RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-01937-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01937-01

Fecha
22 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01937-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia del 23 de abril de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta. En su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales de Iván Darío Ramírez Barrios y Julio José Hurtado Leiva, en la solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección Primera. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01937-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

22 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01937-01
Demandante: Iván Darío Ramírez Barrios y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera

Temas: Tutela contra providencia judicial / Pérdida de investidura /
Régimen de conflictos de intereses / Defecto sustantivo, fáctico,
decisión sin motivación y desconocimiento del precedente.
Decisión: Revoca para negar el amparo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la impugnación interpuesta por Iván Darío Ramírez Barrios y Julio
José Hurtado Leiva, en contra de la sentencia proferida el 23 de abril de 2026 por
el Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante la cual se decidió la solicitud de
tutela de la referencia y declaró la improcedencia del amparo.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

1. Iván Darío Ramírez Barrios y Julio José Hurtado Leiva promovieron
solicitud de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos y garantías
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, tutela
judicial efectiva, participación en la conformación del poder político, y acceso y
permanencia en el ejercicio de cargos públicos, con ocasión de la sentencia
proferida el 19 de febrero de 2026 por el Consejo de Estado, Sección Primera, en
el proceso de pérdida de investidura identificado con el radicado 08001-23-33-000-
2025-00171-01.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expusieron lo siguiente1:

1
Archivo obrante en el índice 2 del Samai.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01937-01
Demandante: Iván Darío Ramírez Barrios y otro

2.1. Los demandantes fueron elegidos concejales del municipio de Puerto
Colombia – Atlántico en las elecciones celebradas el 29 de octubre de 2023 para el
período constitucional 2024-2027, quienes se inscribieron como candidatos por el
movimiento político Autoridades Indígenas de Colombia – AICO.

2.2. En las mencionadas elecciones también participó, como candidato al concejo
municipal de Puerto Colombia, Juan Fernando Agámez Rincón, quien integró la
misma lista electoral del movimiento político Autoridades Indígenas de Colombia –
AICO.

2.3. Con posterioridad, el concejo municipal de Puerto Colombia adelantó el
proceso para proveer el cargo de secretario general de la corporación para la
vigencia 2024 y expidió la Resolución 2023-11-08-002 del 8 de noviembre de 2023,
mediante la cual convocó y reglamentó el concurso público y abierto para proveer
el referido cargo.

2.4. En ese proceso de selección participó Juan Fernando Agámez Rincón,
aspirante que obtuvo un puntaje total consolidado de 60,325, siendo el único
participante que alcanzó el umbral requerido para continuar dentro del concurso,
razón por la cual integró la lista de elegibles y su nombre fue sometido a
consideración de la plenaria del concejo municipal de Puerto Colombia para efectos
de su elección.

2.5. El 10 de enero de 2024, el concejo municipal de Puerto Colombia llevó a cabo
sesión ordinaria con el propósito de realizar la votación para proveer el cargo de
secretario general de la corporación y resultó elegido Juan Fernando Agámez
Rincón con 11 votos a favor y 2 votos en contra. En esa votación participaron los
concejales Iván Darío Ramírez Barrios y Julio José Hurtado Leiva.

2.6. Con fundamento en los hechos anteriores, Candelaria De La Cruz Chimas
Acevedo promovió medio de control de pérdida de investidura contra los concejales
Iván Darío Ramírez Barrios y Julio José Hurtado Leiva, al considerar que incurrieron
en violación del régimen de conflicto de intereses por no declararse impedidos para
participar en la elección del secretario general del concejo municipal de Puerto
Colombia según lo preceptuado en el numeral 14 del artículo 11 del CPACA.

2.7. El conocimiento del asunto en primera instancia correspondió al Tribunal
Administrativo del Atlántico que, en sentencia del 24 de junio de 2025, negó las
pretensiones de la demanda al concluir que no se encontraba acreditada la
configuración de un conflicto de intereses en cabeza de los concejales demandados,
pues no se acreditó el beneficio directo o indirecto en los servidores públicos de
elección popular. La parte demandante interpuso recurso de apelación.

2.8. El Consejo de Estado, Sección Primera, en sentencia del 19 de febrero de
2
2026 , revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declaró la pérdida de

2
Los demandados en el proceso de pérdida de investidura solicitaron la aclaración de la sentencia
del 19 de febrero de 2026, en cuanto al alcance de algunos conceptos utilizados en la parte
considerativa, sin embargo, el Consejo de Estado, Sección Primera, en providencia del 26 de marzo

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01937-01
Demandante: Iván Darío Ramírez Barrios y otro

investidura de los concejales Iván Darío Ramírez Barrios y Julio José Hurtado Leiva
con el argumento de que su participación en la votación mediante la cual se eligió
al secretario general del concejo municipal configuraba una violación del régimen
de conflicto de intereses, derivada del hecho de haber integrado igual lista electoral
con el funcionario elegido, además concluyó que en el caso concreto se encontraba
acreditado el elemento subjetivo de la conducta con lo cual descartó que la
invocación de buena fe por parte de los demandantes resultara suficiente para
excluir la culpabilidad exigida en materia de pérdida de investidura. La providencia
acusada fue notificada de manera electrónica el 4 de marzo de 2026 y por estado
el 6 del mismo mes y año.

2.9. Se vulneraron sus derechos fundamentales al incurrir en los siguientes
defectos especiales:

2.9.1. Defecto sustantivo porque se aplicó de forma incorrecta el régimen de
conflicto de intereses al calificar como reprochable una conducta que no configuraba
una incompatibilidad real ni determinante, según lo preceptuado en el numeral 14
del artículo 11 del CPACA.

2.9.2. Defecto fáctico ya que se realizó una valoración probatoria incompleta o
irrazonable, en tanto no consideró que el voto de los demandantes no incidió en el
resultado final de la elección.

2.9.3. Decisión sin motivación, en tanto no se justificó de manera suficiente por qué
la conducta atribuida ameritaba la sanción máxima de pérdida de investidura.

2.9.4.Desconocimiento del precedente: Se ignoraron criterios jurisprudenciales
relevantes sobre conflicto de intereses en corporaciones públicas.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitaron:

«[…] 6.2. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el diecinueve (19) de febrero de
2026 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, dentro del proceso de pérdida de investidura radicado bajo el No. 08001-23-33-
000-2025-00171-00/01, mediante la cual se revocó la decisión de primera instancia y, en
su lugar, se declaró la pérdida de investidura de los señores IVÁN DARÍO RAMÍREZ
BARRIOS y JULIO JOSÉ HURTADO LEIVA.

6.3. ORDENAR a la autoridad judicial accionada que, dentro del término que se le señale,
profiera una nueva decisión en la que resuelva el recurso de apelación con estricto
respeto de los derechos fundamentales amparados y de los parámetros constitucionales
desarrollados en el fallo de tutela, valorando integralmente las circunstancias particulares
del caso, la dimensión democrática comprometida, la incidencia material de la
participación de los accionantes en la elección cuestionada, y el carácter subjetivo del
juicio de pérdida de investidura.

6.4. ORDENAR, como consecuencia de lo anterior y conforme se solicita en escrito de
medidas cautelares, la suspensión de los efectos jurídicos derivados de la sentencia

de 2026, negó tal requerimiento por considerar que aquella no contenía frases que ofrecieran motivos
de duda en sus partes considerativa o resolutiva.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01937-01
Demandante: Iván Darío Ramírez Barrios y otro

cuestionada, hasta tanto se profiera la nueva decisión que deba adoptarse en
cumplimiento del fallo de tutela, en caso de que ello resulte necesario para garantizar la
efectividad del amparo. […]» [sic].

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Consejo de Estado, Sección Primera3 solicitó que se declarara improcedente
o, en subsidio se negara el amparo porque no cumple el requisito de subsidiariedad
al encontrarse el proceso aún en trámite (pendiente de resolver solicitud de
aclaración) y carecer de relevancia constitucional al limitarse a controvertir aspectos
ya decididos por el juez natural, pretendiendo usar la tutela como tercera instancia;
también, argumentó que no se vulneraron derechos fundamentales, ya que la
decisión cuestionada se fundamentó en la normatividad y jurisprudencia aplicables
sobre conflicto de intereses, configurándose tanto el elemento objetivo como el
subjetivo (culpa grave) por lo que no se configuraron los defectos sustantivo, fáctico,
falta de motivación, desconocimiento del precedente o violación directa de la
Constitución.

5. Candelaria de la Cruz Chimas Acevedo4 pidió declarar la improcedencia y, en
subsidio, se negar el amparo con el argumento de que la tutela busca reabrir un
debate ya decidido en el proceso ordinario de pérdida de investidura,
desconociendo su carácter excepcional y pretendiendo convertirla en una tercera
instancia. Sostuvo que no se cumple el requisito de subsidiariedad ni existe
relevancia constitucional, pues se trata de una simple discrepancia con la
interpretación jurídica adoptada por el Consejo de Estado, y afirmó que la
providencia cuestionada no incurrió en defectos sustantivos ni fácticos, estaba
motivada de manera adecuada, se ajustó al precedente y a la Constitución, tuvo
suficiente sustento probatorio —especialmente la pertenencia a la misma lista
electoral, la participación en la votación y la ausencia de impedimento—, y que el
conflicto de intereses se configuró por la sola intervención del servidor público, sin
que sea relevante si su voto fue decisivo, por lo que concluyó que no hubo
vulneración de derechos fundamentales.

6.El Tribunal Administrativo del Atlántico y los demás terceros interesados
guardaron silencio.

1.3. Sentencia de primera instancia5

8. El Consejo de Estado, Sección Quinta, en sentencia del 23 de abril de 2026
declaró la improcedencia la solicitud de tutela por falta de relevancia constitucional,
pues se empleó la tutela como una tercera instancia y al promoverse contra una

3
Archivo obrante en el índice 15 del Samai.
4
Archivo obrante en el índice 17 del Samai. En calidad de tercera interesada por fungir como
demandante en el proceso de pérdida de investidura.
5
Ver índice 33 de Samai. Uno de los magistrados que conformaron la Sala de decisión salvó su voto
en el sentido de indicar que los yerros en el estudio de los presupuestos fácticos del caso pudieron
derivar, a su vez, en la posible configuración de un defecto sustantivo, ya que la Sección Primera del
Consejo de Estado asimiló una causal de impedimento a una de pérdida de investidura, lo cual
desconoce la naturaleza sancionatoria de este proceso, así como el principio de interpretación
restrictiva de las sanciones, en especial de aquellas que inciden en el ejercicio de los derechos
políticos.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01937-01
Demandante: Iván Darío Ramírez Barrios y otro

providencia judicial, es indispensable que la parte demandante, además de
identificar los yerros de los cuales adolece la decisión, así como las garantías
superiores que considera vulneradas, exponga con suficiencia las razones del
porqué el asunto más allá de una discrepancia con lo resuelto implique la
intervención del fallador de esta sede.

1.4. Escrito de impugnación6

9. La parte demandante presentó escrito de impugnación contra la sentencia
proferida en primera instancia con el argumento de que confundió el análisis de
procedencia con el estudio de fondo, redujo un debate constitucional a uno legal,
desconoció la gravedad de la sanción de pérdida de investidura frente a derechos
políticos y al debido proceso, tergiversó los argumentos de la tutela sobre el conflicto
de intereses, ignoró la pertinencia del precedente de la Sentencia SU-082 de 2026
de la Corte Constitucional y omitió valorar adecuadamente el contexto fáctico (como
el procedimiento meritocrático y la incidencia real del voto), insistió en que la tutela
sí plantea defectos sustantivos, fácticos y de motivación en la providencia
cuestionada, y además solicitó como medida provisional la suspensión de los
efectos de la pérdida de investidura para evitar un perjuicio irremediable mientras
se resuelve de fondo el amparo.

2. Consideraciones

10. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) problema jurídico; iii)
procedencia de la tutela y marco jurídico aplicable; y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

11. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20007 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20198, esta Sala es
competente para conocer la impugnación contra la sentencia de tutela proferida por
el Consejo de Estado, Sección Quinta.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

12. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado9 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema10. Al respecto señaló lo
siguiente:

6
Ver índice 42 de Samai.
7
Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
8
Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González
10
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01937-01
Demandante: Iván Darío Ramírez Barrios y otro

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

13. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

11
14. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para establecer
la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la
protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional.
En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar además contra
decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

15. Ahora bien, la Corte Constitucional12 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que
se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

16. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos13, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los
requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de
tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales14.

11
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina, C.P.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
13
Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo

6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01937-01
Demandante: Iván Darío Ramírez Barrios y otro

17. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema Jurídico

18. La Sala deberá definir: ¿si el Consejo de Estado, Sección Primera vulneró los
derechos fundamentales de Iván Darío Ramírez Barrios y Julio José Hurtado Leiva
con ocasión de la sentencia del 19 de febrero de 2026, mediante la cual revocó el
pronunciamiento de primera instancia para, en su lugar, declarar la pérdida de
investidura de los demandantes en su condición de concejales del municipio de
Puerto Colombia, con la que incurrió, presuntamente, en defecto sustantivo, fáctico,
decisión sin motivación y desconocimiento del precedente?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

19. En relación con el requisito de relevancia constitucional, contrario a lo señalado
por el a quo, se entiende superado, toda vez que los defectos alegados puede llevar
consigo una violación de derechos fundamentales, los cuales constituyen bienes
jurídicos constitucionalmente amparados.

20. Aclarado lo anterior, la Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad
de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que
invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

21. En este punto, se precisa que, si bien la demandante alegó la configuración de
los defectos sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente, violación directa
de la constitución, así como de falta de motivación, lo cierto es que los argumentos
expuestos respecto de este último se subsumen en los inicialmente mencionados,
por lo que el estudio se dirigirá únicamente en cuanto a aquellos.

2.4.2. Del defecto sustantivo

22. La Corte Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta
una decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una
norma evidentemente inaplicable al caso concreto15. En su jurisprudencia, la
corporación ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que,
si bien los jueces gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y
aplicar normas jurídicas, esta no es una facultad absoluta16, para lo cual precisó que
los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios,
derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.

23. El alto tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en
las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: i) la sentencia se fundamenta en
una norma que no es aplicable; ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación

15
Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
16
Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01937-01
Demandante: Iván Darío Ramírez Barrios y otro

o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de
razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses
legítimos de las partes o es manifiestamente errada; iii) no se toman en cuenta
sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; iv) la disposición
aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; v) no se efectúa una
interpretación sistémica de la norma; y vi) se desconoce la norma constitucional o
legal aplicable al caso.

24. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales 17.

2.4.3. Del defecto fáctico

25. En primer lugar, se advierte que el defecto fáctico que se le atribuye a la
sentencia objeto de análisis, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional18, tiene
una dimensión negativa y otra positiva.

26. La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez
omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los
hechos analizados por el juez»19, «o cuando sin razón valedera da por no probado
el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente»20. La
segunda, se acredita cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido
admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»21.

27. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, sólo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

2.4.4. Desconocimiento del precedente judicial

28. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se
recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política
permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes
relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para
promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la
predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las
normas jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo

17
Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018
18
Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,
T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
19
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, MP Antonio Barrera Carbonell
20
Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,
Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
21
Sentencia T-538 de 1994.

8

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01937-01
Demandante: Iván Darío Ramírez Barrios y otro

adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones
judiciales, presupuesto esencial del Estado Social de Derecho.

29. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión
previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos
o semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver
el juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de
igualdad. El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de
seguir el curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias
previas, salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan
modificarlo.

30. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de
la modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de
cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.

31. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia,
identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las
razones que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional, y
precisando por qué esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden
jurídico además de ello reporta mayores beneficios que el detrimento en la
seguridad jurídica y la igualdad que se derivara de la desobediencia al precedente.

2.4.5. Violación directa de la Constitución Política

32. Se recuerda que fue concebida, en un principio, como un defecto sustantivo,
el cual se consolidó como un requisito de procedencia específico autónomo a partir
de las sentencias T-949 de 2003 y C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.

33. Posteriormente el Alto Tribunal de lo Constitucional, en sentencia SU-069 de
2018, señaló que esta causal se configura «a partir del desconocimiento de los
jueces de aplicar la Constitución, conforme con el mandato consagrado en el artículo
4º de la Carta que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados»,
el cual puede configurarse por dos hipótesis:

34. La primera se refiere a que no se aplica una norma fundamental al caso en
estudio, lo cual puede suceder en tres supuestos, cuando en la solución del caso
(a) se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata; y (c) en las decisiones se vulneraron derechos fundamentales y no se
tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01937-01
Demandante: Iván Darío Ramírez Barrios y otro

35. La segunda, se presenta cuando se aplica la ley al margen de los preceptos
consagrados en la Constitución Política, es decir, que no se aplica la excepción de
inconstitucionalidad contenida en el artículo 4 constitucional cuando exista
incompatibilidad con las disposiciones legales.

2.4.6. Sobre el caso concreto

36. Iván Darío Ramírez Barrios y Julio José Hurtado Leiva acudieron al juez de tutela
con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se
dejara sin efectos la sentencia proferida el 19 de febrero de 2026 por el Consejo de
Estado, Sección Primera, con la que revocó la sentencia de primera instancia y, en
su lugar, declaró la pérdida de investidura de los aquí demandantes en su condición
de concejales del municipio de Puerto Colombia con el argumento de que su
participación en la votación mediante la cual se eligió al secretario general del
concejo municipal configuraba una violación del régimen de conflicto de intereses,
derivada del hecho de haber integrado igual lista electoral con el funcionario elegido.

37. Lo anterior, por cuanto la referida decisión judicial incurrió defectos sustantivo,
fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la constitución
política. Lo anterior, al aplicar de manera indebida el régimen de conflicto de
intereses, valorar de manera insuficiente o irrazonable las pruebas, en especial al
no considerar que la participación de los demandantes no fue determinante en el
resultado de la elección, no justificar adecuadamente la imposición de una sanción
tan grave como la pérdida de investidura, apartarse sin justificación de criterios
jurisprudenciales aplicables y afectar de manera desproporcionada derechos
fundamentales como el debido proceso y la participación política.

38. Al descender al caso concreto, debe reiterarse que el Tribunal Administrativo
del Atlántico, en sentencia del 24 de junio de 2025, negó las pretensiones de la
demanda al concluir que no se encontraba acreditada la configuración de un
conflicto de intereses en cabeza de los concejales demandados, pues no se probó
el beneficio directo o indirecto en los servidores públicos de elección popular.

39. La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que insistió en que
los concejales demandados compartieron lista por el mismo movimiento político en
igual periodo que Juan Agámez Rincón (quien fue elegido secretario del concejo)
por lo que se configuró la causal objetiva de impedimento que no exigía prueba del
beneficio directo, particular y actual, se confundieron los términos de convocatoria y
concurso de méritos, los concejales debían conocer el régimen jurídico aplicable al
cargo por lo que actuaron con culpa grave y el secretario de los concejos
municipales cumple funciones relevantes dentro la institucionalidad por lo que su
elección debía adelantarse con sujeción a los principios de transparencia e
imparcialidad.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01937-01
Demandante: Iván Darío Ramírez Barrios y otro

40. El Consejo de Estado, Sección Primera, en sentencia del 19 de febrero de
22
2026 , revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declaró la pérdida
de investidura de los concejales Iván Darío Ramírez Barrios y Julio José Hurtado
Leiva, de tal manera, al revisar el expediente contentivo del radicado 08001-23-33-
000-2025-00171-01, se evidencia que, contrario a lo afirmado por la parte
demandante, del contenido de la decisión acusada es posible avizorar una
motivación suficiente y coherente que justifica su sentido, pues la corporación
judicial demandada se pronunció sobre cada uno de los argumentos en los que giró
la controversia planteada.

41. Al respecto, comenzó por revisar la normatividad y jurisprudencia23 en las cuales
se señaló que en materia de pérdida de investidura es posible acudir a la causal de
impedimento prevista en el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 para
concretar que la participación de los demandados en la votación mediante la cual
se eligió al secretario general del concejo municipal configuraba una violación del
régimen de conflicto de intereses, derivada del hecho de haber integrado igual lista
electoral con el funcionario elegido, de tal forma consideró:

«[…] 72. Así las cosas, se presentó en los concejales accionados un interés partidista
que les impedía participar en el trámite de elección de quien había sido su compañero
de lista por el mismo movimiento político, en las elecciones realizadas en el año 2023,
el cual debía realizarse con sujeción a los principios de transparencia, objetividad e
igualdad.

73. Conforme se indicó anteriormente, la jurisprudencia tiene establecido que: i) el
artículo 11 de la Ley 1437 enlista las circunstancias de conflicto de interés y causales de
impedimento y recusación para todo servidor público; ii) el artículo 123 de la Constitución
Política señala que son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas,
incluidos por lo tanto los concejales, razón por la cual resulta aplicable la causal de

22
Los demandados en el proceso de pérdida de investidura solicitaron la aclaración de la sentencia
del 19 de febrero de 2026, en cuanto al alcance de algunos conceptos utilizados en la parte
considerativa, sin embargo, el Consejo de Estado, Sección Primera, en providencia del 26 de marzo
de 2026, negó tal requerimiento por considerar que aquella no contenía frases que ofrecieran motivos
de duda en sus partes considerativa o resolutiva.
23
Al respecto, se sustentó en varios pronunciamientos de esta corporación judicial, tales como: i)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente:
Roberto Augusto Serrato Valdés. Sentencia de 19 de septiembre de 2019. Radicación: 13001 23 33
000 2018 00738 01(PI). Ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia de 3 de marzo de 2023.
Radicación: 25000 23 15 000 2022 01015 01. Iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia de 11
de mayo de 2023. Radicación: 25000 23 15 000 2022 01016 01. Iv) Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón.
Sentencia de 14 de septiembre de 2023. Radicación: 25000 23 15 000 2022 01014 01. V) Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Hernando
Sánchez Sánchez. Sentencia de 6 de marzo de 2025. Radicación: 50001 23 33 000 2024 00321 01.
Vi) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente:
Nubia Margoth Peña Garzón. Sentencia de 2 de mayo de 2025. Radicación: 25000 23 15 000 2024
00502 01. Vii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Consejera ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Sentencia de 24 de julio de 2025. Radicación:
05001 2333 000 2024 01329 02. Viii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Sentencia de 28 de agosto de
2025. Radicación: 23001 2333 000 2024 00197 01. Ix) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente (e): Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
Sentencia de 30 de octubre de 2025. Radicación: 05001-23-33-000-2025-00218-01. X) Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Germán
Eduardo Osorio Cifuentes. Sentencia de 27 de noviembre de 2025. Radicación: 50001-23-33-000-
2024-00175-02.

11

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01937-01
Demandante: Iván Darío Ramírez Barrios y otro

impedimento prevista en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 143752 y; iii) la elección
de secretario general constituye un procedimiento administrativo.

74. Por demás, resulta importante destacar que el régimen de conflicto de intereses y las
causales de impedimento y recusación aplican a “[…] todo servidor público […]”,
incluidos los de elección popular y esta regulación resulta complementaria con las Leyes
136 y 617, sin ser excluyentes entre sí, toda vez que la Ley 1437 introduce una
enunciación, de forma anticipada, de los supuestos que deben ser materia de
declaratoria de impedimento y en ellos el legislador consideró que se encuentra inmerso
un interés directo, particular y actual.

75. En estas condiciones, la manifestación del impedimento era esperable por parte de
los concejales. Este deber resulta exigible incluso cuando la actuación se realiza a través
de una convocatoria pública o concurso de méritos, porque si bien, en principio, la
convocatoria pública está diseñada para garantizar la idoneidad del aspirante, esta
circunstancia no elimina per se la existencia de situaciones de orden moral o económico
en los servidores públicos elegidos por voto popular que les impida participar con la
ecuanimidad y la transparencia en el cumplimiento de esta función encomendada a estas
corporaciones públicas de elección popular.

76. A partir de lo anterior, para la Sala se configuró el interés particular que les asistía a
los accionados al haber participado en la elección del cargo de secretario al concejo para
favorecer a quien había sido su compañero de lista por el mismo movimiento político y
en el mismo período electoral en el que resultaron elegidos como concejales. […]». (sic)

42. Asimismo, analizó los supuestos fácticos acreditados para concluir que se
demostró la participación efectiva en el respectivo trámite sin manifestar su
impedimento para actuar o recusación alguna para tales efectos en un asunto de su
competencia, de tal forma consideró:

«[…] 77. De acuerdo con el Acta 002 de 10 de enero de 2024, la duma de Puerto
Colombia se reunió para efectuar la elección del secretario del concejo municipal para la
vigencia 2024; los concejales Iván Darío Ramírez Barrios y Julio José Hurtado Leiva
asistieron a esa reunión; con su presencia contribuyeron a la conformación del cuórum
decisorio y votaron positivamente a favor del señor Juan Fernando Agámez, quien había
integrado la lista por el movimiento Autoridades Indígenas de Colombia – AICO en las
elecciones realizadas el 29 de octubre de 2023, sin que exista prueba de haber
manifestado su impedimento o de haber sido recusados, aspecto que, en todo caso, no
fue objeto de debate o discusión.

78. Por otro lado, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 136, el concejo municipal elegirá
un secretario para un período de un año, reelegible a criterio de la corporación y su
primera elección se realizará en el primer período legal respectivo.

79. Además, conforme lo ha indicado la Sala Plena y esta Sección el conflicto de interés
no se circunscribe a asuntos de naturaleza normativa, sino también a otras materias
como las de naturaleza electoral. En este sentido, conforme lo ha señalado la
jurisprudencia “[…] el impedimento no solo puede darse cuando se trate del ejercicio de
las funciones puramente legislativas del Congreso sino cuando se trate de las otras
funciones de ese órgano como las funciones de control político, las administrativas, las
judiciales y las electorales. […]”. […]». (sic)

43. Por su parte, en cuanto a la configuración del elemento subjetivo del juicio de
responsabilidad en el proceso de pérdida de investidura, estableció que aquel no se
logró desvirtuar porque su conducta no estuvo amparada en la jurisprudencia del
Consejo de Estado, ni tampoco demostraron que el concepto aportado en el proceso
reúna criterios de razonabilidad e idoneidad ni que hubiesen revisado la

12

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01937-01
Demandante: Iván Darío Ramírez Barrios y otro

jurisprudencia aplicable en relación con la causal de pérdida de investidura por
violación del conflicto de intereses que se les reprocha, por lo siguiente:

«[…] 80. El artículo 1. de la Ley 1881, modificado por el artículo 4. de la Ley 2003,
establece que el proceso sancionatorio de pérdida de investidura “[…] es un juicio de
responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en contra de los congresistas que, con
su conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren incurrido en una de las causales de
pérdida de investidura establecidas en la Constitución […]”. Para establecer el grado de
responsabilidad es necesario demostrar el dolo o la culpa grave.

81. La Corte Constitucional, a partir de la sentencia SU-424 de 201656 indicó que en los
procesos de pérdida de investidura queda proscrita la responsabilidad objetiva, toda vez
que se trata de un juicio de naturaleza sancionatoria que debe estar gobernado por los
principios que forman parte integrante del debido proceso:
[…]
83. La Sala reitera que la revisión de los requisitos y el marco normativo que rige el cargo
al cual se aspira constituye una obligación general para quien pretende acceder a la
función pública.

84. A partir de los anteriores lineamientos, el estudio del aspecto subjetivo exige analizar
tanto los hechos como la ilicitud de la conducta, es decir, se debe determinar si el sujeto
conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba contrario al ordenamiento
jurídico.

85. Por otro lado, existen situaciones que pueden justificar la configuración de la conducta
prohibida porque se actúa bajo el amparo de la buena fe cualificada, por ejemplo: i) cuando
los jueces han interpretado la disposición de una manera y luego modifican su criterio, lo
que puede afectar el principio de confianza legítima y; ii) cuando la persona se asesora de
un profesional idóneo y este le aconseja mal, ello siempre y cuando no haya claridad en
relación con el punto que se discute para la configuración de la causal de pérdida de
investidura.

86. Además de ello, la Corte Constitucional, en sentencia SU 292 de 2025 indicó que “[…]
el análisis subjetivo que debe hacerse en los procesos de pérdida de investidura debe
adelantarse teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada caso concreto, con
el fin de garantizar los principios constitucionales de buena fe y confianza legítima. […]”.

87. Los accionados, a lo largo de su defensa, argumentaron que su conducta se encuentra
exenta de culpa porque su actuar estuvo amparado en la buena fe calificada producto de
un error invencible, dado que acudieron a la asesoría del señor Nelson Enrique Maury
Palacio, ex secretario del concejo de Puerto Colombia y profesional con más de dieciséis
(16) años de experiencia, quien señaló que las decisiones particulares que los concejales
adopten en el trámite de la elección como secretario no generaban una situación
constitutiva de conflicto de interés.

88. Conforme se indicó, la jurisprudencia ha identificado los siguientes supuestos que
demuestran la existencia de una buena fe calificada y que se está en presencia de un error
invencible, lo cual ocurre, por ejemplo: (i) cuando los jueces han interpretado la disposición
de una manera y luego modifican su criterio, lo que puede afectar el principio de confianza
legítima y (ii) cuando, precisamente para evitar esa ignorancia, la persona se asesora de
un profesional idóneo y este le aconseja mal, siempre y cuando no haya claridad en
relación con el punto que se discute para la configuración de la causal de pérdida de
investidura, porque si este es claro, no suple la falta de diligencia el hecho de solicitar un
concepto.

89. En relación con el primer evento, la Sala constata que, desde la sentencia del año
2019, esta Sala de Sección, de manera pacífica y uniforme ha señalado que una de las
formas en que se transgrede el régimen del conflicto de intereses se presenta cuando un
servidor público de elección popular transgrede el numeral 14 del artículo 11 de la Ley
1437. Esta jurisprudencia no ha admitido cambios ni mutaciones y, por lo tanto, es la

13

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01937-01
Demandante: Iván Darío Ramírez Barrios y otro

postura vigente existente al interior de esta corporación.

90. En relación con el segundo evento, los accionados indicaron que su actuación estuvo
enmarcada en la buena fe calificada proveniente de un error invencible toda vez que las
conclusiones vertidas en el concepto rendido por el abogado Nelson Enrique Maury
Palacio fueron de tal identidad y envergadura que llevaron a los concejales a edificar un
convencimiento errado sobre la elección del secretario general y, por ende, que no tenían
el deber de manifestar su impedimento.
[…]
93. Esta Sala, en relación con los conceptos y las asesorías jurídicas ha señalado que no
cualquier gestión permite demostrar la diligencia y cuidado pues, para ello, debe propender
por la formulación correcta de las preguntas; las apreciaciones contenidas en ellos deben
ser conclusivas y contener medianos criterios de idoneidad, congruencia, pertinencia y
sustentación razonada en su elaboración, de modo tal que de estos se desprenda un
convencimiento justificado, defendible y razonable de no estar incurso en una conducta
constitutiva de pérdida de investidura.
[…]
94. Analizado dicho documento, la Sala encuentra que el concepto referido por el señor
Nelson Enrique Maury Palacio no corresponde a un estudio serio, completo e integral por
las siguientes razones:

95. i) El concepto no consultó la jurisprudencia aplicable en la materia, vigente para la
época de los hechos, la cual ha sido consistente en señalar que los servidores públicos,
de los cuales hacen parte los concejales, tienen el deber de declararse impedidos cuando
se encuentran en la situación prevista en el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437,
hipótesis en la cual se encuentra comprometida la imparcialidad y objetividad.

96. Conforme se indicó anteriormente, la Sección Primera, a partir de la referida sentencia
de 19 de septiembre de 2019, ha señalado que el numeral 14. del artículo 11 de la Ley
1437, está dirigido a todos los servidores públicos que deban adelantar actuaciones
administrativas, dentro de los cuales se encuentran cobijados los miembros de las
corporaciones públicas de elección popular y la elección del secretario del concejo
constituye un procedimiento administrativo especial regulado en el artículo 2.2.27.1 del
Decreto 1083 de 2015, el cual debe adelantarse con sujeción a los principios de
transparencia e imparcialidad.

97. ii) La recomendación vertida en el concepto tampoco consultó la jurisprudencia en la
materia que ha señalado que el conflicto de interés se configura cuando el concejal
participa en la elección del servidor público y esto no se desvirtúa por el hecho de que la
elección sea producto de un concurso de méritos o de una convocatoria pública.

98. iii) La recomendación no cuenta con un respaldo normativo que justifique la tesis
consistente de que el conflicto de interés desaparece por el hecho de que el concurso de
méritos para elegir secretario haya estado precedido por una convocatoria pública o
incluso por un concurso de méritos.

99. iv) La opinión contenida en el concepto según la cual no existe una situación
constitutiva de conflicto de interés porque la actuación de los concejales se limitó a
refrendar un resultado de una lista de elegibles y que la participación de los accionados no
tenía la virtualidad de cambiar el sentido de una decisión ya adoptada en el marco de un
concurso de méritos carece de criterios de razonabilidad, toda vez que la jurisprudencia
ha señalado que el conflicto de interés busca que el servidor público de elección popular
participe en la discusión o debate de una decisión en ejercicio de cualquiera de las
funciones a su cargo y no consulte el bien común y la prevalencia del interés general.

100. En efecto, esta Sección ha señalado que el régimen de conflicto de intereses censura
“[…] la participación, votación, intervención o adopción de decisiones por parte del servidor
público -entre ellos, los concejales municipales- en los asuntos relacionados con sus
funciones, cuando se presente una situación que configure la violación del régimen de
conflicto de intereses, sin que sea posible tener en cuenta el sentido en que se participe,
vote, intervenga o adopte una decisión. […]”. […]». (sic)

14

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01937-01
Demandante: Iván Darío Ramírez Barrios y otro

44. Por su parte, uno de los consejeros que conformó la Sala de decisión que emitió
la decisión judicial cuestionada salvó su voto en el sentido de manifestar que:

«[…] 29. Por las razones expuestas, en mi criterio en este asunto no se acreditó el
elemento objetivo de la causal invocada, pues no se verificó una verdadera
contraposición entre un interés particular de los concejales accionados y el interés
general propio del ejercicio de su investidura que comprometiera la imparcialidad de sus
decisiones. Esta conclusión se refuerza al considerar las condiciones particulares del
caso, en especial la existencia de una lista de elegibles consolidada y la participación de
un único aspirante en la fase final del proceso de elección.

30. Tampoco se acreditó el elemento subjetivo, pues el reproche formulado por la Sala
mayoritaria se apoyó en consideraciones sobre el contenido de la asesoría jurídica
recibida y no en una valoración integral de las circunstancias concretas en las que
actuaron los concejales accionados que actuaron solicitando un concepto jurídico. […]».
(sic)

45. Así, una vez revisada la motivación de la providencia judicial cuestionada en la
que el juez natural del asunto se pronunció sobre cada uno de los argumentos
expuestos por la demandante, debe precisarse que, más allá de concretar las
razones por las cuales se configuraría el defecto sustantivo, desconocimiento del
precedente, violación directa de la constitución política o alguna interpretación
irrazonable, lo que se evidencia es su desacuerdo con las consideraciones
efectuadas por el juez de la causa, con lo cual pretende que se realice un nuevo
estudio de legalidad que no procede en sede de tutela.

46. De otro lado, contrario a lo afirmado por el demandante, se observa que el
Consejo de Estado, Sección Primera no incurrió en defecto fáctico, ya sea en su
dimensión negativa o positiva, pues efectuó un recuento de las pruebas que hacen
parte de la controversia planteada, al punto que se refirió a aquellas con las que: i)
se acreditó la investidura de concejal de los demandados, ii) la existencia de un
interés directo al inscribirse por la misma lista de un movimiento político junto con
quien fue nombrado el secretario del concejo de Puerto Colombia, iii) los actos con
los que se adelantó la convocatoria para la elección de secretario y, iv) por último,
las actas que daban cuenta de las votaciones efectuadas por los concejales para
escoger al secretario de la corporación, distinto es que el juicio y estudio de los
supuestos fácticos y jurídicos a tener en cuenta en el proceso de pérdida de
investidura condujeran a conclusiones diametralmente opuestas a las presentadas
por la parte activa, tanto en el asunto cuestionado como en sede de tutela.

47. Por su parte, se observa que los argumentos expuestos por la parte demandante
se alinean con los argumentos expuestos en el salvamento de voto de uno de los
consejeros de la sala de decisión que profirió el pronunciamiento cuestionado, sin
embargo, debe precisarse que, en razón a que se trata de una opinión disidente de
la posición mayoritaria, no tiene un efecto vinculante.

48. Por último, se observa que, en su escrito de impugnación, la parte demandante
argumentó que, con la sentencia de primera instancia emitida en sede de tutela, se
ignoró la pertinencia del precedente trazado en la Sentencia SU-082 de 2026 de la

15

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01937-01
Demandante: Iván Darío Ramírez Barrios y otro

Corte Constitucional y omitió valorar adecuadamente el contexto fáctico (como el
procedimiento meritocrático y la incidencia real del voto).

49. No obstante, el contenido de la referida providencia de unificación de la Corte
Constitucional aún no ha sido conocido, pues solo solo fue divulgado el sentido de
la referida decisión en comunicado 16 del 15 de abril de 2026, respecto del cual
debe precisarse que no tiene fuerza vinculante ni produce efectos jurídicos
inmediatos, pues su función es estrictamente informativa y no reemplaza el texto
oficial de la sentencia ni suple el proceso formal de notificación judicial, razón por la
cual no puede ser tenida en cuenta en esta oportunidad, máxime si el juez natural
del asunto no tuvo conocimiento durante el proceso contencioso-administrativo y no
tuvo la oportunidad de pronunciarse al respecto en la providencia judicial
cuestionada.

50. De tal manera, para esta Sala de decisión no resulta de recibo concluir que se
omitiera la normatividad aplicable o se arribara a conclusiones jurídicamente
erradas pese al material probatorio aportado, en atención a que las consideraciones
efectuadas por el Consejo de Estado, Sección Primera, obedecen a un examen
judicial de validez propio del proceso de pérdida de investidura.

51. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.

52. Así las cosas, esta Sala observa que la decisión acusada no incurrió en defecto
sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente o violación directa de la
Constitución Política, debido a que fue proferida de conformidad con las normas que
regulan la materia y aquella se apoyó en el material probatorio aportado al medio
de control de pérdida de investidura cuestionado.

53. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera,
este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.

3. Conclusión

54. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala revocará la decisión
judicial de primera instancia que declaró la improcedencia del amparo de los derechos
fundamentales invocados por Iván Darío Ramírez Barrios y Julio José Hurtado Leiva,
en la solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección Primera.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

16

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01937-01
Demandante: Iván Darío Ramírez Barrios y otro

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia del 23 de abril de 2026 proferida por el Consejo de
Estado, Sección Quinta. En su lugar, negar el amparo de los derechos
fundamentales de Iván Darío Ramírez Barrios y Julio José Hurtado Leiva, en la
solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección Primera.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JVD
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

17

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.