RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-04224-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-04224-00

Fecha
13 de agosto de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-04224-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 1. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por el señor Pablo Andrés Castro Castro, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente decisión, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04224-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

13 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-04224-00
Demandante PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO
Demandada CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de
procedibilidad de la acción. La relevancia constitucional. Medio de
control de pérdida de investidura: violación al régimen de conflicto de
intereses. Acreditación del elemento objetivo y subjetivo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Pablo Andrés Castro Castro, de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 1° de junio de 2026, el señor Pablo Andrés Castro Castro interpuso acción de
tutela, mediante apoderado judicial, contra la Sección Primera del Consejo de
Estado por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia. Lo anterior, con ocasión a la emisión de
la sentencia de 19 de febrero de 2026, proferida en el medio de control de pérdida
de investidura 25000-23-15-000-2025-00397-01.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO y DE ACCESO
A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, toda vez que el CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN
PRIMERA, en Sentencia del 19 de febrero de 2026, incurrió en un defecto sustantivo y fáctico,
al valorar de manera incompleta las pruebas y al desconocer el precedente constitucional
sobre la necesidad de acreditar un interés directo y el elemento subjetivo para la configuración
de la pérdida de investidura por conflicto de intereses.
SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS la Sentencia proferida el día 19 de febrero de
2026 por el CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA, dentro del proceso de pérdida de
investidura con radicado No. 25000231500020250039701, que confirmó la pérdida de
investidura del señor PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO.
TERCERO: ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA, que, en el término
prudencial a la notificación de la providencia que así lo disponga, proceda a proferir una nueva
Sentencia en la que, conforme a la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa
vinculante, se analice de fondo la existencia o no de un interés directo, particular y actual, así
como la configuración del elemento subjetivo (dolo o culpa grave) en la conducta del
accionante, para determinar si hay lugar a la pérdida de investidura».

En escrito separado, el actor solicitó que se decretara medida provisional en los
siguientes términos:

«PRIMERO. PETICIÓN. Como medida provisional, ordenar la suspensión inmediata de
los efectos jurídicos de la sentencia proferida el 19 de febrero de 2026 por el Consejo de
Estado, Sección Primera, dentro del proceso de pérdida de investidura radicado No.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04224-00
Demandante: Pablo Andrés Castro Castro

25000231500020250039701, en todo lo que concierne a la pérdida de investidura del señor
PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO y a la inhabilidad derivada de dicha decisión.
SEGUNDO. En consecuencia, oficiar al Concejo Municipal de Chía y a las autoridades
administrativas competentes para que se abstengan de ejecutar o materializar los efectos
derivados de la sentencia cuestionada mientras se resuelve de fondo la presente acción de
tutela.
TERCERO. Notificar la adopción de esta medida provisional en forma urgente a las partes y
a las autoridades involucradas.»

2. Hechos

Del expediente, los hechos relevantes son los siguientes:

2.1. La señora María Hernández Montes interpuso demanda de pérdida de
investidura contra el concejal Pablo Andrés Castro Castro del municipio de
Chía (Cundinamarca), elegido para el período 2024-2027, por violación al
régimen de conflicto de intereses. Lo anterior, en virtud de la causal prevista
en los artículos 55, numeral 2, de la Ley 136 de 1994 y 48, numeral 1, de la
Ley 617 de 2000, en consonancia con el artículo 11, numeral 14, de la Ley
1437 de 2011.

Se indicó que Pablo Andrés Castro Castro y Juan Carlos Hurtado integraron
la lista de candidatos al Concejo Municipal de Chía avalada por el Partido
Liberal Colombiano para las elecciones del 29 de octubre de 2023.

Con fundamento en lo anterior, la demandante sostuvo que el señor Castro
incurrió en conflicto de intereses al participar, durante la sesión plenaria del 6
de enero de 2024, en la elección de Juan Carlos Hurtado como secretario
general del Concejo Municipal de Chía, dado que ambos habían integrado la
misma lista de candidatos a esa corporación para el período 2024-2027.

Se indicó que el concejal Castro Castro debió apartarse del proceso de
elección y manifestar su impedimento para intervenir en las deliberaciones,
debido a que integró la misma lista de candidatos que el señor Juan Carlos
Hurtado.

2.2. En sentencia de 4 de agosto de 2025, la Sala Plena del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca (expediente 25000-23-15-000-2025-00397-00) decretó la
pérdida de investidura del concejal Pablo Andrés Castro Castro del municipio
de chía para el período 2024-2027, por considerar que su participación en la
elección del secretario general del Concejo Municipal de Chía configuró el
conflicto de interés alegado y por omitir la declaración de impedimento.

La autoridad judicial indicó que el conflicto de intereses se acreditó desde el
punto de vista objetivo porque el demandado, en su calidad de concejal del
municipio de Chía, conformó el quórum, participó y votó en la elección de Juan
Carlos Hurtado como secretario general de esa corporación. Lo anterior, a
pesar de que el señor Hurtado, hizo parte de su misma lista de candidatos
inscritos para el período 2024-2027, por el Partido Liberal Colombiano y omitió
declararse impedido para el efecto.

De acuerdo con lo anterior, encontró configurado el elemento objetivo a la luz
del numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.

En cuanto al elemento subjetivo, se precisó que, de acuerdo con la
jurisprudencia contenciosa, se debe analizar si el concejal demandado debía
tener conocimiento del impacto de su conducta, según su formación
académica, profesional y las circunstancias que lo rodeaban. En el caso

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04224-00
Demandante: Pablo Andrés Castro Castro

particular, se consideró que el hecho de que el demandado hubiera cursado
diez semestres de derecho, le permitía comprender que debía declararse
impedido para participar en el nombramiento del señor Hurtado como
secretario general.

Por lo que se concluyó que no cumplió con el estándar mínimo de diligencia y
cuidado, sin que sea suficiente la alegada convicción de actuar con rectitud,
«sino que debió acreditar que actuó dando aplicación a lo dispuesto en la
jurisprudencia vigente y por ello omitió declararse impedido».

La sentencia registró el salvamento de voto de 9 de los 39 magistrados que
suscribieron la providencia.

2.3. El señor Pablo Andrés Castro Castro interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia.

2.4. En sentencia de 19 de febrero de 2026, el Consejo de Estado, Sección Primera
confirmó el fallo apelado.

Argumentó que las pruebas del proceso, estudiadas a la luz del artículo 11,
numeral 14 de la Ley 1437, permitían tener acreditado el elemento objetivo. Al
concejal le asistía el deber de manifestar su impedimento para participar en el
proceso de elección del secretario general, ya que participaba como
postulante el señor Juan Carlos Hurtado, quien fue su compañero de lista por
el Partido Liberal Colombiano.

En el análisis del elemento subjetivo, la Sección Primera del Consejo de
Estado retomó las consideraciones de las siguientes providencias de esa Sala
de decisión: sentencia del 27 de mayo de 2017 (rad. 81001-23-39-000-2015-
00081-01 PI); sentencia del 13 de marzo de 2025 (rad.
25000231500020240076901) y sentencia del 2 de mayo de 2025 (rad.
25000231500020240050201).

A partir de lo anterior, concluyó que el comportamiento del accionado estuvo
precedido de la falta de cuidado que exhibió al omitir la diligencia en el
desarrollo de sus funciones como concejal. Dijo que, aún al margen de los diez
semestres de derecho que informó haber cursado el accionado, estaba en
condiciones cognitivas de comprender, como candidato y posterior concejal,
la obligación de conocer el marco normativo del cargo al que aspiró.

Agregó que el desconocimiento de la norma o la simple afirmación de haber
actuado de buena fe no excluían la culpa, sino que debía acreditar que hubiera
consultado la jurisprudencia, solicitado asesoría jurídica o realizado alguna
indagación sobre el posible impedimento. Como no probó una circunstancia
que justificara su error, la Sección Primera consideró que su conducta no
podía ser exculpada.

2.5. La providencia contó con el salvamento de voto del magistrado Pablo Andrés
Cardona Acosta, quien consideró que no se acreditó una violación al régimen
del conflicto de interés porque no se alegó ni acreditó un interés directo,
particular y concreto del señor Pablo Andrés Castro Castro frente a la
participación y votación de la elección del secretario general del concejo
municipal.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora argumentó que la Sección Primera del Consejo de Estado incurrió
en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y en defecto

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04224-00
Demandante: Pablo Andrés Castro Castro

fáctico al proferir la sentencia del 19 de febrero de 2026, por las razones que se
expondrán a continuación.

3.1. Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial: la parte
actora consideró que la autoridad judicial accionada incurrió en ese yerro, al
aplicar de manera automática el numeral 14 del artículo 11 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA) para declarar el conflicto de intereses, al margen de un análisis
integral de la jurisprudencia que exige que la pérdida de investidura esté
precedida de un juicio de responsabilidad subjetivo.

En esa línea, recordó que en la Sentencia SU-379 de 2019, la Corte
Constitucional estableció que la declaración de la pérdida de investidura por
conflicto de intereses debe estar precedida de un estudio tanto del factor
objetivo como subjetivo de la conducta que se sanciona y establecer la
existencia de un «interés directo, particular o actual, moral o económico, que
hubiese podido tener el accionante y de qué manera se pudo haber comprometido su
independencia (…)».

Considerando lo anterior, reprochó que en el caso analizado el Consejo de
Estado se limitó a un análisis objetivo de la causal y a partir de ello derivó una
conducta culposa atribuida al accionado. Sin embargo, no acreditó que a éste
le asistiera un interés directo, particular y actual en la elección del señor Juan
Carlos Hurtado como secretario del Concejo Municipal de Chía.

Y advirtió que el solo hecho de haber compartido lista abierta no daba cuenta
de provecho personal alguno.

Agregó que la autoridad accionada erró al aplicar de manera automática una
causal de impedimento como si se tratara de una causal de pérdida de
investidura por conflicto de intereses pues desconoce que la última exige un
juicio de responsabilidad objetivo.

Por lo tanto, estima que esa omisión configura un desconocimiento del
precedente constitucional vinculante y una indebida aplicación de la norma

Advirtió la identidad entre la sentencia acusada y la SU-379 de 2019, en los
siguientes términos: « La Corte Constitucional, en Sentencia de unificación SU-379 del 20
de agosto de 2019 (M.P. Alejandro Linares Cantillo), analizó un caso sustancialmente idéntico
al del señor Pablo Andrés Castro Castro: un concejal que perdió su investidura por presunto
conflicto de intereses, basado exclusivamente en un factor objetivo (parentesco), sin que se
hubiera valorado debidamente el elemento subjetivo (interés directo, particular y actual)» .

Agregó que en esa acción de tutela se establecieron las siguientes reglas de
decisión: (i) el factor objetivo no es suficiente para decretar la pérdida de
investidura; (ii) el interés debe ser directo, particular, actual y de carácter moral
o económico; (iii) el interés no se deriva per se del hecho objetivo1; y (iv) la
ausencia de valoración del elemento subjetivo constituye defecto fáctico.

De acuerdo con lo anterior, afirmó que la Sección Primera del Consejo de
Estado, al proferir la sentencia del 19 de febrero de 2026, incurrió en el mismo
error que la Corte Constitucional corrigió en la SU-379 de 2019 y relacionó el
siguiente cuadro explicativo:

1
Citó el siguiente aparte de la sentencia SU379 de 2019: «si bien el Concejal Escobar González es primo del señor Jorge
Hernán Uribe, de este hecho no se deriva per se la existencia de un interés directo y, por lo tanto, no puede reputarse la
existencia de un conflicto de interés con base en ese hecho objetivo».

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04224-00
Demandante: Pablo Andrés Castro Castro

De otra parte, en el escrito de tutela se recordó el alcance y finalidad de la
figura del conflicto de intereses a partir de transcripciones de sentencias que
se anuncia son del Consejo de Estado, pero que no se individualizaron con
radicado.

Asimismo, recordó las garantías que rodean el proceso de pérdida de
investidura a la luz de la sentencia SU-501 de 2024 y reiteró la concreción del
defecto sustantivo en los siguientes términos:
«La Sentencia acusada del Consejo de Estado incurre en un defecto sustantivo al ignorar
estos mandatos, pues (i) aplicó una responsabilidad objetiva basada en un hecho neutro
(compartir lista abierta y haber cursado 10 semestres de derecho); (ii) realizó una
interpretación extensiva y no restrictiva del régimen de conflicto de intereses, vulnerando el
principio pro persona; y (iii) omitió por completo el análisis tripartito de la culpabilidad,
limitándose a presumir la culpa grave por la mera calidad de estudiante de derecho del
accionante, sin evaluar si en el contexto de una lista abierta y voto secreto le era exigible otra
conducta.»

3.2. Defecto fáctico: la parte actora considera que se configura este defecto,
porque la autoridad judicial accionada omitió valorar en integridad el material
probatorio que desvirtuaba la existencia de un interés directo y, por lo tanto, el
elemento subjetivo de la culpabilidad.

En particular, alega que la accionada pasó por alto las siguientes
circunstancias fácticas que fueron advertidas en el escrito de apelación: (i)
naturaleza abierta de la lista, lo que implica que los candidatos hacen campaña
de manera independiente por lo que no necesariamente se conocen entre
ellos; (ii) inexistencia de prueba que acredite un interés directo; y (iii) falta de
prueba sobre el dolo o culpa grave ante el desconocimiento del accionado de
que el señor Hurtado hizo parte de su lista.

Expuso que si el Consejo de Estado hubiera valorado estos hechos habría
concluido que «aunque existía un motivo para declararse impedido, la conducta del señor
Castro Castro no estuvo revestida de la culpa grave necesaria para imponer la sanción más
gravosa del ordenamiento: la pérdida de la investidura y la inhabilidad sobreviniente».

De otro lado, manifestó que la sentencia acusada incurre en vía de hecho al
concluir que el elemento subjetivo se configuraba porque el concejal
demandado cursó diez semestres de derecho, lo que permitía presumir que
debía conocer el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. A ese
respecto, destacó que esta relación lógica derivada del sentido común ha sido
expresamente rechazada por la Corte Constitucional por estimarla arbitraria y
especulativa. A ese respecto, mencionó el Auto 172A de 2014, en el que la
Corte Constitucional analizó una situación análoga relativa a la deficiente
acreditación del elemento subjetivo.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04224-00
Demandante: Pablo Andrés Castro Castro

En suma, indicó que la sentencia acusada incurrió en defecto fáctico al dar
«por demostrado el elemento subjetivo con una simple inferencia académica, sin valorar el
contexto real que excluía cualquier tipo de reproche, (…) no se puede presumir el dolo o la
culpa grave con base en generalidades (…)».

De otro lado, alegó la omisión de los siguientes medios de prueba que estimó
relevantes para resolver el caso particular: (i) el Formulario E-8 CO que
acredita la lista abierta; (ii) el acta de posesión que establecía el voto secreto
para la elección del secretario del concejo, la cual daba cuenta de la
imposibilidad de saber por quién votó el señor Castro Castro; y (iii) la ausencia
total de prueba de interés económico o moral.

Finalmente, el accionante solicita que se tengan en cuenta las consideraciones del
salvamento de voto, dada la importancia que ha reconocido la Corte Constitucional
que tienen las posturas disidentes a fin de determinar la razonabilidad de la
decisión. Destacó que el salvamento de voto en el caso particular demuestra la
existencia de otras interpretaciones jurídicas plausibles para resolver el caso
particular y que la posición no fue unánime ni pacífica.

Asimismo, respalda la concreción de un defecto fáctico ante la inexistencia de
indicios sobre el interés que afectara la objetividad y de la metodología del voto
secreto.
4. Trámite e intervenciones
4.1. En auto de 5 de junio de 2026, el despacho ponente admitió la acción de
tutela interpuesta por el señor Pablo Andrés Castro Castro contra el Consejo
de Estado, Sección Primera. Asimismo, se ordenó notificar a la señora María
Hernández Montés, quien actuó en calidad de demandante en el medio de
control, al Ministerio Público y a la Sala Plena del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. También se reconoció personería al abogado de la parte
actora; y se ordenó efectuar las notificaciones correspondientes, incluida la
publicación de aviso para que se informara a la parte demandante del proceso
ordinario la existencia de esta acción de tutela.
Por otro lado, el despacho negó la medida provisional debido a que la
solicitud no cumplía con los propósitos que constitucionalmente justifican su
decreto y porque lo solicitado hace parte del fondo de la discusión que debe
resolverse en sentencia de tutela.

4.2. El Consejo de Estado, Sección Primera, por conducto de la ponente de la
sentencia acusada, aseguró que en el caso no se cumple con el requisito de
relevancia constitucional, debido a que el asunto debatido no gira en torno al
alcance, aplicación o desarrollo de un derecho fundamental, sino frente a la
inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural.

Dijo que los argumentos expuestos en la acción de tutela reproducen los
cargos del recurso de apelación, que ya fueron objeto de análisis en la
sentencia del 19 de febrero de 2026: «inexistencia de interés directo, ausencia de
prueba del elemento subjetivo, carácter abierto de la lista y supuesta aplicación
automática del artículo 11, numeral 14, del CPACA». Lo anterior, a su juicio, revela
la pretensión del actor de tomar la acción de tutela como una instancia
adicional para hacer prevalecer su interpretación sobre la acogida por la Sala
de Decisión accionada.

En esa vía, advirtió que la tutela contra providencias judiciales no procede para
controvertir las interpretaciones del juez natural ni para discutir decisiones
desfavorables. Su finalidad es verificar la validez constitucional de una
actuación judicial y no corregirla ni sustituir el criterio del juez natural. Por ello,

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04224-00
Demandante: Pablo Andrés Castro Castro

destacó que, en respeto de la autonomía e independencia judicial, el juez de
tutela no puede pronunciarse sobre materias que fueron abordadas en el
proceso ordinario para imponer su criterio o proponer lo que estima una mejor
solución.

Dijo que el escrito de tutela no demuestra una actuación arbitraria, sino que
apenas expresa su inconformidad con las conclusiones a las que llegó la Sala
de Decisión en ejercicio de su autonomía hermenéutica y su función de
valoración probatoria.

Respecto de la invocación del salvamento de voto, manifestó que aquel
evidencia una controversia interpretativa legítima y no una vía de hecho. La
diferencia de criterios incluso dentro de la misma Sala no justifica la
intervención del juez de tutela, especialmente, cuando el disenso se limitó al
análisis de un elemento de la causal y no señaló la existencia de un defecto
en la sentencia.

Agregó que, al tratarse de una sentencia emitida por una alta corporación, el
examen de procedencia es más riguroso, por lo que, ante la inexistencia de
una decisión arbitraria o incompatible con la Constitución, la conclusión debe
ser la improcedencia de la petición de amparo.

Ahora bien, en relación con los cargos expuestos por el tutelante, indicó que
no se configuraron los defectos fáctico ni sustantivo alegados, pues la
providencia acusada realizó un análisis subjetivo de la conducta del accionado
con fundamento en las sentencias SU-424 de 2016 y SU-501 de 2024, y
concluyó que éste conocía o debía conocer la ilicitud de su actuación, pues no
acreditó haber realizado consultas, solicitado conceptos o buscado asesoría
para establecer la existencia del conflicto de intereses.

Asimismo, enfatizó en que la Sala aplicó la línea jurisprudencial consolidada
sobre la causal prevista en el numeral 14 del artículo 11 del CPACA, reiterada,
entre otras en la sentencia del 26 de septiembre de 20242. Además, precisó
que el precedente sobre el parentesco invocado por el actor correspondía a
una situación fáctica distinta, por lo que no era aplicable. En todo caso, indicó
que la escogencia entre interpretaciones jurídicas razonables no configura
defecto sustantivo.

Agregó que tampoco se concretó el defecto fáctico dado que la Sala de
Decisión valoró el acta de sesión plenaria del 6 de enero de 2024 y los
formularios E-8 CO y E-26 CON, de los que derivaba la efectiva participación
del señor Castro Castro en el procedimiento de elección.

Aclaró que, a su juicio, el carácter secreto del voto tampoco excluía la
responsabilidad del concejal, dado que el conflicto de intereses se configura
por la participación en cualquiera de las etapas del trámite y por la omisión de
haberse declarado impedido. Asimismo, indicó que la culpa grave no se
estructuró exclusivamente en la formación jurídica del concejal, sino en el
deber de conocer las normas del cargo, conforme se indicó en la sentencia del
27 de mayo de 20173, que fue expresamente citada y aplicada.

La magistrada ponente reiteró que, de acuerdo con el precedente de la
Sección Primera4,las situaciones previstas en el artículo 11 de la Ley 1437 de
2
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 26 de septiembre de 2024. Radicación núm.: 05001-23 33-000-2024-00237-01
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente María Elizabeth García
González, radicado 81001-23-39-000-2015-00081-01(PI)
4
En el escrito de respuesta se hizo referencia a las siguientes providencias: «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2025, número único de radicación 50001-23-33-000

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04224-00
Demandante: Pablo Andrés Castro Castro

2011 comprometen la imparcialidad del servidor público y configuran conflicto
de intereses por la existencia de un interés personal y directo. Por ello,
considera irrelevante que el concejal negara haber pretendido una ventaja o
favorecimiento para el candidato, pues estaba obligado a declararse impedido
y no lo hizo.

Además, reiteró que los concejales no pueden participar, intervenir ni votar en
asuntos respecto de los cuales exista una causal legal de conflicto de
intereses, independientemente del sentido de su actuación. Mencionó que ese
criterio tiene respaldo en las sentencias del 13 de marzo y del 2 de mayo de
20255, relativas a casos similares de concejales de Girardot que participaron
en la elección de secretarios generales vinculados en sus mismas listas
electorales sin declararse impedidos.

Finalmente, indicó que el concejal accionante actuó con falta de diligencia,
pues estaba en la capacidad de conocer el régimen aplicable a su cargo y no
actuó con la prudencia debida.

Por lo expuesto, solicitó (i) declarar improcedente la acción de tutela por no
cumplir el requisito de procedencia de relevancia constitucional; y (ii) en caso
de efectuarse el análisis de fondo, negar las pretensiones de la acción de
tutela por no existir vulneración de los derechos fundamentales invocados por
el accionante.

4.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por conducto de la presidenta
de la corporación y de la ponente de la sentencia de primera instancia en el
medio de control de pérdida de investidura, aseveró que, en la providencia
emitida por esa corporación, se argumentaron las razones por las que se
consideró configurado el conflicto de intereses desde el punto de vista objetivo
y subjetivo.

Respecto del segundo elemento precisaron que, de conformidad con la
sentencia del Consejo de Estado de 13 de marzo de 2025 (rad. -2024-00769-
01), la determinación de su concreción exige estudiar si el concejal tenía
conocimiento de que su comportamiento lesionaba un interés jurídico, para lo
cual se debe considerar su formación académica, su profesión y las
circunstancias que lo rodean. Como se acreditó que el señor Castro Castro
cursó diez semestres de derecho estiman que era posible inferir que tenía la
capacidad para comprender que debía declararse impedido para participar en
la elección del secretario del concejo municipal, debido a que conformó la
misma lista de candidatos inscritos para las elecciones 2024-2027.

De acuerdo con lo anterior, estimó que estaba demostrado que el exconcejal
tenía conocimientos suficientes para comprender que participar en el proceso
de selección del secretario general del Concejo Municipal de Chía configuraba
causal de pérdida de investidura por conflicto de intereses.

2024-00175-02, consejero ponente Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Ver también Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Sentencia de 19 de
septiembre de 2019. Radicación núm.: 13001-23-33 000-2018-00738-01(PI). Reiterada en: Consejo de Estado. Sala de
lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia de 3 de
marzo de 2023. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2022-01015-01. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia de 11 de mayo de 2023.
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2022-01016-01. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Sentencia de 14 de septiembre de 2023. Radicación núm.:
25000-23-15-000-2022-01014-01. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia de 26 de septiembre de 2024. Radicación núm.: 05001-23
33-000-2024-00237-01. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejero ponente:
Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia de 6 de marzo de 2025. Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00321-01.»
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 13 de marzo de 2025, número
único de radicado 25000231500020240076901, consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez y de 2 de mayo de 2025,
número único de radicación 25000231500020240050201, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04224-00
Demandante: Pablo Andrés Castro Castro

4.4. El accionante presentó escrito de oposición a la respuesta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. Dijo que su contenido en lugar de desvirtuar
los defectos alegados los ratifica.

Se destacó que el escrito de tutela sostiene que las decisiones judiciales que
declararon la pérdida de investidura no demostraron la existencia de un interés
directo, particular y actual del señor Castro Castro en la elección del secretario
general del Concejo Municipal de Chía. Dijo que, de conformidad con la
sentencia SU-379 de 2019, la sola presencia del factor objetivo no basta para
configurar un conflicto de intereses, pues debe acreditarse un interés concreto
que comprometa la imparcialidad del servidor público. Sin embargo, la
contestación del tribunal no acreditó la existencia de un interés concreto que
permite tener por configurado el elemento subjetivo.

Agregó que el informe del tribunal confirma la indebida equiparación entre una
causal de impedimento y la configuración del conflicto de intereses. A ese
respecto, recordó que la jurisprudencia constitucional y contenciosa han
aclarado que la existencia de una causal de impedimento no conlleva per se
a la sanción de pérdida de investidura derivada de un conflicto de intereses.

Evidenció que la contestación no desvirtúa los reparos formulados frente al
elemento subjetivo ni los vacíos probatorios identificados en el escrito de
tutela.

Por lo anterior, advirtió que el debate constitucional planteado en la tutela
permanece vigente y exige un pronunciamiento por parte del juez
constitucional a efectos de verificar la alegada vulneración de derechos
fundamentales derivada de las sentencias que declararon la pérdida de
investidura del señor Pablo Andrés Castro Castro.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19916, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin
embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas cortes

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales7
y especiales8 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir

6
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
7
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
8
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04224-00
Demandante: Pablo Andrés Castro Castro

todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
una mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de
tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes.

Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte
Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de
amparo es más restrictiva debido a que estas corporaciones son las encargadas de
unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que los principios
de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia, por lo que la
Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional para admitir la
procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe contener un
error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la
Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.

Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales
especiales de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia
judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución
Política y sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.

3. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala
establecer si la acción interpuesta cumple a cabalidad con los requisitos generales
de procedibilidad, especialmente el de relevancia constitucional.

Solo en caso de superar dicho análisis, y de encontrar satisfechos todos los demás
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, se determinará si al proferir la sentencia de 19 de febrero de 2026, en el
medio de control de pérdida de investidura 250002315-000-2025-00397-01, la Sección
Primera del Consejo de Estado incurrió en alguno de los defectos alegados por la
parte actora.

4. Alcance del requisito de la relevancia constitucional de la tutela contra
providencia judicial

La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la
independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar
al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está
orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes
encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta premisa, la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de
evidente relevancia constitucional.

defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04224-00
Demandante: Pablo Andrés Castro Castro

Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito,
esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de
Estado en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte
Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos criterios
orientadores9.
La Corte Constitucional ha precisado que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional evidencie de manera
diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una marcada importancia
constitucional que afecte derechos fundamentales.

El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, tratándose de tutela
contra providencia judicial, implica un conjunto de elementos que deben reunirse.
En este sentido, son varios los aspectos que se estudian a fin de definir si un asunto
es de relevancia constitucional. Entre estos elementos, se requiere que la acción
constitucional no se esté empleando como una instancia adicional para reabrir o
prolongar el mismo debate ya surtido ante el juez natural; que se cumpla con una
carga argumentativa suficiente; que no se trate de una discusión eminentemente
legal o de contenido económico que no comprometa derechos fundamentales; que
no se utilice para proponer nuevos argumentos y que los propuestos se acompasen
con las razones de la decisión judicial cuestionada, entre otras condiciones.

5. Análisis del caso

5.1. Para verificar que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia
adicional, al juez le corresponde estudiar si los cargos expuestos en el proceso
en que se profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito
de tutela son iguales o semejantes. Justamente, la Sala encuentra que la
acción constitucional se está empleando como una tercera instancia, en tanto
que los argumentos desarrollados en el escrito de tutela ya fueron objeto de
debate ante el juez natural.

En el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia
se alegaron los siguientes argumentos:

(i) La causal sancionatoria aplicable no consiste simplemente en desconocer un
impedimento o una recusación, sino en violar efectivamente el régimen de
conflicto de intereses previsto en la Ley 136 de 1994. Por ello, afirmó que la
falta de manifestación de un impedimento, conforme al CPACA, no conduce de
manera automática a la desinvestidura.

9
A saber: Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos
fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir
asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción
de tutela.
Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de
derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La
discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada,
deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia
en el sentido de la propia decisión cuestionada.
Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela
contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida
la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar
las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del
proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario,
pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04224-00
Demandante: Pablo Andrés Castro Castro

(ii) No se demostró que le asistiera un interés directo, personal o particular en la
elección del secretario general del Concejo de Chía, ni que pudiera obtener
algún beneficio con el nombramiento de Juan Carlos Hurtado. En su criterio, la
sentencia realizó un análisis apenas objetivo, centrado en la omisión de
declararse impedido y en su formación académica, pero no analizó el elemento
esencial de la causal: la existencia de un interés particular contrario al interés
general que comprometiera su imparcialidad.

No hay pruebas de vínculos familiares, amistad cercana o relación personal con
el candidato elegido y el hecho de que ambos integraran una lista abierta del
Partido Liberal Colombiano no permitía concluir, por sí solo, que existiera un
conflicto de intereses.

(iii) La votación fue secreta y no nominal, por lo que no era posible atribuirle dolo o
culpa grave, al desconocerse su elección.

(iv) El concejal desconocía que el señor Hurtado formó parte de su misma lista
electoral y no lo conocía personalmente, pues de haber tenido conocimiento de
esa situación se habría declarado impedido.

(v) La sentencia de primera instancia le trasladó la carga de demostrar que se
asesoró o que actuó bajo un error invencible, exigencia, que, a su juicio, vulnera
el principio de presunción de inocencia propio de los procesos de pérdida de
investidura. A quien corresponde probar que el concejal actuó con culpa grave
o dolo era a la parte demandante.

5.2. Se observa, entonces, que los argumentos desarrollados en el escrito de tutela
son, en su mayoría, una reproducción de los reparos expuestos en el medio
de control de pérdida de investidura. De manera que la parte actora está
empleando la acción como si fuera una instancia adicional, pues los mismos
cargos mencionados ya fueron resueltos por parte del juez natural. Así se
desprende del contenido de la sentencia de 19 de febrero de 2026, proferida
por la Sección Primera del Consejo de Estado, según pasa a evidenciarse.

De entrada, en la sentencia controvertida la Sección Primera de la Corporación
estableció el alcance de la pérdida de investidura de los concejales por
violación al régimen de conflicto de intereses, para lo cual transcribió el
numeral 1° del artículo 48 de la Ley 617, el artículo 70 de la Ley 136 de 1994
y el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437. A partir de lo anterior, determinó
que esta causal supone la omisión en que incurre el concejal cuando, en un
asunto sometido a su consideración, no informa al resto de la corporación, la
connivencia entre sus intereses particulares y los ineludibles intereses
públicos que está obligado a proteger en desarrollo de sus funciones.

Establecido lo anterior, procedió con el análisis objetivo de los elementos que
configuran el conflicto de intereses. A ese respecto, destacó los siguientes
medios de prueba y hechos acreditados:

(i) El Formulario E-8 CO, daba cuenta de que Pablo Andrés Castro Castro, y
Juan Carlos Hurtado, integraron la lista de candidatos del Partido Liberal
Colombiano para el Concejo de Chía en las elecciones territoriales de 29 de
octubre de 2023, período 2024-2027.

(ii) El Formulario E-26 CON, acreditó que el señor Castro Castro resultó elegido
concejal de Chía, cargo del cual tomó posesión el 2 de enero de 2024, según
el acta de sesión plenaria 01 de ese año.

(iii) El acta 05 del 6 de enero de 2024, registró que el concejal demandado
contestó llamado a lista, participó en la entrevista y votó el procedimiento
electoral que culminó con la elección de Juan Carlos Hurtado.

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04224-00
Demandante: Pablo Andrés Castro Castro

También quedó registrado que la votación para la elección del secretario
general fue secreta.

(iv) El Formato Único de Hoja de Vida del accionado, diligenciada el 2 de enero
de 2024, en el cual consta que es bachiller y cursó 10 semestres de derecho,
sin grado, con fecha de terminación en diciembre del 2000.

Establecido lo anterior, en la sentencia acusada se precisó que, conforme al
precedente de la Sección Primera, se considera que el propio legislador
entendió que en las situaciones descritas en el artículo 11 de la Ley 1437 de
2011, se encuentra comprometida la objetividad de los servidores públicos.
Por lo tanto, se pronunció en los siguientes términos frente al alegato del
apelante de que no se acreditó que le asistiera un interés en generar ventaja
o provecho en el proceso de elección del secretario general:
«(…) las decisiones judiciales de esta Sección 10 han establecido que la ley entiende que en
las situaciones descritas en el artículo 11 de la Ley 1437 se encuentra comprometida la
imparcialidad y objetividad de los servidores públicos, por lo que se presenta conflicto de
intereses ante la existencia de intereses personales y directos en relación con la decisión que
se pretende adoptar.
Cabe señalar que el interés no solo es entendido, como lo indica el apelante, como el
provecho, conveniencia o utilidad, sino también como:
“[…] La Sala Plena11 se ha pronunciado afirmando que el interés debe ser entendido como “[…]
una razón subjetiva que torna al funcionario y que lo inhabilita para aproximarse al proceso de
toma de decisiones con la ecuanimidad, la ponderación y el desinterés que la norma moral y la
norma legal exigen […]”12 […]”13.
De esta manera, la alegación del apelante consistente en que no le asistió interés en generar
ventaja o provecho para el señor JUAN CARLOS HURTADO y que no existió ventaja,
provecho o favorecimiento para sí o para este candidato, no permite desvirtuar, en el presente
caso, la configuración de la situación descrita en el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437 en
cabeza del accionado y la consecuencia que deriva de encontrarse en dicha situación
consistente en la obligación de declarar el impedimento o de la posibilidad de ser recusado si
tal manifestación no se realizaba, como en efecto no se hizo.
En efecto, la sentencia de 26 de septiembre de 2024 14 expone el criterio de la Sala, así:
“[…] 108. La Sección Primera15 ha considerado que la ley entiende que en las situaciones
descritas en el artículo 11 de la Ley 1437 se encuentra comprometida la imparcialidad y objetivad
(sic) de los servidores públicos, precisamente, porque el legislador deduce que de esa situación
surge un conflicto de interés ante la existencia de intereses personales, directos y actuales en
relación con la decisión que debe adoptarse, derivados concretamente del hecho de haber

10
«Aspecto desarrollado en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27
de noviembre de 2025, número único de radicación 50001-23-33-000 2024-00175-02, consejero ponente Germán
Eduardo Osorio Cifuentes. Ver también Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Sentencia de 19 de septiembre de 2019. Radicación núm.: 13001-
23-33 000-2018-00738-01(PI). Reiterada en: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia de 3 de marzo de 2023. Radicación núm.: 25000-23-15-000-
2022-01015-01. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente:
Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia de 11 de mayo de 2023. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2022-01016-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 14 de septiembre de 2023. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2022-01014-01. Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia de
26 de septiembre de 2024. Radicación núm.: 05001-23 33-000-2024-00237-01. Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia de 6 de marzo
de 2025. Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00321-01.»
11
«Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 27 de julio de 2010, número único de
radicación 11001-03-15-000-2009-01219-00(PI), consejero ponente Mauricio Fajardo Gómez y cit. de 24 de febrero de
2015, número único de radicación 11001-03-15-000-2012 01139-00(PI), consejera ponente doctora María Claudia Rojas
Lasso».
12
«Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 19 de marzo de 1996, Expediente núm.
AC-3300, consejero ponente Joaquín Barreto Ruiz».
13
«Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 14 de septiembre de 2023. Radicación núm.: 25000-23 15-000-2022-01014-01».
14
«Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 26 de septiembre de 2024. Radicación núm.: 05001-23 33-000-2024-00237-01».
15
«Ver, entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo; sentencia de 19 de septiembre de 2019.
MP. Roberto Augusto Serrato Valdés; expediente 13001-23-33-000-2018 00738-01(PI); sentencia de 27 de abril de 2023.
MP. Nubia Margot Peña Garzón, expediente 25000231500020220092701(PI); sentencia de 11 de mayo de 2023. MP.
Hernando Sánchez Sánchez, expediente 250002315000202201016-01; sentencia de 10 de agosto de 2023. MP. Nubia
Margoth Peña Garzón, expediente 25000231500020220092601(PI).»

13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04224-00
Demandante: Pablo Andrés Castro Castro

integrado la misma lista con quien tiene interés en la actuación administrativa, en períodos
electorales coincidentes.
109. La previsión del legislador tiene sentido, toda vez que las causales de impedimento buscan
precaver que el interés directo, personal y actual del servidor público, en este caso de elección
popular, se mezcle con el interés general y prevalezca sobre este; circunstancia que, se reitera,
el legislador deduce, previa y objetivamente, y, para el caso sub examine, la previsión ocurre en
los casos en que integrantes de una misma lista a cargos de elección popular de las
corporaciones públicas, tengan la posibilidad de participar y/o o votar un asunto en el que tenga
interés alguna persona de aquellas con las que integró la lista, siempre que exista coincidencia
de períodos […]”.
Y es que la norma asume que, en las situaciones descritas en ese artículo, se presenta un
interés directo y particular del servidor público que tiene a su cargo el adelantamiento o
sustanciación de actuaciones administrativas, la realización de investigaciones, la práctica de
pruebas o la emisión de decisiones definitivas y, por ello, entiende que se presenta conflicto
de intereses». (Subraya la Sala)

Establecido lo anterior, consideró que en el caso particular se acreditó el
elemento objetivo, por las siguientes razones:
«(…) se encuentra acreditado que el concejal PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO sí estaba
incurso en el supuesto fáctico previsto por el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437; y que
teniendo el deber de manifestar su impedimento para participar en el proceso de elección del
secretario general en el que participó el señor JUAN CARLOS HURTADO, excompañero de
lista por el Partido Liberal Colombiano que aspiró al Concejo de Chía (Cundinamarca), para
el actual período constitucional 2024-2027, no lo hizo, razón por la cual la Sala considera que
transgredió el régimen del conflicto de interés y, por lo tanto, está probado el elemento objetivo
de la causal de la pérdida de investidura alegada, así como comprometida la imparcialidad de
su voto». (Subraya la Sala)

Con relación al elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura
atribuida al accionado, precisó, en primer lugar, que la pérdida de investidura
es un juicio de responsabilidad subjetiva, por lo que se debe establecer si el
funcionario actuó con dolo o culpa grave. En esa vía, indicó que para
establecer si el accionado actuó de manera gravemente culposa se debía
acreditar, al menos, que el accionado debía conocer la ilicitud de su conducta
en virtud de la diligencia que debía desplegar.

Bajo ese derrotero, indicó que es una obligación general para quien pretende
acceder a la función pública la revisión de los requisitos y el marco normativo
que rigen el cargo al que se aspira, incluidos quienes aspiran a ocupar cargos
de elección popular. Para realizar tal análisis deben tenerse en cuenta las
condiciones personales del accionado, entre ellas el grado de formación, su
profesión, las circunstancias que lo rodearon, así como los actos que realizó
para conocer dicho marco normativo, como lo son solicitar conceptos o
asesorarse frente a la configuración o no, por ejemplo, de una causal de
pérdida de investidura o de una incompatibilidad.

La autoridad judicial accionada encontró que el concejal participó y votó en el
procedimiento para elegir el secretario general del Concejo de Chía, a pesar
de que se encontraba en una situación que le imponía declararse impedido.
En esa línea, la Sala de decisión consideró que el exconcejal estaba en
condiciones de comprender el conflicto de intereses, no solo por los estudios
de derecho que cursó, sino porque todo aspirante a un cargo de elección
popular debe conocer las reglas esenciales que guían su función. Además,
destacó que el concejal no acreditó haber desplegado alguna actuación que
demostrara su diligencia para resolver una posible duda sobre su
participación.

En consecuencia, concluyó que actuó sin la diligencia requerida por lo que su
comportamiento fue gravemente culposo. Por lo tanto, al encontrar
acreditados los elementos objetivo (participación en una decisión en la que debió

14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04224-00
Demandante: Pablo Andrés Castro Castro

declararse impedido) y subjetivo (culpa grave derivada de la falta de diligencia), la
Sección Primera del Consejo de Estado confirmó la decisión de decretar la
pérdida de investidura de Pablo Andrés Castro Castro.

5.3. Así las cosas, dado que en el caso se corrobora la similitud de los cargos
expuestos en la pérdida de investidura y en la tutela, la Sala considera que
esta última acción se está utilizando como si fuera un recurso más propio del
debate ante el juez de la causa. De ahí que la acción interpuesta carece de la
relevancia constitucional necesaria, pues se está empleando como si esta
fuera una instancia adicional del medio de control.

5.4. Debe precisar la Sala, además, que aunque se alega la configuración de un
defecto sustantivo por la aplicación automática del numeral 14 del artículo 11
del CPACA para declarar la existencia del conflicto de intereses, sin efectuar
el juicio de responsabilidad subjetiva exigido en materia de pérdida de
investidura; se observa que esa premisa fue expresamente examinada en la
sentencia acusada, con fundamento en la sentencia SU-424 de 2016 y en la
jurisprudencia pertinente de la Sección Primera del Consejo de Estado.

Cuestión distinta es que, al valorar el elemento subjetivo, la autoridad judicial
hubiera encontrado acreditada la culpa grave del funcionario y, por esa razón
confirmado la pérdida de investidura. En consecuencia, el reparo no evidencia
la omisión del juicio de culpabilidad, sino el desacuerdo del actor con la
valoración efectuada y con el resultado de dicho análisis.

5.5. Ahora bien, aunque el actor alegó el desconocimiento de la Sentencia SU-379
de 2019, por considerar que resolvió un asunto idéntico al presente, la sola
afirmación de semejanza no satisface la carga argumentativa para habilitar el
estudio de fondo del cargo.

En efecto, no se advierte la alegada correspondencia fáctica. La SU-379 de
2019 examinó, con fundamento en el artículo 70 de la Ley 136 de 1994, si el
vínculo de parentesco estaba acreditado y si existía un interés directo y
concreto del concejal o de su familiar en la decisión. En cambio, en este caso
se analizó el supuesto específico del numeral 14 del artículo 11 del CPACA,
respecto del cual, como se indicó previamente, la Sección Primera ha
señalado que el legislador dedujo previamente la existencia de un interés
personal, directo y actual, susceptible de comprometer la imparcialidad del
servidor público, cuando participa en una actuación en la que tiene interés una
persona con quien integró la misma lista electoral.

Por consiguiente, el análisis probatorio del interés desarrollado en la sentencia
SU-379 de 2019 no puede trasladarse automáticamente al presente caso, ya
que se analizaron supuestos fácticos y jurídicos diferentes.

5.6. De otro lado, en lo que respecta al defecto fáctico alegado, se observa que los
argumentos en que se fundamenta se dirigen a cuestionar la acreditación de
un interés económico o moral como condición para declarar la pérdida de
investidura, pero se trata de la acreditación de un presupuesto que fue
específicamente considerado en la sentencia de cara al desarrollo
jurisprudencial de la Sección Primera del Consejo de Estado. En realidad,
refiere, en este caso en particular por la causal invocada, a una discusión de
derecho que fue agotada por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.

Asimismo, se observa que el argumento de que el voto para la elección del
secretario general de la corporación fue secreto, por lo que no era posible
afirmar que el ex concejal favoreció al señor Hurtado, refiere a un debate que
15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04224-00
Demandante: Pablo Andrés Castro Castro

se abordó en la sentencia, pero se advirtió la irrelevancia del hecho dado que
la causal invocada proscribe la participación, intervención, votación o adopción
de decisiones por parte del servidor público relacionados con sus funciones,
es decir que no se restringe al sentido de su voto.

Se transcribe el aparte específico de la providencia:
«Esta Sección, igualmente, se ha pronunciado en relación con la intrascendencia, para efectos
de la configuración de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto
de intereses, del sentido en que se haya participado en el trámite respectivo. Así, en la
sentencia de 18 de marzo de 202116, destacó que:

“[…] Para la Sala, contrario a lo manifestado por la recurrente y como de manera acertada lo indicó
el a quo, para efectos de la configuración de la causal de pérdida de investidura no interesa que haya
votado a favor de la ciudadana […], pues el conflicto de interés puede darse por la participación o
votación en un asunto que conozca la asamblea, lo cual comprende la función normativa, de control
político, las administrativas, y electorales […]”

(…) De esta manera, la Sala ratifica el criterio expuesto en precedencia que proscribe la
participación, votación, intervención o adopción de decisiones por parte del servidor público -
entre ellos, los concejales municipales-, en los asuntos relacionados con sus funciones,
cuando se presente una situación que configure la violación del régimen de conflicto de
intereses, sin que sea posible tener en cuenta el sentido en que se participe, vote, intervenga
o adopte una decisión.»

De acuerdo con lo anterior, se reitera la falta de relevancia constitucional del
cargo por pretender tomar la acción de tutela como una instancia adicional al
medio de control de pérdida de investidura.

5.7. Precisado lo anterior, se recuerda que la jurisprudencia constitucional ha dicho
que la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó como un
análisis de las mejores razones entre las expuestas en la decisión atacada y
la interpretación sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece a su
naturaleza y propósito.
De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye en sí misma una
vulneración de derechos fundamentales. Justamente, lo advertido en el caso
es que la parte actora presentó tutela por no estar de acuerdo con la decisión
de las autoridades accionadas. Sin embargo, tal discrepancia de criterios no
implica una vulneración real a su derecho al debido proceso.
De manera reiterada, se ha sostenido que cuando se controvierten decisiones
judiciales, la procedencia del amparo está sujeta a que el asunto sea de tal
relevancia en materia constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo
una vulneración grosera o de bulto; lo que no ocurre en este caso.

5.8. No debe olvidarse que tratándose de providencias judiciales proferidas por
altas cortes (quienes cumplen la función de unificar la jurisprudencia y actuar como
órganos de cierre en sus respectivas jurisdicciones), se exige la configuración de
un error en la providencia judicial acusada que haga que esta riña de manera
abierta con la Constitución Política y que sea incompatible con la
jurisprudencia constitucional. Este elemento no acontece en el caso.

6. Conclusión

Con base en lo expuesto, la Sala declarará la improcedencia de la acción, por
considerar que no se satisface el requisito de relevancia constitucional.

16
«Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto
Serrato Valdés. Sentencia de 18 de marzo de 2021. Radicación núm.: 85001-23-33-000-2020-00016-02(PI)»

16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04224-00
Demandante: Pablo Andrés Castro Castro

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por el señor Pablo
Andrés Castro Castro, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente decisión, ENVIAR a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

17

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.