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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-33-000-2025-00171-01

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-33-000-2025-00171-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 24 de junio de 2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Atlántico, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: DECRETAR la pérdida de investidura de los señores Iván Darío Ramírez Barrios y Julio José Hurtado Leiva, concejales del municipio de Puerto Colombia para el período 2024-2027. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 08001-23-33-000-2025-00171-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

19 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación núm.: 08001-23-33-000-2025-00171-01
Accionante: Candelaria de La Cruz Chimas Acevedo
Accionados: Iván Darío Ramírez Barrios y Julio José Hurtado Leiva
Tema: Causal de pérdida de investidura por violación del régimen
del conflicto de intereses

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la accionante contra la
sentencia de 24 de junio de 2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo del Atlántico, mediante la cual se denegó la solicitud de pérdida de
investidura.

I. ANTECEDENTES

I.1. La solicitud de pérdida de investidura1

1.La señora Candelaria de La Cruz Chimas Acevedo, en ejercicio del medio de
control previsto en el artículo 143 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20112, solicitó:

“[…] PRIMERO: Decretar pérdida de investidura de los señores IVAN DARIO
RAMIREZ BARRIOS Y JULIO JOSE HURTADO LEIVA […] como concejales del
Municipio de Puerto Colombia – Atlántico” (negrilla del texto).

I.1.1. Los hechos

2.Señaló que los señores Iván Darío Ramírez Barrios, Julio José Hurtado Leiva y
Juan Fernando Agámez Rincón se inscribieron como candidatos al concejo del
municipio de Puerto Colombia para el período 2024-2027, por el movimiento político
Autoridades Indígenas de Colombia - AICO.

3. Añadió que en las elecciones territoriales celebradas en el año 2023 resultaron
elegidos los señores Iván Darío Ramírez Barrios y Julio José Hurtado Leiva.

1
Cfr. Índice 2 del expediente digital de primera instancia. «2Aldespachopor_03DemandaAnexospdf(.pdf) NroActua 2».
2
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.

2

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Accionante: Candelaria de La Cruz Chimas Acevedo

4. Sostuvo que el concejo municipal de Puerto Colombia expidió la Resolución
20231108002 de 8 de noviembre de 2023, por medio de la cual convocó y
reglamentó el concurso público y abierto de méritos para proveer el cargo de
secretario general de dicha corporación pública para el período comprendido entre
el 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024.

5. Destacó que el concejo municipal de Puerto Colombia, el 10 de enero de 2024,
llevó a cabo la sesión ordinaria para elegir al secretario general dentro de la lista de
elegibles y el señor Juan Fernando Agamez Rincón resultó electo secretario con un
resultado de 11 votos a su favor y 2 votos negativos.

I.1.2. La explicación de la causal de pérdida de investidura

6. Se atribuyó a los concejales accionados la violación del régimen del conflicto de
intereses, causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 2. del artículo 55
de la Ley 136 de 2 de junio de 19943 y en el numeral 1. del artículo 48 de la Ley
617 de 6 de octubre de 20004 e igualmente se invocó el numeral 14. del artículo 11
de la Ley 1437.

7. La accionante consideró que los inculpados participaron, sin manifestar su
impedimento, en la sesión de 10 de enero de 2024, en la cual se efectuó la elección
del secretario general de esta corporación para la vigencia 2024, resultando elegido
el señor Juan Fernando Agámez, único aspirante a ocupar ese cargo, quien integró
con los concejales la lista de candidatos a ese concejo municipal por el mismo
movimiento político para las elecciones realizadas el 29 de octubre de 2023.

8. Frente al estudio del elemento subjetivo, adujo que los accionados no actuaron
con la diligencia requerida, a pesar de la claridad del supuesto fáctico que encierra
el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 y de encontrarse en condiciones de
conocer y comprender la norma.

I.2. Trámite de la solicitud de pérdida de investidura en la primera instancia

9.A través de auto de 21 de mayo de 20255, el magistrado sustanciador del proceso
admitió la demanda por cumplir con los requisitos previstos en la Ley 1881 de 15
de enero de 20186 y ordenó la notificación personal a los accionados y al agente
del Ministerio Público.

3
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]”.
4
“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley
Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. […]”.
5
Cfr. Índice 5 del expediente digital de primera instancia.
6
“[…] POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA DE LOS CONGRESISTAS,
SE CONSAGRA LA DOBLE INSTANCIA, EL TÉRMINO DE CADUCIDAD, ENTRE OTRAS DISPOSICIONES […]”.

3

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10. Mediante auto de 11 de junio de 20257, se negó la solicitud de la medida cautelar
solicitada por la accionante.

I.3. Oposición de los concejales8

11. Los concejales, por conducto de apoderado judicial, contestaron la demanda
oponiéndose a las pretensiones de la solicitud de pérdida de investidura.

12. En relación con los hechos, señalaron que: i) el concurso de méritos para proveer
el cargo de secretario fue desarrollado por la sociedad Reingeniería Humana
S.A.S., la cual es externa a la corporación el cual concluyó el 31 de diciembre de
2023; ii) los señores Iván Darío Ramírez Barrios y Julio José Hurtado Leiva no
participaron en ninguna de las etapas del concurso, puesto que estas concluyeron
el 31 de diciembre de 2023 y el período para el cual resultaron elegidos va desde
el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2027 y; iii) la participación de los
accionados se limitó a refrendar un resultado.

13. Añadieron que su conducta se encuentra exenta de culpa al haber actuado con
la convicción de no transgredir el régimen del conflicto de intereses; actuaron en
cumplimiento de un deber legal desprovisto de un interés particular y concreto que
les favoreciera directamente a ellos o a sus familiares cercanos y al amparo del
principio de buena fe que impide el reproche subjetivo en su actuar.

14. Anotaron que debido a su falta de experiencia y formación acudieron a la
asesoría del señor Nelson Enrique Maury Palacio, ex secretario del concejo de
Puerto Colombia y profesional con más de dieciséis (16) años de experiencia, quien
señaló que las decisiones particulares que los concejales adopten en el trámite de
la elección como secretario no generaban una situación constitutiva de conflicto de
interés. Estas consideraciones, a su juicio, fueron de tal identidad que llevaron a los
accionados a edificar un convencimiento errado sobre la elección del secretario
general.

15. Precisaron, con sustento en un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia
que la buena fe simple se presume de todas las actuaciones o gestiones que los
particulares realizan ante el Estado, de ahí que sea este quien deba desvirtuarla.
Por su parte, la buena fe exenta de culpa exige ser probada por quien la alega y
requiere consolidar jurídicamente una situación determinada.

I.4. La etapa probatoria y la audiencia pública

16. El magistrado sustanciador del proceso, mediante auto de 11 de junio de 20259,
dio apertura a la etapa probatoria y fijó fecha para la realización de la audiencia
pública prevista en los artículos 11 y 12 de la Ley 1881.

7
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia.
8
Cfr. Índice 14 del expediente digital de primera instancia.
9
Cfr. Índice 27 del expediente digital de primera instancia.

4

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17. El 17 de junio de 2025 se realizó la audiencia pública, con la asistencia y
participación de la accionante, el agente del Ministerio Público y los accionados.

I.5. La sentencia de primera instancia10

18. La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia de
24 de junio de 2025, denegó las súplicas de la solicitud de pérdida de investidura.

19. Destacó que el conflicto de interés surge cuando un servidor público debe
adoptar una decisión que puede beneficiarlo directa o indirectamente a él a alguno
de sus familiares cercanos y, este debe ser directo, particular y actual.

20. Explicó que, según lo probado, los señores Iván Darío Ramírez Barrios y Julio
José Hurtado Leiva integraron la lista de candidatos, junto con Juan Fernando
Agámez Rincón para aspirar al concejo municipal de Puerto Colombia en
representación del movimiento Autoridades Indígenas de Colombia – AICO, por lo
que, en principio, desde una perspectiva taxativa del artículo 11 de la Ley 1437,
debieron declararse impedidos con el fin de evitar la configuración de un conflicto
de intereses.

21. Adujo que, conforme lo ha indicado la jurisprudencia, para que surja el conflicto
de interés resulta necesario que se compruebe el beneficio directo o indirecto en
los servidores públicos de elección popular, el cual puede ser de orden económico
o moral.

22. Precisó que la accionante fundamentó la demanda a partir de la omisión de la
manifestación de impedimento, sin haber acreditado en qué consistió el beneficio
que le reportó a los accionados o a sus familiares cercanos o a sus socios derivado
de su participación en el proceso de elección del secretario de esa corporación
pública.

23. Anotó que “[…] el hecho que los Concejales demandados, IVÁN DARÍO
RAMÍREZ BARRIOS y JULIO JOSÉ HURTADO LEIVA, hubiesen integrado, la
lista de candidatos, para el Concejo Municipal de Puerto Colombia, en
representación del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia - AICO, no
implica, que se desdibuje la imparcialidad y transparencia, que se presume y recae
sobre aquellos, como tampoco genera, automáticamente, algún tipo de interés o
beneficio, que hubiesen podido llegar a recibir, los demandados, al votar
favorablemente, para la elección de JUAN FERNANDO AGÁMEZ RINCÓN, como
Secretario General del Concejo Municipal de Puerto Colombia, es más, el hecho
que pertenezcan a una misma lista, no implica per se, que a pesar de ser aliados
políticos, tengan los mismos intereses personales, pues al contrario, al pertenecer

10
Cfr. Índice 39 del expediente digital de primera instancia.

5

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a una lista de voto preferente, entran entre sí, en una competencia por las curules.
[…]”. (negrilla del texto).

24. Reiteró que la elección del secretario general se adelantó a través del concurso
de méritos y que en el proceso de elección resultó como único candidato para ser
elegido el señor Juan Carlos Agámez Rincón, situación que desacredita la
existencia del interés directo, particular y actual.

I.6. El recurso de apelación11

25. La accionante sostuvo que quedó demostrado que los concejales accionados
compartieron lista por el mismo movimiento político en el mismo período con el
señor Juan Carlos Agámez Rincón, encontrándose configurada la causal prevista
en el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437, la cual configura una causal objetiva
de impedimento, que no exige prueba del beneficio directo, particular y actual.

26. Precisó que el a quo confundió los conceptos de convocatoria y concurso de
méritos. Explicó que el proceso de elección para elegir secretario se encuentra
precedido de una convocatoria pública dentro de la cual el concejo municipal cuenta
con un margen de discrecionalidad.

27. Anotó que los concejales desconocieron el deber que les asistía de conocer el
régimen jurídico aplicable al cargo, por lo que actuaron con culpa grave. Señaló que
el tenor del numeral 14 del artículo 11 es claro y agregó que la buena fe calificada
no puede probarse sobre la base de asesorías informales que no proceden de
conceptos emitidos por entidades como la Personería, la Procuraduría General o
de la autoridad electoral.

28. Resaltó que, según la jurisprudencia, la buena fe calificada resulta aplicable
cuando la jurisprudencia del órgano del cierre no resulta pacífica, situación que no
se presenta en el sub examine.

29. Anotó que el concepto presentado por los accionados carece de una
formulación clara y concreta de la solicitud de pérdida de investidura, toda vez que
dichas conclusiones no indagaron sobre la jurisprudencia vigente en la materia.
Además, “[…] parte de la premisa que ya estaba electo, al haberse surtido el 95%
del concurso, citando la regla para elegir personero, que como se indicó en líneas
anteriores es por mérito, pero tratándose del secretario general, es por convocatoria
pública, por lo que las disposiciones aplicables son las contenidas en la ley 1904
de 2018 por remisión expresa del artículo 153 de la Ley 2200 de 2022, señalando
que existe elección de la corporación correspondiente. […]”.

30. Precisó que el cargo de secretario de los concejos municipales cumple
funciones relevantes dentro de la institucionalidad y afirmó que la elección de este

11
Cfr. Índice 44 del expediente digital de primera instancia.

6

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Accionante: Candelaria de La Cruz Chimas Acevedo

servidor, al ser un procedimiento administrativo especial debe adelantarse con
sujeción a los principios de transparencia e imparcialidad.

I.7. Trámite del recurso de apelación y actuaciones surtidas en la segunda
instancia

31. La accionante presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, el cual fue concedido mediante auto de 14 de julio de 2025.

32. En segunda instancia, mediante auto de 29 de agosto de 202512 se admitió el
recurso de apelación.

33. Dentro del término anterior, los accionados, por conducto de apoderado
judicial, allegaron escrito reiterando los argumentos de la contestación de la
demanda.

34. La accionante y el ministerio público guardaron silencio en esta etapa
procesal13.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

35. La Sala, para resolver la presente controversia, se pronunciará sobre los
siguientes aspectos: i) la competencia; ii) la acreditación de la condición de los
concejales; iii) el problema jurídico; iv) la causal de pérdida de investidura por
violación del régimen del conflicto de interés; v) el conflicto de interés derivado de
la causal de impedimento y recusación prevista en el numeral 14 del artículo 11 de
la Ley 1437 y su desarrollo jurisprudencial; vi) el marco legal aplicable al concurso
de méritos para le elección de secretarios y; viii) el caso concreto.

II.1. La competencia

36. Esta Sala de Decisión es competente para decidir esta controversia en virtud
de lo dispuesto en el parágrafo 2. del artículo 48 de la Ley 617; en el artículo 150
de la Ley 1437 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de
201914.

II.2. La acreditación de la condición de los concejales

37. La condición de los señores Iván Darío Ramírez Barrios y Julio José Hurtado
Leiva como concejales del municipio de Puerto Colombia se encuentra acreditada
con el Formulario E-26 CON, documento electoral que demuestra que participaron
en los comicios realizados el 29 de octubre de 2023 y resultaron elegidos como

12
Cfr. Índice 46 del expediente digital de primera instancia.
13
Mediante memoriales visibles en los índices 18 a 27 del expediente digital de segunda instancia se allegaron escritos de
impulso procesal.
14
“[…] Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. […]”.

7

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cabildantes para el período 2024-2027, cumpliéndose, por tanto, el requisito
previsto en el literal b) del artículo 5. de la Ley 188115, requisito que, en todo caso,
no fue objeto de debate en sede de apelación.

II.3. El problema jurídico

38. La Sala, una vez agotados los trámites propios de este medio de control sin que
se observe irregularidad o causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, de
acuerdo con lo regulado en los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de
201216, aplicables por virtud de lo dispuesto en los artículos 21 de la Ley 1881 y
306 de la Ley 1437, considera que el problema jurídico que debe resolverse
consiste en determinar si se debe revocar, modificar o confirmar la sentencia de 24
de junio de 2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del
Atlántico, para lo cual deberá analizarse:

i) Si se presentó un conflicto de intereses en los concejales del municipio
de Puerto Colombia, Iván Darío Ramírez Barrios y Julio José Hurtado
Leiva, derivado de su participación en la sesión de 10 de enero de 2024,
en la cual se efectuó la elección del señor Juan Fernando Agámez, quien
había integrado la lista por el movimiento Autoridades Indígenas de
Colombia – AICO en las elecciones realizadas el 29 de octubre de 2023.

ii) En el evento de considerarse que la respuesta es afirmativa, si se probó
el elemento subjetivo o de la culpabilidad en los concejales.

II.4. La causal de pérdida de investidura por violación del régimen del conflicto
de interés

39. La causal de pérdida de investidura por violación del régimen del conflicto de
intereses encuentra sustento en el artículo 133 de la Constitución Política, que
señala que los miembros de los cuerpos colegiados de elección popular
representan al pueblo y deben actuar consultando la justicia y el bien común.
Igualmente, en el artículo 11 de la Ley 1437, que indica que cuando el interés propio
de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo, el servidor
público deberá declararse impedido.

40. La causal de pérdida de investidura por violación del régimen del conflicto de
intereses se encuentra prevista en el numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136 y en
el numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617, normas que son del siguiente tenor:

“[…] ARTÍCULO 55.- Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales
perderán su investidura por:

15
“[…] ARTÍCULO 5. Cuando la solicitud sea presentada ante el Consejo de Estado por un ciudadano, esta deberá formularse
por escrito y contener, al menos: […] b) Nombre del Congresista y su acreditación expedida por la Organización Electoral
Nacional […]”. Aplicable por remisión del artículo 22 ibidem
16
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.

8

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[…] 2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de
intereses.

[…]”. (negrilla del texto y subrayado fuera del texto).

“[…] ARTÍCULO 48.- Pérdida de investidura de diputados, concejales
municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los
diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras
locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses.
No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten
al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general.
[…]”. (negrilla del texto y subrayado fuera del texto).

41. El artículo 70 de la Ley 136, señala que el concejal deberá declararse impedido
para participar en los debates o votaciones respectivas cuando se evidencie la
existencia de un interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera a
él o alguna de las personas señaladas en la ley -cónyuge o compañero o
compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil- o a su socio o socios de
derecho o, de hecho.

42. La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que el conflicto de interés
se presenta cuando el servidor público de elección popular movido por un interés
particular “[…] toma una decisión o realiza alguna gestión propia de sus funciones
o cargo, en provecho suyo, de un familiar o un tercero y en perjuicio de la función
pública. Por ello, la norma exige que, ante la pugna entre los intereses propios de
la función y los particulares del funcionario, éste deba declararse impedido, pues
es la manera honesta de reconocer la existencia de esa motivación y el deseo de
cumplir con las funciones del cargo de manera transparente e imparcial 17[…]”.

43. La Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de 1. de noviembre de
201618, al igual que esta Sección han señalado que para la configuración del
conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura deben concurrir los
siguientes requisitos:

“[…] a) Que la persona señalada de adelantar la actuación violatoria del régimen de
conflicto de intereses, ejerza o haya ejercido la investidura de Congresista de la
República;

b) La existencia de un interés directo, particular y actual del Congresista, ya sea de
orden moral o económico, en la deliberación o decisión de un tema específico a cargo
del Congreso; y,

17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de noviembre de 2017, C.P. César
Palomino Cortés, radicado núm.: 11001-03-25-000-2005-00068-00(IJ).
18
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia de 1° de noviembre de 2016, radicado núm.: 11001-03-15-000-2015-01571-
00(PI), MP: María Elizabeth García González.

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c) Que a pesar de ello, el Congresista participe efectivamente del respectivo trámite,
sin haber manifestado su impedimento para actuar o sin haber sido recusado para
los efectos. [...]”

44. Frente al presupuesto a), la mencionada sentencia precisó lo siguiente:

“[…] El presupuesto “a)”, común a las causales de pérdida de investidura, exige para
este escenario la calidad cualificada del sujeto activo que incurrió en un conflicto de
intereses mediante el ejercicio irregular de su investidura congresional, esto es, que
debe acreditarse su condición de Senador o Representante a la Cámara […]”.

45. En lo que atañe al presupuesto b) asociado a que se esté en presencia de un
interés directo, particular y actual, ya sea de orden moral o económico, la sentencia
supra indicó lo siguiente:

“[…] El presupuesto “b)” encierra tres componentes principales que deben destacarse:
el interés directo, particular y actual; su esencia moral o económica; y los asuntos o
temas que son puestos a consideración e intervención del Congresista.

El primero, consiste en la presencia de una inclinación real del Congresista hacia un
tema, objeto o aspecto cualquiera sometido a su estudio, decisión, debate, votación,
censura o participación en desarrollo de sus funciones congresionales, con el ánimo
de materializar un provecho, utilidad, ventaja o conveniencia propia, o de su cónyuge,
familiares o socios, que se aleja en todo caso de la intención inicial de obtener el bien
general19 y afecta la transparencia y objetividad de dicha actuación […]”.

46. Finalmente, y frente al requisito c) relativo a que se demuestre la participación
efectiva del respectivo trámite, sin haber manifestado su impedimento o sin haber
sido recusado, la citada sentencia señaló:

“[…] El tercero alude a los asuntos o temas que son sometidos a consideración e
intervención del Congresista, que lejos de circunscribirse de forma exclusiva a los
legislativos, también cobija los electorales, judiciales, de control político e incluso
administrativos a su cargo, en cuanto hacen parte de las distintas facetas
congresionales en las que aquél termina interfiriendo inevitablemente por mandato
constitucional y legal.

[…]

La participación efectiva en el trámite se materializa con el estudio, decisión, debate,
votación, censura y/o intervención en los asuntos congresionales; en principio, “el
congresista está en la obligación de manifestar el impedimento cuando advierta la
existencia del eventual conflicto de intereses, de tal modo que le permita a la comisión
o corporación legislativa correspondiente definir o decidir el impedimento. No se trata,
como es obvio, de una decisión puramente discrecional del congresista. De todas las
circunstancias de hecho que pudieran configurar un interés privado de índole
económico o moral debe surgir la obligación del congresista de manifestar el

19
Con relación al bien general, en la sentencia de 23 de marzo de 2010 –Rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI). CP. Hugo
Fernando Bastidas- la Sala Plena indicó: “No hay que olvidar que el artículo 133 de la Constitución dice que los miembros de
los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo y que deberán actuar consultando la justicia y el bien común.
De modo que el día en que colisionan los intereses privados del congresista con el interés público inmerso en el debate, en
la decisión o en el voto habría un caso de conflicto de intereses, conflicto que pretenden resolver las figuras del impedimento
o de la recusación. En efecto, de prosperar el impedimento o la recusación, el congresista queda separado de la función para
el caso específico, con lo cual el ordenamiento pretende que el interés privado o particular del congresista no subordine al
interés público.”

10

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impedimento20”, por lo que de guardar silencio al respecto quedaría activada la causal
[…]”.

II.5. El conflicto de intereses derivado de la causal de impedimento y
recusación prevista en el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437

47. El artículo 11 de la Ley 1437 indica que cuando el interés propio de la función
pública entre en conflicto con el interés particular y directo este deberá declararse
impedido. Además, agrega que todo servidor público que deba adelantar o
sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas
o pronunciar decisiones definitivas, deberá manifestar su impedimento por las
causales enunciadas en esa norma.

48. Una de las hipótesis contempladas por el legislador aparece prevista en el
numeral 14 ibidem relativa a haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos
colegiados de elección popular inscritas o integradas también por el interesado en
el período electoral coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los
dos períodos anteriores, así:

“[…] ARTÍCULO 11. Conflictos de interés y causales de impedimento y
recusación. Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto
con el interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse
impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones
administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones
definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por:

[…]

14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección
popular inscritas o integradas también por el interesado en el período electoral
coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los dos períodos
anteriores.

[…]”. (negrilla del texto y subrayado fuera del texto).

49. Esta Sección, en sentencia de 19 de septiembre de 2019 21 precisó que este
enunciado normativo regula dos hipótesis diferentes: i) la primera, haber hecho
parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas por
el interesado en el período electoral coincidente con la actuación administrativa o
en alguno de los dos períodos anteriores y; ii) la segunda, haber hecho parte de
listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular integradas también
por el interesado en el período electoral coincidente con la actuación administrativa
o en alguno de los dos períodos anteriores. En efecto, en el referido fallo se anotó
lo siguiente:

Sentencia del 23 marzo de 2010 –Rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI). CP. Hugo Fernando Bastidas.
20

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de septiembre de 2019, CP:
21

Roberto Augusto Serrato Valdés, radicado núm.: 13001-23-33-000-2018-00738-01.

11

Radicación núm.: 08001-23-33-000-2025-00171-01
Accionante: Candelaria de La Cruz Chimas Acevedo

“[…] En relación con este numeral – numeral 14 – del artículo 11 de la Ley 1437 de
2011, se considera que, contrario a lo afirmado por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, la norma regula dos situaciones diferentes: i) la primera, haber hecho parte
de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas también
por el interesado en el período electoral coincidente con la actuación administrativa o
en alguno de los dos períodos anteriores y ii) la segunda, haber hecho parte de listas
de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular integradas también por el
interesado en el período electoral coincidente con la actuación administrativa o en
alguno de los dos períodos anteriores.

Nótese que dicha norma emplea la letra «o», como una conjunción disyuntiva que
denota «[…] diferencia, separación o alternativa entre dos o más personas o ideas
[…]» – Diccionario de la Lengua Española22 –, lo que indica, entonces, que existen
dos alternativas que la configuran, a saber, i) el hecho de que la lista sea inscrita por
el interesado y ii) la situación de que la lista sea integrada por el interesado.

La palabra «inscrita» – primera alternativa de la norma – es el participio irregular del
verbo inscribir – Diccionario de la Lengua Española23 – siendo inscribir «[…] 2. tr.
Apuntar el nombre de una persona entre los de otras para un objeto determinado
[…]»24, que en el contexto de la norma analizada – numeral 14 del artículo 11 de la
Ley 1437 de 2011 – implica que el interesado en la actuación administrativa apuntó –
ante las autoridades electorales – la lista de candidatos a cuerpos colegiados con el
objeto de que estos participaran en la contienda electoral respectiva.

La palabra «integrada» – segunda alternativa de la norma – es el participio del verbo
integrar25 – Diccionario de la Lengua Española – siendo integrar «[…] 1. tr. Dicho de
diversas personas o cosas: Constituir un todo […] 2. tr. Completar un todo con las
partes que faltaban […] 3. tr. Hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo
[…] 4. tr. Comprender ( II contener). […]»26, concepto distinto a inscribir y que en el
contexto de la norma analizada – numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011
– implica que el interesado en la actuación administrativa hacía parte y constituía la
lista de candidatos a cuerpos colegiados que participarían en la contienda electoral
respectiva.

En particular la causal de impedimento que se le imputa a los acusados es la
consistente en haber hecho parte de la lista de candidatos a cuerpos colegiados – al
concejo municipal por el partido Centro Democrático – que inscribió27 la interesada28
en la actuación administrativa29 en el período electoral coincidente con la actuación
administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores.

[…]

Es así que la ley entiende que en las situaciones descritas en el artículo 11 de la Ley
1437 de 2011 se encuentra comprometida la imparcialidad y objetivad de los
servidores públicos, entendiendo que se presenta conflicto de intereses ante la
existencia de intereses personales y directos en relación con la decisión que se
pretende adoptar. […]”. (negrilla y subrayado del texto).

22
https://dle.rae.es/?id=QlqTEX0|Qlr66uc|Qltkqeu
23
https://dle.rae.es/?id=LjeeytK
24
https://dle.rae.es/?id=LjZ6dL7
25
https://dle.rae.es/?id=LqKFoJI
26
https://dle.rae.es/?id=LqKFoJI
27
Apuntar ante la autoridad electoral.
28
Zaira Steffany Jabba Vergara en su condición de aspirante al ocupar el cargo de personera.
29
Que corresponde al concurso público de méritos para elegir el personero de ese municipio para el período 2016 – 2020.

12

Radicación núm.: 08001-23-33-000-2025-00171-01
Accionante: Candelaria de La Cruz Chimas Acevedo

50. Igualmente, la referida sentencia indicó que los procedimientos relacionados
con la elección de funcionarios a cargo de las corporaciones públicas -como sucede
con la de secretarios- son procedimientos especiales. Además, en virtud de lo
previsto en el artículo 2. inciso final de la Ley 1437, norma que dispone que las
disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo se aplican en lo no previsto por los procedimientos regulados en
leyes especiales, era posible acudir por remisión a las causales de impedimento
previstas en el artículo 11 de la Ley 1437. Sobre el particular, el fallo aludido
sostuvo:

“[…] El Decreto 2485 de 2014, compilado en el Decreto 1083 de 2015, señaló que el
personero municipal o distrital sería elegido de la lista que resultara del proceso de
selección público y abierto adelantado por el concejo municipal o distrital, esto es, lo
concibió como un procedimiento administrativo – artículo 2.2.27.1 del Decreto
1083 de 2015 –, que está sujeto al cumplimiento de mínimo las etapas de: i)
convocatoria; ii) reclutamiento; y iii) pruebas – artículo 2.2.27.2 del Decreto 1083 de
2015 –, el cual debe adelantarse atendiendo los criterios de objetividad,
transparencia, imparcialidad y publicidad, teniendo en cuenta la idoneidad de los
aspirantes para el ejercicio de las funciones – artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de
2015 –.

[…]

El concurso público de méritos, en consecuencia, se adelanta “[…] de conformidad
con las disposiciones legales sobre la materia en especial el Decreto 1083 de 2015 y
por las reglas contenidas en la presente Resolución […]” – Artículo 2°, Res. 070 de
2015 – y se rige “[…] de manera especial, por lo establecido en el artículo 313 de la
Constitución Nacional, las Leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012, el Decreto 2485 de
2014, Decreto 1083 de 2015 y la presente resolución […]” – Artículo 6°, Res. 070 de
2015 – (subrayado y resaltado fuera de texto).

[…]

En la medida en que se trata de un procedimiento especial, el concurso público de
méritos para la elección de personero municipal o distrital, se regirá por sus normas
especiales – como lo indicó el artículo 6° de la Resolución 070 de 2015 – y, en lo no
previsto en ellas, se aplicarán las normas de la Ley 1437 de 2011, por así disponerlo
su artículo 2° que al tenor destaca que “[…] Las autoridades sujetarán sus
actuaciones a los procedimientos que se establecen en este Código, sin perjuicio de
los procedimientos regulados en leyes especiales. En lo no previsto en los mismos se
aplicarán las disposiciones de este Código […]”.

Lo anterior impone concluir que a este procedimiento especial, le son aplicables las
normas sobre impedimentos y recusaciones allí previstas – artículos 11 y 12, Ley
1437 de 2011 –, puesto que: i) la reglamentación especial nada señala al respectivo;
ii) los concejales en dicho procedimiento toman decisiones definitivas; y iii) el mismo
debe adelantarse bajo el criterio de imparcialidad30 – artículo 2.2.27.1 del Decreto
1083 de 2015 y artículo 5°, Res. 070 de 2015 –31. […]”. (negrilla y subrayado del texto).

30
El artículo 5° de la Resolución 070 de 2015, acto administrativo por el cual se convocó el concurso de méritos para proveer
el cargo de personero municipal de Zambrano (Bolívar), para el período constitucional 2016-2020, al referirse a los principios
orientadores del proceso de selección indicó: «[…] ARTÍCULO 5° PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCESO. Las
diferentes etapas de la convocatoria estarán sujetas a los principios de […] transparencia, imparcialidad […]».
31
El artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, define el principio de imparcialidad, en la siguiente forma: «[…] 3. En virtud del
principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste

13

Radicación núm.: 08001-23-33-000-2025-00171-01
Accionante: Candelaria de La Cruz Chimas Acevedo

51. La Sección Primera, a partir de la referida sentencia de 19 de septiembre de
2019, citada supra, se ha pronunciado en relación con el conflicto de intereses
derivado de la causal de impedimento y recusación prevista en el artículo 11,
numeral 14, de la Ley 1437.

52. Así lo evidencian, entre otras, las sentencias de 19 de septiembre de 201932, 3
de marzo de 202333, 11 de mayo de 202334, 14 de septiembre de 202335, 6 de marzo
de 202536, 2 de mayo de 202537, 24 de julio de 202538; 28 de agosto de 202539, 30
de octubre de 202540 y 27 de noviembre de 202541, en las cuales se ha señalado
de manera consistente y pacífica que resulta posible acudir a la causal de
impedimento prevista en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437, en cuanto
este enunciado normativo está dirigido a todos los servidores públicos que deban
adelantar actuaciones administrativas, dentro de los cuales se encuentran cobijados
los miembros de las corporaciones públicas de elección popular y la elección del
secretario del concejo constituye un procedimiento administrativo especial que se
encuentra regulado en el artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 26 de mayo de
201542, el cual debe adelantarse con sujeción a los principios de transparencia e
imparcialidad.

53. En esta hipótesis prevista por el legislador se entiende que se encuentra
comprometida la imparcialidad y objetividad de los servidores públicos y se presenta
un interés directo y personal en relación con la decisión que se pretende adoptar.

II.6. El marco legal aplicable al concurso de méritos para le elección de
secretarios

54. Con ocasión del Acto Legislativo 02 de 201543, el artículo 126 de la
Constitución Política fue modificado con el propósito de implementar los procesos
de transparencia, publicidad, participación ciudadana, equidad de género y criterios

en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores
de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva […]».
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato
Valdés. Sentencia de 19 de septiembre de 2019. Radicación núm.: 13001 23 33 000 2018 00738 01(PI).
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 3 de marzo de 2023. Radicación núm.: 25000 23 15 000 2022 01015 01.
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 11 de mayo de 2023. Radicación núm.: 25000 23 15 000 2022 01016 01.
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 14 de septiembre de 2023. Radicación núm.: 25000 23 15 000 2022 01014 01.
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 6 de marzo de 2025. Radicación núm.: 50001 23 33 000 2024 00321 01.
37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 2 de mayo de 2025. Radicación núm.: 25000 23 15 000 2024 00502 01.
38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 24 de julio de 2025. Radicación núm.: 05001 2333 000 2024 01329 02.
39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 28 de agosto de 2025. Radicación núm.: 23001 2333 000 2024 00197 01.
40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente (e): Germán Eduardo
Osorio Cifuentes. Sentencia de 30 de octubre de 2025. Radicación núm.: 05001-23-33-000-2025-00218-01.
41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio
Cifuentes. Sentencia de 27 de noviembre de 2025. Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02.
42
“[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública. […]”.
43
“[…] Por medio de la cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras
disposiciones […]”

14

Radicación núm.: 08001-23-33-000-2025-00171-01
Accionante: Candelaria de La Cruz Chimas Acevedo

de mérito para la elección de los servidores públicos a cargo de las corporaciones
públicas de elección popular.

55. El constituyente del año 2015 empleó la expresión convocatoria pública con la
finalidad de poder diferenciarlo del concurso de méritos. Estas figuras si bien se
encuentran fundadas en los principios de publicidad de la convocatoria,
reclutamiento de los mejores perfiles, transparencia, aplicación de criterios objetivos
y de mérito presentan diferencias. Así, tratándose de convocatorias públicas, las
corporaciones públicas gozan de un cierto margen de discrecionalidad para elegir a
aquel candidato de la lista de seleccionados, mientras que en el caso del concurso
de méritos la selección obedece a criterios objetivos relacionados con el mérito.
Estas diferencias fueron analizadas por la Sala de Consulta y Servicio Civil,
mediante concepto de 10 de noviembre de 2015, en el siguiente sentido:

“[…] Como ha quedado planteado, el Acto Legislativo 2 de 2015 adoptó el sistema
de “convocatoria pública” como regla general para la elección de servidores públicos
por parte de las corporaciones públicas, frente a lo cual cabe preguntarse si se trata
de una figura igual o diferente a la del “concurso público de méritos” que ya estaba
prevista en la Constitución Política como regla general para el reclutamiento de
funcionarios públicos (artículo 125). Esto porque si fueran términos equivalentes la
consulta se resolvería fácilmente mediante la aplicación directa y sin restricciones de
las normas legales que regulan actualmente el concurso público de méritos.
[…]

Ahora bien, en el caso consultado los debates legislativos dan cuenta de que el Acto
Legislativo 2 de 2015 al utilizar la expresión “convocatoria pública” optó por un
mecanismo de elección que si bien se funda en los mismos principios básicos de los
concursos públicos (incluso en cuanto al criterio de mérito), se diferencia de estos en
que al final del proceso de selección las corporaciones públicas conservan la
posibilidad de valorar y escoger entre los candidatos que han sido mejor clasificados.
Se entendió que si se adoptaba un concurso público de méritos como tal, se obligaba
al organismo nominador a nombrar de acuerdo con el orden de clasificación de los
aspirantes, lo que se consideró como una reducción indebida de la autonomía de las
corporaciones públicas44. Por tanto, se dijo, era necesario acudir a un sistema
transparente, público, objetivo y basado en el mérito, pero que fuera distinto al
concurso público en cuanto permitiera al organismo elector escoger entre los varios
candidatos que superaran la etapa de selección. […]”.

56. En desarrollo del anterior mandato, el legislador expidió la Ley 1904 de 27 de
junio de 201845, por medio de la cual se establecieron las reglas de la convocatoria
pública previa a la elección del Contralor General de la República. Ahora, la referida
norma incorporó un régimen de transición para la elección de servidores públicos a

44
Gaceta del Congreso 479 de 2015. Acta de Comisión 50 del 19 de mayo de 2015: “Me explico, todos sabemos y usted lo
acaba de decir que cuando hablamos textualmente del término concurso de méritos ya hay una jurisprudencia de la Corte
Constitucional absolutamente clara en esa materia que ha definido una y otra vez tutelas de personas que ganan los concursos
de méritos, por eso entre otras cosas y después de un estudio con las propias Altas Cortes de esos términos es que no
solamente para el tema de Contralor sino en general, para las elecciones en las Altas Cortes se ha cambiado el término
concurso de méritos por convocatoria pública reglada, convocatoria pública reglada quiere decir que quien convoque, tendrá
que establecer unos criterios para aplicar los principios de transparencia, de objetividad, de requisitos y de méritos”. (Se
resalta)
45
“[…] POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS REGLAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PREVIA A LA ELECCIÓN DE
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. […]”.

15

Radicación núm.: 08001-23-33-000-2025-00171-01
Accionante: Candelaria de La Cruz Chimas Acevedo

cargo de corporaciones públicas, cuyo proceso de selección no ha sido regulado
por la ley, en los siguientes términos:

“[…] PARÁGRAFO TRANSITORIO46. (Modificado por el artículo 153 de la Ley
2200 de 2022). Mientras el Congreso de la República regula las demás elecciones
de servidores públicos atribuidas a las corporaciones públicas conforme lo
establecido en el inciso cuarto del artículo 126 de la Constitución Política, la
presente ley se aplicará por analogía. Para el caso de la elección de los
secretarios de los concejos municipales de entidades territoriales de categorías
4a, 5a y 6a y con el fin de preservar sus finanzas territoriales, no se aplicará lo
dispuesto en el presente parágrafo transitorio. […]”.

57. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante concepto
de 11 de diciembre de 201847 indicó:

“[…] El verbo rector “aplicar” que utiliza el parágrafo transitorio del artículo 12, está
empleado en tiempo futuro: “se aplicará”, de manera que hay un mandato de aplicar la
analogía en las demás elecciones de servidores públicos, es decir, distintas a las del
Contralor General de la República (arts. 1 y ss.) y los Contralores departamentales,
distritales y municipales (art. 11), atribuidas a las corporaciones públicas, conforme a lo
establecido en el inciso cuarto del artículo 126 de la Constitución Política.

Así las cosas, ante la pregunta de la consulta, la Sala encuentra que en el caso
específico de la elección de los Secretarios de los Concejos Municipales por parte de
estos, se deben aplicar por analogía, las disposiciones de la Ley 1904 de 2018,
conforme a lo establecido por el parágrafo transitorio del artículo 12 de esta, por cuanto
dichos Secretarios son servidores públicos y los Concejos Municipales constituyen
corporaciones públicas, lo cual significa que se dan los supuestos de la norma contenida
en el inciso cuarto del artículo 126 de la Constitución, al cual remite el citado parágrafo
transitorio. […]”.

58. De modo tal que el parágrafo transitorio de la Ley 1904 cobijó, por analogía, la
designación de los secretarios de los concejos municipales pertenecientes a las
categorías 1ª, 2ª y 3ª.

59. Ahora bien, la Ley 1904 desarrolló los lineamientos para la elección de los
contralores, previendo las etapas del proceso de selección, a saber: i) la
convocatoria; ii) la inscripción; iii) la lista de elegidos; iv) las pruebas; v) los criterios
de selección; vi) la entrevista; vii) la conformación de la lista de seleccionados y; viii)
la elección.

46
Modificado por el artículo 153 de la Ley 2200 de 2022.
47
Consejo de Estado, Sala De Consulta y Servicio Civil, Consejero ponente: Édgar González López, radicado núm.: 11001-
03-06-000-2018-00234-00(2406)

16

Radicación núm.: 08001-23-33-000-2025-00171-01
Accionante: Candelaria de La Cruz Chimas Acevedo

II.7. El caso concreto

II.7.1. El estudio de los requisitos concurrentes del conflicto de intereses

• Que la persona señalada de adelantar la actuación violatoria del
régimen del conflicto de intereses ejerza o haya ejercido la investidura
de concejal

60. Este requisito se encuentra demostrado toda vez que los concejales Iván Darío
Ramírez Barrios y Julio José Hurtado Leiva se inscribieron como candidatos al
concejo del municipio de Puerto Colombia para el período constitucional 2024-2027
y resultaron elegidos cabildantes de ese municipio, lo cual se encuentra acreditado
con el Formulario E-26 CON obrante en el expediente y, en todo caso, este aspecto
no fue objeto de discusión en sede del recurso.

• La existencia de un interés directo, actual, particular o inmediato de los
concejales o de alguna de las personas señaladas en la ley, de orden
moral o económico

61. Como se indicó, la demanda se fundamentó en que se presentó un interés
directo, particular y actual en los accionados que les impedía participar en la sesión
de 10 de enero de 2024, en la cual se efectuó la elección del cargo de secretario
general, resultando elegido el señor Juan Fernando Agámez, quien integró con los
concejales la lista de candidatos a ese concejo municipal por el mismo movimiento
político para las elecciones realizadas el 29 de octubre de 2023, configurándose
así la causal de impedimento prevista en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley
1437.

62. El Tribunal Administrativo del Atlántico, en la sentencia recurrida, adujo que el
hecho de que los concejales Iván Darío Ramírez Barrios y Julio José Hurtado Leiva
hubiesen integrado la lista de candidatos para el concejo municipal de Puerto
Colombia en representación del movimiento Autoridades Indígenas de Colombia –
AICO con el señor Juan Fernando Agámez Rincón no implica que se haya afectado
la imparcialidad y transparencia en el proceso de elección del secretario ni tampoco
genera, automáticamente, algún interés o beneficio que les haya reportado y, por
el contrario, este queda desacreditado al pertenecer a una lista de voto preferente
que comporta una competencia por las curules.

63. La recurrente señala que según el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437, la
sola coincidencia en la lista inscrita por el mismo movimiento en el período electoral
coincidente con la elección genera un conflicto de intereses, sin que resulte
necesario probar el beneficio.

17

Radicación núm.: 08001-23-33-000-2025-00171-01
Accionante: Candelaria de La Cruz Chimas Acevedo

64. Para dilucidar este aspecto, resulta relevante hacer referencia a los principales
elementos de prueba respecto a la elección del secretario del concejo para la
vigencia 2024, así:

65. Los señores Iván Darío Ramírez Barrios, Julio José Hurtado Leiva y Juan
Fernando Agámez Rincón se inscribieron como candidatos al concejo del municipio
de Puerto Colombia en la misma lista por el movimiento político Autoridades
Indígenas de Colombia – AICO, tal y como lo confirman: i) el Formulario E-6 CON
contentivo de la solicitud para la inscripción de candidatos y constancia de
aceptación de candidaturas o movimientos políticos con personería jurídica por el
Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, AICO y; ii) el Formulario E-8-CO (
lista definitiva de candidatos por el movimiento Autoridades Indígenas de Colombia,
AICO), en el siguiente sentido48:

48
Cfr. Índice 2 del expediente digital de primera instancia. «2Aldespachopor_03DemandaAnexospdf(.pdf) NroActua 2».

18

Radicación núm.: 08001-23-33-000-2025-00171-01
Accionante: Candelaria de La Cruz Chimas Acevedo

66. A través de la Resolución 20231108002 de 8 de noviembre de 202349, la mesa
directiva del concejo municipal de Puerto Colombia convocó y reglamentó el
concurso público y abierto de méritos para proveer el cargo de secretario general
de esa corporación para el período comprendido entre el 1. de enero de 2024 al 31
de diciembre de 2024. El artículo 2. de la referida resolución definió el concurso de
méritos, así:

“[…] ARTICULO DOS. - Definición. Entiéndase por Concurso Público de Méritos
para la elección de Secretario General del concejo municipal el procedimiento
administrativo que se adelanta al interior del Concejo y en atención a las reglas
contenidas en la presente Resolución, cuyo objeto es identificar y seleccionar a
quienes reúnan las calidades para ejercer el cargo, a partir de criterios objetivos y
mediante procesos transparentes y abiertos con el fin de atender los principios de
moralidad, eficiencia, imparcialidad, igualdad y publicidad en la administración
pública, para elaborar una lista de elegibles de conformidad como lo establece el
Decreto 2485 de 2014 y el Decreto 1083 de 2015, posesionando al primero que
haya ocupado el más alto puntaje en la sumatoria de todas las pruebas.

49
Cfr. Índice 2 del expediente digital de primera instancia. «2Aldespachopor_03DemandaAnexospdf(.pdf) NroActua 2».

19

Radicación núm.: 08001-23-33-000-2025-00171-01
Accionante: Candelaria de La Cruz Chimas Acevedo

El concurso de méritos propende por la eficiencia en la gestión administrativa, la
participación en la conformación y ejercicio del poder, el derecho a la igualdad, y la
transparencia en la administración pública, pues este mecanismo asegura que
quienes acceden al cargo tengan las calidades académicas y personales para el
cumplimiento de sus funciones, y que sean el mérito y la capacidad los criterios
determinantes en la designación del funcionario. […]”. (negrilla del texto).

67. De conformidad con la citada resolución, el concurso público de méritos para la
elección de secretario general estaría integrado por las siguientes etapas:

“[…] ARTÍCULO CINCO. - Estructura del Proceso. EI Concurso Público de Méritos
para la elección de secretario general de Puerto Colombia- Atlántico tendrá las
siguientes fases:

1. Etapa previa de divulgación y Publicación de Convocatoria.

2. Convocatoria.

3. Reclutamiento — inscripciones.

4. Verificación de Requisitos Mínimos y publicación de lista de admitidos y no.
admitidos.

4.1. Impugnación.

4.2. Resolver impugnación.

4.3. Publicación Lista definitiva de admitidos y no admitidos.

5. Aplicación de Pruebas.

5.1 Prueba de Conocimientos académicos.
5.1.1 Impugnación
5.1.2 Resolver impugnación
5.1.3 Publicación Resultados definitivos de la prueba

5.2 Prueba de Competencias Laborales
5.2.1 Impugnación
5.2.2 Resolver Impugnación
5.2.3 Publicación resultados definitivos de la prueba

5.3 Valoración de Estudios y Experiencia
5.3.1 Impugnación
5.3.2 Resolver Impugnación
5.3.3 Publicación resultados definitivos de la prueba

5.4 Entrevista
5.4.1 Impugnación
5.4.2 Resolver Impugnación
5.4.3 Publicación resultados definitivos

6. Conformación Lista de Elegible

7. Elección. […]”.

20

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Accionante: Candelaria de La Cruz Chimas Acevedo

68. Además, los artículos 64 y 71 ibidem al regular lo concerniente a la
conformación de la lista de elegibles, así como la elección y posesión del secretario,
son del siguiente tenor:

“[…] ARTICULO SESENTA Y CUATRO. - Conformación de la Lista de Elegibles. De
conformidad con lo señalado en el Art. 4° del Decreto 2485 de 2014, Con los
resultados obtenidos en el artículo anterior, el Concejo Municipal elaborará en estricto
orden de mérito la lista de elegibles, con la cual se cubrirá la vacante del empleo
de Secretario General del concejo municipal con la persona que ocupe el primer
puesto de la lista.

[…]

ARTÍCULO SETENTA Y UNO. - Elección y Posesión. Una vez publicado el acto
administrativo que contiene la respectiva lista de elegibles debidamente ejecutoriado
y cumplidos los requisitos para la elección, previstos en las normas legales y
reglamentarias que se expidan para el efecto, el Concejo Municipal procederá a la
elección y posesión del Secretario General del concejo municipal dentro del término
legalmente establecido en el artículo 37 de la Ley 136 de 1994.

Así las cosas, el secretario así elegido, iniciarán su periodo el día hábil siguiente a su
elección. […]”. (negrilla del texto).

69. De acuerdo con el Acta de 002 de 10 de enero de 202450, el concejo municipal
de Puerto Colombia se reunió con el fin de elegir al secretario general de esa
corporación pública para la vigencia comprendida entre el 1. de enero de 2024 al
31 de diciembre de 2024, en los siguientes términos:

70. Al desarrollarse el punto 4.2 del orden del día, se registró lo siguiente:

50
Cfr. Índice 2 del expediente digital de primera instancia. «2Aldespachopor_03DemandaAnexospdf(.pdf) NroActua 2».

21

Radicación núm.: 08001-23-33-000-2025-00171-01
Accionante: Candelaria de La Cruz Chimas Acevedo

“[…] 4.2. Elección de Secretario General. […] Seguidamente, la presidencia ordena
hacer el llamado a lista de los honorables con concejales, para realizar la votación
nominal y pública, para la elección del secretario general del Concejo Municipal de
Puerto Colombia, para el período legal 2024. La Secretaria Ad Hoc, hace el llamado
a lista para la elección del funcionario, arrojando el siguiente resultado: VÍCTOR
ENRIQUE ACOSTA CORRO, vota por JUAN FERNANDO AGÁMEZ; ANTONIO DE
JESÚS ALTAHONA CASTRO, vota por JUAN FERNANDO AGAMEZ; RODRIGO
ALEJANDRO ESCALANTE VALLEJO, vota por JUAN FERNANDO AGÁMEZ;
JULIO JOSÉ HURTADO LEIVA, vota por JUAN FERNANDO AGÁMEZ; ANDRÉS
FERNANDO AGÁMEZ; EDISON MASSA SAMPER, vota negativo, se abstiene;
JAIME ANTONIO MEZA BARRAZA, vota por JUAN FERNANDO AGÁMEZ;
HERNANDO DARÍO MORRÓN DE LA ASUNCIÓN, vota por JUAN FERNANDO
AGÁMEZ; IVÁN DARÍO RAMÍREZ BARRIOS, vota por JUAN FERNANDO
AGÁMEZ; PAMELA SALAZAR CARRASQUILLA, vota negativo, se abstiene; DINA
LUCIA SARMIENTO ALTAMAR vota por JUAN FERNANDO AGÁMEZ; y MARIANA
VILLALBA SEGRERA, vota por JUAN FERNANDO AGÁMEZ, quedando elegido el
señor JUAN FERNANDO AGÁMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
98.637.728; como Secretario General del Concejo Municipal de Puerto Colombia,
para el periodo legal 2024, con un total de once (11) votos a favor. La presidencia
realiza la toma de juramento al funcionario elegido, quien jura, cumplir fielmente con
la Constitución, las leyes de la República y los reglamentos, acto seguido el
funcionario elegido, agradece a los concejales que depositaron su confianza en él;
Seguidamente se retoma el último Punto: Proposiciones y conclusiones. El honorable
concejal Hernando Morrón, propone, se aprueben las actas No. 1 y 2 del periodo
inaugural sometidas consideraciones, son aprobadas las actas, Seguidamente, la
presidencia, a manera de conclusión, informa que los concurso de méritos para la
elección de los funcionarios, fue el producto de un trabajo serio, realizado por la
anterior Mesa Directiva y en relación con la solicitud de las hojas de vida de los
participantes, señala que la Constitución ha sido clara al respecto, en el sentido de
que tales informaciones contienen la protección constitucional de Habeas Data, en
relación con las informaciones que en ellas se anotan, las cuales corresponden a la
intimidad personal de cada uno de los participantes en los concursos, agotado el
orden de día, se levanta la sesión, siendo las 12:05 p.m. […]”. (negrilla del texto y
subrayado fuera del texto).

71. Así mismo, se allegó el llamado a lista y el sentido del voto para la elección del
secretario general de la corporación51, así:

51
Cfr. Índice 2 del expediente digital de primera instancia. «2Aldespachopor_03DemandaAnexospdf(.pdf) NroActua 2».

22

Radicación núm.: 08001-23-33-000-2025-00171-01
Accionante: Candelaria de La Cruz Chimas Acevedo

72. Así las cosas, se presentó en los concejales accionados un interés partidista
que les impedía participar en el trámite de elección de quien había sido su
compañero de lista por el mismo movimiento político, en las elecciones realizadas
en el año 2023, el cual debía realizarse con sujeción a los principios de
transparencia, objetividad e igualdad.

73. Conforme se indicó anteriormente, la jurisprudencia tiene establecido que: i) el
artículo 11 de la Ley 1437 enlista las circunstancias de conflicto de interés y
causales de impedimento y recusación para todo servidor público; ii) el artículo 123
de la Constitución Política señala que son servidores públicos los miembros de las
corporaciones públicas, incluidos por lo tanto los concejales, razón por la cual
resulta aplicable la causal de impedimento prevista en el numeral 14. del artículo
11 de la Ley 143752 y; iii) la elección de secretario general constituye un
procedimiento administrativo.

74. Por demás, resulta importante destacar que el régimen de conflicto de intereses
y las causales de impedimento y recusación aplican a “[…] todo servidor público

52
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente (e): Germán Eduardo
Osorio Cifuentes. Sentencia de 30 de octubre de 2025. Radicación núm.: 05001-23-33-000-2025-00218-01.

23

Radicación núm.: 08001-23-33-000-2025-00171-01
Accionante: Candelaria de La Cruz Chimas Acevedo

[…]”, incluidos los de elección popular y esta regulación resulta complementaria con
las Leyes 136 y 617, sin ser excluyentes entre sí, toda vez que la Ley 1437 introduce
una enunciación, de forma anticipada, de los supuestos que deben ser materia de
declaratoria de impedimento y en ellos el legislador consideró que se encuentra
inmerso un interés directo, particular y actual53.

75. En estas condiciones, la manifestación del impedimento era esperable por parte
de los concejales. Este deber resulta exigible incluso cuando la actuación se realiza
a través de una convocatoria pública o concurso de méritos, porque si bien, en
principio, la convocatoria pública está diseñada para garantizar la idoneidad del
aspirante, esta circunstancia no elimina per se la existencia de situaciones de orden
moral o económico en los servidores públicos elegidos por voto popular que les
impida participar con la ecuanimidad y la transparencia en el cumplimiento de esta
función encomendada a estas corporaciones públicas de elección popular.

76. A partir de lo anterior, para la Sala se configuró el interés particular que les
asistía a los accionados al haber participado en la elección del cargo de secretario
al concejo para favorecer a quien había sido su compañero de lista por el mismo
movimiento político y en el mismo período electoral en el que resultaron elegidos
como concejales.

• Que se demuestre la participación efectiva en el respectivo trámite sin
haber manifestado su impedimento para actuar o sin haber sido
recusados para los efectos en un asunto de su competencia

77. De acuerdo con el Acta 002 de 10 de enero de 2024, la duma de Puerto Colombia
se reunió para efectuar la elección del secretario del concejo municipal para la
vigencia 2024; los concejales Iván Darío Ramírez Barrios y Julio José Hurtado Leiva
asistieron a esa reunión; con su presencia contribuyeron a la conformación del
cuórum decisorio y votaron positivamente a favor del señor Juan Fernando
Agámez, quien había integrado la lista por el movimiento Autoridades Indígenas de
Colombia – AICO en las elecciones realizadas el 29 de octubre de 2023, sin que
exista prueba de haber manifestado su impedimento o de haber sido recusados,
aspecto que, en todo caso, no fue objeto de debate o discusión.

78. Por otro lado, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 136, el concejo municipal
elegirá un secretario para un período de un año, reelegible a criterio de la
corporación y su primera elección se realizará en el primer período legal respectivo.

79. Además, conforme lo ha indicado la Sala Plena y esta Sección el conflicto de
interés no se circunscribe a asuntos de naturaleza normativa, sino también a otras
materias como las de naturaleza electoral54. En este sentido, conforme lo ha
53
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 28 de agosto de 2025. Radicación núm.: 23001 2333 000 2024 00197 01.
54
Sobre el particular: Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 10 de noviembre de 2009, expedientes Acumulados
No. 2008-01180 y 2008- 01367; C.P. Dra Marta Teresa Briceño de Valencia.

24

Radicación núm.: 08001-23-33-000-2025-00171-01
Accionante: Candelaria de La Cruz Chimas Acevedo

señalado la jurisprudencia “[…] el impedimento no solo puede darse cuando se trate
del ejercicio de las funciones puramente legislativas del Congreso sino cuando se
trate de las otras funciones de ese órgano como las funciones de control político,
las administrativas, las judiciales y las electorales. […]”55.

II.7.2. El estudio del aspecto subjetivo

80. El artículo 1. de la Ley 1881, modificado por el artículo 4. de la Ley 2003,
establece que el proceso sancionatorio de pérdida de investidura “[…] es un juicio
de responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en contra de los congresistas
que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren incurrido en una de
las causales de pérdida de investidura establecidas en la Constitución […]”. Para
establecer el grado de responsabilidad es necesario demostrar el dolo o la culpa
grave.

81. La Corte Constitucional, a partir de la sentencia SU-424 de 201656 indicó que
en los procesos de pérdida de investidura queda proscrita la responsabilidad
objetiva, toda vez que se trata de un juicio de naturaleza sancionatoria que debe
estar gobernado por los principios que forman parte integrante del debido proceso:

“[…] el análisis de responsabilidad que realiza el juez en el proceso sancionatorio
de pérdida de investidura es subjetivo, pues en un Estado de Derecho los juicios
que implican un reproche sancionador, por regla general, no pueden operar bajo
un sistema de responsabilidad objetiva, y las sanciones que se adopten en
ejercicio del ius puniendi deberán verificar la ocurrencia de una conducta regulada
en la ley (principio de legalidad o tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico
(principio de antijuridicidad) y culpable.

Así pues, en lo aquí pertinente, tras verificar la configuración de la causal, el juez
de pérdida de investidura examina si en el caso particular se configura el elemento
de culpabilidad (dolo o culpa) de quien ostenta la dignidad, esto es, atiende a las
circunstancias particulares en las que se presentó la conducta y analiza si el
demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su
voluntad se enderezó a esa acción u omisión.

En ese sentido, el juez de este proceso sancionatorio debe determinar si se
configura la causal y si a pesar de que ésta aparezca acreditada, existe alguna
circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya
actuado de buena fe o, en caso de que la causal lo admita, se esté ante una
situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en general exista alguna circunstancia
que permita descartar la culpa […]”. (negrilla fuera del texto).

82. La jurisprudencia del Consejo de Estado, desde la sentencia de 25 de mayo de
2017 se ha ocupado de definir los parámetros que deben tenerse en cuenta en el
estudio de la culpabilidad en procesos de pérdida de investidura, los cuales fueron

55
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1 de noviembre de 2016, CP: María
Elizabeth García González, radicado núm.: 11001-03-15-000-2015-01571-00(PI).
56
Corte Constitucional, SU 424 de 2016, MP: Gloria Stella Ortiz Delgado.

25

Radicación núm.: 08001-23-33-000-2025-00171-01
Accionante: Candelaria de La Cruz Chimas Acevedo

reiterados en la sentencia de 19 de abril de 202157, cuyos apartes más relevantes
son:

“[…] El estudio de la culpabilidad en los procesos de pérdida de investidura

124. Visto el artículo 1.° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4 de la Ley 2003
de 19 de noviembre de 2019, “[…] [e]l proceso sancionatorio de pérdida de
investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en contra
de los […] [miembros de las corporaciones públicas de elección popular] que, con su
conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren incurrido en una de las causales de
pérdida de investidura establecidas en la Constitución […]” (Destacado fuera de
texto).

[…]

126. Esta Corporación ha considerado que “[…] [e]l análisis subjetivo del juicio que
debe efectuar el juez de la pérdida de la investidura en razón de su carácter
sancionatorio, a la luz del artículo 29 constitucional, impone, por demás, un análisis
de responsabilidad basado en la culpabilidad y que la doctrina constitucional ha
interpretado como la proscripción de la responsabilidad objetiva en el ejercicio del jus
puniendi del Estado […]”.

127. Sobre el particular, la Corte Constitucional consideró que en el marco de las
solicitudes de pérdida de la investidura se debía determinar en cada caso si se
configuraba o no el elemento subjetivo de culpabilidad de quien ostenta la dignidad
porque el juicio de responsabilidad contiene un elemento objetivo, sobre la
adecuación típica de la conducta, y un elemento subjetivo que “[…] atiende a las
circunstancias particulares en las que se presentó la conducta y analiza si el
demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad
se enderezó a esa acción u omisión […]” (Destacado fuera de texto).

[…]

130. Para llegar a definir si una conducta es dolosa o gravemente culposa se deben
analizar los elementos que constituyen el aspecto subjetivo de la misma, los cuales
corresponden al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud de la conducta;
es decir, se debe determinar si el sujeto conocía o debía conocer que su
comportamiento resultaba contrario al ordenamiento jurídico.

131. Por un lado, en los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía
plenamente que su comportamiento era constitutivo de una causal de pérdida de
investidura, estaríamos ante una situación de total intención en la realización de la
misma y, por ende, de un grado de culpabilidad doloso; por el otro, en aquellos
eventos en los que se concluya que el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta
pero que, en virtud de la diligencia requerida para el desarrollo de su actividad, debía
saber que la misma resultaba contraria a derecho y adoptar las medidas para evitar
su realización, se estaría ante un comportamiento culposo, de no mediar sólidas
circunstancias que se lo hubieran impedido.
[…]

La conducta dolosa o gravemente culposa

133. Visto el artículo 1.° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4.° de la Ley 2003.

57
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, MP: Hernando Sánchez Sánchez, sentencia
de 19 de abril de 2021, radicado núm.: 44001-23-40-000-2020-00030-01(PI).

26

Radicación núm.: 08001-23-33-000-2025-00171-01
Accionante: Candelaria de La Cruz Chimas Acevedo

134. Para efectos de la configuración de una conducta dolosa se deben determinar,
por un lado, el conocimiento del sujeto en relación con que determinada conducta -
en este caso, haber incurrido en conflicto de intereses- se encontraba prohibida por
la Constitución Política y la ley.

135. Y, por el otro, que la voluntad del sujeto se dirigió a realizar la acción contraria
a derecho. Ante el conocimiento, la ejecución de la conducta demuestra la intención
en la misma.

136. Asimismo, la pérdida de investidura solamente tendrá lugar si la conducta es
“gravemente culposa”, lo que conlleva que debe ser inexcusable. […]”. (negrilla del
texto y subrayado fuera del texto).

83. La Sala reitera que la revisión de los requisitos y el marco normativo que rige
el cargo al cual se aspira constituye una obligación general para quien pretende
acceder a la función pública.

84. A partir de los anteriores lineamientos, el estudio del aspecto subjetivo exige
analizar tanto los hechos como la ilicitud de la conducta, es decir, se debe
determinar si el sujeto conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba
contrario al ordenamiento jurídico.

85. Por otro lado, existen situaciones que pueden justificar la configuración de la
conducta prohibida porque se actúa bajo el amparo de la buena fe cualificada, por
ejemplo: i) cuando los jueces han interpretado la disposición de una manera y luego
modifican su criterio, lo que puede afectar el principio de confianza legítima y; ii)
cuando la persona se asesora de un profesional idóneo y este le aconseja mal, ello
siempre y cuando no haya claridad en relación con el punto que se discute para la
configuración de la causal de pérdida de investidura.

86. Además de ello, la Corte Constitucional, en sentencia SU 292 de 202558 indicó
que “[…] el análisis subjetivo que debe hacerse en los procesos de pérdida de
investidura debe adelantarse teniendo en cuenta las circunstancias particulares de
cada caso concreto, con el fin de garantizar los principios constitucionales de buena
fe y confianza legítima. […]”.

87. Los accionados, a lo largo de su defensa, argumentaron que su conducta se
encuentra exenta de culpa porque su actuar estuvo amparado en la buena fe
calificada producto de un error invencible, dado que acudieron a la asesoría del
señor Nelson Enrique Maury Palacio, ex secretario del concejo de Puerto Colombia
y profesional con más de dieciséis (16) años de experiencia, quien señaló que las
decisiones particulares que los concejales adopten en el trámite de la elección
como secretario no generaban una situación constitutiva de conflicto de interés.

88. Conforme se indicó, la jurisprudencia ha identificado los siguientes supuestos
que demuestran la existencia de una buena fe calificada y que se está en presencia
58
SU 292 de 2025, MP: Carolina Ramírez Pérez (E).

27

Radicación núm.: 08001-23-33-000-2025-00171-01
Accionante: Candelaria de La Cruz Chimas Acevedo

de un error invencible, lo cual ocurre, por ejemplo: (i) cuando los jueces han
interpretado la disposición de una manera y luego modifican su criterio, lo que
puede afectar el principio de confianza legítima y (ii) cuando, precisamente para
evitar esa ignorancia, la persona se asesora de un profesional idóneo y este le
aconseja mal, siempre y cuando no haya claridad en relación con el punto que se
discute para la configuración de la causal de pérdida de investidura, porque si este
es claro, no suple la falta de diligencia el hecho de solicitar un concepto.

89. En relación con el primer evento, la Sala constata que, desde la sentencia del
año 2019, esta Sala de Sección, de manera pacífica y uniforme ha señalado que
una de las formas en que se transgrede el régimen del conflicto de intereses se
presenta cuando un servidor público de elección popular transgrede el numeral 14
del artículo 11 de la Ley 1437. Esta jurisprudencia no ha admitido cambios ni
mutaciones y, por lo tanto, es la postura vigente existente al interior de esta
corporación.

90. En relación con el segundo evento, los accionados indicaron que su actuación
estuvo enmarcada en la buena fe calificada proveniente de un error invencible toda
vez que las conclusiones vertidas en el concepto rendido por el abogado Nelson
Enrique Maury Palacio fueron de tal identidad y envergadura que llevaron a los
concejales a edificar un convencimiento errado sobre la elección del secretario
general y, por ende, que no tenían el deber de manifestar su impedimento.

91. En efecto, al proceso se allegó el concepto elaborado por el señor Nelson
Enrique Maury Palacio59, abogado especialista en “[…] Derecho Administrativo-
Derecho Laboral- Conciliaciones […]” en el cual quedó consignado lo siguiente:

“[…] Lo que Se consulta.

1. Cuáles serían sus actuaciones, dentro de esa colegiatura, en temas relacionados
con la continuación de los concursos públicos y abiertos de méritos, iniciado en la
vigencia anterior 2023, por el concejo saliente, para la elección de funcionarios: i.)
Personero Municipal del municipio de Puerto Colombia, para el periodo constitucional
comprendido entre el 1 de marzo de ésta (sic) anualidad 2024 al último día del mes
de febrero de 2028 y ii). Secretario General de la corporación, para el periodo legal
comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2024.

2. Cuáles serían sus competencias y deberes, con motivo (sic) su participación en la
elección de los mencionados funcionarios, si tenemos en cuenta que para ambos
casos, los concursos de méritos arrojaron sendas listas de elegibles y que en ambos
caos (sic), fueron superadas, por un solo suspirante (sic), para cada cargo.

3. En tratándose de lo referente al cargo de Secretario General, teniendo en cuenta
que el único aspirante al cargo a proveer, que conforma la lista de elegibles, es el
señor Juan Fernando Agamez Rincón, quien también hizo parte de la lista de
aspirantes al concejo municipal de Puerto Colombia, por el partido político,
AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA - AICO, lista de aspirantes al concejo

59
Cfr. Índice 14 del expediente digital de primera instancia. «12Memorialrecibi_10Contestaciondemand(.pdf) NroActua 14».

28

Radicación núm.: 08001-23-33-000-2025-00171-01
Accionante: Candelaria de La Cruz Chimas Acevedo

municipal de Puerto Colombia, de la cual también hicimos parte en esa contienda
electoral, cuáles serían nuestras implicaciones.

[…]”. (negrilla del texto).

92. El referido concepto abordó las siguientes temáticas, en el siguiente sentido:

“[…] Nuestro Concepto
Sea lo primero en señalar, que es (sic) nuestra amplia trayectoria como profesional
del derecho, con altísima experiencia en conocimientos relacionados con el tema, los
cuales se cimentan en dieciséis (16) años en el desempeño del cargo de Secretario
General del Concejo Municipal de Puerto Colombia y posterior a ello, como asesor
jurídico de concejos municipales, abogado litigante ante la jurisdicción contencioso
administrativa, son los que me permito manifestarles lo siguiente:

1. Respecto del primer interrogante, tenemos, que dentro de las competencias,
asignadas a los concejos municipales y distritales del país, la Carta Política de 1991
• articulo 313, ha definido temáticas en torno a sus deberes como concejales,
elegidos popularmente y así estos mandatos de orden superior, ha sido refrendados
por el artículo 35 de la Ley 136 de 1994, que se refiere a la elección de funcionarios,
por parte de los concejos municipales, tales disposiciones, contemplan los siguientes
contenidos:

Constitución Política de Colombia.

ARTICULO 313. Corresponde a los concejos:
(.....).
8. Elegir Personero para el período que fije la ley y los demás funcionarios que ésta determine.
(.....).
10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen.

Ley 136 de 1994.

ARTÍCULO 35. ELECCIÓN DE FUNCIONARIOS. Los concejos se instalarán y elegirán a los
funcionarios de su competencia en los primeros diez días del mes de enero correspondiente
a la iniciación de sus períodos constitucionales, previo señalamiento de fecha con tres días
de anticipación.
En los casos de faltas absolutas, la elección podrá hacerse en cualquier período de sesiones
ordinarias o extraordinarias que para el efecto convoque el alcalde.

Siempre que se haga una elección después de haberse iniciado un período, se entiende
hecha sólo para el resto del período en curso.

Colorario (sic) de lo anterior, es determinante y taxativo, desde la órbita constitucional
y legal, el cumplimiento de la misión institucional que les impone el estado, en donde
indefectible e inexcusablemente, ustedes, deberán evidenciar otro aspecto tan
importante, como lo es la voluntad política, para actuar, armónicamente con otras
instancias del estado, tal como lo estable (sic) la misma Constitución Política de
Colombia en su artículo 1º, de tal manera, que el municipio de Puerto Colombia, tenga
un Personero Municipal, como representante del Ministerio Público en esta sección
de país y el mismo cuerpo colegido (sic), concejo municipal, al que pertenecen, pueda
contar con un funcionario, que como el Secretario General, asuma funciones en la
organización administrativa de esa colegiatura, así lo señala la Ley 136 de 1994 y el
reglamento Interno del Concejo Municipal.

2. En relación con el segundo y tercer interrogante, tenemos:

29

Radicación núm.: 08001-23-33-000-2025-00171-01
Accionante: Candelaria de La Cruz Chimas Acevedo

Desde la entrada en vigencia de la Constitución Política de Colombia, se ha suscitado
una construcción jurídica, que poco a poco ha ido ajustando los cánones
constitucionales mediante leyes reglamentarias y en ese orden de ideas, han surgido
entre otras, las siguientes normas:

[…]

Como bien se puede notar, el concepto de elección para proveer funcionarios por
parte del concejo municipal, se registra en esta normativa más reciente, con el término
“cubrirá”, de modo tal, que habiendo transcurrido un concurso de méritos en el cual,
el anterior concejo (2020-2023), realizó tal como lo ordena la ley, el 95% de del (sic)
concurso, quedando solo el 5% correspondiente a la entrevista, para el nuevo concejo
municipal, del cual ustedes hacen parte, solo resta, para culminar el concurso, el 5%
de dicho concurso, que procederá con la entrevista, con la cual, se cubrirá la vacante
si y solo si con el mencionado señor Juan Agamez Roncón, por ello, las
decisiones particulares que tomen de los concejales consultantes en este asunto,
para nada cambiarán una decisión ya tomada, por parte de la entidad que realizó el
concurso de méritos.

En mérito de lo anterior, no observamos impedimentos e inhabilidades, para que
cumplan con su obligación misional de proveer los cargos arriba mencionados.

[…]

En conclusión, de lo anterior, somos del criterio, que siendo el municipio de Puerto
Colombia, una entidad territorial ubicada en la Tercera Categoría, y estando obligada
a cumplir con la realización del concurso público y abierto de méritos para proveer
los caragos (sic), en especial el de Secretario General, para el periodo legal enero 1
a 31 de diciembre de 2024, no son ustedes quienes eligen, sino que contrario sensu,
lo que se determina es corroborar el cubrimiento de la vacante del empleo (Decreto
1083 de 2015 - ARTÍCULO 2.2.27.4 Lista de elegibles).

Dicho lo anterior, debe observarse, que la elección directa de los funcionarios, por
parte de los integrantes de los concejos municipales, solo aplica, para los municipios
ubicados en categorías 4a, 5a y 6a (Artículo 153 de la Ley 2200 de 2022).

Por lo anterior y en consideración particular del suscrito, los señores JULIO JOSE
HURTADO LEIVA, IVAN DARIO RAMIREZ BARRIOS, al estar refrendando solo en
5% del total porcentual del concurso público y abierto de méritos para proveer los
cargos de los arriba mencionados funcionarios, no tiene (sic) impedimento ni
prohibición alguna y antes por el contrario, están cumpliendo con una misión
institucional que les impone la Constitución y la Ley.

El presente concepto, se brinda a los interesados, en los términos del Artículo 28 de
la Ley 1437 de 2011, por tanto su aplicación no es vinculante y no serán de obligatorio
cumplimiento o ejecución. […]”. (negrilla del texto).

93. Esta Sala60, en relación con los conceptos y las asesorías jurídicas ha señalado
que no cualquier gestión permite demostrar la diligencia y cuidado pues, para ello,
debe propender por la formulación correcta de las preguntas; las apreciaciones
contenidas en ellos deben ser conclusivas y contener medianos criterios de
idoneidad, congruencia, pertinencia y sustentación razonada en su elaboración, de

60
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Nubia Margoth Peña Garzón, sentencia
de 11 de marzo de 2021, radicado núm.: 15001-23-33-000-2020-00065-01(PI).

30

Radicación núm.: 08001-23-33-000-2025-00171-01
Accionante: Candelaria de La Cruz Chimas Acevedo

modo tal que de estos se desprenda un convencimiento justificado, defendible y
razonable de no estar incurso en una conducta constitutiva de pérdida de
investidura. Así, en sentencia de 11 de marzo de 202161, la Sección arribó a esta
conclusión:

“[…] (iii) No es cualquier gestión la que permite demostrar diligencia y cuidado por
parte de quien es acusado de haber incurrido en una inhabilidad u otra causal de
pérdida de investidura; y por el solo hecho de haber elevado una consulta o formulado
una inquietud a una entidad de derecho público o a un particular, se deba tener por
superada la censura de su conducta. Precisamente, como se indicó en líneas atrás,
el análisis de la culpabilidad del demandado no se agota allí, sino que el Juez tiene la
obligación de auscultar las singularidades de cada caso en aras de calificar el
comportamiento desplegado por el demandado.

Además, en los conceptos jurídicos y opiniones solicitados a entidades públicas,
cuerpos u órganos consultivos, así como las asesorías jurídicas requeridas a
profesionales del derecho, se debe propender por la formulación correcta y
completa de las preguntas, con el acompañamiento, de ser necesario, de la
documentación y elementos que permitan su debida comprensión, inquietud
que debe coincidir con los supuestos fácticos y jurídicos que son verdaderos
motivos de duda y que podrían encuadrar en la causal de pérdida de
investidura; y de la respuesta del asunto que se ha encomendado, las
apreciaciones o recomendaciones jurídicas vertidas en los conceptos y
asesorías deben ser conclusivas y contener medianos criterios de idoneidad,
congruencia, pertinencia y sustentación razonada en su elaboración, de modo
tal que de estos se desprenda un convencimiento justificado, defendible y
razonable de no estar incurso en una conducta constitutiva de pérdida de
investidura […]”. (negrilla fuera del texto).

94. Analizado dicho documento, la Sala encuentra que el concepto referido por el
señor Nelson Enrique Maury Palacio no corresponde a un estudio serio, completo
e integral por las siguientes razones:

95. i) El concepto no consultó la jurisprudencia aplicable en la materia, vigente para
la época de los hechos, la cual ha sido consistente en señalar que los servidores
públicos, de los cuales hacen parte los concejales, tienen el deber de declararse
impedidos cuando se encuentran en la situación prevista en el numeral 14 del
artículo 11 de la Ley 1437, hipótesis en la cual se encuentra comprometida la
imparcialidad y objetividad.

96. Conforme se indicó anteriormente, la Sección Primera, a partir de la referida
sentencia de 19 de septiembre de 2019, ha señalado que el numeral 14. del artículo
11 de la Ley 1437, está dirigido a todos los servidores públicos que deban adelantar
actuaciones administrativas, dentro de los cuales se encuentran cobijados los
miembros de las corporaciones públicas de elección popular y la elección del
secretario del concejo constituye un procedimiento administrativo especial regulado
en el artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015, el cual debe adelantarse con
sujeción a los principios de transparencia e imparcialidad.

61
Ibid.

31

Radicación núm.: 08001-23-33-000-2025-00171-01
Accionante: Candelaria de La Cruz Chimas Acevedo

97. ii) La recomendación vertida en el concepto tampoco consultó la jurisprudencia
en la materia que ha señalado que el conflicto de interés se configura cuando el
concejal participa en la elección del servidor público y esto no se desvirtúa por el
hecho de que la elección sea producto de un concurso de méritos o de una
convocatoria pública62.

98. iii) La recomendación no cuenta con un respaldo normativo que justifique la
tesis consistente de que el conflicto de interés desaparece por el hecho de que el
concurso de méritos para elegir secretario haya estado precedido por una
convocatoria pública o incluso por un concurso de méritos.

99. iv) La opinión contenida en el concepto según la cual no existe una situación
constitutiva de conflicto de interés porque la actuación de los concejales se limitó a
refrendar un resultado de una lista de elegibles y que la participación de los
accionados no tenía la virtualidad de cambiar el sentido de una decisión ya
adoptada en el marco de un concurso de méritos carece de criterios de
razonabilidad, toda vez que la jurisprudencia ha señalado que el conflicto de interés
busca que el servidor público de elección popular participe en la discusión o debate
de una decisión en ejercicio de cualquiera de las funciones a su cargo y no consulte
el bien común y la prevalencia del interés general.

100. En efecto, esta Sección ha señalado que el régimen de conflicto de intereses
censura “[…] la participación, votación, intervención o adopción de decisiones por
parte del servidor público -entre ellos, los concejales municipales- en los asuntos
relacionados con sus funciones, cuando se presente una situación que configure la
violación del régimen de conflicto de intereses, sin que sea posible tener en cuenta
el sentido en que se participe, vote, intervenga o adopte una decisión. […]63”.

101. Según lo ha señalado la jurisprudencia, las apreciaciones o recomendaciones
jurídicas vertidas en los conceptos deben ser conclusivas y contener medianos
criterios de idoneidad, congruencia, pertinencia y sustentación razonada en su
elaboración64, exigencias que no fueron tenidas en cuenta en la elaboración de la
referida asesoría para llegar a considerar que generó un convencimiento justificado
en los accionados de que su participación en la elección del secretario general no
generaba ningún conflicto de interés.

102. Así las cosas, si bien los concejales insistieron en que actuaron con la buena
fe al haber sido asesorados por un profesional del derecho, este concepto no
consultó la jurisprudencia de esta Sección en la materia; tampoco contiene criterios

62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 24 de julio de 2025. Radicación núm.: 05001 2333 000 2024 01329 02. (concejales de San Pedro de
los Milagros).
63
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2025, MP:
Germán Eduardo Osorio Cifuentes, radicado núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02.
64
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Nubia Margoth Peña Garzón, sentencia
de 11 de marzo de 2021, radicado núm.: 68001-23-33-000-2019-00942-01(PI).

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Radicación núm.: 08001-23-33-000-2025-00171-01
Accionante: Candelaria de La Cruz Chimas Acevedo

razonables e idóneos ni cuenta con consideraciones concluyentes a partir de las
cuales se desprendiera un convencimiento justificado, defendible y razonable en
cabeza de los concejales accionados de no estar incursos en una situación
violatoria del régimen del conflicto de intereses.

103. Lo que está acreditado en el plenario es que los accionados no actuaron con la
diligencia debida en la tarea que le fue encomendada al momento de la elección
del cargo de secretario ni consultaron la jurisprudencia aplicable y vigente al
momento de ocurrencia de los hechos analizados la cual ha sido consistente en
relación con esta materia, situación que permite demostrar la culpa grave.

104. Por otro lado, los accionados para justificar el incumplimiento del deber de
declararse impedidos alegan su falta de experiencia y de formación en el cargo al
ser la primera vez que incursionan en la política. Sin embargo, estas aseveraciones
no logran justificar el cumplimiento del deber que tenían a su cargo, porque como
lo ha reiterado esta Sección65, este grado de inexperiencia demandaba una
conducta prudente al participar en el trámite de elección del secretario general,
máxime cuando uno de los postulantes era su compañero de lista por el mismo
movimiento político al cual se inscribieron.

105. Por lo tanto, los argumentos expuestos por los accionados no logran desvirtuar
la configuración del elemento subjetivo, porque su conducta no estuvo amparada
en la jurisprudencia de esta Corporación, ni tampoco demostraron que el concepto
aportado en el proceso reúna criterios de razonabilidad e idoneidad ni que hubiesen
revisado la jurisprudencia aplicable en relación con la causal de pérdida de
investidura por violación del conflicto de intereses que se les reprocha.

106. Con fundamento en las razones expuestas y al encontrarse demostrados los
elementos objetivos y el subjetivo de la causal prevista en el numeral 2. del artículo
55 de la Ley 136 y en el numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617, en concordancia
con los artículos 70 de la Ley 136 y el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437,
esto es, por violación del régimen del conflicto de intereses, la Sala revocará la
sentencia de 24 de junio de 2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo del Atlántico y, en su lugar, decretará la pérdida de investidura de
los señores Iván Darío Ramírez Barrios y Julio José Hurtado Leiva, concejales
electos del municipio de Puerto Colombia, para el período 2024-2027.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

65
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de junio de 2024, C.P. Germán
Eduardo Osorio Cifuentes, número único de radicación 50001 23 33 000 2024 00029 01

33

Radicación núm.: 08001-23-33-000-2025-00171-01
Accionante: Candelaria de La Cruz Chimas Acevedo

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 24 de junio de 2025, proferida por la Sala
Plena del Tribunal Administrativo del Atlántico, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: DECRETAR la pérdida de investidura de los señores Iván Darío
Ramírez Barrios y Julio José Hurtado Leiva, concejales del municipio de Puerto
Colombia para el período 2024-2027.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
Salva voto

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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