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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2024-01329-02

Fecha
24 de julio de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón
Citada por
12 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2024-01329-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Antioquia el 5 de febrero de 2025, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 47 Número único de radicación 05001-23-33-000-2024-01329-02 Solicitante: CRISTIAN ALEXIS GARCÍA VELÁSQUEZ

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-33-000-2024-01329-02

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

24 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 050012333000202401329021
Recurso de apelación contra la sentencia de 5 de febrero de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
Solicitante: CRISTIAN ALEXIS GARCÍA VELÁSQUEZ

TESIS: SE CONFIRMA SENTENCIA QUE DECRETÓ LA PÉRDIDA DE
INVESTIDURA DE CONCEJALES DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, POR
INCURRIR EN VIOLACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONFLICTO DE INTERESES
AL PARTICIPAR Y VOTAR, SIN DECLARARSE IMPEDIDOS, EN LA
ELECCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DE ESE CONCEJO MUNICIPAL,
CON QUIEN INTEGRARON LA LISTA DEL MISMO PARTIDO POLÍTICO,
PARA LAS ELECCIONES EN EL ACTUAL PERÍODO (2024-2027).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por los accionados
contra la sentencia de 5 de febrero de 2025, proferida por la Sala
Plena del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual
declaró la pérdida de investidura de los concejales del municipio San
Pedro de los Milagros, señores RENÉ DE LOS MILAGROS LUJÁN
GÓMEZ y VÍCTOR ANDRÉS PINO ROJAS.

I.- ANTECEDENTES

1
Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las
providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta
sentencia, deben ser confrontadas de forma virtual.

2

Número único de radicación 05001-23-33-000-2024-01329-02
Solicitante: CRISTIAN ALEXIS GARCÍA VELÁSQUEZ

I.1.- El ciudadano CRISTIAN ALEXIS GARCÍA VELÁSQUEZ,
actuando en nombre propio, solicitó decretar la pérdida de la
investidura de los señores RENÉ DE LOS MILAGROS LUJÁN
GÓMEZ y VÍCTOR ANDRÉS PINO ROJAS, concejales del municipio
San Pedro de los Milagros (Antioquia), por hechos sucedidos dentro
del período constitucional 2024-2027, al considerar que incurrieron
en la causal prevista en el artículo 55, numeral 2, de la Ley 136 de 2
de junio de 19942, en concordancia con el artículo 48, numeral 1, de
la Ley 617 de 6 de octubre de 20003, y con el artículo 11, numerales
14 y 15, de la Ley 1437 de 18 de enero de 20114, esto es, por
violación al régimen de conflicto de intereses.

I.2.- En apoyo de su pretensión el solicitante adujo, en síntesis, que
los señores RENÉ DE LOS MILAGROS LUJÁN GÓMEZ y VÍCTOR
ANDRÉS PINO ROJAS se inscribieron como candidatos al Concejo
municipal de San Pedro de los Milagros (Antioquia), para el período
2024-2027, por el partido político Cambio Radical.

Señaló que en las elecciones celebradas el 29 de octubre de 2023,
los accionados resultaron elegidos concejales del municipio de San
Pedro de los Milagros (Antioquia), para el período 2024-2027, y
tomaron posesión de sus cargos el día 1o. de enero de 2024. Y que,
además, en la misma sesión, el concejal RENÉ DE LOS MILAGROS

2
«Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios».
3
«[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de
1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional […]».
4
«[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo […]».

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3

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Solicitante: CRISTIAN ALEXIS GARCÍA VELÁSQUEZ

LUJÁN GÓMEZ fue designado y posesionado presidente del Concejo
municipal.

Indicó que, en sesión especial del Concejo celebrada el 5 de enero
de 2024, se llevó a cabo la elección de la secretaria del cabildo,
JULIETA SOSSA BUSTAMANTE, quien hizo parte de la misma lista
de candidatos a esa Corporación por el partido Cambio Radical, en la
cual también participaron los accionados.

Expresó que los concejales participaron en la elección de la señora
JULIETA SOSSA BUSTAMANTE como secretaria del Concejo, lo
cual se evidencia en el total de votos emitidos, ya que la elección
contó con 13 votos en total, correspondientes a los 13 concejales que
asistieron a la sesión especial.

Sostuvo que los concejales enjuiciados participaron activamente en
la sesión del Concejo, conformando el quorum, debatiendo y
tomando decisiones en el proceso de elección del cargo de secretario
general, sin declararse impedidos, pese a tener un evidente conflicto
de intereses con quien resultó electa, esto es, con la persona que
integró con ellos la lista inscrita por el mismo partido político para las
elecciones al concejo municipal celebradas el 29 de octubre de 2023.

Concluyó que están dados los elementos que configuran la causal de
pérdida de investidura prevista en el artículo 55, numeral 2, de la
Ley 136, esto es, por violación del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades o de conflicto de intereses, en armonía con lo
dispuesto en el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437.

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I.3.- Los concejales, por intermedio de apoderado, contestaron la
solicitud de pérdida de investidura y para oponerse a su prosperidad
señalaron que (i) no se configuró la causal de pérdida de investidura
alegada; (ii) no existe un conflicto de intereses; y (iii) no se probó el
elemento de responsabilidad referido al dolo o culpa grave.

En relación con la inexistencia de la causal de pérdida de investidura,
alegaron que, en el caso particular, debe prevalecer la protección de
los derechos de los concejales frente al aparente vacío legislativo
existente en relación con el beneficio del voto secreto previsto en el
artículo 56 de la Ley 2200 de 8 de febrero de 20225; y que en dicha
disposición se establece que no habrá conflicto de intereses cuando
un diputado participe en la elección de otros servidores públicos
mediante voto secreto, salvo en los casos en que existan
inhabilidades derivadas de parentesco con los candidatos.

Manifestaron que esa norma debe aplicarse de manera análoga a los
concejales, bajo los principios de favorabilidad, in bonam partem e
in dubio pro investido, en tanto se trata de un principio de garantía
democrática y de protección del ejercicio electoral en cuerpos
colegiados6.

Respecto del argumento de oposición referido a la inexistencia de un
conflicto de intereses, afirmaron que el solicitante efectúa una
interpretación errónea del artículo 14, numeral 11, de la Ley 1437,

5
«Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
departamentos».
6
Para sustentar su posición, los demandados se apoyaron en el salvamento de voto del magistrado
Carlos Cristopher Viveros Echeverri a la sentencia de 10 de abril de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, dentro del proceso de pérdida de investidura de radicación número
05001233300020240023700.

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en tanto la causal allí prevista no configura, por sí sola, un conflicto
de intereses, sino que dicha disposición se refiere a causales de
impedimento y recusación aplicables exclusivamente a
procedimientos administrativos, por lo que no resulta extensible ni
aplicable a los juicios de pérdida de investidura, los cuales se rigen
por un régimen jurídico distinto.

Sostuvieron que la elección del cargo de secretario general del
Concejo Municipal de San Pedro de los Milagros (Antioquia) se
produjo por elección del candidato de una lista de elegibles
conformada mediante concurso público, en la cual la señora
JULIETA SOSSA BUSTAMANTE ocupó el primer lugar, razón por la
cual su elección era obligatoria so pena de desconocer sus derechos.

Agregaron que, en todo caso, el voto fue secreto y no está
demostrado que hayan votado por la elegida, pues la señora
JULIETA SOSSA BUSTAMANTE obtuvo únicamente 11 votos, por
lo que no es dable suponer que, en efecto, su voto fue en favor de
ella.

Finalmente, mencionaron que no está probado el elemento de
responsabilidad referido al dolo o culpa grave, toda vez que, de
conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, en tratándose
del ius puniendi del Estado debe demostrarse la «conciencia de
antijuridicidad», es decir, que «el juez debe indagar si está
demostrado en el proceso que el imputado hubiese conocido la
antijuridicidad de su acción y, sin embargo, decidió acometerla
traicionando el deber impuesto por la norma –dolo–; o si, de otra
forma, no hizo nada por despejar las dudas sobre la antijuridicidad

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de su conducta que prima facie tuvo que haber avizorado y se
encontraba en situación de hacerlo -culpa-, y pese a ello, de manera
indiferente, se sometió eventualmente a incurrir en la prohibición»7.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal, mediante sentencia de 5 de febrero de 2025, decretó la
pérdida de investidura de los concejales RENÉ DE LOS MILAGROS
LUJÁN GÓMEZ y VÍCTOR ANDRÉS PINO ROJAS, para lo cual,
luego de referirse a la causal de pérdida de investidura por violación
del régimen de conflicto de intereses, a lo previsto en el artículo 11,
numeral 14, del CPACA, a los elementos que deben concurrir para
declarar probada la mencionada causal, y a los requisitos del
elemento subjetivo, adujo que los accionados y la secretaria electa
JULIETA SOSA BUSTAMANTE, en efecto, pertenecían al mismo
partido político Cambio Radical e integraron la misma lista de
candidatos al concejo municipal en las elecciones de 29 de octubre
de 2023.

Mencionó que la sesión de 5 de enero de 2024, en la cual resultó
electa la secretaria general de la corporación, no manifestaron
impedimento alguno para participar en la elección, de acuerdo con la
certificación expedida por la secretaria general de ese Concejo; y que
del contenido del acta 003 de 5 de enero de 2024 del Concejo se
extrae que los accionados asistieron y votaron en la deliberación para
la designación de secretario de la corporación, pues se pudo conocer

7
Para sustentar su posición, los demandados se apoyaron en el salvamento de voto del magistrado
Carlos Enrique Pinzón, a la sentencia de 10 de abril de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, dentro del proceso de pérdida de investidura de radicación número
05001233300020240023700

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que JULIETA SOSA BUSTAMANTE fue elegida con una votación de
13 votos en total, de los cuales 11 votos fueron por ella, 1 voto en
blanco, 1 voto para el candidato JOSÉ HERIBERTO SOSA
GIRALDO.

Indicó que el artículo 313, numeral 8, de la Constitución Política y el
artículo 8-8 del Acuerdo 052 de 2 de diciembre de 2019, «Por medio
del cual se actualiza el reglamento interno del Concejo Municipal de
San Pedro de los Milagros», establecen que corresponde al Concejo
entre otras funciones, la de elegir personero para el período que fije
la ley y los demás funcionarios que esta determine.

Adicionalmente, que resultó acreditado que mediante la Resolución
059 de 12 de diciembre de 2023 se ordenó la apertura de una
convocatoria pública para proveer el cargo de secretaria (o) general
de Concejo Municipal de San Pedro de los Milagros para la vigencia
2024 y se reglamentó el procedimiento para su realización; con la
Resolución 066 de 29 del mismo mes y año se estableció la lista de
elegibles; y el 5 de enero de 2024 se eligió a la señora JULIETA
SOSA BUSTAMANTE como secretaria general del Concejo Municipal
de San Pedro de los Milagros (Antioquia), con un total de 11 votos.

Finalmente, en lo concerniente al elemento subjetivo, advirtió el a
quo que no eran de recibo las excusas de los concejales para justificar
su proceder, pues a sabiendas de la relación política que los unía con
la aspirante a ocupar el cargo de secretaría de la corporación,
omitieron declararse impedidos y apartarse del proceso de elección,
configurándose una conducta gravemente culposa que sobrepasó el
interés particular sobre el general.

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III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Los accionados solicitaron revocar el fallo impugnado y, en su lugar,
denegar las pretensiones de la solicitud de desinvestidura, en razón
a que no está acreditado el elemento subjetivo de responsabilidad
como requisito para decretar la pérdida de investidura de concejales.

Señalan que el Tribunal aplicó de manera exegética la causal de
pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de
intereses una norma sancionatoria, lo que conllevó una
discriminación negativa injustificada al avalarse el criterio taxativo
de dicha normativa sin reparar que, por el ejercicio propio de sus
funciones, los concejales puedan verse inmersos en situaciones
idénticas a las que enfrentan sus pares en los diferentes niveles
territoriales8.

En esa línea, sostienen que no se efectuó una «valoración
integradora de la norma», pues se desconoció que su actuar se limitó
al cumplimiento de sus funciones en el marco del concurso público
para elección del cargo de secretario general del concejo, dentro del
cual resultó electo el aspirante que ocupó el primer lugar de una lista
conformada por concurso público con anterioridad a su posesión
como concejales, lo que demuestra que no existió un interés
particular, sino el cumplimiento de un deber legal en defensa del
interés general.

8
Conclusión a la que arribaron los recurrentes a partir del salvamento de voto de la magistrada Luz
Myriam Sánchez Arboleda a la sentencia de primer grado.

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Afirman que la sentencia apelada debió aplicar el beneficio de la
duda9, bajo el entendido de que el voto para elegir al secretario es
secreto y en el proceso no se encuentra demostrado que los
accionados hubiesen votado por quien resultó elegida; ello, teniendo
en cuenta que la señora JULIETA SOSSA BUSTAMANTE fue elegida
por 11 votos en una sesión a la que asistieron 13 concejales y en la
que se consignó un voto negativo y un voto en blanco.

Manifiestan que el Tribunal debió dar aplicación por analogía a los
artículos 286 de la Ley 5ª y 56 de la Ley 2200, los cuales se refieren
a las excepciones del conflicto de intereses para congresistas y
diputados, cuando estos participan en la elección de otros servidores
públicos mediante el voto secreto.

Alegan que la interpretación normativa efectuada por el juez de
primera instancia no fue integrada con la jurisprudencia sobre el
régimen del conflicto de intereses, incluso con aquella que fue
señalada dentro del texto del fallo impugnado, refiriéndose a la
sentencia proferida el 2 de junio de 2016 por el Consejo de Estado10,
la cual, de haberse aplicado, habría conllevado que la decisión fuera
«denegatoria de las pretensiones, toda vez que no está evidenciado
el interés directo de mis poderdantes, ya que se trata de un concurso
de méritos para la elección de la secretaria del concejo, cuya acta de
elegibles fue elaborada y en firme desde el 29 de diciembre de 2023,
antes de la posesión como concejales de mis poderdantes, y era y es
un derecho fundamental de la ubicada en el primer lugar de elegibles

9
Conclusión a la que arribaron los recurrentes a partir del salvamento de voto del magistrado Carlos
Cristopher Viveros Echeverri a la sentencia de primer grado.
10
Número único de radicación 66001-23-33-000-2015-00177-01(PI).

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10

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sin ninguna consideración diferente que el mérito calificado y
reconocido durante el procedimiento de selección».

Insisten en que no está demostrada la existencia del dolo o culpa
grave pues, acorde con la jurisprudencia del Consejo de Estado, es
necesario que se acredite la «conciencia de antijuridicidad», la cual,
en este caso, está descartada por un razonamiento a fortiori según
el cual «si no existe ningún problema para nombrar o elegir a un
pariente del nominador, tampoco existe ningún conflicto de interés
para nombrar a una persona que no sea ningún pariente».

IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN

IV.1.- Durante el traslado del recurso, el solicitante guardó silencio.

IV.2.- El procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado
rindió concepto solicitando confirmar la sentencia de primera
instancia, para lo cual, luego de referirse a cada uno de los elementos
del régimen de conflicto de intereses, arguyó que en el presente caso
está acreditado que respecto de los concejales se configura la causal
contenida en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 y en el
numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437, al no haberse declarado
impedidos para participar en la elección de la señora JULIETA SOSA
BUSTAMANTE como secretaria del Concejo Municipal de San Pedro
de los Milagros (Antioquia), pese a que los tres hicieron parte de la
lista a esa corporación por el partido Cambio Radical para las
elecciones de 29 de octubre de 2023.

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V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer, en los precisos términos del
recurso de apelación y en consonancia con la solicitud inicial, si los
concejales del municipio San Pedro de los Milagros (Antioquia),
señores RENÉ DE LOS MILAGROS LUJÁN GÓMEZ y VÍCTOR
ANDRÉS PINO ROJAS, incurrieron en la causal prevista en los
artículos 55, numeral 2, de la Ley 136, y 48, numeral 1, de la Ley
617, en concordancia con los artículos 70 de la Ley 136 y 11,
numerales 14 y 15 de la Ley 1437, esto es, por violación del régimen
de conflicto de intereses, al participar y votar, sin declararse
impedidos, en la elección de la señora JULIETA SOSA
BUSTAMANTE como secretaria general del Concejo municipal,
período 2024-2027, con quien integraron la lista inscrita por el
mismo partido político, para las elecciones a dicha corporación en el
período actual.

V.2.- De la violación del régimen de conflicto de intereses
como causal de pérdida de investidura de concejales 11

En la presente solicitud se endilga la configuración de la causal de
pérdida de investidura prevista en los artículos 55, numeral 2, de la
Ley 136, y 48, numeral 1, de la Ley 617, así:

11
Sobre el marco jurídico que se expone en la presente providencia, se puede consultar las siguientes
sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera
ponente Nubia Margoth Peña Garzón, sentencias de 2 de diciembre de 2021, número único de
radicación 47001233300020200075601; 3 de octubre de 2019, número único de radicación
05001233300020170347301; y 25 de febrero de 2021, número único de radicación
25000231500020190021701.

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“[…] Ley 136, artículo 55. Pérdida de la investidura de
concejal. Los concejales perderán su investidura por:
(...)
2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades
o de conflicto de intereses [...]” (Resaltado fuera del texto
original).

“[...] Ley 617, artículo 48.- Pérdida de investidura de
diputados, concejales municipales y distritales y de
miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas
administradoras locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de
conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando
se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en
igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general […]”
(Resaltado fuera del texto original).

En este sentido, el artículo 70 de la Ley 136, previó, en cuanto al
conflicto de intereses de concejales, la siguiente definición
conceptual que instruye la aplicación de esa figura:

«[…] Artículo 70.- Conflicto de interés. Cuando para los
concejales exista interés directo en la decisión porque le
afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o
compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho,
deberá declararse impedido de participar en los debates o
votaciones respectivas.

Los concejos llevarán un registro de intereses privados en el cual los
concejales consignarán la información relacionada con su actividad
económica privada. Dicho registro será de público conocimiento.
Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de una causal de
impedimento de algún concejal, que no se haya comunicado a la
respectiva corporación, podrá recusarlo ante ella […]» (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

A su vez, el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437, en cuanto a
conflictos de interés, determina lo siguiente:

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«[...] Artículo 11. Conflictos de interés y causales de
impedimento y recusación. Cuando el interés general propio
de la función pública entre en conflicto con el interés
particular y directo del servidor público, este deberá
declararse impedido. Todo servidor público que deba
adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar
investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones
definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su
impedimento por:

[…]

14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos
colegiados de elección popular inscritas o integradas también
por el interesado en el período electoral coincidente con la
actuación administrativa o en alguno de los dos períodos
anteriores […]». (Destacado fuera de texto).

La Sección ha establecido que el conflicto de intereses es un concepto
jurídico indeterminado y, debido a ello, es el juez quien decide, en
cada caso concreto, si existe o no fundamento suficiente para
acceder a la solicitud elevada. Por su parte, la jurisprudencia de la
Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo de esta corporación se
ha pronunciado en múltiples ocasiones frente al alcance y contenido
de la causal en comento y su incursión en sede judicial,
consideraciones que, si bien son vertidas en el marco de
controversias de desinvestidura de congresistas de la república,
orientan su entendimiento, configuración y aplicación en los asuntos
que, como en el caso sub lite, examinan las conductas de concejales.

Así, en la sentencia de 12 de abril de 2011 de la Sala Plena12, se
recogen en gran medida las diferentes providencias que abordan el
tema, de la cual se transcriben los apartes más significativos:

12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 12 de abril de 2011,
número único de radicación 11001-03-15-000-2010-01325-00 (PI), consejero ponente Enrique Gil
Botero.

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14

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«[…] Ahora bien, no obstante, la generalidad del alcance que tienen
los arts. 182 y 183.1 de la C.P., poseen un contenido mínimo
clarificador, que es importante destacar a continuación antes de
abordar el caso concreto:

i) El conflicto de interés puede ser de orden económico o moral, de
manera que en estos dos conceptos se deben enmarcar todas las
circunstancias reprochables desde el punto de vista del interés en
su concreción. Sin embargo, la indeterminación de los mismos sigue
caracterizando la institución.

ii) La consecuencia inmediata de estar incurso en ellos es que se le
prohíbe al congresista participar de la deliberación y decisión del
tema puesto a consideración del Congreso.

En este sentido, la Sala Plena consideró en la sentencia del 11 de
mayo de 2009 –exp. P.I. 2009 00043-: “La Carta Política impone a
los congresistas el deber de poner en conocimiento de la respectiva
Cámara las situaciones de orden moral o económico que los inhiban
para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su
consideración. La Ley 5ª de 1992 -Sección IV-, reguló lo relativo a
la aplicación, declaración, comunicación y efectos del impedimento
y la recusación y el artículo 286 reitera el deber que tienen de
declararse impedidos ‘… de participar en los debates y votaciones
respectivas…’.”

iii) El conflicto de intereses afecta la posibilidad de participar en toda
clase de actuaciones y decisiones donde, en principio, debería actuar
el congresista, es decir, que está inhibido “para participar en el
trámite de los asuntos sometidos a su consideración.” Esto significa
que no puede intervenir en la deliberación ni en la votación de
proyectos de ley, de actuaciones judiciales, ni en la adopción de
otras decisiones administrativas, electorales o políticas, siempre que
lo afecten.

De este criterio ha sido la Sala Plena en muchas ocasiones. Entre
ellas lo ha aplicado a la elección de funcionarios a su cargo, en cuyo
caso ha analizado si en el evento concreto se presenta un conflicto
de intereses del congresista demandado que participó en la
correspondiente elección: “Para la Sala, la situación de conflicto de
interés que puede presentarse en un asunto o materia de
conocimiento de los congresistas, no se circunscribe únicamente a
los relacionados con su labor legislativa, pues como antes lo ha
precisado la Sala Plena[13], los miembros del Congreso tienen otras
funciones de naturaleza administrativa, electoral, judicial, de control

[13] Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 10 de noviembre
de 2001, Expediente PI-0130, consejero ponente Germán Rodríguez Villamizar.

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político y fiscal, atribuidas por la Constitución y la ley. Por esta razón,
ha dicho la Sala [14], que la situación de conflicto debe analizarse en
cada caso específico, para determinar si las particulares
circunstancias del congresista, su cónyuge o compañero o
compañera permanente, o sus parientes, o socios, se contraponen
con el interés comprometido en el asunto o materia en el que
intervenga.” -sentencia del 10 de noviembre de 2009. Rad. 11001-
03-15-000-2008-01180-00(PI)-2008-01367. CP. Martha Teresa
Briceño-

En el mismo sentido manifestó: “Que el impedimento puede darse
por la participación o votación en una decisión o asunto de que
conozca el Congreso de la República, sea que se trate de
deliberaciones y votaciones relacionadas con proyectos de ley o
actos legislativos, o se trate de una decisión trascendental. En
efecto, es inequívoco el artículo 291 al señalar que el congresista
debe declararse impedido cuando observe que existe un conflicto de
intereses para conocer y participar ‘sobre determinado proyecto o
decisión trascendental’.

Por tanto, el impedimento no solo puede darse cuando se trate del
ejercicio de las funciones puramente legislativas del Congreso sino
cuando se trate de las otras funciones de ese órgano como las
funciones de control político, las administrativas, las judiciales y las
electorales.

La Sala no desconoce que el conflicto de intereses podría darse de
forma contundente cuando se trata de la intervención de los
congresistas en el proceso de formación de normas jurídicas que
luego vendrían a favorecerlos de forma particular y concreta, como
cuando se dictan normas relativas al régimen del derecho penal
estando el congresista sometido efectivamente a una investigación
penal, cosa que no sucede en este caso. Este tema fue tratado por
la Sala de Consulta del Consejo de Estado en el concepto del 15 de
mayo de 2008[15], y así se concluyó en ese dictamen. -sentencia

[14] Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de17 de octubre de
2000, Expediente AC-11116, consejero ponente Mario Alario Méndez.
[15] «[…] ¿Debe un congresista declararse impedido de participar en los debates y votaciones
respecto del proyecto de Acto Legislativo números 047 de 2007 Cámara y 014 de 2007 Senado,
porque la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal le ha abierto una investigación
preliminar por actos relacionados con la llamada "parapolítica"? De acuerdo con los fundamentos
normativos y los hechos analizados en el presente concepto, la Sala considera recomendable que
proceda a declarar su impedimento ante la respectiva Corporación, para que sea ésta la que decida
sobre el mismo. En caso de hacerlo y de votar el congresista favorablemente el mencionado proyecto
de Acto legislativo, ¿qué consecuencias podrían sobrevenirle en materia disciplinaria y pérdida de
investidura? De acuerdo con lo expuesto en este concepto, en caso de que el congresista no declare
su impedimento ante la Corporación y de alguna manera participe en el debate y votación del
proyecto, además de la posibilidad de que pueda ser recusado, dicha participación podría dar lugar
a que se le iniciara una investigación disciplinaria y se configurara una causal para un eventual
proceso de pérdida de investidura […]».

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del 23 marzo de 2010, rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI).
CP. Hugo Fernando Bastidas-

En forma concluyente también ha expresado que “Para que se
estructure la violación del régimen del conflicto de intereses es
suficiente que el congresista participe en los debates [16], así sea
simplemente integrando el quorum de la sesión donde se discuta el
tema respectivo[17].” Sala Plena, sentencia del 27 de julio de 2010.
Rad. 11001-03-15-000-2009-01219-00(PI). CP. Mauricio Fajardo
Gómez.

iv) Cuando se concreta alguna circunstancia que obliga al
congresista a separarse del tema que compete resolver al Congreso,
aquél debe ponerla en conocimiento de la Corporación, so pena de
ser recusado. En estos términos, tanto la institución del
impedimento como la recusación tienen apoyatura directa en el art.
182 de la CP.

v) Se le encomendó al legislador complementar la tarea que se
encuentra implícita en esta causal: identificar “lo relacionado con los
conflictos de intereses y las recusaciones”. Esta atribución para
ultimar los detalles de la materia, en lo no regulado en la
Constitución Política, constituye una típica reserva de ley.

vi) De lo expresado se deduce que los elementos que configuran el
conflicto de intereses son: a) la existencia de un interés particular
del congresista en la deliberación o decisión de un tema específico
a cargo del Congreso, b) que efectivamente participe de ello, c) que
ese interés sea directo, no eventual o hipotético, d) que además el
interés sea actual, y e) que el beneficio recibido no sea general sino
particular […]» [18].

[16] Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de abril de
2003, número único de radicación 11001-03-15-000-2002-1127-01(PI-058), consejero ponente
Alejandro Ordóñez Maldonado.
[17] Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de
2003, número único de radicación 11001-03-15-000-2003-0587-01(PI), consejero ponente
Alejandro Ordóñez Maldonado.
[18] Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 12 de abril de
2011, número único de radicación 11001-03-15-000-2010-01325-00 (PI), consejero ponente
Enrique Gil Botero y 2 de julio de 2013, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-00-
00322-00(PI), consejero ponente María Elizabeth García González. Ver también, en el mismo
sentido, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 6 de junio
de 2017, número único de radicación 11001-03-15-000-2016-02279-00(PI) consejero ponente
Jaime Orlando Santofimio Gamboa y de 1o. de febrero de 2018 número único de radicación 66001-
23-33-000-2017-00089-01(PI), consejero ponente Oswaldo Giraldo López.

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A su vez, esta Sección19 ha acogido y reiterado, en múltiples
oportunidades, lo dicho en el concepto de 28 de abril de 2004 de la
Sala de Consulta y Servicio Civil sobre la noción, finalidad,
fundamento y características que debe reunir el conflicto de interés,
en el cual se plasmaron las siguientes consideraciones:

«[…] 2. El conflicto de intereses. Es una institución de
transparencia democrática que por su alcance y fundamento debe
analizarse en forma concreta.

2.1. Noción. En términos generales es aquella cualidad de
concurrencia antagónica entre el interés particular y el interés
público que afecta la decisión a tomar y obliga a declararse impedido
a quien deba tomarla.

2.2. Finalidad. El instituto del conflicto de intereses trata de
impedir que prevalezca el interés privado del congresista [en este
caso entiéndase concejal] sobre los intereses públicos, el cual,
prevalido de su influencia, podría obtener provechos indebidos
para sí o para terceros, es decir, evitar favorecer intereses que
no sean los relativos al bien común o que la imparcialidad de sus
decisiones se comprometa y distorsione por motivos personales o
particulares. Se trata así de un asunto inherente al fuero interno del
congresista, a un aspecto esencialmente subjetivo, el que de existir
y no ser manifestado conforme al reglamento, da lugar a la
recusación.

2.3. Fundamento. De allí que el fundamento del impedimento
radica en que: a) el conflicto de interés afecta la transparencia de la
decisión para el caso, la motivación del voto. En efecto, en toda
decisión siempre debe haber, en forma inequívoca, un solo interés:
el interés general de la ley. Por tanto, en caso de conflicto, se
mezclan el interés privado y el público, con lo cual queda en duda
cuál fue el interés dominante. b) En que el impedimento evita que
la decisión sea determinada por el interés particular en detrimento
del interés público.

2.4 Necesidad de análisis en cada caso particular: La Sala
estima conveniente advertir que el tema, de por sí complejo,
requiere para su tratamiento del análisis de cada caso concreto,
pues la conducta humana admite de manera necesaria matices y,

19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18
de marzo de 2021, número único de radicación 85001233300020200001602, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés.

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por tanto, el instituto del conflicto de intereses, al ser del resorte del
fuero interno, debe ser valorado con especial cuidado para no
vulnerar los derechos del congresista o hacer inanes los alcances de
la ley.

3. Requisitos para la configuración del conflicto de intereses
en el caso de los congresistas. Como quiera que dicho conflicto
se configura por la concurrencia de interés privado e interés público,
se hace indispensable tener en cuenta, entre otros, los siguientes
requisitos:

3.1 Interés privado concurrente. De acuerdo con lo expuesto,
resulta indubitable que este interés debe aparecer en tal forma que
comprometa objetivamente la intangibilidad del interés general
perseguido, para lo cual la Sala estima necesario hacer las
siguientes precisiones:

a) Existencia: Se configura el interés privado cuando hay
“exigencia para la satisfacción de necesidades humanas” -Messineo,
Tomo II, p. 10 -, lo cual acontece cuando surgen v. gr.: ventajas
o provechos representados en derechos subjetivos, o en
ventajas de tipo reparativo positivo (como indemnización por daños
o detrimento de derechos) o negativo (reparación de gastos), o de
tipo enriquecedor (como ganancias, utilidades, provechos,
derechos, etc.), o cuando se refieren a la simple exoneración de
desventajas (exoneración de obligaciones, cargas, etc.).

b) Juridicidad: Se da cuando el interés privado, protegible de
ordinario, pero con la aptitud de afectar la transparencia, debido a
que siendo actual y estando amparado por la ley puede perturbar el
ánimo del interesado a actuar en su propio favor. Para ello debe
tenerse en cuenta que el interés: 1) Es actual, cuando se ha
adquirido y puede afectarse. De allí que por ausencia de éste (sic)
requisito quede excluido el interés futuro. 2) Es jurídico, porque se
encuentra amparado por la ley. Por tanto, es inaceptable interés
originado en el roce meramente social (v. gr. el de comunicación o
trato) para generar conflicto de interés. y, 3) Es afectable, cuando
puede extinguirse o modificarse el que se tiene. En cambio, no se
da cuando el interés es inalienable (v. gr. La vida).

c) Privado: Se da cuando el interés es de naturaleza particular de
manera inequívoca y, por lo mismo, se descarta cuando se actúa
movido por el interés público o general -regulación abstracta en
general-. El interés puede ser individual o colectivo, referido en el
primer caso, por ej., a la propiedad particular y, en el segundo, al
interés común de los propietarios en una urbanización.

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d) Titularidad: El interés debe radicar en el congresista [en este
caso entiéndase concejal] o en su cónyuge, compañero (a), pariente
hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en
el caso bajo estudio.

3.2 El interés público concurrente en la decisión pertinente.
Para que este interés público concurrente pueda verse
menoscabado, también se hace indispensable tener en cuenta
aquellos aspectos que puedan afectar que sea el único determinante
de la decisión; lo cual implica que en la misma persona que tiene un
interés privado, también concurran estos requisitos:

a) Calidad de congresista.
b) Intervención en las deliberaciones y votaciones.
c) Proyecto de decisión de interés público.
d) Afectación particular, consistente en que el proyecto a votar
pueda afectar el interés directo del congresista, arriba mencionado.

3.3 Conflicto de interés. De la concurrencia objetiva de los dos
intereses mencionados puede desprenderse inequívocamente la
existencia de un conflicto de interés como causal de impedimento o
recusación. En tanto que este fenómeno no se estructuraría, de una
parte, cuando no concurra alguno de los requisitos mencionados
para los referidos intereses, y, de otro, cuando simplemente se trata
de mera apreciación subjetiva de conflicto sin sustento en
elementos objetivos [...]»20.

A partir de estos precisos elementos de juicio la Sección21 ha
determinado que con dicha causal se procura castigar la posibilidad
de que los concejales pretendan, con determinadas decisiones,
lucrarse u obtener beneficios, ventajas o privilegios personales, en
detrimento de la comunidad, desconociendo precisamente el interés
general que debe guiar el ejercicio de sus funciones; esto es, cuando
el accionado tiene interés directo en el asunto que se encuentra

20
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 28 de abril de 2004, radicación
número 1572, consejero ponente Flavio Augusto Arce Rodríguez.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de
mayo de 2019, número único de radicación 05001-23-31-000-2017-02538-01(PI), consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés. Consideraciones que también fueron expuestas en la
sentencia de 28 de noviembre de 2013, número único de radicación 50001-23-33-000-2013-00027-
02(PI), consejera ponente María Elizabeth García González, en tratándose de la pérdida de
investidura de diputados.

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20

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conociendo porque le afecta en forma personal, o a su cónyuge o
compañero o compañera permanente, o de alguno de sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
primero civil, o de su socio o socios de derecho o de hecho, ya sea
de orden moral o económico.

El asunto puesto en conocimiento del miembro de la corporación
pública le plantea un enfrentamiento entre su interés personal y el
interés general o bien común que, se reitera, debe guiar el ejercicio
de sus funciones, lo que obliga a que aquél manifieste su
impedimento para efectos de que sea resuelto, so pena de incurrir
en la referida causal de desinvestidura.

La causal de violación al régimen de conflicto de intereses en cabeza
de un concejal, supone la omisión en que se incurre cuando, en un
asunto sometido a su intervención, no advierte ante el resto del
órgano político-administrativo al cual pertenece, la connivencia entre
sus intereses particulares, -ya sean de orden moral y/o económico-,
y los ineludibles intereses públicos que per se está obligado a
proteger en desarrollo de sus funciones públicas corporativas, en
tanto que de dicha concurrencia de intereses resulta afectado de
alguna manera u obtiene un provecho privado.

En suma, para que se estructure el elemento objetivo de la causal de
pérdida de investidura por violación al régimen de conflicto de interés
se deben acreditar los siguientes supuestos: i) la calidad de concejal;
ii) la existencia de un interés directo, particular y actual en cabeza
del concejal o de su cónyuge, compañero permanente o parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o

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primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, en un
asunto que el concejal conozca en razón de sus funciones
constitucionales y legales; y iii) que el concejal participe en el debate
o votación del asunto, sin manifestar impedimento frente al asunto
que configura el interés.

V.3.- El conflicto de intereses derivado de la causal de
impedimento y recusación prevista en el artículo 11, numeral
14, de la Ley 1437

El artículo 11 de la Ley 1437 prevé el régimen de conflicto de
intereses y las causales de impedimento y recusación de los
servidores públicos que deberá observarse cuando el interés general
propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular
y directo de aquellos que deban adelantar o sustanciar actuaciones
administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o
pronunciar decisiones definitivas.

El numeral 14 de dicha disposición establece que todo servidor
público que haya hecho parte de listas de candidatos a cuerpos
colegiados de elección popular inscritas o integradas también por el
interesado, en el período electoral coincidente con la actuación
administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores, deberá
declararse impedido para intervenir, así:

«[…] Artículo 11. Conflictos de interés y causales de
impedimento y recusación. Cuando el interés general propio de
la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo
del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor
público que deba adelantar o sustanciar actuaciones
administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o

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pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta
su impedimento por:
(…)
14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos
colegiados de elección popular inscritas o integradas
también por el interesado en el período electoral coincidente
con la actuación administrativa o en alguno de los dos
períodos anteriores […]» (Negrillas y subrayas fuera de texto).

En los términos de esta norma, se considera que el impedimento se
presenta cuando el servidor público pone de manifiesto una situación
que, a su juicio, afecta su imparcialidad y que lo imposibilita para
conocer de una actuación administrativa; y la recusación ocurre
cuando dicha situación se da a conocer por cualquier ciudadano en el
marco del procedimiento de que se trate y en los términos del artículo
70 de la Ley 136, que prevé que «[…] [c]ualquier ciudadano que
tenga conocimiento de una causal de impedimento de algún concejal,
que no se haya comunicado a la respectiva corporación, podrá
recusarlo ante ella […]».

La Sección Primera, en sentencia de 19 de septiembre de 201922,
reiterada en sentencias de 3 de marzo y 11 de mayo de 2023 23,
consideró que la norma regula dos situaciones diferentes: i) haber
hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección
popular inscritas por el interesado en el período electoral coincidente
con la actuación administrativa o en alguno de los dos períodos
anteriores; y ii) haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos
colegiados de elección popular integradas también por el interesado

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de
septiembre de 2019, número único de radicación 13001233300020180073801, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 3 de
marzo de 2023, número único de radicación 250002315000202201015-01, consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez y de 11 de mayo de 2023, número único de radicación
25000231500020220101601, consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.

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23

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Solicitante: CRISTIAN ALEXIS GARCÍA VELÁSQUEZ

en el período electoral coincidente con la actuación administrativa o
en alguno de los dos períodos anteriores. Sobre el particular, esta
Sala explicó lo siguiente:

«[…] Nótese que dicha norma emplea la letra “o”, como una
conjunción disyuntiva que denota “diferencia, separación o
alternativa entre dos o más personas o ideas” Diccionario de la
Lengua Española [24] , lo que indica, entonces, que existen dos
alternativas que la configuran, a saber, i) el hecho de que la lista
sea inscrita por el interesado y ii) la situación de que la lista sea
integrada por el interesado.

La palabra “inscrita” primera alternativa de la norma es el
participio irregular del verbo inscribir Diccionario de la Lengua
Española [25]  siendo inscribir “[…] 2. tr. Apuntar el nombre de
una persona entre los de otras para un objeto determinado […]”
[26], que en el contexto de la norma analizada numeral 14 del
artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 implica que el interesado en la
actuación administrativa apuntó ante las autoridades
electorales la lista de candidatos a cuerpos colegiados con el
objeto de que estos participaran en la contienda electoral respectiva.

La palabra “integrada” segunda alternativa de la norma es el
participio del verbo integrar [27] Diccionario de la Lengua
Española siendo integrar “[…] 1. tr. Dicho de diversas personas o
cosas: Constituir un todo […] 2. tr. Completar un todo con las partes
que faltaban […] 3. tr. Hacer que alguien o algo pase a formar parte
de un todo […] 4. tr. Comprender (II contener). […]” [28], concepto
distinto a inscribir y que en el contexto de la norma analizada
numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 implica que
el interesado en la actuación administrativa hacía parte y constituía
la lista de candidatos a cuerpos colegiados que participarían en la
contienda electoral respectiva […]»29.

Asimismo, la Sección en sentencia de 20 de enero de 2023,
consideró: «[…] repárese, además, que abundante jurisprudencia de

24
https://dle.rae.es/?id=QlqTEX0|Qlr66uc|Qltkqeu
25
https://dle.rae.es/?id=LjeeytK
26
https://dle.rae.es/?id=LjZ6dL7
27
https://dle.rae.es/?id=LqKFoJI
28
https://dle.rae.es/?id=LqKFoJI
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de
septiembre de 2019, número único de radicación 13001233300020180073801, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés.

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24

Número único de radicación 05001-23-33-000-2024-01329-02
Solicitante: CRISTIAN ALEXIS GARCÍA VELÁSQUEZ

esta corporación ha señalado que el cumplimiento de este requisito
no se circunscribe a cuestiones eminentemente legislativas, sino que
es necesario que esa participación tenga lugar en un asunto de
conocimiento funcional del servidor público de elección popular; eso
significa que el impedimento no solo puede darse en el ejercicio de
funciones normativas, sino también políticas, electorales y
administrativas […]»30.

Ahora, también la jurisprudencia de esta Sección31 ha sostenido de
manera reiterada que una de las formas en que se transgrede el
régimen del conflicto de interés consiste en que el concejal, estando
incurso en alguna de las hipótesis previstas por la ley como causal
de impedimento aplicable al asunto que conoce o decide, omite
manifestarse impedido; esto, toda vez que los impedimentos con su
correspondiente deber de manifestación operan como herramienta
clave para garantizar la prevalencia del interés general sobre el
particular o privado del concejal, o de su círculo cercano, familiar o
de negocios.

Así lo sostuvo la Sección Primera, entre otras, en la sentencia de 26
de septiembre de 2024, en la que, a partir del contenido normativo
de los artículos 70 de la Ley 136 y 11, numeral 14, de la Ley 1437,
concluyó:

30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de
enero de 2023, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, proceso identificado con el número único de
radicación 05001233300020220096801.
31
Ver, entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo; sentencia de 19 de
septiembre de 2019. MP. Roberto Augusto Serrato Valdés; expediente 13001-23-33-000-2018-
00738-01(PI); sentencia de 27 de abril de 2023. MP. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente
25000231500020220092701(PI); sentencia de 11 de mayo de 2023. MP. Hernando Sánchez
Sánchez, expediente 250002315000202201016-01; sentencia de 10 de agosto de 2023. MP. Nubia
Margoth Peña Garzón, expediente 25000231500020220092601(PI).

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Número único de radicación 05001-23-33-000-2024-01329-02
Solicitante: CRISTIAN ALEXIS GARCÍA VELÁSQUEZ

«[…] 98. La Sala considera que para efectos de la configuración
de la violación del régimen del conflicto de interés previsto en
el artículo 70 de la Ley 136, cuando la circunstancia o condición
en la que se encuentra el concejal se subsume en el supuesto
fáctico que la norma aplicable prevé como causal de
impedimento y recusación, no manifestar la situación
conflictiva, a pesar de no haber sido recusado, y aun así
participar del conocimiento, deliberación o votación del asunto,
constituye un conflicto de intereses susceptible de activar la
causal de pérdida de investidura de los concejales.

99. En estas circunstancias, y en lo que tiene que ver con el
conflicto de interés que surge del impedimento previsto en el
numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437, el deber de declarar
el impedimento surge para el concejal independientemente de
que la elección del servidor público sea producto de un
concurso de méritos o de una convocatoria pública, o de que
esa elección se deba surtir respecto de un único aspirante o de
una lista de elegibles […]».32

V.4.- Del caso concreto

V.4.1.- Análisis del elemento objetivo de la causal prevista en
el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437

La Sala advierte que el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró
probado el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura
por violación al régimen de conflicto de intereses, respecto de la
causal establecida en el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437,
habida cuenta que los concejales participaron en la elección de la
señora JULIETA SOSSA BUSTAMANTE como secretaria general del
Concejo Municipal de San Pedro de los Milagros (Antioquia), sin
declararse impedidos, a pesar de que habían hecho parte de la misma
lista de candidatos del mismo partido para el cargo de elección del
mencionado concejo, así:

32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de
septiembre de 2024, número único de radicación 05001-23-31-000-2024-00237-01(PI), C.P.
Hernando Sánchez Sánchez.

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Número único de radicación 05001-23-33-000-2024-01329-02
Solicitante: CRISTIAN ALEXIS GARCÍA VELÁSQUEZ

«[…] De acuerdo con los documentos aportados, los demandados
y Julieta Sosa Bustamante pertenecían al mismo partido político,
Cambio Radical e integraron la misma lista de candidatos al
Concejo Municipal en las elecciones de 29/10/2023 […].
Asimismo, se encuentra acreditado que Julieta Sosa Bustamante
se inscribió para ser elegida secretaria de la misma corporación.

Para la Sala, esta situación en la que se encontraban los
demandados, como lo era participar y tener la posibilidad de elegir
para la Secretaría de la corporación por una militante de su
partido, implicaba un interés particular o en beneficio de una
copartidaria política o al menos de su partido, lo que va en
contravía del interés general que debe seguir la actuación
administrativa del servidor público.

[…] Acorde con la certificación de 10/12/2024, expedida por la
secretaria general del Concejo Municipal de San Pedro de los
Milagros (028), los concejales RENÉ DE LOS MILAGROS LUJÁN
GÓMEZ y VÍCTOR ANDRÉS PINO ROJAS en la sesión de 5/1/2024,
en la cual resultó electa la secretaria general de la corporación,
no manifestaron impedimento alguno para participar en la
elección de secretario general […].

[…] En ese orden de ideas, no cabe duda para la Sala que se
encuentra configurada la causal de pérdida de investidura por
conflicto de intereses en los términos del artículo 55 de la ley 136
de 1994 y el artículo 48 de la ley 617 de 2000, concordante con
el artículo 11-14 del CPACA, al no manifestar los concejales RENÉ
DE LOS MILAGROS LUJÁN GÓMEZ y VÍCTOR ANDRÉS PINO
ROJAS, su impedimento para participar y votar en la elección de
la secretaria general del concejo municipal Julieta Sosa
Bustamante, quien pertenece al mismo partido de los
demandados y además conformó la lista de candidatos al concejo
avalados por el partido Cambio Radical, en las elecciones de
octubre de 2023. […]».

En orden a la verificación de los requisitos para la configuración de
la causal en estudio, se tiene que:

• Sobre la calidad de concejales de los accionados

Está acreditado que los señores RENÉ DE LOS MILAGROS LUJÁN
GÓMEZ y VÍCTOR ANDRÉS PINO ROJAS fueron declarados

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Número único de radicación 05001-23-33-000-2024-01329-02
Solicitante: CRISTIAN ALEXIS GARCÍA VELÁSQUEZ

concejales electos del municipio de San Pedro de los Milagros
(Antioquia), en representación del referido partido, para el período
constitucional 2024-2027, según consta en el Formulario E-26 de 29
de octubre de 2023, expedido por la Comisión Escrutadora Municipal,
de acuerdo con los resultados de las elecciones que se llevaron a
cabo en dicha fecha.

• Sobre el interés directo, particular y actual de los
concejales o alguna de las personas señaladas en la ley, de
orden moral o económico, en la deliberación o decisión de
un tema específico a cargo de la respectiva corporación
pública

En relación con este aspecto, se encuentra demostrado en el proceso
que los señores RENÉ DE LOS MILAGROS LUJÁN GÓMEZ y
VÍCTOR ANDRÉS PINO ROJAS se inscribieron en la lista de
aspirantes al Concejo Municipal de San Pedro de los Milagros
(Antioquia) para el período 2024-2027, en la misma lista y por el
mismo partido que la señora JULIETA SOSA BUSTAMANTE,
conforme consta en los numerales 1, 8 y 13 de la lista definitiva de
candidatos inscritos por el partido Cambio Radical contenida en el
formulario E - 8 CO, correspondiente a las elecciones de 29 de
octubre de 202333.

Se encuentra probado también que la señora JULIETA SOSA
BUSTAMANTE participó de la convocatoria pública 03 de 2023 para
la elección de secretario general del concejo mencionado34; y que,

33
Expediente digital, archivo 004, anexos de la demanda.
34
Idem, archivo 017, anexos contestación de la demanda (página 129).

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en la sesión inaugural 3° de 5 de enero de 2024, se llevó a cabo la
votación de dicho cargo con los siguientes resultados35:

Votos en blanco 1
Votos por José Heriberto Sosa Giraldo 1
Votos por Julieta Sosa Bustamente 11
Votos en total 13

Igualmente, se observa que los concejales RENÉ DE LOS
MILAGROS LUJÁN GÓMEZ, en calidad de presidente, y VÍCTOR
ANDRÉS PINO ROJAS, participaron y votaron en la sesión plenaria
de 5 de enero de 2024, en la cual resultó elegida la señora JULIETA
SOSA BUSTAMANTE como secretaria general del Concejo Municipal
de San Pedro de los Milagros, -período 2024-2027-, sin declararse
impedidos, conforme consta en el acta 003 de esa fecha «SESIÓN
INAUGURAL 3° y según se acreditó mediante certificación expedida
por la secretaria general»36.

Ahora, la Sección Primera37 ha considerado que la ley entiende que
en las situaciones descritas en el artículo 11 de la Ley 1437 se
encuentra comprometida la imparcialidad y objetividad de los
servidores públicos, precisamente, porque el legislador deduce que
de esa situación surge un conflicto de interés ante la existencia de
intereses personales, directos y actuales en relación con la decisión
que debe adoptarse, derivados concretamente del hecho de haber

35
Idem, archivo 004 (anexos de la demanda), núm. 05, página 2.
36
Expediente digital, archivo 028.
37
Ver, entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo; sentencia de 19 de
septiembre de 2019. MP. Roberto Augusto Serrato Valdés; expediente 13001-23-33-000-2018-
00738-01(PI); sentencia de 27 de abril de 2023. MP. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente
25000231500020220092701(PI); sentencia de 11 de mayo de 2023. MP. Hernando Sánchez
Sánchez, expediente 250002315000202201016-01; sentencia de 10 de agosto de 2023. MP. Nubia
Margoth Peña Garzón, expediente 25000231500020220092601(PI).

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integrado la misma lista con quien tiene interés en la actuación
administrativa, en períodos electorales coincidentes.

Es decir, que no le asiste razón a la parte recurrente cuando
manifiesta que no existía un interés directo, claro y concreto, en la
medida en que la ley prevé de manera objetiva las circunstancias que
ocasionan el conflicto de interés y que, por ende, constituye causal
de impedimento.

Bajo estas circunstancias, para la Sala no hay duda del interés
particular que les asistía a los accionados al participar en la
deliberación y votación de quien ocuparía el cargo de secretaria del
Concejo y que otrora había sido su compañera de lista en la
aspiración al mismo recinto y por el mismo período electoral en el
que resultaron elegidos como concejales.

• Que los concejales participen efectivamente del respectivo
trámite, sin haber manifestado su impedimento para actuar
o sin haber sido recusado para los efectos

Los accionados alegan, en la alzada, que en el expediente no obra
prueba que permita concluir que efectivamente votaron por la
persona que fue designada como secretaria del concejo, toda vez que
la elección se realizó mediante voto secreto y se obtuvo un total de
11 sufragios sobre los 13 concejales que participaron en la sesión.

En esa medida, arguyen que tal particularidad da lugar tanto a la
aplicación del «beneficio de la duda» como de lo dispuesto en el
artículo 56, literal e), de la Ley 2200, según el cual «[…] Todos los

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diputados deberán declarar los conflictos de intereses que pudieran
surgir en ejercicio de sus funciones […]. Se entiende que no hay
conflicto de interés en las siguientes circunstancias: e) Cuando el
diputado participa en la elección de otros servidores públicos
mediante el voto secreto. Se exceptúan los casos en que se
presenten inhabilidades referidas al parentesco con los candidatos
[…]».

Al respecto, cabe señalar que la Ley 2200 de 2022 contiene normas
tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento
de los departamentos; y su artículo 56, cuya aplicación deprecan
los concejales, está dirigido a los diputados, como se advierte de la
literalidad de su texto:

«[…] Artículo 56. Conflicto de intereses. Todos los
diputados deberán declarar los conflictos de intereses que
pudieran surgir en ejercicio de sus funciones. Se entiende como
conflicto de interés una situación donde la discusión o votación
de un proyecto de ordenanza, pueda resultar en un beneficio
particular, actual y directo a favor del diputado.
(…)
Para todos los efectos se entiende que no hay conflicto de
interés en las siguientes circunstancias:
(…)
e) Cuando el diputado participa en la elección de otros
servidores públicos mediante el voto secreto. Se exceptúan los
casos en que se presenten inhabilidades referidas al parentesco
con los candidatos […]». (Resaltado fuera del texto original).

En ese sentido, no resulta procedente la aplicación del citado
precepto normativo al caso sub judice, toda vez que está dirigido
exclusivamente a la organización y funcionamiento de los
departamentos como entidades territoriales, conforme a lo

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establecido en el artículo 1°38 de la misma ley. En consecuencia, al
tratarse en este caso de actuaciones relacionadas con los miembros
del concejo municipal, resulta improcedente extender los efectos de
una norma que no prevé dentro de su ámbito al órgano colegiado del
municipio.

En ese orden, la Sala advierte que le asistió razón al Tribunal al
señalar que no puede hacerse extensivo por analogía el contenido
del mencionado artículo 56 -o el artículo 286 de la Ley 5ª de 1992-,
por cuanto no existe un vacío normativo, en tanto los concejales
cuentan con una regulación expresa prevista en los artículos 55 de
la Ley 136 y 48 de la ley 617, en consonancia con el artículo 11,
numeral 14, del CPACA, normas que establecen con precisión que
habrá lugar a la pérdida de investidura del concejal que haya violado
el régimen de conflicto de intereses, el cual, a su vez, surge por
disposición expresa legal cuando se ha hecho parte de listas de
candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas o
integradas también por el interesado en el período electoral
coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los dos
períodos anteriores», sin declararse impedido.

En consecuencia, no resulta procedente aplicar por analogía las
disposiciones previstas para los diputados en la Ley 2200, a los
concejales en materia de conflicto de intereses, toda vez que existe
un régimen normativo específico que regula de manera expresa los
supuestos en los que se configura dicha causal para estos servidores
públicos.

38
«Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer el régimen político y
administrativo que rige a los departamentos como entidades territoriales, autónomas y
descentralizadas que hacen parte de la República unitaria».

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En este orden de ideas, la Sala advierte que se encuentra acreditado
que los concejales RENÉ DE LOS MILAGROS LUJÁN GÓMEZ y
VÍCTOR ANDRÉS PINO ROJAS estaban incursos en el supuesto
fáctico previsto en el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437, pues
debiendo haber manifestado su impedimento para participar en la
votación y elección de la secretaria de la corporación con quien
habían integrado la lista de candidatos al Concejo Municipal de San
Pedro de los Milagros (Antioquia), para el período 2024-2027, por el
partido Cambio Radical, no lo hicieron, por lo que está probado el
elemento objetivo de la causal de la pérdida de investidura invocada.

V.4.2.- Examen del elemento subjetivo en la conducta de los
concejales

El Tribunal encontró acreditado el elemento de la subjetividad bajo
la argumentación que se transcribe a continuación:

«[…] En el sub examine, la Sala considera que los concejales
demandados estaban en condiciones de comprender el hecho
o la circunstancia configurativa de la causal de pérdida de
investidura; además, tenían la capacidad cognitiva para
conocer y comprender su actuar y no lo hicieron.

85. En efecto, se puede constatar que ante el conocimiento y
comprensión de la causal de impedimento consagrada en el
artículo 11-14 CPACA, los demandados y en especial el señor
RENÉ DE LOS MILAGROS LUJÁN GÓMEZ quien ha ejercido esa
dignidad en el concejo municipal por varios periodos, debía
conocer el deber que le asistía de declarar su impedimento para
participar y votar en la elección de la secretaria general, en
tanto pertenecía al mismo partido de los hoy demandados y
participó e integró la lista de candidatos al concejo del
municipio.

86. Para la Sala no hay excusa válida para justificar el actuar
de los demandados, quienes a sabiendas de la relación política
que los unía con la aspirante a la secretaría de la corporación,

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omitieron declararse impedidos y apartarse del proceso de
elección, actuar que, si bien no encaja dentro de los
presupuestos del dolo, constituye una conducta gravemente
culposa, que sobrepasó el interés particular sobre el general.

87. Ahora, si atendemos los argumentos del apoderado de los
demandados desarrollados en la audiencia pública de
30/1/2025, cuando que precisa “…mis poderdantes ya
encontraron un procedimiento de elección del cargo de secretario del
Concejo Municipal de San Pedro de los Milagros, y ese proceso ya
tenía una lista de elegibles porque se desarrolló un concurso de
méritos. (…) Ahora bien, cuando estamos diciendo que no hay dolo o
culpa grave de mis poderdantes tiene que ser probado y probado es
que se incorpore dentro del expediente, de donde se puede deducir
o se puede evidenciar que existió dolo o culpa grave, no solamente
del ordenamiento jurídico, no solamente de la existencia de que se
asistió a la respectiva sesión, el dolo culpa grave es esa calidad
subjetiva, es esa conciencia que tendría la persona de conocer el ilícito
y querer su realización o si están en la obligación de impedirlo y no lo
hizo, ese sería el dolo (…)”; podríamos afirmar que nos
encontramos en presencia de una conducta con un grado de
culpabilidad dolosa, en la medida que los demandados conocían
el proceder que para ellos era reprochable por la calidad que
ostentan y aun así omitieron manifestar su impedimento.

88. En este punto es oportuno referirse a la jurisprudencia de
la Corte Constitucional que ha dejado sentada su posición
según la cual, “la ignorancia de la ley no puede ser admitida
como justificación para el incumplimiento de los deberes
constitucionales y legales de los ciudadanos, quienes no
pueden argüir en forma razonable su falta de conocimiento en
materias específicas para deducir de allí una imposibilidad del
ejercicio de sus deberes esenciales y, con ello, pretender que
sean relevados de su cumplimiento”.

89. En ese orden de ideas, más allá de las imprecisiones que
plantea la parte demandada en su defensa, para esta Sala, el
análisis probatorio recaudado fácilmente lleva a concluir que
los demandados actuaron con culpa grave.

90. En conclusión, en armonía con el concepto del ministerio
público, encuentra la Sala demostrada la configuración en su
aspecto objetivo y subjetivo, de la causal de pérdida de
investidura de los concejales RENÉ DE LOS MILAGROS LUJÁN
GÓMEZ y VÍCTOR ANDRÉS PINO ROJAS, por violación al
régimen de conflicto de intereses consagrado en el numeral 2
del artículo 55 de la ley 136 de 1994 y en el numeral 1 del

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artículo 48 de la ley 617 de 2000, en concordancia con el
numeral 14 del artículo 11 de la ley 1437 de 2011 […]».

A juicio del a quo, los concejales, a sabiendas de la relación política
que los unía con la aspirante a ocupar el cargo de secretaria del
Concejo Municipal de San Pedro de los Milagros (Antioquia),
omitieron declararse impedidos y apartarse del proceso de elección,
configurándose una conducta gravemente culposa que sobrepasó el
interés particular sobre el general.

Para abordar el examen correspondiente, la Sala prohíja los criterios
elaborados por esta Sección en sentencia de 25 de mayo de 2017 39,
que al tenor indicó:

“[…] [L]a Corte Constitucional en su sentencia SU-424 de 2016
[señaló]:

“[…] 33. De este capítulo resultan relevantes las siguientes
conclusiones:

• La pérdida de investidura es una acción pública[40], que
comporta un juicio de naturaleza ética que tiene como
propósito proteger la dignidad del cargo que ocupan los
miembros de cuerpos colegiados, y permite imponer como
sanción no solo la desvinculación de un congresista de su cargo de
elección popular, sino también la imposibilidad futura de
volver a ocupar un cargo de la misma naturaleza, si éste
llega a incurrir en alguna de las causales de procedencia de
la figura señaladas en la Carta Política.

• Son causales de pérdida de investidura [41]: el incumplimiento de
los deberes inherentes a su cargo, la violación del régimen de

39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente
María Elizabeth García González, sentencia de 25 de mayo de 2017, número único de radicado
81001-23-39-000-2015-00081-01(PI).
[40]
Corte Constitucional Sentencia SU-1159 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[41] Constitución Política, artículo 183. Sin embargo, otra causal también es la prevista en el artículo
110 constitucional relacionada con la prohibición a quienes desempeñan funciones públicas, de hacer
contribuciones a partidos, candidatos o movimientos políticos.

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inhabilidades e incompatibilidades [42]; la indebida destinación de
dineros públicos [43]; el conflicto de intereses [44] y el tráfico de
influencias debidamente comprobado [45].

• La gravedad de la sanción que se impone, exige que el proceso de
pérdida de investidura se lleve a cabo con observancia del debido
proceso, particularmente, de los principios pro homine, in dubio
pro reo, de legalidad (las causales son taxativas y no hay
lugar a aplicar normas por analogía), objetividad,
razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y
culpabilidad.

34. Los presupuestos anteriores permiten a la Corte concluir que el
análisis de responsabilidad que realiza el juez en el proceso
sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo, pues en un
Estado de derecho los juicios que implican un reproche sancionador,
por regla general, no pueden operar bajo un sistema de
responsabilidad objetiva, y las sanciones que se adopten en
ejercicio del ius puniendi deberán verificar la ocurrencia de
una conducta regulada en la ley (principio de legalidad o
tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico (principio de
antijuridicidad) y culpable.

Así pues, en lo aquí pertinente, tras verificar la configuración de
la causal, el juez de pérdida de investidura examina si en el
caso particular se configura el elemento de culpabilidad
(dolo o culpa) de quien ostenta la dignidad, esto es, atiende
a las circunstancias particulares en las que se presentó la
conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer
de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó
a esa acción u omisión.

En ese sentido, el juez de este proceso sancionatorio debe
determinar si se configura la causal y si a pesar de que ésta
aparezca acreditada, existe alguna circunstancia que
excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya
actuado de buena fe o, en caso de que la causal lo admita,
se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o
en general exista alguna circunstancia que permita
descartar la culpa.
(…)

[42] Artículo 179 (el numeral 8 de este artículo fue modificado por el Acto Legislativo 01 de 2003),
180, 181 y 183 de la Constitución Política.
[43]
Constitución Política, artículo 183.
[44]
Constitución Política, artículo 182 y 183.
[45] Constitución Política, artículo 183. Al respecto puede consultarse la sentencia de la Corte
Constitucional C-207 de 2003. M.p. Rodrigo Escobar Gil.

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Así pues, en el primero de estos se juzga la ruptura del pacto político
existente entre el elector y el elegido, que es un elemento
fundamental de la democracia representativa. En efecto, cuando el
candidato se presenta ante el electorado hace una declaración de
no estar incurso en causal de inhabilidad que impida su elección y si
tal declaración no es cierta, el elegido viola ese pacto político, evento
en el que procede la pérdida de la investidura, cuya finalidad es
preservar la legitimidad de las instituciones de la sociedad política.
(…)

Cabe señalar que la Corte Constitucional, en la sentencia SU-501 de
6 de agosto de 2015 (Magistrada ponente doctora Myriam Ávila
Roldán), señaló que comoquiera que en los procesos de pérdida
investidura no es posible calificar el grado de culpabilidad (dolo,
culpa grave o leve) y, por tanto, tampoco es posible modular la
sanción, se requiere acreditar un mínimo de culpabilidad para
que sea impuesta la sanción.

En efecto, al respecto sostuvo:

“[…] 51. Sobre este especial énfasis, la jurisprudencia ha delimitado
varios de los aspectos más relevantes que caracterizan al proceso
de pérdida de investidura como un proceso jurisdiccional especial.
No obstante, existen ciertos elementos de la pérdida de investidura
que no han sido fijados por la doctrina constitucional debido a la
escasa regulación que la propia Constitución realizó sobre su
procedimiento, el cual, adicionalmente, debe ser observado con
estricto rigor dado su carácter estricto y restringido. Como explicó
la sentencia C-237 de 2012[46] “la pérdida de la investidura tiene a
la Constitución de 1991 como fuente principalísima en su regulación,
lo que hace relevante el hecho que algunas de las disposiciones
constitucionales tienen eficacia jurídica directa”.

52. Así por ejemplo, se ha controvertido la necesidad de establecer
el grado de culpabilidad del procesado, teniendo en cuenta que se
trata de un proceso que juzga el incumplimiento de obligaciones
disciplinarias sobre la conducta del representante popular.[47] En

[46] Corte Constitucional, sentencia C-237 de 22 de marzo de 2012, magistrado ponente Humberto
Antonio Sierra Porto.
[47] Sobre esta discusión vale la pena resaltar la aclaración de voto del consejero de Estado Hugo
Fernando Bastidas Bárcenas a la sentencia de pérdida de investidura PI-2009-00708-00, en la que
señaló que la acción de pérdida de investidura tiene un carácter punitivo dentro del cual es necesario
la comprobación previa de los elementos subjetivos de la falta. En el voto concurrente se señaló:
«[l]a acción de pérdida de investidura debe desencadenar un proceso gobernado por esos principios,
en especial, el principio de presunción de inocencia. El dolo y la culpa son lo incorrecto de una
conducta que, por ende, merece el reproche jurídico pertinente, vale decir, la condigna sanción.
Imponer una sanción solo por el mero resultado es injusto». En igual sentido: Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23 de marzo de 2010, número único de

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efecto, en el proceso de pérdida de investidura no es posible
calificar el grado de culpabilidad (dolo, culpa grave o leve)
y, por tanto, tampoco es posible modular la sanción, pues
como ha señalado la jurisprudencia constitucional, se trata de un
sistema que establece una sanción de manera rígida y única, la
pérdida de investidura.

53. Para la Corte, la justificación de esta particularidad del sistema
de responsabilidad de la pérdida de investidura se deriva de su
carácter excepcional dentro de “ius puniendi estatal”[48], carácter
cuya excepcionalidad deriva en una sanción rígida en el que se
requiere el mínimo de culpabilidad para que sea impuesta la sanción
más severa a los derechos políticos. En síntesis, tratándose del
proceso de pérdida de investidura, se trata de un sistema
excepcional de juzgamiento de carácter político-disciplinario el cual
establece una sanción rígida y única, la pérdida de la investidura […]
(Negrillas fuera de texto)”.

Precisado lo anterior, el abordaje del aspecto subjetivo requiere el
análisis del dolo y la culpa, entendido el primero como la intención
positiva de lesionar un interés jurídico, entretanto la segunda atañe
a un concepto que está ligado a la diligencia debida para el
desarrollo de determinada actividad.

Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa,
deben analizarse los elementos que constituyen el aspecto subjetivo
de la misma, los cuales corresponden al conocimiento tanto de los
hechos como de la ilicitud, esto es, si el sujeto conocía o debía
conocer que su comportamiento resultaba contrario al
ordenamiento jurídico.

En los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía
plenamente que su comportamiento era constitutivo de una
causal de pérdida de investidura, estaríamos ante una situación
de total intención en la realización de la misma y, por ende, de un
grado de culpabilidad doloso. En aquellos eventos en los que se
concluya que el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta,
pero que en virtud de la diligencia requerida para el desarrollo de su
actividad debía saber que la misma resultaba contraria a derecho,
se está ante un comportamiento culposo, de no mediar sólidas
circunstancias que se lo hubieran impedido.

[…]

radicación: PI 11001-03-15-000-2009-00198-00, consejero ponente Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas.
48
Sentencias SU-400 de 2012 (M.P. Adriana M. Guillén Arango) y SU-399 de 2012 (M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto).

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En el caso del dolo, el objeto de prueba corresponde a determinar
el pleno conocimiento que tiene el sujeto sobre que determinada
conducta (en este caso la celebración del contrato), genera la
inhabilidad, pues ante dicho conocimiento, la ejecución de la
conducta demuestra la intención en la misma.

Entretanto para determinar si la conducta fue culposa, tiene que
estar demostrado, al menos, que el sujeto debía conocer su ilicitud
en virtud de la diligencia que para la inscripción como candidato al
Concejo del Municipio de Arauca (Arauca), le era menester
desplegar.

Ahora bien, para establecer esta diligencia acudiremos a los
presupuestos señalados en el artículo 63 del Código Civil, el cual
prevé:

“Artículo 63. Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa
o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no
manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las
personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus
negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella
diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en
sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa
culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia
o cuidado ordinario o mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia,
es responsable de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia
que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios
importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o
cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona
o propiedad de otro”.

En el caso concreto, la revisión de los requisitos y el marco
normativo que rige el cargo al cual se aspira, es una
obligación general para quien pretende acceder a la función
pública, incluso en los eventos de elección popular, sin
embargo el entendimiento de dichos requisitos debe analizarse de
acuerdo con las condiciones personales del sujeto, esto es el
grado de formación, su profesión, las circunstancias que lo

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rodearon, así como a los actos que haya realizado para
conocer dicho marco normativo, por ejemplo solicitar conceptos
o asesorarse frente a la configuración o no de la referida inhabilidad,
para con base en ello, determinar si se obró con el cuidado requerido
y así definir si su conducta es culposa o si, por el contrario, se está
ante una situación de buena fe exenta de culpa que impida el
reproche subjetivo de su obrar.

[…]

Al respecto, el artículo 9º del Código Civil, según el cual, “la
ignorancia de las leyes no sirve de excusa”, fue objeto de examen
de constitucionalidad por la Corte Constitucional, que en dicha
ocasión explicó lo siguiente, que ahora de prohíja:

“[…] Precisamente, la disposición que hoy se cuestiona fue
demandada como contraria al contenido del artículo 16 de la Carta
anterior, que implícitamente recogía el principio de igualdad. Y al
desechar el cargo, dijo la Corte Suprema, en fallo elaborado por el
Magistrado Luis Carlos Sáchica: ‘Es la igualdad jurídica, que otorga
iguales facultades e impone idénticos deberes, y da igual protección
a unos y a otros. Esto es, se repite, una igualdad de derechos y no
de medios. Si no se acepta este principio, se rompe la unidad y
uniformidad del orden jurídico, atomizado en múltiples estatutos
particulares, o sea, en un sistema de estatutos privados
privilegiados (…)

(…) Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora
equivale a establecer un privilegio a su favor violatorio de la
igualdad constitucional y generador del caos
jurídico’[49].[…]50”». (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Como puede advertirse de lo consignado en la precitada sentencia,
la revisión de los requisitos y el estudio del marco normativo que rige
el cargo al cual se aspira son una obligación general para quien
pretende acceder a la función pública, en los que están comprendidos
los cargos de elección popular; sin embargo, el entendimiento de
dichos requisitos podría analizarse de acuerdo con las condiciones
personales del sujeto, esto es, el grado de formación, su profesión,

49
Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, marzo 30 de 1978.
50
Corte Constitucional, sentencia C-651 de 1997, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz.

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las circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya
realizado para conocer dicho marco normativo, por ejemplo, solicitar
conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de la referida
inhabilidad, para con base en ello determinar si se obró con el
cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por el
contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa que
impida el reproche subjetivo de su obrar51.

Lo anterior, sin dejar de lado que, tal como se previno, la ignorancia
de las leyes no sirve para excusar su transgresión, al tenor del
artículo 9° del Código Civil, habida cuenta que las disposiciones que
regulan el ejercicio del cargo que se pretende ocupar, o que se está
ocupando, son de obligatoria observancia y diligente entendimiento
a la luz de cada circunstancia en particular, con el fin de determinar,
al menos con certeza promedio, si el individuo está inmerso o no en
las prohibiciones ordenadas por la Constitución Política y la ley.

Por su parte, la Ley 2003 de 19 de noviembre de 201952, que modificó
el artículo 1º de la Ley 1881, estableció que el proceso sancionatorio
de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva y
la acción se ejercerá en contra de los congresistas que, con su
conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren incurrido en una de
las causales constitucionales de pérdida de investidura. Esta
caracterización resulta especialmente relevante al analizar el
comportamiento de los miembros de las corporaciones públicas

51
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de
mayo de 2019, número único de radicado 81001-23-39-000-2016-00056-01, consejera ponente
Nubia Margoth Peña Garzón.
52
«[…] Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5ª de 1992 y se dictan otras disposiciones […]».

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territoriales, en quienes también deben concurrir elementos de dolo
o culpa grave.

Descendiendo al caso concreto, se observa que para argumentar que
en el presente caso no se configuró el elemento subjetivo de la
responsabilidad, los concejales señalaron, en el recurso de
apelación, que la existencia de un concurso de méritos para elegir
al secretario, la votación secreta y el cumplimiento de funciones
institucionales desvirtúan concretamente la configuración de la
causal alegada.

Frente a lo manifestado, es del caso traer a colación la sentencia de
13 de marzo de 202553, la cual se prohíja, en la que esta Sección,
al estudiar un caso similar, precisó sobre el elemento subjetivo de la
causal de pérdida de investidura en estudio, lo siguiente:

«[…] 83.2. La jurisprudencia de la Sección Primera[54] ha sido
consistente al considerar que una de las formas en que se
transgrede el régimen del conflicto de interés, consiste en que el
concejal, estando incurso en alguna de las hipótesis previstas por la
ley como causal de impedimento, de aquellas aplicables al asunto
del que conoce y decide, pese a no haber sido recusado, omite
manifestarse impedido; esto, toda vez que, los impedimentos con
su correspondiente deber de manifestación, constituyen garantía
irrestricta de la prevalencia del interés general sobre el particular o
privado del Concejal, o de su círculo cercano, familiar o de negocios.

53
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de
marzo de 2025, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicado 25000 23 15 000 2024
00769 01 (PI).
[54] Ver, entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo; sentencia de 19 de
septiembre de 2019. MP. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación: 13001-23-
33-000-2018-00738-01(PI); sentencia de 27 de abril de 2023. MP. Nubia Margoth Peña Garzón,
número único de radicación: 25000231500020220092701(PI); sentencia de 11 de mayo de 2023.
MP. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación: 250002315000202201016-01;
sentencia de 10 de agosto de 2023. MP. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación:
25000231500020220092601(PI).

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83.3. En lo que tiene que ver con el conflicto de interés que surge
del impedimento previsto en el numeral 14 del artículo 11 de la Ley
1437, el deber de declarar el impedimento surge para el
concejal independientemente de que la elección del servidor
público sea producto de un concurso de méritos o de una
convocatoria pública, o de que esa elección se deba surtir
respecto de un único aspirante o de una lista de elegibles.

83.4. Es indiferente para la configuración de la causal que la
participación tenga lugar únicamente durante la etapa de discusión
o en la etapa de votación en la medida en que la sola participación
en cualquiera de esas etapas estructura el conflicto de intereses y,
en consecuencia, la causal de pérdida de investidura.

84. Ahora, la Sala considera que, de conformidad con la
presunción prevista en los artículos 4° de la Constitución
Política; 9° y 18 del Código Civil; y 57 de la Ley 4ª de
1913[55], el concejal conocía sus deberes constitucionales, legales
y reglamentarios y, consecuencialmente, tenía el deber de
conocer si su comportamiento configuraba el conflicto de
intereses previsto en el numeral 14 del artículo 11 de la Ley
1437, como causal de pérdida de investidura.

[…]
95. Es importante tener en cuenta que no es suficiente que el
concejal ponga de presente la convicción que tenía sobre la
rectitud o validez de su conducta, sino que es necesario que el
juez de la pérdida de investidura analice si la persona estaba o no
en condiciones de superar el error[56] , en virtud de la diligencia
requerida para el desarrollo de su actividad; en ese marco, no
basta con que se alegue por el miembro de la corporación pública
de elección popular que obró de buena fe o bajo una íntima
convicción, sino que debe acreditar la buena fe calificada,
motivada por un error invencible, ya porque actuó al amparo de
la jurisprudencia vigente para la época, o se asesoró
adecuadamente, y pese a ello incurrió en la conducta reprochable.

[…]
97. En esta misma línea, como ya lo consideró la Sala, el Concejal
no solicitó conceptos o asesorías o realizó indagaciones sobre el
régimen de conflictos de intereses que le era aplicable, con lo cual
no es posible concluir que obró con el cuidado mínimo
requerido, o que dirigió su conducta a informarse acerca
de que para los concejales municipales constituye el

55
“[…] Sobre régimen político y municipal […]”.
56
O, en otras palabras, si incurrió en la conducta por un error invencible, del cual no es posible
sustraerse

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conflicto de interés el previsto en el numeral 14 del
artículo 11 de la Ley 1437; lo anterior constituye una conducta
inexcusable y, en consecuencia, gravemente culposa.

98. Tampoco se observa que el concejal hubiere actuado al
amparo de decisiones judiciales que, aplicadas al caso particular,
hubieren generado una duda razonable; mucho menos se probó
que hubiere revisado la jurisprudencia de esta Corporación con el
objeto de informarse sobre el criterio jurisprudencial vigente en
relación con la citada causal, o respecto de los elementos que la
configuran.

99. Por el contrario, se reitera que la jurisprudencia de la
Sección Primera del Consejo de Estado ha sido consistente
y armónica en relación con cada uno de los supuestos
constitutivos del conflicto de intereses, en especial, al
considerar que una de las formas en que se transgrede el
régimen del conflicto de interés consiste en que el
concejal, estando incurso en alguna de las hipótesis
previstas por la ley como causal de impedimento, de
aquellas aplicables al asunto del que conoce y decide, pese
a no haber sido recusado, omite manifestarse impedido;
esto, toda vez que los impedimentos con su correspondiente
deber de manifestación, constituyen garantía irrestricta de la
prevalencia del interés general sobre el particular o privado del
Concejal, o de su círculo cercano, familiar o de negocios. […]»
(Destacado fuera de texto).

Es decir, que la existencia de un concurso público para la designación
del secretario del Concejo Municipal no descarta per se el surgimiento
de un conflicto de intereses en los concejales que deben elegir dicho
cargo de la lista de elegibles, por cuanto si bien el concurso garantiza
la idoneidad del aspirante, no elimina automáticamente la posibilidad
de que los concejales tenga interés personal, directo y actual en el
nombramiento, especialmente si tienen vínculos políticos,
familiares o económicos con quien ocupa el primer lugar en la lista
de elegibles.

Los concejales sostienen, también, que la sentencia apelada debió
aplicar el beneficio de la duda, bajo el entendido de que en el proceso

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no se encuentra demostrado que hubiesen votado por quien resultó
elegida; asimismo, que se desconoció que su actuar se limitó al
cumplimiento de sus funciones en el marco del concurso público para
elección del cargo de secretario general del concejo, dentro del cual
resultó electa la aspirante que ocupó el primer lugar de una lista
conformada con anterioridad a su posesión como concejales, razón
por la cual «se encontraban obligados a cumplir el concurso de
méritos y en especial la lista de elegibles».

La Sala advierte una contradicción en la postura de los accionados,
quienes, por una parte, sostienen que no existe prueba de su
participación en la elección de la secretaria dado el carácter secreto
del voto; y, por la otra, afirman haber actuado en cumplimiento de
sus funciones al ceñirse al procedimiento previamente establecido,
esto es, al concurso público, de manera que el cargo así expuesto no
tiene vocación de prosperidad.

Por lo demás, se observa del escrito de impugnación que los
concejales enjuiciados se limitaron a transcribir sentencias que
abordan la causal de pérdida de investidura en estudio y las
excepciones cuando se actúa de buena fe, así como los salvamentos
de voto a la sentencia de primer grado, sin llegar a desarrollar una
argumentación propia, articulada y específica sobre cómo dichos
referentes jurisprudenciales se aplican al contexto fáctico del caso.

En efecto, si bien citaron providencias que reconocen la necesidad de
acreditar dolo o culpa grave para estructurar la responsabilidad
subjetiva, no ofrecieron un análisis individualizado de su conducta ni

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explicaron cómo las circunstancias particulares desvirtúan
concretamente la configuración de la causal alegada.

Adicional a lo anterior, esta Sala precisa que, conforme lo ha
sostenido la jurisprudencia de la Sección57, la causal de impedimento
prevista en el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 es clara y
no requiere de mayores razonamientos y juicios para entenderla. En
esa línea, la jurisprudencia de la Sección ha sido consistente y no ha
tenido modificaciones sobre el alcance y aplicación del régimen de
impedimentos como hipótesis que da lugar a la causal de pérdida de
la investidura por violación del régimen del conflicto de intereses de
los concejales.

En este orden de ideas, la Sala estima que asistió razón al fallador
de primera instancia al señalar que la conducta asumida por los
concejales RENÉ DE LOS MILAGROS LUJÁN GÓMEZ y VÍCTOR
ANDRÉS PINO ROJAS configura una falta gravemente culposa. Ello,
por cuanto omitieron manifestar su impedimento pese a la claridad
del supuesto fáctico en que se encontraban -esto es, la existencia de
un vínculo relevante con la candidata elegida- y su evidente
correspondencia con el supuesto normativo que exigía abstenerse de
intervenir en la decisión, omisión que implicó la violación del régimen
de conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura.

La manifestación de impedimento, desde la anterior perspectiva, era
la única manifestación esperable de los concejales implicados,
independientemente de que no fueran expertos en la materia y que

57
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de
septiembre de 2024, número único de radicación 05001-23-31-000-2024-00237-01(PI), C.P.
Hernando Sánchez Sánchez.

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la elección del cargo de secretario general hubiese sido producto de
un concurso de méritos o de una convocatoria pública.

A partir de las razones expuestas y encontrándose demostrados los
aspectos objetivo y subjetivo de la causal prevista en los artículos
55, numeral 2, de la Ley 136, y 48, numeral 1, de la Ley 617, en
concordancia con los artículos 70 de la Ley 136 y 11, numeral 14, de
la Ley 1437, esto es, por violación del régimen de conflicto de
intereses, endilgada a los accionados, la Sala confirmará la sentencia
de primer grado, en cuanto decretó la pérdida de investidura de los
señores RENÉ DE LOS MILAGROS LUJÁN GÓMEZ y VÍCTOR
ANDRÉS PINO ROJAS, concejales del municipio San Pedro de los
Milagros (Antioquia), para el período constitucional 2024-2027, en
representación del partido Cambio Radical.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Plena del
Tribunal Administrativo de Antioquia el 5 de febrero de 2025, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de 24 de julio de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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