RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02779-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02779-01

Fecha
13 de agosto de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02779-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 1. CONFIRMAR el fallo de primera instancia del 29 de mayo de 2026, proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 18 La sentencia de segunda instancia en la pérdida de investidura 50001-23-33-000-2024-00302-00/01 fue notificada por estado el 15 de septiembre de 2025, y se remitió el mensaje de datos por correo electrónico el 11 de septiembre de 2025, luego contando los dos días que establece el artículo 205 del CPACA indican que esta providencia fue notificada electrónicamente el 16 de septiembre de 2025. 19 Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU-391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia T-246 de 2015 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño, sentencia T-158 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2026-02779-01 Demandante: Gildardo Santos Chaparro 4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02779-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

13 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-02779-01
Demandante GILDARDO SANTOS CHAPARRO
Demandada CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Pérdida de investidura de
concejal de Acacías, Meta. Defecto por desconocimiento del
precedente. Requisitos de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial: la inmediatez.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora, contra el fallo del 29
de mayo de 2026, proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, que dispuso:
«PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por Gildardo
Santos Chaparro contra la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas.
[…]»

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 13 de abril de 20261, el señor Gildardo Santos Chaparro, actuando en nombre
propio, interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Primera,
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y de acceso a la administración de justicia, con ocasión a la sentencia de
segunda instancia del 4 de septiembre de 2025, a través de la cual, se revocó la
declaratoria de pérdida de investidura del señor Farley Carvajal Rey ordenada por
el Tribunal Administrativo del Meta en el proceso 50001-23-33-000-2024-00302-00.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(Sic a toda la cita)
«PRIMERO: AMPARAR mis derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, por DESCONCIMIENTO DEL
PRECEDENTE, solicito DEJE SIN EFECTOS la sentencia proferida el cuatro (4) de
septiembre de dos mil veinticinco (2025) por la Sección Primera del Consejo de Estado, dentro
del proceso de pérdida de investidura con radicado 50001-23-33-000-2024-00302-01.
TERCERO: ORDENAR a la Sección Primera del Consejo de Estado que profiera una nueva
sentencia de segunda instancia en el referido proceso, que resuelva el recurso de apelación
de manera congruente con el precedente judicial vinculante y reiterado en materia de conflicto
de intereses, garantizando la supremacía del interés general y la moralidad pública.»

1
Samai, índice 2. Expediente 11001-03-15-000-2026-02779-00. Esta acción de tutela le correspondió por reparto al
Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Circuito de Acacías Meta bajo el radicado 50006-31-84-002-2026-00086-00,
quien con auto del 13 de abril de 2026 dispuso remitir el amparo al Consejo de Estado por reglas de reparto.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02779-01
Demandante: Gildardo Santos Chaparro

2. Hechos

Del expediente de tutela se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. En el año 2024, el señor Gildardo Santos Chaparro promovió demanda en
ejercicio del medio de control de pérdida de investidura contra el señor Farley
Carvajal Rey, como concejal electo del municipio de Acacías, Meta para el
periodo constitucional 2020-2023, al considerar que se había violado el
régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses,
conforme al artículo 11, numeral 14 de la Ley 1437 de 2011.

Como fundamento de la demanda se expuso que el señor Farley Carvajal Rey
participó en la elección del cargo de secretario general del concejo sin
declararse impedido cuando uno de los candidatos a ese cargo había
conformado, en su momento, la misma lista del partido Cambio Radical al
Concejo Municipal.

2.2. Por reparto le correspondió el conocimiento de este medio de control en
primera instancia al Tribunal Administrativo del Meta, bajo el radicado 50001-
23-33-000-2024-00302-00.

2.3. El 7 de noviembre de 2024 el Tribunal Administrativo del Meta dictó sentencia
de primera instancia en la que decretó la pérdida de investidura del señor
Farley Carvajal Rey, en su calidad de concejal del municipio de Acacías, Meta,
para el periodo constitucional 2020-2023.

Contra esta decisión el señor Farley Carvajal Rey presentó recurso de
apelación.

2.4. El 4 de septiembre de 2025 la Sección Primera del Consejo de Estado dictó
sentencia de segunda instancia en la que revocó la sentencia proferida el 7 de
noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Meta y, en su lugar,
denegó las pretensiones de la demanda.

3. Fundamentos de la acción

La parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, ya
que: (i) reviste relevancia constitucional pues el asunto en cuestión se relaciona con
la naturaleza constitucional del régimen del conflicto de intereses y con el
desconocimiento del precedente judicial dictado por la Sección Primera del Consejo
de Estado; (ii) se agotaron todos los medios de defensa disponibles, pues se
surtieron las dos instancias en el proceso de pérdida de investidura y precisó que
contra la decisión de segunda instancia no procede recurso extraordinario de
revisión; (iii) en lo que respecta al requisito de la inmediatez solicitó que fuera
flexibilizado, pues señaló que la sentencia de segunda instancia quedó ejecutoriada
el 22 de septiembre de 2025, no obstante el «HECHO GENITOR que dio motivo
fundamental para promover esta ACCIÓN CONSTITUCIONAL, se originó hasta el día 27 del mes de
Noviembre del año 2025» momento en el cual la Sección Primera del Consejo de Estado
resolvió en segunda instancia el proceso de pérdida de investidura adelantada en
contra del concejal John Alexander Casallas Velasquez en el proceso 50001-23-33-
000-2024-00175-02, declarando la pérdida de investidura a pesar de que el señor
Casallas Velásquez participó en la misma elección de cargo de secretario general
del Municipio de Acacías como el señor Farley Carvajal Rey, de ahí que considerara
que solo hasta que se dictó la mencionada sentencia se advirtió la vulneración de
derechos; y (iv) se cumple con haber identificado los hechos y derechos vulnerados.

El accionante manifestó que la sentencia cuestionada incurrió en un defecto por
desconocimiento del precedente, por las razones que se pasa a explicar:

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02779-01
Demandante: Gildardo Santos Chaparro

Defecto por desconocimiento del precedente: Se materializó en este caso
cuando la Sección Primera del Consejo de Estado revocó la decisión del Tribunal
Administrativo del Meta de declarar la pérdida de investidura del señor Farley
Carvajal Rey, en su calidad de concejal del municipio de Acacías, Meta, para el
periodo constitucional 2020-2023, dado que esa decisión de la alta corte se apartó
de la línea jurisprudencial que se venía manejando en casos con identidad fáctica,
como en el asunto del concejal Arnold Mauricio Pinilla Triana quien sí perdió su
investidura, a pesar de que ambos participaron en la misma elección de cargo de
secretario general del Municipio de Acacías, Meta.

Como evidencia de esa línea jurisprudencial citó los siguientes precedentes
dictados por la Sección Primera del Consejo de Estado: (i) «20240032101 - 06/03/2025
– ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA», (ii) «20240050201 - 02/05/2025 - JONATHAN GÓMEZ
PARRA», (iii) «20240132902 – 24/07/2025 - RENÉ DE LOS MILAGROS LUJÁN GÓMEZ Y VÍCTOR
ANDRÉS PINO ROJAS», y (iv) «20240017502 – 27/11/2025 - JOHN ALEXANDER CASALLAS
VELÁSQUEZ».

Explicó que, la vulneración al precedente se materializó cuando el Consejo de
Estado, Sección Primera, tomó decisiones diferentes frente a dos casos en donde
los supuestos fácticos son idénticos, pues se trata de la misma corporación y los
cargos frente a los dos concejales son similares pues fueron fruto de no haber
manifestado su impedimento frente a la misma persona. Esto en los siguientes
términos: «es cuestionable el DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE en la sentencia de
segunda instancia expedida el día 4 del mes de septiembre del año 2025, dentro del radicado
“20240030201”, toda vez que sin importar que ya había tomado una decisión por un caso igual,
decidió dar otra interpretación, violando los derechos fundamentales a la igualdad y seguridad
jurídica».

4. Trámite e intervenciones

4.1. En auto del 16 de abril de 2026, el despacho sustanciador avocó y admitió2
la acción de tutela interpuesta por el señor Gildardo Santos Chaparro contra
el Consejo de Estado, Sección Primera. En calidad de terceros con interés se
vinculó al Tribunal Administrativo del Meta y al señor Farley Carvajal Rey.

Se ofició al Tribunal Administrativo del Meta para que remitiera copia digital del
proceso de pérdida de investidura 50001-23-33-000-2024-00302-00/01, y se
ordenó surtir las notificaciones correspondientes.

4.2. El Consejo de Estado, Sección Primera3 rindió informe en el que manifestó
que debía declararse la improcedencia de la presente acción de tutela por no
cumplir con el requisito de la inmediatez, dado que la sentencia objeto de
reproche fue proferida el 4 de septiembre de 2025, notificada vía correo
electrónico el 11 de septiembre de 2025 y por estado el 15 de septiembre de
2025, mientras que, la acción de tutela se radicó el 13 de abril 2026, lo que
significa que se superó el término de 6 meses sin que se justificara su
inactividad a pesar de que planteó como causa de su demora la sentencia del
27 de noviembre de 2025 que se dictó en otro proceso.

Destacó que en las pretensiones solo se ataca la sentencia del 4 de
septiembre de 2025, lo que significa que «lo que fue objeto de análisis en la sentencia
proferida el 27 de noviembre de 2025 por la Sección Primera del Consejo de Estado en el
proceso 2024 00175 02, no constituye la decisión [o el hecho] que la parte actora estima
vulneró (sic) los derechos fundamentales invocados, en la medida que, no se trata de la
providencia judicial controvertida en esta acción de tutela».

De otro lado, dijo que en el evento de considerar procedente esta acción se
debía tener en cuenta que en la sentencia cuestionada se hizo referencia a la
2
Samai, índice 4. Expediente 11001-03-15-000-2026-02779-00.
3
Samai, índice 13. Expediente 11001-03-15-000-2026-02779-00.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02779-01
Demandante: Gildardo Santos Chaparro

jurisprudencia de la Sección Primera y se reconoció que estaban acreditadas
las circunstancias que objetivamente configuraban la causal de impedimento
prevista en el numeral 14 del artículo 11 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pero que de acuerdo con la
realidad probatoria del expediente se explicó que en ese caso particular se
apartaba de las decisiones anteriores. Luego no es posible predicar la
vulneración de los derechos fundamentales o la configuración del defecto por
desconocimiento del precedente.

4.3. El señor Farley Carvajal Rey4 manifestó que se encontraba en desacuerdo
con la acción de tutela que se presentó contra la sentencia de segunda
instancia que se dictó en la pérdida de investidura, pues se pone en entredicho
la decisión que adoptó la Sección Primera del Consejo de Estado como órgano
de cierre. Añadió que, si el señor Gildardo Santos Chaparro se encontraba
inconforme con lo advertido en el proceso, era allí en donde debió plantear su
disenso y no esperar a una acción de tutela para convertirla en una tercera
instancia.

Mencionó que no se cumple con el requisito de la inmediatez, en razón a que
en este caso se superó el término de los 6 meses, pues transcurrieron 7 meses
y 12 días, desde que se emitió la sentencia de segunda instancia hasta que se
radicó la acción de tutela de la referencia. En consecuencia, solicitó que se
negara la acción.

4.4. El Tribunal Administrativo del Meta guardó silencio a pesar de haber sido
notificado en debida forma5.

5. Providencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante sentencia del 29
de mayo de 20266 resolvió declarar improcedente la acción de tutela presentada por
el señor Gildardo Santos Chaparro, por no cumplir con el requisito general de la
inmediatez.

Señaló que la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante sentencia de unificación
del 5 de agosto de 2014, estableció como regla que la acción de tutela contra
providencia judicial debe promoverse en un plazo máximo de 6 meses contados
desde la notificación o ejecutoria de la providencia que se pretende cuestionar, no
obstante, en cada caso se debe evaluar ese requisito en pro de no desvirtuar la
razón de ser de la acción de tutela, por esto mencionó que la Corte Constitucional
identificó como algunos de los casos excepcionales los siguientes: (i) cuando el
accionante presente razones válidas para justificar su tardanza en presentar la
acción, (ii) que a pesar del paso del tiempo la vulneración continúe o sea actual, (iii)
y que la exigencia de la interposición de la acción en un término sea
desproporcionado por existir debilidad manifiesta del demandante.

En el caso concreto indicó que, en esta acción se cuestiona la sentencia del 4 de
septiembre de 2025, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado en el
proceso de pérdida de investidura 50001-23-33-000-2024-00302-01, la cual fue
notificada el 15 de septiembre de 2025, por lo que al presentar este amparo el 13
de abril de 2026 se superó el término razonable pues «transcurrieron 6 meses y 28 días».
Añadió que el accionante no indicó encontrarse en una situación de debilidad
manifiesta o que le hubiera impedido acudir de manera oportuna al juez de tutela.

4
Samai, índice 14. Expediente 11001-03-15-000-2026-02779-00.
5
Samai, índice 7. Expediente 11001-03-15-000-2026-02779-00.
6
Samai, índice 21. Expediente 11001-03-15-000-2026-02779-00.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02779-01
Demandante: Gildardo Santos Chaparro

6. Impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
accionante impugnó el fallo de primera instancia para que fuera revocado7. Esto en
los siguientes términos:

Consideró que el término de 6 meses para contabilizar la inmediatez «no es absoluto»,
como tampoco es una barrera inamovible que impida que se realice el estudio de
este caso, explicó que existen excepciones al mencionado término, las cuales
fueron desarrolladas en la sentencia «(05/08/2014 - 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)»,
por el Consejo de Estado.

Dijo que en este caso existió un motivo «válido» para la inactividad del accionante.
Explicó que la Sección Primera del Consejo de Estado al dictar la sentencia de
segunda instancia del 4 de septiembre de 2025 en el proceso 50001-23-33-000-2024-
00302-00/01 (Farley Carvajal Rey) cambió la línea jurisprudencial que se traía frente
a la interpretación «de la causal de conflicto de intereses establecido en el numeral 14 del artículo
11 de la Ley 1437 del año 2011», la cual se había mantenido constante por mucho tiempo
declarando la pérdida de investidura en casos similares, por lo que, el accionante
aceptó esa nueva postura en ejercicio del principio de buena fe.

Sin embargo, con posterioridad, al conocer la sentencia del 27 de noviembre de
2025, dictada dentro del proceso 50001-23-33-000-2024-00175-02, en donde se
declaró la pérdida de investidura del señor John Alexander Casallas Velásquez, el
accionante advirtió que la línea jurisprudencial de la Sección Primera nunca había
cambiado pues a pesar de que el señor Casallas Velásquez participó en la misma
elección de cargo de secretario general del Municipio de Acacías a él sí se le
declaró la pérdida de investidura, mientras que al señor Carvajal Rey no.

Dado lo anterior el impugnante manifiesta que el término de la inmediatez debe ser
contados desde el 27 de noviembre de 2025, fecha en la cual «pudo establecer que la
sentencia hoy impugnada constitucionalmente, debía ser revisada por el Juez de Tutela por el
desconocimiento del precedente jurisprudencial». Esto en los siguientes términos:

«4. En el caso en concreto de esta acción constitucional, el requisito de inmediatez debe contarse
desde la sentencia del señor CASALLAS VELASQUEZ, es decir, desde el 27 de noviembre de
2025, que, calculando los 6 meses, vencieron el día 27 de mayo de 2026.
5. La presente acción constitucional fue radicada el día 13 de abril de 2026, es decir, dentro del
término jurisprudencial concedido, cumpliendo con el requisito de procedencia de “inmediatez”.»

Finalmente mencionó que la vulneración de derechos resulta permanente en el
tiempo pues la decisión que se adoptó en segunda instancia en el caso del señor
Farley Carvajal Rey resulta ser un «gran PELIGRO en el ejercicio de las funciones de los
concejales, ya que puede ser tomada como referencia por los corporados para actuar libremente»
cuando existe parcialidad y se afectan sus intereses.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19918, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
7
Samai, índice 25. Expediente 11001-03-15-000-2026-02779-00.
8
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02779-01
Demandante: Gildardo Santos Chaparro

es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales9
y especiales10 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional11 ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes.

3. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta los argumentos planteados en el escrito de impugnación y por
tratarse de una acción de tutela contra providencia judicial, corresponde a la Sala
establecer si le asistió razón al juez de tutela de primera instancia al declarar la
improcedencia de la acción por considerar que esta no superaba los requisitos
generales de procedencia, específicamente el de la inmediatez.

De superar dicho análisis, la Sala determinará si el Consejo de Estado, Sección
Primera al proferir la sentencia del 4 de septiembre de 2025, en el trámite de
segunda instancia dentro del medio de control de pérdida de investidura 50001-23-
33-000-2024-00302-00/01 incurrió en el defecto por desconocimiento del precedente
que argumentó la parte accionante.

4. Alcance del requisito de la inmediatez como presupuesto formal de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Análisis del caso concreto.

4.1. La parte actora planteó que el término de la inmediatez debía contabilizarse
desde el 27 de noviembre de 2025, fecha en la cual «pudo establecer que la
sentencia hoy impugnada constitucionalmente, debía ser revisada por el Juez de Tutela por el
desconocimiento del precedente jurisprudencial», esto en razón a que, ese día se
profirió la sentencia de segunda instancia del proceso 50001-23-33-000-2024-
00175-02, en donde se declaró la pérdida de investidura del señor John
Alexander Casallas Velásquez, por lo que, ese día advirtió que en el proceso
del señor Farley Carvajal Rey se desconoció el precedente ya que el señor
Casallas Velásquez participó en la misma elección de cargo de secretario

9
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
10
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
11
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02779-01
Demandante: Gildardo Santos Chaparro

general del Municipio de Acacías y a él sí se le declaró la pérdida de
investidura, mientras que al señor Carvajal Rey no.

Por lo anterior, indicó que el término de los 6 meses debía ser contado hasta
el 27 de mayo de 2026, de ahí que, al radicar la acción de tutela el 13 de abril
de 2026 se habría interpuesto dentro del plazo razonable.

Finalmente mencionó que la vulneración de derechos resulta permanente en
el tiempo pues la decisión que se adoptó en segunda instancia en el caso del
señor Farley Carvajal Rey es un «gran PELIGRO en el ejercicio de las funciones de los
concejales, ya que puede ser tomada como referencia por los corporados para actuar
libremente» cuando existe parcialidad y se afectan sus intereses.

4.2. Al respecto, se debe indicar que la inmediatez es un presupuesto procesal
que el juez debe examinar, antes de pasar al estudio de las causales
específicas de tutela contra providencia judicial, con el fin de determinar si la
demanda se ha presentado de manera oportuna. En todo caso, no es un
término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela. Es más
bien un requisito que busca que la acción se presente en un término
razonable, esto es, desde el mismo momento en que el afectado tiene
conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales.

La Corte Constitucional12 ha señalado que si bien no es posible establecer un
término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela, debe
existir un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en
riesgo de los derechos fundamentales del actor y la presentación de la
demanda, ya que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no
sólo tiene que ver con la urgencia en la protección de las garantías
constitucionales de una persona, sino también con el respeto de la seguridad
jurídica y de los derechos de los terceros afectados13.

En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca
que la acción se presente en un término razonable contado desde el momento
en que se tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos
fundamentales y no un término de caducidad. Justamente, porque la tutela es
un medio excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere
que se ejerza en un tiempo prudencial.

Precisamente, en razón a que el análisis de la procedencia de tutela contra
providencias judiciales debe ser más riguroso, la Sala Plena del Consejo de
Estado14 fijó como plazo razonable para la interposición de la acción, un
término de seis meses contados a partir de la notificación de la
providencia judicial enjuiciada, por considerarlo un término prudencial para
que el interesado interponga la acción. Límite temporal que también ha sido
acogido por la Corte Constitucional15.

Sin embargo, dicha providencia también acudió a unas pautas, para examinar
las excepciones a esa regla general, indicando que «además de tener como pauta
el término de seis meses, se debe analizar también:“(…) (i) si existe un motivo válido para la
inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio
tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el
fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los

12
Corte Constitucional. Sentencia T-123 de 22 de febrero de 2007. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
13
Corte Constitucional. Sentencia T-594 de 2008: «el requisito de inmediatez tiene una relevancia particular en los casos
de tutela contra providencias judiciales, de manera que la verificación de su cumplimiento debe ser aún más estricta que
en otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre
indefinidamente».
14
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez R.
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
15
Corte Constitucional. Sentencia T-031 de 8 de febrero de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02779-01
Demandante: Gildardo Santos Chaparro

derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de
interposición».

Sobre este punto, en la sentencia SU-391 de 2016, la Corte Constitucional
aseguró que «No existen reglas estrictas e inflexibles para la determinación de la
razonabilidad del plazo, sino que es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, a la luz
de las circunstancias de cada caso concreto, lo que constituye un término razonable»16. Por
ende, para analizar si este requisito se cumple o no, la Corte Constitucional
brindó cinco criterios: (i) la situación personal del peticionario; (ii) si la
vulneración de derechos fundamentales se extiende en el tiempo; (iii) la
naturaleza de la vulneración; (iv) la actuación contra la que se dirige la tutela;
y (v) los efectos de la tutela.

Dicho término razonable para ejercer la acción de tutela se estableció en
consideración a «la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la
interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la
tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza
y estabilidad»17.

4.3. En este sentido, se considera que la acción de tutela no cuenta con un término
de caducidad, sino que se habla de un término razonable entre la ocurrencia
de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del actor
y la presentación de la demanda. Criterio que como se mencionó ha sido
aceptado por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

Se debe precisar que, en este caso el amparo solicitado gira en torno a una
acción de tutela contra providencia judicial, específicamente un fallo de
segunda instancia dentro de un proceso ordinario, lo que implica, que tal como
lo ha establecido la jurisprudencia se debe cumplir de forma estricta unos
requisitos generales y especiales. En primera medida el accionante debe
acreditar los requisitos generales, pues de no ser así, no se da paso al estudio
del requisito especial que se planteó en el escrito de tutela.

4.4. Ahora bien, le corresponde a la Sala establecer si le asistió razón al juez de
tutela de primera instancia al declarar la improcedencia de la acción por
considerar que esta no superaba los requisitos generales de procedencia,
específicamente el de la inmediatez.

Si bien el impugnante desde la presentación de la acción de tutela puso de
presente que se debía flexibilizar el término de la inmediatez, y en su
impugnación precisó que el término de los 6 meses para presentar la acción
de tutela contra providencia judicial debía ser contado desde el 27 de
noviembre de 2025, fecha en la cual se profirió la sentencia de segunda
instancia del proceso 50001-23-33-000-2024-00175-02 en donde se declaró la
pérdida de investidura del señor John Alexander Casallas Velásquez, al ser la
fecha en la que advirtió que en el proceso del señor Farley Carvajal Rey se
desconoció el precedente jurisprudencial, lo cierto es que, ese argumento no
es de recibo por esta Sala, pues si el actor se encontraba inconforme con la
decisión que se adoptó en segunda instancia en la sentencia del 4 de
septiembre de 2025, era a partir de la notificación de esa providencia que
debía plantear la existencia del defecto alegado, más aún cuando consideró
que la línea jurisprudencial que venía manejando la Sección Primera del
Consejo de Estado fue desconocida en el caso en cuestión.

En el mismo sentido, el señor Santos Chaparro no explicó las razones por las
cuales no radicó la acción de tutela luego de advertir, según afirmó, los hechos
vulneradores el 27 de noviembre de 2025, a pesar de que para esa fecha tan

16
Corte Constitucional. Sentencia SU-391 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
17
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02779-01
Demandante: Gildardo Santos Chaparro

solo habían transcurrido 2 de los 6 meses que tenía para interponer esta
acción constitucional contra la providencia cuestionada.

Esto quiere decir que tal como lo manifestó la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado el plazo razonable para la interposición de esta
acción de tutela iba hasta el 16 de marzo de 2026 (plazo que no se vio afectado
por la vacancia judicial), teniendo en cuenta que el término de los seis meses
debía iniciar a contabilizarse a partir del 16 de septiembre de 202518.

Como la acción de tutela se radicó hasta el 13 de abril de 2026, es claro que
la petición de amparo no cumple con el requisito de inmediatez. Esto se debe
a que transcurrieron 6 meses y 28 días entre la notificación de la providencia
acusada y la interposición de la acción de tutela, lo cual supera el plazo
razonable establecido por la jurisprudencia de esta Corporación.

Ahora bien, esta Sala no desconoce que el solo paso del tiempo no es requisito
suficiente para declarar la interposición tardía de la acción de amparo dado
que pueden existir situaciones que justifican la inacción de la parte
demandante. Sin embargo, al revisar las pautas establecidas por la Sala Plena
del Consejo de Estado y por la Corte Constitucional19 no se encuentra
acreditada en este caso una situación que justifique la interposición de la
acción de tutela luego de la pauta de los seis meses.

De manera que, el señor Gildardo Santos Chaparro debió acudir a la acción
de tutela dentro de un plazo razonable contabilizado desde la notificación del
fallo de segunda instancia del 4 de septiembre de 2025, de considerar que le
ocasionaba un perjuicio y que vulneraba derechos de rango fundamental.

5. Conclusión

Por lo anterior, esta Sala confirmará la decisión impugnada, proferida el 29 de mayo
2026 dictada por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que
declaró la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor Gildardo
Santos Chaparro, al considerar que no cumplió a cabalidad con los requisitos
generales de procedencia de este mecanismo constitucional contra providencias
judiciales, concretamente el de la inmediatez.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR el fallo de primera instancia del 29 de mayo de 2026, proferido por
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

18
La sentencia de segunda instancia en la pérdida de investidura 50001-23-33-000-2024-00302-00/01 fue notificada por
estado el 15 de septiembre de 2025, y se remitió el mensaje de datos por correo electrónico el 11 de septiembre de 2025,
luego contando los dos días que establece el artículo 205 del CPACA indican que esta providencia fue notificada
electrónicamente el 16 de septiembre de 2025.
19
Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU-391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia T-246 de 2015
M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño, sentencia T-158 de 2006
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961
de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02779-01
Demandante: Gildardo Santos Chaparro

4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.