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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01937-00

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01937-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por los señores Iván Darío Ramírez Barrios y Julio José Hurtado Leiva contra la Sección Primera del Consejo de Estado. SEGUNDO: NEGAR la medida provisional solicitada por la parte accionante. TERCERO. NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01937-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

23 de abril de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01937-00
Demandantes: Iván Darío Ramírez Barrios y Julio José Hurtado Leiva
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01937-00
Demandantes: IVÁN DARÍO RAMÍREZ BARRIOS Y JULIO JOSÉ
HURTADO LEIVA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA

Tema: Tutela contra providencia judicial – declara improcedente por
falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala, en primera instancia, la acción de tutela de la referencia de
conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Los señores Iván Darío Ramírez Barrios y Julio José Hurtado Leiva, por intermedio
de apoderada, presentaron acción de tutela1 con el fin de que se les amparen sus
derechos fundamentales al debido proceso; defensa y contradicción; acceso
efectivo a la administración de justicia; tutela judicial efectiva; participación en la
conformación, ejercicio y control del poder político, y al acceso y permanencia en
el ejercicio de cargos públicos en condiciones de legalidad «con plena sujeción a
las garantías constitucionales».

Las mencionadas garantías las estimaron vulneradas por el Consejo de Estado,
Sección Primera al proferir la providencia de 19 de febrero de 2026, que revocó la
decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico, para en su lugar declarar la
pérdida de investidura de los accionantes en su condición de concejales del

1
Escrito radicado el 10 de marzo de 2026. Índice 1 del expediente judicial Samai.
1

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Demandantes: Iván Darío Ramírez Barrios y Julio José Hurtado Leiva
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera

municipio de Puerto Colombia [Atlántico]2, al interior del expediente3 con el radicado
08001-23-33-000-2025-00171-00/01.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y pidió:

6.2. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el diecinueve (19) de febrero de
2026 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, dentro del proceso de pérdida de investidura radicado bajo el No. 08001-
23-33-000-2025-00171-00/01, mediante la cual se revocó la decisión de primera
instancia y, en su lugar, se declaró la pérdida de investidura de los señores IVÁN
DARÍO RAMÍREZ BARRIOS y JULIO JOSÉ HURTADO LEIVA.

6.3. ORDENAR a la autoridad judicial accionada que, dentro del término que se le
señale, profiera una nueva decisión en la que resuelva el recurso de apelación con
estricto respeto de los derechos fundamentales amparados y de los parámetros
constitucionales desarrollados en el fallo de tutela, valorando integralmente las
circunstancias particulares del caso, la dimensión democrática comprometida, la
incidencia material de la participación de los accionantes en la elección cuestionada,
y el carácter subjetivo del juicio de pérdida de investidura.

6.4. ORDENAR, como consecuencia de lo anterior y conforme se solicita en escrito de
medidas cautelares, la suspensión de los efectos jurídicos derivados de la sentencia
cuestionada, hasta tanto se profiera la nueva decisión que deba adoptarse en
cumplimiento del fallo de tutela, en caso de que ello resulte necesario para garantizar
la efectividad del amparo.4.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y el expediente, se establecen los siguientes supuestos que,
a juicio de la sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

En las elecciones celebradas el 29 de octubre de 2023, fueron elegidos concejales
del municipio de Puerto Colombia [Atlántico] los señores Iván Darío Ramírez Barrios
y Julio José Hurtado Leiva, para el período constitucional 2024-2027, quienes se
inscribieron como candidatos por el movimiento político Autoridades Indígenas de
Colombia – AICO.

En dichas elecciones también participó como candidato al Concejo Municipal de
Puerto Colombia el señor Juan Fernando Agámez Rincón, quien integró la misma
lista electoral del movimiento político Autoridades Indígenas de Colombia – AICO.

2
Al encontrar configurada la causal prevista en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 por violación
del régimen de conflicto de intereses; al haber incurrido en la causal de impedimento descrita en el numeral 14
del artículo 11 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, referida al hecho
de haber integrado la misma lista electoral que el posteriormente elegido secretario general del concejo
municipal.
3
Proceso de pérdida de investidura promovido por la señora Candelaria De La Cruz Chimas Acevedo.
4
Transcripción del texto original que puede contener errores.
2

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Demandantes: Iván Darío Ramírez Barrios y Julio José Hurtado Leiva
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera

Con posterioridad, el Concejo Municipal de Puerto Colombia adelantó el proceso
para proveer el cargo de secretario general de la corporación para la vigencia 2024
y expidió la Resolución No. 2023-11-08-002 del 8 de noviembre de 2023, mediante
la cual convocó y reglamentó el concurso [procedimiento administrativo especial]
público y abierto para proveer el referido cargo.

Dentro de dicho proceso de selección participó el señor Juan Fernando Agámez
Rincón, aspirante que obtuvo un puntaje total consolidado de 60,325, siendo el
único participante que alcanzó el umbral requerido para continuar dentro del
concurso, razón por la cual integró la lista de elegibles y su nombre fue sometido a
consideración de la plenaria del Concejo Municipal de Puerto Colombia para efectos
de su elección.

El 10 de enero de 2024, el Concejo Municipal de Puerto Colombia llevó a cabo
sesión ordinaria con el propósito de realizar la votación para proveer el cargo de
secretario general de la corporación y resultó elegido el señor Juan Fernando
Agámez Rincón con once (11) votos a favor y dos (2) votos en contra. En dicha
votación participaron los concejales Iván Darío Ramírez Barrios y Julio José Hurtado
Leiva.

Con fundamento en los hechos anteriores, la señora Candelaria De La Cruz Chimas
Acevedo promovió medio de control de pérdida de investidura contra los concejales
Iván Darío Ramírez Barrios y Julio José Hurtado Leiva, al considerar que incurrieron
en violación del régimen de conflicto de intereses por no haberse declarado
impedidos para participar en la elección del secretario general del Concejo Municipal
de Puerto Colombia [numeral 14 del artículo 11 del CPACA.] 5

El proceso de pérdida de investidura fue conocido en primera instancia por el
Tribunal Administrativo del Atlántico6, autoridad judicial que, mediante sentencia del
24 de junio de 2025, negó las pretensiones de la demanda al concluir que no se
encontraba acreditada la configuración de un conflicto de intereses en cabeza de
los concejales demandados.

En dicha providencia, el cuerpo colegiado consideró que, si bien los concejales
demandados habían integrado la misma lista electoral que el funcionario elegido
como secretario general del Concejo Municipal, dicha circunstancia no resultaba
suficiente para configurar un conflicto de intereses, toda vez que no se acreditó la

5
Artículo 11. Conflictos de interés y causales de impedimento y recusación. Cuando el interés general propio
de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá
declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas,
realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no
manifiesta su impedimento por:
[…]
14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas o integradas
también por el interesado en el período electoral coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los
dos períodos anteriores.
6
Bajo el radicado 08001-23-33-000-2025-00171-00.

3

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existencia de un interés directo, particular y concreto que comprometiera la
imparcialidad de los concejales demandados.

Asimismo, indicó que la elección del secretario general del Concejo Municipal de
Puerto Colombia se encontraba precedida por un procedimiento administrativo
especial y que el señor Juan Fernando Agámez Rincón figuraba como candidato
elegible al momento de surtirse la votación.

Contra la anterior decisión la señora Candelaria De La Cruz Chimas Acevedo
interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sección Primera del
Consejo de Estado en sentencia del 19 de febrero de 2026, a través de la cual
revocó el fallo proferido de primer grado y, en su lugar, declaró la pérdida de
investidura de los concejales Iván Darío Ramírez Barrios y Julio José Hurtado Leiva.

Para arribar a esta determinación, la autoridad judicial accionada consideró que la
participación de los concejales en la votación mediante la cual se eligió al secretario
general del Concejo Municipal configuraba una violación del régimen de conflicto de
intereses, derivada del hecho de haber integrado la misma lista electoral con el
funcionario elegido, postura que ha sostenido de manera reiterada la jurisprudencia
de la Sección Primera.

Adicionalmente, concluyó que en el caso concreto se encontraba acreditado el
elemento subjetivo de la conducta, descartando que la invocación de buena fe por
parte de los accionantes resultara suficiente para excluir la culpabilidad exigida en
materia de pérdida de investidura.

La providencia acusada fue notificada de manera electrónica el 4 de marzo de 2026
y por estado el 6 del mismo mes y año7; el 9 de marzo de 2026 la parte actora
presentó solicitud de aclaración de la sentencia de 19 de febrero de 20268, petición
que al momento de la presentación de la acción de tutela se encontraba pendiente
de resolver9.

1.4. Sustento de la vulneración

La parte actora, en primer lugar, afirmó que la solicitud de amparo supera todos los
requisitos generales de procedencia fijados por la Corte Constitucional10. En
particular, comentó que el asunto goza de relevancia constitucional, ya que se está
discutiendo la vulneración de derechos fundamentales con la consiguiente
afectación de sus derechos políticos y del mandato democrático conferido por el

7
Índice 29 del expediente judicial SAMAI radicado: 08001233300020250017101.
8
Índice 37 del expediente judicial SAMAI radicado: 08001233300020250017101.
9
La acción de tutela fue radicada el 10 de marzo de 2026.
10
(a) legitimación en la causa; (b) relevancia constitucional; (c) inmediatez; (d) subsidiariedad; (e) identificación
razonable de los hechos que generaron la presunta vulneración y de los derechos fundamentales
comprometidos; y (f) que la providencia cuestionada no corresponda a una sentencia de tutela.

4

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electorado y que tal circunstancia, por sí sola, desplaza el debate del plano
estrictamente legal al ámbito constitucional.

Precisó que no busca reabrir el proceso como una tercera instancia sino demostrar
que la sentencia acusada incurrió en defectos de relevancia constitucional al
estructurar de manera irrazonable el conflicto de intereses, valorar indebidamente
el material probatorio y omitir un análisis reforzado en procesos de índole
sancionatorio.

En segundo lugar, indicó que la providencia judicial incurrió en los siguientes
defectos:

• Sustantivo: Aseguró que la Sección Primera del Consejo de Estado
construyó la pérdida de investidura a partir de una lectura rígida y desproporcionada
del numeral 14 del artículo 11 del CPACA11, en armonía con el régimen de conflicto
de intereses, y terminó otorgándole a la sola coincidencia previa en una misma lista
electoral el alcance de un interés jurídicamente relevante bastante para imponer la
sanción.

Reprochó que, haya convertido la hipótesis normativa del conflicto de intereses en
una regla automática, en la que la sola participación previa en una misma lista
electoral pasa a equivaler, casi sin mediaciones, a un interés particular bastante
para sancionar. Adujo que esa conclusión es defectuosa porque difumina la
diferencia entre:

(i) Una causal de impedimento que exige prudencia institucional, y
(ii) Una causal de pérdida de investidura que, por su intensidad, exige una
comprobación mucho más estricta, constitucionalmente compatible con el principio
democrático, el debido proceso y la naturaleza sancionatoria del medio de control.

Sostuvo que la autoridad judicial accionada desarrolló ampliamente la aplicabilidad
del numeral 14 del artículo 11 del CPACA y el concepto de interés partidista, pero
no ponderó con suficiente rigor el hecho de que la sanción recaía sobre concejales
elegidos popularmente, ni el peso que debía dársele al principio democrático al
momento de optar entre una interpretación sancionatoria amplia y una interpretación
restrictiva y garantista.

11
Artículo 11. Conflictos de interés y causales de impedimento y recusación. Cuando el interés general propio
de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá
declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas,
realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no
manifiesta su impedimento por:
[…]
14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas o integradas
también por el interesado en el período electoral coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los
dos períodos anteriores.

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De igual manera, criticó que hubiese reconocido que la reglamentación del proceso
de selección del secretario general contemplaba la elaboración de una lista en
estricto orden y la provisión de la vacante con quien ocupara el primer lugar, pero,
a pesar de ello, en el fallo se minimizara el significado jurídico de esa estructura
previa y reubicara todo el peso decisorio en la etapa final del procedimiento, es
decir, en la votación que, finalmente, no mutaba en nada la elección del señor Juan
Fernando Agámez Rincón; al respecto enfatizó que «fue elegido con once (11) votos
a favor y dos (2) votos negativos. Es decir, aun sin la participación de Iván Darío
Ramírez Barrios y Julio José Hurtado Leiva, el candidato igualmente habría
alcanzado nueve votos afirmativos frente a dos negativos y, por consiguiente, habría
sido elegido de todas maneras».

• Fáctico: Al respecto, expuso que el yerro se estructuró en dos dimensiones:
(i) en la forma como tuvo por demostrado el interés directo, particular y actual exigido
para estructurar el conflicto de intereses; y (ii) en la manera como valoró —o dejó
de valorar— la incidencia material de la conducta de los accionantes dentro de la
elección cuestionada.

En cuanto al primer aspecto, sostuvo que la providencia accionada deriva la
existencia de un «interés partidista» de un solo hecho: que los accionantes
integraron la misma lista del movimiento AICO en las elecciones territoriales de 2023
y, a partir de ese hecho infiere que los concejales actuaron para favorecer a quien
había sido su compañero de lista, pero el expediente no muestra una base
probatoria robusta que permita pasar, sin más, de la coincidencia en una lista
electoral a la existencia de un interés personal, directo, concreto y actual suficiente
para imponer la pérdida de investidura.

Insistió en que el fallo no valoró debidamente un hecho objetivo y central del
expediente y, es que, la participación de los accionantes no alteró materialmente el
resultado final de la elección, a su juicio, ese hecho probatorio era altamente
relevante para valorar la aptitud real de la conducta atribuida, la materialidad del
supuesto favorecimiento y la proporcionalidad de la respuesta sancionatoria.

• Decisión sin motivación suficiente: Reconoce que la sentencia
cuestionada explica extensamente por qué considera aplicable el numeral 14 del
artículo 11 del CPACA, al estimar que los concejales son servidores públicos sujetos
a esa causal y que la elección del secretario constituye un procedimiento
administrativo especial.

Sin embargo, a su juicio, esa amplitud expositiva no se traduce en una motivación
suficiente respecto de los puntos más sensibles del caso concreto en la medida que
no se desarrolló una argumentación sólida sobre por qué el principio democrático
no conducía a una interpretación más estricta y contenida del conflicto de intereses
y no se explica por qué la participación política conferida por los electores quedaba
constitucionalmente desplazada con esa facilidad frente a una situación en la que

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el resultado final de la elección no dependía materialmente de los votos de los
accionantes.

Sobre el punto itera que el candidato Juan Fernando Agámez Rincón obtuvo 11
votos favorables y 2 negativos y ese hecho no fue discutido, y que la providencia no
ofrece una razón suficiente para explicar por qué, siendo así, la participación de los
accionantes conservaba una entidad material bastante como para soportar la
pérdida de investidura. Refirió que la sentencia constata el quorum, la presencia y
el sentido del voto, pero no responde de manera robusta a una cuestión elemental:
¿qué incidencia real tuvo esa participación en el resultado?, ¿por qué una
intervención no decisiva no debía ser valorada de modo distinto en el juicio
sancionatorio?

Adicionalmente, adujo que la insuficiencia de motivación se proyecta también sobre
el elemento subjetivo ya que, si bien el fallo reprochado desarrolla un acápite sobre
culpabilidad, no ofrece una motivación que corresponda con el estándar de la Corte
Constitucional para justificar por qué la conclusión sobre culpa grave prevalecía
frente a datos como la estructura reglada del procedimiento administrativo especial
y la ausencia de una afectación material del resultado en la elección del secretario
general.

• Desconocimiento del precedente. Afirmó que la providencia accionada
desconoció el precedente constitucional fijado en la SU - 424 de 2016 sobre pérdida
de investidura en cuanto al carácter subjetivo del juicio, la proscripción de la
responsabilidad objetiva, la necesidad de valorar circunstancias particulares y la
obligación de interpretar la institución en consonancia con el principio democrático
y la representación política efectiva.

Al respecto explicó que la Sección Primera reproduce parte de la mencionada
providencia, pero en realidad no la aplica con la densidad que exige el precedente
constitucional, en la medida que termina sosteniendo una lógica fuertemente
objetiva, ya que parte de una lista electoral y de allí infiere un interés partidista, y
desde esa base concluye la procedencia de la sanción, entonces, a su criterio, el
análisis subjetivo quedó subordinado a la supuesta claridad del numeral 14 del
artículo 11 del CPACA y no a una verdadera ponderación de las circunstancias
concretas del caso.

Asimismo, indicó que al omitir una evaluación conjunta de (i) la existencia de un
procedimiento administrativo especial de selección con reglas previas; (ii) que el
candidato sometido a votación ya había superado las etapas anteriores y figuraba
dentro de la lista de elegibles; y (iii) que los votos de los sancionados no eran
determinantes para el resultado final, el fallo se aparta de la jurisprudencia
constitucional SU - 632 de 2017 y SU - 417 de 2024 que exige que la pérdida de
investidura sea interpretada y aplicada en armonía con la representación política
efectiva y con la confianza depositada por el electorado.

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• Violación directa la Constitución: Sobre este yerro indicó que se estructura
por la forma en que interpretó y aplicó el régimen de conflicto de intereses que
terminó comprometiendo varias garantías superiores: el debido proceso, el acceso
a la justicia y la tutela judicial efectiva, y los derechos de participación política y de
acceso y permanencia en cargos públicos y, precisó:

La providencia accionada, en los hechos, desdibujó ese estándar constitucional. Lo
hizo al transformar la coincidencia previa en una misma lista electoral en un
fundamento prácticamente suficiente de reproche, y al no otorgar relevancia
bastante a elementos del caso concreto que imponían una lectura más garantista:
el procedimiento administrativo especial que antecedió la elección, la no
determinación de los votos y la ausencia de una afectación real del resultado. Esa
forma de decidir vulnera directamente el artículo 29 Superior, porque reduce la
intensidad del examen subjetivo que la Constitución exige en todo juicio
sancionatorio.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 12 de marzo de 2026, el magistrado ponente admitió la solicitud
de amparo y, en consecuencia, resolvió: (i) notificar la acción de tutela al Consejo
de Estado, Sección Primera; (ii) vincular en calidad de terceros con interés al
Tribunal Administrativo del Atlántico y a la señora Candelaria de la Cruz Chimas
Acevedo; (iii) oficiar al a quo y al ad quem del medio de control de pérdida de
investidura para que remitieran el expediente 08001-23-33-000-2025-00171-00/01;
(iv) reconocer personería jurídica a la apoderada de la parte actora, y (v) negar la
medida cautelar solicitada.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes informes:

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Primera

En escrito suscrito por el magistrado ponente de la sentencia cuestionada, solicitó
declarar improcedente la acción constitucional por no cumplir con los requisitos de
subsidiariedad y relevancia constitucional o, en su defecto, negar la solicitud de
amparo.

Manifestó que no se satisface el presupuesto de subsidiariedad porque al momento
de interponerse la acción de tutela la decisión reprochada no se encuentra
ejecutoriada.

Sobre el punto explicó que los accionantes pretenden que se deje sin efectos la
sentencia de 19 de febrero de 2026, mediante la cual se revocó el fallo de primera
instancia y, en su lugar, accedió a la solicitud de pérdida de investidura, proceso
judicial que se encuentra en trámite, comoquiera que «la parte accionada presentó
solicitud de aclaración de la sentencia de 19 de febrero de 2026, que se encuentra
pendiente de resolver».
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Frente a la relevancia constitucional afirmó que de la lectura de la acción de tutela
se advierte que la controversia planteada carece del referido requisito, por cuanto
el asunto debatido no gira en torno al alcance, aplicación y/o desarrollo de un
derecho fundamental, sino frente a la inconformidad con la decisión adoptada por el
juez natural.

En ese orden precisó que todos los argumentos expuestos en la acción de tutela
fueron resueltos por la Sección Primera luego de efectuar el análisis de los
elementos objetivo y subjetivo de la causal prevista en el numeral 212. del artículo
55 de la Ley 136 de 1994 y en el numeral 113. del artículo 48 de la Ley 617 de 2000,
sobre violación del régimen del conflicto de interés, de acuerdo con las pruebas que
obraron en el expediente y que fueron valoradas bajo las reglas de la sana crítica y
la jurisprudencia aplicable al asunto.

En cuanto a los presuntos yerros alegados, argumentó que no se configuran y, en
cuanto al defecto sustantivo indicó que en la sentencia acusada, en los acápites II.4.
sobre «La causal de pérdida de investidura por violación del régimen del conflicto
de interés» y II.5. «El conflicto de intereses derivado de la causal de impedimento y
recusación prevista en el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437», se expuso la
jurisprudencia de esta Corporación14 que de manera pacífica y consistente ha
señalado que la ley entiende que en la situación descrita en el artículo 1115, numeral

12
Artículo 55. Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales perderán su investidura por:
[…]
2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses.
[…]
13
ARTÍCULO 48.- Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de
juntas administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas
administradoras locales perderán su investidura:
1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No existirá conflicto de
intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones
a las de la ciudadanía en general.
[…]
14
Entre otras ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero
ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Sentencia de 19 de septiembre de 2019. Radicación núm.: 13001 23
33 000 2018 00738 01(PI). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia de 3 de marzo de 2023. Radicación núm.: 25000
23 15 000 2022 01015 01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia de 11 de mayo de 2023. Radicación núm.: 25000
23 15 000 2022 01016 01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Sentencia de 14 de septiembre de 2023. Radicación núm.:
25000 23 15 000 2022 01014 01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia de 26 de septiembre de 2024. Radicación núm.:
050012333000202400237-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia de 6 de marzo de 2025. Radicación núm.: 50001
23 33 000 2024 00321 01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Consejera ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Sentencia de 2 de mayo de 2025. Radicación núm.: 25000
23 15 000 2024 00502 01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Consejera ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Sentencia de 24 de julio de 2025. Radicación núm.: 05001
2333 000 2024 01329 02. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Consejera ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Sentencia de 28 de agosto de 2025. Radicación núm.: 23001
2333 000 2024 00197 01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Consejero ponente (e): Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Sentencia de 30 de octubre de 2025. Radicación
núm.: 05001-23-33-000-2025-00218-00.
15
Artículo 11. Conflictos de interés y causales de impedimento y recusación. Cuando el interés general propio
de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá
declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas,
9

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14, de la Ley 1437 de 2011, se encuentra comprometida la imparcialidad y la
objetividad de los servidores públicos, debido a que el legislador deduce que de esa
situación surge un interés directo, particular y actual en relación con la decisión que
debe adoptarse. En consecuencia, «la Sección Primera no realizó una interpretación
extensiva de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen del
conflicto de intereses».

Asimismo, destacó que en lo relacionado con la imposibilidad de que se presente
un conflicto de intereses por el hecho de que el procedimiento para elegir secretario
esté precedido de una convocatoria pública, se debe advertir que esa sola
circunstancia no hace desaparecer el conflicto de interés y que, como se indicó en
la providencia controvertida, si bien en principio la convocatoria pública está
diseñada para garantizar la idoneidad del aspirante, esta circunstancia no elimina la
existencia de situaciones de orden moral o económico en los servidores públicos
elegidos por voto popular que les impida participar con la ecuanimidad y la
transparencia en el cumplimiento de sus funciones.

Referenció que la Sección Primera en sentencias de 13 de marzo de 202516 y de
28 de agosto de 202517, señaló que el deber de manifestar el impedimento surge al
margen de que el acto de elección se encuentre precedido de un concurso de
méritos o incluso de que la elección se deba surtir con un único aspirante de la lista
de elegibles, toda vez que el régimen de impedimentos y recusaciones constituyen
garantía de la prevalencia del interés general sobre el particular.

De otra parte, descartó la existencia de un defecto fáctico tras afirmar que no le
asiste razón a los accionantes en cuanto indican que no existe soporte probatorio
para demostrar el interés directo, particular e inmediato, porque en la hipótesis
prevista por el legislador objeto de estudio se entiende que surge un conflicto ante
la existencia de intereses personales, directos y actuales en relación con la decisión
que debe adoptarse, derivados del hecho de haber integrado la misma lista en
períodos electorales coincidentes o en alguno de los periodos anteriores.

Y, respecto de la presunta omisión por no valorar que la participación de los
accionados en la elección del secretario general no resultaba decisiva para la
votación, estos argumentos no fueron expuestos en ninguna instancia del trámite
ante el juez de la pérdida de investidura. En este sentido, reitera que la acción de
tutela no puede ser usada como una tercera instancia para que se presenten

realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no
manifiesta su impedimento por:
[…]
14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas o integradas
también por el interesado en el período electoral coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los
dos períodos anteriores.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Hernando Sánchez
Sánchez, sentencia de 13 de marzo de 2025, radicado núm.: 25000 23 15 000 2024 00769 01.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente: Nubia
Margot Peña Garzón. Sentencia de 28 de agosto de 2025. Radicación núm.: 23001 2333 000 2024 00197 01.

10

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planteamientos que debieron ser expuestos en el proceso ordinario, ni para
subsanar o suplir los yerros o deficiencias en la defensa.

Con todo, en gracia de discusión explica que el artículo 18218 de la Constitución
Política en consonancia con el artículo 7019 de la Ley 136 de 1994, el énfasis del
conflicto de intereses se da en la « […] participación […]» a cargo de los concejales
en los debates o votaciones respectivas relacionados con las funciones a su cargo,
en este caso la elección de secretario, sin tener en cuenta que la intervención en
este asunto sea decisiva o no, toda vez que ello no fue previsto por el legislador
como un eximente del conflicto de intereses.

Frente a la acusación de decisión sin motivación suficiente, afirmó que la Sección
Primera analizó y motivó ampliamente el elemento subjetivo para concluir que la
conducta reprochada se había realizado con culpa grave, de ahí que no pueda
predicarse la configuración del defecto invocado y resumió la argumentación en los
siguientes ítems: i) los accionados no actuaron con la diligencia debida en la tarea
que les fue encomendada al momento de la elección del cargo de secretario, ni
consultaron la jurisprudencia aplicable y vigente al momento de ocurrencia de los
hechos la cual ha sido consistente en relación con esta materia, situación que
demostró la culpa grave y; ii) la asesoría dentro del proceso ordinario no contaba
con criterios de idoneidad y suficiencia para descartar el elemento de la culpa.

Finalmente, indicó: «se resalta que la providencia controvertida en sede de tutela
tampoco incurrió en defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial ni
en violación directa de la Constitución Política, puesto que la Sección Primera
realizó una interpretación razonable de las normas y jurisprudencia aplicable, se
fundamentó en los principios de legalidad y culpabilidad y garantizó el debido
proceso»20.

1.6.2. Candelaria De La Cruz Chimas Acevedo

En calidad de tercera interesada, allegó escrito en el que solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela o en subsidio se niegue el amparo deprecado.

Como primera medida indicó que el mecanismo constitucional no satisface el
presupuesto de la subsidiariedad y que no puede ser entendido como una tercera
instancia judicial.

18
Artículo 182. Los congresistas deberán poner en conocimiento de la respectiva Cámara las situaciones de
carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su
consideración. La ley determinará lo relacionado con los conflictos de intereses y las recusaciones.
19
ARTÍCULO 70.- Conflicto de interés. Cuando para los concejales exista interés directo en la decisión porque
le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de
derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o votaciones respectivas.
Los concejos llevarán un registro de intereses privados en el cual los concejales consignarán la información
relacionada con su actividad económica privada. Dicho registro será de público conocimiento. Cualquier
ciudadano que tenga conocimiento de una causal de impedimento de algún concejal, que no se haya
comunicado a la respectiva corporación, podrá recusarlo ante ella.
20
Subrayas de la Sala.
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Subrayó que los accionantes contaron con todas las garantías procesales en el
transcurso del medio de control de pérdida de investidura y que no se trata de un
escenario de protección de derechos fundamentales, sino de una inconformidad
frente al sentido de la decisión judicial, lo cual desnaturaliza la finalidad de la acción
de tutela y desconoce su carácter excepcional.

A su juicio la acción de tutela carece de relevancia constitucional porque «el asunto
planteado por los accionantes no trasciende el ámbito de la legalidad. Se limita a
cuestionar la interpretación del régimen de conflicto de intereses realizada por el
Consejo de Estado, lo cual constituye una discrepancia jurídica ordinaria. No existe
una vulneración directa, evidente y grave de derechos fundamentales que habilite
la intervención del juez constitucional».

Frente a los defectos hizo hincapié en lo siguiente:

• Defecto sustantivo: La Sección Primera del Consejo de Estado aplicó de
manera correcta y razonable el régimen de conflicto de intereses y la decisión se
fundamentó en la existencia de un interés directo derivado de la coincidencia política
entre los concejales y el funcionario elegido, quienes integraron la misma lista
electoral. Dicha circunstancia no es neutra ni irrelevante, sino que constituye un
elemento objetivo que evidencia afinidad política y eventual favorecimiento, lo cual
activa el deber de declararse impedido. Luego, la interpretación adoptada por el
Consejo de Estado se encuentra dentro del margen de razonabilidad jurídica y no
puede ser calificada como arbitraria o caprichosa.

• Defecto fáctico: Se acreditó que los accionantes integraron la misma lista
electoral que el candidato a secretario general elegido, participaron en la votación
mediante la cual se produjo su elección, no obstante, no manifestaron impedimento
alguno pese a la existencia de un interés relevante. Estos elementos fueron
valorados por la autoridad judicial, sin que pueda afirmarse que existió ausencia de
prueba o decisión arbitraria.

Frente al argumento central de la tutela consiste en afirmar que la participación de
los accionantes no alteró el resultado de la votación, ello constituye un
planteamiento jurídicamente errado pues el conflicto de intereses no se configura
por el resultado de la decisión, sino por la participación del servidor público en una
actuación respecto de la cual se encontraba impedido. La ilicitud radica en intervenir
estando incurso en una causal de impedimento, independientemente de si dicha
intervención resulta determinante o no en el resultado final.

Aceptar la tesis de los accionantes implicaría vaciar de contenido del régimen de
impedimentos, permitiendo que los servidores públicos participen en decisiones en
las que tienen interés, siempre que su voto no sea decisivo, lo cual resulta
abiertamente contrario a los principios de moralidad, transparencia e imparcialidad
administrativa.
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• Decisión sin motivación: El Consejo de Estado concluyó acertadamente que
existía un interés partidista derivado de la pertenencia a una misma lista electoral.
En el contexto político, la integración en una lista no es un hecho aislado, sino la
manifestación de un proyecto común, afinidad ideológica y respaldo mutuo. En
consecuencia, la participación de los concejales en la elección de un copartidario
configura un escenario típico de conflicto de intereses. La providencia cuestionada
se encuentra debidamente motivada, en tanto expone de manera clara y suficiente
las razones fácticas y jurídicas que sustentan la decisión. El hecho de que los
accionantes no compartan dichas razones no implica ausencia de motivación.

• Desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución: No se
evidencia que la decisión se haya apartado de manera injustificada de la
jurisprudencia aplicable, por el contrario, el Consejo de Estado aplicó los criterios
desarrollados en materia de conflicto de intereses y pérdida de investidura, dentro
del marco de su autonomía judicial. En esa medida, «lejos de vulnerar derechos
fundamentales, la decisión cuestionada materializa principios constitucionales como
la moralidad administrativa, la transparencia y la imparcialidad en el ejercicio de la
función pública».

1.7. Memorial adicional21

La parte actora allegó escrito en el cual reiteró de manera resumida los argumentos
de la tutela, indicó que se debe superar el requisito de la subsidiariedad porque a la
fecha ya se profirió auto que negó la solicitud de aclaración y pone de presente el
comunicado de prensa 16 de la Corte Constitucional22.

Frente a este último punto aduce que los ejes argumentativos de la presente
solicitud de amparo son idénticos a los que el comunicado anuncia que fueron
estudiados en la SU- 086/26 y manifiesta:

La presente acción de tutela debe prosperar porque, además de los
argumentos ya expuestos desde el escrito inicial, hoy existe un nuevo
precedente constitucional de unificación, contenido en la SU-082 de 2026, que
confirma la relevancia constitucional del debate y refuerza de manera directa la
tesis según la cual, en procesos de pérdida de investidura por conflicto de
intereses, no basta con constatar la configuración formal de una causal de
impedimento, sino que es indispensable acreditar probatoriamente un interés
directo, actual y particular y valorar integralmente el contexto de la elección.

21
Índices 24, 26 y 28 en el expediente Samai.
22
https://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/Comunicado-16-Abril-15-de-2026.
13

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1.8. Solicitud de medida provisional23

La parte actora pidió decretar medida provisional al considerar que se han
presentado hechos sobrevinientes con posterioridad a la radicación de la acción de
tutela.

Explica que el 17 de abril de 2026, como consecuencia de la notificación del auto
que resolvió su solicitud de aclaración, la sentencia de pérdida de investidura quedó
ejecutoriada, consolidando plenamente sus efectos jurídicos y que, conoce que
ante la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto Colombia se han
presentado solicitudes formales24 para el cumplimiento de la sentencia de 19 de
febrero de 2026 dictada por la Sección Primera.

Manifestó que ante dicho panorama se producirá la ejecución material de la
sentencia acusada que conllevará a la declaratoria de vacancia y a la
desvinculación del cargo. En ese sentido, a su juicio, la afectación de los derechos
fundamentales ha dejado de ser eventual, lo que impone la necesidad de una nueva
valoración cautelar.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por los señores Iván Darío Ramírez Barrios y Julio José Hurtado Leiva,
contra el Consejo de Estado, Sección Primera, de conformidad con lo establecido
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por los Decretos 333 de
2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a esta Sección determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales deprecados por la parte accionante, los cuales consideró vulnerados
por el Consejo de Estado, Sección Primera al proferir la providencia de 19 de febrero
de 2026, que revocó la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico, para en su
lugar declarar su pérdida de investidura en la condición de concejales del municipio
de Puerto Colombia [Atlántico], al interior del proceso No. 08001-23-33-000-2025-
00171-00/01.

Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) los requisitos de

23
Índice 30 en el expediente SAMAI. En el mismo escrito reiteró sobre el comunicado de prensa 16 de la Corte
constitucional.
24
Manifiesta que han sido radicadas los días 20 y 21 de abril de los corrientes.
14

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procedibilidad y, de encontrarse superado junto con los demás, (iii) el caso
concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201225,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma instancia habían adoptado posturas diversas sobre el tema26.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales27.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201428, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva.

2.4.1. Agotamiento de los medios de defensa judicial

Lo primero a precisar es que el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra
el requisito de la subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de
tutela y determina que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral
1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

Frente al aludido requisito, a juicio de la autoridad judicial accionada no se satisfizo
en la medida en que al momento de interponerse la acción de tutela la sentencia
acusada no se encontraba en firme porque se estaba a la espera de resolver una
solicitud de aclaración.

25
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
26
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.
27
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
28
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.:
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina Productos
Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
15

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Sobre el punto la Sala considera que si bien es cierto que al momento de la
presentación de la tutela, la providencia judicial no había cobrado ejecutoria ante la
interposición de una solicitud de aclaración, no puede pasarse por alto que para el
análisis del presupuesto de la subsidiariedad se requiere comprobar que el
mecanismo de defensa judicial sea idóneo, es decir, apto materialmente para
proteger el derecho, y eficaz, esto es, lograr dicha protección de manera oportuna
en el caso concreto.

Precisado lo anterior, para el caso concreto se tiene que una solicitud de aclaración
no comporta las características de ser idóneo y eficaz cuando se busca modificar el
sentido de la decisión29 y de contera para resolver sobre los defectos planteados en
el escrito de tutela. En otras palabras, la espera de su resolución en nada muta la
argumentación expuesta en el escrito de tutela que busca demostrar la vulneración
de garantías fundamentales con ocasión de la decisión definitiva (decretar pérdida
de investidura).

Aunado a lo anterior, se tiene que la Sección Primera del Consejo de Estado profirió
auto el 26 de marzo de 202630, mediante el cual resolvió la solicitud de aclaración
de manera desfavorable31. De ese modo, el único fundamento fáctico sobre el cual
el accionado edificó la falta de subsidiariedad quedó superado por el propio curso
posterior del trámite.

2.4.2. Que el asunto revista relevancia constitucional

2.4.2.1 Para la Sala resulta necesario anunciar que el requisito de relevancia
constitucional no se advierte superado en la solicitud de amparo elevada por Iván
Darío Ramírez Barrios y Julio José Hurtado Leiva; no se cumple en razón a que los
argumentos expuestos en la tutela coinciden con los planteados al interior del
proceso de pérdida de investidura, dejando en evidencia que se empleó la acción
como una tercera instancia, lo cual no es aceptable teniendo en cuenta el carácter
excepcional de este medio judicial y las reglas establecidas por la Corte
Constitucional en la sentencia de unificación 215 de 16 de junio de 2022 como pasa
a exponerse:

En el referido fallo la alta corte señaló que, en tratándose del ejercicio de acciones
de tutela contra providencia judicial, se requiere que el interesado proponga un

29
Artículo 285 del Código General del Proceso. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la
pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o
frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la
sentencia o influyan en ella.
En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración procederá de oficio o a petición de
parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia.
La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán
interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaración.
30
Índice 45 del expediente judicial Samai radicado: 08001233300020250017101.
31
Notificado el 16 de abril siguiente. Índice 48 del expediente judicial Samai radicado:
08001233300020250017101.
16

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debate que gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de
sus garantías fundamentales, más no un juicio de corrección de la providencia
reprochada por cuanto esta circunstancia excluye «su formulación para la discusión
de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial».

Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021, oportunidad
en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial».

En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha
hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de
relevancia constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la
acción y en la especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias con
el fin de evitar que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden la
esfera funcional de otras autoridades judiciales.

Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la
carga de exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada» a las garantías
superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el
estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los
derechos fundamentales».

En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:

El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda
claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de
las partes.

Luego, en la SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que se analiza debe
cumplir con las siguientes finalidades:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la
protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal.32

32
Parafraseo de la SU 2015 de 2022.
17

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Igualmente, en el citado fallo unificador se fijaron las siguientes reglas que el juez
de tutela debe verificar al momento de analizar si el caso objeto de su atención
satisface el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se puntualizó que:

a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente
a un asunto meramente legal y/o económico33; es decir, el reclamo debe ser
«trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y
desarrollo eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales».34

b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal y/o
económica, esto es, cuando se limita a: (1) la determinación de aspectos
legales como la correcta interpretación o aplicación de una norma, con la
excepción de los casos en que de esta se «desprendan violaciones a los
derechos y deberes constitucionales»; y/o (2) cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, que no
representen un interés general”35. En este orden, el examen de la relevancia
constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la simple
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.

c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave una prerrogativa
fundamental, debido a que es necesaria «la acreditación de esta exigencia,
más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la
existencia de una restricción desproporcionada a un derecho fundamental».36

d) Finalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra decisiones
proferidas por una alta corte, el examen de este requisito debe ser más
riguroso37, es decir, se debe constatar la existencia de una actuación u
omisión arbitraria por parte de la autoridad judicial que derive en la violación
de derechos fundamentales, toda vez que estas colegiaturas actúan como
tribunales de cierre.

2.4.2.2 Ahora, al descender al análisis del escrito de tutela, esta colegiatura avizora
que las inconformidades de los señores Iván Darío Ramírez Barrios y Julio José
Hurtado expuestas en la tutela coinciden con los planteados al interior del proceso
de pérdida de investidura, dejando en evidencia que se empleó la acción como una
tercera instancia y al tratarse de una tutela contra providencia judicial, es

33
Sentencia SU-103 de 2022.
34
Sentencia SU-573 de 2019.
35
Ibídem.
36
Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
37
Sentencia SU-573 de 2019.
18

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indispensable que la parte accionante, además de identificar los yerros de los cuales
adolece la decisión, así como las garantías superiores que considera vulneradas,
exponga con suficiencia las razones del porqué el asunto más allá de una
discrepancia con lo resuelto implique la intervención del fallador de esta sede.

Si bien la parte actora resaltó que en este caso se configuró una vulneración al
debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia, participación en la
conformación, ejercicio y control del poder político, y al acceso y permanencia en el
ejercicio de cargos públicos, lo cierto es que al punto del debate no se advierte que
la sentencia proferida por la Sección Primera fuese arbitraria, irrazonable o
caprichosa debido a que en el marco de su autonomía judicial determinó que se
configuró tanto el elemento objetivo como el subjetivo de la causal prevista en el
numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136 de 1994 y en el numeral 1. del artículo 48
de la Ley 617 de 2000, sobre violación del régimen del conflicto de interés.

Al respecto se destaca que la autoridad judicial accionada explicó con suficiencia
que llegó a dicha conclusión: i) en aplicación de la jurisprudencia pacífica y
consistente de la Sección Primera en la cual se ha señalado que en la situación
descrita en el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437, se encuentra comprometida
la imparcialidad y la objetividad de los servidores públicos, debido a que el legislador
deduce que de esa situación surge un interés directo, particular y actual en relación
con la decisión que debe adoptarse; y, ii) descartó la afirmación de los ahora
tutelantes referida a que, el hecho de que el procedimiento para elegir secretario
esté precedido de una convocatoria pública hace desaparecer el conflicto de
interés.

Asimismo, se tiene que la parte actora invocó un presunto yerro fáctico porque a su
juicio se omitió valorar que la participación de los accionados en el proceso de
elección que dio lugar a su desinvestidura no era decisiva en el resultado final, no
obstante la autoridad judicial accionada arguyó que el deber de manifestar el
impedimento surge al margen de que el acto de elección se encuentre precedido de
un concurso de méritos o incluso de que la elección se deba surtir con un único
aspirante de la lista de elegibles, toda vez que el régimen de impedimentos y
recusaciones constituyen garantía de la prevalencia del interés general sobre el
particular.

De igual manera, se evidencia la intensión de revivir la discusión zanjada por el juez
ordinario bajo la alegada violación directa de la constitución al reprochar que se
afectó el principio democrático y el análisis del elemento de la culpa; ambos
argumentos fueron abordados por el juez natural de la causa al momento de proferir
sentencia de segundo grado, lo cual evidencia es un desacuerdo en la decisión.

Para demostrar lo anterior se considera oportuno resaltar que la Sección Primera
concluyó que: i) los accionados no actuaron con la diligencia debida en la tarea que
les fue encomendada al momento de la elección del cargo de secretario, ni
consultaron la jurisprudencia aplicable y vigente al momento de ocurrencia de los
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hechos la cual ha sido consistente en relación con esta materia, situación que
demostró la culpa grave y; ii) la asesoría dentro del proceso ordinario no contaba
con criterios de idoneidad y suficiencia para descartar el elemento de la culpa, según
la jurisprudencia aplicable y los criterios expuestos por la Sección Primera.

Entonces invalidar esa valoración de la autoridad judicial accionada, quebrantaría
el principio de la autonomía e independencia de los jueces; sobre el punto es
pertinente recordar que cuando la discusión versa sobre la valoración probatoria, la
intervención del juez de tutela, en relación con el manejo dado por el juez natural
es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido, puesto que el respeto por el
principio de autonomía judicial y el principio del juez natural impiden que aquel
realice un examen exhaustivo del material probatorio. En ese sentido, el juez de
tutela únicamente puede intervenir cuando el yerro sea ostensible, flagrante y
manifiesto, lo cual no ocurrió en el sub lite, valga recordar lo señalado en las
primeras líneas en las cuales se destacó el análisis de la causal invocada.

La autoridad judicial accionada valoró los hechos alegados, soportó su decisión en
la normativa y jurisprudencia aplicable y explicó las razones para considerar que la
la participación de los accionantes en la sesión de 10 de enero de 2024, en la cual
se efectuó la elección del señor Juan Fernando Agámez sin declararse impedidos y
ante la existencia de un interés derivado de la configuración de la causal prevista
en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437, en razón a haber integrado la lista
de candidatos al concejo municipal con el citado aspirante, daba lugar a decretar la
perdida de investidura.

Como viene de leerse, para la Sala, el análisis de la Sección Primera no es
caprichoso o irracional frente a la configuración de los elementos objetivo y subjetivo
y no se puede imponer un criterio de interpretación a la Sección Primera. En otras
palabras, no es dable ordenar prevalecer la postura que pretende el actor,
invalidando de manera tajante la tesis de la autoridad judicial acusada, la cual es
razonable.

En ese orden de ideas para la Sala es evidente que la inconformidad elevada por la
parte accionante se circunscribe a recabar una discusión meramente legal y queda
en evidencia que la solicitud de amparo se empleó como una instancia adicional a
la causa natural, debido a que no va más allá de la iteración de las inconformidades
que se debatieron en el trámite de la acción de pérdida de investidura.

En otras palabras, pretender que este medio se emplee como ejercicio de una
tercera sede del proceso agotado atenta contra los principios de autonomía judicial,
debido proceso y legalidad que son pilares en el ejercicio de la función jurisdiccional.
Además, porque esta Sala de Decisión no advierte una transgresión palmaria, sino
una inconformidad de la parte actora frente a la decisión que no le resultó favorable.

En consecuencia, se declarará improcedente el mecanismo de amparo de la
referencia por falta de relevancia constitucional.
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2.4.3. De otra parte, frente a la SU-082 de 2026 de la Corte Constitucional, la Sala
considera, tal y como se ha expuesto con anterioridad38, que dicho pronunciamiento
no puede ser tenido en cuenta, comoquiera que su contenido aún no se encuentra
disponible, en atención a que solo fue dado a conocer mediante el comunicado de
prensa No. 16 del 15 de abril de 2026.

Al respecto, se advierte que tal publicación no puede equipararse a una providencia
judicial, porque resulta determinante para que se pueda predicar el desconocimiento
de un precedente; tener certeza de la ratio decidendi o los fundamentos que llevaron
al juez a tomar su decisión.

Luego, un comunicado de prensa en el que se anuncia el sentido de una decisión
no es suficiente para que se puede determinar si se configura una violación al
precedente judicial, pues no se cuentan con los elementos suficientes para poder
determinar si la regla anunciada se desatendió.

En este orden de ideas, resulta importante recordar que de conformidad con lo
establecido en el inciso 2º39 del artículo 64 de la Ley 270 de 1996 los comunicados
de prensa tienen una razón de pedagogía jurídica y sirve además como “órgano de
comunicación”40.

Sobre el particular, la Corte Constitucional señaló41:

Que, en las condiciones anotadas, es claro que existe una evidente diferencia entre
el comunicado que busca satisfacer, con prontitud, el interés de la opinión pública de
obtener información y la sentencia “documentada y firmada” que, además, da cuenta
de su contenido, así como del número y nombre de los magistrados que la adoptaron,
por haber sido quienes intervinieron en la deliberación y decisión respectiva.

Asimismo, el máximo órgano de la jurisdicción constitucional consideró42:

Que la Corte, como institución, al ejercer sus funciones se pronuncia mediante
providencias y, especialmente, a través de sentencias de constitucionalidad o de
tutela y, en ese contexto, los comunicados de prensa no son sentencias ni responden
a las características propias de las providencias judiciales, motivo por el cual su
propósito eminentemente informativo no les confiere fuerza vinculante de ninguna
índole.

De lo anterior se concluye que la Corte Constitucional ha sido enfática al afirmar
que el alcance de los comunicados de prensa no es el mismo que tienen las
providencias judiciales, al no presentar iguales características, especialmente, la
falta de fuerza vinculante. Por esto, se reitera que su propósito es puramente

38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 25 de agosto de
2022, expediente con radicado número 11001-03-15-000-2022-03773-00, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
39
Por razones de pedagogía jurídica, los funcionarios de la rama judicial podrán informar sobre el contenido y
alcance de las decisiones judiciales. Tratándose de corporaciones judiciales, las decisiones serán divulgadas
por conducto de sus presidentes.
40
Artículo 9 del Reglamento interno de la Corte Constitucional.
41
Auto 201 del 6 de septiembre de 2013 de la Corte Constitucional, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
42
Corte Constitucional. Autos 267 de 2007, 012 de 2007, 315 de 2009, Auto 283 de 2009 y Auto 284 de 2009.
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informativo como un medio oportuno de anunciar a los ciudadanos las decisiones
adoptadas, sin que esto signifique un reemplazo de la sentencia.

En consecuencia, el comunicado en mención, al no tener efecto vinculante no tiene
aplicación a situaciones jurídicas consolidadas como la aquí debatida, lo que le
impide a esta Colegiatura efectuar su estudio.

2.4.3. Finalmente, frente a la solicitud de decretar la medida provisional resulta
inane adoptar una postura en tal sentido, pues en líneas que anteceden se expuso
las razones por las cuales en el presente asunto no se advierte la trasgresión de
garantías constitucionales que impongan la intervención del juez constitucional. En
otras palabras, bajo esos mismos considerandos lo consecuente es negarla.

2.5. Conclusión

Se declarará improcedente el mecanismo de amparo de la referencia por falta de
relevancia constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por los
señores Iván Darío Ramírez Barrios y Julio José Hurtado Leiva contra la Sección
Primera del Consejo de Estado.

SEGUNDO: NEGAR la medida provisional solicitada por la parte accionante.

TERCERO. NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Con salvamento de voto
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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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