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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 73001-23-33-000-2025-00375-01

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 73001-23-33-000-2025-00375-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 11 de diciembre de 2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Tolima y, en su lugar, DENEGAR la 42 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Sentencia de 7 de noviembre de 2025. Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01. 20 Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00375-01 Accionante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio solicitud de pérdida de investidura presentada en contra del señor Luis Eduardo Suárez Vega, concejal del municipio de Ortega (Tolima), período 2024-2027, conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 73001-23-33-000-2025-00375-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Pérdida de investidura
Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00375-01
Accionante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio
Accionado: Luis Eduardo Suárez Vega
Tema: Violación del régimen de conflicto de intereses como causal
de pérdida de investidura de los concejales

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación presentado por el accionado contra la
sentencia de 11 de diciembre de 2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo del Tolima, mediante la cual se decretó la pérdida de investidura del
señor Luis Eduardo Suárez Vega, concejal del municipio de Ortega (Tolima).

I. ANTECEDENTES

I.1. La solicitud de pérdida de investidura1

1. El señor Gustavo Adolfo Collazos Roncancio, en ejercicio del medio de control
previsto en el artículo 143 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20112, solicitó la pérdida
de investidura del señor Luis Eduardo Suárez Vega, concejal del municipio de
Ortega (Tolima) para el periodo 2024 - 2027.

I.1.1. Los hechos

2. Aseveró que los señores Luis Eduardo Suárez Vega y María del Rosario Lozano
Rubiano aspiraron por el Movimiento Político Alianza Democrática Amplia -ADA en
las elecciones realizadas el 29 de octubre de 2023.

3. Afirmó que el accionado fue elegido concejal del municipio de Ortega (Tolima)
para el período constitucional 2024-2027 y que la señora Lozano Rubiano no resultó
elegida.

1
Cfr. índice 3 del expediente digital de primera instancia.
2
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.

2

Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00375-01
Accionante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio

4. Expuso que el 13 de noviembre de 2024 la mesa directiva del concejo municipal
de Ortega publicó la Resolución 30 de 12 de noviembre de 20243, mediante la cual
se efectuó la convocatoria a los interesados a postularse en el cargo de secretario
de esa corporación pública.

5. Manifestó que el accionado, en la sesión de 28 de noviembre de 2024, en la cual
se efectuó la elección de la secretaría general, participó en ella, pues intervino
resaltando la labor desempeñada por el antiguo secretario y recordando la
importancia de elegir un secretario que represente a toda la corporación y votó a
favor de la aspiración de la señora María del Rosario Lozano Rubiano, sin
declararse impedido, a pesar de que hicieron parte de la misma lista por el
Movimiento Político Alianza Democrática Amplia -ADA.

I.1.2. La explicación de la causal de pérdida de investidura

6. El demandante fundamentó su solicitud en los artículos 70 de la Ley 136 de 2 de
junio de 19944; 48, numeral 1., de la Ley 617 de 6 de octubre de 20005; y el artículo
11, numerales 1° y 14°. de la Ley 1437.

7. Manifestó que según los numerales 1° y 14° del artículo 11 de la Ley 1437, los
concejales tienen prohibido votar por un socio de hecho o de derecho y tienen la
condición de socios las personas que hubiesen hecho parte de la lista de candidatos
a cuerpos colegiados por el mismo período.

8. Consideró que al accionado le asistía un interés particular, directo y actual
derivado de su participación en la elección del secretario general de la corporación,
con quien integró la lista por el mismo partido político, con el objetivo de ubicar
laboralmente a la señora María del Rosario Lozano Rubiano, como contraprestación
a su participación en la lista y que sirvió para obtener su credencial como concejal.

9. Invocó la jurisprudencia de esta Corporación sobre el conflicto de intereses así
como la sentencia de 2 de mayo de 2025, proferida por la Sección Primera, en la
cual se decretó la pérdida de investidura de un concejal del municipio de Girardot,
por haber incurrido en la violación del régimen del conflicto de intereses, por haber
participado y votado en la elección de un secretario de esa corporación, con quien
integró la lista inscrita por el mismo partido político para las elecciones al concejo,
sin haberse declarado impedido.

10. Sostuvo que la conducta del accionado fue negligente y gravemente culposa
puesto que, aunque ostentaba la condición de presidente del concejo, votó por su

3
“[…] Por medio de la cual el Honorable Concejo Municipal de Ortega Tolima realiza convocatoria pública para la elección de
Secretario (a) del Concejo Municipal de Ortega (Tolima) para el año fiscal 2025. […]”. Cfr. índice 3 del expediente digital de
primera instancia «6ED_006_PRUEBA29102025_0(.pdf) NroActua 3».
4
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]”.
5
“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley
Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. […]”.

3

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Accionante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio

compañera de lista y, además, como lo expuso la Sección Primera en un asunto
similar, ante la claridad del supuesto fáctico en el que se encontraba y su perfecta
correspondencia con el supuesto normativo que le exigía manifestar su
impedimento, omitió dirigir su conducta en dicho sentido.

I.2. Oposición del concejal6

11. El concejal accionado, a través de apoderado, contestó la solicitud formulada en
su contra y se opuso a sus pretensiones.

12. Se pronunció en relación con los hechos de la demanda y, en especial, indicó
que la señora María del Rosario Lozano Rubiano presentó renuncia a su
candidatura el 3 de octubre de 2024, la cual le fue aceptada el 4 de octubre de 2024;
aclaró que el señor Luis Eduardo Suárez Vega no hacía parte de la mesa directiva
y señaló que su coincidencia en la lista se presentó un año antes de la elección de
secretaria.

13. Manifestó que no existe prueba sobre la existencia de una posible sociedad
desde el punto de vista jurídico y económico y que el solo hecho de que se presente
una coincidencia con la misma lista electoral no implica la existencia de un interés
directo susceptible de configurar causal de pérdida de investidura.

14. Señaló que las afirmaciones del actor se basan en apreciaciones subjetivas,
carentes de sustento fáctico y probatorio, toda vez que el conflicto de intereses debe
acreditarse oportunamente, ser aplicado de manera restrictiva, sin que pueda
presumirse ni inferirse de manera analógica.

15. Añadió que el accionado tampoco vulneró el régimen de prohibiciones de los
artículos 48 y 49 de la Ley 136, dado que no se demostró la existencia de un vínculo
por matrimonio o de compañeros permanentes o parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad con la señora María del Rosario Lozano Rubiano.

16. Argumentó que la actuación del concejal se dio como resultado del ejercicio
legítimo de su derecho al voto, sin haber tenido injerencia ni participación en el
proceso de convocatoria y designación de la secretaria general, ya que la mesa
directiva de la corporación era la encargada de efectuar los estudios de las hojas de
vida de los aspirantes y de efectuar su selección para las entrevistas.

17. Afirmó que su participación en la designación de la señora María del Rosario
Lozano Rubiano no le reportó ningún beneficio de carácter económico, jurídico o
patrimonial que pudiera derivarse de la decisión adoptada.

18. Con fundamento en los anteriores argumentos, solicitó que fueran negadas las
pretensiones de la solicitud de pérdida de investidura.

6
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia.

4

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Accionante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio

I.3. La sentencia de primera instancia7

19. La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Tolima mediante sentencia de 11
de diciembre de 2025 accedió a las pretensiones de la demanda.

20. Explicó que debía determinarse si la participación del concejal Luis Eduardo
Suárez Vega en la sesión del 28 de noviembre de 2024, en la cual intervino y votó
en la elección de María del Rosario Lozano Rubiano como secretaria general del
Concejo Municipal de Ortega, configura un conflicto de intereses constitutivo de
pérdida de investidura.

I.3.1. Estudio del elemento objetivo

21. Abordó lo relativo a las características de la institución de pérdida de investidura,
su naturaleza, los requisitos para la configuración del elemento objetivo de la causal
de pérdida de investidura por la violación del régimen de conflicto de intereses y se
refirió a las pruebas allegadas al proceso.

22. Manifestó que se demostró que el señor Luis Eduardo Suárez Vega y la señora
María del Rosario Lozano Rubiano hicieron parte de una misma lista de candidatos
al Concejo Municipal de Ortega, inscrita por el Movimiento Político Alianza
Democrática Amplia -ADA, para las elecciones territoriales del 29 de octubre de
2023, según se demuestra con el Formulario E-26 CON y la certificación expedida
por el representante legal del mismo partido político, en la cual se confirma que
ambos ciudadanos concurrieron en la misma plancha electoral con el aval de esa
colectividad por el referido movimiento.

23. Encontró acreditado que el accionado participó en la elección realizada el 28 de
noviembre de 2024, en la cual se efectuó la elección de la señora María del Rosario
Lozano Rubiano como secretaria general del concejo.

24. Argumentó que la pertenencia conjunta a la misma lista electoral constituye un
presupuesto fáctico objetivo que, según la valoración anticipada del legislador,
genera una afinidad política suficiente para comprometer la imparcialidad del
servidor público.

25. Refirió que tal interés resulta particular, directo y jurídicamente relevante, el cual
surge del vínculo político construido dentro del proceso electoral, puesto que
quienes integran una lista comparten estrategias, respaldo partidario y expectativas
de representación conjunta, lo cual se traduce en una posible reciprocidad o
solidaridad política que el ordenamiento busca prevenir en escenarios decisorios
como el que aquí se examina.

26. Consideró acreditado el requisito relativo al interés privado concurrente, ya que
el accionado participó y votó en un asunto en el que intervenía una persona con la
7
Cfr. Índice 36 del expediente digital de primera instancia.

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Accionante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio

cual mantenía un vínculo expresamente previsto por la ley como generador de
interés particular, sin haber manifestado impedimento de manera previa a su
intervención en la elección.

27. Resaltó que la elección del secretario general se enmarca en las actuaciones
constitucionales y legales propias de los concejos y corresponde a un acto interno
de la organización institucional.

28. Manifestó que por disposición del numeral 14 del artículo 11 del CPACA, en la
situación descrita por el legislador se acredita la existencia de un interés particular
que activa el deber de manifestar impedimento cuando el miembro interviene en
asuntos que involucren a quien integró con el servidor la misma lista electoral.

29. Sostuvo que el vínculo político demostrado no es hipotético ya que se trata de
una relación de afinidad política inmediata, surgida en el mismo proceso electoral
que permitió al demandado acceder a su curul y, conforme a la lógica de la norma,
comporta un riesgo objetivo de parcialidad. Por lo tanto, el haber participado en la
deliberación y votación que culminó con la elección de su excompañera de lista, el
concejal actuó en un escenario donde confluyó un interés personal jurídicamente
relevante, cuya existencia no depende del análisis de beneficios concretos ni del
resultado de la votación, sino de la sola verificación de la situación descrita en la
norma.

30. Explicó que el accionado intervino en la sesión de 28 de noviembre de 2024 sin
manifestar su impedimento, a pesar de que el marco jurídico le imponía el deber de
abstenerse ante la existencia de un interés previamente calificado por el legislador,
pues la coincidencia en la misma lista electoral constituye un presupuesto fáctico
suficiente para activar la obligación de declararse impedido conforme a la
interpretación restrictiva que gobierna esta causal.

I.3.2. Estudio del elemento subjetivo

31. Abordó el caso concreto y se refirió a los requisitos para la configuración del
elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por la violación del régimen
de conflicto de intereses.

32. Manifestó que la existencia de un vínculo previo, sumado al deber legal de
verificar la concurrencia de las causales de impedimento antes de intervenir en
cualquier votación hacía exigible una conducta distinta.

33. Señaló que la Sección Primera del Consejo de Estado, al estudiar un caso similar,
enfatizó en que la concurrencia de un interés particular derivado de una relación
política previa que activa las prohibiciones legales previstas para garantizar su
imparcialidad, la omisión de manifestar impedimento y la participación en la
actuación configuran, por lo menos, culpa grave.

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Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00375-01
Accionante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio

34. Sostuvo que el comportamiento del accionado evidencia ausencia de diligencia
mínima, en tanto que no obra en el expediente prueba alguna de que hubiese
intentado consultar, verificar o solicitar concepto sobre la posible configuración de
conflicto de intereses.

35. Adujo que el accionado participó en la elección del secretario del concejo sin
exteriorizar duda alguna, ni siquiera extemporáneamente, a pesar de encontrarse
frente a una situación expresamente regulada en la ley como causal de
impedimento. Además de ello, el accionado alegó en su defensa que la causal de
pérdida de investidura no era aplicable por no existir vínculos vigentes, para lo cual,
aclaró que esta causal no exige militancia en curso ni relación partidista actual, sino
únicamente haber compartido la lista electoral, circunstancia que se encuentra
plenamente acreditada, ya que el accionado estaba en condiciones materiales y
jurídicas de conocer.

36. Argumentó que el desconocimiento de la norma no constituye excusa válida para
excluir responsabilidad y menos aún en el ámbito de la pérdida de investidura,
donde se exige del servidor público un estándar reforzado de diligencia en el
cumplimiento de sus deberes. Adicionalmente, se demostró que la ESAP ofreció
cursos de inducción a concejales electos para el periodo 2024-2027, orientados
precisamente a brindar herramientas sobre el funcionamiento de la corporación, el
régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses, lo cual
refuerza la exigibilidad del conocimiento mínimo de las normas que rigen el ejercicio
del cargo.

37. Advirtió que tampoco se demostró la existencia de una causal excluyente de
responsabilidad como la buena fe exenta de culpa, el error invencible, el caso
fortuito o fuerza mayor u otra circunstancia excepcional que imposibilite atribuir
responsabilidad.

38. En síntesis, expresó que “[…] no concurre ninguna circunstancia objetiva ni
subjetiva que excluya la responsabilidad del concejal, ni que permita considerar que
su conducta se desarrolló bajo un contexto que elimine o atenúe la carga de
culpabilidad. En ausencia de una justificación válida, se mantiene la configuración
plena del juicio subjetivo de responsabilidad, condición sine qua non para la
procedencia de la sanción de pérdida de investidura. Esta conclusión se armoniza
con la doctrina constitucional que exige que todo reproche sancionatorio esté
soportado no solo en la antijuridicidad de la conducta, sino en la atribución válida de
culpa o dolo, en aras de preservar la proporcionalidad y legitimidad de las decisiones
judiciales. […]”.

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Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00375-01
Accionante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio

I.4. El recurso de apelación8

39. El accionado presentó recurso de apelación con el propósito de que se revoque
la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se deniegue la solicitud de pérdida
de investidura, con fundamento en los siguientes argumentos:

I.4.1. Desconocimiento del principio de tipicidad, de legalidad y de
interpretación restrictiva de las causales de pérdida de investidura

40. Afirmó que el a quo incurrió en error al haber señalado que la normatividad
aplicable era el artículo 11 de la Ley 1437 debido a que, a su juicio, debió acudirse
al artículo 70 de la Ley 136 o, en su defecto, el artículo 1° de la Ley 2003 de 19 de
noviembre de 20199.

41. Adujo que la anterior interpretación encuentra sustento en la sentencia de 16 de
abril de 2020, proferida por la Sección Primera de esta Corporación bajo el radicado
núm. 54001-2333-000-2019-00091-0110, criterio jurisprudencial que ha sido pacífico
hasta la fecha, en la cual se señaló que no se debía aplicar la norma general sino
la disposición especial, esto es, el artículo 70 de la Ley 136 o, en su defecto, el
artículo 1 de la Ley 2003, tesis a su vez reiterada por la Sección, en sentencia de
18 de marzo de 202111.

42. Refirió que ante la existencia de duplicidad de normas aplicables y con sujeción
a los principios pro homine, de favorabilidad y de aplicación restrictiva debió
aplicarse la norma especial, no la general.

43. Anotó que el principio de legalidad se encuentra reconocido en los artículos 6, 29
y 121 de la Constitución Política, según los cuales toda actuación sancionatoria
exige que se funde en una norma clara, precisa y específica y que en materia
sancionatoria este principio adquiere una intensidad reforzada dada la naturaleza
excepcional y permanente de la sanción.

44. Expuso que la Corte Constitucional ha señalado que las normas sancionatorias
no admiten interpretaciones extensivas ni analógicas en perjuicio del investigado y
que el juez debe ceñirse estrictamente a la disposición que regule de manera
expresa el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica.

45. Sostuvo que el juez no puede presumir la existencia de un interés implícito
porque dicha interpretación desconoce el principio de tipicidad que rige en materia
sancionatoria.

8
Cfr. Índice 42 del expediente digital de primera instancia.
9
“[…] Por el cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones. […]”.
10
Citó: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 16 de abril de 2020.
Radicado núm.: 54001233300020190009101. Consejero Ponente: Hernando Sánchez Sánchez.
11
Citó: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 18 de marzo de 2021.
Radicado núm.: 85001233300020200001602. Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00375-01
Accionante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio

I.4.2 Insuficiencia probatoria para demostrar la existencia de un interés
directo, particular y actual

46. Manifestó que no existe prueba sumaria que permita establecer el beneficio
particular, directo y actual, puesto que si bien se demostró que el concejal votó por
su excompañera de lista para ser elegida secretaria de la corporación, el solo hecho
de votar por el candidato no resulta suficiente para concluir que se presentó un
interés, en tanto que se requiere la constatación real de su existencia.

47. Añadió que la Corte Constitucional en sentencia SU 379 de 2019 precisó que el
juez no puede detenerse exclusivamente en la existencia de un factor objetivo –
vínculo de consanguinidad-, sino que también debe evaluar la subjetividad de la
conducta. De allí que debe demostrarse de manera evidente que se presentó un
interés directo, particular, actual y de carácter moral o económico, cuya
configuración no puede presumirse ni derivarse de vínculos genéricos, de
suposiciones y tampoco de la sola participación del accionado en un trámite de
votación o elección.

48. Indicó que la sentencia de primera instancia no efectuó un estudio serio,
individualizado y verificable sobre la conducta desplegada por el accionado, toda
vez que la imputación sobre la culpa grave resulta meramente declarativa y
aparente, en abierta contradicción con los estándares constitucionales y
jurisprudenciales que gobiernan la pérdida de investidura.

I.4.3. Cuestionamientos sobre el análisis del elemento subjetivo e insuficiencia
probatoria para demostrar el dolo y la culpa grave

49. Señaló que el tribunal incurrió en un razonamiento circular, al presumir la culpa
a partir del mismo presupuesto que utilizó para estructurar el conflicto de intereses,
sin diferenciar entre la existencia objetiva de una situación potencial de impedimento
y el juicio de reproche sancionatorio.

50. Sostuvo que el estudio que efectuó sobre la culpa resulta superficial y es
inexistente a la luz de los criterios jurisprudenciales que se exigen para el estudio
del elemento subjetivo, máxime cuando en esta clase de procesos se exige la plena
prueba para demostrar el dolo o culpa grave.

51. Adujo que, contrario a lo considerado por el tribunal, no existían elementos de
prueba que lleven a la certeza de la materialización de los requisitos que se exigen
para la configuración del conflicto de intereses.

52. Afirmó que la sentencia de primera instancia desconoce el principio de
proporcionalidad en esta clase de juicios. Sobre el particular, precisó que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las sanciones que
restringen los derechos políticos deben superar un test estricto de proporcionalidad,

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Accionante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio

de ahí que la pérdida de investidura, al producir efectos permanentes, solo resulta
legítima cuando la conducta es grave, inequívoca y lesiva del interés general.

I.5. Trámite del recurso de apelación

53. El magistrado sustanciador en primera instancia a través de proveído de 24 de
febrero de 202612 concedió la alzada y remitió el proceso al Consejo de Estado.

54. La Sección Quinta del Consejo de Estado por auto de 17 de marzo de 2026 13
remitió el proceso a la Sección Primera de esta Corporación.

55. A través de proveído de 24 de abril de 202614 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por el apoderado judicial del accionado contra la sentencia de 11 de
diciembre de 2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del
Tolima.

56. Dentro del traslado, la parte demandante, el accionado y el Ministerio Público
guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

57. Esta Sala de Decisión, para efectos de resolver la presente controversia,
abordará: i) su competencia; ii) la acreditación de la condición del accionado como
concejal; iii) el problema jurídico; y iv) el estudio del elemento objetivo de la causal
de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de intereses y; v)
conclusión.

II.1. La competencia

58. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para decidir esta
controversia en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 2. del artículo 48 de la Ley
617; en el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201915, expedido por
la Sala Plena de esta Corporación; y en el artículo 15016 de la Ley 1437.

II.2. La acreditación de la condición de concejal

59. Lacondición del accionado Luis Eduardo Suárez Vega como concejal del
municipio de Ortega (Tolima) para el período 2024-2027 se encuentra acreditada
con la copia del Formulario E-26 CON de la Registraduría Nacional del Estado

12
Cfr. Índice 50 del expediente digital de primera instancia.
13
Cfr. Índice 4 del expediente digital de segunda instancia.
14
Cfr. Índice 11 del expediente digital de segunda instancia.
15
Modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67,
80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
16
Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021, “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en
materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. […]”.

10

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Accionante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio

Civil17. Queda así acreditada su condición como parte pasiva de este medio de
control de pérdida de investidura.

II.3. El problema jurídico

60. La Sala, una vez agotados los trámites propios de este medio de control sin que
se observe irregularidad o causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, de
acuerdo con lo regulado en los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de
201218, aplicables por virtud de lo dispuesto en los artículos 21 de la Ley 1881 y
306 de la Ley 1437, observa lo siguiente:

61. La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Tolima en sentencia de 11 de
diciembre de 2025, decretó la pérdida de investidura del concejal Luis Eduardo
Suárez Vega al encontrar acreditados los elementos objetivo y subjetivo de la
causal de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de intereses
establecida en el numeral 1. del artículo 48 de la Ley y el numeral 14 del artículo 11
de la Ley 1437, derivado de su participación en la sesión de 28 de noviembre de
2024 en la cual se efectuó la elección de la señora María del Rosario Lozano
Rubiano como secretaría general de la corporación, con quien había integrado la
misma lista de candidatos al concejo durante las elecciones realizadas en el año
2023, sin haberse declarado impedido para intervenir y votar en esa elección.

62. El accionado en el recurso de apelación estima en síntesis que:

i) La norma que regula el conflicto de intereses es la normatividad especial la cual
se encuentra prevista en el artículo 70 de la Ley 136 o en el artículo 1 de la Ley
2003 de 2019, las cuales deben prevalecer en su aplicación frente al numeral 14
del artículo 11 de la Ley 1437; tesis que encuentra respaldo con lo dicho por esta
Sección en otras oportunidades, como las sentencias de 16 de abril de 2020 y de
18 de marzo de 2021.

ii) No está probado el interés directo, particular y actual del accionado que le exigía
manifestar su impedimento en la elección de secretaria general conforme los
criterios desarrollados por la Corte Constitucional en sentencia SU-379 de 2019 de
la Corte Constitucional;

iii) El estudio del elemento subjetivo resulta insuficiente y contradictorio y se
configuró una ausencia probatoria sobre la culpa.

63. Teniendo en cuenta lo anterior, el problema jurídico en este caso consiste en
definir:

64. Si se configuran o no los elementos objetivo y subjetivo que permitan decretar la
pérdida de investidura del concejal del municipio de Ortega (Tolima) para el período

17
Cfr. Índice 3 del expediente digital de primera instancia. «006_6ED_006_PRUEBA29102025_0».
18
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.

11

Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00375-01
Accionante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio

2024-2027, por haber transgredido el régimen del conflicto de intereses previsto
como causal de desinvestidura en el numeral 1.° del artículo 48 de la Ley 617, en
concordancia con el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437, derivado de su
participación en la sesión del concejo de 28 de noviembre de 2024 en la cual se
efectuó la votación y elección de la señora María del Rosario Lozano Rubiano como
secretaria general del Concejo Municipal de Ortega, con quien había integrado la
misma lista de candidatos por el Movimiento Alianza Democrática Amplia -ADA
para aspirar a esa corporación pública en las elecciones realizadas el 29 de octubre
de 2023.

65. En consecuencia, definir si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
de 11 de diciembre de 2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo
del Tolima.

II.4. El estudio del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por
violación del régimen de conflicto de intereses

66. El numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136 señala que los concejales perderán
su investidura, entre otros supuestos, “[…] 2. Por violación del régimen de
inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses […]”.

67. El numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617 indica que, entre otros, los concejales
municipales y distritales perderán su investidura “[…] 1. Por violación del régimen
de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No existirá conflicto de
intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado
en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general. […]”.

68. Adicionalmente, el artículo 70 de la Ley 136 expuso que:

“[…] Cuando para los concejales exista interés directo en la decisión porque le afecte
de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno
de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido
de participar en los debates o votaciones respectivas. […]”.

69. Esta Sección19 ha señalado que, para la configuración del elemento objetivo de
esta causal se requiere de la presencia de los siguientes elementos:

“[…] 59. En suma, para que se estructure el elemento objetivo de la causal de pérdida
de investidura por violación al régimen de conflicto de interés se deben acreditar los
siguientes supuestos: i) que se demuestre la calidad de concejal; ii) que se demuestre
la existencia de un interés directo, particular y actual en cabeza del concejal o de su
cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de
derecho o de hecho, en un asunto que el concejal conozca en razón de sus funciones
constitucionales y legales; y iii) que el concejal participe en el debate o votación del
asunto, sin manifestar impedimento frente al asunto que configura el interés. […]”.

19
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 31 de marzo de 2023. Radicación núm.: 05001 23 33 000 2022 01141-01.

12

Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00375-01
Accionante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio

70. Asimismo, se ha precisado respecto del interés directo, particular y actual20 que:

“[…] Es directo, cuando “[…] el alegado beneficio, provecho o utilidad encuentre su
fuente en el asunto que fue conocido por el legislador […]21”, en este caso la concejal.

84. Es particular cuando la participación en el asunto le confiere un “[…] derecho
exorbitante, de rango superior, que pugna con el principio de igualdad que ampara a
todos los colombianos en el disfrute de sus derechos en el Estado Social de Derecho.
[…]”22, bien sea que le beneficia de manera directa a él o su cónyuge o compañera
permanente o a alguno de sus parientes en los grados previstos en el artículo 70 de
la Ley 136, o alguno de sus socios de derecho o de hecho.

85. Es actual o inmediato cuando se presenta al momento de la participación o
votación del asunto que deba conocer, sin necesidad de regulaciones
complementarias, quedando excluidos los “[…] sucesos contingentes, futuros o
imprevisibles23 […]”.

71. El artículo 11 de la Ley 1437, norma que sustentó en el presente asunto la
violación del régimen de conflicto de intereses del accionado, establece que cuando
el interés propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y
directo del servidor público, éste deberá declararse impedido.

72. La norma señala, asimismo, que todo servidor público que deba adelantar o
sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas
o pronunciar decisiones definitivas podría ser recusado si no manifiesta su
impedimento por las causales que esta enuncia.

73. Dentro de las causales que enuncia la norma se encuentra:

“[…] 14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección
popular inscritas o integradas también por el interesado en el período electoral
coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores
[…]”.

74. Esta Sección, en la sentencia de 19 de septiembre de 2019 24 puso de presente
que el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437 reguló dos hipótesis distintas: i)
haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular
inscritas por el interesado en el período electoral coincidente con la actuación
administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores y ii) haber hecho parte de
listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular integradas también
por el interesado en el período electoral coincidente con la actuación administrativa
o en alguno de los dos períodos anteriores, siendo aplicable al presente asunto la
segunda hipótesis de la norma.

20
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Germán Eduardo
Osorio Cifuentes. Sentencia de 28 de mayo de 2026. Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00266-01.
21
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión nro. 6. Sentencia del 15 de
octubre de 2024. C.P.: Omar Joaquín Barreto Suárez. Expediente nro. 11001-03-15-000-2024-03204-00.
22
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2042 de 21 de octubre de 2010, C.P. doctor Augusto
Hernández Becerra, radicado núm. 11001-03-06-000-2010-00112-00.
23
Ibidem.
24
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto
Serrato Valdés. Sentencia de 19 de septiembre de 2019. Radicación núm.: 13001-23-33-000-2018-00738-01(PI).

13

Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00375-01
Accionante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio

75. Esa decisión judicial estableció, en lo atinente a la configuración de la violación
del régimen de conflicto de intereses por incurrir en la conducta prevista en el
numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437, lo siguiente:

“[…] El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
en su artículo 11, estableció, de manera general, que cuando el interés general propio
de la función pública entre en conflicto con el interés público del servidor público, este
debe declararse impedido y, además, prevé una serie de situaciones en las cuales
consideró que los servidores públicos que deben adelantar o sustanciar actuaciones
administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones
definitivas, tienen comprometido su interés particular y directo y, en consecuencia,
podrían ser recusados si no manifiestan su impedimento. Entre dichas situaciones se
encuentra la consistente en:

«[…] 14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección
popular inscritas o integradas también por el interesado en el período electoral
coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores
[…]».

(…)

La Sala encuentra que los acusados debieron declararse impedidos para participar
en la elección y nombramiento de la ciudadana Zaira Steffany Jabba Vergara en el
cargo de personera municipal de Zambrano para el período 2016 – 2020, al haberse
configurado la causal de impedimento prevista en el numeral 14 del artículo 11 de la
Ley 1437 de 2011, lo cual tiene una incidencia central en la causal de desinvestidura
que se analiza.

Es así que la ley entiende que en las situaciones descritas en el artículo 11 de la Ley
1437 de 2011 se encuentra comprometida la imparcialidad y objetivad [sic] de los
servidores públicos, entendiendo que se presenta conflicto de intereses ante la
existencia de intereses personales y directos en relación con la decisión que se
pretende adoptar. […]”.

76. La mencionada providencia judicial, igualmente, explicó que los procedimientos
relacionados con la elección de funcionarios a cargo de las corporaciones públicas
municipales y distritales -como sucede con la de secretarios- son procedimientos
especiales y, en virtud de lo previsto en el inciso final del artículo 2° de la Ley 1437,
era posible acudir por remisión a las causales de impedimento previstas en el
artículo 11 de la citada norma25.

77. La Sección Primera de esta corporación, a partir de la sentencia de 19 de
septiembre de 201926, sostuvo de manera reiterada que para efectos de la

25
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Germán Eduardo
Osorio Cifuentes. Sentencia de 19 de marzo de 2026. Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 26 de Septiembre de 2024. Radicación núm.: 05001-23-33-000-2024-00237-01.
26
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto
Serrato Valdés. Sentencia de 19 de septiembre de 2019. Radicación núm.: 13001-23-33-000-2018-00738-01(PI).
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 3 de marzo de 2023. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2022-01015-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 11 de mayo de 2023. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2022-01016-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña Garzón.
Sentencia de 14 de septiembre de 2023. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2022-01014-01.

14

Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00375-01
Accionante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio

configuración de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de
conflicto de intereses, resultaba posible acudir a la causal de impedimento y
recusación contenida en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437, en la medida
en que está dirigida a todos los servidores públicos que deben adelantar
actuaciones administrativas, entre los que se encuentran los miembros de las
corporaciones públicas de elección popular, señalando que:

“[…] En esta conducta prevista por el legislador se entiende que se encuentra
comprometida la imparcialidad y objetividad de los servidores públicos y se presenta
un interés directo, particular y actual en relación con la decisión que se pretende
adoptar. […]”27

78. La Sala igualmente afirmó que:

“[…] Ahora, es pertinente precisar que no le asiste razón al tribunal cuando para
descartar la configuración de este requisito señala que las causales dispuestas en el
artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, no constituyen en sí, situaciones que conlleven a
la configuración de un conflicto de intereses; lo dicho, porque en reiterada
jurisprudencia28, esta Sección ha señalado que el artículo 11 del CPACA enlista las
circunstancias de conflicto de interés y causales de impedimento y recusación para
todo servidor público, luego, como el artículo 12329 de la Constitución Política
establece que los concejales son servidores públicos, les asiste el deber de
manifestar su impedimento cuando se encuentren incursos en las circunstancias
previstas en el mencionado artículo 11 del CPACA.

A este respecto, la Sala observa que tal remisión resulta oportuna, no simplemente
porque en ella se establezca una causal de impedimento, sino también porque le
indica al juez en qué momento puede un servidor encontrar su imparcialidad
comprometida para actuar, que es presupuesto de la configuración del conflicto de
intereses que tiene como consecuencia la pérdida de investidura. Entonces, lo que
debe tenerse en cuenta en el caso que se analiza, es que la remisión que se hace al
numeral 14 del artículo 11 del CPACA no lo es simplemente porque sea la disposición
aplicable al caso que ha de resolverse, sino también porque deja clara la circunstancia

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 26 de septiembre de 2024. Radicación núm.: 05001-23-33-000-2024-00237-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 6 de marzo de 2025. Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00321-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña Garzón.
Sentencia de 2 de mayo de 2025. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00502-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón.
Sentencia de 24 de julio de 2025. Radicación núm.: 05001-23-33-000-01329-02.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón.
Sentencia de 28 de agosto de 2025. Radicación núm.: 23001-23-33-000-2024-00197-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 30 de octubre de 2025, Consejero
ponente (E): Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Radicación núm.: 05001-23-33-000-2025-00218-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 19 de febrero de 2026, Consejero
ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Radicación núm.: 08001-23-33-000-2025-00171-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña Garzón.
Sentencia de 19 de febrero de 2026. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00397-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio
Cifuentes. Sentencia de 19 de marzo de 2026. Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01.
27
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Germán Eduardo
Osorio Cifuentes. Sentencia de 19 de marzo de 2026. Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña Garzón.
Sentencia de 19 de febrero de 2026. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00397-01.
28
Al respecto, pueden verse, entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Sentencia del 19 de septiembre de 2019. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente radicación nro. 13001 23 33 000
2018 00738 01; sentencia del 3 de marzo de 2023. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente radicación nro. 25 000 23
15 000 2022 01015 01; sentencia del 14 de septiembre de 2023. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Expediente radicación
nro. 25 000 23 15 000 2022 01014 01.
29
“[…] ARTICULO 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores
del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios […]”.

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Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00375-01
Accionante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio

en que puede encontrarse cualquier servidor público cuando su interés particular
entra en conflicto con el interés general. […]”30.

79. La Corte Constitucional profirió la sentencia SU 082 de 2026 31, mediante la cual
dejó sin efectos el fallo de 24 de septiembre de 2024 proferido por esta Sección en
el expediente núm. 05001-23-33-000-2024-00237-00, este último en el cual se
consideró el conflicto de interés previsto en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley
1437.

80. La Corte Constitucional, para adoptar su decisión, se refirió al elemento objetivo
de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de
intereses, señalando que:

“[…] 247. En paralelo, es importante recordar que la Corte Constitucional ha
enfatizado que no basta con constatar “un factor objetivo” en abstracto. Para hablar
de conflicto de interés, el juez debe verificar, como base, la presencia de un interés
directo particular y actual, real y no aleatorio, en la decisión sometida a consideración
del funcionario32.

248. En tal sentido, para los concejales y diputados, en lo referente a la causal de
conflicto de interés por haber incurrido en una causal de impedimento, es necesario
precisar que el conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura no puede
reducirse a la mera configuración formal de una causal de impedimento, pues esta
última opera como un parámetro preventivo de abstención, pero no sustituye la
verificación del presupuesto material de la sanción33. La jurisprudencia ha sido
enfática en que la sola subsunción fáctica en una hipótesis de impedimento resulta
insuficiente para estructurar la causal sancionatoria si no se acredita, de manera cierta
y concreta, la existencia de un interés directo, particular y actual que se proyecte sobre
el asunto decidido y sea susceptible de generar un beneficio personal o de sus
allegados34.

(…)

250. Sin embargo, la omisión de manifestar un impedimento no produce, por sí sola,
la pérdida de investidura, pues las normas que prevén esta sanción exigen la
verificación tanto del elemento objetivo como del subjetivo. Por ello, aunque actuar
estando impedido o abstenerse de declarar el impedimento cuando existe el deber de
hacerlo sí configura una falta disciplinaria, ello no es equivalente ni análogo al
fenómeno del conflicto de intereses sancionable con pérdida de investidura, en tanto
este último se refiere específicamente a la incompatibilidad entre el interés particular
y el interés general involucrado en el asunto sometido a su decisión35. Eso exige,

30
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente (E): Germán Eduardo
Osorio Cifuentes. Sentencia de 30 de octubre de 2025. Radicación núm.: 05001-23-33-000-2025-00218-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña Garzón.
Sentencia de 19 de febrero de 2026. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00397-01.
31
Corte Constitutional. Sala Plena. Sentencia SU-082 de 15 de abril de 2026. M.P. Vladimir Fernández Andrade.
32
Corte Constitucional, Sentencias SU-379 de 2019 y SU-501 de 2024.
33
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; Sentencia del 23 de marzo de 2010, expediente 11001-
03-15-000-2009-00198-00; Sentencia del 9 de noviembre de 2016, expediente 11001-03-15-000-2014-03117-00; Sentencia
del 8 de septiembre de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-00068-00; Sentencia del 31 de julio de 2024, expediente
11001-03-15-000-2024-01431-00. También, Sección Primera del Consejo de Estado, Sentencia del 4 de septiembre de 2025,
expediente 50001-23-33-000-2024-00302-01. Igualmente, salvamento de voto expresado por el consejero Pablo Andrés
Córdoba Acosta a la Sentencia del 30 de octubre de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado en el
expediente 05001-23-33-000-2025-00218-01.
34
Ibidem.
35
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; Sentencia del 23 de marzo de 2010, expediente 11001-
03-15-000-2009-00198-00; Sentencia del 9 de noviembre de 2016, expediente 11001-03-15-000-2014-03117-00; Sentencia
del 8 de septiembre de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-00068-00; Sentencia del 31 de julio de 2024, expediente
11001-03-15-000-2024-01431-00. También, salvamento de voto expresado por el consejero Pablo Andrés Córdoba Acosta a

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Accionante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio

entonces, la demostración de un “genuino conflicto de intereses” y no la sola
constatación de la concurrencia de la causa de impedimento, en tanto esto implicaría
desnaturalizar su carácter excepcional como máxima sanción político-disciplinaria36.

251. Así, se entiende que el componente objetivo de esta causal se orienta a
establecer, desde una perspectiva material, si la actuación del integrante de la
corporación pública se desarrolló en un escenario que comprometía su deber de
imparcialidad, por la concurrencia de una situación personal capaz de incidir en la
decisión adoptada dentro del ámbito de sus funciones. Este examen permite
identificar si el ejercicio del cargo se vio afectado por una circunstancia incompatible
con la finalidad pública que debe guiar la actuación del elegido, en tanto quebranta la
exigencia que rige el desempeño de la función representativa. Todo ello a partir de la
constatación fáctica de la actuación endilgada y su confrontación con los supuestos
descritos en la ley. […]”

81. Dicha corporación, asimismo, se refirió al análisis probatorio que debe
adelantarse en el juicio de pérdida de investidura tratándose de la causal de pérdida
de investidura por violación del régimen de conflicto de intereses, así:

“[…] 442. Metodológicamente, el escrutinio para la averiguación de la posible
ocurrencia de una causa de pérdida de investidura debe seguir ese orden, es decir,
primero la verificación objetiva del supuesto típico y solo después, si aquel se acredita,
el examen subjetivo. En efecto, tal como se explicó líneas atrás, si el elemento objetivo
no se configura, el análisis de culpabilidad carece de razón jurídica, dado que no
existirá una conducta material delimitada sobre la cual pueda recaer un reproche
sancionatorio.

(…)

444. Para la Sala, tal discernimiento obvió el análisis fáctico sobre la acreditación
fehaciente de un interés directo, particular, actual y concreto37. Obsérvese que las
decisiones judiciales se redujeron a especificar la ocurrencia de la causa de
impedimento y la ausencia de la manifestación de parte de las accionantes para
separarse de la votación, constituyendo ello la razón que provocó la sanción por
pérdida de investidura. En otras palabras, la valoración probatoria se orientó a
confirmar la subsunción en un impedimento, pero dejó en segundo plano la
demostración del interés jurídicamente relevante que convierte ese escenario en
conflicto de intereses sancionable en el marco del proceso de pérdida de investidura.

445. (…) Por consiguiente, no basta con conocer un listado general de situaciones
catalogadas como generadoras de un quebrantamiento del principio de imparcialidad
-como son las causas de impedimento-, sino que, tratándose de pérdida de
investidura, el análisis debe ocuparse por corroborar que, además de evidenciar que
ocurrió la situación marcada como causal de impedimento, este comprometido [sic]
genuinamente un interés confluyente que pueda llegar a perjudicar el interés
público38.

la Sentencia del 30 de octubre de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado en el expediente 05001-23-
33-000-2025-00218-01.
36
Ibidem.
37
Exigencia probatoria que esta Corporación ha precisado en Sentencias SU-379 de 2019 y SU-501 de 2024. Ver también:
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; Sentencia del 23 de marzo de 2010, expediente 11001-
03-15-000-2009-00198-00; Sentencia del 9 de noviembre de 2016, expediente 11001-03-15-000-2014-03117-00; Sentencia
del 8 de septiembre de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-00068-00; Sentencia del 31 de julio de 2024, expediente
11001-03-15-000-2024-01431-00. También, Sección Primera del Consejo de Estado, Sentencia del 4 de septiembre de 2025,
expediente 50001-23-33-000-2024-00302-01. Igualmente, salvamento de voto expresado por el consejero Pablo Andrés
Córdoba Acosta a la Sentencia del 30 de octubre de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado en el
expediente 05001-23-33-000-2025-00218-01.
38
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; Sentencia del 23 de marzo de 2010, expediente 11001-
03-15-000-2009-00198-00; Sentencia del 9 de noviembre de 2016, expediente 11001-03-15-000-2014-03117-00; Sentencia

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Accionante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio

446. Así lo ha recalcado la Sala Plena del Consejo de Estado al afirmar que “la sola
ausencia de la declaración de impedimento por parte del congresista no constituye
causal de pérdida de investidura, porque [las normas sobre pérdida de investidura] no
sanciona[n] la omisión del deber de declararse impedido, sino la participación en una
decisión en la cual se configure un genuino conflicto de intereses” 39.

447. Bajo esa lógica, está claro que el laborío fue deficiente porque, por un lado, el
análisis efectuado se concentró solo en la verificación de una causal de impedimento,
sustituyendo así la exigencia probatoria propia de la causal de pérdida de investidura
que determina la necesidad de acreditar (no presumir) un interés directo, actual,
concreto y particular; y, por otro lado, se omitió la valoración de unos elementos
materiales probatorios con los cuales se pretendía acreditar el contexto de la elección
a efectos de descartar el interés, los cuales se relacionan a continuación. […]”.

82. De acuerdo con lo anterior, se acogerán los planteamientos expuestos por la
Corte Constitucional en la citada sentencia SU 082 de 2026 y se modificará el criterio
sostenido por la Sección a partir de la sentencia de 19 de septiembre de 201940, de
tal forma que la configuración del elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura por violación del régimen de conflicto de intereses debe orientarse a
acreditar de manera cierta y concreta la existencia de un interés directo, actual,
concreto y particular que se proyecte sobre el asunto decidido y sea susceptible de
generar un beneficio personal o de sus allegados, esto es, que origine un conflicto
de intereses.

83. En el presente caso se encuentra acreditado que: i) los señores Luis Eduardo
Suárez Vega y María del Rosario Lozano Rubiano aspiraron por el Movimiento
Político Alianza Democrática Amplia -ADA en las elecciones realizadas el 29 de
octubre de 2023; ii) el accionado resultó elegido concejal del municipio de Ortega
(Tolima) para el período constitucional 2024-2027, conforme lo acredita el
Formulario E- 26 CON de la Registraduría Nacional del Estado Civil; iii) el concejal
intervino y participó en la sesión de 28 de noviembre de 2024, en la cual se efectúo
la elección de la señora María del Rosario Lozano Rubiano como secretaria de la
corporación pública para la vigencia 2025 y; iv) el convocado no manifestó su
impedimento para participar en el trámite de la elección.

84. La cuestión principal radica en establecer si se presentó un conflicto de interés
directo, particular y actual en el accionado que le impedía actuar con la
transparencia y ecuanimidad en la elección del secretario, para lo cual de acuerdo
con los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la Sentencia SU 082 de
2026, es necesario probar, además de que la conducta de los servidores públicos
de elección popular se encuadre en la causal de impedimento y recusación prevista
en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437, la existencia de un interés directo,
actual, concreto y particular en cabeza de estos.

del 8 de septiembre de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-00068-00; Sentencia del 31 de julio de 2024, expediente
11001-03-15-000-2024-01431-00.
39
Ibidem.
40
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto
Serrato Valdés. Sentencia de 19 de septiembre de 2019. Radicación núm.: 13001-23-33-000-2018-00738-01(PI).

18

Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00375-01
Accionante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio

85. La parte actora, para probar la existencia de un interés directo, particular y actual
aportó las siguientes pruebas: i) el Formulario E-8 CO, que contiene la lista definitiva
de candidatos por el Movimiento Alianza Democrática Amplia -ADA en el cual
figuran como candidatos los señores Luis Eduardo Suárez Vega y María del Rosario
Lozano Rubiano; ii) la Resolución 30 de 12 de noviembre de 2024 y; iii) el Acta de
Sesión 15A de 28 de noviembre de 2024, en la cual consta que en esa fecha tuvo
lugar la elección de la señora María del Rosario Lozano Rubiano como secretaria
general de la corporación pública, quien resultó elegida por unanimidad. Además de
ello, el accionado aportó junto con el escrito de contestación de la demanda la
Resolución 33 de 22 de noviembre de 202441.

86. El accionante edificó la causal de pérdida de investidura con sustento en la
siguiente premisa:

“[…] En la sesión del Concejo Municipal de Ortega, para el día 28 de noviembre de
2024 el Concejal demandado, aseguró “Gracias, Presidente y Honorables
Concejales, y la señora María del Rosario Lozano y a Daniel Guzmán. Yo quiero
realmente pues exaltar la labor que hace nuestro secretario y yo quiero que el
secretario que quede, pues realmente sea un secretario de los 13 honorables
concejales, que no haya discriminación, porque realmente Ramiro como secretario,
uno lo llamaba por teléfono, secretario necesito que me haga este favor y eso no
perdía uno el tiempo llamándolo. Que de aquí a mañana cuando uno elija un
secretario, realmente usted ve a Ramiro aquí a las 8 o 9 de la noche trabajando.”4.
Con lo que claramente el Concejal demandado del ‘MOVIMIENTO POLÍTICO
ALIANZA DEMOCRATICA AMPLIA “A.D.A’ participó activamente en la sesión de la
mesa directiva 2025 y la Secretaria General del cabildo municipal, a fin de elegir allí
a su socia política y recompensar con ello su colaboración en las elecciones del 29
de octubre de 2023. […]”.

87. En efecto, revisado el contenido del Acta de Sesión 15A de 28 de noviembre de
2024, el accionado intervino en el desarrollo de esa sesión con el propósito de
destacar la labor desarrollada por el actual secretario, en los siguientes términos:

“[…] Yo quiero realmente pues exaltar la labor que hace nuestro secretario y yo
quiero que el secretario que quede, pues realmente sea un secretario de los 13
honorables concejales, que no haya discriminación, porque realmente Ramiro como
secretario, uno lo llamaba por teléfono, secretario necesito que me haga este favor
y eso no perdía uno el tiempo llamándolo. Que de aquí a mañana cuando uno elija
un secretario, realmente usted ve a Ramiro aquí a las 8 o 9 de la noche trabajando.
Porque nunca dejaba un acta de un día para otro sin hacer. Y eso es la labor de
un buen secretario que realmente hizo un trabajo transparente, un trabajo que
realmente hay que felicitarlo, que, por circunstancias, pues hoy vamos a elegir
un nuevo secretario, nueva secretaria, pero yo sí quiero dejar aquí que realmente
aquí el secretario del Concejo no tiene horas de salida, porque realmente es un mes
de trabajo y el resto pues sigue ahí, pero realmente el más atrofiante es el mes del
periodo de sesiones. Entonces, secretarios, que salga elegido, eso sí, como
concejal pedimos de que realmente haya una responsabilidad con el Concejo.
De todas maneras, gracias, presidente, y los felicito porque realmente, pues, alguno
de los dos se elegirá hoy aquí en el recinto de la democracia, concluye el concejal
SUAREZ. […]”. (Negrilla fuera del texto).

41
“[…] POR MEDIO DE LA CUAL EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ORTEGA TOLIMA, PUBLICA LA LISTA
PRELIMINAR DE ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DE
SECRETARIO (A) DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ORTEGA TOLIMA PARA EL AÑO FISCAL 2025 […]”.

19

Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00375-01
Accionante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio

88. Al respecto, se advierte que la sola manifestación hecha por el accionado en la
sesión de 28 de noviembre de 2024, para agradecer y destacar la labor desplegada
por el actual secretario solo da cuenta de la necesidad de que se eligiera a una
persona que cuente con las calidades para asumir la responsabilidad que implica el
ejercicio de este cargo, sin que de ella pueda advertirse la existencia del interés
exigido para la configuración de la causal de pérdida de investidura.

89. Asimismo, las pruebas allegadas al plenario no permiten acreditar la existencia
de un interés directo, particular y actual o inmediato del accionado en la elección de
la señora María del Rosario Lozano Rubiano como secretaria de la corporación
pública para la vigencia 2025.

90. En suma, no se allegaron los medios de prueba que permitieran establecer que
el asunto sometido al estudio del concejal accionado, en este caso, la elección del
cargo de secretario general del concejo municipal de Ortega (Tolima) para la
vigencia 2025, materializara un provecho, utilidad, ventaja o conveniencia que
pusiera en tensión el interés general de la función pública y el interés particular del
convocado o de alguno de los parientes establecidos en el artículo 70 de la Ley 136.

91. De esta manera, ante la prosperidad del cargo formulado por el accionado, la
Sala se abstendrá de analizar los demás cargos del recurso de apelación 42, así
como el elemento subjetivo de culpabilidad, toda vez que no se encontró acreditada
la configuración del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura
atribuida al accionado.

II.5. Conclusión

92. La Sala no encontró configurado el elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura prevista en el numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136 y en el numeral 1.
del artículo 48 de la Ley 617, esto es, la violación del régimen de conflicto de
intereses y, en consecuencia, revocará la sentencia de 11 de diciembre de 2025,
proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual
se decretó la pérdida de investidura del señor Luis Eduardo Suárez Vega, concejal
del municipio de Ortega (Tolima), período 2024 -2027 para, en su lugar, denegar las
pretensiones de la solicitud de pérdida de investidura.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 11 de diciembre de 2025, proferida por la
Sala Plena del Tribunal Administrativo del Tolima y, en su lugar, DENEGAR la

42
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Germán Eduardo
Osorio Cifuentes. Sentencia de 7 de noviembre de 2025. Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01.

20

Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00375-01
Accionante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio

solicitud de pérdida de investidura presentada en contra del señor Luis Eduardo
Suárez Vega, concejal del municipio de Ortega (Tolima), período 2024-2027,
conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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