Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 73001-23-33-000-2025-00342-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 73001-23-33-000-2025-00342-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 73001-23-33-000-2025-00342-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 73001 23 33 000 2025 00342 01
Solicitante: Juan David Martínez Martínez
Demandado: Juan Sebastían Saavedra Arteaga
Medio de control: Pérdida de investidura
Tema: Causal de conflicto de intereses – naturaleza moral
Decisión: Confirma sentencia que negó la desinvestidura
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte solicitante en contra de
la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2025 por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo del Tolima que negó la desinvestidura del señor Juan Sebastían Saavedra
Arteaga, concejal del municipio de El Espinal (Tolima), período constitucional 2024 –
2027.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. La solicitud de pérdida de investidura
El 2 de octubre de 20251, el señor Juan David Martínez presentó demanda en ejercicio
del medio de control previsto en el artículo 143 del CPACA, en la que solicitó2:
[…] 1. Que se declare la pérdida de investidura del señor Juan Sebastián Saavedra
Arteaga […] en su condición de Concejal del municipio de El Espinal para el periodo
constitucional 2024 –2027, por haber incurrido en la causal de conflicto de intereses
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Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 73001 23 33
000 2025 00342 00.
2 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 73001 23 33
000 2025 00342 00.
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Radicación: 73001 2333 000 2025 00342 01
Solicitante: Juan David Martínez Martínez
Demandado: Juan Sebastián Saavedra Arteaga
prevista en el artículo 55 numeral 2 y el artículo 70 de la Ley 136 de 1994, en concordancia
con el artículo 48 numeral 2 de la Ley 617 de 2000.
2. Que, en consecuencia, se ordene comunicar la decisión al Concejo Municipal de El
Espinal y al Consejo Nacional Electoral, para lo de su cargo.
3. Que se disponga lo demás que en derecho corresponda […]. [Negrillas originales].
1.2. Los hechos que dan sustento a la causal alegada3
La parte solicitante señaló que el señor Juan Sebastián Saavedra Arteaga resultó electo
como concejal del municipio de El Espinal (Tolima) para el periodo constitucional 2024 –
2027.
Explicó que el 28 de mayo de 2025, el accionado presentó ante la mesa directiva del
concejo solicitud formal de exaltación a la Federación Nacional de Arroceros – Fedearroz
con ocasión de su aniversario número 78. Agregó que, como consecuencia de dicha
petición, «se expidió la Resolución núm. 112 del 28 de mayo de 2025, posteriormente
corregida mediante la Resolución núm. 113 de la misma fecha, en cuyo contenido se hace
constar expresamente que la iniciativa fue del concejal Juan Sebastían Saavedra Arteaga».
Agregó que «la referida exaltación fue entregada públicamente por el propio concejal
Saavedra en ceremonia solemne realizada en el Hotel Estelar Altamira de la ciudad de
Ibagué, evento en el cual el corporado hizo presencia activa y entregó personalmente la
distinción al gerente de Fedearroz».
Expuso que el concejal omitió informar «en su solicitud y posterior intervención» que su
padre, el señor César Augusto Saavedra Manrique, hacía parte de la junta directiva de la
Federación Nacional de Arroceros – Fedearroz para la fecha en la que se entregó la
exaltación.
Aseguró que, para el accionado, «no era un hecho desconocido la vinculación de su padre
a la Junta Directiva de Fedearroz. Por el contrario, se trataba de una circunstancia notoria,
pues el señor César Augusto Saavedra Manrique ha pertenecido por más de veinte (20)
años al Comité de Arroceros de El Espinal y ha integrado durante más de diez (10) años la
Junta Directiva Nacional de Fedearroz, según certificación expedida por la misma
federación el 1 de agosto de 2024».
Manifestó que el accionado «gestionó, promovió y materializó un acto administrativo de
exaltación a una entidad en cuya Junta Directiva participa su padre, generando un
beneficio moral directo en favor de su núcleo familiar, lo que configura de manera plena
un conflicto de intereses». [Negrillas originales]
Sostuvo que «la honra y prestigio de Fedearroz como consecuencia de la exaltación
solicitada por el concejal redundan en un reconocimiento público directo a su padre como
integrante de la Junta Directiva, lo que constituye un beneficio moral inmediato».
3 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 73001 23 33
000 2025 00342 00.
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Solicitante: Juan David Martínez Martínez
Demandado: Juan Sebastián Saavedra Arteaga
2. Posición de la parte demandada
El señor Juan Sebastián Saavedra Arteaga, actuando por conducto de apoderado,
manifestó su oposición a las pretensiones y como razones de defensa expuso lo
siguiente4:
Afirmó que era cierto que presentó la solicitud para exaltar y reconocer la labor
desarrollada por la Federación Nacional de Arroceros – Fedearroz con ocasión de su
aniversario número 78.
Señaló que también era cierto que entregó la exaltación, junto con los concejales Luz
Myriam Vera Barrero, Ferney Rojas Herrán y Hover Orjuela Alarcón al señor Rafael
Hernández Lozano, gerente general de Fedearroz, en acto público llevado a cabo el 28
de mayo de 2025.
Argumentó que «el hecho que su señor padre, César Augusto Saavedra Manrique,
hiciere parte de la junta directiva de dicho ente gremial, no le imponía, per se, el deber o
la obligación de hacer mención a dicha circunstancia, máxime cuando la exaltación
estaba expresamente dirigida a la persona jurídica FEDEARROZ, de la cual hacen parte
más de 13.000 cultivadores en cerca de 200 municipios de Colombia y no a los
integrantes de la junta directiva o cualquier otro órgano directivo y/o administrativo de la
entidad».
Aclaró que el acto de exaltación y reconocimiento a esta entidad nacional de naturaleza
privada sin ánimo de lucro tenía un alcance gremial y no produjo beneficios morales o
patrimoniales de manera exclusiva, personal y/o directa hacia el señor César Augusto
Saavedra Manrique, padre del accionado, u otro miembro de su núcleo familiar.
Precisó que el propósito era «exaltar y reconocer públicamente la labor desarrollada por la
Federación Nacional de Arroceros – FEDEARROZ, entidad gremial nacional de naturaleza
privada, sin ánimo de lucro - no la de César Augusto Saavedra Manrique-, con ocasión de
su aniversario número 78».
Agregó que Fedearroz:
[…] como gremio su función es representar y defender los intereses de los productores
arroceros; que además este sector representa más del 70% de la economía del municipio
de El Espinal, donde de acuerdo a la certificación expedida por la Asociación de Usuarios
del Distrito de Adecuación de Tierras de los ríos Coello y Cucuana USOCOELLO que se
aporta como prueba dentro de la presente contestación, certifica que actualmente se
encuentran inscritos 1.160 usuarios en el registro general de usuarios que corresponde al
Municipio de El Espinal, los cuales, en su totalidad, son cultivadores de arroz […].
Adujo que la Resolución núm. 112 de 28 de mayo de 2025 fue expedida por la mesa
directiva del concejo municipal de El Espinal con fundamento en el artículo 17 del
Reglamento Interno de dicho concejo, conforme con el cual le corresponde a la mesa
directiva expedir mociones de reconocimiento cuando ellas sean conducentes.
4 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 73001 23
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Alegó que dicho acto administrativo no fue suscrito, expedido ni aprobado por el accionado,
precisamente porque la competencia para adelantar dichos reconocimientos es de la mesa
directiva del concejo.
3. La sentencia de primera instancia5
La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del 11 de
diciembre de 2025, resolvió:
[…] PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda de pérdida de investidura
presentada contra el concejal del Municipio de El Espinal- Tolima, el señor Juan Sebastián
Saavedra Arteaga elegido para el periodo constitucional 2024-2027, de conformidad con
las consideraciones expuestas en la parte considerativa de esta providencia […]
Manifestó que la solicitud de exaltación a Fedearroz propuesta por el accionado se
sustentó en la trayectoria y aporte agroindustrial al país y, especialmente, al
departamento del Tolima, en el que ha realizado importantes inversiones, destacando
entre otras, el centro experimental Las Lagunas, las plantas de semillas y de secamiento,
almacenamiento y trilla de arroz, el centro de gestión del recurso hídrico y la moderna
planta de producción de insumos químicos para la agricultura y ganadería a través de
Agroz S.A.
Consideró que Fedearroz, es una asociación de carácter gremial y nacional, compuesta
por los productores de arroz que se afilian a ella, cuyo objeto es la defensa y
representación de los agricultores a nivel nacional, promoviendo el desarrollo
tecnológico, buscando su eficiencia económica y mayor competitividad, lo que justificó el
reconocimiento de su labor con ocasión a su aniversario número 78, el cual estaba
dirigido expresamente a la agremiación, razón por la que en el evento llevado a cabo el
28 de mayo de 2025, fue su gerente general, como representante legal de dicha entidad,
quien recibió la exaltación realizada por el concejo.
Expuso que, en ese sentido, resulta irrelevante que el señor Cesar Augusto Saavedra
Manrique, padre del demandado, pertenezca a la Junta Directiva de Fedearroz, en tanto,
la exaltación estaba dirigida expresamente a la entidad gremial, por lo que no era posible
afirmar que dicho reconocimiento generara algún beneficio patrimonial o moral de
manera exclusiva, personal y directa en favor de su progenitor u otro miembro del núcleo
familiar del demandado.
Añadió que no se advertía de parte del acusado un interés privado que representara una
ventaja o provecho económico o moral para sí mismo o para su padre, que tampoco se
evidenciaba que su conducta afectara la transparencia de su actuación, pues claro es,
que la intención del reconocimiento no estaba dirigido a exaltar la labor del señor Cesar
Augusto Saavedra Manrique, padre del concejal demandado y miembro de la junta
directiva de Fedearroz, de modo que, el vínculo de consanguinidad por sí solo no
constituye el aludido conflicto de interés.
Adujo que no se observaba que la actuación del concejal demandado se haya inspirado
en el propósito de defender intereses particulares, directos, concretos e inmediatos de
su padre, por el contrario, se advertía que abogó por un reconocimiento para una entidad
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gremial, sin ánimo de lucro, que representa un sector agroindustrial importante y
relevante en el departamento del Tolima.
4. El recurso de apelación6
4.1. La parte solicitante pidió que fuera revocada la sentencia de primera instancia y, en
su lugar, se decretara la desinvestidura del accionado, con sustento en lo siguiente:
«A. Error en la delimitación del interés directo y del interés moral reputacional»
Explicó que en la sentencia se señaló que no existía conflicto de interés porque la
exaltación a Fedearroz no repercutía de manera directa sobre el padre del concejal, por
cuanto el acto no estuvo dirigido a reconocerlo a él, sino a una persona jurídica de
carácter gremial.
Frente a este argumento, alegó que el conflicto de intereses puede estructurarse por
beneficios de índole moral, honorifica o reputacional y que el interés directo se predica
de la inmediatez del efecto en el círculo personal o familiar del accionado, sin que sea
exigible que el homenaje o reconocimiento recaiga nominalmente y de manera exclusiva
sobre el pariente. Adicionalmente, expuso que:
[…] Cuando una corporación pública confiere un reconocimiento institucional a una
entidad privada, dicha condecoración no es neutra frente a quienes la dirigen: la persona
jurídica actúa por sus órganos de administración y dirección, y la Junta Directiva encarna
la orientación estratégica y la representación del gremio. Por tanto, el reconocimiento
público, por definición, robustece el buen nombre y el capital reputacional del cuerpo
directivo (y de cada uno de sus integrantes) ante la comunidad, el sector productivo y los
actores institucionales. Ese provecho moral es inmediato, particular y actual para quien,
al momento del acto, ostenta la condición directiva […].
«B. Subsunción defectuosa: el reconocimiento a Fedearroz se traduce en un beneficio
moral directo para la Junta Directiva y, en particular, para el padre del demandado»
Señaló que la sentencia de primera instancia consideró que el concejal abogó por un
reconocimiento a la entidad gremial; sin embargo, argumentó que el interés moral no
depende del propósito interno del concejal, ni que el acto exaltara expresamente la gestión
del familiar; sino que dependía de la relación objetiva entre (i) el acto de reconocimiento, (ii)
el ámbito funcional del accionado y (iii) la afectación inmediata del círculo familiar en
términos de honra, prestigio, buen nombre o posición social, cualquiera sea la causa formal
del homenaje.
«C. Desconocimiento del estándar probatorio: la demostración del interés moral admite
prueba indiciaria y valoración conjunta»
Adujo que la jurisprudencia7 ha reiterado que la existencia del interés (incluido el moral)
puede acreditarse por indicios y por valoración conjunta de la prueba, precisamente
porque se trata de elementos que, por su naturaleza subjetivo-valorativa, no siempre se
materializan en documentos o actos de contenido económico. Indicó que, en el presente
caso, la cadena indiciaria es robusta y convergente: (i) el concejal impulsó la exaltación;
6 Visto en el índice 37 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 73001 23
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7 El recurrente no identificó alguna sentencia que sustentara lo dicho.
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(ii) el beneficiario institucional fue una entidad privada; (iii) el padre del concejal integraba
la junta directiva; (iv) el reconocimiento se hizo en acto público, con carga honorífica y
reputacional; y (v) el concejal omitió declarar su impedimento y participó activamente en
el trámite.
Añadió que la conclusión de inexistencia de interés moral solo podría sostenerse si se
adoptara una noción extremadamente restrictiva del beneficio reputacional, incompatible
con la finalidad preventiva del régimen de conflicto de intereses.
«D. Inadecuada aplicación del elemento subjetivo: la omisión del impedimento configura,
cuando menos, culpa grave»
Aseguró que el tribunal sostuvo que la actuación del concejal se enmarcó en la
promoción del interés general, pero que, incluso admitiendo, en gracia de discusión, que
el concejal pudiera considerar que el homenaje perseguía finalidades institucionales, ello
no lo eximía del deber de declarar el impedimento y permitir que la corporación lo
resolviera. Agregó que «la esencia del régimen es precisamente trasladar la decisión
sobre la imparcialidad a un tercero (la plenaria o el órgano competente), evitando que el
propio interesado sea juez de su causa». Afirmó que «la jurisprudencia8 ha considerado
que la omisión del impedimento, en escenarios de interés moral evidente, configura al
menos culpa grave, por infringir un deber funcional elemental de prevención del
conflicto».
«E. Precedente aplicable y refutación del argumento defensivo sobre su supuesta
inaplicabilidad»
Solicitó que se aplicara como precedente lo resuelto por el Tribunal Administrativo de
Antioquia en el proceso con radicado núm. 05001 2333 000 2025 00017 00 en el que se
decretó la pérdida de investidura de un concejal que participó en la discusión y
aprobación de un homenaje a su padre.
Expuso que en dicho asunto se estableció que los homenajes generan provechos
morales para quien es sujeto del reconocimiento, en la medida en que, preservan su
memoria, enaltecen su nombre y destacan sus condiciones personales y morales.
Aseguró que «la analogía jurídica es directa en este caso, si el ordenamiento sanciona
la promoción de un homenaje a favor del padre (beneficio moral), con mayor razón debe
sancionar la promoción de una exaltación pública a favor de una entidad privada en cuya
dirección participa el padre, porque el beneficio moral y reputacional se proyecta de
manera inmediata sobre el órgano directivo y, por ende, sobre el familiar del corporado».
«F. Defecto en la fijación del litigio (thema decidendum) y vulneración del principio de
congruencia»
Reprochó que «en el acápite “Problema Jurídico”, la providencia sostiene que debe
resolverse “si se debe declarar la nulidad del acto de elección” del concejal
demandado, por existir —según se alega— “conflicto de intereses para desempeñar el
cargo de elección popular” […]». [Negrillas originales]
8 El recurrente no identificó alguna sentencia que sustentara lo dicho.
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Precisó que dicha formulación «constituye una falla estructural en la fijación del litigio,
porque desplaza el objeto del proceso hacia un juicio de nulidad electoral/inhabilidades,
cuando el trámite promovido y admitido fue el de pérdida de investidura, cuyo núcleo
consiste en establecer si el elegido incurrió —con dolo o culpa grave— en una causal
sancionatoria por su conducta en ejercicio de la investidura respecto de un asunto
concreto».
Alegó que «la correcta fijación del litigio cumple una función de garantía: delimita los
hechos relevantes y el punto jurídico en controversia para que las partes ejerzan
contradicción real. Si el juez redefine el problema jurídico en términos ajenos al objeto
procesal, se afecta el debido proceso (art. 29 C.P.) por “decisión sorpresiva” y se lesiona
el principio de congruencia, pues la sentencia deja de estar en consonancia con los
hechos y pretensiones debatidos. (C.G.P., art. 281)».
4.2. El recurso de apelación fue concedido por auto de 6 de febrero de 20269.
5. Trámite de segunda instancia
5.1. El expediente fue asignado a la Sección Quinta de la Corporación por acta de reparto
de 18 de febrero de 202610.
5.2. Por auto de 23 de febrero de 2026, el despacho de conocimiento de la Sección
Quinta de la Corporación ordenó remitir el expediente a la Sección Primera, para lo de
su competencia11.
5.3. El expediente fue asignado a la Sección Primera de la Corporación por acta de
reparto de 2 de marzo de 202612 y por auto de 3 de marzo de 2026 se admitió el recurso
de apelación13.
5.4. El expediente ingresó a despacho para fallo el 16 de marzo de 202614.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia de la Sección
Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra las
sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de concejales, acorde con
lo previsto por el parágrafo 2 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 15 y con base en lo
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10 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 73001 23
33 000 2025 00342 01.
11 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 73001 23
33 000 2025 00342 01.
12 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 73001 23
33 000 2025 00342 01.
13 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 73001 23
33 000 2025 00342 01.
14 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 73001 23
33 000 2025 00342 01.
15 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se
adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”. El
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Solicitante: Juan David Martínez Martínez
Demandado: Juan Sebastián Saavedra Arteaga
establecido por el numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo 201916
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, modificado por el artículo 1º del
Acuerdo núm. 434 de 2024, que regula la distribución de negocios entre las secciones17.
2. Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura
Se acreditó con la certificación expedida el 28 de agosto de 2025 por el Registrador
Municipal del Estado Civil del municipio de El Espinal que el señor Juan Sebastián
Saavedra Arteaga fue elegido concejal de dicho municipio para el período constitucional
2024 -2027. No se discute que no haya tomado posesión del cargo18.
3. Hechos probados
3.1. Está acreditado con el registro civil de nacimiento del señor Juan Sebastián Saavedra
Arteaga que es hijo de los señores Cesar Augusto Saavedra Manrique y Martha Elena
Arteaga Urquijo19.
3.2. En el expediente obra el certificado de existencia y representación legal de la
Federación Nacional de Arroceros – Fedearroz expedido el 1 de septiembre de 2025 en
el que consta lo siguiente20:
(i) Por acta del 25 de enero de 2018 de junta directiva inscrita en la Cámara de
Comercio de Bogotá – sede Chapinero el 17 de enero de 2019, se designó al
señor Rafael Hernández Lozano como representante legal de Fedearroz.
(ii) Por acta núm. 39 del 4 de diciembre de 2024 de Congreso Nacional inscrita en
la Cámara de Comercio de Bogotá – sede Chapinero el 24 de febrero de 2025,
se designó a los miembros de la junta directiva, entre quienes figura, el señor
Cesar Augusto Saavedra Manrique.
3.3. La mesa directiva del concejo municipal de El Espinal (Tolima), integrada por los
concejales: Diana Marcela Gómez Cortes, como presidente, Luis Fernando Rubio
Bocanegra, primer vicepresidente; Daniel Julián Cardenas Ortiz, segundo vicepresidente;
y Edna Yulieth Sánchez Ospina como secretaria general, expidieron la Resolución núm.
112 de 28 de mayo de 2025, en la que se dispuso21:
[…] ARTÍCULO PRIMERO: Exaltar y hacer público reconocimiento a la FEDERACIÓN
NACIONAL DE ARROCEROS – FEDEARROZ, como una empresa destacada, conforme
lo indica la parte motiva de la presente.
parágrafo 2° del artículo 48, establece que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia
de las pérdidas de investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales Administrativos.
16 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1° de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
17 “Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos
de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un
criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: (…) 5. El recurso de apelación
contra las sentencias de los Tribunales sobre pérdida de investidura (…)”.
18 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 73001 23
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19 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 73001 23
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20 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 73001 23
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Solicitante: Juan David Martínez Martínez
Demandado: Juan Sebastián Saavedra Arteaga
ARTÍCULO SEGUNDO: La exaltación será entregada por el Honorable concejal de la
presente iniciativa, Juan Sebastián Saavedra Arteaga, en ceremonia pública a
desarrollarse el 28 de mayo de 2025.
ARTÍCULO TERCERO: La distinción que acredita este reconocimiento será entregado en
nota de estilo en el Hotel Altamira – Ibagué, Tolima […]
El precitado acto administrativo se fundamentó en las siguientes consideraciones22:
[…] Que el Honorable Concejo Municipal de El Espinal -Tolima, por iniciativa del
Honorable concejal JUAN SEBASTIÁN SAAVEDRA ARTEAGA considera necesario
exaltar y reconocer la labor desarrollada por la FEDERACIÓN NACIONAL DE
ARROCEROS - FEDEARROZ, con ocasión de su aniversario número 78.
Que de conformidad con el artículo 17.6 del Reglamento Interno de la Corporación son
funciones de la Mesa Directiva (...) "expedir mociones de duelo y reconocimiento cuando
ellas sean conducentes".
Que la solicitud realizada por el Honorable concejal JUAN SEBASTIÁN SAAVEDRA
ARTEAGA se realizó en día en que la Corporación no se encontraba sesionando,
solicitado exaltación para el día 28 de mayo de 2025.
Que en atención a las circunstancias antes descritas y considerando la trayectoria y el
gran aporte agroindustrial de FEDEARROZ la Mesa Directiva estima procedente acoger
la solicitud del Honorable concejal JUAN SEBASTIÁN SAAVEDRA ARTEAGA.
Que con este reconocimiento se destaca el aporte de FEDEARROZ al desarrollo
agroindustrial del país arrocero y en especial el del departamento del Tolima, donde ha
realizado importantes inversiones dentro de las que se cuentan el centro experimental Las
Lagunas, las plantas de semillas y de secamiento, almacenamiento y trilla de arroz, el
centro de gestión del recurso hídrico y la más moderna planta de producción de insumos
químicos para la agricultura y ganadería a través de Agroz S.А.
Que como gremio de la producción arrocera ha representado y defendido de manera
ejemplar los intereses de los productores arroceros, ante los diferentes estamentos
públicos y privados desarrollando una permanente interlocución ante el gobierno nacional
en busca de las políticas que contribuyan a la sostenibilidad del sector arrocero.
Que FEDEARROZ es un modelo de generación de conocimiento y transferencia de
tecnología, para lo cual diseñó y ha venido implementando el programa de adopción
masiva de tecnología (AMTEC), permitiendo que los arroceros colombianos avancen en
eficiencia productiva […].
3.4. La secretaria general del concejo municipal de El Espinal (Tolima) expidió la
constancia núm. 001 de 16 de junio de 2025, en la que se observa23:
[…] Que, conforme a lo anterior, se debe hacer aclaración que por error involuntario esta
corporación expidió las siguientes resoluciones con el mismo número así:
Resolución núm. 112 del 3 de abril del 2025. POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL
PERSONERO MUNICIPAL DE EL ESPINAL - TOLIMA A COMPENSAR EN DINERO
UNAS VACACIONES Y SE TOMAN OTRAS DISPOSICIONES.
22 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 73001 23
33 000 2025 00342 00.
23 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 73001 23
33 000 2025 00342 00.
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Radicación: 73001 2333 000 2025 00342 01
Solicitante: Juan David Martínez Martínez
Demandado: Juan Sebastián Saavedra Arteaga
Resolución No. 112 del 28 de mayo del 2025. POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UNA
EXALTACIÓN A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS - FEDEARROZ.
Que en consecuencia y en aras de subsanar esta irregularidad de tipo formal en los actos
administrativos anteriormente citados, la numeración correcta quedara así:
Resolución núm. 112 del 3 de abril del 2025. POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL
PERSONERO MUNICIPAL DE EL ESPINAL - TOLIMA COMPENSAR EN DINERO UNAS
VACACIONES Y SE TOMAN OTRAS DISPOSICIONES.
Resolución núm. 113 del 28 de mayo del 2025. POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UNA
EXALTACIÓN A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS – FEDEARROZ […].
[Mayúsculas originales]
4. Análisis de la Sala
El recurrente formuló seis reparos en contra de la sentencia de primera instancia, los
cuales serán examinados por la Sala en el siguiente orden y alguno de ellos de manera
conjunta:
(i) «Defecto en la fijación del litigio (thema decidendum) y vulneración del principio de
congruencia»
(ii) «Precedente aplicable y refutación del argumento defensivo sobre su supuesta
inaplicabilidad»
(iii) «Error en la delimitación del interés directo y del interés moral reputacional»;
«subsunción defectuosa: el reconocimiento a Fedearroz se traduce en un beneficio moral
directo para la Junta Directiva y, en particular, para el padre del demandado»; y
«desconocimiento del estándar probatorio: la demostración del interés moral admite prueba
indiciaria y valoración conjunta», los cuales serán estudiados de manera conjunta, ya que,
están encaminados a demostrar la existencia de un interés de tipo moral.
(iv) «Inadecuada aplicación del elemento subjetivo: la omisión del impedimento configura,
cuando menos, culpa grave»
4.1. En cuanto al reproche sobre el «defecto en la fijación del litigio (thema
decidendum) y vulneración del principio de congruencia»
El recurrente cuestionó que el tribunal «en el acápite “Problema Jurídico”, [sostuvo] que
debe resolverse “si se debe declarar la nulidad del acto de elección” del concejal
demandado, por existir —según se alega— “conflicto de intereses para desempeñar el
cargo de elección popular” […]». [Negrillas originales]
Precisó que dicha formulación «constituye una falla estructural en la fijación del litigio,
porque desplaza el objeto del proceso hacia un juicio de nulidad electoral/inhabilidades,
cuando el trámite promovido y admitido fue el de pérdida de investidura» y que «si el juez
redefine el problema jurídico en términos ajenos al objeto procesal, se afecta el debido
proceso (art. 29 C.P.) por “decisión sorpresiva” y se lesiona el principio de congruencia,
pues la sentencia deja de estar en consonancia con los hechos y pretensiones debatidos.
(C.G.P., art. 281)».
Para resolver, la Sala advierte que el problema jurídico que se formuló en la sentencia de
primera instancia fue el siguiente:
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Radicación: 73001 2333 000 2025 00342 01
Solicitante: Juan David Martínez Martínez
Demandado: Juan Sebastián Saavedra Arteaga
[…] El problema jurídico consiste en resolver si se debe declarar la nulidad del acto de
elección del señor Juan Sebastián Saavedra Arteaga como Concejal del municipio de El
Espinal para el período 2024 - 2027, porque como se alega, concurre en conflicto de
intereses para desempeñar el cargo de elección popular por utilizar su investidura para
promover un acto que favorece directa y públicamente una entidad en la que su padre
mantiene un vínculo directivo, o si por el contrario, como lo considera la parte demandada
la causal invocada no le es imputable al no existir sustento jurídico ni probatorio para el
efecto […] [Negrillas ajenas]
Aunque el tribunal mencionó en el problema jurídico que se debía resolver sobre la
«nulidad del acto de elección» del concejal demandado, ello no implicó que se haya resuelto
el asunto bajo los parámetros del medio de control de nulidad electoral, puesto que, del
contenido de la sentencia se evidencia que el pronunciamiento se circunscribió a determinar
si estaba o no configurada la causal de pérdida de investidura de violación al régimen de
conflicto de intereses.
En efecto, se observa que el tribunal, luego de formular el problema jurídico, se pronunció
sobre: el «medio de control de pérdida de investidura»; «la causal de pérdida de investidura
consistente en la violación del régimen de conflicto de intereses endilgada al demandante»
acápite en el que citó el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994 y el artículo 70
ibidem; y, finalmente, en la parte resolutiva de la providencia se indicó que se negaban «las
pretensiones de la demanda de pérdida de investidura presentada contra el concejal del
Municipio de El Espinal- Tolima», circunstancias que permiten evidenciar que en ningún
momento el tribunal de primera instancia estudió o examinó el medio de control de nulidad
electoral como lo pretende señalar el recurrente.
Luego, lo alegado por el recurrente de ninguna manera implicó que no se haya resuelto lo
que constituía objeto de litigio, dado que, del contenido de la sentencia se evidencia con
claridad que el tribunal examinó si estaba o no configurada la causal de pérdida de
investidura por violación al régimen de conflicto de intereses por el hecho de que el concejal
demandado presentara la solicitud a la mesa directiva para que se hiciera la exaltación y
reconocimiento público a la Federación Nacional de Arroceros – Fedearroz y,
posteriormente, entregara dicho reconocimiento, lo que está en consonancia con las
pretensiones y los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la demanda, tal
como lo señala el artículo 187 del CPACA24 y 281 del Código General del Proceso25, de
manera que, este cargo no tiene vocación de prosperidad.
4.2. En cuanto al reproche sobre el «precedente aplicable y refutación del argumento
defensivo sobre su supuesta inaplicabilidad»
24 Artículo 187.Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve
resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos
legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones,
exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen.
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador
encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones
de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.
[…].
25 Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
[…].
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Radicación: 73001 2333 000 2025 00342 01
Solicitante: Juan David Martínez Martínez
Demandado: Juan Sebastián Saavedra Arteaga
En este reproche, el recurrente solicitó que se aplicara como precedente lo resuelto por
el Tribunal Administrativo de Antioquia en el proceso con radicado núm. 05001 2333 000
2025 00017 00, en el que se decretó la pérdida de investidura de un concejal que
participó en la discusión y aprobación de un homenaje a su padre. Aseguró que «la
analogía jurídica es directa en este caso, si el ordenamiento sanciona la promoción de
un homenaje a favor del padre (beneficio moral), con mayor razón debe sancionar la
promoción de una exaltación pública a favor de una entidad privada en cuya dirección
participa el padre, porque el beneficio moral y reputacional se proyecta de manera
inmediata sobre el órgano directivo y, por ende, sobre el familiar del corporado».
Para resolver, la Sala comienza por precisar que lo resuelto por el Tribunal Administrativo
de Antioquia fue objeto de apelación y que la Sección Primera de la Corporación, en
sentencia proferida el 4 de septiembre de 2025, confirmó la providencia de 20 de febrero
de 2025 del Tribunal Administrativo de Antioquia en la que se decretó la pérdida de
investidura del concejal allí accionado.
En ese caso, se endilgó al demandado en dicho asunto la causal de pérdida de
investidura por violación al régimen de conflicto de intereses porque debió declararse
impedido para votar la proposición de rendir homenaje al señor Javier de Jesús Orrego
Arango como exalcalde y exconcejal de municipio de Yarumal, debido a que se trataba
de su pariente en primer grado de consanguinidad (padre); no obstante, el concejal votó
dicha proposición sin manifestar su impedimento.
En la sentencia proferida por la Sección Primera de la Corporación se señaló que los
hechos probados y que no fueron discutidos por las partes eran los siguientes:
[…] 25. En el recurso de apelación no se discuten los siguientes hechos probados en el
proceso:
25.1. La calidad de concejal del municipio de Yarumal -Antioquia, del señor Javier Alberto
Orrego Zuluaga, elegido para el periodo constitucional 2024-2027.
25.2. El parentesco en primer grado de consanguinidad que tiene el concejal Javier Alberto
Orrego Zuluaga (hijo) con el señor Javier de Jesús Orrego Arango (padre).
25.3. La consideración y aprobación por parte del concejal, sin haber manifestado
impedimento, de la proposición de homenaje a su padre realizada en la sesión plenaria
de 25 de noviembre de 2024.
25.4. La expedición de la Resolución núm. 39 de 29 de noviembre de 2024 de la mesa
directiva, mediante la cual, el Concejo de Yarumal -Antioquia, otorgó el reconocimiento de
homenaje a su padre, suscrita por el concejal como presidente del cabildo.
25.5. La firma de la Resolución núm. 39 de 29 de noviembre de 2024 por parte del concejal
Javier Alberto Orrego Zuluaga.
25.6. Tampoco se discute que, en la sesión de 29 de noviembre de 2024, presidida por el
concejal demandado, se llevó a cabo el acto de reconocimiento a su progenitor,
distinguiéndolo con la condecoración Hoja de Yarumo Plateado […].
A partir de los anteriores hechos probados y lo que fue objeto de discusión, la Sección
Primera de la Corporación formuló el siguiente problema jurídico:
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Radicación: 73001 2333 000 2025 00342 01
Solicitante: Juan David Martínez Martínez
Demandado: Juan Sebastián Saavedra Arteaga
[…] II.1. Problema jurídico
27. De acuerdo con los argumentos de la apelación, las consideraciones de la sentencia
de primera instancia, y los hechos probados en el proceso, le corresponde a la Sección
Primera determinar: si el concejal incurrió en conflicto moral de intereses, al considerar y
aprobar, sin manifestarse impedido, la proposición de rendir homenaje a su padre, y
suscribir la Resolución núm. 39 de 29 de noviembre de 2024, expedida por la mesa
directiva del Concejo de Yarumal, Antioquia, mediante la cual se otorgó el mencionado
reconocimiento […].
Para resolver el problema jurídico planteado, la Sección explicó lo siguiente frente a la
configuración del elemento objetivo de la causal invocada en relación con el conflicto de
interés de tipo moral:
[…] 36. Si bien las circunstancias morales que dan lugar a la existencia de un conflicto de
intereses tienen límites menos claros que aquellas de orden económico que dan lugar a
él, lo cierto es que el reconocimiento público de honores involucra necesariamente
intereses de índole moral, porque tiene relación directa con el nombre como atributo de la
personalidad jurídica, y una especial incidencia en el buen nombre de las personas,
previsto como derecho fundamental en el artículo 15 de la Constitución Política, y que
hace referencia a la reputación, la buena fama, o el mérito que los miembros de la
sociedad otorgan a una persona.
[…]
39. En ese orden, el nombre como atributo de la personalidad y el derecho al buen nombre,
inherentes al ser humano, constituyen el núcleo del interés moral que queda involucrado
cuando las autoridades exaltan el valor que una determinada persona representa para la
sociedad, porque ese reconocimiento tiene la virtualidad de afectar positivamente la
reputación, la buena fama y el mérito con que lo reconoce y valora el resto de la
colectividad.
40. Con las precisiones anteriores y descendiendo al caso concreto, en lo sustantivo la
Sala concluye que: el homenaje que fue considerado y aprobado en la sesión de 25 de
noviembre de 2024 per se representaba un interés de índole moral para los señores Javier
Alberto Orrego Zuluaga y Javier de Jesús Orrego Arango, puesto que su objeto y finalidad
era destacar, pública y oficialmente, los valores humanos y sociales de este último, y el
servicio que a lo largo de su vida le prestó al municipio, como dignos de ejemplo para la
comunidad de Yarumal […].
Seguidamente consideró que dicho interés moral cumplía con las características de ser
directo, particular e inmediato, así:
[…] 46. Atendiendo los anteriores conceptos y las pruebas documentales ya señaladas,
la Sala encuentra que la proposición considerada y aprobada en la sesión del 25 de
noviembre de 2024, sí representaba un interés directo porque encuentra su fuente en el
ejercicio de una función que le fue encomendada al concejal, consistente en considerar y
votar una proposición sometida al conocimiento de la plenaria del cabildo.
47. Ese interés es particular tanto para el concejal Javier Alberto Orrego Zuluaga como
para su padre, el señor Javier de Jesús Orrego Arango, porque se acreditó que la
proposición estaba dirigida a exaltar y enaltecer a este último; circunstancia que, como ya
se dijo, tiene efecto positivo, concreto y subjetivo respecto del concejal y su padre: por un
lado, en el reconocimiento generalizado del buen nombre y la buena reputación del señor
Javier de Jesús Orrego Arango como miembro destacado y ejemplar de esa comunidad
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Radicación: 73001 2333 000 2025 00342 01
Solicitante: Juan David Martínez Martínez
Demandado: Juan Sebastián Saavedra Arteaga
municipal; y, por el otro, en la notoriedad y el prestigio del nombre familiar en el municipio
de Yarumal, que recae directamente, entre otros, sobre sus hijos como parientes en primer
grado de consanguinidad.
48. Asimismo, dicho interés reúne el carácter de actual o inmediato porque nació y se
materializó en el mismo momento en que se efectuó la proposición, la misma que fue
considerada y aprobada por unanimidad en dicha sesión, con el concurso del concejal
Javier Alberto Orrego Zuluaga, de manera que, en ese momento, como efecto inmediato
tuvo lugar la expedición de la Resolución núm. 39 de 29 de noviembre de 2024 de la mesa
directiva, suscrita por el concejal Orrego Zuluaga como presidente del cabildo, en
cumplimiento de la decisión de exaltar y enaltecer a su padre, adoptada por la plenaria
con su participación […]
66. De acuerdo con todo lo anterior, la Sala no tiene duda alguna de que en el plenario se
probó con suficiencia que, (i) el concejal se encontraba incurso en un conflicto de
intereses, debido al interés directo, particular y actual que surgió para su padre con
ocasión de ser el destinatario del reconocimiento de honor que debía aprobar la plenaria
del Concejo de Yarumal; (ii) esa especial circunstancia en la que se encontraba el
concejal, por razón del parentesco y la afectación al buen nombre de su padre, lo compelía
a cumplir con el deber previsto en el artículo 70 de la Ley 136, de declararse impedido;
(iii) ello no ocurrió y por el contrario participó de la consideración de la proposición,
integrando el quorum y votando la aprobación de la misma en la sesión de 25 de
noviembre de 2024, (iv) el asunto compete al cabildo, y, por ende, al ejercicio funcional
que como miembro del cabildo le correspondía ejercer; conforme con esto se encuentra
plenamente acreditada la violación del régimen del conflicto de intereses prevista en el
numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 […].
En el contexto descrito, la Sala considera que el proceso invocado por el recurrente no
constituye precedente para resolver la presente solicitud, en la medida que, no existe
identidad en los hechos de uno y otro proceso, dado que, en este caso, está probado que
el concejo municipal de El Espinal (Tolima) exaltó e hizo público el reconocimiento a la
Federación Nacional de Arroceros – Fedeaaroz, mientras que, en el expediente citado,
el homenaje fue hecho directamente al padre del concejal allí demandado, diferencia
respecto del fundamento fáctico de las solicitudes que resulta suficiente para descartar
la configuración de un precedente.
Con todo, adicionalmente, en este expediente, está acreditado que quienes suscribieron
la resolución que dispuso la exaltación y el público reconocimiento a la Federación
Nacional de Arroceros – Fedearroz fueron los miembros de la mesa directiva del concejo
municipal de El Espinal (Tolima), integrada por los concejales: Diana Marcela Gómez
Cortes, como presidente, Luis Fernando Rubio Bocanegra, primer vicepresidente; Daniel
Julián Cardenas Ortiz, segundo vicepresidente; y Edna Yulieth Sánchez Ospina como
secretaria general, es decir, que dicho acto administrativo no fue suscrito por el concejal
aquí demandado; mientras que, en el proceso invocado como precedente, está probado
que la Resolución núm. 39 de 29 de noviembre de 2024 de la mesa directiva, mediante
la cual, el concejo de Yarumal, (Antioquia) otorgó el homenaje fue suscrita por el concejal
allí accionado como presidente de la corporación.
Otra diferencia fundamental, es que en el presente caso, la causal de conflicto de
intereses se fundamentó en que el concejal demandado presentó ante la mesa directiva
del concejo solicitud formal de exaltación a la Federación Nacional de Arroceros – Fedearroz
y que «la referida exaltación fue entregada públicamente por el propio concejal Saavedra
en ceremonia solemne realizada en el Hotel Estelar Altamira de la ciudad de Ibagué, evento
en el cual el corporado hizo presencia activa y entregó personalmente la distinción al
gerente de Fedearroz»; por su parte, en el proceso invocado como precedente, la causal
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de conflicto de intereses se sustentó en que el concejal allí accionado participó y votó de la
proposición de homenaje a su padre hecha en la sesión plenaria de 25 de noviembre de
2024 y que, posteriormente, suscribiera la Resolución núm. 39 de 29 de noviembre de 2024
en la que se otorgó tal reconocimiento.
Cabe anotar que, la Corte Constitucional26 ha señalado que «el precedente es el conjunto
de sentencias anteriores al caso estudiado por el juez, que debido a su pertinencia para
resolver el problema jurídico planteado deben ser tenidas en cuenta por el juez o la autoridad
a quien le competa», y que la manera para determinar cuándo el precedente resulta
necesario para la solución del caso es si: «(i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa
como precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a resolver
posteriormente; (ii) se trata de un problema jurídico semejante, o a una cuestión
constitucional semejante y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia
son semejantes o plantean un punto de derecho semejante al que se debe resolver
posteriormente». De esta forma concluye que «el precedente utilizado debe guardar
similitud entre los hechos, el problema jurídico planteado y en la normatividad utilizada para
resolver los casos».
Por consiguiente, al no existir identidad fáctica entre este asunto y el resuelto en el proceso
2025 00017 01, este último no constituye precedente para resolver la cuestión aquí
planteada, por lo que este cargo no tiene vocación de prosperidad.
4.3. En cuanto a los reproches sobre: (i) «error en la delimitación del interés directo
y del interés moral reputacional», (ii) «subsunción defectuosa: el reconocimiento a
Fedearroz se traduce en un beneficio moral directo para la Junta Directiva y, en
particular, para el padre del demandado», y (iii) «desconocimiento del estándar
probatorio: la demostración del interés moral admite prueba indiciaria y valoración
conjunta»
El recurrente, en los tres puntos de apelación anotados, cuestionó lo siguiente:
(i) Sí existía un interés de tipo moral porque «cuando una corporación pública confiere un
reconocimiento institucional a una entidad privada, dicha condecoración no es neutra
frente a quienes la dirigen: […] Por tanto, el reconocimiento público, por definición,
robustece el buen nombre y el capital reputacional del cuerpo directivo (y de cada uno de
sus integrantes) ante la comunidad, el sector productivo y los actores institucionales».
(ii) El interés moral no dependía del propósito interno del concejal, ni que el acto exaltara
expresamente la gestión del familiar; sino que dependía de la relación objetiva entre (i) el
acto de reconocimiento, (ii) el ámbito funcional del accionado y (iii) la afectación inmediata
del círculo familiar en términos de honra, prestigio, buen nombre o posición social,
cualquiera sea la causa formal del homenaje.
(iii) La prueba del interés moral estaba acreditada por la siguiente cadena indiciaria: (i) el
concejal impulsó la exaltación; (ii) el beneficiario institucional fue una entidad privada; (iii)
el padre del concejal integraba la junta directiva; (iv) el reconocimiento se hizo en acto
público, con carga honorífica y reputacional; y (v) el concejal omitió declarar su
impedimento y participó activamente en el trámite.
26 Sentencia T-1033 de 2012. M. P. Mauricio González Cuervo.
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De este modo, la Sala advierte que los tres reparos expuestos por el recurrente están
encaminados a demostrar y argumentar la configuración de un interés de tipo moral, razón
por la que se examinarán de manera conjunta.
Para resolver, la Sala recuerda que el solicitante invocó la causal de pérdida de
investidura prevista en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, en
concordancia con el artículo 70 ibidem, disposiciones que establecen:
[…] ARTÍCULO 55.- Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales perderán su
investidura por: […]
2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de
intereses […].
A su turno, el artículo 70 ibidem señala que:
[…] ARTÍCULO 70.- Conflicto de interés. Cuando para los concejales exista interés
directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero
o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o,
de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o votaciones
respectivas.
Los concejos llevarán un registro de intereses privados en el cual los concejales
consignarán la información relacionada con su actividad económica privada. Dicho
registro será de público conocimiento. Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de
una causal de impedimento de algún concejal, que no se haya comunicado a la respectiva
corporación, podrá recusarlo ante ella […]. [Negrillas ajenas]
De la norma transcrita se desprende que el conflicto de interés se configura cuando la
decisión sometida a consideración del concejal le afecta a él o sus familiares en el grado
señalado por la ley. Esa es el alcance que le ha dado la Sección Primera27:
[…] 107. Siguiendo la disposición legal que prevé la causal de pérdida de investidura, el
conflicto de intereses se presenta cuando el concejal tiene interés directo en el asunto
que se encuentra conociendo porque el mismo le beneficia o afecta de forma personal
o a alguno de sus parientes en los grados indicados en la norma o a sus socios.
108. Así, el asunto puesto en conocimiento del concejal le plantea un enfrentamiento
entre su interés personal y el interés general o el bien común que, se reitera, deben guiar
el ejercicio de sus competencias, lo cual lo obliga a manifestar su impedimento para
efectos de que este sea resuelto, so pena de incurrir en la causal de pérdida de
investidura […]. (Destacado del Despacho).
La Sala precisa que la jurisprudencia de la Sección Primera estableció que para la
configuración de la causal de conflicto de interés deben acreditarse los siguientes
elementos28: (i) la calidad de concejal; (ii) la existencia de un interés directo, particular y
actual del concejal o de sus parientes señalados en la ley en el asunto sometido a
27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 27 de
noviembre de 2025. Expediente radicación núm. 50001 2333 000 2024 00175 02. C.P.: Germán Eduardo
Osorio Cifuentes.
28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 4 de
septiembre de 2025. Expediente radicación núm. 05001 2333 000 2025 00017 01. C.P.: Pablo Andrés
Córdoba Acosta.
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Demandado: Juan Sebastián Saavedra Arteaga
consideración de la plenaria; (iii) la no manifestación de impedimento o no haber sido
separado del conocimiento del asunto por recusación; (iv) haber conformado el quorum
y participado el concejal en el debate o votación de un asunto de competencia del concejo
municipal.
En cuanto al segundo elemento señalado, esto es, «(ii) la existencia de un interés directo,
particular y actual del concejal o de sus parientes señalados en la ley en el asunto
sometido a consideración de la plenaria», la Sala Plena de esta Corporación explicó que
el interés debe ser entendido como «una razón subjetiva que torna parcial al funcionario
y que lo inhabilita para aproximarse al proceso de toma de decisiones con la
ecuanimidad, la ponderación y el desinterés que la norma moral y la norma legal
exigen»29, también definió el interés como «el provecho, conveniencia o utilidad que,
atendidas sus circunstancias, derivarían el congresista o los suyos de la decisión que
pudiera tomarse en el asunto»30.
Asimismo, la jurisprudencia de la Corporación ha explicado lo que constituye un interés
directo, particular y actual, ya sea de tipo moral o económico, así31:
[…] En tal sentido, se ha exigido que el interés debe ser directo, esto es, que surja
automáticamente del cumplimiento de la función parlamentaria; asimismo, debe ser
particular o, en otras palabras, radicar en cabeza del congresista o de las personas que
tienen vínculos con este; actual, es decir, precedente y concurrente con el cumplimiento
de las funciones por parte del parlamentario; moral o económico, lo cual pone de
manifiesto que no está circunscrito al ámbito estrictamente monetario, y, por último, debe
ser real, no hipotético o eventual […]. [Negrillas originales]
Igualmente, la jurisprudencia de la Corporación ha reconocidos que el interés puede ser
de tipo moral o económico32:
[…] debe ser directo, esto es, “debe surgir de los extremos de la relación que se plantea
a través de la decisión que haya de tomarse con respecto a los proyectos de ley, sin
intermediación alguna”33, en el entendido de que esa connotación se puede predicar para
el congresista o las personas indicadas en el numeral 286 de la Ley 5ª de 1992” 34.
El interés debe ser además “particular y actual, de carácter moral o económico, en la
decisión de uno de los asuntos sometidos a su consideración35;, debe ser real, no
hipotético o aleatorio, lo cual supone, según lo expuesto por la Sala, “que el acto jurídico
resultante de la concurrencia de la voluntad de los congresistas, tenga por sí mismo la
virtualidad de configurar el provecho de manera autónoma, esto es, que no se requiera
de actos, hechos, o desarrollos ulteriores para cristalizar el beneficio personal”36.
29 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 19 de marzo de 1996.
Expediente radicación núm. AC-3300. C.P.: Joaquín Barreto Ruiz.
30 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 17 de octubre de 2000.
Expediente radicación núm. AC-1116. C.P.: Mario Alario Méndez.
31 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 9 de noviembre de 2016.
Expediente radicación núm. 11001 0315 000 2015 01333 00. C.P.: Ramiro Pazos Guerrero.
32 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 22 de noviembre de 2011.
Expediente radicación núm. 11001 0315 000 2011 00404 00 (PI). C.P.: María Claudia Rojas Lasso.
33 Sentencia de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 19 de julio de 1991, Exp. AC-1433, C.P.
Dr. Diego Younes Moreno.
34 Sentencia del 26 de julio de 1994. Radicación AC-1499. C.P. Dr. Delio Gómez Leyva.
35 Sentencia proferida el 23 de marzo de 2010; expediente PI 000198-00; C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas
B.
36 Sentencia PI 0584 00 del 9 de noviembre de 2004.
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Solicitante: Juan David Martínez Martínez
Demandado: Juan Sebastián Saavedra Arteaga
El interés que se analiza, según lo ha explicado igualmente la Sala Plena, puede ser
económico o moral:
“Así pues, no es sólo el interés estrictamente personal o el beneficio económico los
fenómenos que el legislador ha creído prudente elevar a la entidad de causales de
impedimento, sino que dentro del amplio concepto del ‘interés en el proceso’ a que se
refiere el numeral 1º del artículo 103 del Código de Procedimiento Penal, debe
entenderse también la utilidad o el menoscabo de índole moral o intelectual que en grado
racional puede derivarse de la decisión correspondiente” […]37.
Bajo el contexto legal y jurisprudencial descrito, la Sala considera que le asiste razón al
tribunal, puesto que, en este caso, no se evidencia la existencia de un conflicto de interés
en cabeza del concejal en la medida que está probado con la resolución expedida por la
mesa directiva que la exaltación y el reconocimiento público estuvo dirigido a la
Federación Nacional de Arroceros – Fedearroz y no al padre del concejal accionado,
circunstancia que descarta que el interés cumpla con la característica de particular.
La Sala no desconoce que en el expediente también está acreditado que el padre del
concejal accionado es miembro de la junta directiva de la Federación Nacional de
Arroceros – Fedearroz; sin embargo, dicha circunstancia, por sí misma, no tiene la
potencialidad de configurar la causal de conflicto de intereses, puesto que, revisada la
parte resolutiva, así como la considerativa de la resolución expedida por la mesa directiva
del concejo municipal de El Espinal (Tolima), no se observa que dicha exaltación se
fundamentara expresamente en alguna decisión o en el trabajo desarrollado por la mesa
directiva o que estuviese dirigido expresamente a dicho órgano; es más, en la
mencionada resolución se advierte que no se hizo ninguna referencia a la junta directiva,
ni al padre del accionado.
Sumado a lo dicho, es pertinente precisar que el padre del accionado no funge como
representante legal de la Federación Nacional de Arroceros – Fedearroz, y, además,
tampoco se alegó ni se probó que el padre del accionado haya recibido dicho
reconocimiento en la ceremonia pública que se llevó a en el Hotel Altamira de la ciudad
de Ibagué.
Tampoco puede pasarse por alto, que si bien el concejal demandado presentó la solicitud
ante la mesa directiva del concejo, quien tenía la competencia para decidir si era
procedente dicha exaltación y reconocimiento público a la Federación Nacional de
Arroceros - Fedearroz, era la mesa directiva del concejo municipal de El Espinal (Tolima)
conforme con lo previsto por el artículo 17.6 del reglamento interno del concejo, que
establece como una de las funciones de la mesa directiva «expedir mociones de duelo y
reconocimiento cuando ellas sean conducentes». [Negrillas ajenas]
En este punto, se destaca que el concejal accionado no suscribió la resolución mediante
la cual se ordenó hacer la exaltación y reconocimiento público a la Federación Nacional
de Arroceros – Fedearroz, ni está acreditado que conformara la mesa directiva del
concejo, de modo que, si bien presentó la solicitud, no tenía la competencia para
determinar si tal reconocimiento podía llevarse a cabo, puesto que, la facultad estaba en
cabeza de la mesa directiva conforme el reglamente interno del concejo.
La argumentación expuesta en precedencia no solo descarta la configuración del
segundo elemento de la causal, esto es, (ii) la existencia de un interés directo, particular
37 Sentencia AC 3300 del 19 de marzo de 1996; CP: Dr. Joaquín Barreto Ruiz.
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Solicitante: Juan David Martínez Martínez
Demandado: Juan Sebastián Saavedra Arteaga
y actual del concejal o de sus parientes señalados en la ley en el asunto sometido a
consideración de la plenaria, sino que de igual manera, desvirtúa el tercer y cuarto
requisito, es decir, (iii) la no manifestación de impedimento o no haber sido separado del
conocimiento del asunto por recusación y (iv) haber conformado el quorum y participado
el concejal en el debate o votación de un asunto de competencia del concejo municipal.
Lo dicho, por cuanto, el solicitante no explicó cuál fue la decisión o el asunto sometido a
consideración del concejal que le generaba un enfrentamiento entre el interés personal
y el interés general, ello, en la medida que, en el escrito inicial de pérdida de investidura
y en el recurso de apelación, lo que le reprocha al concejal es que presentó la solicitud
de exaltación para la Federación Nacional de Arroceros – Fedearroz y, posteriormente,
entregó dicho reconocimiento en acto público llevado a cabo en el Hotel Altamira de la
ciudad de Ibagué.
Sin embargo, ninguna de las dos circunstancias supone que el concejal demandado haya
participado en un debate o votación de un asunto puesto a su consideración, como uno
de los requisitos para la configuración de la causal, sino que, se insiste, quien tenía la
faculta reglamentaria para decidir sobre la procedencia del reconocimiento era la mesa
directiva del concejo municipal.
Por último, en cuanto al reparo de la apelación titulado «inadecuada aplicación del
elemento subjetivo: la omisión del impedimento configura, cuando menos, culpa grave», la
Sala advierte que su examen no resulta procedente, por cuanto, dicha argumentación se
refiere a la configuración del elemento subjetivo de la causal, de modo que, al no estar
cumplidos los requisitos del elemento objetivo, resulta innecesario descender al estudio del
elemento subjetivo.
Conforme con todo lo expuesto, se confirmará la decisión de primera instancia que negó la
desinvestidura del accionado.
5. Condena en costas
En el presente asunto, la Sala no impondrá condena en costas, dado que la pérdida de
investidura es un proceso en el que se ventila un interés público.
En efecto, el artículo 188 del CPACA dispone:
[…] Artículo 188.Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […] [Negrillas
fuera de texto].
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2025 por la Sala
Plena del Tribunal Administrativo del Tolima que negó la solicitud de pérdida de
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Radicación: 73001 2333 000 2025 00342 01
Solicitante: Juan David Martínez Martínez
Demandado: Juan Sebastián Saavedra Arteaga
investidura del concejal Juan Sebastián Saavedra Arteaga, período constitucional 2024-
2027, por las razones señaladas en la parte motiva.
SEGUNDO: Sin condena en costas
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al tribunal de origen.
COPÍESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la
fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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