RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-15-000-2024-00855-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2024-00855-01

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2024-00855-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente digital al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-15-000-2024-00855-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

6 de agosto de 2026

Radicación: 25000 23 15 000 2024 00855 01
Solicitante: Walter Alonso Jegén Taborda

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 25000 23 15 000 2024 00855 01
Solicitante: Walter Alonso Jegén Taborda
Demandado: Armando de los Milagros Gutiérrez González
Tesis: No incurre en la causal de pérdida de investidura por conflicto de intereses
el concejal que integra el quorum y vota el impedimento manifestado por otro
concejal con quien conformó la misma lista de candidatos en alguno de los dos
períodos constitucionales anteriores, si no se acredita que dicho comportamiento
obedeció a un interés directo, particular y actual distinto al interés general propio
de los asuntos sobre los cuales debe intervenir y decidir en el ejercicio de sus
funciones político-administrativas.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el señor Walter Alonso
Jegén Taborda en contra de la sentencia de 25 de noviembre de 2024 proferida
por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en primera
instancia, mediante la cual se negó la pérdida de investidura del señor Armando
de los Milagros Gutiérrez González como concejal de Bogotá, D.C., por hechos
ocurridos dentro del período constitucional 2024-2027.

I. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud

1. El ciudadano Walter Alonso Jegén Taborda, actuando en nombre propio,
solicitó decretar la pérdida de investidura del concejal de Bogotá D.C. Armando de
los Milagros Gutiérrez González, electo para el periodo 2024-2027, por la violación
del régimen del conflicto de intereses previsto en el numeral 1 del artículo 48 de la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicación: 25000 23 15 000 2024 00855 01
Solicitante: Walter Alonso Jegén Taborda

Ley 617 de 6 de octubre de 20001, en concordancia con el numeral 14 del artículo
11 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20112 (en adelante CPACA).

1.2. Presupuestos fácticos de la solicitud

2. Indicó que los señores Armando de los Milagros Gutiérrez González y Juan
David Quintero Rubio se inscribieron como candidatos al Concejo de Bogotá por
la lista del Partido Liberal Colombiano en las elecciones celebradas el 27 de
octubre de 2019 para el período 2020-2023, de modo que ambos integraron la
misma lista inscrita por dicha colectividad, resultando elegido únicamente el
accionado.

3. Señaló que para las elecciones realizadas el 29 de octubre de 2023, Armando
de los Milagros Gutiérrez González se inscribió como candidato al Concejo de
Bogotá en la lista del Partido Liberal Colombiano, mientras que el señor Juan David
Quintero Rubio lo hizo por la coalición Nuevo Liberalismo - En Marcha. Los dos
resultaron elegidos y tomaron posesión del cargo para el periodo 2024-2027.

4. Anotó que el 30 de abril de 2024 la administración distrital radicó el proyecto
de Acuerdo núm. 368 de 2024, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo
Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027
«BOGOTÁ CAMINA SEGURA».

5. Expresó que el 6 de mayo de 2024 el concejal Juan David Quintero Rubio
manifestó estar impedido para participar en el estudio, debate y votación de
algunos artículos del mencionado proyecto de acuerdo, unos relacionados con
temas de vivienda y construcción3 y otros concernientes al servicio de
estacionamiento4.

1 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se

adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. […]”.
2 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
3 Artículo 14, numerales 14.1, 14.2, 14.5, 14.8 y 14.9; artículo 17, numeral 17.7; artículos 38, 77,

78, 79, 80, 81, 82; artículo 133, numerales 133.2, 133.3 y 133.4 y el artículo 164.
4 Artículo 8, numeral 8.6; artículo 16, numeral 16.7; artículo 73; artículo 113, numeral 133.3, y

artículos 149 y 168.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicación: 25000 23 15 000 2024 00855 01
Solicitante: Walter Alonso Jegén Taborda

6. Mencionó que el 7 de mayo de 2024 la bancada de la Coalición Nuevo
Liberalismo – En Marcha, con fundamento en el numeral 14 del artículo 11 del
CPACA, presentó impedimento para considerar y decidir el manifestado por Juan
David Quintero Rubio.

7. Expuso que en la sesión del 7 de mayo de 2024 los miembros del Concejo
de Bogotá D.C, entre ellos, el concejal perteneciente al Partido Liberal Colombiano
Armando de los Milagros Gutiérrez González, aceptaron el impedimento de la
bancada de la Coalición Nuevo Liberalismo – En Marcha.

8. Dijo que en esa misma sesión el cabildo municipal negó el impedimento
presentado por el concejal Quintero Rubio, decisión de la que también participó el
concejal Armando de los Milagros Gutiérrez González quien votó negativamente
la aceptación del impedimento.

9. Conforme con esos hechos, el demandante aseveró que el concejal Armando
de los Milagros Gutiérrez González violó el régimen de conflicto de interés según
lo previsto en el numeral 14 del artículo 11 del CPACA, porque no se declaró
impedido para deliberar y votar el impedimento de Juan David Quintero Rubio,
pese a que ambos integraron la misma lista de candidatos a cuerpos colegiados
de elección popular dentro de uno de los dos periodos anteriores, el cual
correspondió al periodo 2020-2023.

10. Además, indicó que el concejal es responsable de su conducta en los
términos del artículo 63 del Código Civil, porque (i) estaba en capacidad de
comprender el hecho o circunstancia que daba lugar a la causal ya que en
oportunidades anteriores había manifestado impedimento con fundamento en lo
previsto en el artículo 11 del CPACA; (ii) le era exigible un comportamiento distinto
porque conocía que Juan David Quintero Rubio hizo parte de la misma lista de su
partido político para las elecciones efectuadas el 27 de octubre de 2019 y (iii) a
pesar de ello, no cumplió con las normas jurídicas a las que debía sujetarse, sin
que se evidencie una causal de fuerza mayor o caso fortuito que conlleve a la
exoneración de su responsabilidad.

II. LA CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicación: 25000 23 15 000 2024 00855 01
Solicitante: Walter Alonso Jegén Taborda

11. El concejal se opuso a la solicitud de pérdida de la investidura manifestando
que no se encontraba configurado el elemento objetivo de la causal referida al
conflicto de intereses por ausencia de prueba de la existencia de un interés directo,
particular y actual en la votación del impedimento manifestado y porque no se
acreditó que su interés estuviera en pugna con el general, en especial si se
considera que (i) su voto fue negativo, (ii) la decisión de votar negativamente el
impedimento es de la bancada de su partido y (iii) de la decisión del impedimento
no se deriva ningún interés para él ni para su bancada, en la medida en que lo
decidido se relaciona con una situación personalísima del concejal Juan David
Quintero Rubio sobre unos «aparentes impedimentos»5.

12. Adujo que tampoco se estructuró el elemento subjetivo necesario para
decretar la pérdida de la investidura y que la conducta endilgada no es contraria a
la dignidad del cargo porque (i) estuvo ajustada al régimen de bancadas previsto
en el artículo 108 y 133 Constitución Política, la Ley 974 de 2005 y en el capítulo
II del Reglamento del Concejo de Bogotá, (ii) con ella dio cumplimiento a la
obligación que tienen los concejales de votar cuando están presentes en la sesión,
según lo ordena el artículo 91 del reglamento del Concejo de Bogotá D.C.6, y (iii)
siguió los lineamientos de la jurisprudencia constitucional contenidos en la
sentencia C-1040 de 19 de octubre de 20057, conforme a la cual un congresista
no puede declararse impedido para resolver el impedimento de otro miembro de
esa Corporación.

13. Sobre esta última cuestión, concluyó que los parámetros desarrollados en la
sentencia C-1040 de 2005 son aplicables a los concejales por analogía, razón por
la cual conforme a ellos y a las disposiciones del régimen de bancadas y del
reglamento interno del Concejo de Bogotá D.C. su comportamiento no fue doloso
o gravemente culposo al estar amparado en las normas y en la jurisprudencia
indicada.

5 Visible a índice 2 del Cuaderno digital
6 Acuerdo núm. 741 de 2019 modificado por el Acuerdo núm. 837 de 2022.
7 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia de 19 de octubre de 2005. MP. Manuel José Cepeda Espinosa,

Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis,
Clara Inés Vargas Hernández, expediente D-5645.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicación: 25000 23 15 000 2024 00855 01
Solicitante: Walter Alonso Jegén Taborda

14. En adición, aseguró que la certificación 2024EIE17773 expedida por la
secretaria general del Concejo de Bogotá D.C. corrobora que en otras ocasiones
ha manifestado oportunamente impedimento para intervenir en trámites o
decisiones sometidas a su consideración, circunstancia que resulta indicativa de
que la conducta reprochada no estuvo guiada por dolo ni por culpa grave.

15. Por último, dijo que en el proceso de pérdida de investidura el demandante
no probó la tipicidad de la conducta, la estructuración de la causal (elemento
objetivo) y la culpabilidad del concejal (elemento subjetivo), siendo su deber dado
que se trata de un proceso jurisdiccional eminentemente sancionatorio y punitivo.

III. LA SENTENCIA PROFERIDA EN PRIMERA INSTANCIA

16. La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia
proferida el 25 de noviembre de 2024 resolvió negar la petición de pérdida de
investidura, con base en los argumentos que pasan a sintetizarse:

17. Luego de explicar el marco normativo y el desarrollo jurisprudencial del medio
de control de pérdida de investidura, así como de la causal relativa al conflicto de
interés, consideró que no se encontraba probado el elemento objetivo de la causal
en lo referente a la existencia de un interés directo, particular y actual en cabeza
del concejal, derivado de la afinidad política que puede generarse al pertenecer a
un mismo partido político.

18. Consideró que aun cuando se probó que Armando de los Milagros Gutiérrez
González participó y votó en la decisión de un impedimento presentado por Juan
David Quintero Rubio, con quien conformó la lista de candidatos al concejo distrital
para el período electoral anterior 2020-2023 por el mismo partido, no se acreditó
el interés particular, actual y real, de carácter moral o económico, derivado de dicha
actuación, ni la oposición de este con el interés general, que lo obligaran a
apartarse de su votación.

19. Conforme con lo anterior, concluyó que no había lugar a decretar la pérdida
de la investidura por la causal de violación del régimen del conflicto de interés al
no haberse acreditado que concejal Gutiérrez González haya actuado con un

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicación: 25000 23 15 000 2024 00855 01
Solicitante: Walter Alonso Jegén Taborda

interés directo en la decisión del impedimento presentado por el señor Juan David
Quintero Rubio.
IV. RECURSO DE APELACIÓN

20. El demandante pidió revocar la sentencia proferida en primera instancia y en
su lugar que se decrete la pérdida de la investidura, manifestando que la decisión
desconoció el criterio jurisprudencial de la Sección Primera del Consejo de Estado
según el cual, el conflicto de interés es un concepto indeterminado que no se
refiere exclusivamente a asuntos materiales, sino que el mismo puede ser de
orden moral, político y de afinidad ideológica.

21. Argumentó que el numeral 14 del artículo 11 del CPACA establece como
causal de impedimento el haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos
colegiados de elección popular, inscritas o integradas también por el interesado en
el período electoral coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los
dos períodos anteriores y en esa medida exige la declaración de impedimento para
garantizar que no existan situaciones en las que la relación electoral previa genere
de manera objetiva la percepción o la posibilidad de un interés particular en la
decisión de índole moral, político o de afinidad ideológica.

22. Afirmó que el interés fue consagrado objetivamente en la causal de
impedimento como consecuencia de la relación surgida por virtud de una lista
política compartida, de manera que por sí sola es suficiente para configurar la
causal de pérdida de la investidura, toda vez que ese vínculo puede generar
intereses que, aunque no sean económicos o materiales, tienen la capacidad de
afectar la independencia del servidor en el ejercicio de sus funciones, creando un
interés de solidaridad o interés de afinidad que no debe obviarse.

23. Por último, adujo que: (i) la participación del concejal Armando de los
Milagros Gutiérrez González en la decisión del impedimento del concejal Juan
David Quintero Rubio con quien compartió lista electoral, no es neutral habida
cuenta que está influenciada por una afinidad política, moral y/o ideológica que
podría motivar su decisión, afectando su imparcialidad y (ii) el concejal actuó con
culpa grave, en la medida en que tenía conocimiento de la norma y de forma

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicación: 25000 23 15 000 2024 00855 01
Solicitante: Walter Alonso Jegén Taborda

negligente no presentó el impedimento, como sí lo realizó en otras oportunidades
por las causales previstas en el artículo 11 del CPACA.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

24. Por auto de 11 de febrero de 20258 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte actora y se ordenó el traslado según lo previsto en el
numeral 3 del artículo 14 de la Ley 1881 de 15 de enero de 20189.

25. El traslado del recurso de apelación fue descorrido así:

26. El concejal a través de apoderado solicitó que la sentencia de primera
instancia sea confirmada y manifestó que en el sub examine no se configura el
conflicto de intereses, ya que no basta con ser parte de la misma lista de
candidatos a cuerpos colegiados para que se estructure la causal, sino que
además se requiere que se encuentre probado el interés particular o privado de
alguno de los miembros de la lista en el asunto sometido a su consideración.

27. Asimismo, señaló que no puede hacerse el análisis de la causal de conflicto
de interés sobre elementos normativos que no la integran, de suerte que tampoco
es viable el estudio de la conducta sobre una presunta afinidad política, ideológica
o solidaria, y en ese orden, no es procedente posible sopesar el elemento subjetivo
(la culpabilidad).

28. Afirmó que la sentencia recurrida se circunscribió a resolver el asunto
conforme a los supuestos fácticos y al material probatorio allegado y que siendo
que no obraba prueba que enervara la conclusión del a quo, debía confirmarse lo
resuelto por esa Corporación.

29. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

8 Cfr. Samai. Índice 00004, expediente principal de segunda instancia.
9 Cfr. “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se

consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicación: 25000 23 15 000 2024 00855 01
Solicitante: Walter Alonso Jegén Taborda

30. El apoderado del concejal presentó memorial el 1° de abril de 202510,
mediante el cual solicitó que se decretaran de oficio unas pruebas y se llevara a
cabo la audiencia pública potestativa prevista en el artículo 182B del CPACA.

31. El despacho sustanciador, a través de auto de 13 de junio de 2025, rechazó
de plano las pruebas presentadas por ser extemporáneas11 y descartó su decreto
de oficio al no reunir los requisitos exigidos en el artículo 213 del CPACA para ser
decretadas12. Asimismo, denegó la solicitud de audiencia pública por no
enmarcarse en las hipótesis señaladas en el artículo 182B del CPACA.13

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. Competencia

32. La Sala es competente para proferir esta providencia en segunda instancia,
de acuerdo con el artículo 15014 del CPACA, el parágrafo 2 del artículo 48 de la
Ley 617 de 9 de octubre 200015 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de

10 Cfr. Samai. Índices 00016 y 00017, expediente principal de segunda instancia.
11 Al haber sido solicitadas por fuera de la oportunidad procesal prevista en el artículo 212 del

CPACA, esto es, dentro del término de ejecutoria de la providencia que admitió el recurso y corrió
traslado. En este caso el auto que admitió el recurso es de 11 de febrero de 2025 y se notificó por
estado de 13 de febrero de 2025, de manera que su término de ejecutoria corrió el 14, 15 y 18 de
febrero de 2025, y la solicitud probatoria se presentó el 1° de abril de 2025.
12 Se consideró que (i) aún si se analizara el eventual decreto oficioso de dichas pruebas, tanto el

“[…] Concepto Jurídico […]” de 4 de febrero de 2020, como el ”[…] Acta de Bancada del Partido
Liberal núm. 3 de 2024 […]” de 7 de mayo de 2024, las actas (sucinta y transcrita) de la sesión
plenaria ordinaria núm. 032 de 7 de mayo de 2024 del Concejo de Bogotá, D.C. y la certificación
expedida por la secretaria del órgano de control de esa corporación, una vez confrontados con el
acervo probatorio que ya fue recaudado en el expediente, no son documentos necesarios para el
esclarecimiento de la verdad procesal ni conducen a dilucidar puntos oscuros o difusos de la
contienda, en los términos exigidos por el artículo 213 del CPACA para decretar pruebas de oficio,
(ii) versan sobre hechos acaecidos antes de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en
primera instancia, sin que se hubiera demostrado que no fueron solicitadas durante la primera
instancia por fuerza mayor o caso fortuito, o por obra de la parte contraria (CPACA Art. 212,
numerales 3 y 4).
13 Al no advertirse un punto específico sobre el que las personas que se solicitó convocar debieran

conceptuar como elemento necesario para dilucidar el presente juicio sancionatorio, ni reunirse las
condiciones para proferir una sentencia de unificación jurisprudencial en los términos en que lo
prevé el artículo 182B del CPACA, así como tampoco se advirtió necesaria, pertinente o útil la
realización de una audiencia pública en esta instancia, considerando que en el proceso hay
elementos de juicio suficientes para proferir una decisión de fondo que resuelva sobre los
planteamientos y argumentos ventilados en el recurso, y determine si en el caso concreto se
configuran los elementos de la causal de pérdida de la investidura por violación al régimen de
conflicto de intereses endilgada.
14 En el que se prevé que esta corporación conocerá de las apelaciones interpuestas contra las

sentencias de los tribunales administrativos en primera instancia.
15 Cfr. “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de

1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicación: 25000 23 15 000 2024 00855 01
Solicitante: Walter Alonso Jegén Taborda

201916, sobre distribución de los procesos entre las secciones del Consejo de
Estado.

6.2. Del análisis de la causal de pérdida de investidura objeto de reproche

33. Teniendo en cuenta lo expuesto en el recurso de alzada, la Sala tendrá que
definir si incurre en causal de pérdida de investidura por conflicto de intereses, el
concejal que integra el quorum y participa en la votación para resolver el
impedimento manifestado por otro concejal con quien conformó la misma lista de
candidatos en alguno de los dos períodos constitucionales anteriores.

34. Con miras a resolver ese interrogante, la Sala analizará si en el presente
asunto se encuentran configurados los elementos objetivo y subjetivo de la causal
y en esa medida, si hay lugar a acceder a la pérdida de investidura del convocado.

6.2.1. Del elemento objetivo

35. Las causales invocadas por el accionante son las previstas en el numeral 1°
del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 y en el numeral 2° del artículo 55 de la Ley
136 de 1994 que indican, en lo pertinente, que los concejales perderán su
investidura cuando trasgredan el régimen de conflicto de intereses; veamos:

«Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales
municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras
locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de
juntas administradoras locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de
intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar
asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las
de la ciudadanía en general» (Subrayas de la Sala).

«Artículo 55. Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales perderán
su investidura por:

tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48, establece que corresponde al Consejo de Estado
conocer en segunda instancia de las pérdidas de investidura que conozcan en primera instancia
los Tribunales Administrativos.
16 Reglamento Interno del Consejo de Estado, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 de 2024,

que regula la distribución de negocios entre las secciones.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicación: 25000 23 15 000 2024 00855 01
Solicitante: Walter Alonso Jegén Taborda

(…)

2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto
de intereses» (Subrayas de la Sala).

36. El artículo 70 de la Ley 136 de 1994, que es la norma especial que regula el
conflicto de interés para los concejales distritales y municipales, dispone:

«Artículo 70. Conflicto de interés. Cuando para los concejales exista interés
directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o
compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su
socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de
participar en los debates o votaciones respectivas.

Los concejos llevarán un registro de intereses privados en el cual los
concejales consignarán la información relacionada con su actividad
económica privada. Dicho registro será de público conocimiento. Cualquier
ciudadano que tenga conocimiento de una causal de impedimento de algún
concejal, que no se haya comunicado a la respectiva corporación, podrá
recusarlo ante ella». (Subrayas de la Sala).

37. Ahora bien, el demandante también invocó como sustento de su petición de
desinvestidura por conflicto de intereses la causal consagrada en el numeral 14
del artículo 11 del CPACA, que es del siguiente tenor:

«Artículo 11. Conflictos de interés y causales de impedimento y
recusación. Cuando el interés general propio de la función pública entre en
conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá
declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar
actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o
pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su
impedimento por:

(…)

14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de
elección popular inscritas o integradas también por el interesado en el período
electoral coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los dos
períodos anteriores» (Subrayas de la Sala).

38. Ahora bien, en lo que hace al primer elemento anotado, es decir, sobre el
alcance del conflicto de intereses la Sala Plena de esta Corporación en sentencia
del 28 de noviembre de 2017, señaló:

«podría definirse como aquella conducta en que incurre un servidor público,
contraria a la función pública, en la que, movido por un interés particular

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Radicación: 25000 23 15 000 2024 00855 01
Solicitante: Walter Alonso Jegén Taborda

prevalente o ausente del interés general, sin declararse impedido, toma una
decisión o realiza alguna gestión propia de sus funciones o cargo, en provecho
suyo, de un familiar o un tercero y en perjuicio de la función pública. Por ello,
la norma exige que, ante la pugna entre los intereses propios de la función y
los particulares del funcionario, éste deba declararse impedido, pues es la
manera honesta de reconocer la existencia de esa motivación y el deseo de
cumplir con las funciones del cargo de manera transparente e imparcial»17
(Subrayas de la Sala).

39. Por su parte, la Corte Constitucional prohijando la jurisprudencia del Consejo
de Estado en la materia, ha dicho que el conflicto de intereses se configura
«cuando existe una concurrencia antagónica entre el interés particular y el interés
público que afecta la decisión a tomar y obliga a declararse impedido a quien deba
tomarla»18.

40. En consonancia con lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación ha
delimitado los presupuestos que son necesarios para establecer la configuración
de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de
intereses19. En particular, ha precisado que deben acreditarse de manera
concurrente los siguientes elementos o presupuestos: (i) la calidad del sujeto
activo; (ii) la existencia de un interés directo, particular y actual, de naturaleza
moral o económica; y (iii) la participación efectiva del servidor en el trámite, pese
a la existencia de dicho interés, sin haber manifestado impedimento o sin haber
sido apartado mediante recusación20.

41. El primer presupuesto exige constatar que el accionado fue electo en el
cargo de elección popular y que no existe controversia sobre este aspecto ni sobre
su posesión en el cargo.

42. En relación con el segundo presupuesto, la jurisprudencia ha precisado que
el interés que da lugar a la desinvestidura debe ser de naturaleza particular, esto
es, que debe proyectarse directamente sobre el concejal, de modo que el asunto
sometido a debate o decisión repercuta en su esfera subjetiva o en la de su

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, sentencia de 28 de

noviembre de 2017, número único de radicación 11001-03-25-000-2005-00068-00(IJ), Consejero
Ponente César Palomino Cortés.
18 Corte Constitucional, Sentencia SU-625/2015. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
19 Consejo de Estado, sentencia del 1 de noviembre de 2016, exp. 11001-03-15-000-2015-01571-

00, C.P. María Elizabeth García González.
20 Ibidem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Radicación: 25000 23 15 000 2024 00855 01
Solicitante: Walter Alonso Jegén Taborda

cónyuge o compañero(a) permanente, sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o sus socios. Debe ser
además directo lo que implica que la eventual afectación del concejal, de sus
allegados o de sus socios debe provenir del mismo asunto del que debe conocer,
o dicho en otros términos, cuando su fuente es el asunto sometido a consideración
y/o votación. Y, finalmente, debe ser actual o inmediato, lo que significa que tiene
lugar cuando se presenta al momento de la actuación, de manera que no puede
ser hipotético, futuro o puramente eventual, sino que debe comportar un impacto
real y contemporáneo en el cabildante municipal, sus familiares o sus socios21.

43. Así las cosas, el conflicto de interés que da lugar a la pérdida de investidura
es una situación especialísima en la que se encuentra inmerso el concejal cuando
su interés particular, moral o económico o el de su círculo cercano, resulta
incompatible con el interés general que debe privilegiarse siempre en el ejercicio
de las funciones como cabildante. Y ello es así porque de las decisiones que debe
adoptar, el concejal deriva o puede derivar un provecho (económico o moral) para
si o para los terceros ya mencionados, con la consecuente afectación de la
moralidad administrativa, la confianza legítima de los electores y la probidad
exigida a los servidores de elección popular.

44. Ahora bien, en relación con el tercer presupuesto, esto es, el relacionado
con la participación en el trámite o en el asunto sin haber manifestado impedimento
o haber sido separado por recusación, resultan pertinentes las consideraciones
que siguen en relación con la naturaleza de estas dos figuras y sus diferencias con
el interés particular, directo y actual que configura el conflicto.

45. En primer lugar, cabe destacar que la manifestación de impedimento tiene
por objeto poner en evidencia la existencia de un conflicto, es decir, exteriorizar la
eventual afectación de la imparcialidad para la adopción de decisiones. Lo que se
pretende al invocar una causal de impedimento es asegurar la independencia y
transparencia que debe presidir la actividad de los servidores públicos, con el fin

21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de
primero 1 de febrero de 2018. MP. Oswaldo Giraldo López, expediente 66001-23-33-000-2017-
00089-01(PI Sentencia del 18 de febrero de 2021, expediente 85001 2333 000 2020 00012 02. MP.
Roberto Augusto Serrato Valdés. Consejo de Estado- Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
Sentencia del 9 de noviembre de 2016. MP. William Hernández Gómez, expediente. 11001-03-15-
000-2014-03117-00 (PI); entre otras.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12

Radicación: 25000 23 15 000 2024 00855 01
Solicitante: Walter Alonso Jegén Taborda

de evitar toda sospecha en torno a la gestión desarrollada y garantizar el
adelantamiento de las actuaciones con un máximo de equilibrio.

46. En este orden de ideas, la manifestación de impedimento es concebida como
una herramienta para cumplir los mandatos constitucionales y al mismo tiempo
para blindar al servidor de futuras recusaciones. El concepto del 28 de abril de
2004 emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado precisó
el carácter instrumental del impedimento, así como el alcance y la connotación del
conflicto de intereses, así:

«2. El conflicto de intereses. Es una institución de transparencia democrática
que por su alcance y fundamento debe analizarse en forma concreta.

2.1. Noción. En términos generales es aquella cualidad de concurrencia
antagónica entre el interés particular y el interés público que afecta la decisión
a tomar y obliga a declararse impedido a quien deba tomarla.

2.2. Finalidad. El instituto del conflicto de intereses trata de impedir que
prevalezca el interés privado del congresista sobre los intereses públicos, el
cual, prevalido de su influencia, podría obtener provechos indebidos para sí o
para terceros, es decir, evitar favorecer intereses que no sean los relativos al
bien común o que la imparcialidad de sus decisiones se comprometa y
distorsione por motivos personales o particulares. Se trata así de un asunto
inherente al fuero interno del congresista, a un aspecto esencialmente
subjetivo, el que de existir y no ser manifestado conforme al reglamento, da
lugar a la recusación.

2.3. Fundamento. De allí que el fundamento del impedimento radica en que:
a) el conflicto de interés afecta la transparencia de la decisión -para el caso, la
motivación del voto-. En efecto, en toda decisión siempre debe haber, en forma
inequívoca, un solo interés: el interés general de la ley. Por tanto, en caso de
conflicto se mezclan el interés privado y el público, con lo cual queda en duda
cuál fue el interés dominante. b) En que el impedimento evita que la decisión
sea determinada por el interés particular en detrimento del interés público.

2.4 Necesidad de análisis en cada caso particular: La Sala estima
conveniente advertir que el tema, de por sí complejo, requiere para su
tratamiento del análisis de cada caso concreto, pues la conducta humana
admite de manera necesaria matices y, por tanto, el instituto del conflicto de
intereses, al ser del resorte del fuero interno, debe ser valorado con especial
cuidado para no vulnerar los derechos del congresista o hacer inanes los
alcances de la ley.

3. Requisitos para la configuración del conflicto de intereses en el caso
de los congresistas. Como quiera que dicho conflicto se configura por la
concurrencia de interés privado e interés público, se hace indispensable tener
en cuenta, entre otros, los siguientes requisitos:

3.1 Interés privado concurrente. De acuerdo con lo expuesto, resulta
indubitable que este interés debe aparecer en tal forma que comprometa

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13

Radicación: 25000 23 15 000 2024 00855 01
Solicitante: Walter Alonso Jegén Taborda

objetivamente la intangibilidad del interés general perseguido, para lo cual la
Sala estima necesario hacer las siguientes precisiones:

a) Existencia: Se configura el interés privado cuando hay “exigencia para la
satisfacción de necesidades humanas” -Messineo, Tomo II, p. 10 -, lo cual
acontece cuando surgen v.gr.: ventajas o provechos representados en
derechos subjetivos, o en ventajas de tipo reparativo positivo (como
indemnización por daños o detrimento de derechos) o negativo (reparación de
gastos), o de tipo enriquecedor (como ganancias, utilidades, provechos,
derechos, etc.), o cuando se refieren a la simple exoneración de desventajas
(exoneración de obligaciones, cargas, etc.).

b) Juridicidad: Se da cuando el interés privado, protegible de ordinario, pero
con la aptitud de afectar la transparencia, debido a que siendo actual y estando
amparado por la ley puede perturbar el ánimo del interesado a actuar en su
propio favor. Para ello debe tenerse en cuenta que el interés: 1) Es actual,
cuando se ha adquirido y puede afectarse. De allí que por ausencia de éste
(sic) requisito quede excluido el interés futuro. 2) Es jurídico, porque se
encuentra amparado por la ley. Por tanto es inaceptable interés originado en
el roce meramente social (v. gr. el de comunicación o trato) para generar
conflicto de interés. y, 3) Es afectable, cuando puede extinguirse o modificarse
el que se tiene. En cambio, no se da cuando el interés es inalienable (v. gr. La
vida).

c) Privado: Se da cuando el interés es de naturaleza particular de manera
inequívoca y, por lo mismo, se descarta cuando se actúa movido por el interés
público o general -regulación abstracta en general-. El interés puede ser
individual o colectivo, referido en el primer caso, por ej., a la propiedad
particular y, en el segundo, al interés común de los propietarios en una
urbanización.

d) Titularidad: El interés debe radicar en el congresista [en este caso
entiéndase concejal] o en su cónyuge, compañero (a), pariente hasta el cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en el caso bajo estudio.

3.2 El interés público concurrente en la decisión pertinente. Para que este
interés público concurrente pueda verse menoscabado, también se hace
indispensable tener en cuenta aquellos aspectos que puedan afectar que sea
el único determinante de la decisión; lo cual implica que en la misma persona
que tiene un interés privado, también concurran estos requisitos:

a) Calidad de congresista.
b) Intervención en las deliberaciones y votaciones.
c) Proyecto de decisión de interés público.
d) Afectación particular, consistente en que el proyecto a votar pueda afectar
el interés directo del congresista, arriba mencionado.

3.3 Conflicto de interés. De la concurrencia objetiva de los dos intereses
mencionados puede desprenderse inequívocamente la existencia de un
conflicto de interés como causal de impedimento o recusación. En tanto que
este fenómeno no se estructuraría, de una parte, cuando no concurra alguno
de los requisitos mencionados para los referidos intereses, y, de otro, cuando

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14

Radicación: 25000 23 15 000 2024 00855 01
Solicitante: Walter Alonso Jegén Taborda

simplemente se trata de mera apreciación subjetiva de conflicto sin sustento
en elementos objetivos»22 (Subrayas de la Sala).

47. En el mismo sentido, la Sala Especial de Decisión núm. 27 en sentencia de
8 de septiembre de 2021, indicó que los impedimentos y los conflictos de interés
no son equivalentes por las siguientes razones:

«Los impedimentos y el conflicto de intereses no son figuras jurídicas
equivalentes

Los impedimentos y las recusaciones

La finalidad y propósito de estas instituciones procesales, impedimentos y
recusaciones, consiste en asegurar la independencia e imparcialidad del juez,
quien debe apartarse del proceso sometido a su conocimiento cuando se
configura, en su caso específico, alguna de las causales taxativamente
señaladas en la ley.

Por esta razón, cuando el funcionario judicial no manifiesta su impedimento
puede ser recusado. Concretamente, la Corte Constitucional ha establecido
que los impedimentos y recusaciones protegen dos garantías esenciales del
poder judicial y que resultan distintas entre sí, una es la independencia y otra
la imparcialidad en el ejercicio de la función judicial.

[…]

Tanto el impedimento como la recusación permiten asegurar la transparencia
de la administración de justicia y autorizan a los funcionarios judiciales para
separarse o ser separados del conocimiento de un asunto, cuando en ellos
concurren circunstancias objetivas y/o subjetivas que podrían afectar su
imparcialidad, independencia u objetividad en la toma de sus decisiones
judiciales23.

La independencia que se pretende salvaguardar en el juez se entiende como
la libertad de obrar sin presiones ni injerencias de ninguna persona, y la
imparcialidad, como la igualdad de trato a los sujetos procesales, la rectitud y
la ecuanimidad, para que sus decisiones estén desprovistas de circunstancias
que puedan perturbar su ánimo o menguar su serenidad, como el interés
personal, el afecto, la animadversión, la predeterminación, por citar algunos
ejemplos.

Conforme con ello, el legislador, en ejercicio de la facultad de configuración
normativa incorporó en el ordenamiento jurídico las instituciones procesales
de impedimentos y las recusaciones, con miras a garantizar la independencia
e imparcialidad del funcionario judicial, quien oficiosamente o por haber sido
recusado, debe apartarse del proceso que conoce cuando se configura, para

22 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 28 de abril de 2004, radicación núm.

1572, consejero ponente Flavio Augusto Arce Rodríguez.
23 Ver la sentencia C-365 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa). Posición reiterada en la

sentencia C-600 de 2011 (M.P. María Victoria Calle Correa) y Sentencia C-496 del 14.09.16. M.P.
María Victoria Calle Correa

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15

Radicación: 25000 23 15 000 2024 00855 01
Solicitante: Walter Alonso Jegén Taborda

su caso particular, alguna o varias de las causales que se encuentran descritas
en la ley.

Como los impedimentos y la recusación son institutos de aplicación
excepcional en tanto conducen a declinar o exceptuar el cumplimiento de la
función jurisdiccional a cargo del funcionario judicial, las circunstancias que
dan lugar a ellos deben estar consagradas de manera taxativa en la ley y su
alcance ha de establecerse a partir de una interpretación restrictiva.

Por esto, el juez que considere estar impedido y realice la manifestación
respectiva, debe expresar la causal que invoca e indicar suficientemente los
hechos o motivos con base en los cuales considera estar inmerso en una de
aquellas hipótesis que lo llevarían a ser separado del conocimiento del asunto,
mientras que si es recusado, quien lo hace está impelido a demostrar la
concurrencia de esos eventos expresos, objetivos o subjetivos, en relación con
el juez al que recusa.

2.6.1.2 El conflicto de intereses

En el numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política se consagró como
causal de pérdida de investidura la violación del “régimen de conflicto de
intereses” a que se refiere el artículo 18224 superior, sin que se definiera en
forma precisa su contenido normativo, dando cabida a la existencia de un
“concepto jurídico indeterminado”, como lo ha establecido en su jurisprudencia
la Sala Plena de esta Corporación25.

Como la Constitución Política de 1991 no definió en forma precisa el contenido
normativo del conflicto de intereses sino que describió algunas situaciones en
que pueden encontrarse los congresistas en el marco de sus funciones, que
develan un provecho o ventaja personal en favor del parlamentario o de su
círculo cercano, corresponde al interprete establecerlo en cada caso concreto,
de acuerdo con la situación fáctica puesta en conocimiento y a la apreciación
en conjunto de las pruebas allegadas al expediente.

Para dotar de contenido el mencionado concepto, esta Corporación26 ha
venido dando aplicación a los siguientes tres principios: i) la moralidad ii) la
protección a la confianza legítima depositada por los ciudadanos en sus
elegidos iii) el resguardo de una conducta proba en el ejercicio de los cargos
de elección popular. Además, ha indicado que el interés debe ser de carácter
moral o económico y respecto de éste debe acreditarse el beneficio o provecho
que se obtiene o se obtendría en relación con el funcionario del que se predica
su existencia.

A su turno, el artículo 182 de la Constitución Política señala el deber que tienen
los congresistas de informar sobre los posibles conflictos de dicha índole -
moral o económico- que se presenten en el ejercicio de las funciones que les
corresponden, esto significa que el conflicto de intereses se puede presentar

24 CP. Artículo 182. Los congresistas deberán poner en conocimiento de la respectiva Cámara las

situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los
asuntos sometidos a su consideración. La ley determinará lo relacionado con los conflictos de
intereses y las recusaciones.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 12.04.11. Rad.

11001-03-15-000-2010-01325-00(PI). M.P. Enrique Gil Botero y Sentencia del 9.11.16. M.P.
William Hernández Gómez. Rad. 11001-03-15-000-2014-03117-00(PI).
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 29 de mayo de

2012, Expediente No. 11001-03-15-000-2010-01329-00(PI), M.P. Danilo Rojas Betancourth.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16

Radicación: 25000 23 15 000 2024 00855 01
Solicitante: Walter Alonso Jegén Taborda

tanto en el desarrollo de las funciones legislativas, como en las de control
político y en la judicial, asignadas constitucional y legalmente al Congreso de
la República.

De acuerdo con lo expuesto sobre los institutos procesales del
impedimento, la recusación y la figura del conflicto de intereses, es claro
que los dos primeros obedecen a la taxativa predeterminación del
legislador respecto de algunas situaciones, eventos o condiciones que,
cuando concurren en el funcionario judicial, constituyen per se un riesgo
a su imparcialidad e independencia respecto de los asuntos que tramita
y decide.

Mientras que, el conflicto de intereses, censura la incompatibilidad entre
el interés particular del parlamentario y el interés general contenido en
los asuntos de los que debe participar, conocer y decidir en el ejercicio
de cualquiera de las funciones congresales, porque de su decisión, en
un sentido u otro, el congresista deriva o podría derivar un provecho o
ventaja personal o para sus círculos cercanos, con la consecuente
afectación de la moralidad, la confianza legítima de sus electores y
probidad exigidas de los congresistas»27 (Subrayas y negrillas de la Sala)

48. En esta misma la misma línea, y en atención al carácter sancionatorio y
restrictivo de la pérdida de investidura, que implica la inhabilidad indefinida para el
ejercicio de derechos políticos de elección popular, la Sala Plena del Consejo de
Estado ha afirmado que la sola omisión del deber de declararse impedido no
constituye causal de pérdida de investidura. La jurisprudencia sobre la causal de
los congresistas por violación del régimen del conflicto de intereses ha sido
pacífica en indicar que el numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política no
sanciona la omisión del anuncio del impedimento, sino la participación en una
decisión en la que efectivamente concurra un conflicto de intereses 28, de modo
que “[…] es necesario que en la sentencia se pueda establecer que ocurrió la
violación del régimen del conflicto de intereses en cuanto que el Congresista votó
anteponiendo intereses personales a los intereses públicos y no solamente que el
Congresista no se haya declarado impedido»29.

27 Consejo de Estado. Sala Veintisiete Especial de Decisión. Sentencia del 8 de septiembre de

2021. Proceso radicado número: 11001 03 15 000 2021 00068 00. Consejero Ponente: Rocío
Araújo Oñate.
28 Es criterio jurisprudencial que la sola ausencia de declaración de impedimento, per se, no

constituye causal de pérdida de la investidura. Particular énfasis se hizo sobre este punto en la
sentencia dictada por la Sala Plena el 23/03/2010. MP. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
Radicación: 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI).
29 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 29 de mayo de

2012, expediente 11001-03-15-000-2010-01329-00(PI), MP. Danilo Rojas Betancourth. Consejo de
Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 9 de noviembre de 2016. MP.
William Hernández Gómez, expediente 11001-03-15-000-2014-03117-00(PI). Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Espacial de Decisión de PI. Sentencia de 8
de septiembre de 2021. MP. Rocío Araújo Oñate, expediente 11001-03-15-000-2021-00068-00(PI).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17

Radicación: 25000 23 15 000 2024 00855 01
Solicitante: Walter Alonso Jegén Taborda

49. De acuerdo con la jurisprudencia citada, el conflicto de intereses censura la
incompatibilidad entre el interés particular del concejal y el interés general inmerso
en los asuntos sobre los cuales debe participar y decidir en ejercicio de las
funciones político-administrativas que le corresponden como miembro del cabildo
municipal, pues de su decisión puede derivar un provecho, utilidad o ventaja
personal o en favor de terceros cercanos, en desmedro del deber constitucional
de hacer prevalecer el interés general como principio ordenador del ejercicio de la
función pública que le fue confiada democráticamente. Por contraste, los institutos
procesales del impedimento y la recusación obedecen a la taxativa
predeterminación del Legislador respecto de situaciones que constituyen per se
un riesgo para la imparcialidad del servidor público frente a los asuntos sometidos
a su consideración, lo que impone al concejal el deber de manifestarse impedido
y, en caso de omisión, se habilita la recusación.

50. La anterior distinción no es meramente conceptual, sino que presenta
repercusiones en el ámbito sancionatorio, en la medida en que la pérdida de
investidura constituye una consecuencia excepcional que comporta la inhabilidad
perpetua para el ejercicio de derechos políticos. Por ello, su aplicación debe estar
regida por los principios de taxatividad y de interpretación restrictiva de la sanción
previstos en el artículo 29 Superior, lo que exige que la conducta reprochada se
subsuma de manera estricta en los supuestos previstos por el Legislador para esos
efectos; en el caso concreto, en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000
y el numeral 2º del artículo 55 de la Ley 136 de 1994 y en el numeral 14 del artículo
11 del CPACA.

51. Ahora bien, en relación con la verificación de los tres presupuestos
explicados anteriormente para la configuración de la causal de pérdida de
investidura por conflictos de intereses, esta Sección fijó inicialmente su posición
en la sentencia del 19 de septiembre de 201930, en la que determinó lo siguiente:

“En vista de la aplicación de las normas sobre impedimentos y recusaciones
prevista en la Ley 1437 de 2011, debe mencionarse que el impedimento se
presenta cuando la autoridad pone de manifiesto una situación que, a su juicio,

30 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 19 de septiembre de 2019. Exp: 13001-

23-33-000-2018-00738-01(PI), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18

Radicación: 25000 23 15 000 2024 00855 01
Solicitante: Walter Alonso Jegén Taborda

afecta su imparcialidad y que lo imposibilita para conocer de una actuación
administrativa o de un proceso judicial y la recusación ocurre, por el contrario,
cuando dicha situación es dada a conocer por parte de alguno de los sujetos
procesales. Al respecto, se ha señalado que los impedimentos y las
recusaciones:

«[…] son instituciones de naturaleza procedimental concebidas con el
propósito de asegurar varios de los principios sustantivos que gobiernan el
cumplimiento de la función pública, como la moralidad, la imparcialidad y la
transparencia, entre otros (art. 209 C.P.). Con ellos se pretende garantizar
las condiciones de imparcialidad y transparencia que debe reunir quien
tiene a su cargo el trámite y decisión de un asunto, bajo la convicción de
que solo de esta forma puede hacerse realidad el postulado de igualdad de
las personas ante la ley […]»31.

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
en su artículo 11, estableció, de manera general, que cuando el interés general
propio de la función pública entre en conflicto con el interés público del servidor
público, este debe declararse impedido y, además, prevé una serie de
situaciones en las cuales consideró que los servidores públicos que deben
adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones,
practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas, tienen comprometido su
interés particular y directo y, en consecuencia, podrían ser recusados si no
manifiestan su impedimento. Entre dichas situaciones se encuentra la
consistente en:

«[…] 14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados
de elección popular inscritas o integradas también por el interesado en el
período electoral coincidente con la actuación administrativa o en alguno
de los dos períodos anteriores […]»”. (Subrayas de la Sala)

52. Bajo ese entendimiento, la Sección consideró que el artículo 11 del CPACA
establecía las circunstancias de las cuales se desprendía que el servidor público
tenía un interés particular en conflicto con el interés general propio de su
investidura.

53. Entre las circunstancias que podían implicar el mencionado conflicto de
intereses y el deber de manifestar impedimento en cabeza de los servidores
públicos, está la prevista en el numeral 14 del artículo 11 del CPACA, esto es, que
el servidor público que debiera adelantar o sustanciar una actuación
administrativa, realizar una investigación, practicar una prueba o pronunciar una
decisión definitiva, hubiera sido compañero de lista o hubiera integrado la misma
lista de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular con el interesado en

31CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, Consejero ponente:
ÁLVARO NAMÉN VARGAS. Bogotá, D. C., dieciocho (18) de julio de dos mil dieciséis (2016).
Radicación número: 11001-03-06-000-2016-00065-00(C). Actor: CORPOAMAZONIA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19

Radicación: 25000 23 15 000 2024 00855 01
Solicitante: Walter Alonso Jegén Taborda

dicha actuación tanto en el mismo periodo en que la actuación tenga lugar como
en algunos de los dos periodos anteriores.

54. Sobre este punto, en la misma sentencia del 19 de septiembre de 2019 esta
Sección precisó que el numeral 14 del artículo 11 del CPACA no consagra un único
supuesto, sino dos hipótesis diferentes: i) haber hecho parte de listas de
candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas por el interesado; y
ii) haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección
popular integradas también por el interesado. En ambas hipótesis la norma exige
que la coincidencia en la lista se haya dado en el período electoral concurrente
con la actuación administrativa, o en alguno de los dos períodos electorales
anteriores a esta.

55. Así, a partir de la sentencia del 19 de septiembre de 2019, esta Sección
sostuvo que las causales establecidas en el artículo 11 del CPACA eran
circunstancias que comprometían la imparcialidad y objetividad del servidor
público, en los siguientes términos:

«55. Visto el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437, sobre conflicto de
interés y causales de impedimento y recusación, cuando el interés general
propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo
del servidor público, este deberá declararse impedido. Asimismo, todo servidor
público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar
investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá
ser recusado si no manifiesta su impedimento por, entre otros, “[…] [h]aber
hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular
inscritas o integradas también por el interesado en el período electoral
coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los dos períodos
anteriores […]”.

56. En los términos de la norma indicada supra, se considera que el
impedimento se presenta cuando el servidor público pone de manifiesto una
situación que, a su juicio, afecta su imparcialidad y que lo imposibilita para
conocer de una actuación administrativa; y la recusación ocurre cuando dicha
situación es da a conocer por cualquier ciudadano en el marco del
procedimiento de que se trate y en los términos del artículo 70 de la Ley 136,
que prevé que “[…] [c]ualquier ciudadano que tenga conocimiento de una
causal de impedimento de algún concejal, que no se haya comunicado a la
respectiva corporación, podrá recusarlo ante ella […]”»32

32 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 11 de mayo de 2023. Exp:
25000231500020220101601, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20

Radicación: 25000 23 15 000 2024 00855 01
Solicitante: Walter Alonso Jegén Taborda

56. Igualmente, esta Sección precisó que cuando el servidor público encargado
de adelantar la actuación incurría en alguna de las situaciones descritas en el
artículo 11 del CPACA, la norma le atribuía, por esa sola circunstancia, un interés
directo y particular33:

«Precisado lo anterior, se tiene que las decisiones judiciales de esta Sección34
han establecido que la ley entiende que en las situaciones descritas en el
artículo 11 de la Ley 1437 se encuentra comprometida la imparcialidad y
objetividad de los servidores públicos, por lo que se presenta conflicto de
intereses ante la existencia de intereses personales y directos en relación con
la decisión que se pretende adoptar.

[…]

Y es que la norma asume que, en las situaciones descritas en ese artículo, se
presenta un interés directo y particular del servidor público que tiene a su cargo
el adelantamiento o sustanciación de actuaciones administrativas, la
realización de investigaciones, la práctica de pruebas o la emisión de
decisiones definitivas y, por ello, entiende que se presenta conflicto de
intereses».

57. En esta línea, de manera más reciente, tratándose de la causal invocada,
esta Sección señaló que fue el propio legislador quien, al establecer la causal de
impedimento prevista en el numeral 14 del artículo 11 del CPACA, entendió
comprometida la imparcialidad del servidor público que incurriera en ella35:

«86. La Sección Primera, a partir de la referida sentencia de 19 de septiembre
de 2019, se ha pronunciado en relación con el conflicto de intereses derivado

33 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 19 de febrero de 2026. Exp:
25000231500020250039701, C.P. Nubia Margot Peña Garzón.
34 Aspecto desarrollado en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2025, número único de radicación 50001-23-33-000
2024-00175-02, consejero ponente Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Ver también Cfr. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Roberto
Augusto Serrato Valdés. Sentencia de 19 de septiembre de 2019. Radicación núm.: 13001-23-33
000-2018-00738-01(PI). Reiterada en: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia de 3 de marzo de
2023. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2022-01015-01. Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez.
Sentencia de 11 de mayo de 2023. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2022-01016-01. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera ponente: Nubia
Margoth Peña Garzón. Sentencia de 14 de septiembre de 2023. Radicación núm.: 25000-23-15-
000-2022-01014-01. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia de 26 de septiembre de 2024.
Radicación núm.: 05001-23 33-000-2024-00237-01. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia de 6
de marzo de 2025. Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00321-01.
35 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 19 de marzo de 2026. Exp. 17001-23-33-

000-2025-00276-01, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21

Radicación: 25000 23 15 000 2024 00855 01
Solicitante: Walter Alonso Jegén Taborda

de la causal de impedimento y recusación prevista en el numeral 14. del
artículo 11 de la Ley 1437.

87. Así lo evidencian, entre otras, las sentencias de 19 de septiembre de
201936, 3 de marzo de 202337, 11 de mayo de 202338, 14 de septiembre de
202339, 6 de marzo de 202540, 2 de mayo de 202541, 24 de julio de 202542; 28
de agosto de 202543 y 30 de octubre de 202544, entre otras, en las cuales se
ha señalado de manera consistente y pacífica que resulta posible acudir a la
causal de impedimento prevista en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley
1437, en cuanto este enunciado normativo está dirigido a todos los servidores
públicos que deban adelantar actuaciones administrativas, dentro de los
cuales se encuentran cobijados los miembros de las corporaciones públicas
de elección popular, y la elección del secretario del concejo constituye un
procedimiento administrativo especial que se encuentra regulado en el artículo
2.2.27.1 del Decreto núm. 1083 de 26 de mayo de 201545, el cual debe
adelantarse con sujeción a los principios de transparencia e imparcialidad.

88. En esta conducta prevista por el legislador se entiende que se encuentra
comprometida la imparcialidad y objetividad de los servidores públicos y se
presenta un interés directo, particular y actual en relación con la decisión que
se pretende adoptar».

53. En el reciente fallo de unificación -SU-082- proferido el 15 de abril de 2026,
la Corte Constitucional al abordar el estudio de la causal de impedimento
establecida en el numeral 14 del artículo 11 del CPACA y del conflicto de intereses
como causal de pérdida de investidura, expuso de manera clara que el análisis en
el régimen de pérdida de investidura no puede limitarse a constatar la ocurrencia
de la causal de impedimento sino que debe estar orientada a probar la existencia
del interés directo, particular y actual que es el factor objetivo o material que
determina la desinvestidura como sanción:

36 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 19 de septiembre de 2019. Exp. 13001-23-

33-000-2018-00738-01(PI), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
37 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 3 de marzo de 2023. Exp. 25000-23-15-000-

2022-01015-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
38 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 11 de mayo de 2023. Exp. 25000-23-15-000-

2022-01016-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
39 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 14 de septiembre de 2023. Exp. 25000-23-

15-000-2022-01014-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
40 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 6 de marzo de 2025. Exp. 50001-23-33-000-

2024-00321-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
41 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 2 de mayo de 2025. Exp. 25000-23-15-000-

2024-00502-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
42 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 24 de julio de 2025. Exp. 05001-23-33-000-

2024-01329-02, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
43 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de agosto de 2025. Exp. 23001-23-33-

000-2024-00197-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón
44 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 30 de octubre de 2025. Exp. 05001-23-33-

000-2025-00218-01, C.P.(E) Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
45 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22

Radicación: 25000 23 15 000 2024 00855 01
Solicitante: Walter Alonso Jegén Taborda

«246. De tal manera que, en la causal de pérdida de investidura por violación
del régimen de conflicto de intereses, el elemento objetivo alude a la
verificación fáctica del supuesto de hecho de la causal, esto es, constatar si,
en un asunto sometido a la competencia funcional del miembro de la
corporación pública de elección popular, concurrió objetivamente en los
presupuestos que configuran el conflicto y en su actuación institucional en ese
asunto […]

247. En paralelo, es importante recordar que la Corte Constitucional ha
enfatizado que no basta con constatar “un factor objetivo” en abstracto. Para
hablar de conflicto de interés, el juez debe verificar, como base, la
presencia de un interés directo, particular y actual, real y no aleatorio, en
la decisión sometida a consideración del funcionario46.

248. En tal sentido, para los concejales y diputados, en lo referente a la
causal de conflicto de interés por haber incurrido en una causal de
impedimento, es necesario precisar que el conflicto de intereses como
causal de pérdida de investidura no puede reducirse a la mera
configuración formal de una causal de impedimento, pues esta última
opera como un parámetro preventivo de abstención, pero no sustituye la
verificación del presupuesto material de la sanción47. La jurisprudencia ha
sido enfática en que la sola subsunción fáctica en una hipótesis de
impedimento resulta insuficiente para estructurar la causal sancionatoria si no
se acredita, de manera cierta y concreta, la existencia de un interés directo,
particular y actual que se proyecte sobre el asunto decidido y sea susceptible
de generar un beneficio personal o de sus allegados48»49. (Negrillas de la Sala)

54. Se tiene entonces que tanto para la Corte Constitucional como para el
Consejo de Estado que la sola omisión de manifestar el impedimento no es causal
de pérdida de investidura, pues precisamente en esta clase de procesos
sancionatorios es necesario que se demuestren, en su orden, los elementos
objetivo y subjetivo. Sin el ánimo de redundar la Corte Constitucional también
afirmó en el fallo recientemente proferido:

«250. Sin embargo, la omisión de manifestar un impedimento no
produce, por sí sola, la pérdida de investidura, pues las normas que
prevén esta sanción exigen la verificación tanto del elemento objetivo
como del subjetivo. Por ello, aunque actuar estando impedido o abstenerse
de declarar el impedimento cuando existe el deber de hacerlo sí configura una
falta disciplinaria, ello no es equivalente ni análogo al fenómeno del conflicto
de intereses sancionable con pérdida de investidura, en tanto este último se

46 Corte Constitucional, Sentencias SU-379 de 2019 y SU-501 de 2024.
47 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; Sentencia del 23 de marzo

de 2010, expediente 11001-03-15-000-2009-00198-00; Sentencia del 9 de noviembre de 2016,
expediente 11001-03-15- 000-2014-03117-00; Sentencia del 8 de septiembre de 2021, expediente
11001-03-15-000-2021-00068-00; Sentencia del 31 de julio de 2024, expediente 11001-03-15-000-
2024-01431-00. También, Sección Primera del Consejo de Estado, Sentencia del 4 de septiembre
de 2025, expediente 50001-23-33-000-2024-00302-01. Igualmente, salvamento de voto expresado
por el consejero Pablo Andrés Córdoba Acosta a la Sentencia del 30 de octubre de 2025, proferida
por la Sección Primera del Consejo de Estado en el expediente 05001-23-33-000- 2025-00218-01.
48 Ibidem
49 Corte Constitucional, sentencia SU-082 de 2026. MP. Vladimir Fernández Andrade.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23

Radicación: 25000 23 15 000 2024 00855 01
Solicitante: Walter Alonso Jegén Taborda

refiere específicamente a la incompatibilidad entre el interés particular y el
interés general involucrado en el asunto sometido a su decisión50. Esto exige,
entonces, la demostración de un “genuino conflicto de intereses” y no la sola
constatación de la concurrencia de la causa de impedimento, en tanto esto
implicaría desnaturalizar su carácter excepcional como máxima sanción
político-disciplinaria»51. (Negrillas de la Sala)

55. De lo expuesto se desprende que, para que se configure la causal de pérdida
de investidura por violación del régimen de conflicto de intereses, no basta con
acreditar que el concejal incurrió en una causal de impedimento sin manifestarla –
como la prevista en el numeral 14 del artículo 11 del CPACA–, sino que resulta
indispensable demostrar que existía un interés directo, particular y actual en su
cabeza o en la de su círculo cercano y que este además sea incompatible con el
interés general propio de la investidura. La Corte Constitucional expuso sobre este
punto lo siguiente:

«251. Así, se entiende que el componente objetivo de esta causal se orienta
a establecer, desde una perspectiva material, si la actuación del integrante de
la corporación pública se desarrolló en un escenario que comprometía su
deber de imparcialidad, por la concurrencia de una situación personal capaz
de incidir en la decisión adoptada dentro del ámbito de sus funciones. Este
examen permite identificar si el ejercicio del cargo se vio afectado por una
circunstancia incompatible con la finalidad pública que debe guiar la actuación
del elegido, en tanto se quebranta la exigencia de transparencia que rige el
desempeño de la función representativa. Todo ello a partir de la constatación
fáctica de la actuación endilgada y su confrontación con los supuestos
descritos en la ley»52.

56. Ahora bien, de lo señalado por la Corte respecto de la causal de
desinvestidura por conflicto de intereses no puede interpretarse, en modo alguno,
que los servidores públicos eventualmente pueden desentender el deber de
declarar sus impedimentos en los supuestos previstos en la ley, pues como atrás
se expresó este mecanismo permite hacer efectivo los principios de imparcialidad
y de transparencia de la función pública y protege al servidor en el desempeño de

50 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; Sentencia del 23 de marzo

de 2010, expediente 11001-03-15-000-2009-00198-00; Sentencia del 9 de noviembre de 2016,
expediente 11001-03-15- 000-2014-03117-00; Sentencia del 8 de septiembre de 2021, expediente
11001-03-15-000-2021-00068-00; Sentencia del 31 de julio de 2024, expediente 11001-03-15-000-
2024-01431-00. También, salvamento de voto expresado por el consejero Pablo Andrés Córdoba
Acosta a la Sentencia del 30 de octubre de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado en el expediente 05001-23-33-000-2025-00218-01.
51 Corte Constitucional, sentencia SU-082 de 2026. MP. Vladimir Fernández Andrade

52 Ibidem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24

Radicación: 25000 23 15 000 2024 00855 01
Solicitante: Walter Alonso Jegén Taborda

las funciones a su cargo. Tampoco significa que, existiendo la causal respectiva,
los terceros estén imposibilitados de presentar la recusación correspondiente.

57. Sobre este punto debe precisarse que, aunque la omisión de la declaración
del impedimento no genera per se la pérdida de investidura, ello no significa que
este hecho no tenga otros efectos y consecuencias jurídicas –de carácter
disciplinario o en otros regímenes de responsabilidad–, ni que el servidor pueda
desatender este que es un deber legal a su cargo.

58. Teniendo en cuenta el marco anterior corresponde establecer si en el asunto
sub judice se hallan acreditados los siguientes elementos o presupuestos: (i) la
calidad del sujeto activo; (ii) la existencia de un interés directo, particular y actual,
de naturaleza moral o económica; y (iii) la participación efectiva del servidor en el
trámite, pese a la existencia de dicho interés, sin haber manifestado impedimento
o sin haber sido apartado mediante recusación.

59. En relación con el primer presupuesto, la Sala observa que de acuerdo con
las actas de escrutinio E-26 CON de la Registraduría Nacional del Estado Civil
aportadas por el accionante, no existe controversia en que Armando de los
Milagros Gutiérrez González fue elegido y adquirió la calidad de concejal de
Bogotá D.C. para el periodo constitucional 2024-2027.

60. Respecto del tercer presupuesto, esto es, de la participación efectiva del
concejal accionado en el trámite del impedimento manifestado por el también
concejal Juan David Quintero Rubio, con quien integraron la misma lista electoral
para el periodo 2020-2023, obran en el expediente las siguientes pruebas53:

a. Copia simple del formulario E-8, lista definitiva de candidatos inscritos por
el Partido Liberal Colombiano para las elecciones del 27 de octubre de
2019, que acredita la integración de la lista del Partido Liberal en la que
figuran Armando de los Milagros Gutiérrez González y Juan David Quintero
Rubio.

53 Visible a Índice 2 de SAMAI, Cuaderno Principal, Documento
003ED_DTEWALTERALONSOJEGEN.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25

Radicación: 25000 23 15 000 2024 00855 01
Solicitante: Walter Alonso Jegén Taborda

b. Copia simple del formulario E-8, lista definitiva de candidatos inscritos por
el Partido Liberal Colombiano para las elecciones del 29 de octubre de 2023
que acredita la integración de la lista del Partido Liberal dentro de la cual
figura Armando de los Milagros Gutiérrez González
c. Copia simple del formulario E-8, lista definitiva de candidatos inscritos por
la coalición Partido Nuevo Liberalismo - En marcha para las elecciones del
29 de octubre de 2023, dentro de la cual figura Juan David Quintero Rubio.
d. Copia Simple del Acuerdo No 002 del 2019, ¨Por medio del cual se resuelve
el desacuerdo declarado mediante la Resolución No 008 del 25 de
noviembre de 2019 por los delegados del Consejo Nacional Electoral y se
declara la elección de los concejales de Bogotá D.C. periodo 2020 -2023.
e. Copia Simple del Acta de escrutinio general del Concejo E - 26 por la cual
se declara la elección como concejal de Bogotá D.C. para el periodo
Constitucional 2024 – 2027 de Armando de los Milagros Gutiérrez González
por el Partido Liberal y de Juan David Quintero Rubio por la Coalición Nuevo
liberalismo - En Marcha.
f. Copia simple del Impedimento del 06 de mayo de 2024 presentado por el
concejal Juan David Quintero Rubio.

61. Igualmente consta en el expediente el Acta de llamado lista y registro de
concejales en la sesión del 7 de mayo de 2024, la cual da constancia de la
asistencia del concejal Armando de los Milagros Gutiérrez González54. Asimismo,
obran los impedimentos presentados por el concejal en el curso de 2024 dentro de
los cuales no se registra alguno correspondiente a la sesión del 7 de mayo de esa
anualidad55.

62. También obra en el plenario copia del acta de registro de votación del
impedimento presentado por el concejal Juan David Quintero Rubio y el voto del
accionado56, así:
«

54 Visible a Índice 2 de SAMAI, Cuaderno Principal, Documento
031RECIBEPRUEBAS_Llamadolista07052024
55 Visible a Índice 2 de SAMAI, Cuaderno Principal, Documentos
029RECIBEPRUEBAS_IMPEDIMENTOARMANDOGU y
030RECIBEPRUEBAS_IMPEDIMENTOARMANDOGU
56 Visible a Índice 2 de SAMAI, Cuaderno Principal, Documento

032RECIBEPRUEBAS_VotacionJuanDavidQui

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26

Radicación: 25000 23 15 000 2024 00855 01
Solicitante: Walter Alonso Jegén Taborda

»
63. Tal como acaba de verse, a juicio de la Sala tanto la argumentación del
accionante como los elementos probatorios que se allegaron con la demanda y los
que fueron solicitados dentro del trámite, claramente pretendían vislumbrar la
omisión del concejal Armando de los Milagros Gutiérrez al no haber manifestado
impedimento alguno para resolver el formulado por Juan David Rubio Quintero, a
pesar de que ambos hubieran integrado la misma lista electoral para el periodo
2020-2023.

64. De ello da cuenta además la contestación de la demanda en la cual el
accionado puso en evidencia la falta de soportes probatorios para atribuirle un
conflicto de intereses, sosteniendo que tan impersonal fue su voto que obedeció a
una decisión de la bancada a la que pertenecía. Prueba de lo anterior es la
verificación del acta correspondiente a la sesión plenaria del 7 de mayo de 2024,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27

Radicación: 25000 23 15 000 2024 00855 01
Solicitante: Walter Alonso Jegén Taborda

de la cual se desprende que los concejales integrantes del Partido Liberal votaron
de manera negativa la manifestación de impedimento presentada. Ello se aprecia
en la siguiente imagen, en la que los resaltados en rojo identifican a los miembros
de ese partido:
«

»57(Resaltado en rojo de la Sala).

65. Luego, si bien es cierto que el análisis hecho hasta este punto evidencia
que el concejal accionado en efecto participó en el quorum y en la votación del
impedimento presentado por Juan David Rubio Quintero, dicha circunstancia, tal
como lo dispuso la Corte Constitucional y lo ha señalado con anterioridad la Sala
Plena del Consejo de Estado58, no implica per se la existencia de un conflicto de

57 Visible en el índice 19 del Sistema de Gestión SAMAI.
58 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; Sentencia del 23 de marzo

de 2010, expediente 11001-03-15-000-2009-00198-00; Sentencia del 9 de noviembre de 2016,
expediente 11001-03-15- 000-2014-03117-00; Sentencia del 8 de septiembre de 2021, expediente
11001-03-15-000-2021-00068-00; Sentencia del 31 de julio de 2024, expediente 11001-03-15-000-
2024-01431-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28

Radicación: 25000 23 15 000 2024 00855 01
Solicitante: Walter Alonso Jegén Taborda

intereses, toda vez que la verificación de este no puede agotarse en la verificación
o constatación de la existencia de la casual de impedimento.

66. Precisamente por lo anterior, corresponde a la Sala centrar su análisis en el
segundo de los presupuestos, esto es, en determinar si en el caso concreto,
además de haber compartido lista electoral con el concejal que formuló
impedimento (Juan David Rubio Quintero), existió en cabeza del concejal
accionado un interés directo, particular y actual incompatible con el interés general
propio de su investidura.

67. La Sala observa que en el presente asunto el accionante no acreditó que el
cabildante estuviera asistido de un interés particular, directo y actual, de carácter
moral o económico, que lo afectara de manera personal y concreta, ni a él ni a su
círculo familiar cercano o a sus socios, como consecuencia de haber considerado
y votado el impedimento presentado por el concejal Juan David Quintero Rubio de
la coalición Nuevo Liberalismo–En Marcha.

68. No obra en el expediente prueba alguna de la existencia de un vínculo
personal, familiar, de amistad o de sociedad de hecho o de derecho entre Armando
de los Milagros Gutiérrez y David Quintero Rubio más allá del hecho mismo de
haber integrado conjuntamente la misma lista electoral en el periodo 2020-2023.

69. Para la Sala la coincidencia en la mencionada lista, por su propia naturaleza
es un hecho formal que no revela por sí mismo ningún grado de cercanía afectiva
o patrimonial entre quienes la integran, ni evidencia la existencia de un interés
particular del accionado contrario al interés público sino más bien una discusión
acerca de si se debió o no declararse impedido, lo que no es suficiente para la
configuración estricta y concreta de un conflicto de intereses.

70. En este punto resulta de la mayor importancia volver sobre las
consideraciones hechas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-082 de
2026 que sobre el punto indicó:

«445. Recuérdese que, tal como lo ha reseñado el propio Consejo de Estado,
para la configuración de un conflicto de intereses como causal de pérdida de
investidura no es pertinente partir de generalizaciones, en tanto debe
constatarse en cada caso concreto si en efecto se reproduce una situación
sancionable. En particular, porque lo que busca prevenirse es la tensión entre

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29

Radicación: 25000 23 15 000 2024 00855 01
Solicitante: Walter Alonso Jegén Taborda

el interés que habita la función pública y el interés particular que puede gravitar
en quien decide o participa en la toma de una decisión, bajo el entendido de
que, cuando ambos intereses confluyen en un mismo punto, la finalidad
pública corre el riesgo de fracturarse, de tal manera que la decisión deja de
orientarse exclusivamente al bien colectivo y puede inclinarse hacia una
utilidad distinta que compromete el deber institucional y la legitimidad del
cargo. Por consiguiente, no basta con conocer un listado general de
situaciones catalogadas como generadoras de un quebrantamiento del
principio de imparcialidad -como son las causas de impedimento-, sino que,
tratándose de pérdida de investidura, el análisis debe ocuparse por corroborar
que, además de evidenciar que ocurrió la situación marcada como causal de
impedimento, esté comprometido genuinamente un interés confluyente que
pueda llegar a perjudicar el interés público

[…]

447. Bajo esa lógica, está claro que el laborío probatorio fue deficiente porque,
por un lado, el análisis efectuado se concentró solo en la verificación de una
causal de impedimento, sustituyendo así la exigencia probatoria propia de
la causal de pérdida de investidura que determina la necesidad de
acreditar (no presumir) un interés directo, actual, concreto y particular;
y, por otro lado, se omitió la valoración de unos elementos materiales
probatorios con los cuales se pretendía acreditar el contexto de la elección a
efectos de descartar el interés, los cuales se relacionan a continuación»59.

71. En síntesis, no existen dentro del plenario pruebas que acrediten que el
interés público propio de la función del cabildante Armando de los Milagros
Gutiérrez hubiese entrado en conflicto con un interés personal al momento de votar
el impedimento de quien, si bien fue su compañero de lista en un periodo electoral
pasado, no guarda con él ningún vínculo de amistad, familiar o económico.

72. Ahora bien, más allá de la ausencia de prueba de un vínculo personal, familiar
o de negocios, la Sala evidencia que en el periodo electoral 2024-2027 el
accionado y el señor Juan David Quintero Rubio se presentaron a los procesos
electorales en representación de dos agrupaciones políticas distintas, el primero
por el Partido Liberal Colombiano y el segundo por la Coalición Nuevo Liberalismo
– En Marcha lo que demuestra aún más la inexistencia de lazos o vinculaciones
estrechas entre ellos que pudieran dar lugar a la existencia del conflicto de
intereses en cabeza del ahora accionado.

73. Es importante anotar que el análisis hecho en relación con la configuración o
no del elemento objetivo guarda consonancia con la naturaleza misma del proceso

59 Corte Constitucional, sentencia SU-082 de 2026. MP. Vladimir Fernández Andrade

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
30

Radicación: 25000 23 15 000 2024 00855 01
Solicitante: Walter Alonso Jegén Taborda

de pérdida de investidura que tal y como lo señalado de manera reiterada la
jurisprudencia la Corporación tiene carácter sancionatorio y como tal está regido
por las garantías propias del derecho al debido proceso60.

6.2.2. Del elemento subjetivo

74. De acuerdo con la estructura de la causal de pérdida de investidura por
violación del régimen de conflicto de intereses prevista en el numeral 1 del artículo
48 de la Ley 617 de 2000, la verificación del elemento subjetivo supone, en primer
lugar, la acreditación del elemento objetivo, en tanto ambos presupuestos son
concurrentes y se encuentran estrechamente relacionados. Al respecto la Corte
Constitucional en la sentencia SU-082 de 2026 señaló:

«442. Metodológicamente, el escrutinio para la averiguación de la posible
ocurrencia de una causa de pérdida de investidura debe seguir ese orden, es
decir, primero la verificación objetiva del supuesto típico y solo después, si
aquel se acredita, el examen subjetivo. En efecto, tal como se explicó líneas
atrás, si el elemento objetivo no se configura, el análisis de culpabilidad carece
de razón jurídica, dado que no existiría una conducta material delimitada sobre
la cual pueda recaer un reproche sancionatorio».

75. En el caso concreto, al no acreditarse la existencia de un interés directo,
particular y actual en cabeza del accionado, no resulta procedente abordar el
análisis del elemento subjetivo de la conducta.

76. Por lo anteriormente expuesto, la Sala confirmará la sentencia proferida el 25
de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó
la pérdida de investidura del señor Armando de los Milagros Gutiérrez González,
en calidad de concejal de Bogotá para el período constitucional 2024-2027.

60 Ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Primera Especial de

Decisión de Pérdida de Investidura, Sentencia del 19 de febrero de 2019 rad.11001-03-15-000-
2018-02417-00(PI). Igualmente, ver Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencias del 11 de
diciembre de 2007 (exp. 11001-03- 15-000-2006-01308-00 [PI]), del 12 de septiembre de 2023
(exp. 11001-03-15-000-2023-00145-01 [PI]), del 8 de septiembre de 2020 (exp. 11001-03-15-000-
2019-04145-01 [PI]) y del 11 de octubre de 2021 (11001-03-15-000-2019-01599-00 [PI]). Asimismo,
puede verse Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 25 de mayo de 2017, expediente
rad. 81001-23-39-000- 2015-00081-01(PI), 25 de mayo de 2017; reiterada en Sentencia rad.
15001-23-33-000-2020-00065-01, 11 de marzo de 2021.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
31

Radicación: 25000 23 15 000 2024 00855 01
Solicitante: Walter Alonso Jegén Taborda

77. Por último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA no
se condenará en costas ya que el medio de control de pérdida de investidura es
una acción pública en la que se ventila un interés general.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada por las razones expuestas en la
parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente
digital al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
32

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.