y RETIRO DE LA RENUNCIA, radicada por el
candidato LUIS ENRIQUE DIAZ (…) 7. ACTA SESIÓN PLENARIA No. 06 ENERO 7-
2024, trámite de renuncia, votación y elección de secretaria general […]”.
93. El accionado, a su turno, en su contestación a la solicitud de pérdida de
investidura indicó que aportaba, en relación con el procedimiento administrativo de
elección de quien ocuparía el cargo de secretario general del Concejo Municipal de
Acacías para el período 2024, los siguientes documentos:
“[…] 3. Fotocopia del ACTA No. 05 de la SESIÓN del día 06 del mes de Enero del
año 2024 del Concejo Municipal de Acacías (Meta), donde se evidencia como el
presidente del Concejo YAN CARLOS CHAVARRO MUNVERAR y el EX
CONCEJAL ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, por medio de unos audios de una
conversación de WhatsApp privada, reingresan al concurso para el cargo de
Secretario General al señor LUIS ENRIQUE DÍAZ. […]” (negrilla del texto)
94. La primera instancia, en el auto de 16 de julio de 2024, adicionalmente, decretó
la práctica de las siguientes pruebas:
“[…] 3. MINISTERIO PÚBLICO
(…)
3.1. Solicitadas mediante oficio.
El Despacho accede a la solicitud obrante en el documento digital que contiene el
concepto del Ministerio Público53, en el sentido de oficiar al Concejo Municipal de
Acacías (Meta), para que certifique la aprobación de las Actas No. 003 y 006 de 2024,
correspondientes a las sesiones de los días 4 y 7 de enero respectivamente, en las
cuales fue tratada la elección del Secretario General de esa corporación.
4. DE OFICIO.
El Despacho considera pertinente decretar pruebas de oficio, de conformidad con lo
señalado en el artículo 213 del C.P.A.C.A, que señala que juez o magistrado puede
solicitar las pruebas que considere pertinentes.
53
Archivo «015. Concepto del Ministerio Público -solicitud probatoria»
28
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
Pues bien, según se observa en los anexos de la demanda, se encuentran las Actas
No. 003 del 4 de enero de 202454 «QUE TRATA DE LAS SESIONES DE
INAUGURACIÓN DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS – META,
CONFORME LO ESTABLECEN EL ARTÍCULO 8 DEL DECRETO 2796 DE 1994,
LEYES 136 DE 1994, 617 DE 2000 Y 1551 DE 2012. LA CUAL SE REALIZÓ EL DÍA
JUEVES CUATRO (04) DE ENERO DEL AÑO 2024» y No. 006 del 7 de enero de
202455 «QUE TRATA DE LAS SESIONES DE INAUGURACIÓN DEL HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS – META, CONFORME LO ESTABLECEN EL
ARTÍCULO 8 DEL DECRETO 2796 DE 1994, LEYES 136 DE 1994, 617 DE 2000 Y
1551 DE 2012. LA CUAL SE REALIZÓ EL DÍA DOMINGO SIETE (07) DE ENERO
DEL AÑO 2024». Sin embargo, considera el Despacho necesario obtener el registro
audiovisual de dichas sesiones y las demás en las que se hubiese adelantado el
trámite de la elección de la Secretaria General de dicha Corporación.
Conforme a lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1881
de 2018, se dispone por Secretaría, oficiar al CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS
(META) para que en el término de tres (3) días, aporte los documentos e información
que a continuación se indica, en la cual se incluye la solicitud probatoria elevada por
el Ministerio Público y previamente decretada:
1. Las actas de las sesiones No. 003 del 4 de enero de 2024, No. 006 del 7 de enero
de 2024 con sus respectivos anexos, y demás actas que se relacionen con el trámite
de la elección de la Secretaria de dicha Corporación.
2. El registro audiovisual las sesiones mencionadas en el numeral anterior, a través
de un enlace que permita su visualización, o en caso de no contar con el mismo,
deberá aportarse por el Concejo Municipal en medio magnético.
3. Certifique la aprobación de las Actas No. 003 y 006 de 2024, correspondientes a
las sesiones de los días 4 y 7 de enero respectivamente, y demás en las que se
hubiese tratado la elección del Secretario General de esa corporación. […]” (negrilla
del texto)
95. Se advierte que el Concejo Municipal de Acacías remitió a la primera instancia56,
en cumplimiento de lo ordenado en el auto de 16 de julio de 2024, los siguientes
documentos:
“[…] 1. Respecto al punto uno:
Adjunto acta No. 03 del 04 de enero de 2024
Adjunto acta No. 06 del 07 de enero de 2024
2. Respecto al punto dos:
Respecto de este punto, es preciso indicar que para las sesiones inaugurales del mes
de enero, no se contó con registro audiovisual de las mismas.
3. Respecto al punto tres:
Se adjunta acta certificación en la que consta que mediante acta No. 07 del 10 de
enero de 2024, se efectuó la aprobación de las actas No. 03 del 04 de enero de 2024
y 06 del 07 de enero de 2024.
54
Folios 94-114 archivo «002. Demanda y anexos -SAMAI índice 2»
55
Folios 133-155 archivo «002. Demanda y anexos -SAMAI índice 2»
56
Cfr. Índice 28, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240017500.
29
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
Se adjunta el acta No 07 del 10 de enero de 2024. […]”
96. La Sala precisa que, de acuerdo con el artículo 168 de la Ley 1564, el juez
rechazará las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y
las manifiestamente superfluas o inútiles.
97. En lo que se refiere a los conceptos de conducencia, pertinencia y utilidad de las
pruebas, esta corporación57 ha mencionado que:
“[…] Sobre este particular, esta Corporación58 ha sostenido lo siguiente:
“[…] Conducencia: se refiere a aquellos medios aptos o idóneos para probar o
establecer determinada circunstancia fáctica59. Un ejemplo ilustrará mejor el asunto:
el registro civil es una prueba conducente para probar el parentesco.
Pertinencia: Según esta característica la prueba debe estar referida al objeto del
proceso y versar sobre los hechos que conciernan al debate 60, es decir, debe tener
conexión directa con el problema jurídico a resolver.
Utilidad: atañe al aporte o contribución que determinado medio de convicción pueda
aportar al proceso, y por ende, a la resolución del litigio. Por ello, la doctrina ha
entendido que con esta característica se alude “al poder enriquecedor del
convencimiento del juez que determinada prueba conlleva”61.
[…]” […]” (negrilla del texto).
98. Se evidencia que la primera instancia decretó la práctica de las pruebas que le
permitirían incorporar los documentos que dieron cuenta del procedimiento
administrativo de elección de quien ocuparía el cargo de secretario general del
Concejo Municipal de Acacías para el período 2024 y en desarrollo del cual se
presentó la violación del régimen de conflicto de intereses que le atribuye el
accionante al concejal accionado.
99. La práctica de los testimonios solicitados por el accionado, en consecuencia,
carecen de utilidad, en la medida en que el objeto de estos era ilustrar respecto de
los hechos que originaron la supuesta trasgresión al régimen de conflicto de
intereses y de la causal de impedimento y recusación regulada en el artículo 11,
numeral 14., de la Ley 1437, los cuales se presentaron, se reitera, en desarrollo del
procedimiento administrativo de elección de quien ocuparía el cargo de secretario
general del Concejo Municipal de Acacías del cual dan cuenta los documentos cuya
incorporación fue decretada en el auto impugnado.
57
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Auto de ponente de 13 de mayo de 2021. Radicación núm.: 18001 23 33 000 2020 00400 01 (PI).
58
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de 7 de marzo de 2019, C.P. Alberto
Yepes Barreiro, número único de radicación 11001-03-28-000-2018-00100-00 (acumulado 2018-00096-00 y 2018-00088-00).
59
LÓPEZ BLANCO, ob cit. Pág. 108
60
LÓPEZ BLANCO, ob cit. Pág. 110.
61
LÓPEZ BLANCO, ob cit. Pág. 112.
30
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
100. Se confirmará, conforme a lo expuesto, el numeral 2.2. “[…] Prueba
testimonial. […]” del acápite número 3 “[…] Solicitudes probatorias […]” (negrilla
del texto) del auto de 16 de julio de 2024.
II.4. El problema jurídico
101. La Sala, una vez agotados los trámites propios de este medio de control sin que
se observe irregularidad o causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, y de
acuerdo con lo regulado en los artículos 320 y 328 de la Ley 1564, aplicables por
virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1881 y el artículo 306 de la Ley
1437, considera que el asunto que debe resolver, siguiendo el recurso de apelación
formulado por el accionado, se contrae a determinar si debe revocarse la sentencia
de 4 de octubre de 2024, proferida por la Sala Plena el Tribunal Administrativo del
Meta, mediante la cual se decretó la pérdida de investidura del señor John
Alexander Casallas Velásquez, concejal del municipio de Acacías (Meta), período
2024-2027, por violar el régimen de conflicto de intereses, causal de pérdida de
investidura prevista en el numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136 y el numeral 1. del
artículo 48 de la Ley 617, toda vez que no se encuentran reunidos los elementos
objetivo y subjetivo para la configuración de la causal atribuida.
102. El accionado estima que la primera instancia i) desconoció la finalidad del medio
de control de pérdida de investidura; ii) vulneró los derechos fundamentales del
accionado al debido proceso y a la defensa; iii) profirió un fallo viciado por error de
hecho; y, iv) erró al establecer la existencia de los elementos objetivo y subjetivo
para la configuración de la causal de pérdida de investidura de violación del régimen
de conflicto de intereses.
II.5. La causal de pérdida de investidura invocada
103. El accionante le atribuyó al señor John Alexander Casallas Velásquez, concejal
del municipio de Acacías, período 2024-2027, la causal de pérdida de investidura
contenida en el numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136 y en el numeral 1. del artículo
48 de la Ley 617, consistente en la violación del régimen de conflicto de intereses,
así:
“[…] ARTÍCULO 55. PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA DE CONCEJAL. Los
concejales perderán su investidura por:
(…)
2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de
intereses. […]” (negrilla del texto)
“[…] ARTICULO 48. PERDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADOS, CONCEJALES
MUNICIPALES Y DISTRITALES Y DE MIEMBROS DE JUNTAS
ADMINISTRADORAS LOCALES. Los diputados y concejales municipales y
distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura:
31
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No
existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al
concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general.
[…]” (negrilla del texto)
104. El artículo 70 de la Ley 136, estableció, respecto del conflicto de intereses, lo
siguiente:
“[…] ARTÍCULO 70. CONFLICTO DE INTERÉS. Cuando para los concejales exista
interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o
compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios
de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o
votaciones respectivas.
Los concejos llevarán un registro de intereses privados en el cual los concejales
consignarán la información relacionada con su actividad económica privada. Dicho
registro será de público conocimiento. Cualquier ciudadano que tenga conocimiento
de una causal de impedimento de algún concejal, que no se haya comunicado a la
respectiva corporación, podrá recusarlo ante ella. […]” (negrilla del texto)
105. Esta causal de pérdida de investidura desarrolla los mandatos constitucionales
previstos en los artículos 1°. y 133 de la Carta Política, modificado por el artículo 5°.
del Acto Legislativo 1 de 14 de julio de 2009 62, preceptos que establecen que
Colombia es un Estado Social de Derecho, fundado en la prevalencia del interés
general, y señalan que los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa
representan al pueblo y deberán actuar consultando la justicia y el bien común.
106. De esa forma, con esta causal de pérdida de investidura se castiga la posibilidad
de que quienes resulten elegidos popularmente para integrar corporaciones
públicas pretendan, con determinadas decisiones, lucrarse u obtener beneficios,
ventajas o privilegios personales, en detrimento de la comunidad, desconociendo
precisamente el interés general que debe guiar el ejercicio de sus funciones.
107. Siguiendo la disposición legal que prevé la causal de pérdida de investidura, el
conflicto de intereses se presenta cuando el concejal tiene interés directo en el
asunto que se encuentra conociendo porque el mismo le beneficia o afecta de forma
personal o a alguno de sus parientes en los grados indicados en la norma o a sus
socios.
108. Así, el asunto puesto en conocimiento del concejal le plantea un enfrentamiento
entre su interés personal y el interés general o el bien común que, se reitera, deben
guiar el ejercicio de sus competencias, lo cual lo obliga a manifestar su impedimento
para efectos de que este sea resuelto, so pena de incurrir en la causal de pérdida
de investidura.
109. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, se ha pronunciado en diversas
ocasiones frente al alcance y contenido de la causal de pérdida de investidura
62
“[…] Por el cual se modifican y adicionan unos artículos de la Constitución Política de Colombia. […]”.
32
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
mencionada, las cuales, si bien se han realizado con ocasión de las controversias
asociadas a los congresistas, orientan el entendimiento, configuración y aplicación
de la figura a los miembros de corporaciones públicas del orden territorial.
110. Así, en sentencia de 28 enero de 202063, indicó:
“[…] A partir de las normas previamente mencionadas (C. Polt. Arts. 183 –numeral 1-
, 182 y 185, y Leyes 5 de 1992 –art. 286 a 296- y 1881 de 2018 –art. 18-), la
jurisprudencia reiterada de la Sala Plena Contenciosa Administrativa del Consejo de
Estado64 –en sede de pérdida de investidura de congresistas- ha señalado los
requisitos concurrentes que necesariamente deben estar acreditados para la
estructuración de la causal de violación del régimen de conflicto de intereses, así:
“(i) La calidad de congresista, elemento transversal y común a todo juicio de
desinvestidura, (ii) La concurrencia de un interés directo, particular y actual o
inmediato en cabeza de quien es congresista o su círculo cercano, (iii) su no
manifestación de impedimento o no haber sido separado del conocimiento del asunto
por recusación, (iv) haber conformado el quorum o participado el congresista en el
debate o votación del asunto y (v) que esa participación tenga lugar en un asunto de
conocimiento funcional del congresista, cualquiera sea su naturaleza, lo que no
circunscribe la causal a las cuestiones legislativas, sino a toda materia que conforme
al ordenamiento sea de competencia del Congreso de la República”. 65
En cuanto al segundo de los mencionados elementos de la causal de pérdida de
investidura en comento, esto es “(ii) La concurrencia de un interés directo, particular
y actual o inmediato en cabeza de quien es congresista o su círculo cercano”, la
jurisprudencia de esta corporación ha señalado que se estructura cuando se observa:
a) la existencia de un interés particular –de cualquier orden, incluso moral- del
congresista en la deliberación o decisión de un tema específico a cargo del Congreso;
b) que efectivamente participe en la deliberación o decisión de ese tema en
específico; c) que ese interés sea directo, no eventual o hipotético; d) que además el
interés sea actual, y e) que el beneficio recibido no sea general sino particular.
Así las cosas, es válido concluir que, la causal de pérdida de investidura de violación
del régimen de conflicto de intereses se presenta cuando el congresista tiene interés
directo en el asunto que se encuentra conociendo porque el mismo le afecta en forma
personal, a alguno de sus parientes en los grados indicados en la norma o, a sus
socios, y plantea un enfrentamiento entre su interés personal y el interés general que
debe guiar el ejercicio de sus funciones, lo que obliga a que aquel deba manifestar su
impedimento para efectos de que este sea resuelto so pena de incurrir en la causal
de pérdida de investidura; en ese orden el conflicto de intereses es un concepto
jurídico indeterminado y, debido a ello, será el juez el que decida, en el caso concreto,
63
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Sentencia de 28 de enero de 2020. Radicación núm.: 11001 03 15 000 2019 02135 01.
64
Consejo de Estado, Sentencia del 17 de octubre de 2000, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, No. Rad. AC - 11116,
C.P. Mario Alario Méndez; Sentencia del 21 de noviembre de 2013, Sección Primera, Rad. No. 2012-01771-01, C.P. María
Claudia Rojas Lasso; Sentencia del 2 de junio de 2016, Sección Primera, Rad No. 2015-00177, C.P. María Claudia Rojas
Lasso; Sentencia del 9 de noviembre de 2016, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Rad. No. 2015-01333, C.P.
Ramiro Pazos Guerrero; Sentencia del 1 de febrero de 2018, Sección Primera, No. Rad. 2019-02830, C.P. Oswaldo Giraldo
López; Sentencia del 5 de septiembre de 2018, Sala de lo Contencioso Administrativo, Rad. No. 2018-00320, C.P. Jaime
Orlando Santofimio Gamboa; Sentencia del 18 de febrero de 2019, Sala Especia] de Decisión No. 12, Rad No. 2018-03779,
C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
65
Ver entre otras: 1). Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión 16. Expediente
11001-03-15-000-2016-02279-00(PI). Providencia del 6 de junio de 2017. M.P. Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 2)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión 6. Magistrado Ponente: Carlos Enrique
Moreno Rubio. Sentencia de 16 de julio 2019. Referencia: Pérdida de Investidura. Radicación: 11001-03-15-000-2019-02830-
00. Demandante: Andrés Zalamea. Demandado: Álvaro Uribe Vélez.
33
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
si existe fundamento suficiente para la desinvestidura solicitada. […]” (negrilla y
subrayado del texto)
111. Esta Sección66 ha señalado que, para la configuración objetiva de esta causal
se requiere de la presencia de los siguientes elementos:
“[…] 55. La Sala Plena ha definido el conflicto de intereses 67 “[…] como aquella
conducta en que incurre un servidor público, contraria a la función pública, en la que,
movido por un interés particular prevalente o ausente del interés general, sin
declararse impedido, toma una decisión o realiza alguna gestión propia de sus
funciones o cargo, en provecho suyo, de un familiar o un tercero y en perjuicio de la
función pública. Por ello, la norma exige que, ante la pugna entre los intereses propios
de la función y los particulares del funcionario, éste deba declararse impedido, pues
es la manera honesta de reconocer la existencia de esa motivación y el deseo de
cumplir con las funciones del cargo de manera transparente e imparcial […]”.
56. Esta Sección68 tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la causal de pérdida de
investidura por violación al régimen de conflicto de intereses y señaló que esta “[…]
solo se configura con un interés directo, particular y concreto, […] en el asunto objeto
de estudio, frente al cual tiene poder de decisión, en razón de sus funciones […]”; y
agregó que “[…] la Sala Plena69 ha sido enfática en sostener que si el interés se
confunde con el que asiste a todas las personas o a la comunidad en general, en
igualdad de condiciones, no existe conflicto, pues en tal caso estaría actuando en
interés de la colectividad y no en el suyo propio […]” (Destacado fuera de texto).
57. De conformidad con lo anterior, el conflicto de interés se configura cuando el
miembro de la corporación pública de elección popular, en ejercicio de sus funciones
constitucionales, legales y reglamentarias, participa en la discusión o votación de un
asunto en el cual tiene un interés directo, particular y concreto.
58. Asimismo, es indiferente para la configuración de la causal que la participación
tenga lugar únicamente durante la etapa de discusión o en la etapa de votación en la
medida en que la sola participación en cualquiera de esas etapas estructura el
conflicto de intereses y, en consecuencia, la causal de pérdida de investidura.
59. En suma, para que se estructure el elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura por violación al régimen de conflicto de interés se deben acreditar los
siguientes supuestos: i) que se demuestre la calidad de concejal; ii) que se demuestre
la existencia de un interés directo, particular y actual en cabeza del concejal o de su
cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de
derecho o de hecho, en un asunto que el concejal conozca en razón de sus funciones
constitucionales y legales; y iii) que el concejal participe en el debate o votación del
asunto, sin manifestar impedimento frente al asunto que configura el interés. […]”
66
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 31 de marzo de 2023. Radicación núm.: 05001 23 33 000 2022 01141-01.
67
Véase, por ejemplo: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. sentencia de 2 de abril de 2019, C.P.
Oswaldo Giraldo López; proceso identificado con el número único de radicación 11001-03-15-000-2018-04626-00(PI); y
Sentencia del 28 de noviembre de 2017. C.P. César Palomino Cortés. Expediente radicación: 11001-03-25-000-2005-00068-
00(IJ).
68
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 14 de marzo de 2007,
C.P. Camilo Arciniegas Andrade, identificada con núm. único de radicación 68001-23-15- 000-2006-00003-01.
69
Sentencia de 23 de agosto de 1998. Expediente AC-1675. Actora: Aura Nancy Pedraza Piragauta y Concepto de 27 de
mayo de 1999. Expediente 1191. Actor: Ministro del Interior.
34
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
112. La Sala70, igualmente, ha precisado en lo atinente a la configuración de la
violación del régimen de conflicto de intereses por incurrir en la conducta prevista
en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437, lo siguiente:
“[…] En vista de la aplicación de las normas sobre impedimentos y recusaciones
prevista en la Ley 1437 de 2011, debe mencionarse que el impedimento se presenta
cuando la autoridad pone de manifiesto una situación que, a su juicio, afecta su
imparcialidad y que lo imposibilita para conocer de una actuación administrativa o de
un proceso judicial y la recusación ocurre, por el contrario, cuando dicha situación es
dada a conocer por parte de alguno de los sujetos procesales. Al respecto, se ha
señalado que los impedimentos y las recusaciones:
«[…] son instituciones de naturaleza procedimental concebidas con el propósito de
asegurar varios de los principios sustantivos que gobiernan el cumplimiento de la
función pública, como la moralidad, la imparcialidad y la transparencia, entre otros
(art. 209 C.P.). Con ellos se pretende garantizar las condiciones de imparcialidad y
transparencia que debe reunir quien tiene a su cargo el trámite y decisión de un
asunto, bajo la convicción de que solo de esta forma puede hacerse realidad el
postulado de igualdad de las personas ante la ley […]»71.
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en su
artículo 11, estableció, de manera general, que cuando el interés general propio de la
función pública entre en conflicto con el interés público del servidor público, este debe
declararse impedido y, además, prevé una serie de situaciones en las cuales
consideró que los servidores públicos que deben adelantar o sustanciar actuaciones
administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones
definitivas, tienen comprometido su interés particular y directo y, en consecuencia,
podrían ser recusados si no manifiestan su impedimento. Entre dichas situaciones se
encuentra la consistente en:
«[…] 14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección
popular inscritas o integradas también por el interesado en el período electoral
coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores
[…]».
En relación con este numeral – numeral 14 – del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011,
se considera que, contrario a lo afirmado por el Tribunal Administrativo de Bolívar, la
norma regula dos situaciones diferentes: i) la primera, haber hecho parte de listas de
candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas también por el
interesado en el período electoral coincidente con la actuación administrativa o en
alguno de los dos períodos anteriores y ii) la segunda, haber hecho parte de listas de
candidatos a cuerpos colegiados de elección popular integradas también por el
70
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto
Serrato Valdés. Sentencia de 19 de septiembre de 2019. Radicación núm.: 13001-23-33-000-2018-00738-01(PI). Reiterada
en:
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 3 de marzo de 2023. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2022-01015-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 11 de mayo de 2023. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2022-01016-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 14 de septiembre de 2023. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2022-01014-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 26 de septiembre de 2024. Radicación núm.: 05001-23-33-000-2024-00237-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 6 de marzo de 2025. Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00321-01.
71
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, Consejero ponente: ÁLVARO NAMÉN VARGAS.
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de julio de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 11001-03-06-000-2016-00065-00(C).
Actor: CORPOAMAZONIA.
35
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
interesado en el período electoral coincidente con la actuación administrativa o en
alguno de los dos períodos anteriores.
Nótese que dicha norma emplea la letra «o», como una conjunción disyuntiva que
denota «[…] diferencia, separación o alternativa entre dos o más personas o ideas
[…]» – Diccionario de la Lengua Española72 –, lo que indica, entonces, que existen
dos alternativas que la configuran, a saber, i) el hecho de que la lista sea inscrita por
el interesado y ii) la situación de que la lista sea integrada por el interesado.
La palabra «inscrita» – primera alternativa de la norma – es el participio irregular del
verbo inscribir – Diccionario de la Lengua Española73 – siendo inscribir «[…] 2. tr.
Apuntar el nombre de una persona entre los de otras para un objeto determinado
[…]»74, que en el contexto de la norma analizada – numeral 14 del artículo 11 de la
Ley 1437 de 2011 – implica que el interesado en la actuación administrativa apuntó –
ante las autoridades electorales – la lista de candidatos a cuerpos colegiados con el
objeto de que estos participaran en la contienda electoral respectiva.
La palabra «integrada» – segunda alternativa de la norma – es el participio del verbo
integrar75 – Diccionario de la Lengua Española – siendo integrar «[…] 1. tr. Dicho de
diversas personas o cosas: Constituir un todo […] 2. tr. Completar un todo con las
partes que faltaban […] 3. tr. Hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo
[…] 4. tr. Comprender ( II contener). […]»76, concepto distinto a inscribir y que en el
contexto de la norma analizada – numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011
– implica que el interesado en la actuación administrativa hacía parte y constituía la
lista de candidatos a cuerpos colegiados que participarían en la contienda electoral
respectiva.
En particular la causal de impedimento que se le imputa a los acusados es la
consistente en haber hecho parte de la lista de candidatos a cuerpos colegiados – al
concejo municipal por el partido Centro Democrático – que inscribió77 la interesada78
en la actuación administrativa79 en el período electoral coincidente con la actuación
administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores.
Toda vez que la norma – artículo 11 numeral 14 de la Ley 1437 de 2011 – no establece
excepción alguna, es claro que cobijaría la inscripción de candidatos de partidos y
movimientos políticos con personería jurídica, como la de candidatos de los grupos
significativos de ciudadanos y la de candidatos de coalición regulados en los artículos
28 y 29 de la Ley 1475 de 2011. La inscripción de candidatos está prevista en los
artículos 28, 29, 30, 31, 32 y 33 de la Ley 1475 de 2011.
(…)
La Sala encuentra que los acusados debieron declararse impedidos para participar
en la elección y nombramiento de la ciudadana Zaira Steffany Jabba Vergara en el
cargo de personera municipal de Zambrano para el período 2016 – 2020, al haberse
configurado la causal de impedimento prevista en el numeral 14 del artículo 11 de la
Ley 1437 de 2011, lo cual tiene una incidencia central en la causal de desinvestidura
que se analiza.
Es así que la ley entiende que en las situaciones descritas en el artículo 11 de la Ley
1437 de 2011 se encuentra comprometida la imparcialidad y objetivad de los
72
https://dle.rae.es/?id=QlqTEX0|Qlr66uc|Qltkqeu
73
https://dle.rae.es/?id=LjeeytK
74
https://dle.rae.es/?id=LjZ6dL7
75
https://dle.rae.es/?id=LqKFoJI
76
https://dle.rae.es/?id=LqKFoJI
77
Apuntar ante la autoridad electoral.
78
Zaira Steffany Jabba Vergara en su condición de aspirante al ocupar el cargo de personera.
79
Que corresponde al concurso público de méritos para elegir el personero de ese municipio para el período 2016 – 2020.
36
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
servidores públicos, entendiendo que se presenta conflicto de intereses ante la
existencia de intereses personales y directos en relación con la decisión que se
pretende adoptar. […]” (negrilla y subrayado del texto)
II.6. Los cargos formulados por el apelante en contra de la sentencia de
primera instancia
II.6.1. Los cargos formulados por el apelante relacionados con el decreto y
práctica de pruebas en el proceso
113. La Sala, inicialmente, resolverá los cargos denominados “[…] FRENTE A LA
VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES DENTRO DEL
DESARROLLO DEL PROCESO […]” y “[…] FRENTE A LA PRESENCIA DEL
ERROR DE HECHO […]”, los cuales se relacionan con el decreto y práctica de
pruebas en el proceso. (Negrilla del texto).
114. El apelante sustenta tales cargos en que la primera instancia, en auto de 16 de
julio de 2024, negó el decreto y práctica de los testimonios de los señores Luis
Enrique Díaz García, Juan Carlos Basto Morales y Wilson René Ortiz Quishpe por
considerarlos innecesarios, providencia frente a la cual interpuso recurso de
apelación que fue concedido ante esta corporación; no obstante, sin que se hubiera
adoptado decisión frente a dicha impugnación, se celebró la audiencia prevista en
los artículos 11 y 12 de la Ley 1881 y se profirió la sentencia de 4 de octubre de
2024 que puso fin al proceso, en primera instancia.
115. Aseguró que los señores Díaz García, Basto Morales y Ortiz Quishpe darían
cuenta de lo sucedido en las sesiones del concejo municipal de Acacías en las
cuales tuvieron ocurrencia los hechos sustento del medio de control y, por ello, “[…]
demostrar si existía o no el conflicto de interés demandado y si existió o no la
intención de velar por un presunto interés particular […]”, lo cual habría permitido
que la primera instancia hubiese cambiado el sentido de su decisión
116. Coligió, de lo expuesto, que la primera instancia desconoció i) el debido proceso,
el derecho a la defensa y a presentar pruebas y a controvertir las que alleguen; ii)
la especialidad del medido de control al no garantizarle al accionado las etapas y
herramientas judiciales para demostrar “[…] su inocencia […]”; y (iii) las garantías
establecidas en la Carta Política y tratados internacionales (sin identificarlos) al
omitir la oportunidad para desvirtuar los hechos por los cuales se le acusa y
sanciona, lo cual vulneró sus derechos políticos.
117. Al respecto, la Corte Constitucional80 ha identificado, de manera enunciativa, las
siguientes garantías como integrantes del debido proceso, así:
“[…] (i) derecho a la jurisdicción, (ii) derecho al juez natural, (iii) derecho a la defensa,
(iv) derecho a un proceso público, en tiempo razonable y sin dilaciones injustificadas,
80
Corte Constitucional, Sentencia T-453 de 2024. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
37
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
(v) independencia e imparcialidad del juez y (vi) y derecho a la presentación,
controversia y valoración probatoria.81 […]”
118. Asimismo, la Corte Constitucional82, en lo atinente al “[…] debido proceso
probatorio […]”, resaltó que:
“[…] 15.2. En un sentido más general, la Sala Plena ha indicado que el debido
proceso probatorio supone un conjunto de garantías en cabeza de las partes en el
marco de toda actuación judicial o administrativa83. De este modo, ha afirmado que
estas tienen derecho (i) a presentar y solicitar pruebas; (ii) a controvertir las que se
presenten en su contra; (iii) a la publicidad de las evidencias, en la medida en que
de esta forma se asegura la posibilidad de contradecirlas, bien sea mediante la
crítica directa a su capacidad demostrativa o con apoyo en otros elementos; (iv) a
que las pruebas sean decretadas, recolectadas y practicadas con base en los
estándares legales y constitucionales dispuestos para el efecto, so pena su nulidad;
(v) a que el funcionario que conduce la actuación decrete y practique de oficio los
elementos probatorios necesarios para asegurar el principio de realización y
efectividad de los derechos (Arts. 2 y 228 C.P.); y (vi) a que se evalúen por el
juzgador las pruebas incorporadas al proceso.
La posibilidad de presentar, solicitar y controvertir pruebas, como se indicó, es una
consecuencia directa del derecho de defensa. A las partes les asiste la potestad de
presentar argumentos jurídicos y razones en procura de sus intereses, de censurar
el mérito de los elementos de convicción presentes en el expediente, pero también
de respaldar su punto de vista con apoyo en evidencias propias. De otra parte, un
presupuesto particular de la crítica probatoria es, de forma evidente, la publicidad
de los materiales prueba, pues solo si se conoce aquello que estos tienen la
posibilidad de demostrar, se garantiza la posibilidad de expresar razones sobre su
mérito demostrativo. La licitud de la prueba comporta, adicionalmente, no solo el
reconocimiento de las garantías procesales de las partes sino que también
representa la seguridad del respeto por sus derechos fundamentales en un sentido
amplio.
El derecho a que los medios de convicción sean evaluadas por el juez, proporciona
una dimensión sustantiva a las pruebas, en la medida en que comporta la posibilidad
de que tengan una eficacia real en la adopción de la decisión, conforme al principio
de la sana crítica. En este sentido, aunque el juez no está obligado a conceder
mérito probatorio a una o a otro medio de convicción, sí lo está a exponer
públicamente los fundamentos de su razonamiento. De este modo, tener derecho a
que las pruebas sean valoradas en su conjunto, implica correlativamente la
obligación para el juez de hacer públicas las razones de su persuasión y de sus
conclusiones sobre el valor que le merecen.
Por último, las partes tienen derecho a que el juez, en busca de la eficacia de los
derechos, decrete las pruebas que estime conducentes y pertinentes. No está
obligado a ordenar el acopio de elementos que supongan trámites
desproporcionados, innecesarios o inútiles y no le es permitido decretar pruebas y
después, por capricho o con el propósito de interrumpir términos legales que
transcurren a favor del procesado y de su libertad, abstenerse de continuar o
81
Corte Constitucional. Sentencia C-163 de 2019. También en Sentencia SU-174 de 2021.
82
Corte Constitucional, Sentencia C-163 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.
83
Se trata de una posición planteada en la Sentencia C-1270 de 2000. M.P. Antonio Barrera Carbonell, y reiterada
posteriormente, por ejemplo, en las sentencias C-1104 de 2001. Ms.Ps. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo
Monroy Cabra; T-1099 de 2003. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y C-868 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa. La
Corte ha señalado que se trata de contenidos del debido proceso que, en materia probatoria, restringen la potestad de
configuración normativa del Legislador.
38
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
culminar su práctica, para proceder a tramitar etapas posteriores del juicio 84. Sin
embargo, sí resulta imperativa la práctica oficiosa de pruebas de la cuales dependa
el reconocimiento de un derecho o la imposición de una obligación. Este Tribunal ha
precisado que dicha regla opera incluso en la mayor parte del proceso penal, pese
a estar estructurado como un sistema de partes y sobre el principio de igualdad de
armas. […]” (negrilla del texto).
119. La Sala estima, conforme lo expuesto, que no ha existidoviolación de los
derechos fundamentales del accionado ni error de hecho en la actuación de la
primera instancia.
120. Se reitera que mediante el auto de 16 de julio de 2024, el magistrado
sustanciador del proceso se pronunció respecto de las pruebas que serían
practicadas en el proceso y, en particular, en lo que tiene que ver, con las
declaraciones de los señores Luis Enrique Díaz García, Juan Carlos Basto Morales
y Wilson René Ortiz Quishpe, solicitadas por el accionado en la contestación a la
solicitud de pérdida de investidura, resolvió negar la práctica de estos, puesto que:
“[…] En cuanto a la declaración de los señores LUIS ENRIQUE DÍAZ GARCÍA, JUAN
CARLOS BASTO MORALES y WILSON RENÉ ORTÍZ QUISHPE, se observa que al
pretender atestiguar «acerca de los hechos que originaron la supuesta trasgresión al
régimen de conflictos de interés y causales de impedimento y recusación establecido
en el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011» por el demandado, no reúnen
los elementos de conducencia, pertinencia ni utilidad para demostrar los hechos que
se demandan.
Lo anterior, por cuanto la vulneración o no de las disposiciones normativas aludidas
en la solicitud testimonial se determina a través de la prueba documental que versa
sobre los antecedentes y la elección del Secretario del Concejo de Acacías. Aunado
a lo cual, en los documentos que se incorporen al respecto, constan las actuaciones
tanto del señor LUIS ENRIQUE DÍAZ GARCÍA como candidato integrante de la lista
de elegibles a secretario del Concejo Municipal de Acacías, como de los concejales
JUAN CARLOS BASTO MORALES y WILSON RENÉ ORTÍZ QUISHPE quienes
intervinieron en dicho trámite electoral. De manera que sus testimonios resultan
innecesarios para el propósito referido y en consecuencia se niega la práctica de los
mismos. […]” (negrilla del texto)
121. El
accionado presentó recurso de apelación contra dicho auto y pidió su
revocatoria para que, en su lugar, se decretaran los testimonios solicitados. De la
impugnación se corrió el respectivo traslado y, por auto de 30 de julio de 2024 se
concedió, en el efecto devolutivo, ante el Consejo de Estado.
122. La primera instancia, en virtud de lo establecido en el artículo 323 de la Ley
1564, profirió la sentencia de 4 de octubre de 2024 sin haberse resuelto el recurso
de apelación presentado en contra del auto de 16 de julio de 2024, fallo frente al
cual se formuló, igualmente, recurso de apelación.
84
Ver Sentencia C-496 de 2015. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
39
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
123. Se precisa que, de acuerdo con el artículo 24385 de la Ley 143786, es apelable,
entre otros autos, “[…] 7. El que niegue el decreto o la práctica de pruebas […]”.
Esta norma, en su parágrafo 1. °, señala que:
“[…] El recurso de apelación contra las sentencias y las providencias listadas en los
numerales 1 a 4 de este artículo se concederá en el efecto suspensivo. La apelación
de las demás providencias se surtirá en el efecto devolutivo, salvo norma
expresa en contrario […]” (negrilla y subrayado fuera del texto)
124. De esta manera, la primera instancia, al realizar la audiencia prevista a la que
se refieren los artículos 11 y 12 de la Ley 1881 y proferir la sentencia de 4 de octubre
de 2024, dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 323 de la Ley 1564, en cuanto
la apelación del auto que niegue el decreto o la práctica de pruebas que se concede
en el efecto devolutivo y este consiste en que “[…] 2. En el efecto devolutivo. En
este caso no se suspenderá el cumplimiento de la providencia apelada, ni el curso
del proceso. […]”.
125. Además, se pone de presente que en virtud del artículo 323 de la Ley 1564, en
esta decisión se expusieron las consideraciones por las cuales se resolvería el
recurso de apelación presentado por la parte accionada contra el auto de 16 de julio
de 2024, en el sentido de confirmarlo, puesto que los testimonios solicitados
carecían de utilidad puesto que la primera instancia decretó la práctica de las
pruebas que le permitirían incorporar los documentos que registraron lo acaecido
en el procedimiento administrativo de elección de quien ocuparía el cargo de
secretario general del Concejo Municipal de Acacías para el período 2024, en
desarrollo del cual se presentó la violación del régimen de conflicto de intereses que
le atribuye el accionante al concejal accionado.
126. Como lo indicó la Corte Constitucional, en la Sentencia C-163 de 2019, el juez
no está obligado a ordenar el acopio de pruebas que supongan trámites
desproporcionados, innecesario o inútiles, como ocurrió en el presente asunto. Los
cargos, en consecuencia, no tienen vocación de prosperidad.
II.6.2. Los cargos formulados por el apelante relacionados con los elementos
objetivo y subjetivo para la configuración de la causal de pérdida de
investidura por violación del régimen de conflicto de intereses
127. La Sala resolverá los cargos denominados “[…] FRENTE A LA INDEBIDA
CONCEPCIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA […]”
y “[…] FRENTE A LOS ARGUMENTOS DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DENTRO DE LA SENTENCIA […]”, en los cuales se cuestiona la presencia de los
elementos objetivo y subjetivo para la configuración de la causal de pérdida de
investidura por la violación del régimen de conflicto de intereses.
85
Modificado por el artículo 62 de la Ley 2080.
86
Aplicable por remisión del artículo 21 de la Ley 1881.
40
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
128. Manifestó que, en lo relativo la existencia del interés directo, la sentencia de
primera instancia habría incurrido en error, puesto que no fue acreditado en el
proceso la ventaja o provecho concedido al señor Luis Enrique Díaz García.
129. Destacó que, producto del error de hecho advertido y la vulneración del derecho
fundamental a la defensa al no permitir la práctica de las pruebas testimoniales
solicitadas, se le negó la posibilidad de demostrar y superar la duda razonable
respecto de la inexistencia de algún tipo de “[…] interés de generar alguna ventaja
o provecho […]” al señor Luis Enrique Díaz García, en el proceso de elección de
quien ocuparía el cargo de secretario general del Concejo Municipal de Acacías,
período 2024.
130. Indicó que con el recurso de apelación:
“[…] se aportan 2 pruebas documentales, contentivas de 2 declaraciones
juramentadas, rendidas por el Concejal CASALLAS VELÁSQUEZ y la otra por el
señor LUIS ENRIQUE DÍAZ, donde juntos convergen en lo siguiente:
1. Que jamás han tenido entre ellos un vínculo familiar, amistoso o cualquier otra
cercanía.
2. Que el Concejal CASALLAS VELÁSQUEZ dentro del proceso de elección del
Secretario General del Concejo Municipal de Acacías (Meta), para la vigencia 2024,
JAMÁS tuvo la intención, ni dio ventaja o provecho al señor LUIS ENRIQUE DÍAZ.
[…]” (negrilla del texto)
131. Recalcó que en el presente asunto no existió ventaja o provecho alguno a tal
punto que, como la primera instancia lo reconoce, el señor Luis Enrique Díaz García
no obtuvo votos en el mencionado proceso de elección.
132. Argumentó que no presentó el requisito del interés denominando “juridicidad”,
puesto que su actuación no tuvo el propósito de beneficiar al señor Luis Enrique
Díaz García en el proceso de elección de quien ocuparía el cargo de secretario
general del Concejo Municipal de Acacías a tal punto que, como lo reconoce la
primera instancia, votó negativo a la proposición de reintegrar al señor Díaz García
a ese proceso tras haber presentado renuncia a participar.
133. Señaló, asimismo, que, conforme a las 2 pruebas documentales aportadas con
el recurso de apelación, se podía acreditar que no tenía ningún tipo de cercanía con
el señor Díaz García y, por ello, no existió interés en favorecerlo o de obtener
ventaja, de tal forma que no se probó “[…] el requisito de “privado” para la
configuración del conflicto de interés, generando que el mismo sea inexistencia […]”.
134. Puso de presente que “[…] resultaba imposible acreditar el cumplimiento del
requisito de “titularidad” para la configuración del conflicto de interés […]”, si se tenía
en cuenta que las pruebas aportadas con el recurso de apelación consistentes en
su declaración juramentada y en la declaración juramentada del señor Díaz García,
permitían concluir que no existió ningún tipo de “[…] interés de favorecimiento […]”.
41
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
135. Enfatizó que no se logró demostrar que en el presente asunto se hayan reunido
los requisitos “[…] para la configuración del conflicto de intereses correspondientes
al interés privado concurrente y al interés público concurrente en la decisión […]”,
en razón a que, insiste, no existió ningún tipo de ventaja, provecho o favorecimiento
en su favor o del señor Díaz García, esto es, no existió ningún tipo de interés privado
y, por ello, no se configuró “[…] el interés público concurrente […]”.
136. No compartió la sentencia apelada en cuanto encontró probada la existencia
objetiva del conflicto de intereses, en razón a que:
“[…] 1. Al momento en que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META juzga las
características del interés directo, particular y real del caso en concreto del concejal
CASALLAS VELÁSQUEZ, ciñéndose a lo definido en un asunto similar Sala Plena
del Tribunal Administrativo del Meta, sentencia del 18 de abril de 2024, M.P. Claudia
Patricia Alonso Pérez, Rad. 50 001 23 33 000 2024 00067 00, desconoce el requisito
de NECESIDAD DE ANALISIS EN CADA CASO PARTICULAR, toda vez que el
Tribunal omitió estudiar particularmente el presente caso, generando el ERROR DE
HECHO que se presenta y desconociendo las situaciones fácticas importantes que
demuestran que jamás existió un interés particular o privado.
2. Teniendo en cuenta señores Magistrados, que se logró demostrar que en el caso
en concreto no se cumplieron a cabalidad los requisitos para la configuración del
conflicto de intereses correspondientes al interés privado concurrente y al interés
público concurrente en la decisión pertinente, se CONCLUYE entonces que no se
configura el cumplimiento del segundo elemento objetivo correspondiente a la
“Existencia del Interés” dentro del proceso de pérdida de investidura, generando
que mi PODERDANTE no pueda ser desinvestido (sic) de su cargo de concejal y se
deba revocar la sentencia de primera instancia. […]”
137. Cuestionó la sentencia de primera instancia por existir, en su concepto, una
indebida valoración del elemento subjetivo. Estimó que se descartó de plano el
estudio de los aspectos personales del accionado frente a los hechos sustento de
la solicitud de pérdida de investidura.
138. Subrayó que la primera instancia habría cometido los siguientes errores:
“[…] 1. Al NEGARSE a estudiar los aspectos personales del Concejal CASALLAS
VELÁSQUEZ frente a la conducta presuntamente cometida, valoró indebidamente el
elemento subjetivo de la pérdida de investidura, generando un juicio netamente
formal, desconociendo las demás situaciones que pudiesen ser justificantes de la
conducta.
2. Al NO realizar el debido estudio de los aspectos personales del Concejal
CASALLAS VELÁSQUEZ frente a la conducta presuntamente cometida, impidió
siquiera la consideración de la existencia o no de un eximente de responsabilidad que
pudiese desestimar la presencia de los títulos de dolo o culpa en la conducta
desarrollada.
3. Al NO realizar el debido estudio de los aspectos personales del Concejal
CASALLAS VELÁSQUEZ frente a la conducta presuntamente cometida, el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META impuso una sanción
DESPROPORCIONADA Y GRAVE a mi REPRESENTADO, toda vez que decidió
afectar vitaliciamente los derechos políticos del mismo, negándole la oportunidad de
42
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
poder aspirar futuramente a otro cargo de elección popular; esta sanción fue impuesta
por el TRIBUNAL sin siquiera considerar la ética del concejal en el desarrollo de su
cargo, ni mucho menos realizando un juicio de proporcionalidad acerca de qué si la
conducta cometida fue tan gravosa como para tener dicha sanción vitalicia.
Ante esto, se deduce que el concejal CASALLAS VELÁSQUEZ en su participación
en el proceso de selección del cargo de Secretario General del Concejo Municipal de
Acacías (Meta), para la vigencia 2024, por sus aspectos personales, actúo con el
pleno desconocimiento del RÉGIMEN DE CONFLICTO DE INTERESES,
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES y con la convicción errada e invencible
de que su conducta no constituye falta disciplinaria, conforme se logró demostrar
dentro del proceso, toda vez que nunca hubo un interés por beneficiar o dar ventaja
al señor LUIS ENRQUE DÍAZ, ni se demostró que mi REPRESENTADO en ejercicio
de su cargo haya dado beneficio alguno al señor DÍAZ; por lo tanto, el TRIBUNAL
ERRA al valorar indebidamente el elemento subjetivo de la conducta, toda vez que
no había lugar a un juicio de culpabilidad. […]” (negrilla del texto)
139. Enfatizó en que aportó como prueba “[…] ACTA DE DECLARACIÓN FINES
EXTRAPROCESALES DECLARACIÓN No. CINCO MIL CINCO 5005 […]” (negrilla
del texto), en la cual manifestó, bajo la gravedad del juramento que tenía como nivel
de escolaridad bachillerato concluido en el año 1997; que jamás había estudiado
carrera técnica, tecnológica o profesional alguna; y que se dedicó por más de 30
años a la actividad de conductor.
140. Destacó que la declaración permitía colegir que desconocía las normas
disciplinarias que regulan la función pública, lo que querría decir que:
“[…] el concejal CASALLAS VELÁSQUEZ al mes de enero del año 2024, recién
posesionado en su cargo DESCONOCIA INSUPERABLEMENTE EL RÉGIMEN DE
CONFLICTO DE INTERESES, INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, al ser
un tema que jamás estudio por su condición de escolaridad y jamás trató en el
desarrollo de su profesión como conductor porque no le era aplicable.
Es preciso indicar señores Magistrados que para lograr entender EL RÉGIMEN DE
CONFLICTO DE INTERESES, INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES se
requiere un mínimo de educación profesional o de experiencia en la función pública,
por lo tanto, una persona común como en el caso del concejal CASALLAS
VELÁSQUEZ le resulta imposible saber de la existencia de dicho régimen o lograr
interpretar como debería actuar ante la presencia en una de sus causales.
Conforme a lo anterior, deducir por analogía señores Magistrados que un bachiller,
sin experiencia en el sector público, sin conocimiento en las tecnologías y en su tercer
día como concejal ya tenga el bagaje de un profesional con años de experiencia; es
querer sacar de la lógica interpretativa una realidad para no querer aplicar el
principio de favorabilidad, solo con el fin de imponer la falta más gravosa como lo
es la muerte política a un ser humano.
Por todo lo planteado Honorables Magistrados, podemos concluir; que está probado
que el concejal, actuó bajo el convencimiento inequívoco e invencible de estar
cumpliendo una función constitucional y legal, sin tener la capacidad de
entendimiento de la ilegalidad de la conducta, la cual, podría en un eventual caso
de haber existido, llegar hacer calificada como LEVE amparado en el código civil; lo
que permite la exclusión de la responsabilidad según la jurisprudencia, junto con la
regla de exclusión de la responsabilidad disciplinaria ley 1952 de 2019 aplicable
para los procesos de perdida de investidura.
43
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
Ante esto, se deduce que el concejal CASALLAS VELÁSQUEZ en su participación
en el proceso de selección del cargo de Secretario General del Concejo Municipal de
Acacías (Meta), para la vigencia 2024, por sus aspectos personales, actúo con el
pleno desconocimiento del RÉGIMEN DE CONFLICTO DE INTERESES,
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES y con la convicción errada e invencible
de que su conducta no constituye falta disciplinaria, conforme se logró demostrar
dentro del proceso, toda vez que nunca hubo un interés por beneficiar o dar ventaja
al señor LUIS ENRQUE DÍAZ, ni se demostró que mi REPRESENTADO en ejercicio
de su cargo haya dado beneficio alguno al señor DÍAZ; por lo tanto, el TRIBUNAL
ERRA al valorar indebidamente el elemento subjetivo de la conducta, toda vez que
no había lugar a un juicio de culpabilidad. […]” (negrilla y subrayado del texto)
141. Puso de presente que la sentencia de primera instancia, para el análisis del
elemento subjetivo, se refirió a un curso que ofrece la Escuela Superior de
Administración Pública para las autoridades elegidas, lo cual no fue parte de la
solicitud de pérdida de investidura, ni fue solicitado como prueba y por ello no fue
posible controvertir ese argumento, lo cual le generó dudas razonables relativas a
su participación en ese curso y en qué condiciones, las cuales, en virtud del principio
pro homine debían ser resueltas en su favor y negar las pretensiones de la solicitud.
142. Indicó que se generaba una duda razonable sobre su presunta falta de diligencia
y resaltó que el presente asunto era similar al juzgado por la corporación en el
expediente núm. 11001 03 15 000 2022 05556 00, en el cual se calificó la conducta
del accionado como de leve y se negaron las pretensiones de la solicitud.
143. Adujo, frente al argumento consistente en que en el desarrollo de la sesión tuvo
la oportunidad de revisar la norma que establece la causal de impedimento en la
que esta incurso, que resultaba “[…] totalmente inválido […]”, puesto que:
“[…] discrepa con las disposiciones jurisprudenciales descritas con anterioridad, ya
que se supone que si se estudia la condición personal del sujeto, es con la finalidad
de lograr evidenciar un justificante que por sus situaciones académicas o
profesionales desconocía plenamente acerca de la existencia del hecho objeto de
reproche, es decir, que así se haya mencionado en el recinto por otros corporados un
presunto CONFLICTO DE INTERESES, INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD, el
sujeto por su determinación, jamás hubiese entendido, comprendido o sabido en que
consistía tales figuras jurídicas, ni mucho menos que las mismas eran objeto de
sanción.
Ante esto señores Magistrados, se evidencia que el argumento tratante no es válido
únicamente porque en la sesión plenaria la CONCEJAL ZULMA DÍAZ, quien fuese
concejal por segunda vez, planteó su impedimento por conflicto de interés, es de
recordar que este proceso sancionatorio es de carácter personal e individual, por lo
tanto, no se puede equiparar la conducta realizada por esta concejal que presenta
una situación académica profesional y que tiene experiencia en el ejercicio del cargo
como CONCEJAL por ser reelegida, es decir, que efectivamente ya conocía el
RÉGIMEN DE CONFLICTO DE INTERESES, INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES, con la conducta realizada por el CONCEJAL CASALLAS
VELÁSQUEZ quien por su condición personal académica y de profesión desconocía
plenamente del RÉGIMEN DE CONFLICTO DE INTERESES, INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES y actúo con la convicción errada e invencible de que su
conducta no constituye falta disciplinaria.
44
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
Sin embargo, ante esta situación, se reitera que el CONCEJAL CASALLAS
VELÁSQUEZ jamás actúo en la búsqueda de beneficios particulares y privados,
siempre procedió respetando la ética que demanda el cargo de concejal. […]” (negrilla
del texto)
144. Alegó que la primera instancia no tuvo en cuenta que, en el presente caso, se
estaba en presencia de un error invencible como eximente de responsabilidad e hizo
referencia a la sentencia SU 073 de 2020, proferida por la Corte Constitucional, para
destacar que dentro del medio de control de pérdida de investidura se podían aplicar
las causales eximentes de responsabilidad establecidas en el artículo 31 de la Ley
1952, en particular la prevista en el numeral 8., relativa la convicción errada e
invencible de que la conducta no constituye falta disciplinaria.
145. Encontró acreditado en este caso que:
“[…] dentro del proceso de selección del cargo de Secretario General del Concejo
Municipal de Acacías (Meta), por sus condiciones personales académicas y laborales,
actúo con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía
falta disciplinaria alguna, toda vez que desconocía plenamente de la existencia y
funcionamiento del RÉGIMEN DE CONFLICTO DE INTERESES, INHABILIDADES
E INCOMPATIBILIDADES; sin embargo actúo con transparencia, sin la búsqueda de
intereses o ventajas personales, es decir, que su conducta no puede ser juzgada a
título de dolo o culpa.
Sabiendo esto señores Magistrados, se evidencia que el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL META ERRA al dar el título de culpa grave a la conducta
presuntamente cometida por el CONCEJAL CALLAS VELÁSQUEZ, toda vez que
como se demostró, estamos ante la presencia de un ERROR INVENCIBLE lo cual
excluye el cumplimiento del elemento subjetivo de la pérdida de investidura, al no
haber un juicio de culpabilidad por la existencia de un eximente de responsabilidad.
[…]”
146. La Sala abordará el análisis de los cuestionamientos relativos a la presencia de
los elementos objetivos para la configuración de la causal de pérdida de violación
del régimen de conflicto de intereses y, en caso de ser procedente, se estudiarán
las inconformidades del apelante frente al elemento subjetivo de culpabilidad.
147. Para acreditar la presencia de los elementos objetivos para la configuración de
la causal de pérdida de violación del régimen de conflicto de intereses, se allegaron
al expediente, las siguientes pruebas:
147.1. Copia del formulario E – 8 correspondiente a la lista definitiva de candidatos
inscritos por el partido político Centro Democrático al concejo de Acacías (Meta),
para las elecciones realizadas el 29 de octubre de 202387.
87
Cfr. Índice 2, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240017500.
45
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
147.2. Copia del acta núm. 03 de 4 de enero de 2024 88, que da cuenta de la sesión
del Concejo Municipal de Acacías realizada ese día. Dentro del orden del día de esa
sesión, se encontraba en consideración de los concejales “[…] 4. ENTREVISTA
ASPIRANTES AL CARGO SECRETARIO(A) GENERAL VIGENCIA 2024 […]”, en
lo pertinente, en dicha acta consta, lo siguiente:
“[…] CUARTO PUNTO: ENTREVISTA ASPIRANTES AL CARGO SECRETARIO(A)
GENERAL VIGENCIA 2024:
(…)
Interviene el presidente Concejal YAN CARLOS CHAVARRO MUNEVAR, para
asuntos logísticos lo que tiene que ver con el siguiente punto en el orden del día se
tomará un receso de 30 minutos, teniendo en cuenta que lamentablemente o
favorablemente nuestra actual secretaria participa dentro de la convocatoria y lo que
con lo que sigue a continuación es llevar a cabo la entrevista, razón por la cual
entonces dentro de media hora nos vemos acá, siendo las 09:44 a.m.
(…)
El secretario ad-hoc Concejal JUAN PABLO AGUDELO DÍAZ hace el llamado a lista
y verificación del quorum así:
(…)
88
Cfr. Índices 2 y 28, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240017500.
46
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
JOHN ALEXANDER CASALLAS VELÁSQUEZ
(…)
Interviene el presidente Concejal YAN CARLOS CHAVARRO MUNEVAR, así las
cosas, entonces continuamos con el orden del día entonces, en la entrevista para
secretario les voy hacer un pequeño recuento de lo que tiene que ver con el escenario
de la entrevista a la secretaria, en ese sentido entonces indicarles que son tres
preguntas no es elección, hoy solamente es la entrevista, los participantes creo se
encuentran presentes y resolverán lo que tiene que ver con las preguntas planteadas
por parte del Concejo Municipal.
Interviene la Concejal ZULMA YOLIMA DIAZ DIAZ, en ese entendido que entre los
participantes hay un familiar en el cuarto grado de consanguinidad debo presentar
también mi impedimento por el cual me retiro para que ustedes realicen la respectiva
votación, muchísimas.
Interviene el presidente Concejal YAN CARLOS CHAVARRO MUNEVAR, teniendo
en cuenta el planteamiento que hace la Concejal Zulma se pone a consideración el
impedimento, aviso que se va a cerrar, hacemos el llamado a lista por favor secretario,
para que de manera nominal resuelva lo que tiene que ver con el impedimento de la
Concejal Zulma.
El secretario ad-hoc Concejal JUAN PABLO AGUDELO DIAZ, hace el llamado a lista
para votación nominal así:
(…)
JOHN ALEXANDER CASALLAS VELÁSQUEZ Positivo
(…)
El secretario ad-hoc Concejal JUAN PABLO AGUDELO DIAZ, informa que con
catorce (14) votos positivos, un (01) concejal impedido, ha sido aceptado el
impedimento.
Interviene el presidente Concejal YAN CARLOS CHAVARRO MUNEVAR, entonces
se resolvió el impedimento de la Concejal la misma no participará del asunto de
secretaria, tiene el uso de la palabra Concejal Granados.
Interviene el Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, gracias presidente
simplemente presidente de pronto se le paso a cada uno de los concejales Dignory le
va a entregar el formato de cómo se hace la evaluación, en el caso de entrevistas la
evaluación es subjetiva, es decir cada Concejal después de que escuche al candidato
plasmará al frente hay una casilla que dice observaciones, entonces después de
escuchar al candidato, entonces al frente está para que evalúe las tres preguntas, si
desde la pregunta X usted lo escucha si se le parece que la pregunta tiene
conocimiento del tema no tiene conocimiento, lo que ustedes consideren no se califica
con puntaje las entrevistas, las entrevistas son subjetivas simplemente es para que el
Concejal se haga un criterio de la persona a la cual se está entrevistando,
simplemente era presidente para hacer esa pequeña aclaración para que a cada uno
de los concejales se le va a entregar el formato de evaluación una vez termine las
tres concursantes quienes deberán retirarse del recinto y serán llamados 1 por 1 en
el orden que están inscritos y el presidente definirá el tiempo por cada pregunta es
decir tendrían dos o tres minutos lo que el presidente disponga, a la pregunta uno
ustedes al frente evalúan lo que ustedes consideran, a la pregunta dos, a la pregunta
tres sí y así sucesivamente con los tres candidatos, me disculpa presidente haberlo
47
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
hecho pero era importante hacer esa aclaración para que los Concejales tengan
perfectamente cómo es que se evalúa una entrevista en estos casos, gracias
presidente, y al final deben de firmar con el nombre Concejal, gracias presidente.
(…)
Interviene el presidente Concejal YAN CARLOS CHAVARRO MUNEVAR,
continuando entonces con el orden del día y estando entonces en el escenario de la
entrevista.
(…)
Interviene el presidente Concejal YAN CARLOS CHAVARRO MUNEVAR,
continuando entonces ya todos tienen en sus manos las preguntas que fueron
planteadas desde la auxiliar administrativa de la Corporación que es el escenario
común cada año, conforme el formato de valoración individual de entrevista aparece
en el ítem uno del aspirante Luis Enrique Díaz García, por favor lo llamamos, tres
minutos.
Señor Luis Enrique Díaz García, entonces cómo funciona el siguiente escenario de
entrevista, la presidencia le va a llevar a cabo tres preguntas para resolver sobre las
mismas Sumercé cuenta con un tiempo de tres minutos que será contabilizado por
parte del Secretario General Ad-Hoc (sic) y la primera es ¿Qué acciones considera
usted que se deben implementar para mejorar la participación de la comunidad en las
sesiones de la corporación?
Interviene el aspirante LUIS ENRIQUE DIAZ GARCIA (…)
Interviene el presidente Concejal YAN CARLOS CHAVARRO MUNEVAR, segunda
pregunta ¿cuál cree que es la función de mayor responsabilidad para el cargo que
aspira de secretario general del Concejo Municipal?
Interviene el aspirante LUIS ENRIQUE DIAZ GARCIA (…)
Interviene el presidente Concejal YAN CARLOS CHAVARRO MUNEVAR, entonces
continuando la tercer pregunta relacionada es ¿Ante que entes de control la
corporación debe rendir informes?
Interviene el aspirante LUIS ENRIQUE DIAZ GARCIA (…)
(…)
Bajo ese entendido entonces aspirante Luis Enrique Díaz García si considera tres
minutos más para que haga la presentación de lo que acaba de escuchar.
Interviene el aspirante LUIS ENRIQUE DIAZ GARCIA, mi nombre es Luis Enrique
Díaz tengo 38 años con la convicción de que el Municipio Acacías tiene un sentido de
pertenencia por este personal, estudio administración pública en la Escuelo Superior
de Administración en la ESAP quinto semestre, de profesión he estado siendo el
asiste administrativo tenemos una empresa familiar acá en Acacías FumiAcacías de
Luis Felipe Díaz, tengo mi niña y mi hogar, aparte de estar estudiando administración
pública como me gusta la administración pública conozco en la función pública me he
capacitado con diferentes diplomados, cursos que dicta la misma escuela en
contratación, en derecho constitucional, afortunadamente pues este es un campo en
el que me puedo desempeñar por eso me estoy presentando a esta Corporación, para
muchos es bien que he sido aspirante dos veces al Concejo Municipal como ustedes,
señorita Nayi, Concejal Casallas, concejal Bastos y todos los Concejales sé que es
buscar votos, he tenido esa oportunidad esto es un cargo político, yo soy político como
48
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
ustedes, entonces quiero estar aquí en esta Corporación espero que ustedes me
puedan dar la oportunidad, no pude obtener la credencial pero pues es algo bueno
estar aquí de cerca a ustedes poder ser un asesor más si me lo permiten con el
respeto que merecen.
Interviene el presidente Concejal YAN CARLOS CHAVARRO MUNEVAR, muchas
gracias Luis Enrique ya a los concejales calificarán lo que tiene que ver con las
preguntas, secretario por favor el siguiente participante […]”
147.3. Formato de evaluación de la entrevista del concejal acusado, correspondiente
a la convocatoria pública para la elección del secretario del Concejo Municipal de
Acacías, vigencia 202489.
147.4. Mensaje por correo electrónico de la cuenta del señor Luis Enrique Díaz García
y dirigido al Concejo Municipal de Acacías, fecha 5 de enero de 2024 90, en el cual
se indica:
“[…] Reciban un cordial saludo, de manera respetuosa me dirijo a ustedes con el fin
de presentar mi renuncia a la aspiración como secretario general del concejo, para la
vigencia 2024, lo anterior por motivos personales […]”
89
Cfr. Índices 2 y 28, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240017500.
90
Cfr. Índice 2, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240017500.
49
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
147.5. Mensaje por correo electrónico de la cuenta del señor Luis Enrique Díaz García
y dirigido al Concejo Municipal de Acacías, fecha 6 de enero de 2024 91, en el cual
se indica:
“[…] Respetuosamente me dirijo a la corporación, pidiendo a los honorables
concejales no tener en cuenta la renuncia enviada ayer al correo electrónico de la
corporación, ya que no se ha llevado a consideración de la plenaria y no se ha
aprobado […]”
147.6. Copia del acta núm. 05 de 6 de enero de 2024 92, que da cuenta de la sesión
del Concejo Municipal de Acacías realizada ese día. En lo pertinente, en dicha acta
consta, lo siguiente:
“[…] CUARTO PUNTO: PROPOSICIONES Y VARIOS. Interviene el Concejal JUAN
CARLOS BASTO MORALES, presidente teniendo en cuenta que ayer nos llegó la
renuncia del señor LUIS DÍAZ al concurso de secretario, solicito que se considere
levanta (sic) el impedimento de la Concejala ZULMA DÍAZL (sic) para que participe
activamente el concurso.
(…)
El presidente Concejal YAN CALROS (sic) CHAVARRO MUNEVAR, manifiesta, se
declara la suficiente ilustración, se abre la votación señor secretario por favor
hacemos el llamado lista y la votación nominal.
El secretario general Ad-hoc (sic), procede a llamar a lista a cada uno de los
Concejales para que expresen su voto de manera nominal.
(…)
JOHN ALEXANDER CASALLAS VELÁSQUEZ Positivo
(…)
El secretario Ado-Hoc (sic), manifiesta, señor presidente con 8 votos negativos y 6
positivos, y un voto impedido ha sido negada la proposición del Concejal JUAN
CARLOS BASTO de levantar el impedimento a la Concejala ZULMA. […]” (negrilla
del texto)
147.7. Copia del acta núm. 06 de 7 de enero de 2024 93, que da cuenta de la sesión
del Concejo Municipal de Acacías realizada ese día. Dentro del orden del día de esa
sesión, se encontraba en consideración de los concejales “[…] 6. ELECCIÓN
SECRETARIA GENERAL 2024 […]”, en lo pertinente, en dicha acta consta, lo
siguiente:
“[…] SEXTO PUNTO: ELECCIÓN SECRETARIA GENEAL (sic) VIGENCIA 2024:
(…)
91
Cfr. Índice 2, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240017500.
92
Cfr. Índice 10, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240017500.
93
Cfr. Índices 2 y 28, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240017500.
50
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
Interviene el presidente concejal, YAN CARLOS CHAVARRO MUNEVAR, no
obstante a lo anterior, Concejal Orlando y plenaria me gustaría poner a discusión de
la plenaria del Concejo Municipal una proposición respecto de los dos oficios en el
sentido de que se resuelva sobre el particular si la plenaria acepta o no acepta lo que
tiene que ver con la renuncia y el posterior desistimiento, es decir para que quede
claridad para todos y cada uno de los participantes del concurso quienes están
participando y para nosotros poder saber por quienes votar, ello con el fin de evitar a
futuro cualquier tipo de nulidad del proceso de elección de la secretaria y guardando
la trazabilidad del escenario, entonces como proposición que se incluya o no, para
votar al señor Luis Diaz conforme la manifestación primigenia que hizo que fue una
renuncia y el posterior desistimiento puso el día de ayer, en ese sentido entonces
aclarando la proposición pongo a disposición de la plenaria si se incluye o no al
candidato por parte de la mesa directiva en la elección por voto nominal, por favor
hacemos el llamado.
(…)
JOHN ALEXANDER CASALLAS VELÁSQUEZ Negativo
(…)
La secretaria provisional informa que con ocho (08) votos positivos, seis (06)
negativos y un concejal impedido ha sido aceptada la proposición de que continue en
la lista de elegibles para la elección al candidato Luis Díaz.
(…)
Interviene el presidente Concejal YAN CARLOS CHAVARRO MUNEVAR, se designa
entonces la comisión escrutadora el concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, el
Concejal WILSON RENE ORTIZ QUISHPE y JHONATAN ALIRIO BASTO
BOHORQUEZ, se le recuerda a la plenaria que los candidatos son, Luis Enrique Díaz
García, Erica Alexandra Mosquera peña (sic) y Sandra Marilú López Jiménez, este es
el orden concejales en el que se entrevistaron hace un par de días acá en la sesión
plenaria.
(…)
El secretario general ad-hoc (sic) Concejal JUAN PABLO AGUDELO DIAZ, hace el
llamado a lista para que los Concejales depositen en la urna el voto:
(…)
JOHN ALEXANDER CASALLAS VELASQUEZ
(…)
El secretario general ad-hoc (sic) Concejal JUAN PABLO AGUDELO DÍAZ, informa
que ya fue depositado en la urna el voto.
Interviene el presidente Concejal YAN CARLOS CHAVARRO MUNEVAR, la comisión
escrutadora haga la verificación de los votos por favor y la declaración del candidato
ganador.
La comisión escrutadora informa el resultado de los 14 votos así:
ERIKA ALEXANDRA MOSQUERA PEÑA: 8
SANDRA MARLU LÓPEZ JIMÉNEZ: 6
51
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
En consecuencia, la Comisión escrutadora establece que ha sido elegida secretaria
general del Concejo 2024 la señorita ERICA ALEXANDRA MOSQUERA PEÑA. […]”
(negrilla del texto)
147.8. Certificación de 25 de julio de 202494, expedida por la secretaria general del
Concejo Municipal de Acacías, en la cual se indica que:
“[…] Una vez revisada el acta No. 07 del 10 de enero de 2024, se evidencia que en el
punto No. 03 se la (sic) lectura discusión y aprobación de las actas No. 02, 03, 04, 05
y 06 correspondientes a los días 3, 4, 5, 6 y 7 de enero, como se vislumbra a
continuación:
TERCER PUNTO: LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS Nrs.
02, 03, 04, 05 Y 06 DEL MES DE ENERO DE 2024. El presidente Concejal YAN
CARLOS CHAVARROL MUNEVAR pone en consideración las actas Nrs 02, 03, 04,
05 y 06 del mes de enero de 2024, que fueron enviadas con antelación al correo de
cada uno de los Concejales, se abre la discusión, sigue abierta la discusión, anuncio
que se va a cerrar, se cierra, se abre la votación, aviso que se va a cerrar, se cierra,
siendo aprobadas las actas por unanimidad. […]” (negrilla del texto).
147.9. Control de asistencia de los concejales a la sesión de 7 de enero de 2024, en
la cual consta la firma del accionado, John Alexander Casallas Velásquez95.
147.10. Control de asistencia de los concejales a la sesión de 6 de enero de 2024, en
la cual consta la firma del accionado, John Alexander Casallas Velásquez96.
147.11. Control de asistencia de los concejales a la sesión de 4 de enero de 2024, en
la cual consta la firma del accionado, John Alexander Casallas Velásquez97.
148. De las pruebas que obran en el expediente y respecto de los supuestos para la
configuración objetiva de la causal de pérdida de investidura por violación al régimen
de conflicto de intereses, está demostrado que los señores John Alexander Casallas
Velásquez, concejal accionado, y el señor Luis Enrique Díaz García hicieron parte
de la misma lista, por el partido político Centro Democrático, a las elecciones para
elegir a quienes serían concejales del municipio de Acacías, para el período 2024-
2027, elecciones que se llevaron a cabo el 29 de octubre de 2023.
149. Está acreditado que el señor Luis Enrique Díaz García fue aspirante a ocupar el
cargo de secretario del Concejo Municipal de Acacías, período 2024, el cual culminó
con la elección de la señora Erica Alexandra Mosquera Peña.
150. Si bien el señor Díaz García manifestó el 5 de enero de 2024 que renunciaba a
su aspiración a ocupar el cargo de secretario del Concejo Municipal de Acacías,
período 2024, lo es igualmente que el 6 de enero de 2024 retiró esa renuncia y,
adicionalmente, el Concejo Municipal de Acacías, en la sesión de 7 de enero de
94
Cfr. Índice 28, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240017500.
95
Cfr. Índice 28, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240017500.
96
Cfr. Índice 10, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240017500.
97
Cfr. Índice 28, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240017500.
52
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
2024 decidió, ante la existencia de esas manifestaciones, que se mantuviera la
postulación del señor Díaz García.
151. Así,el señor Luis Enrique Díaz García fue tenido en consideración como
aspirante al cargo de secretario del Concejo Municipal de Acacías, período 2024,
en la votación que para elegir a ese funcionario que se desarrolló el 7 de enero de
2024.
152. Está probado que el señor John Alexander Casallas Velásquez participó y votó,
sin declararse impedido, en el proceso de elección de quien ocuparía el cargo de
secretario del Concejo Municipal de Acacías, período 2024, el cual se desarrolló en
las sesiones de 4, 6 y 7 de enero de 2024, elección que está a cargo de los concejos
municipales conforme lo indica el artículo 37 de la Ley 136, que al tenor señala:
“[…] ARTICULO 37. SECRETARIO: El Concejo Municipal elegirá un secretario para
un período de un año, reelegible a criterio de la corporación y su primera elección
se realizará en el primer período legal respectivo […]”
153. De esta manera, la conducta del señor John Alexander Casallas Velásquez,
parte accionada en este proceso, encuadra en la causal de impedimento y
recusación prevista en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437.
154. En este caso, la parte accionada, en su condición de servidor público, debía
adelantar, junto con los demás concejales del municipio de Acacías, la actuación
administrativa para elegir a quien ocuparía el cargo de secretario de la corporación
para la vigencia 2024, lo cual se llevó a cabo en las sesiones de 4, 6 y 7 de enero
de 2024.
155. No obstante, el accionado no tuvo en cuenta que hizo parte, junto con el señor
Luis Enrique Díaz García, aspirante al citado cargo e interesado por ello en la
actuación administrativa para elegir a ese funcionario del Concejo Municipal de
Acacías, de la lista de candidatos a ser elegidos concejales por el partido político
Centro Democrático en el período electoral coincidente con la actuación
administrativa, esto es, 2024-2027.
156. La Sala estima que el accionado, señor John Alexander Casallas Velásquez
debió declararse impedido para participar en la elección de quien ocuparía el cargo
de secretario del Concejo Municipal de Acacías, al haberse configurado la causal
de impedimento prevista en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437, lo cual
tiene repercusiones en cuanto a la configuración de la causal de pérdida de
investidura que se le atribuye.
157. Las decisiones judiciales de esta Sección98 han establecido que la ley entiende
que en las situaciones descritas en el artículo 11 de la Ley 1437 se encuentra
98
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto
Serrato Valdés. Sentencia de 19 de septiembre de 2019. Radicación núm.: 13001-23-33-000-2018-00738-01(PI). Reiterada
en:
53
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
comprometida la imparcialidad y objetividad de los servidores públicos y, por ello,
se presenta conflicto de intereses ante la existencia de intereses personales y
directos en relación con la decisión que se pretende adoptar.
158. Se precisa que el interés, no solo es entendido, como lo indica el apelante, como
el provecho, conveniencia o utilidad, sino también como:
“[…] La Sala Plena99 se ha pronunciado afirmando que el interés debe ser entendido
como “[…] una razón subjetiva que torna al funcionario y que lo inhabilita para
aproximarse al proceso de toma de decisiones con la ecuanimidad, la ponderación y
el desinterés que la norma moral y la norma legal exigen […]”100 […]”101
159. De esta manera, la alegación del apelante consistente en que i) no le asistió
interés en generar ventaja o provecho para el señor Luis Enrique Díaz García y ii)
no existió ventaja, provecho o favorecimiento para sí o para el señor Luis Enrique
Díaz García no permite desvirtuar, para este caso, la configuración de la situación
descrita en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437 en cabeza del accionado y
la consecuencia que deriva de encontrarse en dicha situación consistente la
obligación de declarar el impedimento o de la posibilidad de ser recusado si tal
manifestación no se realiza.
160. En reciente sentencia de 4 de septiembre de 2025, proferida dentro del
expediente núm. 50001 23 33 000 2024 00302 01102, cuya aplicación solicita el
apoderado del accionado, se indicó, en relación con la configuración objetiva de la
causal de pérdida de investidura por violación al régimen de conflicto de intereses
por encontrarse en la situación descrita en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley
1437, frente al caso concreto que allí se estudió, lo siguiente:
“[…] De la anterior prueba documental, la Sala observa que, tal como lo indicó el
concejal acusado en la contestación y en el recurso de apelación, a su compañero de
lista le concedió la segunda calificación más baja entre los siete aspirantes al cargo.
En ese contexto, si bien es cierto que estaban acreditadas las circunstancias que
objetivamente configuraban la causal de impedimento, la Sala no puede pasar por
alto que la realidad probatoria demuestra que al acusado no le asistía ningún interés
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 3 de marzo de 2023. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2022-01015-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 11 de mayo de 2023. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2022-01016-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 14 de septiembre de 2023. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2022-01014-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 26 de septiembre de 2024. Radicación núm.: 05001-23-33-000-2024-00237-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 6 de marzo de 2025. Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00321-01.
99
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 27 de julio de 2010, número único de
radicación 11001-03-15-000-2009-01219-00(PI), consejero ponente Mauricio Fajardo Gómez y cit. de 24 de febrero de 2015,
número único de radicación 11001-03-15-000-2012-01139-00(PI), consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso.
100
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 19 de marzo de 1996, Expediente núm.
AC-3300, consejero ponente Joaquín Barreto Ruiz.
101
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 14 de septiembre de 2023. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2022-01014-01
102
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Oswaldo Giraldo
López. Sentencia de 4 de septiembre de 2025. Radicación núm.: 50001 23 33 000 2024 00302 01
54
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
en beneficiar a su compañero de lista, en la medida en que se determinó que de
ninguna manera lo benefició, puesto que la calificación que le concedió no fue la más
alta entre los participantes.
A este hecho relevante, que logra desvirtuar la configuración del interés directo,
particular y actual en cabeza del acusado, se agrega que su compañero de lista no
fue finalmente elegido secretario general, sino que resultó designada la señora Leidy
Alexandra Romero Ureña que, por demás, fue la persona a la que el acusado le dio
la más alta calificación; de manera que el puntaje que le asignó el concejal al señor
Urbano Rozo, además de no ser el más alto entre los aspirantes, tampoco influyó en
que aquél fuera el elegido.
Ahora bien, en cuanto al argumento del acusado relativo a la calificación que le
concedió a su compañero de lista, el tribunal expuso que “(…) no tiene ningún
sustento, comoquiera que lo reprochado por la normativa, es la no declaración de
impedimento por parte del concejal, cuando en desarrollo de sus funciones surja un
interés directo, independientemente de los resultados del debate y de la votación”.
Frente a la precitada consideración, es pertinente hacer varias precisiones. En efecto,
como se ha venido explicando, las causales de impedimento previstas en el artículo
11 del CPACA están señaladas de manera objetiva por el legislador, por lo que, al
estar configurados los supuestos fácticos, al concejal le asiste el deber de declararse
impedido; pero el incumplimiento de tal deber, que en principio sería indicativo del
conflicto de interés (que es lo que constituye la causal de pérdida de investidura),
puede no conllevarlo, porque no hay una estricta equivalencia entre el impedimento y
el interés directo que se exige para que este último se configure; como tampoco la ley
ha establecido una presunción de derecho que señale que, si no hay declaración de
impedimento, deberá entenderse indefectiblemente que el que así actúa tiene un
interés directo en la actuación.
Entonces, si bien en principio el no declararse impedido indica que el acusado incurre
en conflicto de interés, es posible que desvirtúe tal entendimiento, acreditando la
inexistencia de uno de sus elementos, como lo es el interés directo, lo que
precisamente se presenta en este caso.
En ese escenario, las razones que ofrece el tribunal para descartar el argumento del
acusado parten de una premisa que no está acreditada en el expediente y radica en
“la existencia del interés directo”, por cuanto manifiesta que, ante la ocurrencia de
éste, son irrelevantes los resultados del debate o de la votación. A este respecto la
Sala reconoce que, cuando existe un interés, no son relevantes los resultados del
debate o de la votación; pero el presupuesto de tal irrelevancia es precisamente que
exista el interés, que fue lo que en este caso el acusado desvirtuó. […]”
161. La posición expuesta en la citada decisión judicial103 no se encuentra acorde
con la tesis reiterada de esta Sección104 según la cual en las situaciones descritas
103
La decisión fue proferida por la Sala con la presencia de un conjuez y cuenta con dos salvamentos de voto.
104
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto
Serrato Valdés. Sentencia de 19 de septiembre de 2019. Radicación núm.: 13001-23-33-000-2018-00738-01(PI). Reiterada
en:
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 3 de marzo de 2023. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2022-01015-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 11 de mayo de 2023. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2022-01016-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 14 de septiembre de 2023. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2022-01014-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 26 de septiembre de 2024. Radicación núm.: 05001-23-33-000-2024-00237-01.
55
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
en el artículo 11 de la Ley 1437, en particular la prevista en su numeral 14., se
encuentra comprometida la imparcialidad y objetividad de los servidores públicos y
se entiende que se presenta conflicto de intereses ante la existencia intereses
personales y directos en relación con la decisión que se pretende adoptar, por lo
cual se está en la obligación de declarar el impedimento y, si no lo manifiesta, puede
ser recusado.
162. En la sentencia de 26 de septiembre de 2024105 se expone el anterior criterio,
así:
“[…] 108. La Sección Primera106 ha considerado que la ley entiende que en las
situaciones descritas en el artículo 11 de la Ley 1437 se encuentra comprometida la
imparcialidad y objetivad de los servidores públicos, precisamente, porque el
legislador deduce que de esa situación surge un conflicto de interés ante la existencia
de intereses personales, directos y actuales en relación con la decisión que debe
adoptarse, derivados concretamente del hecho de haber integrado la misma lista con
quien tiene interés en la actuación administrativa, en periodos electorales
coincidentes.
109. La previsión del legislador tiene sentido, toda vez que las causales de
impedimento buscan precaver que el interés directo, personal y actual del servidor
público, en este caso de elección popular, se mezcle con el interés general y
prevalezca sobre este; circunstancia que, se reitera, el legislador deduce, previa y
objetivamente, y, para el caso sub examine, la previsión ocurre en los casos en que
integrantes de una misma lista a cargos de elección popular de las corporaciones
públicas, tengan la posibilidad de participar y/o o votar un asunto en el que tenga
interés alguna persona de aquellas con las que integró la lista, siempre que exista
coincidencia de periodos. […]”
163. La norma asume que, en las situaciones descritas en ese artículo, se presenta
un interés directo y particular del servidor público que tiene a su cargo el
adelantamiento o sustanciación de actuaciones administrativas, la realización de
investigaciones, la práctica de pruebas o la emisión de decisiones definitivas y, por
ello, entiende que se presenta conflicto de intereses.
164. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo107de esta Corporación, en
relación con la violación del régimen de conflicto de intereses ha destacado que:
“[…] La jurisprudencia de la Sala ha reiterado la tesis ab initio expresada respecto del
conflicto de intereses, así108:
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 6 de marzo de 2025. Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00321-01.
105
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 26 de septiembre de 2024. Radicación núm.: 05001-23-33-000-2024-00237-01.
106
Ver, entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo; sentencia de 19 de septiembre de 2019. MP.
Roberto Augusto Serrato Valdés; expediente 13001-23-33-000-2018-00738-01(PI); sentencia de 27 de abril de 2023. MP.
Nubia Margoth Peña Garzón, expediente 25000231500020220092701(PI); sentencia de 11 de mayo de 2023. MP. Hernando
Sánchez Sánchez, expediente 250002315000202201016-01; sentencia de 10 de agosto de 2023. MP. Nubia Margoth Peña
Garzón, expediente 25000231500020220092601(PI).
107
Cfr. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve.
Sentencia de 20 de octubre de 2015. Radicación núm.: 11001-03-15-000-2014-03169-00(PI).
108
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia 19 de marzo de 1996, expediente AC – 3300,
demandante: Emilio Sánchez Alsina, demandado: Gustavo Espinosa Jaramillo, Consejero Ponente: Joaquín Barreto Ruiz.
56
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
La presencia del conflicto de intereses no es en sí misma censurable. Por lo general
los hombres están expuestos a soportar y a resolver en sus relaciones familiares,
sociales y políticas, conflictos de intereses de las más variadas características. Lo
que es censurable y lo que determina un tratamiento legal, es la forma como el
individuo resuelve el conflicto de intereses que se le presenta frente a una situación
concreta. El individuo puede, en efecto, hacer un pacto de paz con su conciencia y
admitir la resolución del conflicto aceptando, por ejemplo, que lo que es bueno para
él (sic) todo lo es también para la parte, aún así no tome una posición determinante
en la adopción de la decisión que le favorece; pero puede también advertir, y es su
obligación moral y legal hacerlo, que participar en la adopción de la decisión
correspondiente cuando de ella derivaría un beneficio personal particularizado, no
sólo contrariaría normas morales (en cualquier sistema ético) sino que vulneraría
disposiciones del derecho positivo (como las que aquí se han citado).
Por ello, para evitar que se dé una participación viciada de parcialidad en el proceso
de toma de decisiones (judiciales, legislativas, administrativas, etc.), el ordenamiento
positivo establece un mecanismo de una gran racionalidad y de una impresionante
sencillez: El juez, el legislador, el administrador, que debiendo participar en la
adopción de una determinada decisión, ya sea mediante sentencia, ley, decreto, acto
administrativo, etc., si encuentra que su adopción es susceptible de generarle un
beneficio particular específico, debe ser separado de dicho proceso, bien en forma
voluntaria porque advertido el conflicto, lo haga manifiesto mediante la declaratoria
del impedimento, ora por iniciativa de terceras personas, utilizando el mecanismo de
la recusación. […]”
165. A su turno, el artículo 70 de la Ley 136 indica:
“[…] ARTÍCULO 70. CONFLICTO DE INTERÉS. Cuando para los concejales exista
interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o
compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios
de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates
o votaciones respectivas. […]” (negrilla y subrayado fuera del texto)
166. EstaSala109, prohijando una decisión de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de la Corporación, estableció que:
“[…] La misma Sala Plena, en reciente sentencia precisó que “el conflicto de intereses
afecta la posibilidad de participar en toda clase de actuaciones y decisiones donde,
en principio, debería actuar el congresista, es decir, que está inhibido para participar
en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración. Esto significa que no puede
intervenir en la deliberación ni en la votación de proyectos de ley, de actuaciones
judiciales, ni en la adopción de otras decisiones judiciales, electorales o políticas,
siempre que lo afecten”110. […]”
167. Esta Sección, igualmente, se ha pronunciado en relación con la intrascendencia,
para efectos de la configuración de la causal de pérdida de investidura por violación
del régimen de conflicto de intereses, del sentido en que se haya participado en el
trámite respectivo.
109
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto
Serrato Valdés (E1). Sentencia de 30 de junio de 2017. Radicación núm. 66001-23-33-002-2016-00291-01(PI).
En el mismo sentido: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera ponente: María
Claudia Rojas Lasso. Sentencia de 2 de junio de 2016. Radicación núm.: 66001-23-33-000-2015-00177-01(PI).
110
Sentencia de 12 de abril de 2012, Expediente: 2010-1325, M.P. Dr. Enrique Gil Botero.
57
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
168. Así, en la sentencia de 18 de marzo de 2021111, destacó que:
“[…] c) Que, a pesar de ello, el Congresista [diputado] participe efectivamente
del respectivo trámite, sin haber manifestado su impedimento para actuar o sin
haber sido recusado
De conformidad con el Acta de Sesión 3 de 7 de enero de 2020 fue elegida Contralora
Departamental encargada la ciudadana, Carmen Lucía Bernal Niño, en la cual se
consignó que la votación fue secreta y no obra constancia de que la ciudadana Lady
Patricia Bohórquez Cuevas haya manifestado su impedimento.
Para la Sala, contrario a lo manifestado por la recurrente y como de manera acertada
lo indicó el a quo, para efectos de la configuración de la causal de pérdida de
investidura no interesa que haya votado a favor de la ciudadana Carmen Lucía Bernal
Niño, pues el conflicto de interés puede darse por la participación o votación en un
asunto que conozca la asamblea, lo cual comprende la función normativa, de control
político, las administrativas, y electorales112. […]” (negrilla del texto)
169. En sentencia de 11 de marzo de 2021113, se resaltó que:
“[…] 70. Esta Sala de Decisión114, siguiendo los lineamientos de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, ha señalado lo siguiente en
relación con la causal en comento:
(…)
35. El conflicto de interés se configura cuando el miembro de la corporación pública
de elección popular, en este caso el concejal, en ejercicio de sus funciones
constitucionales, legales y reglamentarias, participa en la discusión o votación de un
asunto en el cual tiene un interés directo, particular y concreto.
36. Asimismo, es indiferente para la configuración de la causal que la participación
tenga lugar únicamente durante la etapa de discusión o en la etapa de votación en la
medida en que la sola participación en cualquiera de esas etapas estructura el
conflicto de intereses y, en consecuencia, la causal de desinvestidura. […]”
170. De esta manera, la Sala ratifica el criterio expuesto en precedencia que
proscribe la participación, votación, intervención o adopción de decisiones por parte
del servidor público -entre ellos, los concejales municipales- en los asuntos
relacionados con sus funciones, cuando se presente una situación que configure la
violación del régimen de conflicto de intereses, sin que sea posible tener en cuenta
el sentido en que se participe, vote, intervenga o adopte una decisión.
111
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto
Serrato Valdés. Sentencia de 18 de marzo de 2021. Radicación núm.: 85001-23-33-000-2020-00016-02(PI).
112
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 1° de noviembre de 2016, número de radic ado: 11001-0315-000-2015-01571-
00, actor: Ricardo Antonio Mazenett Cantillo, demandado: Germán Bernardo Carlossama, MP: María Elizabeth García
González.
113
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto
Serrato Valdés. Sentencia de 11 de marzo de 2021. Radicación núm.: 47001-23-33-000-2020-00550-01(PI).
114
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Consejero ponente:
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Bogotá D.C., tres (3) de diciembre de dos mil veinte (2020). Radicación número: 25000-
23-15-000-2019-00212-01(PI). Actor: HERNANDO GONZÁLEZ. Demandado: ÁLVARO SERRATO ROSSI.
58
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
171. En el presente asunto, está acreditado que el accionado participó y votó, no
estándole permitido por encontrarse en la situación descrita en el numeral 14. del
artículo 11 de la Ley 1437, en el proceso de elección de quien ocuparía el cargo de
secretario del Concejo Municipal de Acacías, período 2024, el cual se desarrolló en
las sesiones de 4, 6 y 7 de enero de 2024.
172. Se aclara, frente a la manifestación del apelante de haber aportado pruebas con
el recurso de apelación con las cuales podía acreditar que no tenía cercanía con el
señor Luis Enrique Díaz García que, en auto de 7 de marzo de 2025 115, se decidió
negar el decreto de las pruebas solicitadas en segunda instancia, consistentes en:
“[…] 1. DECLARACIÓN No. 5005 rendida por el CONCEJAL JOHN ALEXANDER
CASALLAS VELÁSQUEZ, donde demuestra su nivel de escolaridad, su profesión
y su no intención de buscar privilegios o favorecimientos dentro del proceso de
selección del Secretario General del Concejo Municipal de Acacías (Meta), para la
vigencia 2024.
2. DECLARACIÓN No. 5000 rendida por el señor LUIS ENRIQUE DIAZ GARCIA,
donde demuestra que nunca ha tenido ningún nivel de cercanía con el CONCEJAL
JOHN ALEXANDER CASALLAS VELÁSQUEZ y que este nunca trató ni lo
favoreció en ningún momento dentro del proceso de selección del Secretario
General del Concejo Municipal de Acacías (Meta), para la vigencia 2024. […]”
(negrilla del texto)
173. Los cargos formulados en contra de la configuración de objetiva de la causal de
pérdida de investidura por conflicto de intereses, por lo expuesto, no prosperan, de
tal forma que se pasará a analizar los cuestionamientos relacionados con el
elemento subjetivo de culpabilidad.
174. El artículo 1. ° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4° de la Ley 2003 de
19 de noviembre de 2019116, indica que:
“[…] El proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de
responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en contra de los congresistas que,
con su conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren incurrido en una de las
causales de pérdida de investidura establecidas en la Constitución. […]”.
175. Por ello, no resulta suficiente para despojar de la investidura a los miembros de
corporaciones públicas de elección popular, en este caso, a los concejales
municipales o distritales, establecer si los hechos invocados en la solicitud y que se
le atribuyen se adecúan, objetivamente, a la causal endilgada pues se requiere,
además, evaluar si aquel actuó en forma dolosa o gravemente culposa.
176. Esta Sección117, ha establecido los parámetros bajo los cuales se realiza el
análisis del elemento subjetivo, en la siguiente forma:
115
Cfr. Índice 7, SAMAI.
116
“[…] Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones. […]”.
117
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero Ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 11 de mayo de 2023. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2022-01016-01.
59
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
“[…] Sentencia SU – 424 de 11 de agosto de 2016
62. La Corte Constitucional, en sentencia SU – 424 de 11 de agosto de 2016118,
consideró que en el marco de las solicitudes de pérdida de la investidura se debía
determinar en cada caso si se configuraba el elemento subjetivo de quien ostentaba
la dignidad, porque el juicio de responsabilidad contenía un elemento objetivo y un
elemento subjetivo que atendía “[…] a las circunstancias particulares en las que se
presentó la conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer de la
actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó a esa acción u omisión […]”.
63. Lo anterior, porque el análisis de responsabilidad que realiza el juez en este
proceso sancionatorio es de carácter subjetivo; además, porque “[…] [e]n un Estado
de Derecho los juicios que implican un reproche sancionador, por regla general, no
pueden operar bajo un sistema de responsabilidad objetiva, y las sanciones que se
adopten en ejercicio del ius puniendi deberán verificar la ocurrencia de una conducta
regulada en la ley […], contraria al ordenamiento jurídico […] y culpable […]”.
64. Asimismo, señaló que: i) por regla general, los procesos sancionadores proscriben
la responsabilidad objetiva, en virtud de lo dispuesto en el artículo 29 de la
Constitución Política; ii) “[…] el juicio constitucional de pérdida de investidura analiza
la adecuación de la causal de inhabilidad en forma subjetiva, esto es, con culpa del
demandado (sabía o debía saber que estaba inhabilitado) […]”, y iii) era necesario
verificar la culpa o dolo en la conducta reprochable para imponer la inhabilitación para
ser elegido a perpetuidad.
Sentencia de 25 de mayo de 2017
65. Esta Corporación, mediante sentencia de 25 de mayo de 2017 119, indicó que para
definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa, se debían analizar los
elementos que constituían el aspecto subjetivo de la misma, los cuales correspondían
al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud, esto es, si el sujeto conocía
o debía conocer que su comportamiento resultaba contrario al ordenamiento jurídico.
66. Sobre el particular, señaló que aun cuando la revisión de los requisitos y el marco
normativo que regía el cargo al cual se aspiraba era una obligación general para el
candidato, el entendimiento de dichos requisitos debía analizarse de acuerdo con las
condiciones personales del sujeto, esto es, el grado de formación, su profesión, las
circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya realizado para conocer
dicho marco normativo, por ejemplo solicitar conceptos o asesorarse frente a la
configuración o no de la referida inhabilidad, para con base en ello, determinar si se
obró con el cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por el
contrario, se estaba ante una situación de buena fe exenta de culpa que impidiera el
reproche subjetivo de su obrar.
67. De igual forma, precisó que las calidades o requisitos positivos y negativos con
los que debía contar un candidato para ser elegido Concejal Municipal eran de
obligatoria observancia, revisión y análisis previo, por cuanto “[…] [e]sa, es una
diligencia que surge como debida en el ordinario transcurrir del proceso de inscripción
del respectivo candidato, siéndole por demás exigible en medio de las normales
medidas de cuidado y precaución que tenía que adelantar para llegar a la certeza del
cumplimiento de los mismos y, por ende, de una candidatura reglamentaria y
sometida a las condiciones legales para ejercer el cargo de Cabildante. […]”.
118
Corte Constitucional, Sentencia SU-424 de 11 de agosto de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
119
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 25 de mayo de 2017, C.P. María
Elizabeth García González, Número único de radicación: 810012339000201500081-01.
60
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
68. Asimismo, consideró que el proceso de pérdida de investidura exige la
observancia del debido proceso y, particularmente, de los principios pro homine, in
dubio pro reo, legalidad, objetividad, razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y
culpabilidad.
69. En ese sentido, la Sala señaló como parámetros para realizar el estudio del
elemento subjetivo, lo siguiente:
“[…] Precisado lo anterior, el abordaje del aspecto subjetivo requiere el análisis del
dolo y la culpa, entendido el primero como la intención positiva de lesionar un
interés jurídico, entretanto la segunda atañe a un concepto que está ligado a la
diligencia debida para el desarrollo de determinada actividad.
Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa, deben
analizarse los elementos que constituyen el aspecto subjetivo de la misma, los cuales
corresponden al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud, esto es, si el
sujeto conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba contrario al
ordenamiento jurídico.
En los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía plenamente que su
comportamiento era constitutivo de una causal de pérdida de investidura, estaríamos
ante una situación de total intención en la realización de la misma y, por ende, de un
grado de culpabilidad doloso. En aquellos eventos en los que se concluya que el
sujeto no conocía la ilicitud de su conducta, pero que en virtud de la diligencia
requerida para el desarrollo de su actividad debía saber que la misma resultaba
contraria a derecho, se está ante un comportamiento culposo, de no mediar sólidas
circunstancias que se lo hubieran impedido.
[…]
En el caso del dolo, el objeto de prueba corresponde a determinar el pleno
conocimiento que tiene el sujeto sobre que determinada conducta (en este caso la
celebración del contrato), genera la inhabilidad, pues ante dicho conocimiento, la
ejecución de la conducta demuestra la intención en la misma.
Entretanto para determinar si la conducta fue culposa, tiene que estar demostrado, al
menos, que el sujeto debía conocer su ilicitud en virtud de la diligencia que para
la inscripción como candidato al Concejo del Municipio de Arauca (Arauca), le era
menester desplegar. […].
Ahora bien, para establecer esta diligencia acudiremos a los presupuestos señalados
en el artículo 63 del Código Civil, el cual prevé:
“Artículo 63. Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.
Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los
negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca
prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles
equivale al dolo.
Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado
que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido,
sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone
a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.
El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable
de esta especie de culpa.
61
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre
juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de
culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.
El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de
otro”.
En el caso concreto, la revisión de los requisitos y el marco normativo que rige el
cargo al cual se aspira, es una obligación general para quien pretende acceder a la
función pública, incluso en los eventos de elección popular, sin embargo el
entendimiento de dichos requisitos debe analizarse de acuerdo con las
condiciones personales del sujeto, esto es el grado de formación, su profesión,
las circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya realizado
para conocer dicho marco normativo, por ejemplo solicitar conceptos o
asesorarse frente a la configuración o no de la referida inhabilidad, para con
base en ello, determinar si se obró con el cuidado requerido y así definir si su
conducta es culposa o si, por el contrario, se está ante una situación de buena
fe exenta de culpa que impida el reproche subjetivo de su obrar […]” (Negrillas
y subrayas fuera de texto).
Sentencia SU – 632 de 12 de octubre de 2017
70. La Corte Constitucional, mediante sentencia SU – 632 de 12 de octubre de
2017120, consideró que la culpabilidad es uno de los elementos que se deben valorar
en los procesos de pérdida de investidura, esto es, determinar “[…] si el demandado
conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó
a esa acción u omisión, aspecto que implica verificar si se está ante una situación de
caso fortuito o fuerza mayor, o en general exista alguna circunstancia que permita
descartar la culpa […]”.
Sentencia de 10 de mayo de 2018
71. Esta Corporación, en sentencia de 10 de mayo de 2018121, consideró que la
omisión del deber de conocer los requisitos y calidades con los que debe contar un
candidato para ser elegido concejal municipal, así como las inhabilidades que le
impiden serlo derivaba en “[…] una conducta negligente de su parte […]”122.
72. En ese sentido, concluyó que “[…] el demandado, por elemental cautela y cuidado,
ha debido conocer las inhabilidades e incompatibilidades aplicables al cargo al cual
120
Corte Constitucional, Sentencia SU – 632 de 12 de octubre de 2017; Magistrado Ponente, doctor José Fernando Reyes
Cuartas.
121
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de mayo de 2018, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación: 170012333000201600473-01.
122
Las consideraciones de esta sentencia fueron reiteradas en otras providencias de la Corporación. Ver Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 16 de mayo de 2019, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón,
Número único de radicación: 810012339000201600056-01; providencia en la cual se consideró que “[…] El proceder del
demandado deriva en negligente, habida cuenta que no verificó el régimen de inhabilidades que rodeaba el cargo al cual
aspiró, pues ello le hubiera permitido percatarse que en su persona se erigía una prohibición para aspirar y ser elegido
Concejal Municipal […]”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 2 de
agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, Número único de radicación: 730012333005201600620-01;
providencia en la cual se consideró que “[…] está claramente establecido en este proceso que no obstante su deber de
conocer estas normas y que el desconocimiento de las mismas no lo exoneraba de la correspondiente responsabilidad […]”;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P.
Hernando Sánchez Sánchez, Número único de radicación: 810012339000201700118-01 y Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 3 de mayo de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Número
único de radicación: 760012333000201800572-01; providencias en las cuales se consideró que “[…] No hay prueba en el
expediente que permita determinar que el Concejal demandado obró con el cuidado requerido y así definir si su conducta es
culposa o si, por el contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa que impida el reproche subjetivo de su
obrar. Al respecto, cabe precisar que el artículo 9.º del Código Civil, según el cual, “[…] la ignorancia de las leyes no sirve de
excusa […]”.
62
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
pretende aspirar, sin que esté demostrado en el plenario que actuó de forma diligente
[…]”.
Sentencia de 11 de junio de 2020
73. Esta Corporación, en sentencia de 11 de junio de 2020 123, hizo referencia al
artículo 4 de la Constitución Política, según el cual “[…] [e]s deber de los nacionales
[…] acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades […]” y
reiteró el contenido del artículo 9.º del Código Civil, en el cual se indica que “[…] la
ignorancia de las leyes no sirve de excusa […]”.
74. Asimismo, resaltó que el estudio del elemento subjetivo requería el análisis del
dolo y la culpa, entendido el primero como la intención positiva de lesionar un interés
jurídico; entretanto, la segunda atañía a un concepto que está ligado a la diligencia
debida para el desarrollo de determinada actividad.
75. En ese sentido, concluyó que para llegar a definir si una conducta era dolosa o
gravemente culposa se debían analizar los elementos que constituían el aspecto
subjetivo de la misma, los cuales correspondían al conocimiento tanto de los hechos
como de la ilicitud de la conducta; es decir, se debía determinar si el sujeto conocía o
debía conocer que su comportamiento resultaba contrario al ordenamiento jurídico.
76. De igual forma, indicó que, por un lado, en los casos en los cuales se probara que
el demandado conocía plenamente que su comportamiento era constitutivo de una
causal de pérdida de investidura, estaríamos ante una situación de total intención en
la realización de la misma y, por ende, de un grado de culpabilidad doloso; y por el
otro, en aquellos eventos en los que se concluyera que el sujeto no conocía la ilicitud
de su conducta pero, en virtud de la diligencia requerida para el desarrollo de su
actividad, debía saber que la misma resultaba contraria a derecho y adoptar las
medidas para evitar su realización, se estaría ante un comportamiento culposo, de no
mediar sólidas circunstancias que se lo hubieran impedido.
Sentencia de 11 de marzo de 2021
77. Esta Corporación, en sentencia de 11 de marzo de 2021 124, consideró que “[…]
no cualquier gestión permite demostrar diligencia y cuidado por parte de quien es
acusado de haber incurrido en una inhabilidad u otra causal de pérdida de investidura;
y por el solo hecho de haber elevado una consulta o formulado una inquietud a una
entidad de derecho público o a un particular, se deba tener por superada la censura
de su conducta. Precisamente […] el análisis de la culpabilidad del demandado no se
agota allí, sino que el Juez tiene la obligación de auscultar las singularidades de cada
caso en aras de calificar el comportamiento desplegado por el demandado […]”.
78. Asimismo, señaló que en los conceptos jurídicos y opiniones solicitados a
entidades públicas, cuerpos u órganos consultivos, así como las asesorías jurídicas
requeridas a profesionales del derecho, se debe propender por la formulación correcta
y completa de las preguntas, con el acompañamiento, de ser necesario, de la
documentación y elementos que permitan su debida comprensión, inquietud que debe
coincidir con los supuestos fácticos y jurídicos que son verdaderos motivos de duda
y que podrían encuadrar en la causal de pérdida de investidura; y de la respuesta del
asunto que se ha encomendado, las apreciaciones o recomendaciones jurídicas
123
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 11 de junio de 2020, C.P.
Hernando Sánchez Sánchez, Número único de radicación: 170012333000201800611-02.
Las consideraciones de esta sentencia fueron reiteradas en otras providencias de la Corporación. Ver Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 26 de agosto de 2021, C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés. Número único de radicación: 630012333000202000417-01.
124
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia 11 de marzo de 2021, C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón, Número único de radicación: 150012333000202000065-01.
63
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
vertidas en los conceptos y asesorías deben ser conclusivas y contener medianos
criterios de idoneidad, congruencia, pertinencia y sustentación razonada en su
elaboración, de modo tal que de estos se desprenda un convencimiento justificado,
defendible y razonable de no estar incurso en una conducta constitutiva de pérdida
de investidura.
La conducta dolosa o gravemente culposa
79. Visto el artículo 1.° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4.° de la Ley 2003.
80. Para efectos de la configuración de una conducta dolosa se deben determinar,
por un lado, el conocimiento del sujeto en relación con que determinada conducta -en
este caso, haber incurrido en inhabilidad- se encontraba prohibida por la Constitución
Política y la ley.
81. Y, por el otro, que la voluntad del sujeto se dirigió a realizar la acción contraria a
derecho. Ante el conocimiento, la ejecución de la conducta demuestra la intención en
la misma.
82. Asimismo, la pérdida de investidura tendrá lugar si la conducta es “gravemente
culposa”, lo que conlleva a que debe ser inexcusable. […]” (negrilla y subrayado del
texto)
177. Se advierte, en relación con las condiciones personales que indica el apelante
no fueron analizadas por la primera instancia, que no es posible valorar el “[…]
ACTA DE DECLARACIÓN FINES EXTRAPROCESALES (…) DECLARACIÓN
No. Cinco mil cinco 5005 […]” (negrilla del texto) en la cual se refirió a su formación
académica y oficio desempeñado puesto que, se reitera, mediante auto de 7 de
marzo de 2025125, se decidió negar el decreto de las pruebas solicitadas en segunda
instancia.
178. El accionado no allegó pruebas relacionadas con la condición personal a la que
alude en su recurso de apelación, esto es, ser bachiller, sin experiencia en el sector
público y sin conocimiento en tecnología; no obstante, la revisión de los requisitos y
el estudio del marco normativo que rige el cargo que se aspira, en este caso, el de
concejal municipal, es una obligación general que no se reduce o minimiza por
efecto de carecer de formación técnica, tecnológica o universitaria o que no se
cuente con experiencia en el sector público.
179. No puede entenderse como el accionado, al momento de tomar posesión del
cargo de concejal del municipio de Acacías, período 2024-2027, haya jurado
defender la Constitución Política y las leyes de la República y desempeñar fielmente
los deberes del cargo, conforme consta en el Acta núm. 1 que da cuenta de la sesión
de inauguración del concejo municipal realizada el 2 de enero de 2024 126 y ahora
alegue que desconoce las normas que establecen los deberes del cargo que, se
insiste, juró desempeñar fielmente.
125
Cfr. Índice 7, SAMAI.
126
Cfr. Índice 2, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240017500.
64
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
180. Dentro de ese marco normativo que ha debido conocer el accionado se
encuentra el artículo 70 de la Ley 136, que impone el deber de presentar
impedimento para participar en los debates o votaciones respectivas cuando exista
interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o
compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios
de derechos o de hecho, y asimismo, el artículo 11 de la Ley 1437, que establece
las situaciones en las cuales todo servidor público que deba adelantar o sustanciar
actuaciones administrativas debe presentar impedimento.
181. La Sala127 ha destacado la importancia de esta obligación general en cabeza de
quien pretende desempeñar cargos de elección popular, en la siguiente forma:
“[…] Y es que, para cualquier profesión u oficio, es indispensable que quien quiera
desempeñarlo tenga los conocimientos que se requieren, y más cuando la profesión
u oficio compromete el interés de una colectividad. El ejercicio de un cargo de elección
popular exige entonces que quien se presente al mismo se entere de las condiciones
en que debe desempeñarlo, pues su comportamiento compromete seriamente el
bienestar de la población. Por ello, alegar que no se incurre en culpa porque se
desconoce la ley, dada la formación que el elegido tiene, es pretender que se
admita que quien desempeña tan delicadas funciones en una democracia llegue
a ocupar el cargo sin los conocimientos que debe tener para ello, lo que resulta
inadmisible. […]” (negrilla y subrayado fuera del texto)
182. El accionado pretende excusarse de su responsabilidad aludiendo,
exclusivamente a la ignorancia del marco normativo que regula el ejercicio del cargo
que ejerce, esto es, el de concejal, y por ello, entender que actuó con la convicción
errada e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria.
183. Al respecto, la Sala128 ha advertido que:
“[…] 137. Es importante tener en cuenta que no es suficiente que el Concejal ponga
de presente la convicción que tenía sobre la rectitud o validez de su conducta, sino
que es necesario que el juez de la pérdida de investidura analice si la persona estaba,
o no, en condiciones de superar el error129, en virtud de la diligencia requerida para el
desarrollo de su actividad; en ese marco, no basta con que se alegue por el miembro
de la corporación pública de elección popular que obró de buena fe o bajo una íntima
convicción, sino que debe acreditar la buena fe calificada, motivada por un error
invencible, ya porque actuó al amparo de la jurisprudencia vigente para la época, o
se asesoró adecuadamente, y pese a ello incurrió en la conducta reprochable. […]”
184. No es posible estimar que la conducta del accionado al participar y votar en el
procedimiento administrativo llevado a cabo por el Concejo Municipal de Acacías
para elegir a quien ocuparía el cargo de secretario general pese a encontrarse en
la situación descrita en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437 pueda estar
cobijada por la buena fe calificada, motivada por un error invencible.
127
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Oswaldo Giraldo
López. Sentencia de 15 de mayo de 2025. Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00220-01.
128
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 5 de septiembre de 2024. Radicación núm.: 81001-23-39-000-2024-00014-01.
129
O, en otras palabras, si incurrió en la conducta por un error invencible, del cual no es posible sustraerse.
65
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
185. En efecto, el accionado no acreditó, conforme lo han previsto las decisiones de
esta Sección130, que actuó conforme la jurisprudencia vigente para la época que
sucedieron los hechos o que procuró tener una asesoría adecuada frente a la
situación en la que se encontraba o que se hubiere presentado otra circunstancia
que lo haya hecho incurrir en error.
186. El concejal accionado no obró con la diligencia requerida, puesto que, se reitera,
no hizo una verificación de las normas que establecían el régimen de conflicto de
intereses del procedimiento administrativo en el que participaba y en el cual debía
adoptar una decisión, lo cual constituye una conducta inexcusable y por
consiguiente gravemente culposa que, según se ha explicado por esta Sección131:
“[…] “[…] es la propia de las personas negligentes o de poca prudencia […] que
desconoce normas constitucionales y legales [que] […] los concejales deben conocer,
de un lado, porque la ignorancia de la ley no sirve de excusa al tenor del artículo 9°
del Código Civil y, por el otro, porque son disposiciones que regulan […]”44, en este
caso, el ejercicio del cargo de elección popular. […]”
187. La sentencia de primera instancia aludió a los programas que la Escuela
Superior de Administración Pública y las instituciones de educación superior están
autorizadas para ofrecer, de forma gratuita, para la capacitación de, entre otros
servidores públicos, los concejales, de acuerdo con la Ley 1368 de 29 de diciembre
de 2009132, modificada por la Ley 1551 de 6 de julio de 2012 133, así como al curso
virtual de inducción a concejales electos para el período 2024-2027, para resaltar la
falta de diligencia, prudencia y cuidado que demostró el accionado para acercarse
al conocimiento del marco normativo aplicable al cargo que ocupa y no para
cuestionar, en concreto su asistencia o no a dicho curso, pues el argumento del
accionante se radica en la ignorancia de la ley y en la existencia de un error
invencible que no podía superar y que se contrapone, se insiste, a la obligación
general de revisar dicho marco normativo.
188. Se añade a lo expuesto que esta Sala134 ha establecido que no es posible la
aplicación de las causales de eximentes de responsabilidad que se encuentran
previstas en las normas disciplinarias, como lo refiere el accionado, en la siguiente
forma:
“[…] Es en este sentido que la Sala itera que las disposiciones contenidas en el
estatuto disciplinario, incluidas no solo las que instituyen faltas o prohibiciones sino
130
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 5 de septiembre de 2024. Radicación núm.: 81001-23-39-000-2024-00014-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López.
Sentencia de 15 de mayo de 2025. Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00220-01.
131
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 1. ° de agosto de 2024. Radicación núm.: 050012333000 202400019 01 y 050012333000 202400038
01 (Acumulado).
132
“[…] Por medio de la cual se reforman los artículos 66 y 67 de la Ley 136 de 1994 y se dictan otras disposiciones. […]”
133
“[…] Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]”
134
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Marg oth Peña
Garzón. Sentencia de 17 de julio de 2025. Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00081-01.
66
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
también, como en el caso concreto, que establecen causales exonerativas de
responsabilidad disciplinaria, no operan con fines de pérdida de investidura,
por cuanto si bien ambos procesos implican la manifestación del poder punitivo del
Estado, responden a actuaciones autónomas de distintas naturaleza y finalidad, uno
se desarrolla en sede administrativa y otro en jurisdiccional, no está previsto que la
inobservancia de las normas disciplinarias acarree la desinvestidura de los
corporados, y el principio de taxatividad que gobierna a este proceso judicial no
admite interpretaciones extensivas o analógicas en el análisis de sus causales135.
Bajo tales circunstancias, no es de recibo la invocación y aplicación del artículo 31 de
la Ley 1952, que hace el concejal en su recurso de apelación, sobre las causales
exonerativas de responsabilidad disciplinaria en el proceso de pérdida de investidura,
ni mucho menos indicar que dichas causales son aplicables en virtud de lo expresado
en la sentencia SU-073/20136, pues, en consonancia con lo argumentado por el
Ministerio Público, no se observa que el Consejo de Estado o la Corte Constitucional
hayan señalado que a los juicios de pérdida de investidura se apliquen esas causales
de exclusión disciplinarias. […]” (negrilla y subrayado del texto)
189. Se pone de presente que este asunto no puede considerarse, como lo hace el
accionado, similar al juzgado en el expediente núm. 11001 03 15 000 2022 05556
00.
190. En el citado expediente, siguiendo la sentencia de 28 de noviembre de 2023,
proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación137,
se juzgó la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 1. del artículo
183 de la Carta Política, esto es, la violación del régimen de inhabilidades e
incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses, por haber incurrido el
accionado en la inhabilidad contenida en el numeral 3. del artículo 179 de la Carta
Política, consistente en haber intervenido en gestión de negocios ante entidades
públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de
terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administran tributos
o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la
elección.
191. En el presente asunto, se juzga la violación del régimen de conflicto de
intereses, causal de pérdida de investidura prevista en los artículos 55, numeral 2.,
y 70 de la Ley 136 y en el artículo 48, numeral 1., de la Ley 617.
192. Adicionalmente, los argumentos expuestos en relación con el elemento
subjetivo que se realizaron en la mencionada sentencia de 28 de noviembre de 2023
respondieron a las condiciones personales del accionado y a los medios de prueba
allegados a ese expediente, así:
“[…] Estos documentos dan cuenta de que para el año dos mil veintiuno (2021) el
señor Rosales Cadena era una autoridad indígena y que, en efecto, su designación
135
Ver sentencia de 13 de marzo de 2025 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P.
Nubia Margoth Peña Garzón), núm. único de radicado 73001233300020240022101 (PI).
136
Corte Constitucional, sentencia SU 073/20 de 20 de febrero de 2020, M.P. Cristiana Pardo Schlesinger.
137
Mediante esta sentencia se decidió el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 22 de febrero de
2023 por la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura núm. 6, a través de la cual se negaron las pretensiones de
la solicitud de pérdida de investidura.
67
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
como candidato obedeció a una decisión colectiva del pueblo que representaba.
Además, en el acta de (2) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) atrás señalada,
consta el juramento que hizo el entonces candidato ante un “taita”, en el sentido de
comprometerse a que en todo tiempo su gestión se sujetaría “al marco de los usos y
las costumbres” de los pueblos Pastos y Quillacinga, en tanto aceptaba su
designación como candidato como una vocería de esas mismas colectividades.
Adicionalmente, para acreditar el convencimiento que tuvo de que su comportamiento
no contrariaba el ordenamiento jurídico y de su situación frente al tema de las
inhabilidades, el Senador acusado aportó copia del Concepto No. 20216000376021
de diez (10) de octubre de dos mil veintiuno (2021), proferido por el Departamento
Administrativo de la Función Pública (DAFP), en el que consta que el veintidós (22)
de septiembre de ese mismo año ꟷ esto es, antes de su inscripción como candidatoꟷ
el señor Rosales Cadena formuló la siguiente consulta: “¿El representante legal de la
organización “Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama- AICO”, debe
renunciar a dicha representación para poder aspirar al Congreso de la República por
circunscripción nacional especial por comunidades indígenas, en los términos del
numeral 3 del artículo 179 de la Constitución Política, teniendo en cuenta que
suscribió convenios interadministrativos con el Ministerio del Interior? ¿administra
tributos o contribuciones parafiscales que inhabiliten al Representante Legal para
inscribir su candidatura al Congreso de la Republica?”138.
La consulta formulada muestra que si bien el Congresista acusado consideraba que
requería información adicional sobre si su condición de representante legal de AICO
y el hecho de que, en esa calidad, hubiera suscrito convenios administrativos con el
Ministerio del Interior, generaba o no una inhabilidad para su postulación como
Congresista, no tenía dudas concretas sobre la suscripción del contrato N°
202100755 de quince (15) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) ⎯pues nada
incluyó en su consulta sobre este tema⎯, de manera que, por lo menos
indiciariamente, puede considerarse que, en realidad, en su sentir, ese acuerdo
específico no podía ser considerado como constitutivo de la inhabilidad alegada.
De hecho, a lo largo del proceso el Senador acusado sostuvo que ese contrato,
celebrado por la asociación que representaba con el Instituto Departamental de Salud
de Nariño para “prestar sus servicios al Instituto Departamental de Salud, para la
ejecución del proyecto. Establecer acciones para consolidación del modelo de salud
propia e intercultural en el marco de la Guía Metodológica para la construcción de
contenidos de componentes e implementación del SISPI, Pueblo Indígena Quillacinga
de acuerdo a lo establecido en estudios previos”, no había sido suscrito para
beneficiar a un tercero sino para la defensa del interés superior de la comunidad
indígena Quillancinga, argumento que resulta indicativo de la ausencia de dolo o culpa
grave en su actuar.
Así las cosas, la revisión conjunta de lo ocurrido en este caso lleva a considerar
entonces que, en contra de lo alegado por la parte recurrente, la conclusión a la que
llegó la autoridad judicial de primera instancia estuvo debidamente soportada en los
138
Frente a este interrogante, el DFP indicó: “1. El representante legal de la organización “Autoridades Indígenas de Colombia
por la Pacha Mama- AICO” no debe renunciar a dicha representación para poder aspirar al Congreso de la República, toda
vez que no se constituye como un servidor público. // 2. Toda vez que los “convenios interadministrativos” celebrados con el
Ministerio del Interior se realizaron con antelación al 13 de septiembre de 2021 (fecha límite para el término de seis meses de
que trata la prohibición), no se encuentra impedimento para su aspiración al Congreso de la República. // 3. La celebración
de un convenio interadministrativo con una entidad pública, no puede entenderse per se cómo la administración de tributos o
contribuciones parafiscales para efectos de la inhabilidad en estudio, por lo que deberá acudir directamente al Ministerio del
Interior como entidad contratante, para que le informen sobre el origen de los recursos y los objetos de los convenios
desarrollados, toda vez que este Departamento Administrativo en ejercicio de sus competencias legales no puede entrar a
analizar dichas materias, ni definir lo relacionado con temas presupuestales de las entidades públicas.”. PDF denominado
“concepto del DAFP” Disponible en el archivo zip “ADISPOSICIONDELASPARTES_RV__PRONUNCIAMIENTO_” del índice
20 de SAMAI del expediente 2022-05556-00.
68
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
elementos probatorios que obraron en el expediente y, en particular, en los que atrás
fueron reseñados, los cuales impiden concluir que el Congresista acusado conociera
de la ilicitud de su conducta y hubiere decidido, a pesar de eso, incurrir en la
prohibición constitucional que aquí se ha analizado, o que su actuar pudiera ser
calificado como descuidado o negligente, ajeno a los deberes que como candidato
por la circunscripción especial indígena le eran exigibles. […]”
193. De esta manera, no tienen vocación de prosperidad los argumentos que
pretendían cuestionar el elemento subjetivo de culpabilidad que se acreditó en la
sentencia apelada.
II.7. Conclusión
194. La Sala, de acuerdo con las consideraciones expuestas, confirmará el numeral
2.2. “[…] Prueba testimonial. […]” del acápite número 3 “[…] Solicitudes
probatorias […]” del auto de 16 de julio de 2024, en el cual el magistrado
sustanciador del proceso negó la práctica de los testimonios de los señores Luis
Enrique Díaz García, Juan Carlos Basto Morales y Wilson René Ortiz Quishpe.
(Negrilla del texto).
195. Asimismo, encontró configurados los elementos objetivo y subjetivo de la causal
de pérdida de investidura prevista en los artículos 55, numeral 2., de la Ley 136 y
48, numeral 1., de la Ley 617, esto es, la violación del régimen de conflicto de
intereses y, en consecuencia, se impone la confirmación de la sentencia de 4 de
octubre de 2024, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta,
mediante la cual se decretó la pérdida de investidura del señor John Alexander
Casallas Velásquez, concejal del municipio de Acacías, período 2024-2027.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR el numeral 2.2. del acápite número 3 de solicitudes
probatorias del auto de 16 de julio de 2024, proferido por el magistrado sustanciador
del Tribunal Administrativo del Meta, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 4 de octubre de 2024, proferida por la
Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
69
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02
Accionante: Lina Maritza Ordoñez Leal
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta Salva voto
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posteri or
consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.